Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y la Ley 4/2019, de 7 de marzo, de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, y se adoptan otras medidas para la mejora del sistema educativo.

Muchas gracias, presidente.

Quiero empezar saludando a las y los representantes de los sindicatos de la educación de este país. Muchísimas gracias por estar hoy aquí.

Señoras y señores diputados, comparezco ante esta Cámara para defender una ley largamente esperada, una ley que el profesorado lleva años reclamando y que, además, llega respaldada por el mayor esfuerzo inversor en educación de las últimas décadas. Este proyecto de ley no es un proyecto aislado, es parte de un compromiso más amplio. Esta ley forma parte de la inequívoca apuesta de este Gobierno por la educación pública, una apuesta que se mide en hechos y que ha beneficiado al conjunto del sistema educativo, al alumnado y al profesorado: una inversión de 2559 millones de euros en becas, la mayor de nuestra historia con un millón de estudiantes beneficiados; más de 4425 millones transferidos a las comunidades autónomas en programas de cooperación territorial desde este mismo año y, solo en el año 2026, seis programas de cooperación territorial aprobados en la última Conferencia Sectorial de Educación, por valor de 329,1 millones de euros: el PROA+, para apoyar al alumnado vulnerable en los centros de especial complejidad educativa; dos programas de educación inclusiva para transformar los centros en espacios plenamente inclusivos; el programa de bienestar y protección para reforzar la convivencia y la protección del alumnado y los programas de refuerzo de la competencia lectora y matemática. Esta apuesta contrasta con lo que ocurrió en el año 2012, cuando se elevó la jornada lectiva docente hasta un mínimo de veinticinco horas semanales en educación infantil y primaria y hasta veinte en el resto de las enseñanzas, impidiéndoles con ello de alguna forma la posibilidad de disponer de tiempo para reunirse de forma colaborativa con el resto de docentes y, por tanto, atender a las necesidades de su alumnado, y abrió la posibilidad también de aumentar el número de alumnos por aula hasta un 20 % por encima del máximo legal. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).

En el año 2019, el Gobierno del presidente Sánchez suprimió la posibilidad de elevar las ratios por encima del máximo legal y marcó el camino hacia una jornada lectiva más justa. Pero entonces llegó la pandemia y las Administraciones educativas tuvieron que optimizar todos los recursos disponibles para mantener el sistema en pie. La mejora de las condiciones del profesorado quedó, una vez más, en espera. Pero el profesorado dio una lección que esta Cámara nunca debería olvidar. Nuestros docentes asumieron una carga de trabajo enorme, transformaron en horas la enseñanza presencial en enseñanza online, adaptaron contenidos y acompañaron a familias y alumnado en una situación sin precedentes en este país. Lo hicieron sin que sus condiciones hubieran mejorado y lo hicieron de forma encomiable. Y he de decir que desde entonces toda la sociedad está en deuda con ellos y ellas. Y esta ley viene a saldar esta deuda. El presidente del Gobierno se comprometió a que esta iba a ser la legislatura del profesorado. Hoy estamos cumpliendo esa palabra con este proyecto de ley, un proyecto que responde a lo que la propia Ley Orgánica de Educación establece, que las condiciones en las que trabaja el profesorado son un factor esencial en la calidad de la enseñanza y que, además, los poderes públicos tienen la obligación de mejorarlas.

Permítanme explicarles cómo lo hace esta ley. En materia de jornada lectiva, el proyecto establece para el profesorado de los centros públicos un máximo de veintitrés horas semanales en educación infantil, primaria y especial, y de dieciocho horas en el resto de las enseñanzas. Las comunidades autónomas podrán reducir esas horas y también mejorar aún más la jornada laboral a sus docentes si así lo quieren. Esa reducción tiene consecuencias directas en el aula: el profesorado tendrá más tiempo para planificar, para coordinar la atención individualizada al alumno y para trabajar en equipo con otros docentes, con los profesionales de apoyo y también con las familias; pero también para desarrollar competencias esenciales como investigar, innovar y adaptarse a las necesidades de cada alumno. Enseñar no es una tarea que empiece y que termine en las aulas, empieza en la preparación de las clases, en la coordinación con otros docentes, en la personalización de las enseñanzas a cada alumno y en la atención a las familias. Y para todo esto, señorías, hace falta tiempo.

La ley también actúa en materia de ratios en los centros sostenidos con fondos públicos, es decir, el número de alumnos por aula. Lo hace con carácter general y va más lejos todavía en los centros y con el alumnado que más lo necesitan. Existe un amplio consenso en que unas ratios razonablemente dimensionadas favorecen la atención al alumnado y la aplicación de los principios de la educación inclusiva. Reducir el número de alumnos en el aula disminuye también la carga al profesorado, puesto que tiene un efecto positivo en su bienestar y en su satisfacción profesional, reduce el estrés asociado a la preparación de clases y a la corrección de trabajos, y facilita el crecimiento profesional del docente y también su implicación en la vida del centro. Además, numerosas investigaciones muestran que las aulas más pequeñas hacen que el alumnado participe más y compensan de alguna forma las desigualdades de origen y hacen que cada alumno o alumna se sienta más incluido y valorado. Por eso, señorías, el presente proyecto de ley establece un máximo de veintidós alumnos por aula en educación primaria y de veinticinco en educación secundaria obligatoria. Las comunidades autónomas pueden establecer ratios inferiores y completar o mejorar esta regulación.

Ahora bien, esta ley va más allá. Reducir ratios tiene un impacto donde más se necesita, en centros con alumnado muy diverso, con necesidades especiales, con dificultades lingüísticas o situaciones en entornos socialmente complejos, y ahí la ley actúa con especial intensidad. El alumno con necesidades educativas especiales contará como dos plazas a la hora de calcular la ratio máxima en las aulas ordinarias. También se identificarán los centros que más lo necesiten, los que escolarizan a más alumnado con necesidades de apoyo, especialmente los situados en zonas de complejidad social o los que necesitan mejorar sus resultados y reducir el abandono escolar. Se actuará sobre ellos de forma específica, adaptando sus ratios y dotándolos de los medios necesarios, y el Gobierno fijará las condiciones mínimas de apoyos especializados para que todos los centros sean inclusivos y garantes de calidad y equidad. La ley presta atención específica también al ámbito rural, con criterios que favorezcan que el alumnado permanezca en el sistema educativo. Todo ello se aplicará, siguiendo un calendario gradual y realista, desde el curso 2027‑2028 hasta la plena implantación en el curso 2031‑2032, coincidiendo con la caída demográfica que se viene produciendo desde el año 2009.

Esta ley ha recorrido el camino que debe recorrer una buena ley antes de llegar a esta Cámara. En primer lugar, ha sido negociada con los sindicatos en la mesa de negociación del personal docente no universitario, conforme a lo que exige el Estatuto Básico del Empleado Público. Ha sido también consultada con las comunidades autónomas a través de la Conferencia Sectorial de Educación y ha contado con el informe del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y también con la aprobación del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. El Consejo Escolar del Estado emitió el dictamen correspondiente y se garantizó la participación de los potenciales destinatarios a través del trámite de audiencia e información pública.

Termino, señorías.

Esta ley da respuesta a una mejora de las condiciones de los y las docentes, que durante años ha quedado pendiente y que hoy puede por fin convertirse en una realidad. La educación pública de un país vale lo que valen sus docentes y los docentes valen lo que el sistema es capaz de ofrecerles. Esta ley mejora ese sistema de forma concreta y equitativa: fija un máximo de veintitrés horas lectivas semanales para el profesorado de infantil, primaria y especial, y de dieciocho horas lectivas para el resto de las enseñanzas, reduce el número máximo de alumnos por aula a veintidós en educación primaria y a veinticinco en educación secundaria obligatoria, establece que el alumno con necesidades educativas especiales compute como dos plazas, prevé medidas específicas para los centros ubicados en zonas de especial complejidad social y garantiza que, allí donde las ratios no puedan aplicarse por las características del centro, las Administraciones compensen con recursos humanos adicionales. El profesorado lleva años esperando esta mejora, una mejora que permite culminar la reversión de unas medidas que fueron concebidas como excepcionales y también vinculadas a una coyuntura económica concreta. Los profesores, profesoras, maestros y maestras de este país respondieron con ejemplaridad en los momentos más difíciles de la pandemia y merecen que esta Cámara esté a la altura de su compromiso. Por eso, llego aquí con una convicción y también con una propuesta: la convicción de que esta ley es justa y la propuesta de que la mejoremos juntos y juntas.

El trámite parlamentario que comienza hoy es precisamente, señorías, el momento en que el texto puede mejorar con las aportaciones de todos los grupos parlamentarios. Este Gobierno no tiene todas las respuestas, pero entre todos y todas podemos encontrarlas porque lo que compartimos en esta Cámara es más importante que lo que nos separa: la defensa de la enseñanza pública, la mejora de las condiciones del profesorado y el éxito educativo del alumnado. Les propongo, señorías, que avancemos juntos y juntas en eso.

Muchas gracias. (Aplausos).

Arratsalde on. Buenas tardes a todas y a todos, señora ministra. Gure taldeak osoko zuzenketa hau aurkezten du, ez hezkuntza indartzeko beharra zalantzan jartzen duelako eta gutxiago irakasleen baldintzak hobetzearen aurka dagoelako. Errealitatea da Euskadik dagoeneko egin duela erreforma honek hasi nahi duen bidearen zati handi bat. Gure erakundeek Estatuko batez bestekoa baino inbertsio ahalegin handiagoa egiten dute, bai hezkuntzara bideratutako Barne Produktu Gordinaren ehunekoari dagokionez, bai ikasle bakoitzeko gastuari dagokionez. Gainera, ikastetxe, lurralde eta hezkuntza komunitate bakoitzaren behar espezifikoei erantzuteko politika propioak aspalditik garatu ditugu. Horregatik, gure desadostasuna ez dago soilik proposatzen diren aldaketetan, baizik eta lege honen oinarrian dagoen ikusmoldean eta legea egiteko moduan. Horiek dira gure desadostasunaren oinarrian dauden arrazoiak. Horregatik, beraz, gure osotasuneko emendakin hau.

Nuestro grupo presenta esta enmienda a la totalidad, pero no porque pongamos en duda la necesidad de reforzar el sistema educativo y aun menos porque estemos en contra de mejorar las condiciones laborales del profesorado. La realidad es que el País Vasco ya ha hecho una gran parte de lo que pretende esta reforma. Nuestras instituciones hacen un esfuerzo de inversión mayor, tanto en cuanto al porcentaje del PIB que se le dedica como en cuanto a la inversión por alumno. Para responder a las necesidades territoriales hemos dado respuesta desde hace tiempo y por ello no estamos de acuerdo no solo en las modificaciones, sino en la perspectiva básica de la ley y en la manera de hacerla. Esas son nuestras razones para no estar de acuerdo y, por ello, hemos presentado esta enmienda a la totalidad.

Permítame, señora ministra, empezar por lo esencial, Euskadi es competente en materia educativa. El artículo 16 del estatuto de autonomía establece que corresponde a la Comunidad del País Vasco la enseñanza en toda su extensión: niveles, modalidades y especialidades, lo que incluye la capacidad de organizar y desarrollar su propio sistema educativo en función de sus necesidades y su realidad social. Por su parte, el marco constitucional reconoce la libertad de elección de las familias en la posibilidad de optar entre distintos modelos educativos.

Sin embargo, el Gobierno del Estado ha elaborado esta propuesta como si las comunidades autónomas, y Euskadi en particular, fueran simples ejecutoras de decisiones adoptadas previamente, pero Euskadi no lo es. En lugar de impulsar desde el inicio un proceso de colaboración real entre Administraciones, se ha optado por diseñar una reforma en Madrid para luego trasladarla a los territorios. Euskadi no debe ser consultada únicamente cuando el texto ya está cerrado. Debe participar desde el principio en la definición de las políticas que después tendrá que aplicar. La cooperación institucional exige diálogo entre iguales, no la mera comunicación de decisiones previamente adoptadas. Y ahí radica uno de los principales problemas de esta ley.

