Solicitud de comparecencia del Ministro del Interior ante el Pleno de la Cámara, para informar sobre las circunstancias en las que han fallecido dos agentes de la Guardia Civil y las lesiones sufridas por otros dos efectivos durante la persecución de una narcolancha en las costas de Huelva el día 08/05/2026, así como para dar cuenta de las actuaciones llevadas a cabo, el estado de la investigación y las medidas previstas para reforzar la seguridad de los agentes destinados a la lucha contra el narcotráfico.

Muchas gracias, señora presidenta. Hoy subo a esta tribuna con indignación y con tristeza para recordar a los dos guardias civiles fallecidos en Huelva, Jerónimo y Germán, mientras combatían una de las mayores amenazas que sufre nuestro país: el narcotráfico. Merecen verdad, merecen justicia y merecen que quienes tienen la responsabilidad de proteger a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad asuman también sus propias responsabilidades políticas. (Aplausos.—Una señora diputada: ¡Muy bien!).

Señor Marlaska, es vergonzoso que venga usted aquí a decirnos hoy ―y leo textualmente―: El plan de Gibraltar funciona y sus resultados son positivos. Lo dice usted después de que haya cuatro guardias civiles asesinados en el Campo de Gibraltar en menos de dos años. ¿Qué pasa, son una anécdota par usted los guardias civiles asesinados? ¿Le parece esto positivo, señor Marlaska? ¿Le parece positivo? Señor Marlaska, quien politiza a las víctimas y a los guardias civiles no es quien pide medios para ellos, no es quien trae su memoria y su voz a este Congreso, es quien no acudió a sus funerales. (Aplausos). Quien politiza a los guardias civiles es quien dice que es un accidente laboral. Y quien politiza a los guardias civiles es usted, que incumple los mandatos de este Parlamento para apoyar a las fuerzas y cuerpos de seguridad y dotarles de más medios, señor Marlaska.

Vamos a traer aquí la memoria, el recuerdo y las reivindicaciones de la Guardia Civil y de la Policía las veces que queramos ¡y usted no nos va a callar nunca jamás! (Aplausos). Señor Marlaska, mientras sus familias lloran, usted sigue instalado en la misma respuesta de siempre: números, números y ni una sola medida para proteger a los agentes ni para luchar contra el narcotráfico. Llevamos años advirtiéndolo, años en los que lo están suplicando los sindicatos, las asociaciones de la Guardia Civil y usted no hace nada. ¿Cuántos agentes más tienen que morir, señor Marlaska, cuántos más para que usted haga algo? Cada vida perdida, señor Marlaska, es una losa sobre su gestión. Sí, sí. No podemos seguir contando muertos como si fueran daños colaterales de su pasividad. Los agentes están cumpliendo con su deber y la pregunta que se hacen todos los españoles es si el ministro del Interior está cumpliendo con el suyo. La respuesta es no. Cuando su prioridad está en seguir órdenes de la cloaca y tapar delitos socialistas, no tiene tiempo ni recursos para perseguir delitos como el narcotráfico o a los asesinos de los guardias civiles.

En condiciones de normalidad democrática, usted, señor ministro, y su directora de la Guardia Civil habrían dimitido hace semanas. Señor Marlaska, ya sabemos que para usted los agentes de la Guardia Civil son solo números; ahora sabemos que para la directora de la Guardia Civil aún es peor: son agentes enemigos a neutralizar. (Aplausos). Usted ha mentido a la cara de todos los españoles negando las reuniones de la fontanera de las cloacas del PSOE con la directora de la Guardia Civil, reuniones que tenían como finalidad atacar a la propia Guardia Civil en los casos que están investigando de corrupción del PSOE. Ayer la directora de la Guardia Civil confirmó que hace un año, exactamente un año, le informó a usted de esos encuentros con Leire Díez y de esa campaña contra la UCO. ¿Por qué negó usted de manera reiterada esas reuniones y que la directora le había informado de esas reuniones? Diga la verdad de una vez por todas y diga si informó al presidente del Gobierno, al señor Sánchez, tan pronto le hubo informado la directora de la Guardia Civil.

Hoy ha dicho que ningún guardia civil se quejó nunca de que haya interferido en su trabajo. ¡Pero si cesó al coronel Pérez de los Cobos precisamente porque se opuso a que se interfiriese en su trabajo! Usted es un pionero. ¡Sí, ríase! Tiene un doctorado cum laude en injerencias judiciales, señor Marlaska. (Aplausos). ¡Ese es usted! Además, está condenado por el Tribunal Supremo. Usted les enseñó el camino a las cloacas. ¡Sí, sí, sí! Es peor que ellos, ¡porque además usted es juez! (rumores), y eso es una vergüenza. Por eso su comparecencia sobre la protección de los agentes está plagada de mentiras, de falsedades, que es lo que usted viene haciendo durante su trayectoria. Usted amordaza a la Guardia Civil, los ataca y permite que hasta su propia directora los persiga; y pretende aniquilar al que cumple con su deber de investigar casos de corrupción del Gobierno de Sánchez. Cuando los narcos arrollan a los guardias civiles con sus lanchas o cuando la directora de la Guardia Civil les abre expedientes, usted lo permite y se calla. Señor Marlaska, entre la tragedia de Barbate y la de Huelva, ¿qué hizo usted? (Rumores). Absolutamente nada. Solo ayudar y proteger a las cloacas del PSOE. Lleva ocho años anunciando medidas, pero, señor Marlaska, las medidas que no llegan a tiempo no salvan vidas. Cuando un guardia civil sale de servicio para enfrentarse a organizaciones criminales debe saber que está detrás de él todo el respaldo del Estado y no una cloaca para amordazarle y acabar con su carrera profesional; debe tener la certeza de que el Estado va a estar garantizándole su seguridad.

Hoy, señor Marlaska, su permanencia simboliza el escaso respeto del Gobierno hacia las fuerzas y cuerpos de seguridad y a la lucha contra el narcotráfico. Usted no puede seguir siendo ministro porque en dos años van cuatro agentes muertos por los narcos, decenas de agentes heridos. Y usted no puede seguir siendo ministro porque hubo avisos de los informes de Seguridad Nacional, que usted no ha escuchado, alertando del problema del narcotráfico. Usted no puede seguir siendo ministro porque, señorías, tiene abandonados a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Frente a 600 narcolanchas, el informe de Seguridad Nacional dice que usted solo tiene cuatro interceptoras AISTER HS60; eso para toda Andalucía. Usted no puede seguir siendo ministro porque no para de desmantelar las unidades más exitosas de las fuerzas y cuerpos de seguridad: la OCON‑Sur en la lucha contra el narcotráfico y ahora la unidad Ares, que denunció las irregularidades en el tonelaje del Plus Ultra. Usted no puede seguir siendo ministro porque no conoce ni tan siquiera lo que sucede en la provincia de Huelva, con un déficit de plantilla de más de 300 agentes ―un 20 %―; una sola patrulla del servicio marítimo para toda la costa de Huelva. Las bajas por agresión a los agentes han pasado de cuatro en 2021 a veinte en 2024. Usted no puede seguir siendo ministro porque en ocho años la criminalidad ha subido un 16 % con usted; los homicidios, un 30 %; las violaciones, un 215 %; el tráfico de drogas, un 60 %; la sensación de inseguridad se ha triplicado. ¡Y usted no ha arreglado el petaqueo, lo han arreglado en el Senado el Partido Popular y Junts! (Aplausos). ¡Usted no hizo nada! ¡Usted simplemente va a aplicar una enmienda nuestra, que usted votó tres veces ―el Partido Socialista― en la Comisión de Interior en contra del petaqueo! (Continúan los aplausos). Y, por cierto, señorías, ¡que no les engañe el señor Marlaska! Dice: Es que ahora hay más incautaciones que nunca. Claro, y por eso la droga en dos años ha bajado de precio. Y por eso la cocaína de 32 000 euros pasó a 14 000 euros el kilo. ¿Por qué, señor Marlaska? ¡Porque está entrando más que nunca! Usted es un coladero para los narcos; eso es usted, señor Marlaska. El legado de su incompetencia es este resumen que le acabo de hacer.

Señorías, Leire alardeaba de tener un control absoluto sobre la cúpula de la Guardia Civil. Esto solo pudo ocurrir por una razón: porque usted se lo cedió. Usted le cedió el control de la Guardia Civil a la cloaca del PSOE. Usted permitió que Leire intentase sabotear las investigaciones que estaba llevando a cabo la UCO. Y la pregunta es: ¿a cambio de qué? ¿Cuál es su precio, señor ministro? ¿Cuál es su precio, señor ministro, cuando ayer ha sido ridiculizado en el Senado al afirmar la directora que hace un año que le informó a usted de las reuniones con la fontanera del PSOE? Le ha dejado con sus vergüenzas al aire, señor Marlaska. ¿Cuál es su precio, señor ministro, para que todavía no haya cesado a la directora de la Guardia Civil? ¿Cuál es su precio, señor ministro, para que todavía no haya cesado al DAO Llamas por pedir a los agentes de la UCO que se pusiesen de perfil en los casos de corrupción del PSOE? ¿Cuál es su precio, señor ministro, por no haber cesado y además haber premiado al exdirector de la Guardia Civil con un sueldo de 14 000 euros, que dio orden de ocultar los correos electrónicos entre David Sánchez y P.S. a la juez de Badajoz? ¿Cuál es su precio, señor ministro, por no haber cesado a los agentes implicados en la entrada ilegal de Delcy Rodríguez aquella noche en Barajas y además ascenderlos? ¿Cuál es su precio, señor ministro, para que no haya cesado al jefe superior de la Policía de Canarias implicado en el caso Plus Ultra? ¿Cuál es su precio, señor ministro, por no defender a la UCO y, en cambio, defender a la directora de la Guardia Civil y por tapar los soplos de las investigaciones, a los corruptos? Usted es un vendido; un vendido a los intereses más bajos del PSOE. Sabiéndolo todo sobre la cloaca, usted dejó hacer a Leire y a toda su banda. ¿Cuál es su precio, señor ministro?

Señorías, finalizo. Usted, señor Marlaska, es mucho peor que Leire. Leire nunca fue juez. Leire nunca luchó contra la delincuencia. Leire nunca encarnó una regeneración.

Usted sí. Leire era cloaca desde el principio. Usted se vendió a la cloaca, y el precio que ha estado dispuesto a pagar para venderse de esta manera fue traicionar todo lo que fue.

Levántese y váyase, señor ministro. (Varias señoras y señores diputados: ¡Muy bien, muy bien!―Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie).

Muchas gracias, señora presidenta. Señor ministro del Interior, ¿cómo se atreve usted a subir a esta tribuna a hablar ―cito literalmente― de embarrar, manosear, manipular, mentir y maltratar, tratar de utilizar en beneficio propio a las fuerzas y cuerpos de seguridad achacándoselo a los otros? (Aplausos). ¿Cómo se atreve usted? ¿Cómo se atreve usted a subir a esta tribuna presumiendo de un historial de servicio de éxito y entrega a las fuerzas y cuerpos de seguridad cuando su única hoja de servicio es el fracaso y la mentira? ¿Y cómo se atreve usted a subir a esta tribuna hoy ni siquiera mencionando lo más mínimo lo que está ocurriendo hoy en el seno de su ministerio? Mire, ¿cómo se atreve usted a subir a esta tribuna y empezar su intervención expresando cínica e hipócritamente sus condolencias a las familias de los dos últimos guardias civiles fallecidos en acto de servicio ―no miserablemente en un accidente laboral (aplausos), como dijo en su momento la señora Montero― cuando usted no se atrevió a compartir personalmente el dolor de las familias y de sus compañeros no estando presente en el funeral de esos guardias? Y no estuvo simplemente por miedo a ser abucheado. Pero no le sirvió esa inacción porque se cubrió de deshonor. Además, el abucheo se lo dieron días después en la Academia de Baena (sic) los familiares de los guardias civiles que estaban jurando bandera: la 131.ª promoción del cuerpo. (Rumores). Sí, señor ministro, es verdad, es Baeza. Es que cuando se tiene que hablar muy deprisa contra el reloj a veces ocurren estas cosas. (Aplausos). Mire, el 20 de mayo vino usted aquí arrastrado ―no voluntariamente, arrastrado― por el Grupo Parlamentario VOX y también por el Partido Popular. Le planteamos en la misma sesión dos interpelaciones a propósito de estos hechos. El Grupo Parlamentario VOX entonces denunció una vez más el abandono al que usted tiene sometidos a los guardias civiles que luchan contra el narcotráfico especialmente hoy en las provincias de Cádiz y Huelva, convertidas en foco de esa actividad criminal de unos narcos que, además, cada día expresan una acción más violenta contra los guardias. Una expresión dramática de esa violencia fue el asesinato de dos guardias civiles en el puerto de Barbate. Le hicimos entonces ―y le sigo haciendo hoy― responsable político de esas muertes por su pasividad y por su inacción, porque desde hacía mucho tiempo los guardias civiles le venían advirtiendo a usted de la precariedad de medios materiales y humanos ―a pesar de su autopropaganda hoy aquí― de la que padecen especialmente en esas dos provincias. Le habían venido advirtiendo de la peligrosidad que suponía tener que enfrentarse con potentes narcolanchas en lanchas neumáticas semirrígidas carentes de toda protección. Y le habían advertido a usted de la profunda situación de indefensión en la que se encontraban al no permitirles usted hacer uso de sus armas de fuego contra las narcolanchas cuando estas les embestían en el mar. Le había reprochado en esa sesión del 20 de mayo ―y vuelvo a reprochárselo hoy― que usted inopinadamente, sin ni tan siquiera consultar con la Fiscalía, decidió en septiembre de 2022 suprimir la unidad especial OCON‑Sur; una unidad especial que había ganado la batalla al narco en el Campo de Gibraltar. Hoy ha hecho la trampa habitual en usted de citar en los niveles de incautación de armas, dinero, etcétera, etcétera, una parte sustancial del brillantísimo historial de incautaciones y detenciones que hizo la unidad OCON‑Sur con la que usted acabó inopinadamente. Le reprochamos su desprecio permanente hacia las reivindicaciones legítimas de los guardias civiles: reconocimiento como profesión de riesgo, jubilación anticipada, equiparación salarial. Ayer mismo la Mesa de la Cámara volvió a bloquear la iniciativa legislativa proveniente del Senado que permitiría definitivamente acceder a ese reconocimiento. Y van ya más de setenta ocasiones. Y le reprochamos que usted ha sido el ministro del Interior que más sanciones ha impuesto a los agentes, que menos ha dialogado con ellos, que menos los ha escuchado, que más nombramientos caprichosos ha realizado, más ceses arbitrarios y, en definitiva, que más les ha mentido. Y sigue haciéndolo hoy. Por eso pedimos entonces su dimisión, como la habíamos pedido ya tantas veces.

Hoy volvemos a pedírsela especialmente con mayor énfasis, a pesar de su silencio al respecto de esta cuestión, porque ha quedado fehacientemente acreditado que usted ha mentido a España, usted ha mentido a esta Cámara y usted ha mentido a la Guardia Civil dando cobertura a los manejos de la cloaca socialista en el seno de su ministerio. (Aplausos). Cuando hace un año apareció la primera grabación en la que la tal Leire decía que necesitaba matar a Balas, usted y la directora general de la Guardia Civil guardaron un vergonzoso silencio. Cuando meses después apareció el informe de la UCO en el que acreditaba que la directora general de la Guardia Civil se había reunido con esta individua y que el director adjunto operativo había ordenado abrir diligencias informativas a determinados agentes de la UCO, la directora general siguió guardando un escrupuloso silencio; pero usted se lanzó al ruedo y desde entonces no ha hecho más que repetir y reiterar que todo era falso, que jamás la directora general de la Guardia Civil se había reunido con esta individua, lo que, por otra parte, suponía estarle usted negando credibilidad a la auténtica veracidad del informe de la UCO. La última vez que usted negó que la directora general de la Guardia Civil se hubiera reunido con la tal Leire fue la semana pasada en el Pleno del Senado en un tono insultante y farruco. Esa misma noche la Dirección General de la Guardia Civil publicó una nota en la que reconocía que efectivamente sí, que la directora general había mantenido contactos con esta individua. Fue lamentable, penoso, patético verle a usted al día siguiente balbuceando nervioso ante la prensa para ver cómo salía del embrollo en el que usted se había metido a cuenta de sus propias mentiras. (Aplausos).

Y no soy yo, no es el Grupo Parlamentario VOX, no son las asociaciones profesionales de la Guardia Civil las que dicen y han acreditado que usted ha mentido, sino que ayer la directora general de la Guardia Civil manifestó ante el Senado que al día siguiente de conocerse esa primera grabación de la tal Leire ―es decir, hace un año―, al día siguiente, se reunió con usted y le explicó que conocía a esta individua y que se había reunido con ella. Usted se ha tirado un año negando este hecho simplemente para proteger la cloaca, la cloaca sanchista, la cloaca que pretendía atentar ―atentar en el sentido jurídico y civil, en el sentido reputacional― contra hombres y mujeres bajo su mando.

Concluyo, señora presidenta. Ni usted ni la directora general de la Guardia Civil pueden decir hoy que hayan hecho del honor su divisa principal. Eso sí lo pueden decir los miles de hombres y mujeres de la Guardia Civil, que visten el uniforme con honor y que entregan ejemplarmente lo mejor de sí mismos todos los días al servicio de España y de los españoles, hombres y mujeres de honor, guardias civiles con honor, que no se merecen estar bajo el mando de semejante calaña: Sánchez, usted y la marioneta que han puesto al frente de la Guardia Civil para que sea obediente a las órdenes de la cloaca sanchista.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Señora presidenta, señores diputados, señoras diputadas, en primer lugar, mis condolencias a los agentes fallecidos y a los heridos, a sus familiares, a sus compañeras y compañeros y a sus allegados.

Nada hay peor en una democracia que la incrustación de organizaciones criminales mafiosas en la sociedad, organizaciones que aplican la ley de la selva, que son el producto más acabado de las ideas neoliberales. Las organizaciones criminales complejas tienen innumerables ramificaciones porque innumerables son sus recursos. Expanden la corrupción, el delito y la impunidad allá donde se establecen. Y las organizaciones de narcotráfico, además, diversifican su actividad en otras actividades ilegales: tenencia de armas, vehículos de transporte, trata de personas, blanqueo de dinero y cooptación de servicios de carácter privado, como notarios, ayuntamientos. También penetran en la Administración de Justicia e incluso en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por eso, es fundamental dar el máximo apoyo a los funcionarios de los cuerpos y fuerzas de seguridad, de aduanas y del resto de Administraciones públicas, en especial de la de Justicia, que combaten estas organizaciones.

Tras la reducción de personal, de inversiones y de gasto corriente en las fuerzas y cuerpos de seguridad durante el anterior Gobierno de Mariano Rajoy, es una realidad que se ha ido aumentando la plantilla de las fuerzas de seguridad, que ha aumentado la inversión en medios materiales y, en especial, que se ha incrementado el salario en un 38 % desde el año 2018, porque los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad deben estar bien retribuidos, para que no tengan problemas para llegar a fin de mes, y bien equipados. Tampoco hay ninguna duda de que las organizaciones criminales del narcotráfico crecen en ámbitos internacionales, por una errónea política prohibicionista, que lo único que hace es expandir la oferta y la demanda por circuitos ilícitos que encarecen precios. Ganan los narcotraficantes y también ganan todos los circuitos económicos que les rodean: los grandes centros internacionales bancarios de blanqueo de dinero. Esto permite a las organizaciones del narcotráfico disponer de una fuente inagotable de recursos económicos. No se puede competir solo aumentando el gasto, no se puede derrotar al narcotráfico internacional solamente desde un país; la derrota o será global o no será. Acuérdense del narco Juan Orlando Hernández, presidente de un partido de derechas, el Partido Nacional de Honduras, y expresidente de Honduras, condenado en el año 2024 por narcotraficante y encarcelado en los Estados Unidos.

