Real Decreto-ley 13/2026, de 2 de junio, por el que se adoptan medidas relativas a los recursos de los sistemas de financiación territorial.

Gràcies, presidenta. Muchas gracias, señorías. Buenos días a todos y a todas. Comparezco en esta Cámara para solicitar la convalidación del Real Decreto-ley 13/2026, por el que se adoptan medidas relativas a la financiación de las comunidades autónomas y entidades locales; un real decreto-ley aprobado por Consejo de Ministros el pasado 2 de junio; una norma que responde a una necesidad urgente, real y ampliamente compartida por nuestras comunidades autónomas y entidades locales. Y lo hago con una convicción clara, y es que este real decreto ley, en definitiva, habla de recursos. No habla de confrontación, sino de gestión, y no habla de titulares, sino de mejorar los servicios públicos, y para que esto sea realidad es condición necesaria pero obviamente no suficiente que haya una mayor financiación. Por tanto, este real decreto-ley tiene dos objetivos fundamentales: el primero, actualizar las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica y local para el año 2026, y, el segundo, permitir a las entidades locales que disponen de superávit presupuestario utilizar esos recursos en inversiones financieramente sostenibles, sin que ello compute en la regla de gasto; dos medidas que tienen un impacto directo en la vida cotidiana de los ciudadanos, porque de ellas dependen los recursos para financiar la sanidad, la educación, los servicios sociales, el transporte público o todas las competencias de nuestros ayuntamientos a lo largo y ancho de nuestro país.

Señorías, quiero recordar que esta es la tercera vez que el Gobierno trae a esta Cámara la actualización de las entregas a cuenta. En las dos ocasiones anteriores no se convalidó por el voto en contra, entre otros, del principal partido de la oposición. Entenderán que no resulta razonable reclamar más financiación en los territorios un día sí y otro también y bloquearla después en esta Cámara. Esta medida ha sido reclamada y solicitada por numerosas comunidades autónomas, muchas de ellas gobernadas por el propio Partido Popular, que la ha bloqueado dos veces, y también por la Federación Española de Municipios y Provincias y distintas fuerzas parlamentarias de esta Cámara. Por tanto, quiero dirigirme especialmente a la fuerza parlamentaria que gobierna en la mayoría de nuestras comunidades autónomas: no se dejen llevar por posiciones cortoplacistas, guiadas por un interés puramente electoral; sean responsables y acepten más recursos. (Aplausos). Los efectos de no aprobar esta medida no recaen sobre el Gobierno, recaen sobre las comunidades autónomas y sobre los ayuntamientos y, en última instancia, sobre los ciudadanos de sus municipios y territorios.

Como saben, este real decreto no introduce cambios estructurales en el sistema de financiación autonómica —‌para eso hemos propuesto una reforma integral del modelo, que espero poder debatir en esta Cámara—, y deseo que el Partido Popular allí donde gobierna acepte la mano tendida que le ofrece este Gobierno para dialogar con una propuesta de financiación autonómica encima de la mesa que supone más de 20 000 millones de euros de recursos adicionales para las comunidades autónomas; obviamente, una oferta para el conjunto de los grupos parlamentarios. Este real decreto-ley hace algo más básico e imprescindible a corto plazo: garantiza que el sistema vigente funcione correctamente y evita una situación de no actualización de los recursos disponibles en el conjunto de Administraciones territoriales.

Los datos de esta iniciativa son inequívocos: en 2026 las comunidades autónomas recibirán 157 731 millones de euros en entregas a cuenta, un 7 % más que el año anterior; si incorporamos la liquidación del sistema, recibirán 170 300 millones de euros en total, lo que supone un incremento del 7,7 % respecto al año anterior, y, si echamos la vista un poco más atrás y ampliamos la perspectiva, supone un 64 % más que los que recibían en el año 2018. Y esto no es fruto de la casualidad ni de la inercia, es el resultado de una política económica y fiscal eficaz, rigurosa y orientada al interés general; una política que combina responsabilidad con ambición y que demuestra que, cuando se toman decisiones acertadas, los recursos llegan. Hoy podemos afirmar que tenemos un crecimiento sólido, que genera confianza y oportunidades. Hemos logrado crecer más y crear mejores empleos, y por eso tenemos mayores ingresos públicos. Hoy España lidera el crecimiento entre las grandes economías de la zona euro y tiene más de 22 millones de personas trabajando y una tasa de paro por debajo del 10 %, que no se observaba desde antes de la crisis financiera.

Y los ayuntamientos y las entidades locales también van a recibir un nuevo apoyo en sus finanzas municipales: en total, dispondrán de 29 247 millones de euros, lo que supone un incremento del 8,8 % respecto al ejercicio pasado, y, comparado con el año 2018, un 67,5 % más, también la cifra más alta de la historia. Y, sobre todo, y lo más importante, es que esto significa reforzar la capacidad de los ayuntamientos, de nuestros municipios para atender al transporte, los servicios sociales, el mantenimiento urbano, en definitiva, a las políticas más de proximidad, porque, como saben, esa es la responsabilidad que tienen los ayuntamientos en nuestro país. Y, por tanto, introducimos una medida adicional, y es que permitiremos a los ayuntamientos utilizar los superávits para inversiones financieramente sostenibles. ¿Y en qué se traduce esta medida? En que más de 2500 entidades locales podrán beneficiarse de la utilización de su superávit y movilizar más de 3100 millones de euros adicionales para infraestructura, sostenibilidad, servicios públicos, desarrollo económico. Y también quiero destacar una novedad muy relevante respecto a las políticas de vivienda que también pueden impulsar nuestros ayuntamientos. Por primera vez se establece un régimen plurianual para inversiones en vivienda, de forma que los ayuntamientos podrán planificar a medio plazo a lo largo de los próximos cuatro años y tendrán una estabilidad en sus cuentas en este caso aplicada a incrementar y a mejorar la oferta pública de vivienda.

Hay un hecho incontestable, y es que nunca las comunidades autónomas han tenido tantos recursos como ahora, lo cual exige una reflexión, una reflexión que nos interpela a todos como responsables públicos y que quiero compartir con sus señorías, porque esta inyección histórica de recursos a las comunidades autónomas provoca que muchos ciudadanos se hagan la siguiente pregunta: ¿Por qué, teniendo los mayores recursos de la historia, no bajan, por ejemplo, las listas de espera o no mejoran las condiciones de muchos empleados públicos? ¿Por qué no se percibe un aumento de esa calidad, cuando hay un aumento de los recursos? Por desgracia, en algunos casos estos aumentos de recursos se han destinado a dos cosas: a bajar los impuestos a las rentas más altas y grandes patrimonios o a privatizar los servicios públicos fundamentales. Conviene recordarlo: el Gobierno de España financia y transfiere a las comunidades autónomas una cantidad sin precedentes de recursos, pero las comunidades autónomas son las que tienen la gestión y la responsabilidad en los servicios públicos fundamentales. Más financiación exige más responsabilidad en la gestión, y es así como debemos valorar la actuación de los distintos Gobiernos en nuestro país, porque gestionar no es buscar excusas ni echar la culpa a otras Administraciones. (Aplausos).

Aunque algunos deliberadamente lo quieran ignorar, antes que nada la política es gestión, y hoy votamos una iniciativa de gran relevancia: decidimos si las comunidades autónomas y los ayuntamientos reciben los recursos que les corresponde, decidimos si los ayuntamientos pueden invertir su superávit en vivienda pública, decidimos si garantizamos la estabilidad financiera de las Administraciones que gestionan los servicios públicos más importantes en el día a día de nuestros ciudadanos, o, por el contrario, decidimos generar incertidumbre, bloquear financiación y tensionar el sistema de financiación autonómico y local. Quien vote hoy en contra de esta convalidación tendrá que explicarlo muy bien en sus territorios. No será fácil para aquellos que piden constantemente más recursos al Gobierno y terminan bloqueando esa financiación.

Este real decreto no es partidista. No distingue territorios ni colores políticos. Es una medida reclamada, necesaria y beneficiosa. Por eso quiero hacer un llamamiento a todos los grupos parlamentarios, especialmente a los que han votado dos veces en contra de esta iniciativa, para que no la bloqueen más, que piensen en sus territorios, que piensen en sus comunidades, que piensen en sus ayuntamientos y, sobre todo, que piensen en sus ciudadanos, porque cuando hablamos de financiación territorial no lo hacemos solo sobre números, también hablamos de que los hospitales funcionen, de que los colegios abran, de que los servicios sociales sigan, y eso no puede esperar, porque detrás de cada cifra hay un paciente esperando a la sanidad pública, un alumno que necesita un refuerzo en la educación pública o una persona mayor que necesita de los servicios sociales que le hagan tener una vida digna. Hoy tenemos la oportunidad de garantizar más recursos, más inversión y más capacidad para fortalecer nuestros servicios públicos. No es el momento del bloqueo ni la confrontación. Es el momento de la responsabilidad institucional. Les pido, por tanto, que voten pensando en sus territorios, en sus municipios, en la sanidad, en la educación, en la vida cotidiana de millones de españoles y españolas. Señorías, convalidar este real decreto es cumplir con ellos.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gràcies, presidenta. Senyor ministre, senyor España, bon dia. Benvingut al Congrés. Des de Compromís li vull anunciar que òbviament anem a votar a favor de la convalidació d’este reial decret llei. És obvi que tot allò que millore la situació del País Valencià, que som el territori més infrafinançat de tot l’Estat, és una bona notícia. Actualitzar els lliuraments a compte de les comunitats autònomes i dels ajuntaments és una bona notícia. Dona certesa financera a les administracions i també, en el cas dels ajuntaments, flexibilitza que utilitzen els seus romanents, una cosa que ens demanen tots els nostres alcaldes i alcaldesses. En tot cas, senyor ministre, jo també li vull dir que crec sincerament que este reial decret s’hauria pogut convalidar en gener si no haguera hagut en un decret òmnibus i haguera sigut un decret específic com el que hui es porta ací. A més a més, de vegades sembla que hi ha agilitat en fer determinades coses i vostè sap que nosaltres el que sempre li hem demanat a este Govern és que els valencians i les valencianes que estem infrafinançades puguem tindre una situació que ens puga apropar a un anivellament que es puga apropar a la mitjana estatal. Si realment este Govern aprovara eixe anivellament, possiblement no hauríem d’estar parlant de fer estos decrets algunes vegades per a alguns territoris com el meu, que també és el seu. Ahir mateix, a la Plataforma pel Finançament Just, una plataforma en la que estem tots els partits polítics, tots els sindicats, la patronal i tota la societat civil valenciana organitzada, va eixir una altra vegada al carrer a reclamar‑nos que ens posem d’acord per a no només per a què hi haja un nou model de finançament, sinó també per a què hi haja una condonació del deute il·legítim de més de 40 000 milions d’euros que patim les valencianes i els valencians i per a tindre eixe anivellament per a poder estar a la mitjana fins que s’aprove eixe nou model de finançament. Per tant, eixa reclamació li la fem al govern, però sobretot li la vull fer als diputats i diputades valencians i valencianes que tenim hui ací al Congrés. Este cap de setmana vostès tenen una oportunitat perquè he vist que Feijóo va el dissabte a Sueca a dinar. Pues podríeu parlar vostès amb el president, amb Feijóo, el dissabte i explicar la importància per a un valencià i per a una valenciana no ser ciutadans de segona, que volem educació, que volem serveis públics de qualitat i que per a fer‑ho necessitem un finançament just i que això depèn en bona mesura de que el seu president, de que Pérez Llorca es fique a negociar per a aconseguir el que tots els valencians i valencianes necessitem. Acabe, presidenta, senyories del Partit Popular, siguen menys del Partit Popular i siguen més valencians i valencianes, perquè vostès estan ací representant a la ciutadania valenciana, no al Partit Popular. Gràcies.

