Proposición de Ley Orgánica de transferencia de la titularidad y competencias de la autopista del Atlántico (AP-9) a la Comunidad Autónoma de Galicia.

Muchas gracias, presidenta. Debatimos ahora la Proposición de ley orgánica de transferencia de la AP‑9, la vía que vertebra Galicia de norte a sur, a la que el Grupo Parlamentario Popular ―que lleva años respaldando una petición unánime del Parlamento de Galicia― ha presentado cinco votos particulares, que son los que defiendo, con el objetivo de recuperar el texto consensuado por el Partido Popular, el Partido Socialista y el Bloque Nacionalista Galego en el Parlamento de Galicia y que el acuerdo transaccionado entre nacionalistas socialistas y SUMAR deturpa profundamente, como tan acertadamente señaló mi compañero Celso Delgado en el debate en comisión. (Aplausos). Estamos ante un problema que afecta a Galicia, pero que no es exclusivamente gallego, ya que incide en la cohesión social y territorial de España, en la competitividad de la eurorregión Galicia‑Norte de Portugal y también en Asturias y Castilla y León. Los usuarios soportan los peajes más altos del país. Al tiempo que los trenes de alta velocidad de vía única y diferentes anchos dificultan la operatividad, el desarrollo del eje atlántico de mercancías está paralizado, los aeropuertos apenas tienen frecuencia y el mantenimiento de las autovías deja mucho que desear. La gestión de la AP‑9 por la Administración del Estado ha sido costosa para sus usuarios desde el primer momento, cuando en el último franquismo se optó por financiar infraestructuras mediante el pago de peajes. Retrasos desde el inicio a consecuencia de la crisis económica de los setenta y de la oposición del nacionalismo de izquierdas, que hablaba entonces de unha navallada para Galicia y de que las vacas iban a dejar de dar leche. Y luego todos los Gobiernos de todos los colores, desde el de Adolfo Suárez al de Zapatero, pasando por los de González y Aznar, decidieron compensar las pérdidas de la concesionaria o financiar las nuevas obras incrementando los peajes o el plazo de explotación. Todos los Gobiernos y de todos los colores. Y hoy, cuando la mayoría de las autopistas de peaje de España han sido liberadas o rescatadas por razones de seguridad vial o medioambientales, es injusto y carece de sentido que los usuarios de la AP‑9 tengan ―tengamos― que seguir pagando esta hipoteca hasta 2048 a una empresa que este año subió los peajes un 5 % y que en los últimos cuatro años ha multiplicado por dos sus resultados.

El texto que llegó al Congreso tuvo el respaldo unánime del Parlamento de Galicia porque allí se consensuó. De hecho, una de las modificaciones más preocupantes introducida en la tramitación en el Congreso por el Partido Socialista, SUMAR y Bloque ha sido la eliminación de la disposición adicional que en su día se incluyó, precisamente a propuesta del Bloque, para garantizar que el coste de una posible sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea contraria a la prórroga de la concesión del año 2000 no recayera sobre la Administración autonómica, sino sobre quien la realizó: la Administración del Estado. Y resulta lamentable que el Bloque, que en la anterior tramitación de esta proposición de ley solicitó la retirada de las enmiendas, cosa que el Grupo Popular hizo, y que el pasado 22 de abril votó en Galicia a favor de defender aquí y ahora la literalidad del texto original, exigiéndole al PSOE el 28 de abril que retirara sus enmiendas, participe en la modificación sustancial de la propuesta a espaldas del grupo mayoritario en esta Cámara y en Galicia. (Aplausos).

Los votos particulares responden a esta alteración sustancial del acuerdo unánime original. El Congreso, obviamente, está en su derecho de modificar las propuestas remitidas por los Parlamentos autonómicos, pero también el Parlamento gallego y la Xunta de Galicia están en su derecho de denunciar que este pacto rompe los consensos alcanzados en Galicia, como acaba de hacer el pasado Pleno de hace ocho días del Parlamento de Galicia y la Xunta, en una carta que estos días ha dirigido al ministro Puente la conselleira de Infraestructuras advirtiendo que en estas condiciones la transferencia no es viable. Y no es viable por tres motivos. El primero es jurídico. El artículo 1 de la proposición de ley original dice, literalmente, que se transfiera a la Comunidad Autónoma de Galicia la titularidad de la autopista del Atlántico y explicita las funciones que asume la comunidad autónoma en relación con la concesión. En el texto transaccionado no se transfiere; la transferencia queda diferida ―no sé si esto, además, es constitucional― al acuerdo que se formule después en la Comisión Mixta de Transferencias, y además con muchos límites, lo que nos lleva al segundo motivo: el económico.

Del texto original se han caído garantías esenciales para la viabilidad financiera del traspaso, como, por ejemplo, la cobertura de las inversiones ya comprometidas, el mantenimiento de las bonificaciones que ya está asumiendo la Administración del Estado y la ampliación a la que se comprometió y que iba incluida en los presupuestos de 2024, la compensación por los incrementos tarifarios diferidos al año 2038 y la mencionada asunción por la Administración del Estado de las posibles consecuencias de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con la ampliación de la concesión. Y hay motivos para la preocupación. No solo por los 4000 millones que le puede costar a la Xunta el hecho de que no se hayan incluido estas previsiones, sino porque en las catorce ―catorce― ocasiones que la Xunta ha solicitado al ministro Puente conocer la posición del Gobierno en relación con ese procedimiento judicial en Europa, el ministro ―habitualmente tan rápido en sus respuestas― no ha contestado ni a una de las cartas que se le ha dirigido desde Galicia por la eficaz conselleira de Infraestructuras María Martínez Allegue. Y, ante esta falta de transparencia, la Xunta no ha tenido más remedio que interponer un recurso contencioso‑administrativo simplemente para acceder a la documentación remitida por el Gobierno a las instituciones europeas. Y, por si esto no bastase, se ha introducido una cláusula nueva adicional que fija como techo máximo de las obligaciones a asumir por la Administración del Estado los límites económicos vigentes a fecha del acuerdo en la Comisión Mixta de Transferencias, lo que, evidentemente, desnaturaliza el texto original.

Y el tercer motivo es político. Resulta irresponsable, cuando saben que la transferencia solo se puede materializar con el concurso de la voluntad del Gobierno gallego, imponer requisitos en la ley que condicionan la viabilidad financiera del traspaso y que la Xunta saben que no puede aceptar. Porque la Xunta tiene la obligación de defender la posición financiera del Gobierno autonómico, que es lo que estamos haciendo precisamente nosotros ahora. Defender que los gallegos paguen no ya dos, sino tres veces por una autopista que es vital para la economía de Galicia y el noroeste no lo podemos aceptar. Alguien debería explicar por qué se han traicionado los acuerdos previos en Galicia y hasta los acuerdos que el PSOE firmó en su día con el Bloque para la investidura de Sánchez en el año 2020, que garantizaban el traspaso libre de cargas y ese mismo año, pero, como siempre, bravos en Galicia y mansos en Madrid. (Aplausos).

Los cambios introducidos ponen en riesgo la seguridad jurídica y la viabilidad financiera del traspaso y no los podemos apoyar. De no prosperar los votos particulares en el Senado, como es natural, recuperaremos el espíritu y la letra del texto original. Y serán entonces los grupos que han roto los acuerdos y traicionado sus propios compromisos los que tendrán que explicar sus motivos para hacerlo. Porque si algo evidencia este debate es que hay quien respeta los acuerdos alcanzados, quien mantiene sus compromisos y quien defiende a la ciudadanía y quien no lo hace, y por eso quien merece gobernar en Galicia y pronto en España.

Muchas gracias. (Aplausos).