Es evidente que los profesionales no solamente deben contar con medios, también deben contar con derechos para que se oiga su voz a la hora de organizar este combate en el que nos jugamos la democracia. Al Partido Popular y a VOX los vemos utilizando siempre a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como un elemento de confrontación con el Gobierno, pero nunca los vemos denunciando que los y las integrantes de la Guardia Civil soportan una importante restricción de derechos, que impide, por ejemplo, la normal participación de estos trabajadores en las tareas de organización de su trabajo y en las decisiones que les incumben, debido a su nula capacidad de acción sindical. También ocurre esto respecto a las limitaciones de acción sindical en la Policía Nacional. No es comparable la situación de falta de recursos, de falta de cauces para ser escuchados y de participación en la toma de decisiones que afectan a los trabajadores de la seguridad del Estado con la situación de otros empleados públicos, que sí disponen de estos canales.

Es inaceptable que no se aplique debidamente la normativa de prevención de riesgos laborales en la Policía Nacional y en la Guardia Civil. La falta de vigilancia en el cumplimiento de esta normativa de prevención conecta las muertes de Barbate y Huelva con una obligación legal incumplida: las investigaciones técnicas de estos hechos y la participación de los representantes de la Guardia Civil en la prevención de riesgos laborales. Los informes de las investigaciones aún no se han puesto a disposición de las asociaciones profesionales. Tras un incidente de trabajo con resultado de muerte, el servicio de prevención tiene la obligación legal de investigar sus causas en cualquier centro de trabajo, así lo exige no solo la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, sino también el Real Decreto 179/2005, sobre prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil. El objeto de esa investigación no es depurar responsabilidades, es detectar las causas técnicas organizativas del hecho para adoptar medidas correctoras que eviten su repetición. Los informes elaborados por los servicios de prevención de riesgos sobre los sucesos de Barbate y de Huelva no han sido puestos a disposición de los representantes de los guardias civiles. Los representantes del personal siguen sin conocer las conclusiones técnicas de la investigación, porque los mandos de la Guardia Civil se niegan a que el consejo de participación y las asociaciones profesionales accedan a esta información.

Aprender de lo ocurrido es la única vía para evitar que se vuelva a reproducir. Si el informe de Barbate se hubiera compartido con participación de los representantes de las asociaciones, probablemente se habrían evitado los trágicos sucesos de Huelva.

En cualquier Administración pública, los delegados de prevención tienen garantizado el acceso a la información y la documentación sobre las condiciones de trabajo, incluidas las investigaciones de los incidentes que ocurran en el trabajo, más si tienen resultado de muerte. En la Guardia Civil, los representantes de personal ni siquiera han podido leer estos informes. Esto es un síntoma de una carencia estructural. El sistema de prevención de riesgos laborales descansa en dos pilares: la evaluación técnica de los riesgos y la participación de los trabajadores a través de sus representantes. En la Guardia Civil, la participación efectiva de los trabajadores no existe, debido a la restricción de derechos. Los delegados de prevención de los guardias civiles carecen de las facultades que contempla la ley. No pueden acompañar a los técnicos en las evaluaciones, no pueden acceder a la documentación preventiva, no son consultados ante las decisiones que afectan a su seguridad y no tienen capacidad para paralizar actividades ante riesgos graves o inminentes. Las evaluaciones de riesgo de las operaciones marítimas de interceptación se realizan sin participación de los representantes de personal, trasladando a la gente la evaluación de riesgo cuando está en una persecución a una velocidad de cincuenta nudos. Es la inversión exacta de la lógica preventiva. El 47 % de las bajas con absentismo de la Guardia Civil se deben a agresiones en acto de servicio. Un cuerpo con esta siniestralidad y sin participación efectiva de sus representantes en la prevención es una forma de actuar anacrónica y autoritaria, propia de una fuerza militarizada de otro tiempo. No es una forma de actuar de un cuerpo de policía moderno de un Estado de derecho.

Señor ministro, pongan a disposición de los representantes de las asociaciones de la Guardia Civil los informes de investigación de los servicios de prevención sobre los hechos de Barbate y Huelva. Las medidas correctoras que se adopten, como consecuencia de la investigación, sobre prevención de estos hechos deben ser adoptadas con la participación de los representantes del personal y debe establecerse un cauce efectivo de participación de los representantes en la prevención de riesgos laborales.

Son muchas las restricciones de derechos que soporta la Guardia Civil, y esto también pone en riesgo la integridad de los agentes. Por ejemplo, la exclusión de la Guardia Civil de la jornada laboral de treinta y cinco horas es un ejemplo claro. El coste de la seguridad pública no puede depender de sobresfuerzos, pérdida de descansos, sacrificio personal de los agentes. Esto fue impuesto por un régimen militar que no procede en un Estado democrático respecto a un cuerpo policial. Y lo peor es que, en las Fuerzas Armadas, sí opera la jornada de treinta y cinco horas desde el pasado 11 de junio de este año. Resulta que opera en las Fuerzas Armadas y no opera en un cuerpo policial militarizado. ¿Cuándo se va a corregir esta situación? No es justificable. También opera ―las treinta y cinco horas― en la Policía Nacional o para el resto de los trabajadores de la función pública. También están las inaceptables limitaciones del derecho de representación.

Para solucionar los problemas descritos ―la siniestralidad, las limitaciones en la prevención de riesgos, los abusos de la jornada laboral―, es imprescindible contar con derechos sindicales, mecanismos representativos democráticamente fuertes que actúen como un verdadero contrapeso institucional. ¿Qué va a hacer el Ministerio del Interior para que las asociaciones profesionales de la Guardia Civil dispongan de los días de representación necesarios para ejercer su actividad representativa? Por ejemplo, señor ministro, le propongo trabajar conjuntamente para que la Policía Nacional y la Guardia Civil puedan afiliarse a los sindicatos de clase; le propongo trabajar conjuntamente para que la Policía y la Guardia Civil tengan capacidad de negociación colectiva; le propongo trabajar colectivamente para que la Policía y la Guardia Civil tengan derecho a aplicar efectivamente la normativa de prevención de riesgos laborales, y le propongo trabajar para que la Guardia Civil deje de estar sometida al Código Penal Militar cuando realiza tareas policiales en el interior de España. Ojalá que a estas propuestas se sumen el Partido Popular y VOX, pero me temo que no se sumarán, porque no les interesa nada más que utilizar a la Policía y la Guardia Civil como arma arrojadiza contra este Gobierno.

Muchas gracias. (Aplausos).

Bona tarda, presidenta. Senyories, ministre. Constatem la gravetat de la situació que es dona al sud de la península i lamentem els esdeveniments i les pèrdues humanes. Estem davant d’un paradigma nou —v‌ ostè l’assenyalat i alguns companys que m’han precedit també— un canvi de paradigma d’una delinqüència cada cop més agressiva, que actua amb més impunitat i que també té més mitjans. Per això, malgrat que vostè, senyor ministre, ha reiterat avui aquí que hi ha un programa d’inversions i de dotació important, hem de dir, malauradament, perquè ho hem constatat en altres llocs, que el crim organitzat va molt per davant i, per tant, aquí cal una feina de prospectiva important que no sabem si sempre es fa a temps o si sempre, en canvi, es van posant pedaços per arreglar la situació. Per tant, és cert que calen més mitjans, cal més intel·ligència. Vostè ha parlat de coordinació internacional, però jo voldria fer èmfasi en un punt que crec que l’ha esmentat també el senyor Santiago. No es pot lluitar contra el narcotràfic sense una lluita clara contra el blanqueig de capitals. És la línia, és la traçabilitat del blanqueig de capitals. Si no, estem donant pals de cec a una situació. Estem atacant només un símptoma, no la base de tot. Per tant, sí que voldríem que el Govern d’Espanya es prengués més seriosament la lluita contra el blanqueig de capitals. Deixi’m també que faci una nota sobre un tema que és delicat i és una mica tabú, però jo crec que l’hem de començar anant a obrir, que és que no sabem exactament si el caràcter militar de l’institut armat ajuda o no ajuda tot això. Justament pel seu caràcter hiperjerarquitzat, que també afecta la qüestió sindical, però també pot afectar altres qüestions que tenen a veure amb unes forces de seguretat cada cop més flexibles. Soc conscient que estic obrint un meló que s’hauria d’obrir més aviat, però vostè, que és ministre d’un partit autodenominat d’Estat, crec que hauria de valorar això que li dic respecte a la Guàrdia Civil. I si em permet arrossegar la qüestió que ens ocupa sobre el sud de la península a Catalunya, dir‑li que aquí també constatem, com a partit català, les dificultats de lluitar cada dia amb el crim organitzat també en altres territoris, el cas de Catalunya, on com vostè sabrà, malgrat els esforços del cos de Mossos d’Esquadra, s’està donant un repunt de la violència cada cop més agressiva i més preparada des del punt de vista de les bandes i de les màfies, que està actuant a plena llum del dia. Hem assistit atònits les últimes setmanes a execucions en el centre de Barcelona, de màfies, algunes vinculades a la droga, a la marihuana i altres a altres, la tracta de blanques, etcètera, etcètera. No cal dir que, tenint en compte que encara el govern d’Espanya té les plenes competències en fronteres, és responsabilitat, per tant, del Govern d’Espanya també el control d’aquestes fronteres pel que afecten a tots els territoris i en aquest cas a Catalunya, on s’infiltren amb una facilitat extrema grups armats que acaben degradant la vida i, en aquest sentit, donant peu a aquest discurs tremendista i una mica apocalíptic que fa la dreta i la ultradreta, que parla del problema però no enfoca en tota la seva diversitat aquesta qüestió. Permeti’m també, senyor Marlaska, que faci referència a qüestions més internes que inevitablement estan sobre la taula. La qüestió de la credibilitat del seu ministeri i de tot el que té a veure amb dues coses molt clares: d’una banda, la corrupció realment existent o la que es fa veure que existeix, i les narratives que es generen des del punt de vista d’organismes d’investigació tan significats com la UDEF o la Unitat Central d’Intel·ligència, la UCO. A veure, nosaltres som un partit que no tenim cap dubte que la corrupció a Espanya, des del punt de vista sistèmic, és un fet. I com hem dit altres vegades, la corrupció afecta aquells que més governen, per tant, el PSOE i el PP, el PP i el PSOE.

Dit això, nosaltres, senyor ministre, sap que li hem dit moltes vegades que l’existència de corrupció real no elimina l’existència també d’una altra forma de corrupció, que seria aquella que té a veure amb la creació de màfies en l’interior de l’Estat o de lluites intestines en l’Estat per fer la guerra bruta. Les dues coses són veritat. Hi ha corrupció i hi ha també guerra bruta. De fet, nosaltres, els independentistes catalans, les hem patit. Podríem dir que hem patit les dues, la corrupció i la guerra bruta. Perquè vostè no m’ho pot dir això, no hi estarà d’acord, però hem d’entendre també que al costat de la corrupció hi ha una gran llibertat creativa de determinats entorns per introduir narratives imaginatives en els informes de la UCO i la UDEF. I això és un fet. I vostè, com a últim responsable del Ministeri d’Interior, ho ha de saber, perquè això passa sota la seva autoritat, senyor Marlaska.

Estem davant un moment de crisi —‌jo crec que podem afirmar, sense posar‑nos solemnes— de crisi d’estat, pel que afecta la credibilitat no només dels grans partits, sinó d’algunes institucions. Demanem, des d’Esquerra Republicana, transparència, explicacions suficients sobre la intervenció dels cossos policials en causes sensibles. Demanem explicacions clares no només del seu subordinat, sinó de vostè mateix. I demanem també que es digui quan en la cadena de comandament passen coses inexplicables, passen coses inexplicables com que, de cop i volta, aquelles policies patriòtiques que vostè sap que vam denunciar ara tornen d’alguna manera.

Ja que vostè compareix aquí, nosaltres som conscients del seu paper, hem de dir‑li també que ens preocupen algunes coses que han estat en aquest moment comentari popular i preocupació de la ciutadania. Diguem‑ho, etiquetem‑ho sota la imatge de la violència policial. No entenem que, en una policia del segle XXI, es produeixin fets com el que va tenir lloc a la manifestació dels mestres a València. És incomprensible que un servidor públic tracti una ciutadana d’aquella manera. Voldríem pensar que és un fet aïllat. Però malauradament, l’agressió que un agent de policia, de manera intemperant, gratuïta i salvatge, va fer a una persona no és un fet aïllat. Se n’han produït d’altres. Els hem viscut a Catalunya, a altres llocs. Senyor ministre, aquí hi ha un patró. Què està passant? Què està passant que una policia democràtica fa això?

En aquesta línia, deixi’m‑li esmentar un cas sobre el qual diversos grups d’aquesta cambra farem una PNL també, la mort estranya del jove Haitam Mejri el 7 de desembre de l’any 25 a Torremolinos, quan va ser reduït per sis agents de la Policia Nacional. Unes imatges que els que les hem vist només podem descriure com esfereïdores. Recorden la mort del jove Floyd als Estats Units, una cosa incomprensible en una democràcia del segle XXI. Senyor ministre, què ha de dir davant d’això? Aquest és l’exemple de seguretat que ens ofereix als ciutadans?

En un altre nivell, és funció dels cossos i forces de seguretat de l’Estat actuar d’una manera tan estranya com ho han fet recentment a la Sagrada Família en la visita del Sant Pare, quan van fer fora a uns cantaires perquè presumptament anaven a boicotejar l’acte, cosa que no s’ha demostrat, i que van ser expulsats directament del temple sense dret a res? És això una actuació d’una policia democràtica, em demano, senyor Marlaska? Ho dubto. Miri, senyor Marlaska. Sovint, des d’aquesta cambra estem parlant moltes vegades dels perills que vingui l’ultradreta. Ui, si amb el senyor Feijóo, VOX té un ministre ultra. Doncs miri, hi han actuacions que passen actualment sota la seva magistratura, que les podria tenir un ministre ultra. Tot això que li he definit. No canviaria gaire si el ministre d’Interior fos el senyor Abascal, perquè no són actuacions democràtiques. Faci aquesta reflexió vostè, que sens dubte és un demòcrata. Vostè ha estat jutge. Però fixi’s què està passant sota la seva autoritat. És greu. És greu. Per això nosaltres, el Grup Republicà, hem presentat una proposició no de llei, perquè estudiïn vostès la creació d’un organisme independent de control extern per a les policies d’àmbit estatal, a imitació del model britànic. Un escrutini clar i absolutament habilitat per saber què fa i què no fan les policies.

Acabo, presidenta. Miri, moltes vegades, sempre en aquesta tribuna, li parlo de Via Laietana i ho faré, segurament en el torn que em queda proper, però li diré una cosa. Via Laietana, com a impossibilitat de traspàs i alguns esdeveniments que han passat i que he descrit des d’aquest faristol, només s’expliquen perquè vostè, malauradament, és presoner de forces reaccionàries que estan en el seu ministeri i en alguns sindicats policials que diuen «todo por la pàtria, però al final» és tot contra els ciutadans.

Gràcies.

Buenas tardes, presidenta, señorías, ministro. Constatamos la gravedad de la situación que se da en el sur de la península, y lamentamos los acontecimientos y las pérdidas humanas. Nos hallamos ante un paradigma nuevo ―usted lo ha señalado y algunos compañeros que me han precedido también―, un cambio de paradigma de una delincuencia cada vez más agresiva, que actúa con más impunidad y que también dispone de más medios. Por eso, aunque usted, señor ministro, ha reiterado hoy aquí que hay un programa de inversiones y de educación importante, debemos decir, desgraciadamente, porque lo hemos constatado en otras cuestiones, que el crimen organizado va muy por delante. Y por eso aquí hace falta un trabajo de prospectiva, que no sabemos si se hace a tiempo o si se van poniendo parches simplemente para arreglar la situación. Por eso, es cierto que hacen falta más medios, hace falta más inteligencia. Usted ha hablado de la coordinación internacional, pero a mí me gustaría hacer hincapié en un punto que creo que ha mencionado también el señor Santiago: No se puede luchar contra el narcotráfico sin una lucha clara contra el blanqueo de capitales. Es la línea, es la trazabilidad del blanqueo de capitales, porque, si no, estamos dando palos de ciego a una situación, solo estamos atacando el síntoma y no la base de todo. Por lo tanto, nos gustaría, eso sí, que el Gobierno de España se tomara más en serio la lucha contra el blanqueo de capitales. Permítame también hacer un apunte sobre un tema delicado y un poco tabú, pero yo creo que hay que empezar a abrirlo, que es que no sabemos exactamente si el carácter militar de ese instituto ayuda o no, justamente por su carácter hiperjerarquizado, que también afecta a la cuestión sindical, pero que también puede afectar a otras cuestiones que tienen que ver con unas fuerzas de seguridad más flexibles. Soy consciente de que estoy abriendo aquí un melón, que habría que abrir más bien, pero usted, que es ministro de un partido que se autodenomina de Estado, debería valorar lo que le digo sobre la Guardia Civil. Y, si me permite arrastrar esta cuestión sobre el sur de la península y llevármela a Cataluña, aquí también constatamos como partido catalán las dificultades de luchar cada día contra el crimen organizado también en otros territorios, como en el caso de Cataluña, donde, como usted sabrá, a pesar de los esfuerzos que hace el cuerpo de Mossos d’Esquadra, se está dando un repunte de la violencia, que cada vez es más agresiva y está más preparada desde el punto de vista de las bandas y de las mafias, que están actuando a plena luz del día. Hemos asistido atónitos en las últimas semanas a ejecuciones en el centro de Barcelona, de mafias, de las que algunas están vinculadas a la droga, a la marihuana y otras a la trata de blancas, etcétera. No es preciso decir que, teniendo en cuenta que el Gobierno de España tiene plenas competencias de fronteras, es responsabilidad, por lo tanto, del Gobierno de España también el control de esas fronteras, por lo que se refiere y en lo que afecta a todos los territorios. En el caso de Cataluña, se infiltran con una facilidad extrema grupos armados que acaban degradando la vida y, en este sentido, dando pie a este discurso tremendista y un poco apocalíptico que hacen la derecha y la ultraderecha, que hablan del problema, pero no enfocan en toda su diversidad esta cuestión. Permítame también, señor Marlaska, que me refiera a cuestiones más internas que, inevitablemente, están sobre la mesa. La cuestión de la credibilidad de su ministerio y de todo aquello que tiene que ver con dos cosas muy claras. Por una parte, la corrupción realmente existente o la que se hace ver que existe y, por otra, las narrativas que se generan desde el punto de vista de organismos de investigación tan significados como la UDEF o la unidad central de inteligencia, la UCO. A ver, nosotros somos un partido que no tiene ninguna duda de que la corrupción en España, desde el punto de vista sistémico, es un hecho. Como hemos dicho otras veces, la corrupción afecta a los que más gobiernan, por lo tanto, al PSOE y al PP, al PP y al PSOE.

Dicho esto, nosotros, señor ministro ―lo sabe, se lo hemos dicho muchas veces―, creemos que la existencia de la corrupción real no elimina la existencia también de otra forma de corrupción, que sería aquella que tiene que ver con la creación de mafias en el interior del Estado o de luchas intestinas en el Estado para hacer guerra sucia. Las dos cosas son ciertas, son verdad: hay corrupción y también hay guerra sucia. De hecho, nosotros, los independentistas catalanes, las hemos sufrido. Podemos decir que hemos padecido las dos: la corrupción y la guerra sucia. Usted no me lo puede decir, no estará de acuerdo, pero tenemos que entender que, al lado de la corrupción, hay una gran libertad creativa de determinados entornos para implantar narrativas imaginativas en los informes de la UCO y de la UDEF, y eso es un hecho. Y usted, como último responsable del Ministerio del Interior, debe de saberlo, porque eso pasa bajo su autoridad, señor Marlaska.

Nos hallamos ante un momento de crisis de Estado ―creo que podemos afirmarlo sin ser solemnes― por lo que se refiere a la credibilidad no solo de los grandes partidos, sino de algunas instituciones. Pedimos desde Esquerra Republicana transparencia y explicaciones suficientes sobre la intervención de los cuerpos policiales en causas sensibles. Pedimos explicaciones claras no solo de sus subordinados, sino de usted mismo. Y pedimos también que se diga cuándo en la cadena de mando pasan cosas inexplicables; cosas inexplicables como que de repente aquellas ‘policías patrióticas’ que usted sabe que denunciaron ahora vuelven de alguna manera.