Buenos días. Gracias, presidenta. Señor ministro, buenos días y bienvenido al Congreso. Desde Compromís le quiero anunciar que vamos a votar a favor de la convalidación de este real decreto ley. Es obvio que todo aquello que mejore la situación del país valenciano, que somos el territorio más infrafinanciado de todo el Estado, es una buena noticia; es una buena noticia para los ayuntamientos, para la comunidad, da certidumbre financiera a las Administraciones y además, en el caso de los ayuntamientos, flexibiliza que utilicen sus remanentes, algo que nos piden todos nuestros alcaldes y alcaldesas. En todo caso, señor ministro, le digo también que creo, sinceramente, que este real decreto se hubiera podido convalidar en enero si no hubiera estado dentro de un decreto ómnibus, si hubiera sido un decreto específico como el que hoy nos trae aquí. Parece que hay agilidad para hacer algunas cosas.

Saben que lo que nosotros siempre hemos pedido a este Gobierno es que los valencianos y las valencianas, que estamos infrafinanciados, podamos tener una situación que nos acerque a la media estatal. Si realmente este Gobierno aprobara ese nivelamiento, posiblemente no estaríamos hablando de tener que hacer estos decretos para algunos territorios como el mío, que también es el suyo. Ayer mismo, la plataforma Financiación Justa, donde estamos todos los partidos políticos, sindicatos, patronal y toda la sociedad civil valenciana organizada, volvió a salir a la calle para pedir que nos pongamos de acuerdo no para que haya un nuevo modelo de financiación, sino también para que haya una condonación de más de 40 000 millones de euros de deuda que sufrimos los valencianos y las valencianas y para llegar a esa nivelación hasta que se apruebe el nuevo modelo de financiación. Es decir, esta reclamación se la hacemos al Gobierno, pero también a los diputados y las diputadas valencianas que tenemos hoy aquí, en el Congreso. Este fin de semana tienen ustedes una oportunidad. He visto que Feijóo va a ir a Sueca el sábado a comer. ¿Podrían ustedes hablar con su presidente, el señor Pérez Llorca, para explicarle la importancia para un valenciano o una valenciana de no ser ciudadanos de segunda categoría? Queremos educación y servicios públicos de calidad, y para hacerlo necesitamos una financiación justa, lo que dependerá en gran medida de que su presidente, Pérez Llorca, se ponga a negociar para conseguir lo que todos los valencianos necesitamos.

Acabo. Señorías del Grupo Popular, sean menos del Partido Popular y sean más valencianos y valencianas, porque ustedes están aquí representando a la ciudadanía valenciana, no al Partido Popular.

Gracias. (Aplausos).

Grazas, señora presidenta. Moi bo día. Estamos diante dun real decreto lei necesario porque non existen orzamentos, en que, para alén de cuestións como a non esixibilidade devolución dos ingresos indebidos polas cotas nacionais de telefonía móbil e a flexibilización dalgúns supostos das normas sobre estabilidade orzamentaria das entidades locais, se regulan as entregas a conta para as comunidades autónomas e tamén para a participación das entidades locais nos ingresos do Estado. Votaremos a favor. Agora ben, isto abre de novo un debate que na realidade nunca foi fechado, mais tamén nunca resolto. O debate, en primeiro lugar, sobre o financiamento municipal, especialmente grave na Galiza polas características do noso país, e tamén como consecuencia de que os concellos se vexan forzados a asumir competencias impropias e, por outro, sobre o inxusto e actualmente caducado financiamento autonómico. Aproveitamos, por tanto, para reclamar a revisión do sistema de financiamento municipal para que as entidades locais conten con recursos suficientes para atender as necesidades de mellora de prestación de servizos e as actuacións no seu ámbito. E reclamamos tamén, claro, un novo sistema de financiamento autonómico. Vostede sabe, señor ministro, que o actual é gravemente lesivo para Galiza, entre outras razóns, porque nin sequera ten en conta adecuadamente o peso de parámetros que nos afectan de forma moi directa como o envellecemento e a dispersión poboacional. E sorprendentemente a nova proposta que teñen sobre a mesa en vez de corrixir esta inxustiza, aínda a agrava ao baixar o peso dos indicados parámetros de 8,5 para 7 e de 0,6 para 0,5. Por tanto, para nós xa llo digo, xa o dixen máis veces e o dixemos máis veces, non é aceptábel, mais tampouco o sería mesmo se houbese algunha corrección, porque na realidade o sistema actual implica que a diferenza entre o que os galegos e galegas pagamos en impostos e o que recibimos do Estado é de máis de 5000 millóns de euros cada ano, un terzo do total, e por iso o BNG reclama mudar o modelo, ir a un sistema diferente, un modelo de concerto económico que dea aos galegos e galegas a chave do seu diñeiro, dos seus recursos, que permita recadar todos os impostos e negociar bilateralmente co Estado cal debe ser a parte a transferir como consecuencia dos chamados servizos comúns. Con ese sistema Galiza sairía gañando máis de 3000 millóns de euros e o quero lembrarlle ao señor ministro, para acabar, que non somos precisamente o país ou a comunidade autónoma que ten os indicadores socioeconómicos e de benestar máis alto do Estado, senón precisamente todo o contrario. Por iso é absolutamente xusto e necesario mudar ese modelo.

Moito obrigado.

Gracias, señora presidenta. Muy buenos días. Estamos ante un real decreto-ley necesario porque no existen presupuestos, un real decreto-ley que habla de cuestiones como los ingresos indebidos por las cuotas nacionales de telefonía móvil, la flexibilización de algunos supuestos de normas de estabilidad presupuestaria y la regulación de las entregas a cuenta para las comunidades autónomas y la participación de las entidades locales en esto. Votaremos a favor. Ahora bien, esto abre de nuevo un debate que en realidad nunca se cerró, pero es que tampoco se resolvió nunca, el debate, en primer lugar, sobre la infrafinanciación municipal, especialmente grave en Galicia por las características de nuestro país y también como consecuencia de que los ayuntamientos se veían forzados a asumir competencias impropias y, en segundo lugar, sobre la injusta y caducada actualmente financiación autonómica. Por eso la revisión del sistema de financiación municipal es crucial para que las entidades locales cuenten con recursos suficientes para atender la necesidad de mejora de prestación de servicios y las actuaciones en su ámbito, y reclamamos también, claro, un nuevo sistema de financiación autonómica. Sabe usted, señor ministro, que el que hay actualmente es tremendamente lesivo para Galicia, entre otras razones porque no tiene en cuenta siquiera el peso de parámetros que nos afectan de forma muy directa, como el envejecimiento y la dispersión poblacional, y, sorprendentemente, la nueva propuesta que tenemos sobre la mesa, en lugar de corregir esta injusticia, aún la agrava al bajar el peso de los parámetros indicados de 8,5 a 7 y de 0,6 a 0,5. Por tanto, para nosotros, ya lo he dicho más veces, no es aceptable. Tampoco lo sería aunque hubiese alguna corrección, porque en la realidad el sistema actual implica que la diferencia entre lo que los gallegos y las gallegas pagamos en impuestos y lo que recibimos del Estado es de más de 5000 millones de euros cada año, un tercio del total. Por eso, el BNG reclama cambiar el modelo, ir a un sistema diferente, a un modelo de concierto económico que dé a los gallegos y las gallegas la llave de su dinero, de sus recursos, que permita recaudar todos los impuestos y negociar bilateralmente con el Estado cuál debe ser la parte a transferir como consecuencia de los llamados servicios comunes. Con ese sistema, Galicia saldría ganando más de 3000 millones de euros. Quiero recordarle, señor ministro, para terminar, que precisamente nuestro país, nuestra comunidad, no es la que tiene los indicadores socioeconómicos de bienestar más altos del Estado, sino precisamente todo lo contrario, por eso es absolutamente justo y necesario cambiar ese modelo. Muchas gracias.