Obrigado, señora presidenta. Moi bo día. Hoxe imos dar un paso decisivo para dar cumprimento a unha aspiración do pobo galego que motivou a unanimidade reiterada do Parlamento de Galicia e tamén un consenso na sociedade galega en relación coa transferencia dunha infraestrutura que é fundamental para o noso país, na medida en que articula todo o Eixo Atlántico, onde se concentra a maior parte da poboación da Galiza, a maior parte tamén das empresas, da actividade económica, os tres aeroportos e a maioría dos portos de interese xeral. Polo tanto, unha autoestrada cun impacto na mobilidade e no desenvolvemento social e económico de Galicia fundamental. Claro, teño que comezar por aclarar que isto é só unha parte das aspiracións que ten o pobo galego en relación coa AP‑9, a outra, realmente moi importante, é ver que temos unha autoestrada libre de peaxe, que se acabe dunha vez por todas coa discriminación que implica para Galiza seguir pagando portaxes nunha vía de comunicación que está suficientemente amortizada despois de máis de 50 anos de privatización, de concesión, que continúan, que continúan —‌hai que dicilo— por culpa do Partido Popular, responsabilidade directa do Partido Popular, dado que foi un goberno de Aznar no ano 2000 quen realizou unha prórroga de 25 anos entre o 2023 e 2048 e, tres anos despois, que privatizou a AP‑9, a empresa pública, para entregarlla a fondos voitre, primeiro norteamericanos, agora holandeses, nunha actuación que non só foi inxusta —‌que o foi— senón, ademais, agora sabemos que é ilegal, na medida en que así o considera a Comisión Europea por considerar que non se cumpriron os criterios de concorrencia competitiva. Por tanto, o BNG, primeira cuestión, mantén en alto a bandeira da reclamación dunha AP‑9 galega e libre de peaxes. Pero hoxe abordamos a transferencia cunha proposta con catro elementos que son moi claros a pesar do que di o Partido Popular. Primeiro transfírese á titularidade da AP‑9, que non só a xestión, a titularidade. Segundo, transfírense todas as competencias de xestión en relación coa concesión á Administración galega. Terceiro, establécese unha garantía absoluta e, deixe de mentir o Partido Popular, de que as consecuencias económicas de todas as decisións que ten adoptado o Estado no tempo en que foi e aínda titular da AP‑9 corresponden á Administración do Estado. Polo tanto, aí quedan cubertas tanto as bonificacións como, evidentemente, unha hipotética finalización da concesión como consecuencia, se non é por decisión política, dunha sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea. Cuarto, moi importante, respéctase o autogoberno de Galicia, porque a concreción práctica destas premisas, que son clarísimas, corresponde á negociación entre ambas administracións na Comisión Mixta de Transferencias. Claro, xa sabemos que o Partido Popular desde o Goberno galego ten a versión, as relacións bilaterais, —‌di presidente da Xunta, non o digo eu— e, en segundo lugar, non teño absoluta confianza na súa capacidade de negociación. Están tan afeitos a obedecer o que lles mandan desde a rúa Génova en Madrid, que renuncian a poder negociar as condicións definitivas e prefiren que llas impoñan desde Madrid por lei, porque son así absolutamente servís ao que decide Madrid e sen ningunha capacidade de decidir por si propios. Por iso non se entende a oposición do PP ou non se entendería, pero entendémolo perfectamente. Por que? Porque estamos falando do mesmo PP que fixo unha prórroga ilegal no ano 2000, do mesmo PP que privatizou a AP‑9 no ano 2003, do mesmo PP que vetou aquí coa presidencia, con Ana Pastor na presidencia do Congreso, o debate dunha proposición de lei similar, tamén unánime do Parlamento de Galiza. Non é xa que votasen en contra, é que impediron mesmo que fose debatida. O mesmo PP que hoxe vai votar non, porque no fondo vostedes non queren a transferencia da titularidade da AP‑9, como non queren ningunha transferencia. Aí está o balance de que estamos falando xa de 17 anos de goberno do Partido Popular, cunha única transferencia, porque lles interesaba, iso si, por razóns espurias, a da xestión do litoral. En todo caso, durante 15 anos, cero competencias transferidas á Xunta de Galicia. Vostedes non queren e ademais non queren asumir que o BNG ten un papel decisivo nisto que hoxe é unha consecución dun logro moi importante para Galiza. Porque vostedes, con trece deputados e deputadas, elixidos polo noso país, son incapaces de conseguir nada, para empezar porque renuncian a defender os intereses de Galiza e están sempre ao que lle manda, o que lle mandan desde Madrid. Porque, ademais, como acaban de demostrar tamén, fagan o favor de escoitar o que eu escoitei o señor Puy atentamente e en silencio, sexan un pouquiño educados polo menos, xa que non son respectuosos cos intereses de Galiza, polo menos sexan educados.

En todo caso, como acaban de demostrar renunciando a esa quita da débeda de 4000 millóns de euros, a terceira parte da débeda que xerou o Partido Popular en Galiza coa banca privada, non co Fondo de liquidez autonómica, que tamén conseguiu o BNG, renuncian a ela simplemente por partidismo e están demostrando outra vez que non lles interesa prexudicar, que non lles preocupa prexudicar os intereses da Galiza con tal de defender os seus intereses partidistas. Agora poñen escusas de mal pagador e ármanse ademais en exixentes do respecto ás decisións unánimes do Parlamento de Galiza. Pois miren, esta proposición que hoxe ven aquí respecta estritamente o que foi as decisións unánimes até en catro ocasións do Parlamento de Galicia e respecta sobre todo a vontade dese Parlamento, porque é o que vai posibilitar que a AP‑9 se vexa transferida. Xa sei que vostedes preferirían que acabase esta lexislatura e que decaese unha vez máis esta lei para que esa transparencia non se fixese realidade. Pero xa non enganan a ninguén.

Acabo. As garantías son evidentes e absolutas e, por tanto, non hai ningunha razón para non votar a favor, salvo que efectivamente sexa que vostedes non queren. Eu o único que quero engadir é que o Bloque Nacionalista ten claro que hoxe respondemos a unha aspiración maioritaria de todos os galegos e galegas e que, respondendo a esa mesma aspiración, seguiremos defendendo que se poña fin á concesión canto antes e, por tanto, que alcancemos ese obxectivo dunha AP‑9 galega e libre de peaxes.

Moito obrigado.

Gracias, señora presidenta. Buenos días. Hoy vamos a dar un paso decisivo para dar cumplimiento a una aspiración del pueblo gallego que motivó la unanimidad reiterada del Parlamento de Galicia y también un consenso en la sociedad gallega en relación con la transferencia de una infraestructura que es fundamental para nuestro país en la medida en la que articula todo el eje atlántico, donde se concentra la mayoría de la población de Galicia, la mayor parte también de las empresas, actividad económica, los tres aeropuertos y la mayoría de los puertos de interés general. Por lo tanto, una autopista con un impacto en la movilidad y en el desarrollo social y económico de Galicia fundamental.

Claro, tengo que empezar aclarando que esto es solo una parte de las aspiraciones que tiene el pueblo gallego en relación con la AP‑9. La otra, muy importante realmente, es ver que tenemos una autopista libre de peajes y que se acaba, de una vez por todas, con la discriminación que implica para Galicia seguir pagando peajes en una vía de comunicación que está suficientemente amortizada después de más de cincuenta años de privatización de concesión. Esta privatización sigue por culpa del PP, responsable directo, dado que fue un Gobierno de Aznar en el año 2000 quien realizó una prórroga de veinticinco años ―entre el 2023 y el 2048― y, tres años después, privatizó la AP‑9, empresa pública, para entregársela a fondos buitre. Primero, norteamericanos; ahora, holandeses; en una actuación que no solo fue injusta, que lo fue, sino que ahora también sabemos que fue ilegal en la medida en la que así lo considera la Comisión Europea, por considerar que no se cumplieron los criterios de competencia. Por tanto, el BNG mantiene en alto la bandera de una autopista libre de peajes.