Ya que usted comparece hoy aquí ―nosotros somos conscientes de su papel― debemos decirle también que nos preocupan algunas cosas que han sido un comentario popular en este momento y preocupación de la ciudadanía también. Llamémoslo, etiquetémoslo bajo la imagen de la violencia policial. No entendemos que en una policía del siglo XXI se produzcan hechos como los que tuvieron lugar en la manifestación de los maestros de Valencia. Es incomprensible que un servidor público trate de esa manera a una ciudadana. Queremos pensar que es un hecho aislado ―querríamos pensarlo―, pero desgraciadamente la agresión de un agente de policía intemperante y salvaje a una persona no es un hecho aislado. Se han producido otros; los hemos vivido en Cataluña y en otros lugares. Señor ministro, aquí hay un patrón. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, que una policía democrática hace esas cosas?

En esta línea, permítame mencionarle un caso sobre el que diversos grupos de esta Cámara vamos a presentar también una PNL. La muerte extraña de Haitam Mejri el 7 de diciembre de 2025 en Torremolinos, cuando fue reducido por seis agentes de la Policía Nacional. Unas imágenes que los que las han visto solo pueden describirlas como terroríficas, escalofriantes. Recuerda a lo que pasa en Estados Unidos; una cosa incomprensible en una democracia del siglo XXI. Señor ministro, ¿qué tiene que decir ante esto? ¿Acaso este es el ejemplo de seguridad que nos ofrecen a los ciudadanos?

En otro nivel, ¿es función de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado actuar de una manera tan extraña como lo han hecho recientemente en la Sagrada Familia, en la visita del santo padre, cuando unos cantantes fueron expulsados directamente del templo sin derecho a nada porque presuntamente iban a boicotear el acto ―cosa que no se ha podido demostrar―? ¿Es eso una actuación de una policía democrática, señor Marlaska? Lo dudo.

Señor Marlaska, muy a menudo en esta Cámara hablamos de los peligros de que llegue la ultraderecha. ¡Uy, si con el señor Feijóo y VOX tuviéramos un ministro ultra! Pues miren, hay actuaciones que pasan ahora, bajo su ministerio, que las podría tener un ministro ultra. Todo eso que le he definido no cambiaría demasiado si el ministro del Interior fuera el señor Abascal, porque no son actuaciones democráticas. Haga esta reflexión usted, que sin duda es un demócrata y ha sido juez. Pero fíjese en lo que está sucediendo bajo su autoridad porque es grave. Por eso, nosotros, el Grupo Republicano, hemos presentado una proposición no de ley para que ustedes estudien la creación de un organismo independiente de control para las Policías de ámbito estatal, a imitación del modelo británico; un escrutinio que sea claro y absolutamente habilitado para saber qué hacen y qué no hacen las Policías.

Acabo, presidenta. Muchas veces en esta tribuna le hablo de Vía Laietana, y lo haré en el turno que me queda después. Pero le voy a decir una cosa, Vía Laietana ―como imposibilidad de traspaso― y algunos otros acontecimientos que han sucedido y que he descrito desde esta tribuna son porque usted es prisionero de fuerzas reaccionarias que están en su ministerio y en algunos sindicatos policiales, que dicen «Todo por la patria», pero al final es «todo contra los ciudadanos».

Gracias. (Aplausos).

Moltes gràcies, senyora presidenta. Molt bona tarda a tothom. Senyor ministre, avui compareix una mica per sotmetre’s al control de la cambra en general, una mica respecte als cossos policials estatals i, per tant, em vull centrar, m’he de centrar forçosament en uns fets ocorreguts la setmana passada durant la visita del papa a la Sagrada Família i en les decisions adoptades per al dispositiu de seguretat, perquè considerem, com molta part dels catalans, que hi ha diverses qüestions que mereixen una explicació urgent per part del seu govern. Durant l’acte de benedicció de la Torre de Jesús, prop de 600 cantaires que participaven en la cerimònia van ser apartats per la Policia Nacional abans de completar la seva actuació amb l’Escolania de Montserrat. Van ser expulsats de la basílica perquè alguns d’ells portaven estelades entre les partitures i perquè en acabar la cerimònia sembla que pretenien interpretar Els Segadors, l’himne oficial nacional de Catalunya. L’endemà, el delegat del govern espanyol a Catalunya va afirmar que l’actuació de la Policia Nacional no tenia cap motivació identitària. Per tant, aquestes declaracions només deixen dues possibilitats: o bé existia una causa policial de risc, de perill, d’amenaça objectiva i prou justificada com per expulsar 600 persones de setze cors catalans d’un acte públic oficial i, en aquest cas, avui el Govern té l’obligació d’explicar‑la, aquesta causa, —‌és el moment per fer‑ho, senyor ministre, avui— o bé el delegat del Govern a Catalunya va mentir i, efectivament, la presència d’estelades i la possible interpretació del Cant dels Segadors va ser el motiu real d’aquella decisió. I si aquesta és la realitat, estem davant d’uns fets d’una gravetat extraordinària, senyor Marlaska, perquè significa que es va considerar un risc molt greu interpretar l’himne oficial nacional de Catalunya a Catalunya. Senyor ministre, vostè sap perfectament que quan la policia impedeix que uns ciutadans exerceixin la seva llibertat d’expressió, ja sigui cantant pacíficament o exhibint una bandera, és igual amb un missatge polític, sí, encara que sigui un missatge polític independentista que ja sabem que no els agrada, quan la policia fa això està restringint il·legalment drets fonamentals reconeguts pel dret internacional. I recordo que els drets fonamentals no existeixen per protegir les idees oficials, com seria la de la indisoluble unidad de España, que en aquest hemicicle hi han molts adeptes. Les idees oficials no necessiten protecció. Els drets fonamentals existeixen precisament per protegir els ciutadans dels poders públics, per protegir aquelles expressions que resulten incòmodes al poder. Per això el dret internacional és molt clar: La llibertat és la regla i la seva limitació, l’excepció, i només es pot limitar‑la en supòsits absolutament excepcionals i quan sigui estrictament necessari i òbviament, proporcionat. I aquí no es donaven cap d’aquests supòsits. Ni hi havia hagut violència, ni intent de violència, ni cap risc, ni cap amenaça, ni es va alterar l’ordre públic i molt menys hi havia cap mena de risc per a la seguretat. Només hi havia ciutadans exercint pacíficament els seus drets. I això en una democràcia mai hauria de ser un problema, perquè és un dret. Per això, a Junts ens va preocupar especialment les declaracions també del conseller Dalmau, del Govern Illa. Va afirmar que la llibertat d’expressió està molt bé, però que ningú hauria de pretendre exercir‑la sempre i arreu, que cada cosa al seu moment. És exactament al revés, senyor Marlaska. Els drets fonamentals existeixen precisament perquè es puguin exercir sempre i arreu. Si només es poguessin exercir quan el poder ho considera convenient o quan el missatge no l’incomoda, deixarien de ser drets per convertir‑se en simples permisos. No, no estem discutint si els agrada o no a ningú una estelada, sinó si una democràcia real, no una de fireta, com ha demostrat ser la del Regne d’Espanya, pot expulsar ciutadans pacífics perquè porten una estelada. I la resposta és evident, és no. La funció de la policia és protegir els drets fonamentals dels ciutadans, no decidir quines idees poden expressar, quan i on. Per això li demano que no justifiquin l’injustificable, com ha fet el seu delegat del Govern. Revisin els protocols policials. Formi millor la Policia Nacional en termes de preservació dels drets i dels drets fonamentals de les persones, i assumeixi també certa responsabilitat política, la que li correspon. La Policia Nacional ha de respectar el dret dels catalans a portar una estelada on li doni la gana, davant del papa, en un camp de futbol o en un acte presidit pel rei. La seva obligació és protegir aquest dret, no impedir‑ne l’exercici, perquè, al capdavall, de què tenia por la policia espanyola? O de què té por el seu Govern, senyor ministre? D’un grup de persones cantant un himne i d’unes estelades? O potser del fet que es visibilitzi que hi ha catalans que defensem pacíficament la independència? La setmana passada no va fracassar el dispositiu de seguretat. El que va fracassar va ser el seu relat, el relat socialista del reencuentro, el relat de Sánchez i d’Illa d’una Catalunya normalitzada, d’un conflicte polític entre Espanya i Catalunya superat i d’un independentisme residual. Va ser suficient una visita del papa perquè aquest relat s’ensorrés, perquè els governs Sánchez i Illa no estaven preocupats per protegir el papa. Òbviament, no hi havia cap risc. Estaven preocupats per protegir la fotografia d’una fictícia Catalunya domesticada que volien vendre a tot el món. I escolti, el problema no són les estelades. El problema és que aquest estat continua considerant que una estelada és un problema, que Els Segadors és un problema que qualsevol expressió pública de la realitat nacional de Catalunya i de defensa de la independència és un problema. Per això, vostè ens ha de donar explicacions avui. Per què la Policia Nacional gestionava la seguretat dins la basílica de la Sagrada Família quan els responsables de la seguretat ciutadana a Catalunya són els Mossos d’Esquadra? Qui va donar les ordres d’expulsar els cantaires de dins de la basílica? Qui va decidir que la Policia Nacional podia impedir que un grup de persones interpretessin Els Segadors? Quin risc o amenaça concreta justificava aquesta actuació contrària al dret a la llibertat d’expressió? Perquè tot Catalunya va veure que la Policia Nacional no va actuar contra una conducta perillosa. Va actuar contra unes idees, contra uns símbols, contra una identitat nacional, la catalana, la meva. I això és el que una policia democràtica mai faria.

Però si hi ha una actuació especialment decebedora, també he de reconèixer que és la del Govern Illa. Davant la vulneració dels drets fonamentals de ciutadans catalans, el Govern del president Salvador Illa, que havia de defensar‑los, va preferir callar. Si hagués actuat amb la lleialtat institucional que deu al país que representa, hauria exigit explicacions immediates al Govern espanyol. Hauria defensat els cantaires, els seus drets fonamentals, els símbols nacionals de Catalunya i la dignitat institucional del meu país. Per això també li vull preguntar: el president Illa li va trucar? Li va exigir explicacions del que va passar? Li va preguntar qui i per què s’havia donat l’ordre d’expulsar els cantaires de l’interior de la Sagrada Família? Com va defensar davant l’actuació il·legal de la seva policia espanyola el dret dels ciutadans catalans a la llibertat d’expressió, el president Illa? Molt em temo que la realitat és que va preferir mirar cap a una altra banda. Com a catalana, m’avergonyeix que el meu president, el president de la Generalitat defensi més els interessos de Madrid a Catalunya que no pas que es trenqui la cara pels catalans a Madrid.

També m’he de referir a la Casa Reial, perquè hi ha qui apunta que tenia un paper rellevant en aquest dispositiu. Com que no disposem d’aquesta informació, li demano que avui ho aclareixi. La Casa Reial hi va intervenir en el dispositiu de seguretat? Va donar alguna instrucció? Va traslladar preocupació respecte a les estelades o la interpretació de Els Segadors? En tot cas, respecte al rei espanyol, cal reconèixer que hi ha una realitat difícil d’ignorar. Cada vegada que el rei visita a Catalunya, els drets fonamentals dels catalans queden subordinats a la protecció de la imatge de la Corona. Felip VI hauria d’assumir d’una vegada que Catalunya és una nació amb institucions, llengua i símbols propis i amb una part molt important de la ciutadania, com jo mateixa, que defensem pacíficament que Catalunya no té rei i que tenim un projecte polític diferent de l’espanyol. Per això aquest episodi va molt més enllà d’un incident puntual. És el reflex de la incapacitat persistent de l’Estat, cap d’estat inclòs, per assumir que Catalunya és una nació. La qualitat democràtica d’un estat no es mesura per com tracta els qui pensen iguals, sinó per com es protegeix als qui discrepen. Això ho sap vostè bé. I la setmana passada l’Estat va suspendre aquest examen. Per això, Junts continuem compromesos amb la independència de Catalunya, perquè no és només una qüestió política. Això ja no va només de democràcia, de llibertat o de dignitat nacional, que també. Avui és sobretot, una qüestió de supervivència nacional. Catalunya i Espanya són dues nacions diferents, amb llengua, institucions i projectes polítics i socials diferents. I precisament perquè són dues nacions diferents, nosaltres no tenim cap projecte per a Espanya, ni volem formar‑ne part, ni volem ni reclamem decidir el futur dels espanyols. El problema és que l’Estat espanyol continua responent a aquesta realitat nacional, no amb democràcia, sinó amb la restricció de drets fonamentals com el que va passar la setmana passada i ho fa governi qui governi, amb això estem d’acord, tant PSOE com si governa el PP, perquè un estat que té por d’una bandera, d’un himne, d’un poble que s’expressa pacíficament, no està actuant com una democràcia, sinó des de la por i des d’una lògica autoritària. I mentre l’Estat continuï limitant drets fonamentals per intentar frenar la nació catalana, nosaltres, Junts, continuarem treballant per convertir la nostra nació en un estat independent.

I acabo, senyora presidenta. (Intervenció en aranès.) Moltes gràcies.

Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes a todos. Señor ministro, hoy comparece un poco para someterse al control de la Cámara con respecto a los cuerpos policiales estatales. Y, por lo tanto, me quiero centrar, me debo centrar forzosamente en unos hechos sucedidos la semana pasada durante la visita del papa a la Sagrada Familia y en las decisiones adoptadas por el dispositivo de seguridad, porque consideramos ―como mucha parte de los catalanes― que hay diversas cuestiones que merecen una explicación urgente por parte de su Gobierno. Durante el acto de bendición de la torre de Jesús unos seiscientos cantantes que participaban en la ceremonia fueron apartados por la Policía Nacional antes de completar la actuación prevista de la Escolanía de Montserrat. Fueron expulsados de la basílica porque algunos de ellos llevaban esteladas entre las partituras y porque al acabar la ceremonia parecía que pretendían interpretar Els Segadors, el himno oficial nacional de Cataluña. A la mañana siguiente, el delegado del Gobierno español en Cataluña afirmó que la actuación de la Policía no tenía ninguna motivación identitaria. Por lo tanto, estas declaraciones solo dejan dos posibilidades: o bien existía una causa policial de riesgo, de peligro, de amenaza objetiva y suficientemente justificada como para expulsar a seiscientas personas de diecisiete coros catalanes de un acto público oficial ―y, en este caso, hoy el Gobierno tiene la obligación de explicar esta causa, es el momento de hacerlo, señor ministro, hoy―, o bien el delegado del Gobierno en Cataluña mintió y efectivamente la presencia de esteladas y la posible interpretación del canto Els Segadors fue el motivo real de esa decisión. Si esta es la realidad, estamos ante unos hechos de una gravedad extraordinaria, señor Marlaska, porque significa que se consideró un riesgo muy grave interpretar el himno oficial nacional de Cataluña en Cataluña. Señor ministro, usted sabe perfectamente que cuando la Policía impide que unos ciudadanos ejerzan su derecho a la libertad de expresión, ya sea cantando pacíficamente o exhibiendo una bandera ―con un mensaje político, sí, aunque sea un mensaje político independentista, que ya sabemos que no les gusta― está restringiendo ilegalmente derechos fundamentales reconocidos por el derecho internacional. Y recuerdo que los derechos fundamentales no existen para proteger las ideas oficiales, como sería la indisoluble unidad de España ―que en este hemiciclo hay muchos adeptos―, las ideas oficiales no necesitan protección. Los derechos fundamentales existen precisamente para proteger a los ciudadanos de los poderes públicos, para proteger aquellas expresiones que resultan incómodas al poder. Por eso el derecho internacional es muy claro: la libertad es la regla y su limitación la excepción. Solo puede limitarse en supuestos absolutamente excepcionales y cuando sea estrictamente necesario y obviamente proporcionado. Y aquí no se daba ninguno de estos supuestos: no había violencia, ni intento de violencia ni ningún riesgo ni ninguna amenaza ni se alteró el orden público y, mucho menos, hubo ningún riesgo real para la seguridad. Solo había ciudadanos ejerciendo pacíficamente sus derechos, y eso en una democracia nunca debería constituir un problema, porque es un derecho.

Por eso, a Junts nos preocuparon especialmente las declaraciones del conseller Dalmau, del Govern de Illa. Afirmó que la libertad de expresión está muy bien, pero que nadie debería ―atiéndanme― ejercerla siempre y en cualquier sitio, cada cosa en su momento. Pero es que es absolutamente al revés, señor Marlaska. Los derechos fundamentales existen precisamente para que se puedan ejercer siempre y en todas partes. Si solo se pudieran ejercer cuando al poder le pareciera conveniente o cuando el mensaje no le incomodara, dejarían de ser derechos para convertirse en simples permisos. No, no estamos discutiendo si le gusta o no a alguien una estelada; estamos discutiendo si una democracia real ―no una de feria, como ha demostrado ser la del Reino de España― puede expulsar a ciudadanos pacíficos porque lleven una estelada. Y la respuesta es evidente: no. La función de la Policía es proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, no decidir qué ideas pueden expresar, cuándo y dónde. Por eso le pido que no justifiquen lo injustificable, como ha hecho el delegado del Gobierno. Revisen los protocolos policiales, formen mejor a la Policía Nacional en términos de conservación de los derechos de las personas y asuma también cierta responsabilidad política, la que le corresponde. La Policía Nacional tiene que respetar el derecho de los catalanes a llevar una estelada donde les dé la gana: delante del papa, en un campo de fútbol o en un acto presidido por el rey. Su obligación es proteger este derecho, no impedir su ejercicio. Porque ¿de qué tenía miedo la policía española? ¿De qué tiene miedo su Gobierno, señor ministro?, ¿de un grupo de personas cantando un himno con unas esteladas? ¿O quizás del hecho de que se visibilice que hay catalanes que defendemos pacíficamente la independencia? La semana pasada no fracasó el dispositivo de seguridad, lo que fracasó fue su relato, el relato socialista del reencuentro, el relato de Sánchez e Illa de una Cataluña normalizada, de un conflicto político entre España y Cataluña superado y de un independentismo residual. Fue suficiente una visita del Papa para que ese relato se hundiera, porque los Gobiernos de Sánchez e Illa no estaban preocupados por proteger al papa ―evidentemente no había ningún riesgo― estaban preocupados por proteger una fotografía de una ficticia Cataluña domesticada que quieren venderle a todo el mundo. Y escuche, el problema no son las esteladas, el problema es que este Estado sigue considerando que una estelada es un problema, que Els Segadors es un problema, que cualquier expresión pública de la realidad nacional de Cataluña y de la defensa de la independencia es un problema. Por eso usted nos tiene que dar explicaciones hoy. ¿Por qué la Policía Nacional gestionaba la seguridad dentro de la basílica de la Sagrada Familia cuando los responsables de la seguridad ciudadana en Cataluña son los Mossos d’Esquadra? ¿Quién dio las órdenes de expulsar a los cantores de dentro de la basílica? ¿Quién decidió que la Policía Nacional podía impedir que un grupo de personas interpretasen Els Segadors? ¿Qué riesgo o amenaza concreta justificaba aquella actuación contraria al derecho a la libertad de expresión? Porque toda Cataluña vio que la Policía Nacional no actuó contra una conducta peligrosa, actuó contra unas ideas, contra unos símbolos y una identidad nacional, la catalana, la mía. Eso es lo que una policía democrática no haría nunca.

Si hay una actuación especialmente desilusionante es la del Govern de Illa porque, ante la vulneración de los derechos fundamentales de ciudadanos catalanes, el Govern del president Salvador Illa prefirió callar. Si hubiera actuado con la lealtad institucional que debe al país que representa, habría exigido explicaciones inmediatas al Gobierno español, habría defendido a los cantores, sus derechos fundamentales, los símbolos nacionales de

Cataluña y la dignidad institucional de mi país. Por eso también le pregunto: ¿El presidente Illa le llamó y le exigió explicaciones de lo que pasó? ¿Le preguntó quién y por qué se había dado la orden de expulsar a los cantores del interior de la Sagrada Familia? ¿Cómo defendió el presidente Illa, ante la actuación ilegal de su policía española, el derecho de ciudadanos catalanes a la libertad de expresión? Mucho me temo que la realidad es que prefirió mirar hacia otro lado. Como catalana me da vergüenza que mi president, el president de la Generalitat, defienda más los intereses de Madrid en Cataluña de lo que se rompe la cara por los catalanes en Madrid.