Muchas gracias, señora presidenta. Señor ministro, nosotros vamos a votar a favor de este real decreto ley, y lo haremos así porque entendemos que es fundamental garantizar los recursos a las comunidades autónomas, a los cabildos insulares y también a las corporaciones municipales. Y es verdad que hay un desfase con las entregas a cuenta que hacen que pudiéramos tener menos recursos para destinar a nuestros servicios públicos más esenciales, a la sanidad, a la educación, a la atención a las personas en situación de vulnerabilidad, competencias que están prácticamente todas transferidas a las comunidades autónomas. Por tanto, vemos muy necesario que puedan contar con mayores recursos para invertir en el bienestar de nuestra ciudadanía. Pero cuando abrimos un debate como este, no solo podemos atender a las cifras, yo creo que debemos aprovechar el debate para hablar de si es justo o no el sistema de financiación que tenemos actualmente o de si las Administraciones están cumpliendo o no con sus compromisos, porque aquí podemos aprobar muchas leyes, pero si después no se cumplen, si se quedan en papel mojado, de nada sirven. Y me viene a la cabeza, por ejemplo, la ley de dependencia; ahora que estamos tramitando una reforma de la ley de dependencia, había un compromiso de cofinanciar el sistema 50 % por parte del Estado y 50 % por parte de las comunidades autónomas, y esto nunca se ha cumplido, nunca. Esperemos que con este real decreto-ley podamos avanzar; lo conoceremos estos días, se supone que el día 23, y podremos verdaderamente dar un espaldarazo al sistema de la dependencia de este país y que se cumpla con los compromisos.

También creo que es importante hablar de que no se puede tratar igual a lo desigual, porque entonces se profundiza en generar más desigualdades, y lo digo yo, que vengo de un territorio que tiene unas singularidades que hacen que no compitamos en las mismas condiciones que el resto de comunidades autónomas. Vengo de Canarias, que está a 2000 kilómetros del resto del territorio del Estado, que tiene singularidades como la insularidad, y a veces no solo la insularidad, sino la doble y la triple insularidad, depende de la isla en que uno viva, y esto debe estar reflejado también en el sistema de financiación, que es un debate que debemos tener. No obstante, le vuelvo a reafirmar que votaremos a favor de este real decreto.

Gracias, presidenta. Egun on. Nuestro grupo va a votar favorablemente a la convalidación de este real decreto ley, y lo hacemos por responsabilidad; las medidas que incorpora son necesarias y no podemos permitir que comunidades autónomas y entidades locales sigan soportando las consecuencias derivadas de una situación de prórroga presupuestaria que se prolonga ya demasiado en el tiempo. Garantizar la actualización de las entregas a cuenta y permitir el uso del superávit y de los remanentes no es solo una cuestión técnica ni meramente administrativa; como bien ha dicho el ministro, hablamos de recursos que aportan estabilidad financiera a las Administraciones territoriales y, al mismo tiempo, permiten que quienes prestan los servicios públicos esenciales dispongan de los medios necesarios para ejercer sus competencias con eficacia, porque utilizar el superávit y los remanentes no es un privilegio, sino una herramienta imprescindible para facilitar la vida de la gente. Hoy, con la ley de estabilidad vigente, que no se ha modificado, las Administraciones no podrían hacerlo sin una habilitación expresa. Este decreto abre esa vía legal y permite a las Administraciones destinar sus propios recursos a aquello que realmente importa: financiar una sanidad que funcione, una educación de calidad, unos servicios sociales accesibles y políticas de vivienda que respondan a las necesidades reales. Por eso creemos que este decreto es necesario. Ahora bien, votar a favor tampoco significa renunciar a cierta crítica, porque, una vez más, volvemos a encontrarnos ante una dinámica que nos preocupa: la normalización de un real decreto-ley como mecanismo ordinario de gobierno. Los reales decretos leyes son instrumentos concebidos para situaciones excepcionales que se están convirtiendo ya en la vía habitual para adoptar decisiones que tienen un alcance quizá más estructural y que afectan directamente a la financiación territorial. Y eso tiene consecuencias evidentes: se reduce el margen para la negociación política, se debilita la centralidad de este Parlamento y se instala una lógica de hechos consumados que no contribuye precisamente a fortalecer la confianza entre el Gobierno y los grupos parlamentarios. Lo hemos dicho en otras ocasiones y lo reiteramos: dialogar no es informar de decisiones ya adoptadas. Y precisamente porque estos decretos necesitan ser convalidados en esta Cámara y porque la aritmética parlamentaria es endiablada es deseable ―yo diría que imprescindible― que existiera un diálogo previo mucho más intenso, mucho más transparente y mucho más ambicioso.

Dicho esto, también quiero reconocer los aspectos positivos de esta norma. Como he dicho, compartimos la actualización de las entregas a cuenta porque aporta estabilidad financiera a las Administraciones territoriales y compartimos la flexibilización para las entidades locales. Es razonable facilitar que los ayuntamientos puedan utilizar sus recursos, flexibilizar determinadas reglas y permitir que el superávit pueda destinarse a inversiones financieramente sostenibles. Y compartimos igualmente la habilitación plurianual que se incorpora para inversiones en vivienda, porque si hoy hay un reto que exige una actuación decidida por parte de todas las Administraciones públicas es sin ninguna duda el acceso a la vivienda. Sin embargo, precisamente ahí encontramos una contradicción que no acabamos de entender, pues se habilita el superávit para las entidades locales, pero ¿dónde quedan las comunidades autónomas?, ¿por qué esa misma lógica no se ha extendido a las comunidades autónomas? Resulta difícilmente explicable que el Gobierno reconozca la necesidad de reforzar esa capacidad inversora a los ayuntamientos y, al mismo tiempo, excluya completamente a las comunidades autónomas de cualquier posibilidad equivalente. Y la contradicción es aún más evidente cuando hablamos de vivienda, porque si la vivienda es una prioridad estratégica del Gobierno, y compartimos que lo es, cuesta entender que se permita reforzar los instrumentos de las entidades locales y, sin embargo, se impida a las comunidades autónomas utilizar ese superávit para actuar precisamente en una materia sobre la que tienen competencia exclusiva, pues son las comunidades autónomas quienes regulan y gestionan una parte muy importante de las políticas públicas que afectan directamente a la vida de los ciudadanos, como son la sanidad, la educación y, por supuesto, la vivienda; son también Administraciones que necesitan disponer de su superávit para responder a las necesidades actuales. Por eso, surge una pregunta legítima: ¿por qué se ha dejado fuera a las comunidades autónomas? ¿Quizá porque el Gobierno quiere reservar esta cuestión para una futura negociación sobre el sistema de financiación autonómica? Si es así, creo que convendría explicarlo, porque la utilización de los superávits y la reforma de la financiación son debates distintos y no deberían condicionarse mutuamente, máxime cuando hay comunidades autónomas, como las forales, que no participan del régimen común y que, sin embargo, también resultan perjudicadas, ya que su capacidad para utilizar sus remanentes está igualmente limitada por la ley de estabilidad. En cualquier caso, ministro, este decreto genera en este sentido una asimetría un poco difícil de justificar, porque se dejan fuera unas Administraciones que también necesitan esa capacidad financiera y flexibilidad en sus superávits para afrontar sus competencias.

Más allá de esto, déjeme decirle que creemos que este debate va mucho más allá, porque buena parte de estas dificultades ―la imposibilidad de usar los superávits y realizar planes económico‑financieros― deriva de un problema de fondo que sigue pendiente de resolver: unas reglas fiscales que no están adaptadas al nuevo marco fiscal europeo, que reconoce la diversidad de situaciones entre Administraciones, protege la inversión pública y sitúa la sostenibilidad de la deuda a medio plazo en el centro de la gobernanza económica. Sin embargo, ministro, aquí seguimos aplicando la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, de 2012, diseñada para una crisis de deuda, bajo una lógica uniforme que no distingue entre Administraciones altamente endeudadas y Administraciones saneadas. Esta idea no es nueva, ya se la trasladamos el otro día en su comparecencia. Mientras que Europa está avanzando hacia un modelo más flexible y adaptado a la realidad de cada Administración, el Estado sigue operando con unas reglas pensadas para otro momento histórico. Creemos que eso tiene consecuencias, pues esa rigidez obliga a recurrir ―como hoy― a soluciones parciales, excepcionales y temporales a través de este tipo de decretos, en lugar de abordar la reforma estructural que creemos que necesita el sistema. Por eso, pensamos que ha llegado también el momento de adaptar esa ley orgánica de estabilidad presupuestaria al nuevo marco europeo. Necesitamos reglas fiscales mucho más inteligentes, más flexibles y, desde luego, coherentes con la realidad territorial que tenemos, porque no todas las Administraciones parten de la misma situación financiera y no tiene sentido aplicar exactamente las mismas restricciones a quienes han gestionado con responsabilidad sus cuentas públicas, y esto es especialmente importante para aquellas Administraciones que han demostrado rigor, corresponsabilidad fiscal y una gestión saneada de sus recursos.

Aldeko botoa emango dugu, neurriak beharrezkoak direlako eta ez dugulako nahi toki‑administrazioak kaltetuak izatea. Dekretu hau erabilgarria da, baina partziala da, norabide oneko urratsa da, baina gai garrantzitsuak konpondu edo argitu gabe uzten ditu. Horregatik, Gobernuari eskatzen diogu aukera hau aprobetxa dezala benetako elkarrizketa bat irekitzeko, autonomia‑erkidegoak sartzeko superabitean eta irtenbide estrukturalagoak, koherenteagoak eta orekatuagoak lortzeko, lurralde administrazioek erantzukidetasun handiagoa eta babes txikiagoa behar dutelako.

Eskerrik asko.

Señorías, vamos a votar favorablemente porque las medidas son necesarias y porque no queremos que las Administraciones locales se vean perjudicadas. Este decreto es útil, pero es incompleto. Es un paso en la buena dirección, eso sí, pero deja cuestiones muy importantes sin resolver o sin aclarar. Por eso, le pedimos al Gobierno que aproveche esta oportunidad para abrir un diálogo real, incorporar también a las comunidades autónomas y avanzar hacia soluciones más estructurales, más coherentes y también más equilibradas, porque las Administraciones territoriales necesitan más corresponsabilidad y menos tutela.

Gracias.