Esta propuesta tiene cuatro elementos que son muy claros, a pesar de lo que diga el Partido Popular. Primero, se transfiere la titularidad de la AP‑9, no solo la gestión. Segundo, se transfieren todas las competencias de gestión en relación con la concesión a la Administración gallega. Tercero, se establece una garantía absoluta ―y que deje de mentir el PP― de que las consecuencias económicas de todas las decisiones que ha adoptado el Estado en el tiempo en que fue y todavía es titular de la AP‑9 corresponden a la Administración del Estado. Por lo tanto, ahí quedan cubiertas tanto las bonificaciones como, evidentemente, una hipotética finalización de la concesión como consecuencia no por decisión política, sino de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y, cuarto, muy importante, se respeta el autogobierno de Galicia, porque la concreción práctica de estas premisas, que son clarísimas, corresponde a la negociación entre ambas administraciones en la Comisión Mixta de Transferencias. Claro, ya sabemos que el PP, desde el Gobierno gallego, tiene aversión a las relaciones bilaterales, y, en segundo lugar, no tienen ninguna confianza en su capacidad de negociación. Obedecen tanto lo que les dicen en Génova, en Madrid, que renuncian a poder negociar las condiciones definitivas y prefieren que se las impongan desde Madrid por ley, porque son así, absolutamente serviles a lo que decide Madrid y sin ninguna capacidad de decidir por sí mismos.

Por eso, no se entiende la oposición del PP, o no se entendería, pero la entendemos perfectamente. ¿Por qué? Porque hablamos del mismo PP que hizo una prórroga ilegal en el año 2000, del mismo PP que privatizó la AP‑9 en el 2003, del mismo PP que aquí, con Ana Pastor en la Presidencia del Congreso, vetó el debate de una proposición de ley similar, unánime, en el Parlamento de Galicia. No es que votasen en contra, es que impidieron incluso que se pudiese debatir aquí. Es el mismo PP que hoy va a votar no. Porque, en el fondo, ustedes no quieren la transferencia de la titularidad de la AP‑9, como no quieren ninguna transferencia, y ahí está el balance.

Hablamos ya de diecisiete años de Gobierno del PP con una única transferencia porque les interesaba, eso sí, por razones espurias: la de la gestión del litoral. En cualquier caso, durante quince años, ha habido cero competencias transferidas a la Xunta de Galicia. Además, ustedes no quieren asumir que el BNG tiene un papel decisivo en esto, que hoy es una consecución de un logro muy importante para Galicia, porque ustedes, con trece diputados elegidos por nuestro pueblo, por nuestro país, son incapaces de conseguir nada. Para empezar, porque renuncian a defender los intereses de Galicia y están siempre a lo que le mandan desde Madrid. Y porque, además, como acaban de demostrar también… (Rumores.―El señor De Olano Vela pronuncia palabras que no se perciben). Hagan el favor de escuchar, porque yo le he escuchado al señor Puy atentamente y en silencio. Tengan un poco de educación, por lo menos, ya que no son respetuosos con los intereses de Galicia, por lo menos sean educados.

En cualquier caso, como acaban de demostrar, renunciando a esa quita de la deuda de 4000 millones de euros, la tercera parte de la deuda que generó el PP en Galicia con la banca privada y los fondos de liquidez autonómica que también consiguió el BNG, renuncian a ella simplemente por partidismo, y están demostrando otra vez que no les preocupa perjudicar los intereses de Galicia con tal de defender sus intereses partidistas. Ahora ponen excusas de mal pagador y se hacen los exigentes del respeto a las decisiones unánimes del Parlamento de Galicia. Pues, miren, esta proposición que hoy viene aquí respeta estrictamente las decisiones unánimes hasta en cuatro ocasiones del Parlamento de Galicia y, sobre todo, respeta la voluntad de ese Parlamento porque eso va a posibilitar que la AP‑9 se transfiera. Sé que ustedes preferirían que terminase esta legislatura y que decayese una vez más esta ley para que esta transferencia no se hiciese realidad. Pero no engañan a nadie.

Acabo. Las garantías son evidentes y absolutas. Por tanto, no hay ninguna razón para no votar a favor, salvo que, efectivamente, sea que ustedes no quieren. Lo único que quiero añadir es que el BNG tiene claro que hoy respondemos a una aspiración mayoritaria de todos los gallegos y gallegas y que, respondiendo a esa misma aspiración, seguiremos defendiendo que se ponga fin a la concesión cuanto antes y, por tanto, que alcancemos ese objetivo de una AP‑9 gallega y libre de peajes. (El señor De Olano Vela: Otra traición a Galicia).

Gracias.

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, Junts per Catalunya defensem que les infraestructures no han de ser instruments de poder o de control polític ni inversions financeres o especulatives. Han de ser actius al servei de la ciutadania i de l’interès general, al servei de la connectivitat, del desenvolupament econòmic, d’una logística eficient, en resum, al servei del progrés i de la qualitat de vida d’una societat. Com som independentistes, voldríem poder governar, volem governar totes les infraestructures des de Catalunya, perquè la planificació i la gestió es pugui fer des del Govern de la nació catalana i des de la proximitat, que és sempre més eficient. I perquè sigui també més eficient el control públic i perquè sigui també més eficient la connexió entre els interessos de la societat i dels seus representants: el Govern de la Generalitat, els governs locals i territorials i els agents econòmics i socials, com fan la majoria de governs progressistes i de governs avançats del món als que ens volem assemblar. El Govern espanyol ha donat mostres abundants de fer polítiques d’infraestructures que no responen a l’interès general. Tot el contrari. I els poso alguns exemples. Una cosa de la que ja ningú no en parla, però un informe de l’ AIReF de fa poc ho ha tornat a posar en actualitat, el rescat de les radials de Madrid. Segons el govern d’aquell moment del senyor Aznar es va dir que això no costaria ni un euro als ciutadans. Doncs bé, AIReF diu que ha costat ja aproximadament uns 1300 milions. La radialitat de l’AVE, la radialitat de l’AVE respon als interessos de Madrid o als d’un model centralitzat d’un Estat en perjudici de Catalunya i de les perifèries. I la prova és la marginalitat de la connexió en alta velocitat entre la segona i la tercera ciutat més importants de l’Estat, Barcelona i València, encara ara, quaranta anys després que s’iniciés la implantació de l’ample internacional a l’Estat. Concentrar tota la inversió en ample internacional de serveis de passatgers respon al mateix model centralitzat, tothom cap a Madrid i ha condemnat l’Estat, encara ara també, a la cua d’Europa en transport de mercaderies per ferrocarril. L’abandonament de les rodalies, les dades de l’ AIReF, que tantes vegades els he citat i que els recordo avui també: entre l’any 1990 i el 2018, vint‑i‑vuit anys, l’Estat va invertir en ferrocarrils, el 93,5 % en ample internacional i alta velocitat de passatgers, que era el 10 %, segons dades de l’any 2018, el 10 % dels usuaris i, per tant, va invertir el 6,5 per cent del total d’aquestes inversions ferroviàries en Rodalies, que és la mobilitat obligada, que és la mobilitat quotidiana, i d’aquesta, el 47,8 a Madrid i el 16,8 a Catalunya. El transport de la immensa majoria de ciutadans, aquella mobilitat que és la més obligada, que és la més quotidiana ha estat relegada i quan es gestiona des de Madrid dona un servei a Catalunya —c‌larament, em sembla que els altres llocs també— un servei desastrós, a diferència dels operadors de proximitat, Ferrocarrils de la Generalitat en el cas de Catalunya, però també el metro i també el TRAM. Un servei tan desastrosament dolent durant tant de temps només és possible si el centre de responsabilitat i el centre de gestió és a 600 quilòmetres i és una de les raons de la seva ineficiència.