También tengo que referirme a la Casa Real, porque hay quien apunta que tenía un papel relevante en ese dispositivo. Como no tenemos esa información, le pido que hoy lo aclare. ¿La Casa Real intervino en ese dispositivo de seguridad? ¿Dio alguna instrucción? ¿Trasladó alguna preocupación respecto a las esteladas o a la interpretación de Els Segadors? En cualquier caso, respecto al rey español hay que reconocer que hay una realidad que es difícil de ignorar: cada vez que el rey visita Cataluña, los derechos fundamentales de los catalanes parece que quedan subordinados a la protección de la imagen de la Corona. Felipe VI tendría que asumir de una vez que Cataluña es una nación con instituciones, lengua y símbolos propios y con una parte muy importante de la ciudadanía, como yo misma, que defendemos pacíficamente que Cataluña no tiene rey y que tenemos un proyecto político diferente del español. Por eso, ese episodio va mucho más allá de un incidente puntual, es el reflejo de la incapacidad persistente del Estado ― jefe de Estado incluido― para asumir que Cataluña es una nación. La calidad democrática de un Estado no se mide por cómo trata a los que piensan igual, sino que se mide por cómo protege los derechos de aquellos que discrepan ―usted sabe muy bien eso―, y la semana pasada el Estado suspendió ese examen. Por eso, en Junts seguimos comprometidos con la independencia de Cataluña, porque no es solo una cuestión política. Esto ya no va solo de democracia, de libertad o de dignidad nacional ―que también―, hoy es sobre todo una cuestión de supervivencia nacional. Cataluña y España son dos naciones diferentes, con lengua, instituciones y proyectos políticos y sociales diferentes, y precisamente porque son dos naciones diferentes, nosotros no tenemos ningún proyecto para España, ni queremos formar parte de ella, ni queremos ni reclamamos decidir el futuro de los españoles. El problema es que el Estado español sigue respondiendo a esta realidad nacional, no con democracia, sino con la restricción de derechos fundamentales, como el que sucedió la semana pasada. Y lo hace el Estado, gobierne quien gobierne ―en eso estamos de acuerdo―, tanto si gobierna el PSOE como si lo hace el PP. Un Estado que tiene miedo de una bandera, de un himno, de un pueblo que se expresa pacíficamente no está actuando como una democracia plenamente homologable, está actuando con miedo y una lógica autoritaria. Mientras el Estado siga limitando derechos fundamentales para intentar frenar la nación catalana, nosotros, Junts, seguiremos trabajando para convertir nuestra nación en un Estado independiente.

Acabo, señora presidenta. (Termina su intervención en aranés).1 Muchas gracias.

Presidenta, muchas gracias. Señor ministro, egun on. El PP pedía su comparecencia urgente y están muy interesados en este tema. (La señora Montesinos de Miguel: En escucharte a ti no). Veo que no todos los diputados y diputadas del Grupo Popular están tan interesados. Parece que la España que madruga se echa la siesta. (Rumores.―El señor Hispán Iglesias de Ussel: Rufián se ha ido).

1  En aplicación del punto Tercero.7 del Acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados relativo al régimen lingüístico de los debates en los órganos parlamentarios.

Señor ministro, señorías, es sabido que el Campo de Gibraltar, el estrecho de Gibraltar, es el punto de Europa de mayor entrada de estupefacientes. Ello es debido a su situación geográfica, pero también al gran volumen del tráfico marítimo que hay en esa zona. Esto hace que la mayoría de los grupos delincuenciales de Europa y del mundo se estén concentrando en esa zona. Recientemente ―como bien se señalaba antes―, el Informe Anual de Seguridad Nacional apuntaba que cada año se detectan seiscientas narcolanchas ‘trabajando’ ―por decirlo de alguna manera― en esa zona, lo que nos da una imagen de lo que se está produciendo en el estrecho. Es cierto que lo ocurrido el pasado mes de mayo, ese hecho luctuoso, está unido a ese fenómeno de ser el mayor punto de Europa de entrada de estupefacientes, especialmente cocaína y hachís. Pero no solamente ese hecho luctuoso, también todo lo que tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico, desde detenciones, incautaciones, enfrentamientos o lavado de dinero ―como señalaban bien otros portavoces― hasta ―que no se ha mencionado― corrupción policial. La semana pasada mismamente detenían ustedes a cuatro agentes bajo la acusación de estar relacionados con el tráfico de estupefacientes. Este es un fenómeno también que se va repitiendo con el tiempo.

La lucha contra el narcotráfico es un fenómeno poliédrico, en el que no solamente está el plano policial y de seguridad. Recuerdo un artículo de hace ya diecisiete años de un semanario, The Economist, poco sospechoso de ser de izquierdas, donde se abordaba cómo la lucha contra el narcotráfico había sido un fracaso de los diferentes Estados desde aquella reunión de varios diplomáticos en 1909 en Shanghái. Abordaba otra manera de encarar el fenómeno de las drogas, no desde el enfoque de la prohibición y la persecución, sino con la legalización. Pero como es un fenómeno global, eso no lo vamos a poder dirimir hoy aquí, aunque creo que necesita de mayores reflexiones y de otros foros.

Dicho esto, en todo lo que tiene que ver en la lucha contra el narcotráfico desde un punto de vista policial y de seguridad es recurrente ver a portavoces de las derechas o de las extremas derechas pidiendo más medios y más agentes policiales, especialmente para el Campo de Gibraltar y para toda la zona de Andalucía. Sería lógico desplazar agentes y medios allí donde hace falta, llevándolos de donde no hacen falta. Me refiero a Euskal Herria, el País Vasco, que, como ustedes bien saben, tiene la mayor ratio de policías por cada mil habitantes, con 6,9, mientras que en el resto del Estado, en el resto de España, hay 5,3 de agentes de media. En este momento hay 5000 agentes, más o menos, de Guardia Civil y Policía Nacional destinados en la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral Navarra, en unos lugares donde tenemos Policías propias, integrales, y sería lógico que fueran llevados allí donde hacen falta. Yo no le voy a decir si hacen falta en el Campo de Gibraltar, en unidades de tráfico o en el campo ―donde en muchas ocasiones se señala que hace falta más agentes―, pero donde no hacen falta, se lo aseguro, es en la Comunidad Autónoma Vasca y en Nafarroa. ¿Por qué? Porque nos encontramos ante una situación de despilfarro, pero también de falta de eficiencia en la Administración. No lo hagan únicamente porque se lo pedimos nosotros, la mayoría de la sociedad vasca, como se lo ha pedido ya el Parlamento Vasco, háganlo por una cuestión de lucha contra el despilfarro y de eficiencia.

De igual forma, se piden más medios y se solicitan pluses de peligrosidad para los agentes destinados en el sur, en la zona del estrecho. En este momento sigue habiendo un plus de destino, llamado también de peligrosidad, para los agentes destinados en la Comunidad Autónoma Vasca y en Nafarroa. En el año 2018 no estaba usted en el ministerio, pero sí cuando se llegó a las conclusiones de una auditoría que se hizo por Ernst & Young respecto a la Policía Nacional, en la que decía que había que revisar ese plus de peligrosidad en las provincias vascas, en los territorios históricos vascos porque carecía de sentido. Creo ―no se lo voy a decir yo― que debe destinar ese dinero a agentes que están en el sur o a alguna otra cosa, pero lo que sí es obvio es que no tiene ningún sentido que en este momento se sigan destinando 50 millones de euros a agentes destinados en Euskal Herria.

De igual forma, vemos cómo esa cuestión de sobredimensión de los agentes destinados en Euskal Herria produce situaciones de atosigamiento policial. Se lo he dicho a usted y a la secretaria de Estado en el pasado. La semana pasada en Guipúzcoa, en el mismo tiempo, el mismo viernes, había varios controles de la Guardia Civil desplegados por el territorio histórico. Ya me dirá usted qué necesidad, qué gran urgencia o qué operación había para llenar las carreteras de Guipúzcoa de controles policiales.

Otro tema que me gustaría sacar a colación, aprovechando su presencia hoy aquí, es el que tiene que ver con la extranjería. Hemos dicho en varias ocasiones que estamos de acuerdo con el Gobierno y que creemos que es una medida audaz y valiente el proceso extraordinario de regularización de personas que se está llevando a cabo y que acaba el próximo 30 de junio si no se prorroga, que nosotros creemos que se debería prorrogar por una cuestión de sentido común. Dicho esto, no entendemos cómo al mismo tiempo se están produciendo citas trampa, se están produciendo razias policiales para detener a personas en situación irregular, personas que se podrían acoger a la situación de regularización. Es más, ha habido hasta aviones de deportación en estas fechas. ¿No sería más lógico parar todos esos procesos de detención de personas que estén en situación irregular en pleno proceso de regularización? Yo no le veo lógica, no porque lo pidamos nosotros, sino desde parámetros que ustedes mismos deberían defender.

De igual forma vemos y apoyamos que el Gobierno se posicione en contra de ese pacto migratorio en la Unión Europea, que está en contra de los centros Meloni de deportación, pero nos parece incongruente que al mismo tiempo el Gobierno financie y apoye la creación de dos centros de detención de personas migrantes en Mauritania. No tiene lógica. Si se está en contra de los centros Meloni de la Unión Europea, no tiene lógica apoyar algo muy similar en Mauritania. Nos parece un sinsentido, señor ministro.

Estamos en vísperas de que se celebren cuatro años de la tragedia de Melilla, donde decenas de personas desaparecieron y decenas fallecieron. Muchas de ellas en territorio español. No en tierra de nadie, no, no, en territorio español. ¿En qué quedó aquella investigación? En nada. ¿Qué pasó con aquellas personas? No lo sabemos. Y todo por no incomodar a Marruecos. Esto no es más que lo que produce la externalización de fronteras. Si ustedes tienen acuerdos sobre migraciones con algunos países como Mauritania, Senegal o Marruecos, no se pueden dejar los derechos humanos y el derecho internacional en un cajón. Hay que velar por ellos siempre porque ya le digo que si no a nosotros nos parece incongruente.

En otro orden de cosas, esta mañana le escuchaba con atención que usted señalaba que la violencia o la brutalidad policial ejercida contra una profesora que se manifestaba en el País Valencià la semana pasada, desde su punto de vista no se ajustaba a lo que debe realizar un servidor público, un agente. También decía que, como esa actuación estaba judicializada había que esperar a ver qué ocurría. Señor ministro, señor Grande‑Marlaska, la semana pasada varios grupos parlamentarios recibimos a la familia de Haitam Mejri, esa persona que falleció en una actuación policial en Torremolinos en diciembre del pasado año, una actuación policial de la cual hay imágenes ―supongo que usted las ha visto―, imágenes donde seis agentes reducían a una persona en estado de alteración y, una vez que estaba reducida en el suelo, se le aplicaban descargas con inmovilizadores táser, se le golpeaba, se le echaba algún gas pimienta, se le sujetaba el cuello con una rodilla y se le golpeaba con un cartel. Imágenes que creo que son de una brutalidad extrema. Sé que ese caso está judicializado, pero, si bien ha señalado que la actuación de un agente de la UIP contra esa persona que se manifestaba le parece que no se ajusta a derecho, me gustaría saber su opinión sobre las imágenes y sobre el hecho de la detención y muerte del señor Haitam Mejri.

Señor Grande‑Marlaska, en esta legislatura y en estos últimos años estamos viendo que se suceden casos de infiltración policial en movimientos sociales y políticos, un hecho que a mí me parece escandaloso. Es cierto que está ocurriendo especialmente en Cataluña, pero también se están conociendo en Madrid varios casos. Escuche, porque muchas veces nos intenta confundir con que son agentes encubiertos, estos que recoge la LECRIM. No, estamos hablando de agentes de información que, sin un mandato judicial, sin ningún control judicial están excediendo todos los límites; se infiltran en asociaciones legales ―políticas, sociales, vecinales, estudiantiles― para hacer investigaciones prospectivas. Esto es, policía política. Doce de ellos han sido detectados, por lo cual también parece que hay falta de pericia o bien que es que hay muchísimos y, si hay muchísimos casos, solo se detecta una pequeña parte. Creo que esto no puede ocurrir. Y ya digo que no es un caso erróneo o que ha habido un exceso. Al menos una docena han sido detectados ya. ¿Qué está ocurriendo? Si ustedes tienen un instrumento que es el de agente encubierto, ¿por qué utilizan una figura que no está recogida ―que ustedes llaman agentes de inteligencia― para inmiscuirse en organizaciones que no están cometiendo ningún delito? Si hay crimen organizado, ya será un juez o una jueza quien determine si es viable la utilización de agentes encubiertos. Creo que esto es un fracaso de este Gobierno. Creo que es un escándalo. Y creo que, más allá de que no se pueda repetir, ustedes deben dar explicaciones de qué está ocurriendo.

Me gustaría acabar con un último punto que ayer debatíamos en la Comisión de Interior de esta Cámara. Es el relativo a los examinadores de la Dirección General de Tráfico, de la DGT. Hay una escasez global en muchos territorios, en muchas provincias, que se arrastra desde hace tiempo, más de una década. Son especialmente lacerantes los casos de Guipúzcoa y Navarra; también en Vizcaya y en Araba, pero especialmente en Guipúzcoa y en Navarra. Es cierto que usted me dirá que están tomando medidas, que está habiendo más pruebas para examinadores, pero también es cierto que sus planes de choque no están funcionando y que hay miles de personas en lista de espera, lo que los lleva a estar más de tres o más de seis meses a la espera de poder examinarse y no se dan soluciones. Los profesores y profesoras se han ofrecido a dar horas extras, pero parece ser que no hay dinero suficiente para pagar esas horas. Ante ello seguimos con el embudo. ¿Sabe cuál es la solución, y el Parlamento de Navarra el pasado mes de febrero así lo proponía en una moción? Que se transfieran las competencias de tráfico a aquellas comunidades autónomas que así lo requieran y que tengan esa capacidad. Yo creo que sería de sentido común y acabaría con un problema que, ya le digo, no es nuevo, lleva más de una década, pero que, en los últimos meses, en vez de solucionarse con las medidas que están tomando, se está agravando.

Sin más, agradezco su comparecencia hoy aquí y espero que nos pueda responder a las preguntas que le hemos planteado.

Muchas gracias, eskerrik asko. (Aplausos).

Arratsalde on guztioi. Muchas gracias, presidenta, por permitirnos acumular el tiempo de nuestras intervenciones. Señorías, todos lamentamos que el pasado 8 de mayo se produjera el choque entre dos patrullas de persecución de la Guardia Civil en una operación contra una narcolancha a 80 millas de la costa de Huelva, con un resultado de dos miembros de la Guardia Civil muertos en acto de servicio y otros dos miembros heridos, uno de ellos de gravedad. Ya aprovechamos estos primeros momentos de nuestra intervención para manifestar nuestras condolencias a los familiares y amigos de los dos guardias civiles muertos en acto de servicio y también nuestra solidaridad a familiares y amigos de los otros dos guardias civiles heridos en el mismo operativo. Señorías, siempre que acontecen hechos luctuosos en acto de servicio, como los del pasado mayo en las aguas de Huelva ―al igual que sucedió hace algo más de dos años en el puerto de Barbate con el asesinato de dos guardias civiles y otros cuatro heridos tras el abordaje premeditado de una narcolancha contra una embarcación neumática de la Guardia Civil―, hechos que se enmarcan en la lucha contra el crimen organizado, singularmente en lo relativo al narcotráfico y en el que se practica en la costa de Andalucía y su mar contiguo, se desata una auténtica tormenta política, social y mediática sobre la lucha contra el crimen organizado, los planes de lucha contra la droga en el Campo de Gibraltar y en la costa de Andalucía, la suficiencia o no de los dispositivos policiales, el apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, por extensión, si España es un país seguro o una auténtica calamidad. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).

Señorías, la lucha contra el crimen organizado, como es de todos conocido y nos recordó la secretaria de Estado de Seguridad en esta Cámara el diciembre pasado, es una lucha principalmente en torno a las relaciones transnacionales de la delincuencia, lucha de manera singular de las fuerzas y cuerpos de seguridad y del Poder Judicial, que requiere cooperación internacional, pues la principal actividad delictiva del crimen organizado es el tráfico de drogas, un problema que trasciende a todos los países. También requiere una visión global desde la logística, como ha señalado el ministro, ―el petaqueo y el blanqueo de capitales― y desde la inteligencia policial, pasando por la prevención, las operativas policiales y la investigación criminal conducente a la apuesta de los autores del tráfico ante la justicia; y también una visión adaptable en función del mejor uso de las capacidades y de la misma evolución de la propia dinámica delictiva. También nos recordó la secretaria de Estado en esa misma comparecencia que les he indicado que la lucha contra el narcotráfico, contra el tráfico de drogas protagonizado por la criminalidad organizada, reclama promover la cohesión social y la resiliencia, ya que esta manifestación de la delincuencia erosiona a la sociedad en su conjunto y no solo ―y esto es importante― desde la perspectiva de seguridad.

Señorías, en el Estado la lucha contra el tráfico de drogas, protagonizado por la criminalidad organizada, tiene centro de gravedad relevante inicialmente en el Campo de Gibraltar y ahora está extendido a las cinco provincias de Andalucía con costa y al mismo río Guadalquivir. A tal fin ya se nos ha señalado que desde el año 2018 ―y no antes, señorías del Grupo Popular― se han dispuesto sucesivos planes de lucha contra la droga en el Campo de Gibraltar ―de hecho, actualmente se encuentra en su quinta edición― con el objetivo de combatir el narcotráfico, el crimen organizado y el blanqueo de capitales.

Al calor de estos planes de lucha contra la droga en el Campo de Gibraltar y de hechos como los que les he recordado del puerto de Barbate y el sucedido el mes pasado en la costa de Huelva se desata la polémica y así vuelve a emerger de nuevo el debate sobre OCON‑Sur, aquel dispositivo, como recordarán, de la Guardia Civil creado en noviembre de 2018 como Organismo de Coordinación de Operaciones contra el Narcotráfico en el sur de España y sustituido en el verano de 2022 por otra operativa de la Guardia Civil con la misma finalidad. Vuelven de nuevo el Grupo Popular y VOX a pedir explicaciones de su desaparición y a poner de manifiesto que desde su desaparición todo ha ido a peor. Las últimas explicaciones en extenso que nosotros conocemos las aportó la directora de la Guardia Civil el mes de marzo del año pasado en la Comisión de Interior como una reconfiguración operativa y que, lejos de lo que dicen el Grupo Popular y VOX, ha dado frutos no menos importantes que los logrados por el dispositivo OCON‑Sur. En su día ―y ya lo recordé yo tras los hechos en el puerto de Barbate en esta misma Cámara― debatimos esta cuestión de manera extensa e intensa. Por nuestra parte, como les decía, también recordamos, y hoy volvemos a recordar, que OCON‑Sur acabó como el rosario de la aurora. Su jefe fue acusado por Asuntos Internos de la Guardia Civil de cohecho y revelación de secretos, y será juzgado, si no es errónea la información que aparece en la prensa estos días, al final de este año por la Audiencia Provincial de Madrid, con una petición por la Fiscalía Antidroga de seis años y medio de cárcel por obtener, presuntamente, información reservada de una investigación en su contra por Asuntos Internos de la Guardia Civil por presuntos vínculos con el narcotráfico. En igual situación se encuentran otros dos mandos de OCON‑Sur y colaboradores del responsable de este dispositivo de la Guardia Civil, con peticiones de prisión respectivamente de cinco y tres años y medio. Por su parte, también tenemos que recordar que el exjefe de OCON‑Sur interpuso querella contra los instructores de la Unidad de Droga y Crimen Organizado de Policía Nacional y contra los instructores de la unidad de servicios internos de la Guardia Civil por acusarle de vínculos con unos narcos del Campo de Gibraltar para aprehender a otros que les hacían competencia, tal y como sostiene hoy en día la Fiscalía Antidrogas y también Asuntos Internos de la Guardia Civil, que llevaban tiempo sospechando en aquellas fechas del ritmo de aprehensiones del responsable de OCON‑Sur y su grupo. En fin, señorías, ya veremos cuál es la verdad judicial, pero quizá se debiera ser algo más prudente al emitir valoraciones sobre la transformación de OCON‑Sur en otro tipo de dispositivo de la Guardia Civil de lucha contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar y otras provincias de Andalucía.