Egun on. Eskerrik asko, ministro jauna. Gaur berrestera datorren errege lege dekretu honek garrantzia du udal eta toki‑erakundeentzat. Izan ere, udal finantzaketa eta arau fiskalak malgutu eta errazten ditu, udalei inbertsioak egiteko aukera zabalduz. Hau da, herritarren beharrei aurre egiteko aukera handiagoa izango dute toki‑erakundeek, baldin eta indarrean jartzen bada, noski. Hori da garrantzitsuena, urteetan zehar eta Alderdi Popularrak ezarritako egonkortasun finantzarioaren legeak hala inposatuta kontuak egoki eta osasuntsu mantendu arren, udalek ezin izan dituzte zerbitzu zein politika publikoetan inbertsioak egin. Horrek gure udalak lotuta izan ditu azken hamarkada luzeetan, itota. Guztiz bidegabea den lege baten ondorioz. Horregatik, berriro ere lege horren amaiera exijitu beharra dugu, ez duelako inolako onurarik ekarri administrazio publikoentzat, ez duelako herritarrentzat beharrezkoak diren politika publikoak zabaltzea bultzatu eta, finean, ez dituelako herritarrak lehenetsi. Era berean, honek erakusten du berriro ere gure udal eta toki erakundeek Euskal Herrikoek finantza marko propioa erabaki eta garatzeko beharra dutela. Gure Marko Foralak aintzat hartuz gure behar eta egoeraren araberako finantza eta zerga politika propioak erabakitzeko ahalmena behar beharrezkoa dugu. Euskal Herriko udal gehienen egoera ekonomikoa osasuntsua da. Egindako ahaleginari eta kudeaketari esker, beren herritarren beharretan inbertitzeko gaitasuna dute, baina tresna propioak eta erabakitzeko gaitasun faltak eragotzi egiten du herritarrengandik hurbilen dauden erakundeek eguneroko arazoei erantzuteko gaitasuna izatea. Halaber, 13/2026ko Errege Lege Dekretuak partzialki aldatzen du Toki‑araubidearen Oinarriak arautzen dituen legearen artikulu bat, gaikuntza edo habilitazio nazionala duten toki‑administrazioko funtzionarioei eragiten diena. Aldaketa nagusiak izendapen askeko sisteman eta profesional horien kargu uztean oinarritzen dira, eta, laburbilduz, hainbat herritan lanpostu horien izendapena erraztea ekarriko du neurri berriak. Denbora luzez udalek eskaturiko neurria izanik, sortutako arazoari irtenbidea ematen hasteko balioko duela uste dugu. Azken finean, udalak dira herritarrengandik gertuen dauden erakundeak. Herrietan beharrak eta arazoak sortzen direnean, herritarrek ukitzen duten lehen maratila dira. Udalak, horrenbestez, begi onez ikusten ditugu dekretu honek barneratzen dituen neurriak, udalen mesedetarako eta, ondorioz, herritarren mesederako izango direlako.

Gracias, presidenta. Buenos días. Este real decreto que hoy se presenta para su convalidación tiene mucha importancia para ayuntamientos y entidades locales; de hecho, flexibiliza y facilita la financiación municipal y las normas fiscales, y amplía así el abanico para hacer inversiones a los ayuntamientos. Es decir, las entidades locales tendrán más posibilidades de hacer frente a las necesidades de la ciudadanía, siempre y cuando esto entre en vigor, y esto es lo importante. A lo largo de los años, por la ley de estabilidad financiera que estableció en su momento el Partido Popular, a pesar de mantener las cuentas en la forma adecuada y saneadas, los ayuntamientos no han podido realizar inversiones en servicios y políticas públicas, y esto ha tenido atados a nuestros ayuntamientos durante esta última larga década. Han estado asfixiados por una ley totalmente injusta. Por ello, una vez más, tenemos que exigir el fin de esta ley, porque no ha supuesto ningún beneficio para las Administraciones públicas y porque no ha impulsado la ampliación de las políticas necesarias para la ciudadanía; en definitiva, porque no ha priorizado a la ciudadanía. Asimismo, esto demuestra una vez más la necesidad de que nuestros ayuntamientos y entidades locales ―las entidades de Euskal Herria― decidan y desarrollen un marco financiero propio. Teniendo en cuenta nuestros marcos forales, necesitamos poder decidir nuestras propias políticas financieras y fiscales en función de nuestras necesidades y circunstancias. Esto es algo indispensable para nosotras. La situación económica de la mayoría de los ayuntamientos de Euskal Herria es saneada y ha estado bien mantenida, y gracias al esfuerzo y la gestión realizada tienen hoy capacidad para invertir en las necesidades de sus ciudadanos y ciudadanas, pero la falta de herramientas propias y la incapacidad de decisión impiden que las instituciones más cercanas a la ciudadanía tengan capacidad para responder a los problemas del día a día. Asimismo, el Real Decreto-ley 13/2026 modifica parcialmente un artículo de la Ley de Bases del Régimen Local que afecta a las y los funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional. Los principales cambios se centran en el sistema de libre designación y, también, en el cese de estos profesionales. En resumen, la nueva medida supondrá facilitar la designación de estos puestos en varias localidades o municipios. Al tratarse de una medida solicitada por los ayuntamientos durante mucho tiempo, pensamos que esto puede servir para empezar a dar una solución al problema que se plantea. Al fin y al cabo, los ayuntamientos son las instituciones más cercanas a la ciudadanía. Los ayuntamientos son la primera puerta a la que acuden las vecinas y los vecinos cuando surgen necesidades y problemas en los pueblos. Por lo tanto, valoramos muy positivamente las medidas contenidas en el presente decreto en beneficio de los ayuntamientos y, en consecuencia, en beneficio también de la ciudadanía.

Como decía, votaremos para que el decreto se pueda convalidar. Primero, porque flexibiliza el uso de los recursos y sus reglas de gasto, lo que permitirá a los ayuntamientos utilizar sus remanentes para posibilitar políticas públicas para la ciudadanía que la ley Montoro, impuesta por el Partido Popular, impidió. Además, porque los ayuntamientos vascos están saneados en una abrumadora mayoría, y lo están por el esfuerzo y la gestión realizada. Por tanto, resulta lógico que esa capacidad de inversión se dirija a proyectos y políticas para la ciudadanía de los municipios, más aún cuando se trata de las instituciones más cercanas a la ciudadanía y que son las que deben responder a los problemas diarios a los que se enfrentan los vecinos y las vecinas.

Durante largos años, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera del Partido Popular mantiene atados y ahogados a los ayuntamientos, cierto es, pero ustedes, señorías del Grupo Socialista, no han querido acabar con ella y con el daño que esto genera en los ayuntamientos y en la ciudadanía. Por eso, una vez más ―no sé cuántas van ya―, volvemos a exigir la necesidad de acabar con esta ley. Es una demanda generalizada por parte de los ayuntamientos que la sufren. Y, en realidad, es un sinsentido, porque, además de una conculcación de la autonomía municipal, es una imposición injusta y una medida cuestionable incluso en su eficacia real, salvo, claro, que han sido los ayuntamientos los que han permitido al Estado durante años cuadrar las cuentas para cumplir con los objetivos de déficit. Porque ahí, y solo ahí, solo para el Estado, radica la eficacia de esa medida.

Respecto a este real decreto ley, valoramos también la medida que se incluye para solucionar los problemas generados respecto a los funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional. No es la solución definitiva, pero es verdad que son soluciones que también han sido largamente demandadas por las entidades locales frente al caos que se estaba generando. Pero, una vez más, debemos volver a poner de relieve que, pese a tener nuestros marcos forales propios, herramientas fiscales y financieras propias, la falta de soberanía, la incapacidad para poder decidir cómo gestionamos nuestros recursos económicos y financieros en función de nuestra situación y nuestras necesidades, lastra la capacidad de nuestras instituciones y, por ende, la capacidad de ofrecer más y mejores servicios a la ciudadanía. Así que, como decía, nos parece positivo y de justicia que los ayuntamientos puedan utilizar su dinero en lo que realmente necesitan, pero no podemos olvidar que este Gobierno tiene también pendiente la gran tarea de acabar con la injusticia de la ley de estabilidad presupuestaria para que los ayuntamientos de nuestro país puedan decidir en qué necesidades invertir de acuerdo con nuestra situación y nuestras propias reglas.

Mila esker.

Gràcies. Moltes gràcies, presidenta. Recordaran vostès que, quan es va aprovar el reial decret 15/2025, el reial decret bessó d’aquest que estem tractant ara, però de l’any passat, el president Sànchez va afirmar i cito literalment: «Quiero anunciar que hoy el Consejo de Ministros aprovaremos un Real decreto ley con los acuerdos que habíamos asumido con Junts per Catalunya». I hi afegia i també cito literalment: «Asumo los incumplimientos, asumo los retrasos que efectivamente ha criticado Junts per Catalunya». Òbviament, allò va portar que aquell reial decret fos anomenat pels mitjans el reial decret Junts. Per tant, avui aquest reial decret llei és la continuació en el temps de l’anterior i, per tant, el recull de les propostes de Junts per Catalunya pels ajuntaments, però per aquest any 2026. Unes propostes absolutament cabdals i necessàries per als municipis i que vam impulsar des de Junts per Catalunya, amb mobilització de recursos per actuar des de la major proximitat als ciutadans, podent oferir així serveis de qualitat i garantint el millor benestar dels veïns. Uns ajuntaments, tot sigui dit de passada, que massa sovint són escanyats per l’administració de l’Estat, que els ofega amb estrictes regles pressupostàries absolutament injustificades en els temps actuals quan, a més a més, l’Estat és qui es queda bona part dels recursos autoritzats per Europa sense transferir‑los a l’administració local. Jo, que ho he estat, puc afirmar amb coneixement de causa que els alcaldes i regidors es deixen la pell cada dia per millorar el benestar dels veïns dels pobles i ciutats de Catalunya, sovint amb uns recursos clarament insuficients per fer front a les demandes reals dels seus ciutadans, remant en contra d’una normativa inexplicablement farragosa que tracta per igual un ajuntament d’una gran capital amb més d’un milió d’habitants que d’un municipi amb poques desenes de veïns. De fet, del primer a l’últim dels ciutadans, quan necessitem resposta a qualsevol qüestió, el primer pensament és acudir al nostre Ajuntament i, per tant, uns ajuntaments amb menys recursos i eines de les que haurien de tenir per fer el seu normal desenvolupament. Per això, des de Junts per Catalunya, amb la millor base municipalista del país, podem assegurar que aquest reial decret, amb les nostres mesures, representarà una bona oportunitat pels ajuntaments que anirà en clar benefici dels seus ciutadans. Per tant, avui s’aprova, com deia, el nostre reial decret a favor dels ciutadans i dels catalans, però no pretenguin fer veure que aquest és un èxit del govern, EL fet que s’aprovi, perquè no ho és i vostès saben que no ho és, com també saben que, amb la seva debilitat actual, no els queda cap altra opció que convocar eleccions.