Per això, és imperdonable aquest traspàs de Rodalies que nosaltres critiquem, perquè no traspassa. Imposa Renfe com un operador, com a operador en comptes de l’operador propi de la Generalitat, Ferrocarrils de la Generalitat, operador públic infinitament més eficient. Una imposició que l’únic que pretén és privilegiar l’operador públic del Govern espanyol en detriment del català i mantenir la presència de l’Estat a Catalunya, encara que sigui a costa del servei dels ciutadans. La penalització del Corredor mediterrani, primer oposant‑se al Corredor Mediterrani des del Govern de l’Estat amb totes les majúscules, un corredor europeu que va ser imposat per la Comissió Europea. Després inventant un corredor mediterrani amb un ramal que passa per Madrid, que curiós!, i prioritzant les inversions d’aquest corredor central, que té la meitat de les mercaderies que el corredor mediterrani. Això, una vegada més, privilegiava Madrid i el model centralitzat, perjudicant Catalunya, perjudicant el País Valencià i perjudicant la resta dels ports de la Mediterrània, també els de Múrcia, també els andalusos i, per tant, al final, la competitivitat del conjunt de l’economia de l’Estat. Un magnífic tret al peu, que encara dura ara.

I l’incompliment crònic de les inversions a Catalunya, evidentment no podia faltar. Quan, després de fer el balanç de tot el període democràtic, sempre hi ha hagut menys inversió a Catalunya de la que s’ha compromès i del que s’ha pressupostat i sempre hi ha hagut més inversió a Madrid de la que s’ha pressupostat i del que s’ha compromès, una mitjana del 61,4 % de l’última dècada en el cas de Catalunya i del 121 % en el cas de Madrid, doncs és evident que això és una gestió de part, no d’interès general. I podria continuar: Gestió centralitzada de ports i d’aeroports fortament centralitzat, un sistema únic a Europa. En resum, de vegades interessos econòmics i d’altres raons polítiques que no responen a l’interès general sinó a un interès particular. Quan l’Estat planifica i gestiona sempre ho fa de part, sempre perjudicant Catalunya i sempre ho fa de manera ineficient, amb alguna excepció.

I ara el senyor Rego està esperant, diu: «Bé, tio, però i de l’autopista de Galícia, què?» Senyor diputat, per tots aquests motius votarem a favor del traspàs de l’autopista AP‑9 a Galícia. Votarem a favor del traspàs d’una infraestructura al govern gallec, una nació sense estat, amb ambició d’autogovernar‑se, per descomptat que sí! També li vull dir, senyor Néstor Rego i també els altres diputats, que aquest acord que se’ns proposa no és un precedent aplicable a Catalunya. Nosaltres no ens vinculem com un precedent per a Catalunya, perquè no hi estem d’acord amb la seva literalitat. Pensem que aigualeix una mica les condicions del mateix 150.2, però en tot cas votarem en contra dels vots particulars del PP per respectar els acords en els que participa la força nacionalista gallega d’aquesta cambra que és el Bloc Nacionalista Gallec.

Gràcies.

Gracias, presidenta. Señoras y señores diputados, en Junts per Catalunya defendemos que las infraestructuras no tienen que ser instrumentos de poder o de control político ni inversiones financieras o especulativas. Tienen que ser activos al servicio de la ciudadanía y del interés general, al servicio de la conectividad, del desarrollo económico y de una logística eficiente. En resumen, al servicio del progreso y de la calidad de vida de una sociedad. Como somos independentistas, queremos gobernar todas las infraestructuras desde Cataluña, porque la planificación y la gestión se puede hacer desde el Gobierno de la nación catalana y desde la proximidad, que es siempre más eficiente, y para que sea también más eficiente el control público y para que sea también más eficiente la conexión entre los intereses de la sociedad y sus representantes en la Generalitat, los Gobiernos locales o los agentes económicos y sociales, como hacen la mayoría de gobiernos progresistas y avanzados del mundo a los que nos queremos parecer.

El Gobierno español ha dado muestras abundantes de hacer políticas de infraestructuras que no responden al interés general, todo lo contrario. Y les pongo algunos ejemplos. Una cosa de la que ya nadie habla ―pero un informe de la AIReF de hace poco lo ha vuelto a poner de actualidad― es el rescate de las radiales en Madrid. Según el Gobierno de aquel momento del señor Aznar, se dijo que eso no costaría ni un euro al ciudadano. Sin embargo, la AIReF dice que ha costado ya aproximadamente unos 1300 millones. La radialidad del AVE responde o bien a los intereses de Madrid o a los de un modelo centralizado de un Estado en perjuicio de Cataluña y de las periferias. Y la prueba es la marginalidad de la conexión en alta velocidad entre la segunda y la tercera ciudad más importante en el Estado, Barcelona y Valencia. Aún hoy, cuarenta años después de que se iniciara la implantación de la alta velocidad en el Estado, concentrar toda la inversión en el ancho internacional de servicios de pasajeros responde al mismo modelo centralizado, todos hacia Madrid. Y ha condenado al Estado, aún ahora, también, a la cola de Europa en transporte de mercancías por ferrocarril.

El abandono de cercanías. Los datos de AIReF que tantas veces les he citado y que les recuerdo hoy también. Entre el año 1990 y 2018, veintiocho años, el Estado invirtió en ferrocarriles, el 93,5 % en ancho internacional y alta velocidad de pasajeros. Queda el 10 % de los usuarios, según los datos del año 2018. Y, por lo tanto, invirtió el 6,5 % del total de estas inversiones ferroviarias en cercanías, que es la movilidad obligada, que es la movilidad cotidiana. Y de esta, el 47,8 % en Madrid y el 16,8 % en Cataluña, el transporte de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Aquella movilidad que es la más obligada, que es la más cotidiana, se ha relegado. Y, cuando se gestiona desde Madrid, da un servicio a Cataluña ―y creo que a los demás sitios también― claramente desastroso, a diferencia de los operadores de proximidad, Ferrocarrils de la Generalitat, en el caso de Cataluña, pero también el metro y también el tranvía. Un servicio tan desastrosamente malo durante tanto tiempo solo es posible si el centro de responsabilidad y de gestión está a 600 kilómetros y es una de las razones de su ineficiencia.

Por eso es imperdonable ese traspaso de cercanías que nosotros criticamos, porque no traspasa, impone a Renfe como operador, en lugar del operador propio de la Generalitat, que es Ferrocarrils de la Generalitat, operador público infinitamente más eficiente. Una imposición que lo único que pretende es privilegiar al operador público del Gobierno español en detrimento del catalán y mantener la presencia del Estado en Cataluña, aunque sea a costa del servicio a los ciudadanos.

La penalización del corredor mediterráneo. Primero, se oponen al corredor mediterráneo desde el Gobierno del Estado, con todas las mayúsculas, un corredor europeo que fue impuesto por la Comisión Europea. Después, se inventan un corredor mediterráneo con un ramal que pasa por Madrid. ¡Qué curioso! Y priorizando las inversiones de ese corredor central, que tiene la mitad de las mercancías que el corredor mediterráneo. Eso, una vez más, privilegiaba a Madrid y al modelo centralizado, perjudicando a Cataluña, perjudicando al país valenciano y perjudicando al resto de los puertos del Mediterráneo, también los de Murcia, los andaluces y, por lo tanto, al final, a la competitividad del conjunto de la economía del Estado. Un magnífico tiro en el pie que aún dura ahora.