Por otra parte, resulta significativo que, aun habiendo sido registrada una enmienda a la totalidad por parte de un grupo como el mío, el Gobierno no haya abierto espacios de diálogo ni haya buscado vías para algún tipo de acuerdo. No se han molestado ni en intentar persuadirnos, ha preferido confiar en que grupos parlamentarios ajenos a la mayoría de investidura votarían en contra de esta enmienda, presentada por una de las fuerzas que ha sostenido al Ejecutivo.

Para quienes creemos en el autogobierno y no en las imposiciones desde Madrid las competencias no son una cuestión meramente administrativa, son la herramienta que permite adaptar las posibilidades y las políticas públicas a la realidad de cada sociedad. Por eso rechazamos que decisiones que afectan de forma directa a nuestro sistema educativo se adopten sin contar desde el inicio con las instituciones que tienen la responsabilidad de gestionarlo. Y precisamente esa ausencia de colaboración es la que explica muchas de las limitaciones que presenta esta ley. Y se lo digo también a grupos vascos, que en Euskadi defienden los ámbitos vascos de decisión y luego, en Madrid, se olvidan de ello. Esa misma carencia se aprecia en el diálogo social. El proyecto se apoya en acuerdos alcanzados con organizaciones cuya presencia en el ámbito educativo vasco es muy limitada. Se ha negociado con actores que no reflejan adecuadamente la pluralidad ni la especificidad de la representatividad existente de Euskadi.

Resulta difícil entender cómo puede aspirarse a construir una reforma sólida cuando no participan plenamente ni las instituciones responsables de aplicarla ni los agentes que representan a una parte fundamental de la comunidad educativa vasca. Porque la realidad educativa del Estado no es homogénea, existen diferencias demográficas, geográficas, lingüísticas, sociales y organizativas y existen soluciones adaptadas a cada territorio. Pretender que todos los sistemas educativos requieran las mismas respuestas supone ignorar esa diversidad. Euskadi ha desarrollado durante décadas un modelo educativo propio, fruto de acuerdos políticos, sociales y culturales, construidos desde el autogobierno, y creemos que ese esfuerzo merece respeto. Es un modelo en el que convive una red pública fuerte ―pilar esencial del derecho a la educación y que cuenta con todo nuestro apoyo― y una amplia red concertada que cumple una función relevante y que también contribuye a garantizar ese derecho a la libre elección de las familias. A ello se suman nuestros modelos lingüísticos, las opciones bilingües y trilingües y un desarrollo curricular acorde a la realidad lingüística, cultural y social vasca. Esta convivencia entre modelos constituye una de las características propias de nuestro sistema y ha sido construida desde el consenso social e institucional y ha permitido combinar calidad educativa, libertad de elección de las familias y cohesión social.

Esta reforma no reconoce suficientemente esta diversidad, señora ministra. Al contrario, responde a una lógica uniformizadora que ignora el trabajo realizado por aquellos sistemas que ya han desarrollado instrumentos eficaces para alcanzar los objetivos que ahora pretende generalizar con este proyecto de ley. Lejos de reforzar el camino emprendido por Euskadi, esta ley interfiere en este camino, limitando la capacidad de seguir avanzando mediante políticas diseñadas desde el conocimiento directo de nuestra realidad educativa. A ello se suma una cuestión que no puede pasarse por alto, el impacto económico de esta reforma.

No discutimos que haya que invertir más en educación; al contrario, Euskadi lleva años demostrando ese compromiso. Lo que cuestionamos es que se impongan nuevas obligaciones sin acordar antes cómo se van a financiar. El proyecto incorpora nuevas obligaciones organizativas y nuevos compromisos de gasto que deberán ser asumidos en gran medida por las comunidades autónomas. Estas exigencias se han definido sin una negociación previa suficiente con las Administraciones responsables de financiarlas y de ejecutarlas. Además, no se ha considerado suficientemente cómo estas nuevas obligaciones afectan a sistemas educativos con características propias como el vasco, donde conviven diferentes redes y modelos educativos que requieren una planificación y una asignación de recursos adaptadas a esa realidad. Nos encontramos, una vez más, ante una dinámica conocida: el Estado decide qué debe hacerse y las comunidades autónomas deben asumir posteriormente las consecuencias presupuestarias de estas decisiones.

El Gobierno justifica la viabilidad presupuestaria de parte de estas medidas en la reducción progresiva del alumnado derivado de la baja natalidad. Sin embargo, aunque esa circunstancia pueda aliviar determinadas presiones organizativas, sería deseable que la norma viniera acompañada de una financiación adecuada por parte del Estado para cubrir el incremento de los costes de personal y garantizar una aplicación efectiva en todos los territorios.

Además, algunas de las medidas que se presentan como grandes avances ya forman parte desde hace tiempo de la realidad educativa vasca. Determinadas mejoras en materia de horarios, bienestar docente, organización de centros o condiciones laborales, llevan años desarrollándose mediante acuerdos propios adaptados a nuestras necesidades. La propia reducción de jornada lectiva constituye un buen ejemplo. En Euskadi, la jornada lectiva quedó limitada, hace años ya, a dieciocho horas semanales en Educación Secundaria, y a veintitrés horas en Educación Primaria. Incluso, se redujo posteriormente a diecisiete horas semanales en secundaria mediante acuerdos alcanzados con las organizaciones sindicales que sí tienen representatividad en Euskadi. Por eso, nos preocupa especialmente la imposición de criterios rígidos y homogéneos en cuestiones como las ratios escolares.

Además, conviene recordar que Euskadi ya venía aplicando de manera voluntaria ratios inferiores en varios niveles educativos y que, en términos generales, las ratios por aula se sitúan por debajo de los límites establecidos actualmente en la normativa estatal. Sobre el papel puede parecer una medida sencilla, pero en la práctica la realidad es mucho más compleja. ¿Qué ocurre en un centro rural que supera por unos pocos alumnos el límite establecido? ¿Qué sucede cuando no existen espacios disponibles para abrir nuevas aulas? ¿Qué respuesta se ofrece a las familias cuando una norma diseñada de forma uniforme entra en conflicto con las necesidades concretas de cada municipio? La educación no puede gestionarse exclusivamente desde parámetros generales, necesita flexibilidad, capacidad de adaptación y cercanía a la realidad de los centros. Esa preocupación se refleja también con la disposición adicional única del proyecto, que encomienda al ministerio la regulación de los indicadores de vulnerabilidad de los centros y de las condiciones mínimas de los apoyos educativos especializados. Esta previsión es una centralización improcedente de competencias vinculadas a la planificación educativa específica, ámbito en el que las comunidades autónomas cuentan con experiencia, capacidad de gestión y conocimiento directo de la realidad de sus centros.

Por ello, consideramos imprescindible reforzar la participación autonómica en la elaboración de estos indicadores y criterios. No basta con una mera consulta formal cuando las decisiones afectan directamente a competencias que corresponden a las comunidades autónomas, sino que debemos avanzar y pasar de un modelo basado en la previa consulta a otro basado en el previo acuerdo en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación. Solo así podrá garantizarse una auténtica toma de decisiones colegiada entre el Estado y las comunidades autónomas, evitando imposiciones unilaterales y fortaleciendo la cooperación institucional que requiere una política educativa eficaz.

Esan bezala, autonomia‑erkidegoekiko lankidetza falta horrek azaltzen ditu proiektu honen gabezia asko. Izan ere, hezkuntza sistemaren beharrak ondoen ezagutzen dituztenak, egunez egun kudeatzen dituzten erakundeak baitira. Datuek erakusten dute euskal hezkuntza ereduak emaitza positiboak izan dituela. Horrek ez du esan nahi dena eginda dagoenik, ezta gutxiagorik ere, eta ezta erronkarik falta ez denik ere. Horrek esan nahi du badagoela ibilbide propio bat adostasunetik eta autogobernutik eraikitako bide propio bat, eta, inongo zalantzarik gabe, kontuan hartu beharko zenuketena. Hau da, hartu behar duzuena. Horregatik guztiagatik, hezkuntza, autonomia eta euskal autogobernua defendatzen ditugulako, proiektu hau gobernuari itzul dadin eskatzen dugu.

Eskerrik asko.

Como mencionaba, falta colaboración con las comunidades autónomas y ello explica muchas de estas deficiencias. Las necesidades educativas de los territorios las conocen mejor las instituciones que trabajan con ello en el día a día. Los datos muestran que nuestro sistema funciona. Eso no significa que esté todo hecho, ni mucho menos ―y no es que no falten desafíos―, esto significa que hay un itinerario propio basado en el autogobierno, en las decisiones propias y es algo que deberían tener en cuenta.

Por todo ello, por la autonomía educativa y porque defendemos el autogobierno, le pedimos al Gobierno que retire esta ley.

Muchas gracias.

Gràcies, presidenta. Bona tarda, senyories. Bona tarda, ministra. Inicio la defensa de la nostra esmena a la totalitat a aquest projecte de llei dient que la presentem perquè excedeix clarament a les competències estatals, perquè vulnera les competències de la Generalitat de Catalunya, perquè desnaturalitza el concepte constitucional de legislació bàsica, perquè altera profundament el seu model de distribució territorial del poder i perquè vulnera els principis de lleialtat institucional i autonomia financera. La presentem per tot això i no per una oposició als objectius de fons que persegueix el text, perquè millorar les condicions del professorat, reduir les ràtios o reforçar el sistema educatiu són objectius ben legítims, molts, fins i tot, poden ser compartits. La nostra discrepància, ministra, és una altra. La discrepància és constitucional i estatutària, perquè no estem davant una simple discrepància política sobre l’abast d’una reforma educativa. Estem davant una qüestió que afecta directament el model territorial dissenyat per la seva Constitució i desenvolupat pel nostre Estatut d’Autonomia, per l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. L’article 131 de l’Estatut atribueix a la Generalitat competències exclusives en l’ordenació del sistema educatiu, la política del personal docent i l’organització dels centres. I, senyories, aquest marc competencial no pot quedar desplaçat pel simple fet que l’Estat legisli mitjançant una llei orgànica. Perquè, com va recordar la sentència 137/1986, la llei orgànica no constitueix per ella mateixa un títol competencial autònom. La jurisprudència constitucional ha estat clara en afirmar que l’article 149.30 de la Constitució només habilita l’Estat a regular aquells aspectes directament vinculats al desenvolupament del dret a l’educació i a les condicions d’obtenció, d’expedició i homologació de títols acadèmics. I així ho va assenyalar també la sentència 77/1985, i ho va reiterar la sentència 137 de 1986, quan advertien que l’Estat no disposa d’una competència general sobre l’ordenació del sistema educatiu. I encara n’hi ha més. El mateix Consell de Garanties Estatutàries, en el dictamen 7/2012, ja va concloure que la determinació de la jornada lectiva del professorat no forma part de les competències bàsiques de l’Estat derivades de l’article 149.1.18 de la Constitució sobre el règim estatutari dels funcionaris, sinó que correspon a la Generalitat, en l’exercici de la seva competència sobre la política de personal de l’Administració educativa.

Per tant, quan aquest projecte pretén regular amb detall aspectes organitzatius i laborals del personal docent, no està establint unes bases comunes. El que està fent és esgotar l’espai normatiu autonòmic, convertint una competència constitucionalment compartida en una competència materialment exclusiva de l’Estat. I això, des del nostre punt de vista, desnaturalitzar el mateix concepte constitucional de legislació bàsica i al mateix temps altera l’equilibri territorial que la seva Constitució, com els deia, i el nostre Estatut garanteixen o haurien de garantir.