Muchas gracias, presidenta.

Recordarán ustedes que cuando se aprobó el Real Decreto 15/2025, el real decreto gemelo del que tratamos ahora, pero del año pasado, el presidente Sánchez afirmó, y cito literalmente: quiero anunciar que hoy el Consejo de Ministros aprobaremos un real decretoley con los acuerdos que habíamos asumido con Junts per Catalunya. Y añadía, y también cito literalmente: asumo los incumplimientos, asumo los retrasos que efectivamente ha criticado Junts per Catalunya. Obviamente, aquello condujo a que aquel real decreto fuera llamado por los medios de comunicación el real decreto Junts. Por lo tanto, hoy este real decreto-ley es la continuación en el tiempo del anterior y, por tanto, el resumen de las propuestas de Cataluña para los ayuntamientos, pero para este año 2026. Son unas propuestas importantísimas y necesarias para los municipios, que impulsamos desde Junts per Catalunya, con movilización de recursos para actuar desde la mayor proximidad a los ciudadanos, pudiendo ofrecer así servicios de calidad y garantizando el mejor bienestar de los vecinos; unos ayuntamientos, todo sea dicho, que demasiadas veces son ahogados por las Administraciones del Estado, que los ahoga con estrictas reglas presupuestarias absolutamente injustificadas en los tiempos que corren cuando, además, es el Estado quien se queda con buena parte de los recursos autorizados por Europa sin transferirlos a la Administración local. Yo puedo afirmar con conocimiento de causa que alcaldes y concejales se dejan la piel cada día para mejorar el bienestar de vecinos, de pueblos y de ciudades de Cataluña, muy a menudo con unos recursos claramente insuficientes para hacer frente a las demandas reales de sus ciudadanos, remando en contra de una normativa inexplicablemente farragosa que trata por igual a un ayuntamiento de una gran capital con más de un millón de habitantes que a un municipio con pocas decenas de vecinos. De hecho, del primero al último de los ciudadanos, cuando necesitamos respuesta a cualquier cuestión, la primera idea que tenemos es ir a nuestro ayuntamiento, unos ayuntamientos con menos recursos y herramientas de las que deberían tener para desempeñar su desarrollo normal. Por eso, desde Cataluña, con la mejor base municipalista del país, podemos asegurar que este real decreto, con nuestras medidas, representará una buena oportunidad para los ayuntamientos y que irá en claro beneficio de sus ciudadanos. Por lo tanto, hoy se aprueba, como decía, nuestro real decreto a favor de los ciudadanos y de los catalanes, pero no pretendan hacer ver que es un éxito del Gobierno ―el hecho de que se apruebe― porque no lo es, y ustedes saben que no lo es, como también saben que, con su debilidad actual, no les queda ninguna otra opción que convocar elecciones.

Molt bon dia, diputades i diputats. Gràcies, president. Bon dia, senyor ministre.

Esquerra Republicana votarem a favor d’aquest reial decret. Ho farem bàsicament, senyor ministre, perquè incorpora algunes mesures entenem positives que hem reclamat des d’Esquerra Republicana manta vegades i que poden donar una mica d’aire als autèntics damnificats de tot plegat, que són els ajuntaments i també les comunitats autònomes. Però també ho direm amb tota claredat: aquest decret torna a quedar‑se a mig camí, com sempre. Jo no sé quina mania tenen vostès a posar només la punteta! A fondo, ministre! A fondo! Sempre amb la punteta. És una cosa increïble. Aquest reial decret és una resposta parcial, absolutament parcial a un problema estructural. I el que necessiten els municipis del nostre país, evidentment no son pedaços temporals, sinó el que necessiten, s’ha dit —h‌ o han dit totes les persones que m’han precedit— doncs una reforma profunda. No sé què coi estan esperant. Val a dir que valorem positivament, per exemple, que es flexibilitzi l’obligació de prestar plans econòmics financers quan l’incompliment de les regles fiscals, en aquest cas, provingui de l’ús dels romanents. També és positiu que es permeti destinar una part del superàvit a inversions, especialment inversions en habitatge, una reivindicació també que Esquerra ha defensat reiteradament.

I és evident que l’actualització a les entregues a compte, doncs sí, és necessària. És clar que és necessària. És que és vital.

Però, senyories, això no és suficient, ni molt menys. Perquè una vegada més el Govern espanyol actua a través d’un decret llei, un decret llei amb mesures —‌hi torno— provisionals, limitades en el temps i, a més a més, també condicionades per aquesta incapacitat també d’aprovar uns pressupostos. I aquesta provisionalitat, doncs, malauradament s’ha convertit en norma i això no és una bona idea. Ministre, els ajuntaments i les comunitats autònomes no poden viure pendents de si cada any arribarà un nou decret ni de quan arribaran uns recursos que, oh, sorpresa!, els corresponen, que són seus. Necessitem, necessiten els ajuntaments, necessitem tots, perquè al final tots som ciutadans d’un ajuntament, més recursos, més estabilitat, més certeses, més autonomia. Hi ha una dada que explica perfectament aquesta contradicció. La recaptació de l’Estat ha passat de 208 000 milions d’euros l’any 18 a més de 235 000 milions d’euros el 25. Això és un augment extraordinari. Nosaltres això no ho denunciem, com fa la dreta, que quedi clar, al contrari. Si l’economia genera més recursos, si l’economia genera més ingressos, aquests recursos i aquests ingressos han de servir per reforçar una cosa bàsica, que són els serveis públics. Però els serveis públics també —a‌ ixò no sé si ho sap algú, em sembla que no— qui els presta principalment no és l’administració general de l’Estat, els presta la Generalitat, els presten els ajuntaments, més enllà de qui els lideri. Els pilars de la salut, de l’educació, dels serveis socials i de les polítiques d’habitatge són competències descentralitzades, senyor ministre, Govern, grup que dona suport al Govern. És que és així i, per tant, és aquí on han d’arribar els recursos, perquè no és acceptable de cap de les maneres que mentre augmenta la recaptació, els governs locals continuïn ofegats —‌ofegats és poc— ofegats per unes regles fiscals pensades en plena etapa d’austeritat i que seguim igual. I això és la realitat i en parlem. És que és cansino, absolutament cansino. I aquest és el veritable problema, perquè després de vuit anys de governs progressistes, continua plenament vigent, com s’ha denunciat aquí moltes vegades també, el marc fiscal imposat pel Partit Popular als pitjors anys, evidentment, de les retallades.

I vaig acabant. Continuem, de fet, sotmesos a aquesta llei, la llei d’estabilitat pressupostària, pensada evidentment per restringir i per escanyar la capacitat d’actuació de les administracions que són més properes a la ciutadania, les que realment donen sentit a la política del dia a dia, de la gent, de la pell. I el més paradoxal és que molts ajuntaments tenen recursos que tenen superàvits i que tenen romanents, però no els poden utilitzar amb llibertat per donar resposta a les necessitats dels seus veïns i veïnes. És que això és el món al revés. És una xaladura total. És absurd, totalment absurd obligar un ajuntament a acumular diners al banc mentre la ciutadania reclama més habitatge, més serveis socials o més inversions. És que què estem fent? Per això, des d’Esquerra Republicana exigim anar al fons de la qüestió fins al fons, com diria aquell, al fondo! Valentia, senyor ministre, que no passa res! Exigim una reforma profunda de la llei d’estabilitat pressupostària, perquè els plans econòmics financers només s’exigeixen en casos greus d’incompliment. Exigim adaptar les regles de despesa al nou marc europeu. Exigim que els romanents puguin ser utilitzats per incrementar la despesa útil i necessària. I exigim que els objectius de dèficit i de deute es negociïn i es negociïn amb qui s’han de negociar, amb els territoris i amb els ajuntaments. Perquè són aquestes administracions les que sostenen l’estat del benestar, sempre i quan l’Administració general de l’Estat els doni permís, que ja té nassos la cosa. I també reclamem derogar d’una vegada per totes la llei Montoro, una norma que va limitar l’autonomia local i que encara avui continua condicionant la capacitat dels municipis per exercir les seves plenes competències, perquè el finançament local continua sent el gran oblidat. Aquest reial decret no ho arregla tot, per no dir que no ho arregla gaire. I això afecta especialment, també s’ha dit, el meu país. Afecta especialment Catalunya i també el País Valencià. Els nostres municipis es troben entre els pitjors finançats de l’Estat i aquesta és una realitat que continua essent, de manera reiterada, ignorada.

Per tant, sí —i‌ ara sí que acabo— votarem a favor i ho farem per responsabilitat i perquè, mireu, qualsevol millora és millor que mantenir l’actual situació. Sí, som així de responsables. És clar que sí. Però també votarem amb esperit crític, per no dir amb esperit extremadament crític, per què Catalunya, els Països catalans i tots els seus municipis no necessiten més solucions provisionals. Necessiten, necessitem, senyor ministre, un nou model de finançament. Necessitem, senyor ministre, més autonomia i més recursos per continuar garantint els serveis públics que sostenen, sí, la cohesió social. I això, no en tingui dubte, és el que continuarem exigint.

Res més. Moltes gràcies.

Gracias, presidenta. Muy buenos días, diputados y diputadas. Buenos días, señor ministro.