Y el incumplimiento crónico de las inversiones en Cataluña, evidentemente, no podía faltar, cuando, después de hacer el balance de todo el periodo democrático, siempre ha habido menos inversión en Cataluña de la que se ha comprometido y presupuestado y siempre ha habido más inversión en Madrid de la que se ha presupuestado y de la que se ha comprometido, una media del 61,4 % de la última década, en el caso de Cataluña, y del 121 %, en el caso de Madrid. Es evidente que esto es una gestión de parte, no de interés general. Y podría seguir: gestión centralizada de puertos y aeropuertos, fuertemente centralizados, un sistema único en Europa... Resumiendo, a veces los intereses económicos y a veces las razones políticas que no responden al interés general, sino a un interés particular. Cuando el Estado planifica, gestiona, siempre lo hace de parte, siempre perjudicando a Cataluña y siempre lo hace de manera ineficiente, con alguna excepción.

Y, ahora, el señor Rego está esperando y dice, bueno, a ver, ¿y qué pasa con la autopista de Galicia? Señor diputado, por todos estos motivos vamos a votar a favor del traspaso de la autopista a Galicia. Vamos a votar a favor del traspaso de una infraestructura al Gobierno gallego, una nación sin Estado, con ambición de autogobernarse, por descontado que sí. También le quiero decir, señor Néstor Rego, y también a los demás diputados, que este acuerdo que se nos propone no es un precedente aplicable a Cataluña. Nosotros no nos vinculamos con un precedente en Cataluña, no estamos de acuerdo con su literalidad. Pensamos que están las condiciones del 150.2, pero vamos a votar en contra de los votos particulares del PP para respetar los acuerdos en los que participa la fuerza nacionalista gallega de esta Cámara, que es el Bloque Nacionalista Gallego.

Gracias.

Bo día. As miñas primeiras palabras son de solidariedade co pobo irmán de Venezuela neste día de enorme dolor. Na década dos 50 e dos 60, ducias de miles de galegos e galegas emigraron a ese país fuxindo da miseria económica e moral do franquismo. E ese país, Venezuela, os acolleu fraternalmente. Votar a favor desta proposición de lei é dar a resposta correcta a unha demanda xeneralizada da sociedade galega. Ata en cinco ocasións o Parlamento de Galicia votou por unanimidade a transferencia da titularidade e as competencias sobre a autoestrada do Atlántico. Hoxe, ese anhelo do pobo galego pode facerse realidade. É unha proposición de lei que garante a correcta transferencia da titularidade da principal vía de articulación por estrada de Galicia e faino cumprindo todos os requisitos. En primeiro lugar, respectando o autogoberno de Galicia, porque será a Comisión mixta de transferencias entre a Administración Xeral do Estado e a Xunta de Galicia a que pacte as condicións da mesma. En segundo lugar, a Administración Xeral do Estado seguirá asumindo as consecuencias das decisións tomadas ata o momento da transferencia e do custo económico de todas as medidas adoptadas, entre elas, señorías, os 3400 millóns de euros que ten comprometido o Estado para a bonificación de peaxes ata o ano 2048. En terceiro lugar, a Xunta de Galicia só asumirá os custos que se xeren polas decisións que tome o Goberno galego unha vez asumida a competencia. Loxicamente, estamos polo tanto, ante unha proposición de Lei clara e transparente. A Administración xeral do Estado asume todas as responsabilidades ata o momento da transferencia e a Xunta de Galicia as empeza a asumir cando sexa a titular efectiva da mesma. Con todo, o Partido Popular está en contra. O PP e VOX. A ultradereita é normal, porque se puidese acabaría co estado das autonomías volvendo ao uniformismo do franquismo. Máis difícil entender a oposición do Partido Popular. Dándolle voltas só se me ocorre unha explicación e é que moito máis doado criticar que gobernar. En realidade, a Xunta de Galicia prefire seguir, a Xunta de Galicia gobernada polo Partido Popular, prefire demandar ao goberno central que bonifique peaxes, os cartos do Estado, en vez de asumir a propia responsabilidade e a vertixe de gobernar. Vou dar un dato dende 2009, con Feijoo primeiro e Rueda despois, a Xunta de Galicia só asumiu unha nova competencia, unha nova competencia transferida en 17 anos de goberno. Este é o balance da ambición autonomista do Partido Popular de Galicia. Porén, SUMAR considera que a transferencia da competencia é unha medida necesaria pero claramente insuficiente para abordar o problema das peaxes, o verdadeiro problema, porque a concesión para a explotación privada da autoestrada vai estenderse durante 22 anos máis, ata o ano 2048. É un escándalo, unha discriminación inaceptable, o dixo ben, o portavoz do Partido Popular para Galicia, porque todas as autoestradas de primeira xeración terminan o seu período concesional antes de que remate este ano 2026, mentres que a autoestrada galega seguirá con peaxes ata o ano 2048.

Un pouco de historia. O 17 de agosto de 1973, o ditador Franco firmaba no Pazo de Meirás o decreto co que Audasa iniciou a súa actividade, outorgándolle un período de concesión para a explotación da autopista de 39 anos, isto é, ata 2012. Para que se entenda ben, xa hai 14 anos que debería haber terminado a concesión e, polo tanto, as peaxes da AP‑9. Non foi así polas diferentes prórrogas do período concesional. A última, a máis grave, foi perpetrada por un goberno presidido por Aznar, que decidiu prolongar a concesión 25 anos máis ata o ano 2048. Vou atreverme a dicilo aquí, unha decisión considerada ilegal pola Comisión Europea, un pelotazo privatizador, que debería pasar por un xulgado se non fora porque o presunto delito xa está prescrito. É unha historia dun espolio interminable, 75 anos de explotación privada da principal vía de articulación de Galicia. Utilizando as contas públicas da empresa dende este ano ata o ano 2028, a empresa vai ingresar 9561 millóns de euros en peaxes. Non me trabuquei coa cifra, 10 000 millóns de euros en peaxes, que é unha enorme transferencia de rendas da cidadanía que sae dos petos da xente para engrosar os beneficios dos fondos de investimento holandeses, británicos ou canadenses. 10 000 millóns de euros que soportarán os usuarios, pero tamén toda a cidadanía, porque o Estado ten comprometidos 3400 millóns de euros de diñeiro público para pagarlle á empresa ata o ano 2048. É un escándalo, negocio privado soportado por recursos públicos.

Remato. Hoxe podemos dar un paso máis no bo camiño, pero aínda é insuficiente, porque Galicia non pode aceptar ser a única comunidade autónoma do Estado que siga pagando peaxes en 2048. Non podemos aceptar pagar 10 000 millóns de euros máis a unha empresa privada que é propiedade de fondos de investimento estranxeiro. Non pode ser que o Estado financie con 3400 millóns de euros os beneficios dunha empresa privada. Por iso, a proposta de SUMAR é unha AP‑9 pública e galega xestionada en beneficio do noso país.