Y por lo que hace relación a la eficacia, esfuerzo y suficiencia de los distintos planes de lucha contra la droga en este ámbito del Estado, es cierto, señorías, que todas las políticas públicas y medios dispuestos son susceptibles de mejora, y en el campo de las políticas de seguridad son aún más necesarias, más aún en el territorio al que nos estamos refiriendo. Pero sostener que el Estado y el Gobierno no hacen nada y que han abandonado a las fuerzas y cuerpos de seguridad y particularmente a la Guardia Civil en su lucha contra las drogas en el Campo de Gibraltar sin ningún apoyo sencillamente lo consideramos, y ya lo hemos dicho más de una vez, una exageración tan grande que es imposible compartirla.

Señorías del Grupo Popular y VOX, no vamos a entrar en el debate de los datos, pero se nos expone por el Gobierno y por el Ministerio del Interior el refuerzo de las plantillas policiales; la mejora de sus condiciones laborales; su formación profesional; el incremento de la inversión en medios materiales de todo tipo; el incremento del gasto presupuestario; el incremento del número de operaciones contra el narcotráfico; el incremento del número de detenciones; el incremento de la cantidad de droga y efectivo decomisados y los vehículos terrestres, marítimos y aéreos incautados, y también se nos ha informado en ocasiones de las distintas actualizaciones del Plan SIVE para identificar a embarcaciones pequeñas. Sin embargo, no es el argumento ex adverso de son otros datos frente a esos, sino la descalificación en bruto de todo. Se niegan, se minimizan o se califican de insuficientes, y, claro, de esta forma es imposible el parlamentarismo racionalizado. Y cuando se apela a fuentes, tampoco se señala con exactitud cuáles son estas, a fin de que la opinión pública pueda ponderar la cualificación y competencia de quien emite sus juicios para poder contrastar la información.

Señorías, lo dicho por nuestra parte no significa minimizar los numerosos incidentes ―algunos extremadamente graves como los que en buena medida han promovido esta misma comparecencia plenaria― que sufren las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la zona de operaciones de lucha contra el narcotráfico conocida genéricamente como Campo de Gibraltar, y que ponen de manifiesto el riesgo inherente a su profesión ―que sería absurdo no reconocer― y singularmente agravado en esta zona, y que concretamente se articula salarialmente en un complemento específico; aunque cosa distinta sería hablar, como se habla, de reconocimiento de profesión de riesgo en el debate sobre la jubilación anticipada a través de coeficientes reductores sin merma en la pensión. En esta cuestión he de señalar que la diferencia de trato que muchas veces se dice entre Ertzaintza, Mossos o policías locales y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no es tanta para los miembros de estas últimas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado encuadrados en el régimen de clases pasivas, que son todos salvo los incorporados desde enero de 2011, ya que desde esa fecha se encuadran en el Régimen General de la Seguridad Social. Así, un ertzaina, vuelvo a recordar, puede jubilarse de forma anticipada y con el 100 % de la pensión a los 59 años y con treinta y cinco de actividad efectiva y cotización dentro del cuerpo, mientras que un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el régimen de clases pasivas puede jubilarse de forma voluntaria anticipadamente, también con el 100 % de la pensión, a los 65 años y treinta años de servicio. Donde sí existe diferencia sustancial es respecto a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado encuadrados desde la fecha que les decía, enero de 2011, en el Régimen General de la Seguridad Social, ya que por ahora no tienen posibilidad de jubilación anticipada sin merma en su pensión. En cualquier caso, señor ministro, consideramos que debiera equipararse en cuanto a jubilación anticipada sin merma de la pensión a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con otros miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad distintas a las del Estado, aunque las diferencias, como les decía, en la mayoría de los casos no son tantas como se dice.

Por último, señorías, en cuanto a la cuestión que el Grupo Popular y VOX de manera recurrente siempre enhebran en este tipo de debates sobre si España es un país seguro, como les decía al principio, o más bien una auténtica calamidad, he de señalar que esa visión catastrofista de la situación de la seguridad en el Estado no la podemos compartir, y no solo porque no se corresponde con la realidad, sino también por la alarma social que pretende inculcar en la ciudadanía de manera irresponsable por las consecuencias que ello acarrea. Señorías, ciertamente la situación no es idílica, de acuerdo, y siempre es posible mejorar y se debe mejorar, también. Pero hablar, como se habla durante las intervenciones del Grupo Popular y VOX, con la extremosidad que se hace no lo podemos compartir. Un observador que no conociera para nada la situación de seguridad en el Estado y hubiera escuchado lo que aquí hoy se ha dicho, y en otras ocasiones también, hubiera sacado la conclusión o impresión de que la situación de la política de seguridad en el Estado y sus datos y de las dotaciones de los medios humanos y materiales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son los de un país carcomido por la inseguridad y con unas fuerzas de seguridad como las de un país en vías de desarrollo. Señorías ―voy finalizando, presidente―, esto no es así; esta percepción de la realidad no es compatible con la situación real ni con la posición que el Estado ocupa en el listado de los países más seguros de entre las democracias liberales, y que queda corroborada por la percepción de los noventa millones de turistas que anualmente visitan el Estado, para los que la seguridad en sus vacaciones es uno de los aspectos que más tienen en cuenta a la hora de visitar un país.

En fin, señorías del Grupo Popular, la situación obviamente no es perfecta, es, como todas las políticas públicas, mejorable, pero no caigan en el catastrofismo ni en el alarmismo social y no copien los discursos de VOX. Con los de ellos tenemos bastante, y ya acabamos suficientemente saturados. De ustedes se espera algo más de responsabilidad.

Nada más y muchas gracias.

Ministro, señorías, presidente, permítanme, como han hecho el resto de los grupos, iniciar mi intervención trasladando nuestro más sentido pésame a las familias de los profesionales fallecidos, pero también a los heridos, a todos sus compañeros, a todas sus compañeras. Estas tragedias nos recuerdan el carísimo precio que pagan quienes se dedican a protegernos, quienes se dedican a velar por nuestra seguridad. Pero si hoy hablamos de medios y recursos, no debemos olvidarnos tampoco de que venimos reclamando durante mucho tiempo el reconocimiento de profesión de riesgo y que eso tiene que llegar de una vez por todas. Estamos hablando de derechos que estamos hurtando a profesionales que arriesgan la vida para salvar las nuestras.

Señorías, en los últimos veinte años los catálogos de dotaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad en Canarias no han sido revisados ni mejorados al alza, pero Canarias en esas dos décadas ha crecido en quinientas mil personas ―hablo de población residente―: en Lanzarote, 168 000 personas más; en Fuerteventura, 130 000; en Tenerife, 180 000 y en Gran Canaria, 140 000 personas más. Insisto, con el mismo catálogo, con las mismas dotaciones, con plantillas que no crecen y con muchas vacantes que no se cubren. Esta ha sido una reclamación permanente de las instituciones canarias durante años, que han recibido la callada por respuesta. No se ha contestado, no hay avances, pero es que además a las peticiones de reunión ―usted lo sabe, señor ministro, se lo dije en esta misma tribuna― con responsables públicos, como es el caso de la presidenta del Cabildo de Fuerteventura desde enero de 2025, sigue sin recibirse ninguna respuesta y seguimos sin recibir la atención que entendemos que merecemos. Una cita que fue derivada a la directora de la Guardia Civil, que tampoco ha tenido tiempo para recibirla.

Señor ministro, usted sabe que Canarias es una pieza importantísima en la lucha contra las rutas del narcotráfico en el Atlántico y que son muchas las operaciones ―por suerte, exitosas― que contra el narcotráfico en Canarias se han realizado en los últimos tiempos. Pero esto no significa ni que se esté detectando todo ni que se esté controlando, y este es un asunto que nos preocupa muchísimo.

También sabe usted que además de este gravísimo problema y del crecimiento de la población, estamos hablando de un territorio que es frontera sur, y que, además, tiene el impacto que supone la llegada frecuente de miles y miles de personas a través de nuestras costas, una situación para la que también hay que dedicar y derivar esos escasos e insuficientes cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Asimismo, somos un territorio que en el año 2025 vio pasar por sus aeropuertos a 54 millones de personas. Estamos hablando de más de 16 millones de turistas, y usted sabe bien que yo me he cansado de enviarle fotos e imágenes de las colas en los controles de pasaportes de algunos de nuestros aeropuertos.

Todo esto es argumento suficiente para que se produzca, de una vez por todas, la revisión de los catálogos de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en Canarias, para que se conteste a las autoridades de las islas y para que se doten adecuadamente todas las comisarías y todos los servicios que prestan Guardia Civil y Policía Nacional. Tenemos incluso quejas importantes de que se suspenden intervenciones a presos que tienen que ser trasladados por cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por no estar estos disponibles, y este es otro problema que se nos traslada desde las prisiones.

Señorías, Canarias ha solicitado ya, insisto, esa dotación y nosotros necesitamos hoy respuestas claras. No sé si usted está en condiciones de ofrecérnoslas, pero lo que queremos es una respuesta clara respecto a la incorporación de esos efectivos en las islas donde más falta hacen, en las islas donde más ha crecido la población y, por supuesto, el refuerzo de medios humanos y materiales para luchar con el narcotráfico. Mención aparte merece, como he dicho, la atención a los traslados de los presos y, cómo no, la atención a la crisis migratoria que Canarias defiende y atiende con escasos funcionarios. Necesitamos que esto no suponga la merma en otros servicios cuando se producen llegadas numerosas.

Gracias.

Muchas gracias, señor presidente. Señorías, muy buenas tardes. Miren, unas cuestiones previas: por mucho que se diga una mentira, no se convierte nunca en una verdad. Hoy lo hacía el portavoz de Bildu y ayer ―de manera, por cierto, prepotente y soberbia― lo hacía también otro portavoz de Bildu. Euskal Herria, como ente político e institucional incorporando a Navarra, no existe. (Aplausos.―La señora Pozueta Fernández hace gestos negativos). Que quede claro, no existe, y le recomendaría las sentencias de los tribunales, incluso también la del Tribunal Constitucional del año 1985, cuando obligó al Gobierno vasco a retirar de su escudo las cadenas que representaban a la Comunidad Foral de Navarra; que les quede claro. Por otro lado, señor ministro, hablaba el portavoz de Bildu del colapso de los examinadores en las pruebas para obtener el permiso de conducir en Navarra. Una auténtica vergüenza. Pero olvidaba el portavoz de Bildu que el promotor de la iniciativa ayer, y también en el Parlamento de Navarra, era Unión del Pueblo Navarro; todo hay que decirlo. Señorías, en nombre de esta formación foralista quiero manifestar una vez más nuestro reconocimiento y nuestro cariño a las víctimas que fallecieron en acto de servicio en Huelva y también a todos los servidores públicos que luchan contra el narcotráfico. Es evidente que nosotros discrepamos y rechazamos el comportamiento que ha tenido el Gobierno: recuerden cómo la exvicepresidenta hablaba de accidente laboral, y del propio ministro, que los despreció e incluso no estuvo a altura de las circunstancias no asistiendo ni siquiera a su funeral. También es evidente, señorías, que nosotros, Unión del Pueblo

Navarro, no vamos a consentir en ningún caso que este tipo de situaciones se den en nuestro país, sobre todo porque vamos a aplicar todas las medidas e iniciativas que vayan en este sentido.

Es evidente, señor Marlaska, que usted no ha estado a la altura de las circunstancias. Y le podríamos preguntar: ¿pone usted la mano en el fuego por la directora general de la Guardia Civil después de todo lo escuchado ayer en el Senado? ¿A quién tenemos que creer? ¿A la directora general o a la Unidad Central de Operaciones de la Guardia Civil? ¿A quién cree usted? ¿Usted también pondría la mano en el fuego por el que fuera director general, el señor Leonardo Marcos, y por el DAO de la Benemérita? La respuesta es muy sencilla: sí o no, señor Marlaska. Tenga en cuenta usted que los silencios también son muy representativos, y usted calló, por cierto, cuando se le preguntó si ponía la mano en el fuego por el expresidente Rodríguez Zapatero.

Es evidente, señor Marlaska, que usted tuvo que rectificar cuando afirmó que la directora general no se había reunido con la fontanera del Partido Socialista, responsable de una trama ―financiada, por cierto, por su partido― para boicotear procesos judiciales. ¿Tendrá que volver a hacerlo ahora? ¿Tendrá que volver a rectificar? ¿No le parece inadmisible, señor Marlaska, que los miembros de la UCO hayan tenido que denunciar presiones y coacciones por parte de mandos de la Guardia Civil? ¿Le parece razonable? Usted es el ministro y, por tanto, el máximo responsable del ministerio.

También es cierto, señor Marlaska, que en la cartilla de la Guardia Civil se recoge que el honor es su principal divisa, que conservarlo sin mancha es una obligación y que cuando se pierde ya no se vuelve a recobrar, no se recobra jamás. Por lo tanto, lamentablemente, señor ministro, hoy le tenemos que decir que usted lo ha perdido. Lo perdió ya cuando traicionó a las víctimas del terrorismo al incumplir su promesa de que iba a sancionar los actos de enaltecimiento del terrorismo y de humillación a las víctimas y cuando permaneció callado ―y lo sigue haciendo― al producirse excarcelaciones fraudulentas de etarras. Usted lo ha perdido cuando castigó injustamente al propio coronel de la Guardia Civil, Pérez de los Cobos, por no vulnerar un procedimiento judicial. Usted lo ha perdido cuando concedió a sus socios, a los herederos políticos de ETA, el anuncio de la transferencia de la competencia de tráfico a Navarra. Y usted, señor Marlaska, lo ha perdido cuando permanece todavía callado después de que un terrorista como Otegi haya acusado, nada más y nada menos, que a la UCO de la Guardia Civil de no perseguir la corrupción, sino de destrozar a personas, cuando fueron él y ETA quienes asesinaron a cientos y cientos de hombres, mujeres y niños, la mayoría de ellos vinculados o pertenecientes a la Guardia Civil.

Váyase, señor Marlaska, váyase. Si le queda algo de dignidad, pida perdón y dimita. Muchas gracias. (Aplausos).

Gràcies, president. Ministro, el otro día en Valencia, en la concentración de la comunidad educativa frente a la conselleria, un policía empujaba por la espalda a una maestra jubilada que caía al suelo de una forma muy brusca. Esta mañana, señor Marlaska, usted le decía a mi compañero Ibáñez sobre este tema que eran casos absolutamente esporádicos, y en el Senado también la semana pasada dijo que eran comportamientos puntuales que no se corresponden con lo que se espera de ellos. Pero también matizaba enseguida: No voy a permitir que una posible mala actuación reprochable manche la labor que realizan el conjunto de agentes. Y claro, todo esto a mí me lleva a preguntarme: ¿qué hace diferente este caso al de otros empujones por la espalda sin venir a cuento? Pues la única diferencia, señor Marlaska, aunque le moleste escuchar esto, es que justo en ese momento otra maestra estaba grabando con su móvil la escena; la única diferencia es que hay imágenes de lo que pasó. A ese policía no se le fue la olla en ese momento y de repente decidió empujar a una persona mayor, lo que estaba haciendo ese policía aquí (muestra una fotografía) era violentar a los maestros que protestaban, sembrar el caos en la protesta y justificar las cargas y la violencia que vendrían justo después. Es decir, pretendía reventar una protesta pacífica, siendo él el que encendía la mecha. Conocemos la cara del policía. (Muestra otra fotografía). Este es el policía que lo hizo. No se preocupen que, cuando suba esto a las redes sociales, pixelaré la cara del policía, porque, claro, la ley mordaza ―aprobada por el Partido Popular― protege al policía y no a la maestra que fue agredida por él. Ocho años después, este Gobierno, el Gobierno de Pedro Sánchez y del Partido Socialista, no ha tenido tiempo todavía para cargarse esta ley mordaza.

Señor ministro, todo esto ―ya lo sabe― generó un gran revuelo social. Las imágenes corrieron por las redes y su ministerio tuvo que comunicar a la Policía que abrían un expediente. Queremos saber qué supone esa investigación, lejos del titular de ese día. ¿Qué le va a pasar al policía que hemos pillado con el carrito del helado? ¿Va a seguir este señor protegiendo (hace el signo de comillas con los dedos) a ciudadanos en manifestaciones? Usted, hace un rato, nos ha dicho a Compromís que las fuerzas de seguridad del Estado trabajan para garantizar el marco de seguridad con el fin de que todos ejerzamos nuestros derechos. (Vuelve a hacer el signo de comillas con los dedos) ¿Seguirá este policía agresor garantizando el marco de seguridad para que todos ejerzamos nuestros derechos?

¿Sabe qué creo, señor Marlaska? Presiento que este expediente quedará en nada, que lo de la investigación era la respuesta apresurada a la indignación de la gente cuando vio ese vídeo, pero le prometo aquí que, cuando nadie se acuerde de este tema, cuando usted quiera cerrarlo en falso, le seguiré preguntando qué ha pasado con este policía. Tiene usted mi palabra.

Esos días también ocurrieron otras cargas policiales. ¿Quién las ordenó? ¿Por qué se produjeron? ¿Qué se quería evitar? Queremos que lo aclare, porque en esa misma protesta vimos que, de repente, algunos manifestantes subían a un furgón policial y se iban en él.

Señor ministro, sinceramente, sé que usted no tenía ni idea de todo esto y dudo mucho que incluso los cargos medios de su ministerio lo supieran. A mí me da la sensación de que ustedes, los del PSOE, alimentan la imagen de partido de Estado, pero que cuando gobiernan no tienen el más mínimo control de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Se me hace raro ahora, que es más evidente que todas las cloacas van también contra ustedes, que venga usted aquí a seguir haciendo equilibrismos y a no decir nada para no enfadar a los maestros y a los policías y, sobre todo, para no admitir que hay cargos dando órdenes que no corresponden a su jerarquía. Si en algo esto se ve claro es en el tuit que ese mismo día sacaron varios sindicatos de Policía contra la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, en donde decían: Tú no vas a investigar nada. Tú no vas a investigar nada.

Señor Marlaska, ¿hasta cuándo piensan seguir fingiendo que controlan los dispositivos policiales desde el Ministerio del Interior? Porque le digo una cosa, y es que mientras usted está aquí defendiendo con uñas y dientes que las actuaciones lamentables de la Policía son casi una anécdota, la derecha y la extrema derecha se están frotando las manos porque un día, en una manifestación contra el Partido Popular, un policía empujó a una jubilada para que el Partido Socialista tuviera un problema. (Aplausos).

Muchas gracias, presidente. Señor ministro, señorías, dos guardias civiles fallecidos, dos familias destrozadas y un problema de narcotráfico que merece toda la atención de esta Cámara, la atención que ustedes, señorías del Grupo Popular, nunca les prestaron cuando estaban gobernando, porque recortaron en 148 los efectivos de guardia civiles destinados en Huelva y nunca les prestan desde que gobiernan en la Junta de Andalucía, porque no han cumplido en el Campo de Gibraltar ni una sola de las medidas incluidas en materia social, económica y laboral. (Aplausos).

Les confieso una cosa, señorías del Grupo Popular. Yo esperaba ―lo intuía― que hoy vinieran a buscar el segundo tiempo por el desastre de ayer en la sesión de la Comisión de Interior en el Senado, porque la directora general de la Guardia Civil les dio un buen baño de verdad y de realidad (risas.―Aplausos), pero no tenía muy claro si iban a utilizar un punto como el de hoy, en el que estábamos hablando de víctimas y de narcotráfico, para esto. (Rumores). La realidad supera la ficción, y lo que han hecho hoy es de una bajeza tan grande que le queda grande hasta a VOX. Señorías del Grupo Popular, se lo digo muy claro: Cuando alguien utiliza una tragedia para hablar de otra cosa, las víctimas se convierten en un instrumento. Aquí es donde empiezan mis dudas respecto a sus intervenciones.

Hay algo que siempre me ha llamado muchísimo la atención del Partido Popular, y es la extraordinaria capacidad que tienen siempre para conocer el final de las investigaciones antes que nadie ―es admirable, se lo reconozco―: no ha terminado una investigación y ustedes ya tienen una sentencia; no han declarado todos los citados y ustedes ya conocen al culpable; no se han hecho públicos los informes de una causa, pero ustedes ya los tienen. La verdad es que eso les ahorra muchísimo trabajo, aunque a mí me plantea tres preguntas. La primera: ¿son ustedes excelentes juristas? La segunda: ¿tienen excelentes fuentes? La tercera: ¿son los porteros de las puertas de atrás de algunos juzgados? Algunos, los que nos sentamos ahí, a mi izquierda (señala hacia los escaños del Grupo Parlamentario Socialista), seguimos creyendo que las investigaciones sirven para averiguar qué pasó, no para confirmar lo que cada uno decidió pensar antes de que empezaran. Esa diferencia es importante, señorías del Partido Popular, porque, cuando uno llega a las conclusiones antes que a los hechos (rumores.―Varios señores diputados chistan pidiendo silencio)… Repito que, cuando uno llega a las conclusiones antes que a los hechos, normalmente no se está investigando, se está haciendo otra cosa.