Esquerra Republicana votará a favor de este real decreto y lo haremos básicamente, señor ministro, porque incorpora algunas medidas que entendemos que son positivas y que hemos reclamado desde Esquerra Republicana un montón de veces y que pueden dar un poco de aire a los auténticos damnificados, que son los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Pero también lo vamos a decir con toda claridad: este decreto vuelve a quedarse a medio camino, como siempre. Yo no sé qué manía tienen ustedes en ponerle solo la puntita. Al fondo, ministro; al fondo. (Risas). Siempre con la puntita, es una cosa increíble. Este real decreto es una respuesta absolutamente parcial a un problema estructural, y lo que necesitan los municipios de nuestro país, evidentemente, no son parches temporales, sino que lo que necesitan es hacer, lo han dicho todos los que me han precedido, una reforma profunda. No sé a qué están esperando. Claro que se valora que se flexibilice la posibilidad de dar ayudas financieras y beneficios fiscales cuando vengan del uso de los remanentes, y también es positivo que se permita destinar una parte del superávit a inversiones, especialmente inversiones en vivienda, una reivindicación que ha defendido reiteradamente Esquerra. Es evidente que la actualización de las entregas a cuenta es necesaria, sí, claro que es necesaria, es vital, pero, señorías, eso no es suficiente, ni mucho menos, porque, una vez más, el Gobierno español actúa a través de un decreto ley con medidas provisionales limitadas en el tiempo y que, además, también están condicionadas por esta incapacidad de conseguir unos presupuestos, y esta imposibilidad desgraciadamente se ha convertido en la norma. Eso no es una buena idea, ministro. Los ayuntamientos y las comunidades autónomas no pueden vivir pendientes de si cada año llegará un nuevo decreto ni de cuándo llegarán unos recursos qué, ¡oh, sorpresa! les corresponden, que son de ellos. Necesitan, todos necesitamos ―porque al final todos somos ciudadanos de un ayuntamiento― más recursos, más estabilidad, más certidumbre, más datos claros. Y hay una cosa que explica muy claramente esta contradicción. La recaudación del Estado ha pasado de 208 000 millones de euros en el año 2018 a más de 235 000 millones de euros en 2025. Eso es un aumento extraordinario. Nosotros eso no lo denunciamos, como hace la derecha, que quede claro; al contrario. Si la economía genera más recursos, si la economía genera más ingresos, estos recursos, estos ingresos tienen que servir para reforzar algo básico, los servicios públicos. Pero los servicios públicos también ―eso no sé si lo sabe alguien, parece que no― quien los presta principalmente no es la Administración General del Estado, los presta la Generalitat, los prestan los ayuntamientos, más allá de quién los lidere. Los pilares de la salud, de la educación, de los servicios sociales y de las políticas de vivienda son competencias descentralizadas, señor ministro, Gobierno, grupo que da apoyo al Gobierno. Es que es así. Y es aquí por lo tanto donde tienen que llegar los recursos, porque no es aceptable de ninguna de las maneras que mientras aumenta la recaudación los Gobiernos locales sigan ahogados ―ahogados es poco― por unas reglas fiscales pensadas en plena etapa de austeridad, no es aceptable que sigamos igual. Esa es la realidad. Y es que es cansino, es absolutamente cansino. Y este es el auténtico problema, porque después de ocho años de gobiernos progresistas, sigue plenamente vigente ―como se ha denunciado aquí muchas veces también― el marco fiscal impuesto por el Partido Popular en los peores años de los recortes.

Voy acabando. Seguimos de hecho sometidos a esta ley, a la ley de estabilidad presupuestaria, pensada evidentemente para restringir, para ahogar la capacidad de actuación de las Administraciones que están más cercanas a la ciudadanía, las que realmente le dan sentido a la política del día a día, de la gente, de la piel. Y lo más paradójico es que muchos ayuntamientos disponen de recursos, tienen superávits y remanentes, pero no los pueden utilizar con libertad para dar respuesta a las necesidades de sus vecinos y vecinas. Es que esto es el mundo al revés, es una chaladura total. Es absurdo, completamente absurdo, obligar a un ayuntamiento a acumular dinero en el banco mientras la ciudadanía reclama más vivienda, más servicios sociales y más inversiones. Es que, ¿qué estamos haciendo? Por eso, en Esquerra Republicana exigimos ir al fondo de la cuestión, hasta el fondo. Valentía, señor ministro, que no pasa nada. Exigimos una reforma profunda de la ley de estabilidad presupuestaria para que los presupuestos económicos financieros solo se exijan en casos de incumplimiento; exigimos adaptar las reglas de gasto al nuevo marco europeo; exigimos que los remanentes puedan ser utilizados para aumentar el gasto útil y necesario, y exigimos que los objetivos de déficit y de deuda se negocien con quien se tienen que negociar, con los territorios y con los ayuntamientos, porque son esas Administraciones las que sostienen el estado del bienestar, siempre y cuando la Administración General del Estado les dé permiso ―que ya tiene narices la cosa―. También pedimos que se derogue de una vez por todas la ley Montoro, una norma que limitó la autonomía local y que aún hoy sigue condicionando la capacidad de los municipios para ejercer sus competencias plenas, porque la financiación local sigue siendo la gran olvidada. Este decreto no lo arregla todo, por no decir que no arregla mucho, y eso afecta especialmente ―también se ha dicho― a mi país, a Cataluña, y también al país valenciano. Nuestros municipios están entre los peor financiados del Estado y esa es una realidad que sigue siendo ignorada de forma reiterada.

Por lo tanto, sí, votaremos a favor y lo haremos por responsabilidad y porque cualquier mejora es preferible a la situación anterior. Sí, somos así de responsables, claro que sí, pero también votaremos con espíritu crítico ―por no decir con un espíritu extremadamente crítico― porque Cataluña, los países catalanes y todos sus municipios no necesitan más soluciones provisionales. Necesitan, necesitamos, señor ministro, un nuevo modelo de financiación. Necesitamos, señor ministro, más autonomía y más recursos para seguir garantizando los servicios públicos que sostienen, sí, la cohesión social. Y eso, no tenga duda, es lo que seguiremos exigiendo.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos).

Como ha dicho el ministro, nunca antes las comunidades autónomas han contado con tantos recursos. Sus ingresos totales alcanzaron los 234 000 millones de euros en 2025, 83 000 millones más que en 2018. Y no se trata solo de una subida nominal. Descontada la inflación, los ingresos crecieron un 25,4 % real entre 2018 y 2025, frente al 15,7 % de los ocho años anteriores. También aumentan los ingresos, si se expresan por habitante: un 19 % frente al 15,8 % del periodo precedente. ¿De dónde procede toda esta mejora? En las comunidades de régimen común, el 67 % del incremento de los ingresos procede del sistema de financiación autonómico, de las entregas a cuenta y de sus liquidaciones. La buena noticia es que esta mejora continuará en 2026, según nos ha presentado el señor ministro. Si se convalida este real decreto ―como se debería convalidar―, las entregas a cuenta crecerán un 7 %, por encima de la inflación prevista, y alcanzarán una cifra récord: 157 000 millones de euros. Habrá nuevamente más financiación y más capacidad para prestar mejores servicios, como ha presentado el señor ministro. (Aplausos).

Este gran incremento de la financiación tiene su origen en el éxito de la política económica del Gobierno. ¿En qué ha consistido esta política económica? Desde el Ministerio de Trabajo, como ustedes saben, se ha causalizado la contratación temporal, con lo que se ha reducido drásticamente la inestabilidad del empleo en el sector privado. Se ha combatido a los falsos autónomos, se ha protegido a los trabajadores en contratas y en subcontratas y se ha elevado el salario mínimo un 66 %. También se ha trabajado para que Europa respondiera a esta crisis de manera diferente, de manera proactiva, con dinero para los ERTE, eurobonos y los fondos europeos extraordinarios. Se han promovido las energías renovables y se han recortado los beneficios de la banca y las energéticas llovidos del bolsillo de los consumidores. En definitiva, se ha lanzado una clara señal a los mercados: ya no es posible rentabilizar el capital a costa de las malas condiciones de trabajo; es la hora de invertir, de innovar y de arriesgar. (Aplausos). El éxito de esta política ha sido rotundo. Hoy crecemos por encima de la media europea, somos líderes en el crecimiento europeo. Y nuestro crecimiento no es solo resultado del aumento de la población, señorías de VOX, es también resultado del aumento de la productividad por hora. Por eso, los sectores que más empleo están generando no son la hostelería, el comercio y la construcción, como antaño; ahora son los sectores de más valor añadido y de salarios más altos. Otra gran novedad de este periodo, resultado de la política económica del Gobierno, es que por primera vez en décadas crecen la productividad y el empleo simultáneamente, al igual que el número de empresas y el tamaño medio de estas; una clara señal de que la nueva política económica del Gobierno está promoviendo unos proyectos empresariales más productivos y eficientes. Se trata también de un crecimiento repartido que está alcanzando a los de abajo, ahí tenemos las reducciones de todos los índices de pobreza. La mejor prueba de todo ello es que la renta media de los hogares, la renta disponible después de impuestos y transferencias, ha crecido un 9,4 % entre 2018 y 2025.

Pero, a pesar de estas incuestionables mejoras, quedan cuestiones claves por resolver. Los salarios no participan suficientemente de la productividad. Los bancos y las grandes empresas energéticas y de la alimentación siguen operando con márgenes excesivos. La crisis de vivienda está ahí, continúa, al igual que el deterioro de los servicios públicos. Y estas dos son materias donde las comunidades autónomas ―en vivienda y en servicios públicos― tienen competencias; tienen grandes competencias y, como ha dicho el ministro, no han mejorado esos servicios públicos y esa vivienda, a pesar del impresionante aumento de recursos que han tenido. Las listas de espera han seguido creciendo en la sanidad pública debido, entre otros factores, a las privatizaciones que elevan el coste del servicio al exigir una remuneración ahora para el capital privado y porque reservan los casos menos complejos y más rentables para las empresas privadas. Madrid es el ejemplo más evidente con hospitales de gestión privada que reciben miles de millones de euros del presupuesto, mientras la atención primaria y las plantillas públicas siguen tensionadas.