Saben que Junts l’autogovern de Catalunya no el defensem només quan convé o quan és políticament rendible. Junts el defensem sempre. I aquest projecte de llei no és res més que un nou exemple d’una manera de legislar que s’ha convertit en habitual en aquesta cambra, governin els de la bancada de la dreta o governin els de la bancada de l’esquerra. Aquest projecte de llei no fa res més que aprofundir en la tendència recentralitzadora que fa anys que denunciem. Un cop més ho fa sota conceptes com bases, igualtat o condicions bàsiques. El Govern de l’Estat, així acaba regulant de manera exhaustiva aspectes que no li corresponen, que corresponen a les comunitats autònomes.

I saben què els diem? Que ja n’hi ha prou d’aquesta barra lliure on l’Estat imposa i les comunitats autònomes paguen i callen. A Catalunya estem cansats de pagar i no decidir. Per això, tenim l’obligació de plantar cara a una tendència que malauradament es va imposant amb el temps, amb la voluntat de les majories i el silenci d’uns i la posada de perfil d’altres que avui haurien d’estar al nostre costat.

Cada reforma educativa estatal ha anat ampliant una mica més el concepte de legislació bàsica. Cada nova llei ha anat concretant més i més els detalls, convertint una competència que constitucionalment és compartida en una competència, com els deia, que a la pràctica és exclusiva o s’atribueixen com a exclusiva de l’Estat. Les comunitats autònomes deixem de decidir per convertir‑nos en simples aplicadors de les seves decisions, com els deia el ponent que m’ha precedit. I això, per nosaltres, és incompatible amb la naturalesa política de l’autonomia i és, evidentment, incompatible amb la vocació que Junts per Catalunya tenim d’un autogovern ambiciós al que no posem mai límits.

Però, senyories, no només és això. Hi ha una altra qüestió igualment preocupant. Perquè malgrat la pluja de milions recitada a títol de propaganda per la ministra, aquest projecte no només envaeix competències, també trasllada costos. El preàmbul afirma alegrement, com alegrement ho fan el president Sánchez i tots els ministres d’aquest govern i ho ha fet aquest dematí també algun diputat de SUMAR, que la situació financera de les comunitats autònomes ha millorat significativament, com si això volgués dir res. Però ho diuen, però no aporten cap estudi rigorós, cap memòria territorialitzada, cap quantificació seriosa del seu impacte econòmic real. I, tanmateix, imposa. Imposa obligacions que tenen cost econòmic, el cost econòmic amb el que sempre veten qualsevol proposició o esmena d’aquest grup. El que dèiem, l’Estat decideix i les comunitats autònomes executen, paguen i, sobretot, callen. I això no és lleialtat institucional, ministra, això és irresponsabilitat. No és admissible que qui no assumeix el cost sigui qui adopta unilateralment les decisions. I encara és menys admissible que aquells que han d’executar‑les i finançar‑les no participin realment de la seva definició.

Senyories, com els deia al començar, no discutim la necessitat de reforçar el sistema educatiu ni la importància de millorar les condicions del professorat. El que discutim és la manera que vostès tenen de fer les coses. Qüestionem que una vegada més, es pretengui construir un model uniforme des de Madrid, ignorant la realitat competencial, la diversitat dels sistemes educatius i l’autogovern reconegut per la seva pròpia constitució. I sorprèn, o no, que això es faci sense cap piulí a la majoria de diputats dels que avui conformen el tripartit català, aquells que van fer president el senyor Illa, que ho van fer per un resultat que —‌també val la pena recordar‑ho— va ser fruit de l’adulteració de la campanya electoral catalana. Ho recorden? Aquella adulteració protagonitzada pels dies de falsa reflexió del president Sánchez. Així que, davant un govern català que va arribar a autoanomenant‑se de la gestió amb majúscules, però que ha resultat ser el de la gestió en minúscules, que ha convertit la Generalitat en una gestoria d’Espanya incapaç de defensar Catalunya i evitar la invasió competencial, ja estem nosaltres aquí amb aquesta esmena a la totalitat per defensar els interessos del nostre país. Però, és clar, què n’havíem d’esperar d’un govern que té en peu de guerra a la majoria dels seus mestres i professors? No és millor el govern socialista que tenim allà que el govern socialista que tenim aquí.

I, en aquest sentit, em permetran acabar expressant, en nom de Junts per Catalunya, un cop més, el suport als mestres i professors emprenyats i mobilitzats. Perquè tenim més ben dit, alguns tenen, l’escola catalana al límit. Suport als mestres i professors que surten al carrer no per interès propi, sinó perquè fa massa temps que se’ls demana sostenir amb vocació allò que el Govern Illa no és capaç de sostenir ni amb recursos ni amb respecte.

Senyors socialistes, Catalunya, els seus mestres i el conjunt dels seus ciutadans necessiten menys propaganda, menys màrqueting, menys submissió a Espanya i més compromís amb el país i la seva gent, més compromís amb una escola catalana forta, de qualitat i, ara més que mai, en català.

Moltes gràcies. Gracias, presidenta.

Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, ministra. Empiezo la defensa de nuestra enmienda a la totalidad de este proyecto de ley diciendo que la presentamos porque excede claramente las competencias estatales, porque vulnera las competencias de la Generalitat de Catalunya, porque desnaturaliza el concepto constitucional de la legislación básica, porque altera profundamente su modelo de distribución territorial del poder, y porque vulnera los principios de lealtad institucional y de autonomía financiera. La presentamos por todo ello, y no por una oposición a los objetivos de fondo que persigue el texto, porque mejorar las condiciones del profesorado, reducir las ratios o reforzar el sistema educativo son objetivos bien legítimos; muchos, incluso, pueden ser compartidos. Nuestra discrepancia, ministra, es otra. La discrepancia es constitucional y estatutaria, porque no nos hallamos ante una simple discrepancia política sobre el alcance de una reforma educativa, nos hallamos ante una cuestión que afecta directamente al modelo territorial diseñado por su Constitución y desarrollado por nuestro estatuto de autonomía, por el Estatuto de Autonomía de Cataluña. El artículo 131 del estatuto atribuye a la Generalitat competencias exclusivas en la ordenación del sistema educativo, la política de personal docente y la organización de los centros. Y, señorías, este marco competencial no puede quedar desplazado por el simple hecho de que el Estado legisle mediante una ley orgánica porque, como recordó la Sentencia 137/1986, la ley orgánica no constituye por sí misma un título competencial autónomo. La jurisprudencia constitucional ha sido clara a la hora de afirmar que el artículo 149.1.30.ª de la Constitución solo habilita al Estado a regular aquellos aspectos directamente vinculados al desarrollo del derecho a la educación y a las condiciones de obtención, de expedición y homologación de títulos académicos. Así lo señaló también la Sentencia 77/1985 y lo reiteró la Sentencia 137/1986, cuando advertían de que el Estado no cuenta con una competencia general sobre el ordenamiento del sistema educativo. Y aún hay más, el propio Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat de Cataluña, en el Dictamen 7/2012 ya concluyó que la determinación de la jornada lectiva del profesorado no forma parte de las competencias básicas del Estado que se derivan del artículo 149.1.18.ª de la Constitución sobre el régimen estatutario de los funcionarios, sino que corresponde a la Generalitat en el ejercicio de su competencia sobre la política de personal de la Administración educativa. Por lo tanto, cuando este proyecto pretende regular en detalle aspectos organizativos y laborales del personal docente no está estableciendo unas bases comunes, lo que está haciendo es agotar el espacio normativo autonómico, convirtiendo una competencia constitucionalmente compartida en una competencia materialmente exclusiva del Estado. Y eso, desde nuestro punto de vista, desnaturaliza el propio concepto constitucional de la legislación básica y, al mismo tiempo, altera el equilibrio territorial que su Constitución ―como les decía― y nuestro estatuto garantizan, o deberían garantizar.

Saben que en Junts el autogobierno de Cataluña no lo defendemos solo cuando nos conviene o cuando es políticamente rentable, en Junts lo defendemos siempre. Y este proyecto de ley no es más que un nuevo ejemplo de una forma de legislar que se ha convertido en algo habitual en esta Cámara, gobiernen los de la bancada de la derecha o gobiernen los de la bancada de la izquierda. Este proyecto de ley no hace más que profundizar en la tendencia recentralizadora que hace años que venimos denunciando. Una vez más lo hace al amparo de conceptos como bases, igualdad o condiciones básicas. El Gobierno del Estado así acaba regulando de forma exhaustiva aspectos que no le corresponden, que corresponden a las comunidades autónomas.

¿Y saben qué les decimos? Que ya basta de esta barra libre en la que el Estado impone y las comunidades autónomas pagan y callan. En Cataluña estamos cansados de pagar y no decidir. Por eso, tenemos la obligación de plantar cara a una tendencia que, desgraciadamente, se va imponiendo con el tiempo, con la voluntad de las mayorías y con el silencio de unos y de otros, que se ponen de perfil y que hoy tendrían que estar a nuestro lado.

Cada reforma educativa estatal ha ido ampliando un poco más el concepto de legislación básica. Cada nueva ley ha ido concretando más y más los detalles, convirtiendo una competencia que constitucionalmente es compartida en una competencia ―como les decía― que en la práctica es exclusiva o se atribuye como exclusiva el Estado. Las comunidades autónomas dejamos de decidir para convertirnos en simples aplicadores de sus decisiones, como les decía el diputado que me ha precedido. Y eso para nosotros es incompatible con la naturaleza política de la autonomía, y es evidentemente incompatible con la vocación que tenemos en Junts per Cataluña de un autogobierno ambicioso al que nunca ponemos límites.

Pero, señorías, no es solo eso, hay otra cuestión igualmente preocupante, porque, a pesar de la lluvia de millones recitada a título de propaganda por la ministra, este proyecto no solo invade competencias, también traslada costes. El preámbulo afirma alegremente, como alegremente lo hacen el presidente Sánchez y todos los ministros de este Gobierno ―y lo ha hecho esta mañana también algún diputado de SUMAR―, que la situación financiera de las comunidades autónomas ha mejorado significativamente, como si eso quisiera decir nada. Lo dicen, pero no aportan ningún estudio riguroso, ninguna memoria territorializada, ninguna cuantificación seria de su impacto económico real y, aun así, imponen obligaciones que tienen coste económico, el coste económico con el que siempre vetan cualquier proposición o enmienda de este grupo. Lo que decíamos: el Estado decide y las comunidades autónomas ejecutan, pagan y, sobre todo, callan. Y eso no es lealtad institucional, ministra, eso es irresponsabilidad. No es admisible que quien no asume el coste sea quien adopta unilateralmente las decisiones, y aún es menos admisible que los que deben ejecutarlas y financiarlas no participen realmente en su definición.

Señorías, como les decía al empezar, no discutimos la necesidad de reforzar el sistema educativo ni la importancia de mejorar las condiciones del profesorado. Lo que discutimos es la forma que tienen ustedes de hacer las cosas. Cuestionamos que, una vez más, se pretenda construir un modelo uniforme desde Madrid ignorando la realidad competencial, la diversidad de los sistemas educativos y el autogobierno reconocido por su propia Constitución. Y sorprende, o no, que todo esto se haga sin que rechiste ni un solo diputado de los que hoy conforman el tripartito catalán. Aquellos que hicieron presidente al señor Illa lo hicieron por un resultado ―también vale la pena recordarlo― que fue fruto de la adulteración de la campaña electoral catalana. ¿Lo recuerdan? Aquella adulteración protagonizada por los días de reflexión falsa del presidente Sánchez. Así, un Gobierno catalán que llegó autodenominándose «el de la gestión en mayúsculas», ha resultado ser el de la gestión en minúsculas, que ha convertido la Generalitat en una gestoría de España incapaz de defender Cataluña y de evitar la invasión competencial. Ya estamos nosotros aquí con esta enmienda a la totalidad para defender los intereses de nuestro país. Pero, claro, ¿qué podíamos esperar de un Gobierno que tiene en pie de guerra a la mayoría de sus maestros y profesores? No es mejor el Gobierno socialista que tenemos allí que el Gobierno socialista que tenemos aquí.