Buenos días. Mis primeras palabras son de solidaridad con el pueblo hermano de Venezuela, en este día de enorme dolor. En la década de los cincuenta y los sesenta, docenas de miles de gallegos y gallegas han emigrado a ese país huyendo de la miseria económica y moral del franquismo y ese país, Venezuela, los acogió fraternalmente. Votar a favor de esta proposición de ley es dar la respuesta correcta a una demanda generalizada de la sociedad gallega. Hasta en cinco ocasiones el Parlamento de Galicia ha votado, por unanimidad, la transferencia de la titularidad y las competencias sobre la autopista del Atlántico. Hoy, ese anhelo del pueblo gallego puede hacerse realidad. Es una proposición de ley que garantiza la correcta transferencia de la titularidad de la principal vía de articulación por carretera de Galicia, y lo hace cumpliendo todos los requisitos. En primer lugar, respetando el autogobierno de Galicia, porque será la Comisión Mixta de Transferencias entre la Administración General del Estado y la Xunta de Galicia la que pacte las condiciones de la misma. En segundo lugar, la Administración General del Estado seguirá asumiendo las consecuencias de las decisiones tomadas hasta el momento de la transferencia y del coste económico de todas las medidas adoptadas. Entre ellas, señorías, los 3400 millones de euros que ha comprometido el Estado para bonificación de los peajes hasta el año 2048. En tercer lugar, la Xunta de Galicia solamente asumirá los costes que se generen por las decisiones que tome el Gobierno gallego una vez asumida la competencia, lógicamente. Estamos, por tanto, ante una proposición de ley clara y transparente. La Administración General del Estado asume todas las responsabilidades hasta el momento de la transferencia y la Xunta de Galicia las empieza a asumir cuando sea la titular efectiva. Sin embargo, el Partido Popular está en contra; el PP y VOX. La ultraderecha es normal porque, si pudiese, acabaría también con el Estado de las autonomías, volviendo al uniformismo del franquismo. Más difícil es entender la posición del Partido Popular. Dándole vueltas, solo se me ocurre una explicación y es que es mucho más fácil criticar que gobernar. En realidad, la Xunta de Galicia, gobernada por el Partido Popular, prefiere demandar o exigirle al Gobierno central que bonifique los peajes con dinero del Estado, en vez de asumir su propia responsabilidad. Es el vértigo de gobernar. Voy a dar un dato. Desde 2009, con Feijóo primero y Rueda después, la Xunta de Galicia solo ha asumido una nueva competencia. Una nueva competencia transferida en diecisiete años de Gobierno. Este es el balance de la ambición autonomista del Partido Popular de Galicia.

Sin embargo, SUMAR considera que la transferencia de la competencia es una medida necesaria, pero claramente insuficiente para abordar el verdadero problema de los peajes, porque la concesión para explotación privada de la autopista se va a extender durante veintidós años más, hasta el año 2048. Es un escándalo, una discriminación inaceptable y, por eso, ha venido el portavoz del Partido Popular de Galicia, porque todas las autopistas de primera generación acaban su periodo de concesión antes de que acabe este año 2026, mientras que la autopista gallega seguirá con peajes hasta el año 2048.

Un poco de historia. El 17 de agosto de 1973, el dictador Franco firmaba en el Pazo de Meirás el decreto con el que Audasa inició su actividad, otorgándole un periodo de concesión para la explotación de la autopista de treinta y nueve años, esto es, hasta el año 2012. Para que se entienda bien, ya hace catorce años que debería haber concluido la concesión y, por tanto, los peajes de la AP‑9. No ha sido así por las diferentes prórrogas del periodo de concesión. La última, la más grave, fue perpetrada por un Gobierno presidido por Aznar, que decidió prorrogar la concesión veinticinco años más, hasta el año 2048. Voy a atreverme a decirlo aquí, una decisión considerada ilegal por la Comisión Europea, un pelotazo privatizador, que debería pasar por un juzgado, si no fuese porque el presunto delito ya ha prescrito.

Es una historia de un expolio interminable, setenta y cinco años de explotación privada de la principal vía de articulación de Galicia. Utilizando las cuentas públicas de la empresa, desde este año hasta el año 2028, la empresa va a ingresar 9561 millones de euros en peajes. No me he equivocado con la cifra, casi 10 000 millones de euros en peajes en una enorme transferencia de rentas de la ciudadanía que sale de los bolsillos de las personas para engrosar los beneficios de los fondos de inversión holandeses, británicos o canadienses, 10 000 millones de euros que tendrán que soportar los usuarios, pero también toda la ciudadanía, porque el Estado ha comprometido 3400 millones de euros de dinero público para pagarle a la empresa hasta el año 2048. Es un escándalo: negocio privado soportado por recursos públicos.

Concluyo. Hoy podemos dar un paso más en el buen camino, pero aún es insuficiente, porque Galicia no puede aceptar ser la única comunidad autónoma del Estado que siga pagando peajes en 2048. No podemos aceptar pagar 10 000 millones de euros más a una empresa privada que es propiedad de fondos de inversión extranjeros. No puede ser que el Estado financie con 3400 millones de euros los beneficios de una empresa privada. Por ello, la propuesta de SUMAR es de una AP‑9 pública gallega gestionada en beneficio de nuestro país. (Aplausos).

Muchas gracias, presidenta. Quiero también que mis primeras palabras sean para manifestar toda mi solidaridad y la de mi grupo al pueblo venezolano, que en estos momentos pasa por unas circunstancias muy difíciles. (Aplausos). Quería decirles, señor Puy, que esta historia es la de un auténtico despropósito. Hay que reconocer que hacía tiempo que no veíamos una iniciativa tan torpe, desde el punto de vista político, como la que hoy ustedes nos han traído aquí. Debe ser porque estamos en tiempo de mundial y ustedes han decidido meterse un gol en propia puerta, porque han conseguido algo verdaderamente extraordinario: impulsar una iniciativa, perder el control de ella durante la tramitación parlamentaria, ser traicionados por quienes decían compartir con ustedes sus objetivos y terminar votando en contra de su propia iniciativa. Es un logro magnífico este. (Aplausos). Yo creo que es que no se puede gestionar peor, pero ¿es que ustedes no preveían esto? ¿No era previsible esta situación? Ustedes trajeron a esta Cámara un acuerdo del Parlamento de Galicia convencidos de que el PSOE y el BNG iban a respetarlo. Confiaron en quienes han demostrado una y otra vez que no respetan absolutamente nada, señor Puy, cuando se interponen entre ellos sus propios intereses políticos.

Lo primero que hicieron socialistas, SUMAR y sus socios fue desfigurar el texto mediante enmiendas transaccionales, modificar aspectos esenciales y sustanciales de la iniciativa y convertirla en algo absolutamente distinto a lo que ustedes tenían previsto que se aprobara en esta Cámara. Pero, sinceramente, ¿ustedes esperaban una cosa diferente? ¿Esperaban que respetaran los acuerdos tomados en el Parlamento de Galicia? Porque, de verdad, ¿pensaban que el PSOE, que está dispuesto a traicionar a una nación entera, que pacta con separatistas, que amnistía a delincuentes, que subasta a las instituciones del Estado, iba a tener algún reparo en traicionarles a ustedes? Porque, de verdad, es sorprendente. (Aplausos). ¿Cómo no les iban a engañar, si llevan años engañando a todos los españoles? Y, junto al PSOE, su socio, el BNG, que es el mismo BNG que convirtió la transferencia de la AP‑9 en moneda de cambio para investir a Pedro Sánchez y que hoy traga su corrupción sin rechistar. ¿Verdad, señor Rego? (Aplausos).

Aquí conviene recordar algo que algunos intentan ocultar, y es que esta transferencia no nace de ninguna necesidad de gestión, sino de una exigencia política de los nacionalistas que ustedes han comprado. Ese es el problema de fondo, es el precio de una investidura, es una pieza más de ese mercadeo permanente con el que Sánchez compra apoyos para mantenerse en el poder. Y lo verdaderamente preocupante es que el Partido Popular, es decir, ustedes, les han comprado el marco mental a los nacionalistas. La verdad es que ese es el problema de fondo. Ustedes han asumido un relato según el cual transferir competencias es sinónimo de mejor gestión. Yo, que soy catalana, le digo que eso no es verdad, por mucho que diga el señor Gavin (aplausos), que ha hablado de todo menos de la transferencia de la AP‑9. Han comprado esa idea nacionalista de que cuanto menos Estado haya, mejor funcionarán las cosas, y eso, señor Puy, es falso, es completamente falso.

La AP‑9 no es una carretera cualquiera, la AP‑9 es una infraestructura estratégica de la red de carreteras del Estado que vertebra toda Galicia de norte a sur, es una infraestructura construida con el dinero y el esfuerzo de todos los españoles, y nosotros nos negamos sistemáticamente a trocear y a regalar infraestructuras nacionales para satisfacer demandas y reivindicaciones territoriales. Ahí a nosotros no nos van a encontrar. (Aplausos).