Lo mismo ocurre con la educación. Mientras se denuncian supuestas faltas de recursos, las comunidades gobernadas por el Partido Popular amplían los conciertos incluso donde existen plazas públicas, financian con impuestos una red pública donde no se garantiza la gratuidad y donde se segrega al alumnado. Frente a estas políticas las comunidades educativas de distintas comunidades autónomas ―especialmente de Cataluña, de la Comunidad Valenciana y de Madrid― están protagonizando importantes movilizaciones en defensa de la sanidad pública. Desde aquí les enviamos nuestra solidaridad. (Aplausos).

El abandono es todavía más grave, si cabe, en la vivienda. Las comunidades autónomas no promueven viviendas protegidas asequibles; por el contrario, las venden y descalifican. En Madrid el Gobierno del Partido Popular vendió 2935 viviendas a dos fondos buitre. Afortunadamente, los tribunales anularon esta operación. En la Comunidad Valenciana las pocas viviendas de protección oficial construidas recientemente las han asignado de manera irregular a personas vinculadas al Partido Popular. Y Andalucía proporciona suelo y ayudas a los promotores privados sin que la oferta de alquiler asequible alcance a cubrir las necesidades reales. Los Gobiernos del PP de estas tres comunidades autónomas han rechazado desarrollar la ley de vivienda, pero no han planteado ninguna alternativa eficaz. Señorías, hay muchos más recursos que nunca para mejorar los servicios públicos, pero se están despilfarrando en el bolsillo de operadores privados. El proyecto de ley de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad persigue detener este saqueo. Apóyenlo.

Por último, el real decreto que discutimos incluye también importantes novedades positivas para las entidades locales. Los ayuntamientos podrán dedicar sus remanentes a inversión en vivienda y esto es una gran noticia. (Aplausos). Gracias a esto, se podrán movilizar 3000 millones de euros en 2540 entidades. Son avances y por ello vamos a votar a favor de este real decreto. Pero no renunciamos, señor ministro, a reformar la financiación local para garantizar suficiencia, estabilidad y autonomía de los municipios y la creación de un verdadero fondo de nivelación.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, señora presidenta, con su venia. Señorías, señor ministro, la ley de presupuestos generales del Estado se convierte cada año en el instrumento necesario para dotar a las comunidades autónomas y a las entidades locales de los recursos resultantes de la aplicación de los sistemas de financiación territorial a través de las entregas a cuenta que se deben transferir. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia). Ante la actual situación de prórroga presupuestaria, el Gobierno ―que incumple de forma reiterada el mandato constitucional de presentar unos presupuestos generales del Estado― nos trae para su convalidación un real decreto-ley por razones de extraordinaria y urgente necesidad por el que se pretende actualizar dichas entregas a cuenta. Este real decretoley proviene de un Gobierno presidido por un autócrata incapaz de aprobar unos presupuestos generales, que quiere controlar todas las instituciones del Estado, que se ríe de la separación de poderes y que está terminando con la democracia y la unidad de España. (Aplausos). Desde que gobierna Sánchez se han aprobado ciento setenta reales decretos leyes lo que le sitúa como el presidente que más ha utilizado esta vía legislativa de urgencia. Señorías, P.S., el number one, lo es también en esto. Señorías, en las últimas décadas España ha sufrido una transferencia de competencias del Estado a las comunidades autónomas sin precedentes y a un ritmo vertiginoso en comparación con otras democracias avanzadas. Este despliegue autonómico ha posicionado a España como el segundo país del mundo más descentralizado, por detrás de Alemania y por delante de naciones de extensa tradición federal como Estados Unidos, Suiza o Australia. Este impulso autonómico ha resultado en demasiadas ocasiones en agravios para con el pueblo español que han puesto seriamente en entredicho los beneficios del llamado Estado de las autonomías. Existen toda una serie de consecuencias negativas, con impactos negativos de calado directa o indirectamente en nuestras vidas, por las que cada vez más españoles desconfían abiertamente de nuestra forma de organización territorial y sus consecuencias en términos de desigualdad e inseguridad jurídica. Procede, por tanto, promover una reflexión nacional sobre sus beneficios y perjuicios para la nación española, los españoles y, en general, el bien común. (Aplausos). Debe denunciarse en particular un sector público desmesurado consecuencia del sistema autonómico que se traduce en diputados autonómicos, altos cargos de los ejecutivos autonómicos, asociaciones, agencias y fundaciones dependientes de las Administraciones autonómicas y un largo etcétera que realmente no es otra cosa que una duplicación ineficiente e innecesaria del Estado, que conlleva inevitablemente la proliferación del gasto político asociado al denso entramado institucional. A esta pesada estructura sumamente ineficaz habría que añadir las graves ineficiencias consecuencia del elevado número y disparidad de normas, trabas administrativas e impuestos propios abusivos que provocan la ruptura de la unidad de mercado, la creciente inseguridad jurídica consecuencia de la vorágine legislativa autonómica y una desigualdad y una deficiente prestación de los servicios públicos a lo largo y ancho de nuestra nación. (Aplausos). Todo ello perjudica la vida de los españoles de cualquier punto del territorio nacional y provoca serios desequilibrios, desigualdades y desavenencias entre ellos. Lo anterior lleva a una clara conclusión: la situación es de por sí flagrante por el volumen de gasto totalmente improductivo que esta estructura mastodóntica exige, además de ignorar lo preceptuado por el artículo 31.2 de la Constitución española según el cual el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. Es evidente que si no se dilapidase tanto dinero público, no sería necesario mantener ―y menos aún incrementar― el nivel de espolio fiscal que ha llevado la recaudación por ingresos tributarios a cifras históricas. (Aplausos). Si la regla de adecuación del gasto público a las necesidades de la sociedad ha de ser respetada siempre, con más razón debe serlo en un Estado que cuenta con cuatro niveles de autogobierno que reproducen los excesos del Estado central.

Señorías, decía el señor ministro que este real decreto-ley se aprueba por razones de extraordinaria y urgente necesidad. Para mi grupo parlamentario lo que es de extraordinaria y urgente necesidad no es actualizar el sistema de financiación de comunidades autónomas y entidades locales; lo que es de extraordinaria y urgente necesidad es simplificar la estructura de un Estado autonómico derrochador que tiene claras deficiencias y múltiples duplicidades. (Aplausos). Lo que es de extraordinaria y urgente necesidad es reconstruir un Estado desvertebrado por un modelo autonómico inútil, ineficiente y creador de desigualdades entre los españoles.

Concluyo, señor presidente. Lo que es de extraordinaria y urgente necesidad es que P.S., el number one ―el puto amo, que dicen otros―, se vaya y convoque elecciones.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Gracias, presidente. Señor ministro, existen dos Españas, la del relato del Partido Popular y VOX, y la del dato de los organismos oficiales. ¿A quién creemos entonces? La del relato del Partido Popular dice que este es un país en descomposición. Sin embargo, hoy traemos las entregas a cuenta y, frente a la descomposición que anuncia el Partido Popular, los datos indican que este año habrá récord de financiación por comunidades autónomas y ayuntamientos. (Aplausos). Y esto significa que los Gobiernos de Pedro Sánchez son los que mejor han financiado las comunidades autónomas y los ayuntamientos en toda su historia, aunque le pese a la derecha. Por eso, nosotros nos quedamos con el dato frente al relato catastrofista de la derecha, y los datos dicen que las comunidades autónomas tendrán 170 000 millones de euros en recursos este año, un 7,7 % más. Para que nos hagamos una idea, en el año 2018, con el Partido Popular en el Gobierno, las entregas a cuenta del Gobierno eran de 96 000 millones de euros. Con este Gobierno de Pedro Sánchez van a ser casi 158 000 millones de euros. En este año 2026, los ayuntamientos españoles van a recibir 30 000 millones de euros; es decir, 2354 millones de euros más que el año anterior. ¿Saben cuánto recibían los ayuntamientos españoles con Rajoy en el año 2018? 18 000 millones de euros. Es decir, los ayuntamientos españoles con Pedro Sánchez reciben 12 000 millones de euros más. (Aplausos). Por cierto, con este decreto se permite una flexibilización en los remanentes de los ayuntamientos: 3000 millones de euros que los ayuntamientos pueden emplear en vivienda. Por favor, háganlo, porque este país necesita un esfuerzo de todas las Administraciones en vivienda. Para entender el dato de las entregas a cuenta hay que comprobar el crecimiento económico de España. ¿Qué dice el Partido Popular al respecto? El relato del Partido Popular dice que España es un Estado en desintegración. ¿Y qué dicen los organismos oficiales? Los organismos oficiales dicen que España es el país que más crece de la Unión Europea y que la economía española ha sido la que más ha crecido en los años 2023, 2024 y 2025. (Aplausos). Los organismos oficiales dicen que España cerró 2025 con un déficit presupuestario menor incluso que las previsiones del propio Gobierno. Y, es más, señores de la derecha, por primera vez en los últimos veinte años España tiene menos déficit presupuestario que Alemania o que Francia. Y los últimos datos de empleo dicen que por primera vez en nuestra historia hay 22 300 000 afiliados a la Seguridad Social. ¿Se imaginan sus señorías qué estarían contando los voceros de la derecha si estos datos fueran con un Gobierno conservador? Hablarían de milagro español, campeones de la gestión. Pues sí, eso es lo que está pasando en España, pero con un Gobierno progresista y de izquierdas, aunque a los señores de la derecha les pese. (Aplausos). Y las entregas a cuenta que hoy traemos se financian, señores de la derecha, a través de los impuestos de los españoles. ¿Y cuál es el relato de la derecha en este país? Por cierto, el Partido Popular fue el partido que más subió los impuestos en España. (Rumores). Repito, ustedes, señores del Partido Popular, fueron los que más subieron los impuestos en este país. Y, sin embargo, tienen la cara dura de decir que España es un infierno fiscal. (Continúan los rumores). ¿Y qué dicen los datos? En primer lugar, la presión fiscal en España se sitúa a más de 3 puntos por debajo del promedio en la eurozona. ¿Es la eurozona un infierno fiscal? En segundo lugar, las rentas bajas pagan menos IRPF y el tipo efectivo del IVA es más bajo que durante el Gobierno del Partido Popular. (Continúan los rumores). Un salario bajo paga menos impuestos hoy que cuando gobernaba el Partido Popular. Lo que sí ha hecho este Gobierno es subir impuestos, pero ¿a quién? A las grandes fortunas, a los tramos más altos de las rentas del IRPF y de las rentas del capital. Este Gobierno ha puesto un gravamen temporal a entidades financieras y energéticas y, posteriormente, un impuesto sobre el margen de comisiones a la banca, de manera, señorías, que contribuyeran más quienes más se beneficiaban del actual contexto. Eso se llama justicia fiscal, algo el Partido Popular y VOX votaron en contra. Por cierto, ¿tendrá algo que ver la amistad del Partido Popular y de VOX con la banca, con las grandes energéticas? ¿Tendrá algo que ver con esa famosa frase de «quien pueda hacer que haga»? Yo creo que sí. (Aplausos). Y es muy curioso, señorías, porque a lo largo de la legislatura quienes hablan del infierno fiscal han tenido muchas oportunidades para apagarlo. ¿Y qué hicieron? Real Decreto 8/2023, para la bajada temporal del IVA a los productos básicos; Partido Popular y VOX votaron en contra. Real Decreto 4/2024, para la prórroga de la bajada del IVA a los alimentos básicos; el Partido Popular se abstuvo, VOX votó en contra. Real Decreto 10/2024, para el Establecimiento del Gravamen Temporal Energético durante el año 2025; Partido Popular y VOX votaron en contra. Real Decreto 2/2026, para aprobar descuentos en energía eléctrica a los consumidores vulnerables, deducción en IRPF para mejoras en vivienda y extensión de ayudas para los afectados de la dana; Partido Popular y Vox votaron en contra. Señorías, esto se llama fariseísmo político, los mismos que hablan de infierno fiscal son los que, cuando se traen bajadas de impuestos a este Congreso, votan en contra. La incoherencia en todo su esplendor.