Hablando de investigaciones, señorías del Grupo Popular, hoy les he escuchado algunas lecciones ―también a VOX― sobre la independencia de quienes investigan. Me llama poderosamente la atención. Les voy a poner un ejemplo que hasta ustedes lo van a entender, el del ministro Zoido, juez y ministro del Interior, y el señor Marlaska, juez y ministro del Interior. ¿Recuerdan qué decía el señor Zoido cuando la Guardia Civil investigaba la corrupción de su partido o lo han borrado, también, de la memoria? El señor Zoido dijo una cosa tremenda para ser un ministro del Interior y juez. Leo: Las investigaciones de la UCO perjudican a una persona y a un partido. Díganme, señorías del Grupo Popular, si al ministro Marlaska le han oído hablar de eso o mencionar algo así respecto a todas y cada una de las investigaciones que se están llevando a cabo. (Aplausos).

Más medios para la UCO, más efectivos, más plazas, más recursos y todo el apoyo del Gobierno para esclarecer todos los casos de corrupción, sea quien sea y caiga quien caiga, señorías del Grupo Popular. (Continúan los aplausos). Cuando la Guardia Civil investiga la corrupción de su partido, el problema nunca es lo que se descubre, el problema es quién lo descubre. Por eso, resulta tan curioso que hoy se estén repartiendo carnés de protectores y defensores de la Guardia Civil, como están haciendo, porque es que ustedes, hasta no hace poco, lo que hacían era repartir martillos en su sede para destrozar las pruebas que les inculpaban a ustedes como un partido corrupto. (Aplausos).

Miren, señorías, la diferencia entre una época, esta, y otra época, la suya, la conoce toda España. Conoce Kitchen, conoce Gürtel, conoce los discos duros destruidos en Génova porque conoce aquella extraña costumbre que tenían ustedes de desconfiar de la Policía Nacional y de la Guardia Civil cuando se acercaban demasiado a su sede. Claro, que también dependía de qué policías y de qué guardias civiles se acercaban a su sede, porque la cloaca tenía una conexión directa entre la calle Miguel Ángel y la calle Génova, señorías del Grupo Popular; porque eran los mismos, la misma cúpula política, la misma cúpula del Ministerio del Interior y la misma cúpula policial.

Así que cuando los escucho hablar en nombre de la Guardia Civil siempre me hago la misma pregunta. ¿Hablan de la Guardia Civil que investiga a los demás o hablan de la Guardia Civil que les investiga a ustedes? Porque, históricamente, su posición ha dependido bastante de esta respuesta. Precisamente por eso hoy me resulta tan difícil tomarme en serio algunas de las cosas que hemos escuchado esta mañana. ¿Por qué ahora ustedes vienen a hablar de abandono de la Guardia Civil? Les voy a dar 159 075 razones por las que este partido no ha abandonado a la Guardia Civil: los 159 075 efectivos más que tienen ahora la Guardia Civil y la Policía Nacional, una cifra récord, histórica, señorías del Grupo Popular. (Aplausos). Les voy a dar 1900 millones de razones más por las que este Gobierno está con la Policía y con la Guardia Civil: 1900 millones de euros invertidos en cuarteles y en comisarías. Y ustedes siguen hablando de abandono, señorías. Les hago un spoiler a la Policía Nacional y a la Guardia Civil ―creo que ya lo saben, pero, por si acaso, se lo voy a recordar―: si alguna vez regresan al Gobierno, los volverán a dejar tirados.

Por eso, comprenderán que algunos tengamos dificultades para encontrar ese abandono del que ustedes tanto hablan, porque una cosa es el discurso y otra cosa son los hechos, y los hechos a ustedes les vienen siempre muy mal. El relato les viene muy bien, pero los hechos y los datos siempre les vienen muy mal.

El debate de hoy, señorías, el debate real, va de algo mucho más profundo. Va de una elección, probablemente de la primera elección política que uno tiene que hacer en la vida, la de decidir del lado de quién está, de parte de quién estamos. Miren, señorías, nosotros, en mi partido, elegimos hace mucho tiempo. Elegimos estar del lado de quien trabaja y necesita un salario digno; del lado de quien merece una pensión digna; del lado de quien necesita servicios públicos fuertes; del lado de quien quiere vivir en un barrio tranquilo; del lado de las familias que sufren las consecuencias de la droga, y del lado de quienes sufren y se juegan la vida combatiéndola. Las elecciones que tomamos en nuestra vida importan porque definen una manera importante de entender la política.

Y me dirijo ahora a todas las señorías de la pulserita con la bandera de España. Llevan años intentando apropiarse de la bandera, de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, pero ni la bandera ni la Guardia Civil ni la Policía Nacional son del Partido Popular ni son de VOX. La diferencia es que, mientras ustedes hablan constantemente de los símbolos, nosotros preferimos hablar de la gente que vive bajo esos símbolos, porque las instituciones no son de nadie, pero las decisiones sí (aplausos) y terminan explicando de parte de quién está cada uno cuando llega el momento de elegir. Por eso, a estas alturas la pregunta ya no es de qué parte están ustedes, la pregunta es quién está de su parte.

Señorías, hay fotografías que explican mejor una trayectoria política que cien discursos y hay fotografías que acompañan a quien aparece en ellas durante toda su vida política, por eso me resulta sorprendente escucharlos hablar de narcotráfico, porque inevitablemente aparece una imagen y, no, esa imagen no la eligió el Partido Socialista, esa imagen la eligieron ustedes, esa imagen la eligió Alberto Núñez Feijóo. (Aplausos). Las decisiones tienen consecuencias y las fotografías también.

Termino ya, presidente. Al principio de mi intervención hablaba de dos guardias civiles asesinados, de sus familias, y después de escuchar el debate de ahora sigo pensando exactamente lo mismo. Nosotros vimos un problema que había que combatir, ustedes vieron una oportunidad política. Nosotros elegimos estar del lado de quienes luchan contra el narcotráfico, de quienes protegen a los ciudadanos, y ustedes también eligieron, pero hay preguntas que llevan años sin poder responder y hay fotografías que siguen hablando por ustedes.

Muchas gracias. (Aplausos.―Una señora diputada del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Muy bien!).

Señor presidente, señorías, intentaré ser breve, pero también contestaré a sus referencias en la comparecencia de hoy respecto a los hechos trágicos acontecidos el pasado 8 de mayo y lo que tiene que ver y está relacionado con la lucha contra el narcotráfico.

Empezaré diciendo tanto a la señora Vázquez como al señor Gil Lázaro, porque más o menos han argumentado en idénticos términos, dos cuestiones previas. Han utilizado y utilizan, como he dicho antes, el dolor de las víctimas y solamente hablan de las cuestiones relativas, en este caso, a la lucha contra el narcotráfico, cuando acontece una tragedia. Hoy ustedes han vuelto a faltar al respeto a estas víctimas, a Jerónimo y a Germán, pues han utilizado mucho más tiempo de sus intervenciones para hablar de otras cuestiones, no de narcotráfico. Ese es el respeto que tienen ustedes a estas personas. (Aplausos). Y les diré algo más, porque si no me equivoco se iba a haber ampliado el objeto de esta comparecencia, pero VOX manifestó su oposición y el Partido Popular calló, pero parece que hoy su intención era bien otra. En ese sentido, también voy a recordarles ―es lo único a lo que me voy a referir respecto de la otra cuestión― que la directora de la Guardia Civil está haciendo un trabajo extraordinario en el marco de la gestión de la dirección de la Guardia Civil, un trabajo reconocido la semana pasada, tras un consejo de la Guardia Civil, por el conjunto de asociaciones de la Guardia Civil, que hicieron referencia a su gestión, al acercamiento y a cómo se podrían conseguir consensos en beneficio del trabajo desarrollado por el conjunto de la Guardia Civil. (Aplausos).

Señora Vázquez, voy a ser muy breve. Usted lleva aquí veinte años ―no sé si ha tenido alguna otra ocupación distinta― y ha estado muy cerca de Gobiernos del Partido Popular, como siempre en el ámbito de Interior, lo cual es correcto y está bien. Pues no sé qué decía usted cuando ministros del Interior de Gobiernos del Partido Popular ―se está enjuiciando y nadie lo discute― utilizaron a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para filtrar información, para articular investigaciones contra oponentes políticos, para destruir pruebas ―algo muy grave e imposible de pensar en un Ministerio del Interior―, pero, a la vez, dejaron de invertir y desprotegieron a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Siempre me atacan con los datos ―no los voy a reiterar ahora porque les cansaría―, pero con ustedes había muchos menos agentes, peor pagados, con peores condiciones laborales, etcétera. No contestan a este respecto. Voy a ser muy breve, porque creo que su intervención ha sido en esos términos. Solo quiero decirle que eso es una simple hipocresía y ajena a la realidad. Le hablo de los cinco planes especiales para el Campo de Gibraltar desde julio de 2018, de la inversión, del incremento de agentes ―más de cinco mil, con los que están en comisión de servicio en Andalucía; con ustedes casi se perdieron dos mil―, y de todas las incautaciones. Hacen contextos muy simples.

OCON‑Sur. Siempre sale OCON‑Sur, pero es que OCON‑Sur tampoco la pusieron ustedes; la pusimos nosotros, como ha recordado el señor Legarda, en noviembre de 2018. Lo que pasa es que era coyuntural y, en un momento dado, por circunstancias concretas, se estimó que debía ser estructural, y esos efectivos pasaron a consolidar las unidades de Policía judicial de todas las provincias. Y a partir de 2022, cuando se ponen en marcha los operativos, la Dirección de la Guardia Civil entiende que para ser más eficaces hay que proceder en ese sentido que le indico y en un ámbito organizativo. Ha habido más operaciones, más incautaciones, como he dicho ya en distintas ocasiones y a ello me remito, con lo cual me preocupa, porque no sé qué hay detrás de ustedes y OCON‑Sur al respecto, porque, vuelvo a decir, ustedes no la crearon para la lucha.

Nosotros ahora también estamos trabajando, fruto de la última estrategia, como he recordado, de 2025, aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional, la Estrategia contra la Criminalidad Organizada y la Delincuencia Grave, en un plan integral estratégico contra el narcotráfico y delitos conexos.

Nosotros llevamos realmente ocho años actuando. También en el ámbito internacional, dentro de la coalición de países contra el crimen organizado en el seno de la Unión Europea, dentro de los ocho países que somos la vanguardia en la lucha o, igualmente, en la Alianza Europea de Puertos, también dentro de la Unión Europea. También trabajamos a nivel regional con la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. También estamos trabajando con los países balcánicos y con los del norte de África, en una lucha real y efectiva contra la criminalidad organizada en el marco de la inteligencia y de la operativa.

Creo que poco más le puedo decir, porque ustedes no me han dicho qué planes desarrollaron contra el narcotráfico de 2011 a 2018. No me han dicho qué unidades especiales crearon ustedes para la lucha contra el narcotráfico. No me han dicho nada al respecto porque, claro, fue cayendo el número de efectivos. No me han dicho qué inversiones se realizaron en medios. Miren, más de veinte embarcaciones nuevas. Y, como he repetido, en el trágico accidente, una de las embarcaciones implicadas, la patrullera HS60, es de las más modernas en la lucha contra las narcolanchas. Ustedes, por no hacer, no hicieron ni la prohibición de las narcolanchas en el comercio; no lo hicieron, vuelvo a decir, ni legislativa ni operativamente. Y creo que puedo terminar diciéndole, como le ha recordado el señor Legarda, que creo que lo más cerca que han estado ustedes del narcotráfico ha sido en una jornada de un día en un barco de un tal Dorado. (Rumores y protestas). No se enfaden.

Señor Gil Lázaro, no sé de dónde saca usted la ausencia de medios. Se lo voy a repetir en esos mismos términos. He recordado que, en el trágico accidente, una de las embarcaciones implicadas era una HS60. Desde que estamos nosotros, y solamente en los medios navales, se han incorporado más de veinte embarcaciones, como he recordado, con unas prestaciones absolutamente importantes y relevantes para la lucha contra el narcotráfico en el ámbito naval. Además de un buque oceánico, con una inversión de más de 35 millones de euros, el Duque de Ahumada, que ha logrado un éxito en una de sus primeras intervenciones, con la incautación de más de 30 toneladas de cocaína el pasado 1 de mayo. O sea, que, en ese sentido, no sé a qué hace referencia.

Le vuelvo a decir lo mismo también a usted respecto a OCON‑Sur. Sobre la profesión de riesgo, creo que lo ha explicado correctamente el señor Legarda. Pero nosotros ya estamos trabajando. Hemos constituido una mesa técnica, que preside la secretaria de Estado de Seguridad, en la que ya estamos articulando ―también lo ha dicho el señor Legarda― el reconocimiento de los coeficientes correctores para lo que queda de equiparación en ese ámbito con las policías autonómicas, para los policías y guardias civiles en el régimen general. Y estamos trabajando también en esa mesa cómo poder articularlo para los agentes de clases pasivas. Y ahí estamos gestionando y trabajando, como han reconocido los propios sindicatos de Policía y las asociaciones de la Guardia Civil, porque saben que es con Gobiernos progresistas, con Gobiernos socialistas y, en este caso, con un Gobierno de coalición con SUMAR, donde realmente tienen todas las opciones para que sus derechos sean reconocidos en todos los ámbitos, como aquí está sucediendo en cuanto a sus condiciones laborales, a un incremento salarial del 40 % y a más efectivos, lo que, evidentemente, influye en la efectividad y en sus jornadas laborales.

A ese respecto, señor Gil Lázaro, creo que temen un posible Gobierno ―y espero que sea muy lejano― del PP y VOX, porque saben que lo primero que vienen son recortes en sanidad, en educación ―lo estamos viendo en las comunidades autónomas― y, claro, también en seguridad. Porque lo han vivido en el pasado, cuando usted, cercano al Partido Popular —‌más que cercano, diría yo—, poco decía al respecto.

Señor Santiago, quiero indicarle que recojo la mano que me ha tendido. Sabe que estamos trabajando en ese sentido, pero todo lo relativo a los derechos de las asociaciones de la Guardia Civil, etcétera, tenemos que trabajarlo y consensuarlo con las propias asociaciones de la Guardia Civil y con el sentir mayoritario de la Guardia Civil en esos términos, que es algo absolutamente relevante, a nuestro entender.

Señor Álvaro, simplemente quiero señalar, en relación con las cuestiones que ha dicho usted sobre la Guardia Civil y su carácter militar, que ese carácter específico de la Guardia Civil está compartido por otros cuerpos gendármicos en Europa y no supone ningún problema. Está la Guardia Nacional Republicana de Portugal, los Carabineros en Italia o la Gendarmería Nacional francesa. Son cuerpos absolutamente homologables en el ámbito del desarrollo de sus funciones de policía judicial. Y sí, quiero referirle que estamos trabajando contra el narcotráfico en el marco de la Unión Europea, como he expresado. Hemos estado apoyando y trabajando intensamente en la estrategia de la Unión Europea contra el narcotráfico y contra las drogas, que se aprobó el año pasado, así como en el plan de acción global derivado de esa propia estrategia. Y ahora estamos trabajando ―ya se ha aprobado también― en la estrategia de lucha contra el narcotráfico en el ámbito de los puertos, de esas infraestructuras logísticas, donde también se está avanzando sustancialmente.

Me hablaba usted del control de fronteras. Pues bien, claro que estamos trabajando en el control de fronteras interiores y exteriores, tanto las exteriores de la Unión Europea como las interiores. Pero nosotros creemos, evidentemente, en Schengen. Y cuando decimos que creemos en Schengen queremos decir que creemos en el control de las fronteras exteriores de la Unión Europea y que se debe evitar, como está ocurriendo desgraciadamente en muchos países de la Unión Europea, el restablecimiento de controles internos, muchas veces basados en cuestiones de carácter migratorio, porque estarán de acuerdo conmigo en que el derecho a la libertad circulatoria de las personas es uno de los grandes logros en el marco de la Unión Europea, pero también trabajamos en ese control, cuando es preciso y necesario, de las fronteras interiores.

Me hablaba usted de la UCO, de la UDEF, etcétera. Vuelvo a decirlo, porque no quiero que nadie lo confunda: este Gobierno debe ser un Gobierno distinto, este Ministerio del Interior debe ser un ministerio distinto, y ustedes están acostumbrados a otro tipo. Es un Gobierno que realmente cree en la separación de poderes, en la división de competencias, en lo que tiene que hacer cada uno; yo no voy a interferir en ningún informe ni en ningún atestado que haga la UCO, la UDEF o cualquier policía judicial, porque actúan bajo las directrices de los fiscales y de la autoridad judicial. Deberán ser la autoridad judicial y los fiscales, en caso de que tengan que decir algo, los que refieran y digan, porque son los que tienen, evidentemente, que realizar la labor de tutela. ¿Cuál es la mía? Dar todos los medios necesarios a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tanto en efectivos como en medios materiales, para que hagan su trabajo correctamente.

Otra cosa muy importante ―han hecho aquí referencia a ella― es su formación, la formación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la formación en derechos humanos, en libertades fundamentales, en diversidad. Evidentemente, en todos esos ámbitos, los dedicados a violencia de género, que estén formados en violencia de género; los dedicados al narcotráfico, que tengan conocimientos y que sean capaces de desarrollar cooperación internacional correctamente. Ahí es donde me implico. Por eso, hemos creado el Centro Universitario de la Policía Nacional durante estos ocho años, donde se adquiere un grado en materia de seguridad, donde también se imparten másteres. Esa formación es permanente, de eso es de lo que nos preocupamos. El resto de la investigación depende de los tribunales y de los fiscales. Esa es la cuestión, eso es creerse realmente un Estado de derecho y saber cuáles son las competencias que tiene cada uno de nosotros.

Ha hablado usted de lo que había pasado ―lo decía también la señora Madrenas― en la Basílica de la Sagrada Familia. Voy a referirme a ello muy brevemente. De lo que se trataba ahí era de trabajar y de mantener el orden público, no de atentar contra la libertad de expresión de nadie. Había, además, una prohibición expresa del deán de la catedral de Cataluña, la prohibición en los actos eclesiásticos que se desarrollaran durante la visita papal de cualquier manifestación de signo político. Yo quiero felicitar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en este caso, a Policía Nacional y Mossos d’Esquadra, porque hicieron un trabajo extraordinario; un trabajo, además, que ni se vio ni alteró el desarrollo de un evento que realmente nos maravilló a todos (aplausos) y nos hizo sentir realmente orgullosos de Cataluña y de España y de poder ofrecer al mundo esa imagen. (Aplausos). No hay, evidentemente, ninguna limitación, señora Madrenas, señor Álvaro, del ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Imagínense ustedes que aquí viniera el público en general y pudiera aprobar, desaprobar o decir lo que fuera en cualquiera de sus intervenciones. ¿Qué sería esto? ¿Qué sería del debate político? Bastante tenemos ya, conque imaginémonos lo que sería en ese supuesto. Por lo tanto, no restemos importancia a cada una de las cuestiones aludidas.

En cuanto a Via Laietana, se lo he dicho, señor Álvaro, por activa y por pasiva siempre. Ese edificio, que fue objeto de unos hechos deleznables en la época de la dictadura, es resignificado constantemente por nuestros hombres y mujeres de la Policía Nacional protegiendo los derechos de todos nosotros.

Señor Iñarritu, usted hacía referencia fundamentalmente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil, que desarrollan su trabajo en Euskadi, en el País Vasco y en Navarra. Mi mayor reconocimiento al trabajo de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que desarrollan su trabajo actualmente en el País Vasco y en Navarra en materias y competencias que son exclusivas del Estado, como son documentación, como son control de fronteras, como son otro tipo de delitos que también abordan y abarcan a más de una comunidad, por ejemplo, delitos contra el medioambiente, porque muchos de ellos ―por sus características, etcétera― abarcan mucho más que el territorio de una comunidad autónoma. Y siempre lo llevan a cabo en una coordinación perfecta con la Ertzaintza o con la Policía Foral de Navarra. Con lo cual, vuelvo a repetirle el tema de los audios.