En este sentido, me van a permitir concluir expresando en nombre de Junts per Catalunya, una vez más, el apoyo a los maestros y profesores enfadados y movilizados, porque tenemos, mejor dicho, algunos tienen la escuela catalana al límite; apoyo a profesores y maestros que salen a las calles no solo por interés propio, sino porque hace demasiado tiempo que se les pide sostener con vocación aquello que el Gobierno de Illa no es capaz de sostener ni con recursos ni con respeto.

Señores socialistas, Cataluña, sus maestros y el conjunto de sus ciudadanos necesitan menos propaganda, menos marketing, menos sumisión a España y más compromiso para con el país y sus gentes, más compromiso con una escuela catalana fuerte, de calidad y, ahora más que nunca, en catalán.

Muchas gracias.

Gràcies, presidenta. Senyories, l’escola pública està al límit de la seua capacitat humana i això, en estos moments, no és una metàfora. És una descripció literal del que està passant cada dia en els centres educatius. Al País Valencià, com sabeu, la comunitat educativa porta setmanes en peu, perquè no els queda marge, perquè el professorat ha convertit la resistència en rutina i això en realitat és molt greu. Vol dir que allò excepcional s’ha normalitzat. Vol dir aules que funcionen gràcies a l’esforç personal i no a l’estructura del sistema. Sostindre l’escola pública s’ha convertit en una suma d’heroïcitats personals i quotidianes que no apareixen ni en cap pressupost ni en cap memòria ni en cap PowerPoint de gestió de l’Administració, en el nostre cas de la Generalitat Valenciana. Però és que clar, la dreta, la dreta que ens governa al nostre país, no tenen ni idea del que està passant i no tenen ni idea del que significa defensar l’educació pública. I no tenen ni idea, perquè no han aixafat mai una aula com un espai de treball real, perquè no duen els seus fills i les seues filles a les escoles públiques, perquè no han hagut d’afrontar grups amb diversitat extrema sense recursos suficients en les aules i perquè no han viscut la sensació de no arribar a tots. I vos ho dic jo, que soc una persona que visc rodejada de persones docents en l’educació pública valenciana. I això té una lectura política molt important. I és que hi ha qui parla de drets des de la comoditat d’haver‑los tingut sempre garantits, persones que no han hagut de lluitar cada dia, com la majoria de les classes treballadores. Per això el professorat valencià sí que ha tingut la capacitat de defensar el que volen i estan fent‑ho no només com una protesta. En estos moments és una diagnosi col·lectiva del que està passant‑nos. Estan dient que el sistema ja no aguanta més, ja no aguanta més si no equilibrem les ràtios, el temps i l’atenció real al conjunt de l’alumnat. I això passa al País Valencià, també passa a Catalunya, passa a Aragó, a Madrid, amb totes les mobilitzacions que estem veient en tot l’Estat. Passa en el zero a tres anys, on les educadores —‌acabe ja, presidenta— sostingudes amb condicions límit, estan dient el mateix: que no es pot cuidar el futur, que no podem cuidar els xiquets i xiquetes amb condicions que no cuiden a les educadores. Per això esta llei, la tramitació d’aquesta llei importa amb totes les esmenes per a defensar les competències dels territoris que calga, perquè el que estan dient i estan fent el professorat, és cert: l’escola pública no es defensa sola. L’hem de defensar el conjunt de persones i que creguem en una educació pública de qualitat i, en el meu cas, en valencià. Gràcies.

Gracias, presidenta. Señorías, la escuela pública está al límite de su capacidad humana, y eso en estos momentos no es una metáfora, es una descripción literal de lo que está sucediendo cada día en los centros educativos. En el país valencià, como saben, la comunidad educativa lleva semanas en pie, porque es que ya no les queda margen, porque el profesorado ha convertido la resistencia en rutina, y eso en realidad es muy grave, quiere decir que lo excepcional se ha normalizado, quiere decir que hay aulas que funcionan gracias al esfuerzo personal y no a la estructura del sistema. Sostener la escuela pública se ha convertido en una suma de heroicidades cotidianas que no aparecen en ningún presupuesto, en ninguna memoria y en ningún PowerPoint de gestión de la Administración, en nuestro caso de la Generalitat Valenciana. Pero, claro, la derecha, la derecha que nos gobierna en nuestro país, no tiene ni idea de lo que está pasando, no tiene ni idea de lo que significa defender la educación pública, y no tiene ni idea porque no ha entendido nunca un aula como un espacio de trabajo real, porque no lleva a sus hijos y a sus hijas a los colegios públicos, porque no ha tenido que afrontar grupos de diversidad extrema sin recursos suficientes en las aulas y porque no ha vivido la sensación de no llegar a todos. Y se lo digo yo, que soy una persona que vive rodeada de personal docente en la educación pública en Valencia.

Eso tiene una lectura política muy importante, y es que hay quien habla de derechos desde la comodidad de haberlos tenido siempre garantizados, personas que nunca han tenido que luchar por ellos cada día, como la mayor parte de la clase trabajadora. Por eso, el profesorado valenciano sí que ha tenido la capacidad de defender lo que quiere, y lo están haciendo no solo como una protesta, es un diagnóstico colectivo en estos momentos de lo que está pasándonos. Están diciendo que el sistema ya no aguanta más si no reequilibramos las ratios, el tiempo y la atención real al conjunto del alumnado. Y eso sucede en el país valencià, en Cataluña, en Aragón y en Madrid, en todas las movilizaciones que estamos viendo en todo el Estado. Pasa en 0 a 3 años, donde las educadoras ―acabo ya, presidenta―, sostenidas en condiciones límite, están diciendo lo mismo: que no se puede cuidar el futuro, que no podemos cuidar a niños y niñas en condiciones que no cuidan a las educadoras. Y por eso la tramitación de esta ley importa, con todas las enmiendas para defender las competencias de los territorios que hagan falta, porque lo que está diciendo el profesorado es cierto, y es que la escuela pública no se defiende sola, tenemos que defenderla el conjunto de personas que creemos en una educación pública de calidad y, en mi caso, en valenciano.

Gracias.

Grazas, señora presidenta. Moi boa tarde. Señora ministra, acho que hoxe ninguén cuestiona que un menor número de alumnos e alumnas por aula permite unha atención máis personalizada, reduce o estrés e a carga docente e favorece a aprendizaxe. Sabémolo os e as docentes e sábeno as administracións competentes e sábeo tamén o conxunto da sociedade. Se non se avanzou máis até agora é porque nin sempre as prioridades están claras ou son consensuadas. Para uns, especialmente para o Partido Popular, a prioridade é favorecer o ensino privado e iso destina inxentes cantidades de recursos públicos que deberían ir para mellorar o ensino público, por exemplo, baixando ratios. Para outros —‌e aquí caben tanto o PP como o Partido Socialista— é prioritario gastar recursos esenciais en comprar bombas, tanques, cazas, mísiles, en vez de destinalos a educación ou a sanidade. En todo caso, a proposta que hoxe debatemos de reducir o horario lectivo e ratios é positiva, aínda que sexa insuficiente e poida ser criticada por falta de diálogo con forzas políticas e administracións competentes. Insuficiente porque está ben baixar a ratio por aula a 22 en primaria e a 25 en secundaria, mais esquecen facer o propio na educación infantil, onde a atención personalizada é máis necesaria e mesmo no bacharelato, onde conforme á norma estatal continúa situada en 35, en 35, 33 actualmente na Galiza pendente dun calendario para poder reducila a 30, calendario que a Consellería do Partido Popular está demorando porque na realidade non ten interese en que sexa aplicada na Galiza.

A mellora das condicións dos docentes e da docencia leva sido xa motivo de varias xornadas consecutivas de folga masiva do profesorado lideradas polo sindicato maioritario e a Confederación Intersindical Galega CIG Ensino. E fronte a isto, o Partido Popular continúa desprezando as reivindicacións xustas que contribuirían a mellorar a calidade do ensino no noso país. Por principio, e acabo, non nos gusta que sexa o Estado o que obrigue asumindo competencias que non lle corresponden porque debería ser a administración galega que actuase. Por iso traballamos para que se non o fai esta do Partido Popular, moi axiña haxa a fronte de Galiza un goberno diferente con interese en defender e mellorar o ensino público. Mais hoxe estamos diante dunha proposta que mellora e, por tanto, imos votar a favor.

Moito obrigado.

Gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes. Señora ministra, considero que hoy nadie cuestiona que un menor número de alumnos y alumnas por aula permite una atención más personalizada, reduce el estrés, la carga docente y favorece el aprendizaje. Lo sabemos las docentes, las Administraciones competentes y también el conjunto de la sociedad. Si no se avanzó más hasta ahora fue porque no siempre las prioridades estuvieron claras o fueron consensuadas para unos, especialmente para el Partido Popular. La prioridad es favorecer la enseñanza privada, a donde destina ingentes cantidades de recursos públicos que deberían ir a mejorar la enseñanza pública, por ejemplo, bajando ratios. Para otros ―y aquí caben tanto PP como Partido Socialista― es prioritario gastar recursos esenciales en comprar bombas, tanques, cazas o misiles, en lugar de destinarlos a educación o sanidad. En todo caso, la propuesta que hoy debatimos de reducir el horario lectivo y ratios es positiva, aunque sea insuficiente y pueda criticarse por falta de diálogo con fuerzas políticas y Administraciones competentes. Es insuficiente, porque está bien bajar la ratio por aula a veintidós en primaria y a veinticinco en secundaria, pero se olvidan de hacer lo mismo en la educación infantil, donde la atención personalizada es más necesaria, y también en el bachillerato, donde, conforme a la norma estatal, sigue situada en treinta y cinco ―en treinta y cinco―, treinta y tres actualmente en Galicia, con un calendario para poder reducirla a treinta. Calendario que la consellería del Partido Popular está demorando, porque en realidad no tiene interés en que se aplique. En Galicia, la mejora de las condiciones de los docentes y de la docencia lleva siendo motivo de varias jornadas consecutivas de huelga masiva del profesorado, lideradas por el sindicato mayoritario Confederación Intersindical Galega, CIG‑Ensino. Frente a esto, el Partido Popular sigue despreciando reivindicaciones justas que contribuirían a mejorar la calidad de la enseñanza en nuestro país. Por principio ―y acabo―, no nos gusta que sea el Estado el que obligue y asuma competencias que no le corresponden, porque debería ser la Administración gallega la que actuase. Por eso trabajamos, para que, si no lo hace esta del Partido Popular, muy pronto haya al frente de Galicia un Gobierno diferente, con interés en defender y mejorar la enseñanza pública. Pero hoy estamos ante una propuesta que mejora y, por tanto, vamos a votar a favor. Muchas gracias.

Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. El 20 de noviembre del año 2011 se celebraron elecciones generales en España y el Partido Popular de Rajoy ganó con mayoría absoluta. ¿Se acuerda, ministra, cuánto tardó el Partido Popular en destrozar la escuela pública y en subir las ratios? Cinco meses. Repito, cinco meses. El 20 de abril del año 2012 el Partido Popular aprobó un real decretoley de recortes en educación pública que destrozó nuestra escuela, y ustedes han tardado ocho años ―ocho años, repito― en traer no un real decreto ley, sino un proyecto de ley para rebajar las ratios en el curso 2031‑2032. Yo creo ―y se lo digo sin sorna, ministra― que no se puede tomar a la gente por tonta, no se puede. Explíquenos con qué votos va a sacar adelante usted este proyecto de ley si Junts está pidiendo elecciones generales y el Partido Nacionalista Vasco unos presupuestos generales del Estado imposibles. Creo que la situación de la educación pública en España es muy seria y que no se puede tomar el pelo a la gente.