Esperemos que hoy sí sean capaces de aprobar las entregas a cuenta, como así se lo están pidiendo los presidentes y presidentas de sus comunidades autónomas.

Muchas gracias. (Aplausos).

Buenos días, señorías. Señor ministro, ha llegado tarde usted a este Gobierno, ha llegado en el ocaso del sanchismo, y repite los malos usos y costumbres de su antecesora, la defenestrada señora Montero. Y, al igual que usted, este real decreto-ley llega tarde. ¿Por qué un asunto tan trascendental como la imprescindible actualización de las entregas a cuenta para las comunidades llega tarde? Por dos razones claras. La primera, la absoluta incapacidad de este Gobierno, un Gobierno que no es que no apruebe presupuestos generales, es que ni siquiera los presenta, incumpliendo la Constitución. Usted sabe que las entregas a cuenta a las comunidades y entidades locales siempre se incluyen en el articulado del proyecto de ley de presupuestos, por lo que, para que pudieran haber hecho sus previsiones, deberían haber estado planteadas ya en diciembre del año 2025. Pero este es el Gobierno que no gobierna y el que no ha presentado presupuestos ni en 2024 en 2025 ni en 2026, con un presupuesto en vigor que proviene de otra Cámara y de otras mayorías. Y lo que roza ya el esperpento es que Sánchez, que hace solamente unas semanas anunciaba que presentaría los presupuestos de 2026, hace poco, en un ejercicio nuevo de pinochismo político, nos acaba de anunciar que lo que va a presentar ya son los presupuestos de 2027. Oiga, señor ministro, pero ¿hasta cuándo nos quieren seguir tomando el pelo a los españoles? ¿No se cansan de hacer el ridículo? (Aplausos).

La segunda razón por la que este real decreto-ley llega tarde es un motivo por el que usted no tiene por qué quejarse: es su mala praxis. No se queje del voto en contra de este grupo parlamentario cuando traen aquí reales decretos leyes que mezclan las entregas a cuenta, con las que estamos de acuerdo, con la inquiokupación, por ejemplo. Es decir, actualización de entregas a cuenta, sí; trágalas de inquiokupación, no, señor ministro, no. (Aplausos).

Están muy acostumbrados a que nos hagan una pregunta, eso de qué han hecho las comunidades con todos los millones de más que les hemos dado. Mire, ni usted ni Sánchez ni el Gobierno dan nada a las comunidades autónomas; reciben esas cuantías por la aplicación de los sistemas de financiación. Por tanto, dejen de mentir sobre esa materia. (Aplausos). Y esos tributos, señor ministro, los que pagamos todos los españoles, son unos tributos que han pasado de 208 000 millones en 2018 a 325 000 millones en 2025: un 56 % más desde que gobiernan, un infierno fiscal que crece y asfixia a los españoles, y que, además, son ingresos que no solamente se han producido por el crecimiento, sino por una inflación desbocada que ustedes no saben controlar.

Corresponde examinar qué han hecho las comunidades y qué ha hecho el Gobierno con este crecimiento. Comencemos con las comunidades y los 49 000 millones de euros más. ¿Qué han hecho con esos ingresos adicionales? Depende de qué comunidades. Si me pregunta por las comunidades del PP, bajar impuestos y aumentar el gasto social. Si me pregunta por las comunidades del Partido Socialista, subir impuestos y subir el gasto superfluo. (Aplausos). Y le voy a poner unos ejemplos. ¿Sabe cuáles son las tres comunidades autónomas que más porcentaje de su presupuesto destinan a gasto social ―sanidad, educación y servicios sociales―? Son Murcia, Castilla y León y Andalucía. Las tres del Partido Popular (aplausos), las tres por encima del 65 % de gasto en esta materia. ¿Y sabe cuáles son las comunidades que menos porcentaje destinan a gasto social? Navarra y Cataluña, del Partido Socialista. Además, están en el ranking, en el top de las que más gastan en gasto burocrático superfluo, más del 30 %. Por tanto, ustedes, los socialistas, esquilman y derrochan; y nosotros, el Partido Popular, protegemos y mejoramos los servicios públicos a nuestros vecinos. ¡Así se escriben las cosas! (Aplausos).

Ahora respondemos a otra pregunta: ¿qué es lo que ha hecho el Gobierno con ese incremento de gasto? Sánchez dispuso en 2025 de 180 000 millones de euros más que Rajoy. ¿Dónde está ese dinero? Porque vivimos con mayores ingresos y, además, con fondos europeos, pero la realidad de este país dice que ha empeorado la calidad de vida de los españoles, que tienen un sueldo medio ajustado que ha perdido un 3,4 % de poder adquisitivo desde 2018. Ha empeorado la vida de los españoles porque, a pesar de la recaudación récord, ustedes han elevado la deuda pública en 537 000 millones de euros, un 45 % más desde junio de 2018, hasta el récord de 1,8 billones, lo que hipoteca el futuro de los españoles. Pero, sobre todo, y lo que es peor, han empeorado los servicios públicos en España: tienen a los médicos en huelga indefinida, lo que genera más listas de espera en las comunidades; tienen los juzgados colapsados; no han construido ni una sola vivienda de las 200 000 que prometieron que iban a hacer; los índices de paro juvenil y la pobreza infantil están en las peores posiciones en Europa; la situación de las carreteras y los trenes está peor que nunca, y los jóvenes, sin capacidad de emancipación.

¿Qué han hecho con todo su poder político, señor ministro? Ese poder político que alumbraba con su faro moral a la militancia y que, mientras en los mítines decía que ser socialista es normalmente tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho, después lo que hacía era recibir mucho y explicar muy poco. (Aplausos). Ese poder político, señor ministro, que grababa vídeos diciendo que ser socialista es ser feminista y que después, en privado, lo que hacía era gastarse el dinero de todos los españoles en mujeres prostituidas o en colocar amiguitas en puestos de la Administración que ni siquiera acudían al trabajo. Y, mientras, los españoles aflojando el bolsillo. (Una señora diputada del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Montoro!). ¡Qué desvergüenza, señor ministro! ¡Qué desvergüenza! (Aplausos).

Voy a terminar con una última cuestión. Le he escuchado hablar de la mano tendida para reformar la financiación autonómica. No nos engañen, es una propuesta fake. Tratan de aparentar que siguen gobernando. Saben que Sánchez no puede reformar la financiación autonómica porque los independentistas, que le mantienen a usted todavía en el cargo, le están exigiendo un trato privilegiado. Es más, se suben aquí y le dicen: ¡A fondo, ministro, a fondo! Lo ha escuchado, ¿verdad? Lo hemos escuchado todos. Lo saben hasta sus presidentes autonómicos. Pregúntele al presidente de Asturias y al de Castilla‑La Mancha. Lo niegan porque les han visto pactar con los independentistas un modelo bilateral que perjudica a la mayoría de españoles y solo beneficia a unos pocos. (Rumores). Esos pocos se suben a esta tribuna y asumen que todo lo que están viendo de ustedes es una mierda; pero con todo el dinero de los españoles que les ponen ustedes encima de la mesa, es muy explicable que sigan tragando con toda esa mierda. (Aplausos).

Cuando Feijóo sea presidente, revisaremos el sistema de financiación autonómica y local con el fin de resolver la ineficiencia del sistema y garantizar los principios de igualdad, equidad, transparencia, suficiencia, solidaridad y corresponsabilidad fiscal. Pero para ello solamente les pedimos una cosa: dejen de esquilmar los bolsillos de los ciudadanos, entreguen las joyas (risas) y den la voz a los españoles.

Muchas gracias. (Aplausos).

Muchas gracias. Gracias a todos los grupos parlamentarios por sus síes: sus síes constructivos y sus síes también con alguna crítica. Tomo nota y estudiaremos cada una de las propuestas que nos han hecho. Al resto de los grupos parlamentarios, por lo menos gracias por no gritar. Muchas gracias. (Aplausos).