Me hablaba usted de aviones de repatriación. Ya me dará la lista de aviones de repatriación, porque lo ha dicho usted como si hubiera muchos. Evidentemente, para que haya una repatriación, hay, primero, una resolución definitiva, no recurrida en ningún ámbito, con lo cual, es una persona que no ha solicitado protección internacional o, si ha solicitado protección internacional, ha sido denegada, se ha tramitado su regularidad, no ha recurrido o ha recurrido en el ámbito judicial la resolución administrativa y ha sido desestimada. Esos serán los únicos supuestos. Por lo tanto, esa referencia que deja caer a la cuestión de aviones de repatriación ya le digo yo que no, no y no, porque en ese ámbito, en política migratoria, como bien ha dicho usted, una de nuestras líneas rojas, como no podía ser de otro modo, es la de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Por eso somos el único país que ha votado no en el Consejo de la Unión Europea al nuevo Reglamento de Retornos, fundamental y esencialmente por la posibilidad de que haya centros de internamiento en terceros países y lo que ello representa, que para nosotros claramente puede chocar con la legislación no solo internacional, sino también con el marco de la Unión Europea de derechos fundamentales y libertades públicas.

Vuelve usted a hacer referencia a la infiltración en movimientos. Lo repetiré mil veces: las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen la obligación, para prevenir el delito ―para prevenir el delito―, de captar, recibir, analizar y estudiar la información, siempre conforme a la legalidad vigente. Me remitiré al artículo 11 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No intenten confundir con lo que es un agente encubierto, como ha hecho usted, porque no es que haya agente encubierto o nada. No, las fuerzas y cuerpos tienen la obligación de prevenir el delito, no solamente de actuar contra el delito. En otros ámbitos y en otras cuestiones no solamente tenemos que actuar si se boicotea un acto, por ejemplo, que no deba boicotearse; habrá que prevenir también para que eso no suceda. No es una cuestión delictiva, pero se lo estoy intentando explicar. El agente encubierto actúa cuando ya hay indicios de la comisión de un delito, e interviene la autoridad judicial o la autoridad fiscal para autorizar a ese agente encubierto a que se introduzca en una organización criminal. No confunda una cuestión con otra; no confunda captar la necesaria información para garantizar la seguridad del conjunto de la ciudadanía con lo que es la lucha contra unos delitos en concreto.

Señor Legarda, no puedo más que agradecerle su intervención, por el tono, por el contenido y por el fondo. Espero que no implique que sea por algún motivo personal, porque del señor Legarda, dentro de su absoluta capacidad intelectual, capacidad jurídica y capacidad política, he recibido en otras ocasiones puyas y críticas realmente importantes, necesarias, y que a uno le hacen pensar y le hacen valorar que quizá deba modificar determinadas políticas en ese sentido. Le agradezco su intervención, señor Legarda, comparto lo que ha dicho y le aseguro que estamos trabajando sobre la denominada ―entre comillas― profesión de riesgo, que afecta fundamentalmente, como ha dicho, a los coeficientes correctores, y también trabajamos con respecto a la jubilación.

Señora Valido, sabe usted que estamos trabajando, que Canarias, evidentemente, es una frontera sur, un territorio muy especial, de una complejidad manifiesta en parámetros de seguridad por su localización. Pero sabe usted que, por esa razón, es objeto de ocupación y preocupación por parte de este Gobierno. Le recuerdo que con el Partido Popular se perdieron casi 600 agentes de Guardia Civil y Policía Nacional, y con nosotros ―según la información que me han pasado, porque no la sé de memoria― ya se han recuperado 1200. Y seguimos en ese trámite.

Igualmente, usted es conocedora de los esfuerzos que se han hecho en infraestructuras tanto por el Ministerio de Interior como por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de los esfuerzos que se han hecho tanto en materia de recepción de los migrantes irregulares como de su acogida, así como de nuestro compromiso ―y ha sido usted testigo directo―, por ejemplo, en materia de menores no acompañados llegados a las islas solicitantes de protección internacional, o no solicitantes de protección internacional, para establecer, con la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, el principio ineludible de solidaridad interterritorial con los menores. Usted sabe que ha habido una implicación manifiesta y conoce también esa implicación más personal, con más agentes, en la lucha contra la migración irregular. No me gusta hablar del tema, pero hemos reducido en tasas importantes las llegadas irregulares a las islas Canarias, lo cual también significa salvar vidas, porque muchas veces nos olvidamos de que es la ruta más peligrosa y donde desgraciadamente naufraga y pierde la vida mucha gente vulnerable explotada por la mafia.

Me hablaba de los aeropuertos de Tenerife Sur y Tenerife Norte. Sabe, porque lo hemos hablado y comentado, que en algunas ocasiones hay muchas circunstancias de concentración de vuelos en ciertas horas, etcétera. Además, el hecho de que muchos turistas que van a las islas Canarias sean británicos, después del brexit y ahora con el Entry/Exit, ha determinado unas concretas circunstancias de gestión; pero creo que lo estamos trabajando con flexibilidad y seguiremos avanzando. Tenemos margen de mejora, no lo dudo, pero sabe que estamos perfectamente centrados.

Señora Valido, le agradezco su intervención. Creo que tenemos ―vuelvo a decirlo― una relación directa y necesaria para mejorar la gestión y garantizar más seguridad para la sociedad canaria, que a la postre es lo que a todos nos interesa.

Señor Catalán, usted me ha defraudado muchísimo. Me ha defraudado, señor Catalán. Se lo diré muy claramente: usted, que está tan preocupado por las víctimas, hoy, salvo los primeros diez segundos, ha obviado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ha obviado el trabajo al que se dedican y el riesgo que asumen en la lucha contra el narcotráfico. Ha pasado a sus tótems de siempre: a las víctimas del terrorismo. Para mí son una preocupación y una ocupación permanente por distintas razones, pero hoy no era el día de hablar de las víctimas del terrorismo; lo son los 375 días del año, pero no en esta comparecencia. Hay que hablar un poco más de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de los riesgos que corren, de los medios necesarios para luchar contra el narcotráfico. Lo ha obviado todo.

Eso sí, ha hablado de si hay etarras excarcelados, etcétera, pero siempre faltando a la verdad. Obvia una cuestión muy concreta: la intervención judicial. Usted sabe que el cumplimiento de las penas no compete exclusivamente a la Administración, sino que el Poder Judicial tiene una intervención directa; o sea, no haga referencias falsas que simplemente crean desinformación. Le creía a usted, de verdad, señor Catalán ―siento decírselo así― un poco más serio en esos términos. Se puede ser crítico, pero no desinformar ni faltar a la verdad.

Ha hablado usted de los examinadores. Pues sí, tenemos cierta complejidad con respecto al tema de los examinadores de los permisos de conducir, pero estamos trabajando en ello. Estamos mejorando. La lista de espera se está reduciendo en las zonas más afectadas de toda España. Hoy en día tenemos más de 920 examinadores, el mayor número de la historia. Es cierto que también hay mucha gente que está accediendo o solicita, evidentemente, la licencia de conducir, pero estamos trabajando.

Con respecto a la seguridad vial y los conductores, me ha llamado la atención su compromiso: en vez de mirar hacia las asociaciones de víctimas de violencia vial, como a mí me gusta decir, cuando la tasa de alcoholemia era tan importante para todas las asociaciones de víctimas de violencia vial, a última hora usted decidió mirar hacia otro lado y no pudo realizarse la modificación de la ley. Se lo digo simplemente con el fin de que reflexione también sobre esas víctimas de violencia vial. Para mí, igual que las víctimas del terrorismo, en general, son un referente en valores y en comportamiento, en materia de política de seguridad vial las víctimas de seguridad vial son un referente, más que otro tipo de lobbies. (Aplausos).

Señora Micó, no voy a cambiar lo que he referido porque esa es la realidad. Hay hechos puntuales absolutamente rechazables que enfrentamos, pero no porque haya una cámara. Nuestros policías llevan cámaras personales para estas finalidades: una es la autoprotección, porque ellos son susceptibles de ser violentados y agredidos, pero también con la de que nosotros podamos conocer y saber cómo han desarrollado su trabajo. Es por ambas razones. Tenemos una Policía Nacional, igual que la Guardia Civil, absolutamente formada y preparada en el respeto a los derechos humanos.

En cuanto a lo que indicaba sobre las movilizaciones del ámbito de la educación en la Comunitat Valenciana, ha habido una perfecta cooperación y colaboración entre los distintos sindicatos de educación y el dispositivo compuesto por más de trescientos agentes de Policía Nacional. Y, por toda la información que tengo, se ha desarrollado con toda normalidad, salvo ―vuelvo a decirlo― ese incidente, pero no porque hubiera una cámara. Usted sabe que ahora hay cien mil cámaras, así que es todo lo contrario. No es como hace diez o veinte años, ahora cualquier cosa puede ser objeto de grabación. No es por la cámara de esa profesora. Nosotros también tenemos medios para evaluar la actuación de nuestros agentes; como he dicho, nosotros establecemos medios tecnológicos para ese tipo de operativos. También se ha constituido con este Gobierno, porque somos los primeros interesados, dentro de ese marco de la Secretaría de Estado de Seguridad, una Oficina Nacional de Derechos Humanos para tener un control más efectivo de todas las medidas de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado relativas a la limitación o restricción de derechos y libertades fundamentales, y se hace una evaluación constante. Con lo cual, no va a hacer falta que usted me lo recuerde dentro de unos meses. Me lo puede recordar, pero seguro que recibirá de mí una respuesta clara, porque yo también sabré lo que ha ocurrido o qué está ocurriendo.

Señor Serrada, muchas gracias por su intervención. Es usted conocedor, como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Interior, del trabajo que venimos desarrollando en todos los ámbitos, también en seguridad vial, como le recordaba al señor Catalán. ¿Verdad, señor Serrada? Usted ha hablado de Zoido como ministro y juez. Permítanme esta licencia: quizá él ha sido muy poco tiempo juez; yo he sido bastante más tiempo juez que político.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, señor presidente. Señor Marlaska, precisamente le reprocha al Grupo Popular que hayamos hablado poco de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En cambio, no se lo reprocha a sus socios, que no han hablado nada de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es más, Esquerra atacó a la Policía Nacional y la actuación de la Policía Nacional en Via Laietana y usted no ha abierto la boca para defender la actuación de la Policía Nacional en Via Laietana. Bildu llegó más allá y dijo que pedía echar a la Guardia Civil y a la Policía del País Vasco y usted calló como una mula (rumores) y no dijo nada. Después, en cuanto al resto de los grupos parlamentarios, cada uno vino a hablar de su cuestión y casi todos tienen algo en común: atacan a la Policía Nacional y actuaciones muy concretas de la Policía Nacional. Y usted ni tan siquiera tiene un segundo para defenderlos. (Aplausos). Ese es el respeto que tiene usted a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ya que sobre todo les debe pleitesía y el sillón donde está usted sentado a esos, a Esquerra, a Bildu; a todos esos es a los que usted les debe.

Me gustaría responderle algunas cosas al portavoz del Grupo Socialista, habida cuenta de que de una manera muy clara atacó a los diputados del Grupo Popular. Usted dice que respeta la justicia, pero a los diputados del Grupo Popular nos ha llamado porteros de juzgados. Ya sé que ustedes saben mucho de porteros, como Koldo, claro, pero eran porteros de puticlub. (Risas.―Rumores.―El señor Serrada Pariente hace gestos negativos.―El señor Aceves Galindo mueve la cabeza de un lado a otro sonriendo). Entonces, igual en eso puede venir después usted y darnos unas pocas clases. (Aplausos). Y después… Oye, ¿pero siempre tienes que estar tú haciendo el tonto en todos los Plenos en los que intervengo?, ¿de verdad? (Dirigiéndose al señor Aceves Galindo.―Risas.―Protestas). ¡Es que ya está bien! Es el que está al lado de David Serrada, que no sé cómo se llama, pero está siempre... ¿Sabes cuál te digo? (Dirigiéndose al señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis). Pues míralo. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, pronuncia palabras que no se perciben).

Señorías, después me decían que había que elegir del lado de quién estábamos. Efectivamente, ustedes han elegido el lado de los que están con la corrupción, con los puteros, con los contrabandistas. Nosotros estamos en la defensa del Estado de derecho, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con la dignidad, con la libertad, con las mujeres a las que ustedes han dejado abandonadas, con los parados, porque tenemos la tasa de paro más alta de la Unión Europea. (Aplausos). ¡Con esos estamos nosotros! Ustedes están defendiendo hoy las cloacas. Cada vez que aplauden hoy a Marlaska defienden las cloacas, y eso les quedará en sus expedientes para toda la vida, señorías. (Protestas.―Aplausos).

Por cierto, con respecto a las fotos, veo que el señor Marlaska y el portavoz del Grupo Socialista traían algo en común: la foto del señor Feijóo de hace treinta y cinco años. ¡Venga, vamos a una más actual! (Muestra una fotografía en la que aparecen el expresidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Díaz Pérez). Todos con un contrabandista. ¡Todos! (Aplausos). Y, además, un amigo de los narcos de Venezuela. ¡Venga, venga una foto actual! Contrabandista y blanqueando el dinero del narcotráfico. ¿Qué les parece? ¡Venga! Y todos, incluidos los de SUMAR. Por eso les digo que cuidado con las fotos. Ya les enseño yo una actual, para que no tengan que ir a rebuscar una de hace treinta y cinco años. (Continúan las protestas).

Señor Marlaska, le hago preguntas muy concretas. ¿Le informó la directora hace un año sí o no? ¿Informó usted a Sánchez sí o no? Y, si le informó la directora, como dice que le ha informado, ¿por qué dos meses después, según la UCO, la directora de la Guardia Civil hace una información reservada para el jefe de la UCO? (Muestra un documento). ¿Permitió usted esta información reservada para acallar la investigación que estaba haciendo la UCO, señor Marlaska, a los casos de corrupción del PSOE? Hoy tiene que decirlo: sí o no. Es muy fácil, señor Marlaska.

Hoy decía usted que dejaba trabajar a los agentes. ¿Usted dejó trabajar a Pérez de los Cobos? Lo cesó. ¿Dejó trabajar a Sánchez Corbí? Lo cesó. ¿Dejó trabajar al comisario del Senado? Lo cesó. (Aplausos). ¿Dejó trabajar al general de la Guardia Civil de Cataluña? Lo cesó, porque aun encima se lo pidió Rufián. ¡Usted está vendido a cada uno de los grupos políticos que le sostienen ahí, que son precisamente los que no quieren las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado!

Le voy a decir una cosa: con esto de la jubilación anticipada, usted, con esa mesa técnica, lo único que está haciendo en estos momentos es una maniobra de distracción. Si quieren, y realmente saben que ser policía o guardia civil es una profesión de riesgo, no tienen que buscar expertos. No, porque cualquier español ve que es una profesión de riesgo, como lo es ser mosso, erztaina o policía local. La presidenta tiene setenta y cuatro veces bloqueada en el Congreso una ley que ha sido aprobada en el Senado.

¡Desbloqueen de una vez esa ley y déjense de mesas técnicas para entretener a la Policía y a la Guardia Civil! (Aplausos).

Señor Marlaska, hoy usted ya solo representa el caballo de Troya de las cloacas en el Gobierno de España…

… y lo peor en el Ministerio del Interior. (Aplausos.― Varias señoras y señores diputados: ¡Muy bien!).

Muchas gracias, señor presidente. Señor ministro, ¿cómo se atreve usted a hablar de falta de respeto a las víctimas cuando acaba de calificar de tótem a las víctimas del terrorismo, les ha mentido, las ha traicionado y no se atreve a ir a los funerales de los guardias civiles? (Aplausos). ¿Cómo se atreve usted a hablar de utilizar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando usted ha tratado desde el principio de someter a la Guardia Civil a los intereses sanchistas? ¿No se acuerda usted de la rueda de prensa del general Santiago en la Moncloa durante el confinamiento diciendo que la Guardia Civil, en ese momento, por orden suya, estaba destinada a monitorizar las redes sociales para contrarrestar las opiniones contrarias a la gestión del Gobierno? ¿O no se acuerda de cuando usted intentó forzar al coronel Pérez de los Cobos para que cometiera un delito revelando la información que estaba sometida a secreto sumarial? Sí, tiene usted toda la razón, señor Marlaska: fue usted el que creó en septiembre de 2018 la unidad OCON Sur, y por eso resulta mucho más extraño, inexplicable y sospechoso que en el año 2022 decidiera suprimirla de un plumazo, cuando estaba realizando una victoria notable, notoria y evidente en la lucha contra el narco y esa victoria estaba arruinando el negocio del hachís en Marruecos. Cada vez que le hemos preguntado si hubo presiones de Marruecos sobre usted para producir esa aniquilación de esta unidad no ha sido capaz de contestar. Casualmente, suprimió esa unidad en el momento en que se supo que Marruecos había controlado el contenido de su teléfono móvil, y por eso la tal Leire Díez ―podrá usted a lo mejor explicarnos por qué―, en una de sus carpetas, dice: Marlaska y el secretario de Estado ―el anterior, el señor Pérez―, los tiene cogidos la UCO. En el terreno operativo, usted sigue negándose a declarar Cádiz y Huelva como zonas de especial singularidad, aunque la Guardia Civil lleva tiempo pidiéndoselo. Usted dice que hoy los agentes están más seguros y tienen más medios. Pues mire el milagro de la semana pasada en Huelva, cuando un coche camuflado de la Guardia Civil que participaba en un operativo fue acribillado a balazos de gran calibre y milagrosamente salieron indemnes los miembros de la Guardia Civil que iban dentro del coche, aunque no llevaban chalecos antibalas porque no los tenían. (Rumores). En ese mismo operativo, una narcolancha abrió fuego con armas de guerra y de gran calibre sobre la lancha de la Guardia Civil y tuvieron todos que tirarse cuerpo a tierra porque usted les tiene prohibido disparar ya no contra los narcos directamente, sino simplemente contra los motores, por si se produce una explosión y eso genera muertos entre los narcos. Es una instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad firmada por el anterior secretario de Estado de Seguridad, el señor Pérez. Ya en relación con la trama, hay millones de preguntas que hacerle. ¿Por qué el señor Koldo entraba en su ministerio como Pedro por su casa o por qué se reunía constantemente con el director general de la Policía? ¿Por qué después de ser detenido siguió reuniéndose con el principal asesor del director general de la Policía? ¿Por qué el anterior director de la Guardia Civil dimitió un día alegando simplemente motivos personales en el mismo momento en que empezaba a rumorearse que había sido él quien había dado el chivatazo a la trama Koldo de que estaban siendo investigados? ¿O por qué ese anterior director general de la Guardia Civil ordenó a los agentes de la UCO que se pusieran de perfil en cualquier investigación que afectara al Gobierno y que, además, dieran un informe limpio en relación con el caso David Sánchez? Hay muchas preguntas que hacerle. Por ejemplo, ¿por qué puso usted protección policial a la tal Leire Díez cuando ya se sabía lo que estaba haciendo? Protección policial, no escolta; contravigilancia, que es protección policial. ¿O por qué no ha cesado usted esta noche, esta mañana, a la directora general de la Guardia Civil cuando ayer confesó en el Senado que usted ha estado un año mintiendo a la sociedad española?

Usted no tiene respuestas, señor ministro, porque usted ha estado desde el principio en el ajo de la trama. Debería haberse ido hace mucho tiempo, y se hubiera ido entonces como un ministro fracasado. Ahora, cuando dentro de muy poco tiempo los españoles le echen en las urnas, se irá como un ministro bañado en la mentira, en la vileza, en la indignidad y en el deshonor. En el deshonor, señor ministro del Interior.