Yo hoy tengo un mensaje para la comunidad educativa, para las profes y los profes que están dando una lección de dignidad con la vaga indefinida en el país valencià, en Cataluña, en Aragón, en Madrid; para las educadoras infantiles de la Comunidad de Madrid, que llevan dos meses y medio en huelga indefinida; y también para las compañeras de Galicia, que han dado una lección de dignidad. Hay un camino para mejorar la educación pública en España, pero no es el camino que señala el Gobierno del Partido Socialista, sino volver a hacer política en primera persona, como está haciendo la comunidad educativa, que se ha echado a las calles y que va a empezar el curso educativo con huelgas indefinidas. Es un camino difícil, es un camino sin atajos, pero la lucha siempre sirve. El ejemplo de la Comunidad Valenciana es evidente: se ha conseguido más de un Gobierno del Partido Popular peleando en las calles con esa huelga indefinida, que de un Gobierno del Partido Socialista. (Aplausos).

La gente está profundamente decepcionada, ministra. Yo creo que haber delegado en el Partido Socialista la consecución de los objetivos de transformación ha sido un error y que cada vez más gente se está dando cuenta. Ojalá la gente pelee en primera persona para volver a hacer posible lo que nos dicen que es imposible.

Termino. Le pregunto, ministra, a qué están esperando para echar a la calle a ese policía que le reventó la nariz a una profesora jubilada, que lo único que estaba haciendo era defender los derechos de sus compañeras. (Aplausos). Ese señor violento tenía que haber sido expulsado del cuerpo inmediatamente.

Muchas gracias. (Aplausos).

Eskerrik asko, mahaiburu andrea. Ministra andrea, jaun‑andreok, gaur eztabaidatzen ari garen lege proiektuak hezkuntza komunitateak urte luzez aldarrikatu dituen bi gai jorratzen ditu: ratioen murrizketa eta irakasleen lan‑baldintzen hobekuntza. Euskal Herria Bildutik aurrerapauso gisa ikusten dugu, eta hala da, bere egiten duelako ageri agerikoa izan beharko lukeen ideia bat. Hezkuntzaren kalitatea, gure hezkuntza sistemei egunero eusten dietenen lan‑baldintzen araberakoa ere badela. Irakasleen ikastordu karga murriztea eta ikasgelako ikasle kopurua gutxitzea neurri positiboak dira. Eskolak prestatzeari, irakasleen arteko koordinazioari, arreta indibidualizatua eta familiekin egin beharreko lanari denbora gehiago ematea ahalbidetzen dute, eta, batez ere, funts publikoekin finantzatutako ikastetxe guztietan hezkuntza inklusiboago, bidezkoago eta kalitate handiagoko baterantz aurrera egitea.

Gracias, presidenta. Señora ministra, señorías, el proyecto de ley que debatimos hoy aborda dos cuestiones que la comunidad educativa ha reivindicado durante muchos años: se trata de la reducción de ratios y la mejora de las condiciones laborales del profesorado. En Euskal Herria Bildu esto lo vemos como un avance, y lo es, porque hace suya una idea que debería ser evidente: la calidad de la educación también depende de las condiciones laborales de quienes sostienen a diario nuestro sistema educativo. Reducir la carga lectiva del profesorado y reducir el número de alumnos y alumnas por aula son medidas positivas y, además, permiten dedicar más tiempo a la preparación de las clases, a la coordinación entre el profesorado, a la atención individualizada y al trabajo con las familias, y sobre todo en todos los centros educativos financiados con fondos públicos, permite avanzar hacia una educación más inclusiva, equitativa y de mayor calidad.

Por eso Euskal Herria Bildu va a mantener una actitud favorable hacia la tramitación de esta iniciativa, siempre que se respeten escrupulosamente nuestras competencias exclusivas en la materia, y es por lo que velaremos durante la tramitación de este proyecto de ley, si es que se lleva a cabo. Velaremos por que el Gobierno del Estado no invada competencias que no le corresponden, por que no se sobrelegisle y por que no haya intentos de uniformización. Es decir, por que solo se establezcan las bases sobre las que cada comunidad autónoma pueda trabajar para mejorarlas, adecuándolas a sus diferentes realidades. Entendemos que ese es el espíritu de la ley y por eso mismo compartimos muchas de las preocupaciones que el Grupo Vasco plantea en su enmienda a la totalidad. De hecho, creemos que es crucial que este proceso se lleve a cabo en cooperación con las Administraciones competentes y también con las organizaciones sociales y sindicales representativas en cada comunidad autónoma, tomando conciencia de la situación y de las singularidades de cada una de ellas y analizando cómo superar las dificultades tanto de financiación como de organización o planificación que un proceso tan complejo como este pueda acarrear. Por esa misma complejidad, consideramos que es un proceso que debe llevarse a cabo con tranquilidad, progresiva y planificadamente, en plazos que se puedan cumplir y garantizando su viabilidad presupuestaria para que sea asumible por las Administraciones competentes y no acaben quedando en papel mojado.

De cualquier modo, no creemos que esas sean barreras infranqueables. Es cuestión de voluntad política, y asumimos que la tienen. Por lo tanto, como decíamos, favoreceremos la tramitación del proyecto de ley y votaremos en contra de las enmiendas a la totalidad presentadas.

Ahora bien, señorías del Grupo Vasco, nos ha sorprendido gratamente que hayan apuntado la necesidad de trabajar esta propuesta en cooperación con las organizaciones sindicales representativas del sector en la Comunidad Autónoma vasca. Es decir, con la mayoría sindical vasca. Y decimos que nos ha sorprendido gratamente porque estamos convencidas de que si se lo están exigiendo al Ministerio de Educación ―cosa que nos parece perfecta―, será porque por fin han tomado ustedes la decisión de hacer lo propio en los acuerdos de cualquier sector que se tome en la comunidad autónoma que ustedes gobiernan y acordarán siempre con la mayoría sindical vasca. Si eso es así, créanme, señorías, la mayoría sindical vasca se alegrará, al menos, tanto como nosotras.

Eta lege proiektura itzuliz, esan dugun bezala, aurrerapausoa dela uste badugu ere, gabezia garrantzitsuak dituela ere iruditzen zaigu, tartean anbizio falta. Hezkuntza sistemak dituen erronka askotarikoez hitz egin genezake, eta legearen izapidetzean egingo dugu, aurrera egiten badu behintzat. Baina gaur hiru elementutan jarri nahi dugu arreta. Lehenengoa eskola segregazioa da. Segregazioa gaur egun hezkuntza desberdintasunaren eragile nagusietako bat da, eta badakigu egoera horrek milaka haur eta gazteren hezkuntza aukerak sakon baldintzatzen dituela. Ildo horretan, proiektuak aitortzen du ikastetxe batzuek baliabide gehigarriak eta ratioen egokitzapena behar dituztela. Urrats positiboa da, baina ez da nahikoa.

Volviendo al proyecto de ley, como hemos dicho antes, consideramos que es un paso adelante, pero también encontramos carencias muy importantes, entre ellas una clara falta de ambición. Podríamos hablar de numerosos retos de diversa índole en el ámbito de la educación ―y lo haremos en la tramitación del proyecto de ley, si es que avanza―, pero hoy queremos centrarnos en tres elementos. El primer elemento es la segregación escolar. Hoy en día, la segregación es uno de los principales causantes de la desigualdad educativa, y sabemos que esta situación condiciona profundamente las posibilidades educativas de miles de niños, niñas y jóvenes. En este sentido, este proyecto reconoce que algunos centros necesitan recursos adicionales y también adecuación de ratios. Este es un avance positivo, pero no es suficiente.

Porque no podemos hablar de equidad únicamente desde la reducción general de ratios. Debemos hablar también de cómo distribuimos las oportunidades educativas, de cómo distribuimos los recursos y de cómo potenciar una escolarización equilibrada del alumnado en todos los centros sostenidos con fondos públicos, para dar un marco habilitador a las comunidades autónomas, algunas de las cuales, de hecho, ya están intentando poner medidas contra la segregación escolar, como la Comunidad Autónoma Vasca, por ejemplo.

Bigarren elementua bilakaera demografikoa da. Testuak jaiotze tasaren beherakada eta ikasle kopuruaren murrizketa progresiboa aipatzen ditu, baina batez ere, ratio berriak aplikatzea erraztuko duen faktore gisa. Gure ustez, askoz ere garrantzitsuagoa den zerbaiten aurrean gaude. Jaiotza kopuruaren jaitsierak gure hezkuntza sistemak hobetzeko aukera eskaintzen du.

El segundo elemento es la evolución demográfica. El texto habla de la caída de la natalidad y de la progresiva reducción del número de alumnos y alumnas, pero lo hace, sobre todo, como un factor que facilitará la aplicación de nuevas ratios. Y pensamos, sin embargo, que estamos ante algo mucho más relevante. El descenso del número de nacimientos ofrece la posibilidad de mejorar nuestros sistemas educativos.

Durante años hemos escuchado que reducir ratios era difícil por razones presupuestarias o de planificación. Hoy disponemos de una circunstancia objetiva que permite hacerlo de forma gradual y sostenible. La pregunta es sencilla: ¿vamos a utilizar el descenso demográfico para recortar recursos, para cerrar aulas y para desplazar a profesorado y alumnado, como pretendía hacer, por ejemplo, el Gobierno de Nafarroa? ¿O vamos a utilizarlo para mejorar la calidad de la educación? Nuestra respuesta es clara: debemos aprovechar esta realidad para reforzar la atención personalizada, para consolidar plantillas, para fortalecer la educación inclusiva y para garantizar, por ejemplo, la existencia de escuelas en el medio rural y en aquellas zonas donde la escuela constituye un elemento esencial de cohesión social y territorial. Porque la caída de la natalidad no debe traducirse en menos escuelas, sino en mejor escuela. Este es un aspecto que corresponde eminentemente a los Gobiernos de las comunidades autónomas, pero creemos que en la redacción de esta ley debería ser también tenido en cuenta.

Y un tercer elemento que también consideramos fundamental es la educación infantil. Si existe una etapa decisiva para combatir desigualdades, para favorecer el desarrollo integral de los y las niñas y para garantizar la igualdad de oportunidades, esa es la educación infantil. Sin embargo, el proyecto deja esta etapa pendiente de una regulación posterior.

Desde Euskal Herria Bildu defendemos que la etapa 0‑6 debe ser concebida como una etapa educativa única, coherente y plenamente integrada en las políticas públicas de educación. Por ello, creemos que la ley debería incorporar de manera expresa objetivos de mejora de ratios y recursos tanto para el primer ciclo, de 0 a 3 años, como para el segundo ciclo, de 3 a 6 años. Porque la igualdad de oportunidades no comienza ni a los 6 años ni a los 3: comienza el primer día de vida.

Amaitzeko, jaun‑andreok, uste dugu lege hau bere eskumen esparrua gainditzen ez badu, norabide egokian emandako aurrerapausoa izan daitekeela. Irakasleen eskubideak aitortzen ditu, ratioak murrizten ditu, hezkuntza inklusioaren printzipioa indartzen du, ikasleen arreta hobetzen du, baina legearen izapidetze parlamentarioa anbizio handiagoz jokatzeko erabili beharko genukeela ere uste dugu. Anbizio hori txertatzeko gai bagara, etorkizuneko erronkei erantzuteko bidezkoagoa, inklusiboagoa eta prestatuagoa egongo den hezkuntza eraikitzen ariko gara.

Besterik ez. Eskerrik asko.

Y para terminar, señorías, creemos que esta ley, si no trasciende su ámbito competencial, puede ser un avance en la dirección correcta. Reconoce los derechos del profesorado, reduce ratios, refuerza el principio de inclusión educativa y mejora la atención al alumnado. Pero deberíamos aprovechar esta tramitación parlamentaria de la ley para ser mucho más ambiciosos. Si somos capaces de incorporar esta ambición para responder a los retos del futuro, estaremos construyendo un sistema educativo que sea más justo, inclusivo y preparado.

Nada más. Muchas gracias. (Aplausos).