Pero es que, además, existe una enorme dosis de hipocresía en todo este debate, porque la situación actual de la AP‑9 no ha nacido como una seta, no surge de la nada, tiene nombres y apellidos, y esos nombres y apellidos pertenecen justamente al Partido Popular, porque fue un Gobierno del Partido Popular el que en el año 2000 prorrogó anticipadamente la concesión a Audasa hasta 2048, fue un Gobierno del Partido Popular el que permitió consolidar un modelo concesional que ha convertido la AP‑9 en una de las autopistas más caras de España, y el señor Puy se ha referido a ello, y fue también un Gobierno del Partido Popular el que tomó decisiones cuyas consecuencias siguen pagando hoy todos los gallegos, hasta tal punto que la Comisión Europea mantiene abierta una investigación para determinar si aquella prórroga pudo vulnerar las normas europeas de contratación pública y, si finalmente se concluye que esa decisión fue ilegal, la factura la vamos a pagar todos los españoles, pagando sus errores. (Aplausos). Por tanto, lo que tenemos delante, lo que nos proponen ustedes, no es una solución al problema, es el intento de tapar décadas de mala gestión con una nueva cesión competencial. y eso no va a resolver absolutamente nada, porque los peajes no van a bajar por arte de magia ni los problemas de la concesión van a desaparecer, las incertidumbres jurídicas van a seguir existiendo y el problema económico va a continuar ahí. Lo único que va a cambiar con esta iniciativa es quién se va a poner la medalla política, y ustedes la han perdido y se la van a regalar al BNG. Ese es el problema.

Por eso, VOX tenemos muy claro desde el primer día que vamos a votar en contra de esta transferencia. Votamos en contra en ponencia, votamos en contra en comisión y hoy volveremos a votar en contra, porque nosotros no creemos que el desmantelamiento del Estado progresivo y la fragmentación de las infraestructuras nacionales vaya a traer nada bueno, nosotros no creemos que la solución a una mala gestión sea transferir las competencias, y porque frente a esta torpeza del Partido Popular y frente a la traición del PSOE y del BNG, seguimos defendiendo algo tan sencillo como que las infraestructuras son de todos los españoles y queremos que sigan siendo de todos los españoles.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Grazas, presidenta. Bos días, señorías. Benvidas tamén as galegas que hoxe nos acompañan na tribuna. A verdade é que eu, despois de escoitar á portavoz de VOX, pois veume un pouco á cabeza ese dúo musical, Pimpinela, esa parella de namorados que parecen discutir e discutir, o Partido Popular e VOX, pero despois, como moitas parellas de namorados, chegan a un acordo e hoxe verase unha vez máis votando o Partido Popular e VOX o mesmo en contra dese acordo histórico que hoxe acordamos nesta cámara. Eu hoxe, como galega, síntome moi contenta. É un paso moi importante o que damos para Galicia e a prol da cidadanía galega. E como se dixo tamén darlle cumprimento a unha reivindicación que levamos moito tempo realizando dende Galicia e o Partido Popular parecía que estaba nesa reclamación. Por iso eu hoxe dígolles que teñen unha nova oportunidade para situarse a carón da cidadanía galega e votar a favor deste acordo, desta Lei orgánica que hoxe sometemos a votación. Hoxe é un día moi importante para Galicia. Eu pídolle ás señorías do Partido Popular, e especialmente ás señorías galegas do Partido Popular, que non fallen unha vez máis a Galicia. E a verdade é que eu hoxe, por un lado, síntome moi contenta como galega de estar aquí defendendo este acordo que foi froito do diálogo, do consenso, do entendemento entre tres forzas políticas, si, entre o Grupo Parlamentario Socialista entre o Grupo Parlamentario de SUMAR entre o Bloque Nacionalista Galego, pero un acordo, señor Puy, que foi ratificado por todos os grupos parlamentarios desta cámara, agás o Partido Popular e VOX. Vostedes non se quixeron subir a ese barco para poñer remedio a unha reclamación que saíu dende o Parlamento de Galicia. E a verdade é que por un lado síntome moi contenta. Por outro lado, teño que dicir que estou un pouco triste de que, señor Puy, a vostede lle endosaran o marrón que lle endosaron hoxe, porque eu non cría que vostede ía entrar nesa campaña de bulos, de mentiras aos que está afeito o Partido Popular. Vostede non ten ese perfil. Non se sume ao perfil que estan a dar aquí nesta cámara o Partido Popular. Vostede dicía que este acordo deturpa o acordo do Parlamento de Galicia. Vostede, coma min, sabe que non é verdade. O acordo ao que chegamos as tres forzas políticas, ratificado polo resto dos grupos representados nesta cámara, cumpre e respecta escrupulosamente o que saíu do Parlamento de Galicia. Vostede, coma min, o sabe, señor Puy, por moito que hoxe lle tocara ese marrón de vir aquí a defender outra cousa. Vostede sabe coma min que hai un artigo no que se di claramente e se especifican as responsabilidades de ámbalas administracións e dise claramente que será responsabilidade do Estado as consecuencias derivadas das decisións adoptadas mentres manteña a titularidade da autoestrada. Polo tanto, deixen de mentir unha vez máis. Levan unha campaña torpedeando este acordo en Galicia e metendo medo á cidadanía galega, algo que, por certo, se lle dá moi ben ao Partido Popular. E que hai que ter moita cara señor Puy para chegar aquí e dicir que tódalas autoestradas están deixando de ter peaxes menos a AP‑9. Claro, porque este goberno, este goberno non prorrogou ningunha concesión.

E claro, agora vamos a falar de débedas históricas que ten o Partido Popular con Galicia. Miren, este goberno, este goberno, como dicía, non prorrogou ningunha concesión, pero imos a falar do Partido Popular de Galicia. Débeda histórica do Partido Popular cos galegos e coas galegas. Hai que facer un pouco de memoria. Ano 2000, Aznar prorrogou a concesión da AP‑9 ata o ano 2048; ano 2003, privatizouse esa concesión, por certo, no ano 2003, casualidades da vida, Feijóo era conselleiro de Infraestruturas da Xunta de Galicia e non dixo nin mú cando se privatizou esa concesión. Polo tanto, se os galegos e as galegas a día de hoxe estamos a pagar ese abuso é por unha decisión do Partido Popular do señor Aznar, co silencio cómplice do Partido Popular, de Feijóo en Galicia, métano xa nesa cabeciña.

E nós, a pesar da débeda que tiña o Partido Popular, hoxe, unha vez máis, como digo, van votar en contra. Pero miren, eu quero recordar que cando chegamos ao goberno, cando Pedro Sánchez chegou á presidencia do Goberno, empezamos a desbloquear a tramitación desta lei. Pero quero recordar o que facía o Partido Popular. O Partido Popular en Galicia pedía a transferencia desta lei, pero chegaba este texto normativo aquí a esta casa, e que pasaba? E recordo habendo un presidente do Goberno galego e habendo unha presidenta do Congreso dos Deputados galegos, bloqueábase incluso a toma en consideración desta lei. Dous galegos, bloqueando aquí en Madrid, incluso a toma en consideración da Lei Orgánica da Ap‑9. Polo tanto, miren, nós, os socialistas, creo que no relativo a transferencia da titularidade e da xestión das competencias da AP‑9, temos máis que demostrado con feitos que estamos a favor. Pero miren, temos demostrado ademais que nós somos os que poñemos as solucións, porque quero recordar que se estamos a pagar estes abusos é por unha decisión do Partido Popular, pero dende que chegamos ao goberno de España, pois aí temos amosado, aí están esas bonificacións históricas nas peaxes da AP‑9, que chegan ata o 75 % de bonificacións e bonificacións, que quero recordar, das que se poden beneficiar familias, empresas e autónomos. Nada parecido ás bonificacións que pon a Xunta de Galicia nas autoestradas, que son da súa competencia, a AG‑55 e a AG‑57. Polo tanto, a transferencia da titularidade da AP‑9 que este goberno é o que pon solucións enriba da mesa. Bonificacións históricas na AP‑9, este goberno é o que pon solucións enriba da mesa e sempre co voto en contra do Partido Popular. Polo tanto, miren, dende logo que Feijóo vai ter que explicar moito e tamén o presidente da Xunta de Galicia, o señor Rueda, porque hoxe, unha vez máis co seu voto en contra a este acordo, sitúanse a carón do seu partido e en contra dos galegos e das galegas.