Bé, moltes gràcies. Abans d’entrar en el fons del debat, vull deixar clar que, des d’Esquerra Republicana, compartim plenament la necessitat de millorar les condicions de la docència en tot el seu conjunt i això comporta que, evidentment, compartim també la voluntat de reduir les ràtios a les aules, que només és una petita part de les reivindicacions dels i les mestres. No tenim cap problema amb l’objectiu que inspira aquesta iniciativa. De fet, fa molts anys que defensem que una reducció de ràtios facilita una atenció més personalitzada, afavoreix la inclusió educativa i permet als professionals desenvolupar millor la seva feina. L’educació és probablement una de les polítiques públiques que més condicionen el futur d’una societat. Quan parlem d’escola, quan parlem de les condicions en què treballen els docents o de les oportunitats que oferim als nostres infants i joves no estem discutint un tema concret o sectorial. Estem discutint sobretot sobre quin model de societat volem construir. Ara bé, dit això, hem de ser honestos, senyora ministra. Els reptes que avui té l’educació no es resolen només modificant una xifra en una llei. I si alguna cosa hem après de les últimes setmanes escoltant la comunitat educativa catalana és precisament això. Els i les mestres, els professors i les professores, els equips directius, les famílies i els representants sindicals no es limiten a sortir als carrers a Catalunya a reclamar la reducció del nombre d’alumnes per aula. Ens parlen de les dificultats per desplegar una escola inclusiva amb garanties. Ens parlen de la manca de professionals de suport. Ens parlen de la necessitat de reforçar els serveis d’orientació i atenció educativa, dels centres d’alta complexitat, que continuen assumint reptes enormes, amb recursos insuficients i que van veure fa uns mesos com el Govern de Salvador Illa els retallava les educadores socials i les tècniques d’inclusió. I ens parlen, sobretot, de la necessitat de dignificar una professió, que fa massa anys ha hagut de suportar retallades, sobrecàrregues i manques de reconeixement. De fet, amb el cap ben alt, vull dir que ha estat Esquerra Republicana qui s’ha deixat la pell a Catalunya durant anys per revertir unes retallades brutals del Govern d’Artur Mas, de Convergència i Unió. Ha sigut Esquerra Republicana qui s’ha encarregat d’arremangar‑se en plenes demandes del sector educatiu per aconseguir uns pressupostos de la Generalitat amb 500 milions d’euros per satisfer les demandes del col·lectiu i que el PSC no tingui cap excusa per no fer‑ho. I ho recordo perquè sovint és fàcil compartir els objectius, però és molt més difícil posar‑hi recursos. I nosaltres hem demostrat que quan hem tingut capacitat de fer ho hem prioritzat l’educació pública. Precisament per això no ens preocupa que aquest projecte de llei plantegi objectius que poden ser compartibles però que no resolgui de manera satisfactòria una qüestió essencial, que és com es finançaran. Senyories, reduir ràtios no és gratis. Reduir ràtios implica contractar més docents, crear nous grups, habilitar nous espais, adaptar les infraestructures i assumir una despesa estructural que es mantindrà durant molts anys. Tot i així, una vegada més tenim la sensació que l’Estat fixa unes obligacions mentre deixa a mans de les comunitats autònomes bona part de l’esforç necessari per fer‑les efectives. Un cop més, vostès conviden a la festa i nosaltres paguem el sopar. Però no només hi ha un problema d’ambició i de recursos. Hi ha un altre tema que saben que, per nosaltres, és igualment important. L’educació és una competència que Catalunya exerceix de manera àmplia i consolidada. És la Generalitat qui coneix la realitat dels centres, qui planifica la xarxa educativa, qui distribueix els recursos i qui ha de donar la resposta a les necessitats concretes del territori. Per això, ens preocupa la tendència del seu govern a ampliar progressivament l’abast de la regulació bàsica fins a entrar en àmbits que afecten directament a la capacitat de planificació dels territoris. No ho diem perquè ens oposem a la reducció de ràtios. De fet, la nostra posició o la posició d’Esquerra Republicana és més exigent que la que planteja el mateix projecte de llei. Fa temps que defensem que a primària hauríem d’avançar cap a ràtios de màxim vint alumnes per aula.

Però una cosa és compartir un objectiu i l’altra és acceptar que les decisions es prenguin cada vegada més lluny dels centres que després les han d’aplicar. Les necessitats educatives no són iguals a tot arreu. No són iguals en una escola rural que en un institut de l’àrea metropolitana. No són iguals en un centre amb elevada complexitat social que en un centre amb una realitat completament diferent. I precisament per això pensem que les polítiques educatives necessiten proximitat, flexibilitat i capacitat d’adaptació. També pensem que aquest debat hauria de ser molt més ambiciós. Si volem parlar seriosament de qualitat educativa, hem de parlar de segregació escolar, d’inclusió, de salut mental, de lluita contra l’abandonament escolar, de recursos per als centres amb més dificultats i de la dignificació de la professió docent. Les ràtios formen part de la solució, és cert, però no són la solució.

Per tot això, el nostre grup té clar que aquest projecte de llei que planteja el Govern no pot veure la llum tal i com vostès l’han redactat, però també creiem que la resposta adequada no seria impedir‑ne la tramitació, perquè hi ha una aspiració legítima de millorar les condicions de la docència i una demanda real a continuar reduint les ràtios —‌això és cert— i perquè pensem que el tràmit parlamentari és on precisament s’ha de fer tota aquesta feina.

Moltes gràcies.

Muchas gracias. Antes de entrar en el fondo del asunto, quisiera dejar claro que en Esquerra Republicana compartimos plenamente la necesidad de mejorar las condiciones de la docencia en todo su conjunto. Todo ello comporta, evidentemente, que también compartimos la voluntad de reducir las ratios en las aulas, que solo es una pequeña parte de las reivindicaciones de los y las maestras. No tenemos ningún problema con este objetivo y esta iniciativa. Hace muchos años que defendemos una reducción de ratios, lo cual mejora la atención personalizada y permite a los profesionales desarrollar mejor su trabajo. La educación, probablemente, es una de las políticas públicas que más condicionan el futuro de una sociedad. Cuando hablamos de escuela, cuando hablamos de las condiciones en las que trabajan los docentes o de las oportunidades que ofrecemos a nuestros niños y jóvenes, no discutimos un tema concreto sectorial. Estamos hablando, sobre todo, de qué modelo de sociedad queremos construir. Dicho esto, hemos de ser honestos. Los retos de la educación de hoy no se resuelven solo modificando un artículo de una ley. Si hemos aprendido algo de las últimas semanas escuchando a la comunidad educativa catalana es precisamente esto. Los y las maestras, profesores y profesoras, equipos directivos, familias y representantes sindicales no se limitan a salir a la calle en Cataluña para pedir la reducción de los alumnos en las aulas. Nos hablan de las dificultades para desplegar una escuela inclusiva con garantías; nos hablan de la falta de profesionales de apoyo, de la necesidad de reforzar los servicios de orientación y atención educativa, de los centros de alta complejidad que continúan enfrentando retos sin recursos suficientes ―hace poco vimos cómo el Gobierno trabajador del señor Illa les aplicaba recortes―; y, sobre todo, nos hablan de la necesidad de dignificar una profesión que hace demasiados años ha debido soportar sobrecargas, recortes y falta de reconocimiento. Quisiera decir que es Esquerra Republicana quien se dejó la piel en Cataluña durante años para revertir los recortes brutales del Gobierno de Mas y Convergència i Unió. Fue un Gobierno de Esquerra quien se ha encargado de intentar conseguir unos presupuestos de la Generalitat con 500 millones de euros para satisfacer las demandas del colectivo, y el PSC no tuvo ninguna excusa para no hacerlo. Lo recuerdo porque, a menudo, es fácil compartir los objetivos, pero es mucho más difícil poner recursos. Nosotros hemos demostrado que cuando hemos tenido capacidad de hacerlo, hemos dado prioridad a la educación pública. Precisamente por eso no nos preocupa que este proyecto de ley plantee objetivos que podemos compartir, pero que no resuelve de forma satisfactoria una cuestión esencial. A saber: cómo se van a financiar.

Señorías, reducir ratios no sale gratis. Reducir ratios implica contratar más docentes, habilitar nuevos espacios, habilitar las infraestructuras y asumir un gasto estructural que se va a mantener durante años. Así y todo, una vez más, tenemos la sensación de que el Estado fija unas obligaciones mientras deja a las comunidades autónomas buena parte del esfuerzo necesario para hacerlos efectivos. Una vez más, ustedes invitan a la fiesta y nosotros pagamos la cena. Pero no solo hay un problema de ambición y de recursos. Hay otro tema que saben que para nosotros es igualmente importante. A saber: la educación es una competencia que Cataluña ejerce de forma amplia y consolidada. Es la Generalitat quien conoce la realidad de los centros, quien planifica la red educativa, quien distribuye los recursos y quien debe dar respuesta a las necesidades concretas del territorio. Por eso, nos preocupa la tendencia de su Gobierno a ampliar progresivamente el alcance de la regulación básica hasta entrar en ámbitos que afectan directamente a la capacidad de planificación de los territorios. Y no lo decimos porque nos opongamos a la reducción de ratios. De hecho, la postura de Esquerra Republicana es más exigente que la que plantea el propio proyecto de ley. Hace tiempo que defendemos que en primaria deberíamos dirigirnos a una ratio como máximo de veinte alumnos por aula.

Pero una cosa es compartir un objetivo y otra es aceptar que las decisiones se tomen cada vez más lejos de los centros que luego las tienen que aplicar. Las necesidades educativas no son las mismas en todas partes. No es lo mismo una escuela rural que un instituto del área metropolitana. No son iguales en un centro con mucha complejidad social que en un centro con una realidad completamente distinta. Por eso pensamos precisamente que las políticas educativas necesitan proximidad, flexibilidad y también capacidad de adaptación. También creemos que este debate debería ser mucho más ambicioso. Si queremos hablar seriamente de calidad educativa, debemos hablar de segregación escolar, de inclusión, de salud mental, de lucha contra el abandono escolar, de recursos para centros con más dificultades y de la dignificación de la profesión docente. Las ratios forman parte de la solución, cierto, pero no son la solución.

Por todo eso, nuestro grupo tiene claro que este proyecto de ley que plantea el Gobierno no puede ver la luz tal y como ustedes lo han redactado. Pero también creemos que la respuesta adecuada no sería impedir su tramitación, porque hay una aspiración legítima de mejorar las condiciones de la docencia y una demanda real de continuar reduciendo las ratios, eso es cierto, y porque pensamos que es en el trámite parlamentario donde precisamente hay que hacer todo ese trabajo.

Muchas gracias. (Aplausos).

Buenas tardes, señorías. Imagino que en ayunas la mayoría.

Cuando hablamos de educación sé de lo que hablo. Como profesor de enseñanza pública y padre de dos niñas, sé del poder democratizador de la escuela pública, porque cuando se la ataca y se la debilita, se debilita y se ataca a la democracia misma. Por eso vaya por delante el reconocimiento a quienes luchan por la escuela pública, al profesorado que está ocupando las calles y que no se resigna (aplausos), a esas madres y padres que pelean por que sus hijos con necesidades tengan la atención que merecen, a esas trabajadoras de educación infantil de 0 a 3 años, a ese personal técnico de integración social que sufre la precariedad en los colegios andaluces aunque sostiene la inclusión, a esas plataformas por la bioclimatización de los centros educativos porque es un derecho, a esos sindicatos que están detrás de todas y cada una de esas luchas y, cómo no, a todos esos y esas profesionales que cada día cruzan la puerta de un centro educativo para dar lo mejor de ellos mismos, de ellas mismas, porque saben que entre sus manos está lo más preciado de este país: las jóvenes generaciones que han de construir el futuro. (Aplausos).

El derecho a la educación es un derecho humano fundamental y en nuestro país solo se ha materializado con plenitud en democracia. Insisto en esta relación, porque la calidad de la escuela pública mide la calidad de la democracia y porque precisamente quienes quieren atacar la democracia a lo primero que apuntan es a la educación inclusiva, a la escuela pública, a maestros y a maestras. Durante la Transición, en muchos pueblos y en muchos barrios de nuestro país la gente interpretó que luchar por la democracia era luchar por derechos concretos ―votar en libertad, tener un colegio público digno para sus hijos e hijas, tener un centro de salud―, y he de decir que aquella intuición era acertada, porque el progreso social que se ha experimentado en este país en las últimas décadas no se entendería sin la fortaleza de servicios públicos como la escuela pública, que ha brindado oportunidades a los hijos e hijas de la clase trabajadora, que ha mitigado desigualdades y que ha contribuido a modernizar el modelo productivo. Sin embargo, políticas neoliberales y fuerzas reaccionarias en este país y en otros países han visto claramente cómo la escuela pública era un obstáculo en su proyecto de sociedad excluyente y clasista, y las consecuencias de esas políticas neoliberales se expresan en los tres grandes problemas que tiene hoy nuestro sistema educativo.

Primero, el profesorado sufre cada vez peores condiciones a la par que se espera más de ellos en aulas más diversas y exigentes, salarios reales estancados, jornadas extenuantes, estresantes, y, cómo no, una enorme carga burocrática que está haciendo que caigan en el pesimismo y la desafección. Segundo, la inclusión educativa está en cuestión. La escuela pública no es el hogar de la diversidad que debería ser cuando al alumnado con más necesidades se le lleva al rincón de la clase por falta de atención. Por lo tanto, la escuela pública es la que se ha de adaptar a las necesidades del alumno y de la alumna para superar esas barreras y evitar que quede excluida del aprendizaje. Y tercero, las cifras advierten una clara tendencia a la privatización. Mientras que en la OCDE el 84,9 % del alumnado está en la escuela pública, en nuestro país apenas el 68 %. Es decir, la educación infantil de 0 a 3 está en manos de las empresas; la Formación Profesional es hoy el nicho de negocio de los fondos de inversión, y, mientras que en la enseñanza primaria y secundaria se están cerrando aulas públicas, aumentan los conciertos, la inmensa mayoría con la Iglesia católica. Como consecuencia, más privatización, confesionalidad y segregación. (Aplausos). Y esto contrasta con el hecho de que los países con mejores resultados educativos son los que más protagonismo dan a la escuela pública.

Este proyecto de ley no va a resolver estos tres grandes problemas, pero avanza en la buena dirección. Este proyecto de ley va a contracorriente de los recortes y de las políticas neoliberales. Frente a la concepción de la educación como un negocio, la educación como un derecho. Y también va a contracorriente de la batalla cultural que libra la ultraderecha. Frente a esa estigmatización de la educación inclusive del profesorado, nosotros queremos más inclusión y dignificar la escuela pública. Es un proyecto de ley que plantea cuestiones de justicia y de sentido común. Medidas de mejora de la docencia, reduciendo la jornada lectiva y acabando con esta situación de desigualdad entre el profesorado de distintas Administraciones educativas. Mejorar las condiciones del profesorado es mejorar la educación para todos y todas. Reducir el número máximo de alumnos y alumnas por aula y, muy especialmente, computar doble al alumnado que presente necesidades educativas especiales, porque resulta que el 75 % de este alumnado con más necesidades está en la escuela pública. Esto fortalece la escuela pública. Donde hay más atención habrá más igualdad. Y, cómo no, mejorar la atención específica del alumnado fijando esos indicadores de referencia para adoptar medidas concretas y regulando las condiciones mínimas de dotación de apoyos especializados que respondan a la diversidad del alumnado. Porque la diversidad no es un problema que gestionar, es una riqueza que atender.

PNV y Junts nos presentan enmiendas a la totalidad con discrepancias de orden estatutario. Frente a lo que plantean sus enmiendas a la totalidad, considero que en este proyecto de ley el Estado garantiza un suelo de derechos, no un modelo único. Ni uniformización ni vaciado de contenido. Se trata de establecer estándares de calidad esenciales porque el Estado tiene la competencia exclusiva para regular las condiciones básicas, y hay jurisprudencia. El Tribunal Constitucional considera en las sentencias 68/2021 y 132/2019 ―literal― que este tipo de medidas son un instrumento legítimo para asegurar la cohesión y la equidad del sistema en su conjunto.

Por lo tanto, señorías, este proyecto de ley debe tramitarse. Tiene que mejorarse y tiene que aprobarse finalmente tras su tramitación. Demos hoy este primer paso. Mejorar las condiciones de la escuela pública es fortalecer la democracia, porque no hay democracia plena cuando el futuro de los niños y las niñas ya está establecido en su código postal. Porque no hay democracia plena cuando al profesorado se le exige cada vez más y se le reconoce menos. Votemos pensando en ellos, votemos pensando en ellas. Cuando gana la escuela pública, gana la democracia. (Aplausos).

Señorías, buenas tardes. El Grupo Vasco y Junts se oponen a esta reforma, pero no por su contenido, sino porque invade el marco competencial. A nosotros no nos gusta en modo alguno este proyecto de ley, pero tampoco nos gusta que tengan ese marco competencial. Estas enmiendas a la totalidad son prueba de que los grupos separatistas no tienen ningún interés en la enseñanza más allá de su utilización para difundir mentiras, tergiversaciones históricas orientadas a generar odio a España, así como el fomento de su ideología separatista. (Aplausos). Algunos ejemplos de esto. Señores del Grupo Vasco, ¿qué está pasando con los estudiantes que hicieron la prueba de acceso a la universidad según el modelo A, de enseñanza en español, que han conseguido varias series de ceros cuando en otras asignaturas, como matemáticas o física, tenían muy buenas notas? ¿Están mandando el mensaje de que para entrar en la universidad hace falta saber euskera? Por no mencionar el desastre que tienen ustedes en Cataluña y en el País Vasco en relación con las notas de las pruebas externas, que el Partido Nacionalista Vasco ha solucionado de un modo muy original: como los resultados son desastrosos, han decidido que no se vuelven a presentar a esas pruebas. Y, en cuanto a las evaluaciones internas, lo que hacen es no publicarlas. Además, la vergüenza en Cataluña y en el País Vasco de la inmersión lingüística, que obliga a los alumnos hispanohablantes a recibir clases en un idioma extraño, alumnos que además pertenecen a los estratos menos pudientes de estas regiones, y todo esto construido sobre la mentira de una lengua vernácula como lengua vehicular. Ayer decía el ministro Bolaños que no se preocupasen ustedes, que en los juicios todo el mundo va a poder expresarse en su lengua materna. Pues, en el País Vasco, la lengua materna de los vascos es en un 90 % de los casos el español. (Aplausos). Y es curioso que ahora se opongan a una reforma no porque su contenido material no les convenza, sino solo porque invade el marco competencial. Curioso, porque no faltan ejemplos en los últimos treinta años de decretos y leyes que, invadiendo las competencias autonómicas, han sido, sin embargo, votados favorablemente tanto por el PNV como por Junts, antes Convergència. En 1994, con Convergència como socio indispensable del Gobierno del PSOE de Felipe González, votaron a favor de la flexibilización del mercado laboral, que uniformaba los criterios laborales a escala nacional, a cambio, por supuesto, de la cesión del 15 % del IRPF y de la gestión de la seguridad ciudadana mediante la sustitución de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por los Mossos d’ Esquadra, así como garantías para el modelo de inmersión lingüística. También apoyaron la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, de principios de 1996. Votaron favorablemente a cambio de concesiones fiscales, cuando la invasión competencial era obvia, puesto que los estatutos de autonomía del País Vasco y Cataluña establecen que la ordenación de la actividad económica comercial es competencia exclusiva de estas autonomías. Grotesco, porque un año después se opusieron a esa misma ley que habían votado favorablemente. En 2010, bajo el Gobierno del ‘señor de los anillos’ ―es decir, el señor Zapatero― (risas y aplausos), PNV y Convergència i Unió apoyaron la reforma de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante; una ley impulsada por el Gobierno de Zapatero que también invadía el marco competencial al mantener un fuerte control centralizado de las tasas y de la coordinación estatal a través del organismo Puertos del Estado. Lo aceptaron, claro, con la condición de que se incrementara el peso de estas regiones en la elección directa de los presidentes de las autoridades portuarias. En 2009 apoyaron el rescate de las cajas de ahorros y su reestructuración por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, cuando las cajas de ahorros eran una competencia exclusiva de las autonomías y especialmente protegidas en los estatutos de autonomía vasco y catalán. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de que se blindara la estructura interna de las cajas del País Vasco, como el BBK, o de la Caixa en Cataluña, suerte que no corrieron otras cajas. Finalmente, apoyaron la ley de estabilidad presupuestaria de Cristóbal Montoro en 2012, que intervenía de facto la autonomía fiscal y de gasto de todas las comunidades autónomas, incluida la suya, obligándolas a cumplir el techo de gasto señalado por el Gobierno central. Pero ¿hubo alguna prebenda a cambio? Pues sí. A pesar de que el Partido Popular gozaba de mayoría absoluta, ustedes le concedieron ampliar el plazo para reducir su endeudamiento ―de ocho a veinte años―, la salvaguarda de las competencias autonómicas y la asistencia financiera con el Fondo de Liquidez Autonómico.

PNV y Junts se oponen a esta ley y aducen que se entromete en su marco competencial, cuando en estas ocasiones señaladas no tuvieron ningún problema en pasarse ese marco competencial por el arco del triunfo. (Aplausos). La misión de estos grupos separatistas, como es obvio, no es otra que sacar tajada de los débiles Gobiernos nacionales, sean estos del PSOE o del Partido Popular. Así que nos queda una duda y también una certeza. La duda es si estas enmiendas de totalidad obedecen a su interés por desmarcarse de un Gobierno que no puede ya ni disimular su pestilente corrupción o si se trata de que no han conseguido que el PSOE les ofrezca alguna prebenda económica a cambio del apoyo a sus propuestas, como vienen haciendo a lo largo de esta legislatura, perjudicando al resto de regiones españolas. La certeza que tengo es que estos dos grupos separatistas no están aquí para defender un mínimo de prudencia política. Es que ni siquiera están para defender el marco autonómico con sus competencias propias, sino para parasitar a la nación española cambiando de chaqueta según convenga (aplausos), admitiendo la invasión del marco competencial cuando interesa y aprovechando la absoluta falta de patriotismo del Partido Popular y del PSOE, que no tienen ningún empacho en pactar con los enemigos de la nación a cambio de seguir ejercitando el poder con vistas a mantener sus redes clientelares y su corrupción sistémica. Nosotros no apoyamos esta ley, pero estamos dispuestos a que se tramite y enmendarla.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Señora presidenta, ministra, señorías, vaya papelón que nos han traído hoy tanto Junts como el Grupo Vasco. Han demostrado claramente que no están a la altura de lo que demanda la educación pública en España. Francamente, las enmiendas a la totalidad que presentan no buscan mejorar este proyecto de ley. Lo que hacen es rechazarlo en bloque, y con ello dan la espalda a medidas educativas ampliamente demandadas por el profesorado y más que necesarias en el sistema educativo. Conviene decirlo con absoluta claridad: una enmienda a la totalidad no es una crítica constructiva, es una devolución completa del texto y eso resulta difícil de justificar cuando estamos ante una ley trabajada, dialogada y con un amplio respaldo social e institucional. Sí, institucional. (Aplausos). La reducción de ratios y de horas lectivas forma parte de la legislación básica del Estado, señorías. No supone una invasión competencial ni una recentralización, por mucho que ustedes se empeñen en repetir; supone garantizar un suelo común de derechos y condiciones en todo el territorio. Y sorprende, por ello, que quienes presumen de tener sistemas educativos avanzados en sus comunidades ahora rechacen medidas que van precisamente en la línea de mejorar la calidad y, desde luego, refuerzan la equidad en nuestro sistema. Y tampoco es cierto que este proyecto no parta del diálogo. Se ha abordado en la conferencia sectorial, y ustedes lo saben perfectamente. Se ha contado, por supuesto, con el aval del Consejo Escolar del Estado, del que también forman parte los consejos escolares autonómicos. Se ha dialogado con las mayores representaciones sindicales de nuestro país, a quienes, por cierto, aprovecho para saludar hoy, ya que se encuentran con nosotros, en la tribuna de invitados. Y ha habido diálogo con cada uno de los grupos parlamentarios. Así que no nos mientan, porque se ha hablado con ustedes, con cada uno de los grupos parlamentarios (el señor Agirretxea Urresti hace signos negativos), antes de que hubiese finalizado el proceso de registro en esta Cámara.