E vou rematando presidenta. Miren, señorías do Partido Popular. Nós os socialistas sempre nas solucións e vostedes nos problemas na marrullería e no barro. Nós, chegando a acordos para mellorar a vida dos galegos e das galegas e vostedes quedándose fóra como nas bonificacións e agora tamén na transferencia. Hoxe quedará demostrado unha vez máis que din unha cousa en Galicia, pero que fan outra aquí en Madrid.

Pola miña parte, nada máis e moitas grazas.

Gracias, presidenta. Buenos días, señorías, y bienvenidas las gallegas que hoy nos acompañan en la tribuna.

Lo cierto es que, después de oír a la portavoz de VOX, me viene a la cabeza ese dúo musical, Pimpinela. Esa pareja de enamorados que parecen discutir y discutir, como lo hacen el Partido Popular y VOX, pero después, como muchas parejas de enamorados, llegan a un acuerdo y hoy los tenemos aquí una vez más a los dos votando en contra de un acuerdo histórico que hoy traemos a esta Cámara. (Aplausos).

Hoy, como gallega, yo me siento muy contenta. El que damos es un paso muy importante para Galicia y para toda la ciudadanía gallega y, como se ha dicho, damos cumplimiento a una reivindicación que llevamos mucho tiempo realizando desde Galicia. Y el PP parecía que estaba en esa reclamación, por eso hoy les digo que tienen una nueva oportunidad para situarse del lado de la ciudadanía y votar a favor de este acuerdo, de esta ley orgánica que hoy sometemos a votación. Hoy es un día muy importante para Galicia y les pido a los señores del PP, especialmente a los gallegos del PP, que no fallen una vez más a Galicia. Lo cierto es que yo hoy me siento muy contenta, como gallega, de estar aquí defendiendo este acuerdo, que es fruto del diálogo, del consenso, del entendimiento entre tres fuerzas políticas, el Grupo Parlamentario Socialista, SUMAR y el Bloque Nacionalista Galego, pero, señor Puy, un acuerdo que fue ratificado por todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, salvo el PP y VOX. (Aplausos). Ustedes no quisieron subirse a ese barco para poner remedio a una reclamación que salió del Parlamento de Galicia. (Los señores Puy Fraga y Bayón Rolo hacen gestos negativos).

Lo cierto es que, por un lado, estoy muy contenta, pero, por otro, tengo que decir que estoy un poco triste porque al señor Puy le endosaran hoy este marrón. Es un crimen entrar en esa campaña de mentiras, de bulos, a los que está afecto el PP, pero ese no es su perfil, así que no muestre ese perfil que está enseñando hoy en esta Cámara. Usted decía que este acuerdo altera el acuerdo del Parlamento de Galicia, pero sabe que eso no es cierto. El acuerdo al que llegamos las tres fuerzas políticas, ratificado por el resto de los grupos representados en esta Cámara, cumple y respeta escrupulosamente lo que salió del Parlamento de Galicia. (El señor Puy Fraga hace gestos negativos). Usted lo sabe bien, señor Puy, por mucho que hoy le tocara ese marrón de venir aquí a defender otra cosa. Usted sabe, como yo, que hay un artículo en el que se especifican las responsabilidades de las Administraciones y se dice claramente que serán responsabilidad del Estado las consecuencias derivadas de las decisiones adoptadas mientras mantenga la titularidad de la autopista. Por tanto, dejen de mentir una vez más. En Galicia están en una campaña para torpedear este acuerdo y metiéndole miedo a la ciudadanía gallega. Eso se le da muy bien al Partido Popular. Hay que tener mucha cara, señor Puy, para venir aquí y decir que todas las autopistas están dejando de cobrar peajes menos la AP‑9. Claro, porque este Gobierno no prorrogó ninguna concesión. (Aplausos).

Y ahora vamos a hablar de las deudas históricas que tiene el PP con Galicia. Este Gobierno, como decía, no prorrogó ninguna concesión. Hablemos del PP de Galicia, de la deuda histórica del PP con los gallegos y las gallegas. Hay que hacer un poco de memoria: año 2000, Aznar prorrogó la concesión de la AP‑9 hasta el año 2048; año 2003, privatizó esa concesión. Por cierto, en el año 2003, casualidades de la vida, Feijóo era consejero de Infraestructuras de la Xunta de Galicia y no dijo ni mu cuando se privatizó esta concesión. Por lo tanto, si los gallegos y las gallegas hoy en día estamos pagando ese abuso es por una decisión del PP del señor Aznar con el silencio cómplice del PP del señor Feijóo en Galicia. Métanse eso en la cabeza. (Aplausos). Y, a pesar de la deuda que tiene el Partido Popular, hoy, una vez más, van a votar en contra.

Quiero recordar que cuando llegamos al Gobierno, cuando Pedro Sánchez llegó a la Presidencia del Gobierno, empezamos a desbloquear la tramitación de esta ley, y voy a decirles lo que hacía el Partido Popular. En Galicia, el PP pedía transferir la ley al Congreso, pero llegaba el texto aquí, a esta Cámara, y ¿qué pasaba? Que habiendo un presidente del Gobierno gallego y una presidenta del Congreso de los Diputados gallega bloqueaba incluso la toma en consideración de esta ley. Dos gallegos bloqueando aquí, en Madrid, incluso la toma en consideración de la ley orgánica de la AP‑9. (Aplausos).

Nosotros, los socialistas, en lo relativo a la transferencia de la titularidad y la gestión de las competencias de la AP‑9 hemos demostrado de sobra que estamos a favor y también que somos los que damos las soluciones, porque se paga por un abuso del PP, pero desde que llegamos al Gobierno de España ahí están los resultados, esas bonificaciones históricas en los peajes de la AP‑9, bonificaciones que llegan hasta el 75 % (aplausos) y de las que ―quiero recordar― se pueden beneficiar familias, empresas y autónomos, y que no tienen nada que ver con las bonificaciones de la Xunta de Galicia en las autopistas que son de su competencia, la AG‑55 y la AG‑57. Por tanto, en cuanto a la transferencia de la titularidad de la AP‑9 este Gobierno es el que pone soluciones encima de la mesa con bonificaciones históricas. En relación con la AP‑9, este Gobierno propone soluciones, y siempre con el voto en contra del Grupo Popular. Desde luego, Feijóo va a tener que explicar muchas cosas y también el presidente de la Xunta de Galicia, el señor Rueda, porque hoy, una vez más, su voto en contra de este acuerdo los sitúa a él y a su partido en contra de los gallegos y las gallegas.

Voy terminando. Señorías del Grupo Popular, nosotros, los socialistas, siempre damos soluciones mientras ustedes ponen problemas y enfangan; nosotros llegamos a acuerdos para mejorar la vida de los gallegos y las gallegas y ustedes se quedan fuera, como en las bonificaciones, y ahora también en la transferencia. Hoy quedará demostrado, una vez más, que dicen una cosa en Galicia, pero luego aquí, en Madrid, hacen otra.

Por mi parte, nada más. Muchas gracias. (Aplausos).