Esta norma mejora el sistema educativo en su conjunto, porque actúa donde verdaderamente se construye la educación: en las aulas. Y lo hace a través de tres ejes fundamentales: la bajada de la ratio, la mejora de las condiciones del profesorado y el refuerzo de la equidad, con especial atención a los contextos vulnerables.

En primer lugar, la bajada de las ratios. Reducir el número de alumnos por aula no es una consigna política en absoluto, es una medida avalada por la evidencia educativa. Menos alumnado significa una mejor atención individualizada, un mejor seguimiento del aprendizaje y una mayor capacidad para detectar las dificultades tempranas de aprendizaje. Pero esta ley va un paso más allá. No solo fija una mejora general de la ratio, sino que prevé una reducción más intensa en los entornos educativos de mayor complejidad social, que, por cierto, es donde la concentración de dificultades exige más recursos y más apoyo. Rechazar este proyecto implica renunciar tanto a la mejora general de las condiciones de la enseñanza como a una actuación específica en los contextos vulnerables. Y eso tiene consecuencias reales en la vida de los centros y del alumnado.

El segundo eje de la ley es el profesorado. El profesorado es el pilar del sistema educativo. Sin docentes reconocidos, respaldados y con condiciones dignas no hay una reforma posible ni una calidad educativa sostenible. Este proyecto mejora sus condiciones laborales mediante la reducción de horas lectivas. Esto se traduce en más tiempo para preparar clases, en más tiempo para coordinarse, innovar pedagógicamente y atender mejor al alumnado, que es precisamente el corazón del sistema educativo. En definitiva, se traduce en una enseñanza de mayor calidad. Pero esta ley también tiene una dimensión de reconocimiento, un reconocimiento al esfuerzo del profesorado, que durante los duros años de la pandemia estuvo a la altura de las circunstancias, rescatando el sistema educativo (aplausos) y garantizando el derecho de la educación en unos momentos de muy difícil desempeño. Y también reconoce la realidad actual de la diversidad en las aulas, unas aulas cada vez más complejas y exigentes. Así que mejorar las condiciones del profesorado no es un privilegio corporativo, es una inversión directa en la calidad del sistema educativo y en el bienestar de quienes lo hacen posible día a día.

El tercer pilar de esta norma es la equidad. Señorías, la igualdad real no es tratar a todos por igual, sino dar más a quien más lo necesita. Por eso la ley establece que el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo compute doble a efectos de ratio. Reconoce que hay alumnado que requiere más atención y más recursos y que el sistema debe estar en condiciones de ofrecérselo. En un contexto de creciente diversidad en las aulas, esta decisión no es opcional, es imprescindible. Y frente a los discursos que hablan de uniformidad, conviene subrayar que esta ley establece mínimos comunes, pero deja mucho margen y anima a las comunidades autónomas a ir más allá. Las comunidades no solo conservan sus competencias, sino que pueden y deben adoptar medidas adicionales de mejora adaptadas a su realidad, como se ha dicho anteriormente, reforzando ratios, reforzando recursos y apoyos allí donde lo consideren necesario. Y digo donde lo consideren necesario porque son sus competencias y pueden y deben seguir ejerciéndolas. (Aplausos). Este proyecto no limita la acción autonómica, la impulsa. Fija un marco básico de equidad y calidad y abre las puertas a que cada comunidad autónoma refuerce estas políticas educativas si así lo deciden. Por eso resulta especialmente llamativo que se utilice ese argumento competencial para rechazar una ley que combina responsabilidad estatal con capacidad de mejora autonómica.

Señorías, las enmiendas a la totalidad que hoy se debaten no plantean alternativas ni ajustes técnicos. Lo que hacen es decir no a la mejora de ratios, no a las mejores condiciones para el profesorado, no a una atención más justa a la diversidad y no a una educación más equitativa. La ciudadanía, las familias y el profesorado no pueden entender que esta Cámara pueda llegar incluso a pensar en rechazar un avance de esta naturaleza. Y el profesorado sabe bien que estas enmiendas no responden a la realidad diaria que ellos viven en las aulas, sino que responde a motivaciones políticas que nada tienen que ver con su tarea docente. (Aplausos).

Hoy debemos decir si optamos por la parálisis o por el avance. Este proyecto de ley apuesta claramente por avanzar. Por una educación pública más fuerte, por condiciones más justas para el profesorado y por una igualdad de oportunidades real para alumnado. Por todo ello, señorías, les pido que voten en contra de estas enmiendas a la totalidad y a favor de seguir construyendo una educación pública más justa, más equitativa y de más calidad.

Muchas gracias. (Aplausos).

Buenas tardes ya, señorías. La portavoz del Grupo Socialista ha llamado mentirosos a los representantes del Grupo Vasco en este debate y ni aun así ha conseguido animarlo. ¡Ni aun así ha conseguido animarlo! Y estamos ante un debate de enorme trascendencia. Los sindicatos que representan a nuestros docentes y que hoy nos acompañan en la tribuna de invitados saben lo importante que son nuestros docentes. Conviene ser claros desde el principio en este debate y lo vamos a ser. El Grupo Popular está con vosotros. Está con los docentes (aplausos), está con los representantes, está con sus reivindicaciones, está con vuestros derechos, está con los alumnos y está con las familias. Reducir ratios, mejorar la carga lectiva, reforzar la atención educativa y la calidad son objetivos compartidos por la comunidad educativa y, por supuesto, por el Grupo Popular. Nuestro grupo los ha defendido siempre; de hecho, se aplican ya en muchas de nuestras comunidades autónomas. Sin embargo, no podemos obviar el contexto en el que estamos en España. Nadie puede pensar que los grandes retos educativos pueden abordarse en una legislatura ya agotada, con un clima político absolutamente irrespirable, sin presupuestos generales del Estado, sin financiación para las medidas que se proponen e impidiendo las decisiones de las comunidades autónomas, no negociando con ellas. La garantía de la calidad educativa, la dignificación de la profesión docente y la mejora de sus condiciones laborales exige planificación, negociación y recursos, no iniciativas tardías, incompletas y sin financiación. Y esto es lo que pasa con este proyecto de ley. Señorías, no vale todo para obtener un rédito político porque legislar es otra cosa. Los docentes y los sindicatos de los docentes aquí representados llevan años esperando y merecen respeto. Ellos merecen algo más que un intento de cerrar esta legislatura con promesas no negociadas ni financiadas y que debieron realizarse hace años. Merecen que no se siga legislando, señora ministra, para la propaganda. Merecen eso. (Aplausos). La educación necesita resultados, señora ministra; ambición reformista, señora ministra; capacidad de gestión, señora ministra; más recursos y menos discursos. Más recursos y menos discursos. El problema de este proyecto de ley no es su objeto, si estamos de acuerdo. No es el qué, es el cómo y el cuándo. Ese es el problema. Porque, lamentablemente, ustedes han llegado tarde y mal. Llegan tarde porque llegan con años de retraso. La LOMLOE de 2020 estableció ya un calendario, un mandato expreso de aprobar una normativa sobre la profesión docente en el plazo de un año, y van cinco años de incumplimiento. Otra legislatura perdida. Se constituyeron grupos de trabajo con los sindicatos, pero las negociaciones siguieron paralizadas. La ministra llegó a afirmar ―usted, señora Tolón― que sería la legislatura del profesorado. Esto como titular está muy bien, pero ¿habla usted con ellos? Los hechos nos dicen lo contrario. Y mientras la comunidad educativa espera respuestas, el Gobierno sobrevive en un clima político e institucional asfixiante, inundado de escándalos que erosionan, como ha visto, cualquier negociación, hasta con sus socios.

En este contexto, el Gobierno no puede pedir un acto de fe. La confianza pública se construye con diálogo, con recursos, con gestión y con ejemplaridad, que es la que a ustedes les falta, señores del Gobierno. Hoy esa confianza está quebrada. Tengan cuidado con las promesas del ministerio, señores de los sindicatos, porque no son de fiar. Tratarán de engañarles a todos. Tengan cuidado porque no están en esto, están enredados en sus múltiples tramas y en sus derivaciones. (Aplausos). En eso están enredados. Son los debates del trilero, del muevo la bolita a ver si despisto, pero ustedes están en lo que están y es una pena.

Señora ministra, usted no está a la altura del cargo que representa. No lo está. Los docentes y sus representantes no merecen lo que están viviendo y los alumnos y sus familias tampoco. No vamos a regalarles nada, señora ministra. Vamos a defender a los docentes y sus reivindicaciones, a los alumnos, a las familias y a nuestras comunidades autónomas. A todas, claro que sí, para reforzar, vía enmienda, una participación autonómica que garantice seguridad jurídica, respeto a las competencias, refuerzo a la atención a la diversidad y, sobre todo, financiación, porque aquí aparece el principal problema de este proyecto de ley. Los sindicatos educativos llevan denunciando que la reducción de las ratios y de las horas lectivas solo será eficaz si va acompañada de plantillas y de recursos suficientes y de financiación adecuada. Y ¿qué es lo que hacen ustedes? No la garantizan. La propia memoria económica del proyecto remite a una futura ley de sostenibilidad financiera que ni siquiera existe. Hay medidas, como la reducción de jornada lectiva, que deben aplicarse en el próximo curso con una asunción inmediata de costes, pero la financiación no está garantizada y generará costes organizativos, y a ustedes les da igual. Aquí se ha dicho por el PNV, por Esquerra y por Junts. Bienvenidos a lo que nuestro portavoz de Educación lleva diciendo años. Al final, yo invito, pero tú pagas. Eso es lo que les dicen a las comunidades autónomas. (La señora ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Tolón Jaime, hace gestos negativos). Sí, sí. No plagien, señorías, esto lo llevamos diciendo años. (Aplausos). Entiendan de una vez, señora ministra, que las comunidades autónomas no son Administraciones subsidiarias del Estado, que merecen lealtad institucional. Una ley sin financiación suficiente corre el riesgo de convertirse en una ley que genera desigualdad. Se ha dicho también aquí. No todos los territorios son iguales, tienen sus características peculiares, demográficas, geográficas, educativas. No es lo mismo gestionar la educación en grandes áreas metropolitanas que en zonas rurales o territorios dispersos.

Por otra parte, nos preocupa que sigan sin abordarse algunos temas como la educación infantil de 0 a 3 años, que no está clara. Nos preocupa que se siga aplazando lo que el propio ministerio reconoce como necesario: la formación del profesorado, la carga burocrática, la estabilidad del sistema o una adecuada atención a la diversidad.

Termino. Sabemos que nuestros docentes llevan demasiado tiempo esperando respuestas y devolver esta ley sería una irresponsabilidad. No vamos a hacerlo. Nuestra responsabilidad es asegurar que las medidas propuestas no sean papel mojado, señora ministra, que puedan aplicarse de forma realista, eficaz y homogénea. Por responsabilidad con nuestros docentes, las familias y los alumnos, nuestro grupo no va a permitir que su inacción, su falta de ambición y el oportunismo del Gobierno se convierta en un perjuicio más para nuestros docentes y para la educación.

Muchísimas gracias. (Aplausos.―Varias señoras y señores diputados: ¡Bravo!).