Nada más. Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Gracias, señor presidente. Señores y señoras diputadas, pues nada, ya hemos visto que ni al Partido Popular ni a VOX les interesa lo más mínimo que la Guardia Civil pueda afiliarse a sindicatos, que la Guardia Civil o la Policía tengan capacidad de negociación colectiva o que la Guardia Civil y la Policía tengan derechos a aplicar la normativa de prevención de riesgos laborales. Y, por supuesto, les parece excelente que la Guardia Civil siga sometida al Código Penal Militar cuando realizan tareas policiales en el interior de España. Es decir, al Partido Popular y a VOX que la Guardia Civil y la Policía Nacional tengan derechos laborales les importa un pimiento. En todo caso, en el mundo observamos cómo se cierran fronteras, se persigue, manu militari, a extranjeros y a nacionales que se solidarizan con los extranjeros, se confinan migrantes en indignos centros de reclusión, sin haber cometido ningún delito. España, sin embargo, ha iniciado un proceso de reconocimiento de derechos que ha merecido páginas y editoriales en todo el mundo. Un proceso de regularización gracias a una iniciativa ciudadana que recogió más de 700 000 firmas. Quiero felicitar hoy a todas esas personas que consiguieron que saliera adelante esta iniciativa y, en especial, a todos y todas los servidores y servidoras públicas que están sacando adelante este proceso de regularización (aplausos), que han recogido ya 900 000 solicitudes y también a todas las personas que, perteneciendo a organizaciones de apoyo, ONG, están colaborando también para que esto salga adelante. Es un auténtico orgullo formar parte de este país y también apoyar al único Gobierno que en este momento marca una tendencia en el mundo absolutamente distinta. Pero, señor ministro, recogiendo preocupaciones de esos movimientos sociales, queremos pedirle que en estos quince días que quedan se intensifiquen las medidas de reforzamiento para que este proceso de regularización sea todo un éxito; que se tomen medidas para que se dé un apoyo más rápido desde las oficinas consulares en terceros países para que se facilite la tramitación de la documentación que sea necesaria; que se haga un esfuerzo para que dotemos de más medios materiales y técnicos a todas las personas que están trabajando en este proceso; que se paralice cualquier expulsión que pueda afectar a personas susceptibles de ingresar en el proceso de regularización, y que los denominados antecedentes o anotaciones policiales no sean utilizados como si fueran antecedentes penales a la hora de dificultar el proceso de regularización. Y me gustaría hacer una petición muy especial, señor ministro: es imprescindible que se busque una solución para los solicitantes de apatridia de origen saharaui que quedaron excluidos del proceso de regularización sin renunciar a la solicitud de apatridia. (Aplausos). Creemos que la solución es bien sencilla y está prevista en la ley, que es simplemente que se les otorgue provisionalmente, mientras concluye su procedimiento de apatridia, una autorización laboral que equipararía los resultados al proceso de regularización. En todo caso, acaba de entrar en vigor el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo el pasado 12 de junio. Se acaba de aprobar el reglamento de retorno. Es un auténtico orgullo que España haya sido el único país que ha votado en contra de estas medidas, que son un auténtico recorte de derechos fundamentales. En especial porque se vulnera el derecho a la libertad, al aumentar los motivos de detención y confinamiento en frontera, hasta incluso una posibilidad de veinticuatro meses de duración. No es casualidad que la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa y hasta dieciséis relatores de las Naciones Unidas, sindicatos, se hayan pronunciado sobre este paquete de medidas denunciando que pueden afectar gravemente a los derechos fundamentales. Pedimos que nuestro Gobierno siga oponiéndose a cualquier amenaza de la protección internacional, más hoy día en un mundo en el que se multiplican las causas de persecución, donde es más necesario que nunca reforzar los mecanismos de protección internacional.

Y, especialmente, que sigamos oponiéndonos con contundencia a Guantánamos, a Salvadores, a centros de confinamiento de extranjeros fuera del territorio de la Unión Europea, donde no se garanticen sus derechos.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gràcies, president. Señorías del Grupo Popular, una previa. Ya saben que a nuestro grupo le separa una distancia bastante notable del ministro Marlaska por muchas razones que he expuesto antes, pero déjenme que les diga, porque si no reviento, que ustedes tienen en su vitrina al famoso ministro Fernández Díaz, que limitaba al sur con su ángel de la guarda y al norte con Robocop. (Risas). O sea, que tampoco están ustedes para sacar mucho pecho. En fin. (La señora vicepresidenta, González Vázquez, ocupa la Presidencia). Ministre, la resposta que ens ha donat la senyora Madrenas i a mi sobre la Sagrada Família no és de rebut i no és satisfactòria. Va ser una actuació, la de la policia fora de lloc, exagerada, insòlita, contrària a principis bàsics d’una societat pluralista i més pròpia d’unes forces de seguretat d’un estat autoritari que d’una democràcia. Que consti. Bé, dit això, també li he de dir que vostè fa passar bou per bèstia grossa. Si em parla de Via Laietana, vostè ho coneix, però jo també ho conec una mica, i les entitats memorialistes també. No em digui que els uniformats que hi treballen a Via Laietana dignifiquen l’edifici, perquè és com un acudit. Vostè sap que l’única manera de que la prefectura famosa on es va torturar sota la dictadura sigui un lloc de memòria és que tots els uniformats que ara hi treballen vagin a un altre lloc i que això es converteixi en un museu i un centre de documentació que honori la història que, d’altra banda, el seu ministeri, doncs, constantment invoca. I si no ho té clar, parli amb el seu col·lega de gabinet, el ministre de Política Territorial i Memòria, que li explicarà com es fa això, si es fa de debò. Senyor ministre, vostè, m’ha esmentat els centres d’internament a Europa. Estem d’acord. El nostre grup ha denunciat l’escàndol democràtic que són aquests centres d’internament i una vergonya que cau per sobre de tots aquells que han votat, entre ells el Partit Popular, que ha votat aquesta vergonya. Evidentment, hi ha una pregunta que sorgeix aquí: Vostès com faran la truita sense trencar els ous? Com aplicaran el nou pacte europeu de migració i a la vegada —‌que ho hem dit, hi estem d’acord nosaltres que no es pot aplicar— com ho faran? Com ho faran? Perquè estan envoltats d’estats que sí que són partidaris d’això, i amb això el felicito, vostès, no. Però com es farà? Tenim por, com a grup republicà, que les mínimes garanties per als estrangers o per als refugiats, pels migrants no es compleixin i pensi que amb algunes coses vinculades a l’estrangeria, doncs, l’Estat espanyol no pot donar moltes lliçons. Fixi’s les cues que hi ha i que hi ha hagut històricament amb el tema de l’estrangeria. Per tant, li demano una reflexió sobre això.

Telegràficament, ministre, li he de dir també, com deia el meu company senyor Iñarritu, que en el cas de Catalunya hi han més de 85 000 persones pendents d’obtenir el permís de conduir en les llistes d’espera. És una vergonya que això s’hagi acumulat. És a dir, com pot ser que el seu ministeri, del qual depèn la DGT, no hagi donat una resposta a això? No pot ser. Estem parlant de l’era de la intel·ligència artificial i no som capaços de donar resposta per fer carnets de conduir. Què està passant? Fixi’s que la Federació d’Autoescoles de Catalunya li ha posat a vostè solucions damunt la taula i sembla que el senyor Pere Navarro, doncs, no, no les ha acceptat. De debò li sembla que la DGT pot treballar per solucionar aquest conflicte que fa tant que dura? Ens agradaria que ens respongués.

Vaig acabant, president. Hi ha una qüestió que també ens preocupa. Portem més d’un any de retard en la convocatòria d’una Junta de Seguretat a Catalunya per activar el traspàs de competències de ports i aeroports. Vostè sap que això és un compromís. Quan es convocarà aquesta Junta de Seguretat? Si l’estat autonòmic és un Estat on les competències estan clares, quan s’han pactat s’han de complir. Interessa, perquè si no estem fent trampes.

I finalment, i amb això acabo. Hi ha un escàndol també d’ordre administratiu, que depèn del seu ministeri, que és l’arxiu del Ministeri de l’Interior. Sap que molts historiadors, molts investigadors, no poden accedir‑hi i hi està molt mal organitzat i necessita un reset. Què farà sobre l’arxiu del Ministeri de l’Interior, que, d’altra banda, conserva documentació important de l’època franquista?

Gràcies.

Ministro, la respuesta que nos ha dado a la señora Madrenas y a mí sobre la Sagrada Familia no es de recibo y no es satisfactoria. La actuación de la Policía estuvo fuera de lugar, fue exagerada, insólita, contraria a principios básicos de una sociedad pluralista y más propia de unas fuerzas de seguridad de un Estado autoritario que de una democracia. Que conste.

Dicho esto, también debo decirle que usted hace pasar un toro por bestia grande. Si no conoce eso, yo lo conozco un poco y las entidades memorialistas también conocen bien lo de Via Laietana. No me diga que los uniformados que trabajan en Via Laietana resignifican el edificio porque es como un chiste. Usted sabe que la única forma de que la prefectura famosa en la que se torturó bajo la dictadura sea un lugar de memoria, es que todos los uniformados que trabajan ahora allí vayan a otra parte y que eso se convierta en un museo y en un centro de documentación que rinda homenaje a la historia que, por otra parte, su ministerio invoca constantemente. Y si no lo tiene claro, hable con su colega de gabinete, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, que le explicará cómo se hace eso, si se hace de verdad.

Señor ministro, ha mencionado usted los centros de internamiento en Europa. Estamos de acuerdo, nuestro grupo ha denunciado el escándalo democrático que son esos centros de internamiento y una vergüenza que cae sobre todos los que lo han votado, entre ellos el Partido Popular, que ha votado esta vergüenza. Evidentemente, hay una pregunta que surge aquí: ¿Ustedes cómo van a hacer esa tortilla sin romper los huevos? ¿Cómo van a adoptar el pacto europeo de inmigración y, a la vez ―ya lo hemos dicho, estamos de acuerdo nosotros―, decir que no se puede aplicar? ¿Cómo lo van a hacer? Porque están rodeados de Estados que sí que son partidarios de eso. Y les felicito, ustedes no. ¿Pero cómo se hará? Tenemos miedo, como Grupo Republicano, de que las mínimas garantías para extranjeros, refugiados e inmigrantes no se vayan a cumplir. Y piense que, con algunas cosas vinculadas a extranjería, el Estado español no puede dar muchas lecciones. Mire las colas que hay y que ha habido históricamente con el tema de la extranjería. Así que le pido una reflexión sobre esto.

Telegráficamente, ministro, debo decirle también, como comentaba mi compañero el señor Iñarritu, que, en el caso de Cataluña, hay más de 85 000 personas que están en las listas de espera, pendientes de obtener el permiso de conducir, el carné de conducir. Es una vergüenza que pase eso. Es decir, ¿cómo puede ser que su ministerio, del que depende la DGT, no haya dado una respuesta a eso? No puede ser. Estamos hablando de la era de la inteligencia artificial ¿y no somos capaces de dar respuesta para hacer carnés de conducir? ¿Qué está pasando? Fíjese, la Federación de Autoescuelas de Cataluña le ha planteado a usted soluciones que ha puesto sobre la mesa y parece ser que el señor Pere Navarro no las ha aceptado. De verdad, ¿le parece que la DGT puede trabajar para solucionar este conflicto que tanto dura? Nos gustaría que nos respondiera a esto.

Voy acabando, presidente. Hay una cuestión que también nos preocupa. Llevamos más de un año de atraso en la convocatoria de una Junta de Seguridad en Cataluña para activar el traspaso de competencias de puertos y aeropuertos. Usted sabe que eso es un compromiso, ¿cuándo se va a convocar esa Junta de Seguridad? Si el Estado autonómico es un Estado en el que las competencias están claras, cuando se han pactado se tienen que cumplir. Interesa porque, si no, estamos haciendo trampas.

Finalmente, y con esto concluyo, hay un escándalo también de orden administrativo que depende de su ministerio, que es el Archivo del Ministerio del Interior. Sabe que muchos historiadores, muchos investigadores no pueden acceder al mismo, que está muy mal organizado y necesita un reset. ¿Qué va a hacer sobre el Archivo del Ministerio del Interior que, por otra parte, conserva documentación importante de la época franquista?

Muchas gracias. (Aplausos).

Moltes gràcies. Volia introduir, senyor ministre, un altre tema que també ens preocupa, n’acaba de fer referència el company. Compartim una preocupació amb bona part del món acadèmic. Fa només unes setmanes, prop de mig miler d’investigadors van adreçar‑li una carta oberta denunciant la situació de l’Arxiu General del Ministeri de l’Interior i reclamant solucions urgents que nosaltres —e‌ l temps està bé? D’acord, jo, tranquil·la— que nosaltres sapiguem encara avui no han obtingut cap resposta del ministeri i la preocupació és més que justificada. Ens preocupa profundament la política arxivística del seu ministeri. Ens preocupa que encara avui es continuïn posant obstacles a l’accés a documentació imprescindible per conèixer la veritat sobre la repressió franquista i ens preocupa especialment la manca de garanties sobre la conservació de determinats fons documentals. Parlo de documentació generada per determinades comissaries, com pot ser la comissaria de Via Laietana, 43, un dels principals centres de repressió franquista a Catalunya; una documentació de la qual existeixen molts dubtes sobre la seva localització, conservació i control. Per això, li demano que ens respongui amb claredat: On es troba actualment aquesta documentació? Està degudament identificada, inventariada i correctament custodiada? Per què aquests fons encara no s’han traslladat a l’arxiu que correspon legalment? Podem tenir la garantia que no s’ha produït ni es produirà una nova destrucció de documentació com la que va ordenar Martín Villa l’any 1977? I també voldria saber per què el seu secretari general tècnic, el senyor Puigserver, continua entestat a ocultar noms d’agents que van participar en la repressió franquista quan les víctimes o investigadors exerceixen el seu dret d’accés a aquesta documentació. Perquè li confesso que no puc entendre que un govern que es reivindica com «el més progressista de la història» mantingui al capdavant de l’Arxiu General del Ministeri el mateix secretari general tècnic nomenat durant l’època del ministre Fernández Díaz. Si aquesta és la seva política arxivística, la que continuarà aplicant al seu ministeri, si aquesta és la manera d’entendre el dret a la veritat i l’accés als arxius, què més ha de passar perquè vostè el destitueixi? I ara m’agradaria respondre al que vostè ha respost respecte a la pregunta que jo li he fet, perquè ha sigut una autèntica vergonya i un escàndol jurídic el que vostè m’ha contestat. De fet, veient tots els casos de corrupció que l’estan envoltant tot el seu govern, entenc que vulgui estar bé amb la policia. Potser és aquesta la raó de que no només no hagi dit que no es va actuar correctament —d‌ e fet, il·legalment— sinó que a més a més els ha felicitat. És un escàndol. Qualsevol persona que tingui mínim coneixement del dret sap que s’estan conculcant flagrantment, i aquell dia es va fer, el dret a la llibertat d’expressió d’aquelles 600 000 persones. De fet, li podria començar a anomenar resolucions del TEDH, el TEDH que vostè segurament no s’estima gaire, aquell mateix TEDH que va condemnar en diverses ocasions a l’Estat espanyol perquè es va negar a investigar casos de tortures, etcètera, comesos mentre vostè instruïa procediments a l’audiència i que va estar condemnat diverses vegades a l’Estat espanyol per no voler investigar‑lo. Per això, vostè no li deu tenir molt d’apreci. No el deu estimar molt i potser ni se l’estudia, perquè sé que la seva època no s’estudiava, el dret comunitari. Sàpiga que el TEDH —c‌ as Müdür Duman contra Turquia— va concloure que mostrar una bandera forma part de la llibertat d’expressió, garantida per l’article 10 del Conveni Europeu dels Drets Humans. Prohibir‑ne l’exhibició constitueix una restricció flagrant de la llibertat d’expressió. Em pot explicar què ha dit felicitant a la policia, que va fer exactament això? L’observació 34 del Comitè dels Drets Humans de l’ONU —‌que se la llegeixi, si us plau, que veig que no li interessa— que afirma que la llibertat d’expressió empara banderes i càntics, però és que a sobre no era un càntic, que era l’himne nacional de Catalunya. Però què s’ha pensat? Què s’ha pensat validar que la policia espanyola pot prohibir que es pugui cantar l’himne nacional de Catalunya a Catalunya? És una autèntica vergonya, el que acaba de fer vostè. És un escàndol absolut.

En fi, estic absolutament indignada. Crec que cap demòcrata dels que estan a tota aquesta bancada pot donar per bones les paraules del seu ministre, perquè és una vergonya absoluta i un escàndol, que espero que els 600 cantaires puguin elevar i recórrer i que acabi arribant al Tribunal dels Drets Humans i que acabi rebent una condemna com vostè es mereix pel que acaba de fer avui aquí.

Muchas gracias. Señor ministro, quería introducir otro tema que también nos preocupa. Se ha referido al mismo mi compañero. Compartimos una preocupación con una parte del mundo académico. Hace solo unas semanas, medio millar de investigadores enviaron una carta abierta denunciando la situación del Archivo General del Ministerio del Interior reclamando soluciones urgentes. Que nosotros sepamos, a fecha de hoy no han obtenido todavía ninguna respuesta del ministerio y la preocupación está más que justificada. Nos preocupa profundamente la política archivística de su ministerio. (El señor vicepresidente Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia). Nos preocupa que hoy se sigan poniendo obstáculos al acceso a documentación imprescindible para conocer la verdad sobre la represión franquista y nos preocupa especialmente la falta de garantías sobre la conservación de determinados fondos documentales. Hablo de documentación generada por determinadas comisarías, como puede ser la comisaría de Via Laietana 43, uno de los principales centros de represión franquista en Cataluña, una documentación de la cual existen muchas dudas sobre su localización, conservación y control. Por eso le pido que me responda con claridad. ¿Dónde está actualmente esa documentación? ¿Está debidamente identificada, inventariada y correctamente custodiada? ¿Por qué estos fondos todavía no han sido trasladados al archivo que corresponde? ¿Podemos tener la garantía de que no se ha producido ni se producirá una nueva destrucción de documentación como la que ordenó Martín Villa en el año 1977? También quisiera saber por qué su secretario general, el señor Puigserver, sigue ocultando el nombre de personas que participaron en la represión franquista cuando las víctimas o investigadores ejercen su derecho de acceso a esta documentación. Porque le confieso que no puedo entender que un Gobierno que se reivindica como el más progresista de la historia mantenga ante el ministerio a ese secretario técnico que fue nombrado durante la época del ministro Fernández Díaz. Si esa es su política archivística, la que continuará aplicando su ministerio, si esa es la forma de entender el derecho a la verdad y al acceso a los archivos, ¿qué más tiene que pasar para que a usted le destituyan?

Ahora me gustaría contestar a lo que usted ha respondido sobre la pregunta que yo le he hecho, porque ha sido una auténtica vergüenza y escándalo jurídico lo que usted me ha contestado. De hecho, viendo todos los casos de corrupción que envuelven a su Gobierno, entiendo que quiera estar a buenas con la Policía, quizás esa es la razón de que no solo no haya dicho que no se actuó correctamente ―de hecho, ilegalmente―, sino que además les ha felicitado. Es un escándalo. Cualquier persona que tenga un conocimiento mínimo de derecho sabe que se están conculcando de manera flagrante, y ese día se hizo, los derechos a la libertad de expresión de esas seiscientas personas. De hecho, podría empezar a nombrarle las mociones del TEDH, que a usted no le gusta mucho. Ese TEDH que condenó en varias ocasiones al Estado español porque se negó a investigar casos de torturas, etcétera, cometidos mientras usted instruía procedimientos en la Audiencia y que estuvo condenado varias veces en el Estado español por no quererlo investigar. Por eso quizás usted no le tiene mucho aprecio y quizás no se lo estudia, porque sé que en su época no se estudiaba el derecho comunitario. Sepa que el TEDH, en el caso contra Turquía, concluyó que mostrar una bandera forma parte de la libertad de expresión garantizada por el artículo 10 del Convenio de los Derechos Humanos. Prohibir la exposición, la exhibición, constituye una restricción flagrante de la libertad de expresión. ¿Me puede explicar por qué ha felicitado a la Policía que hizo exactamente eso? La observación 34 del Comité de los Derechos Humanos de la ONU ―léasela, por favor, que veo que no le interesa― afirma que la libertad de expresión ampara banderas y cantos. Pero eso no era un cántico cualquiera, era el himno de Cataluña, el himno nacional de Cataluña, ¿qué se ha pensado al validar que la Policía española pueda prohibir que se pueda cantar el himno nacional de Cataluña en Cataluña? ¡Es una auténtica vergüenza lo que acaba de hacer usted! ¡Es un escándalo absoluto! En fin, estoy absolutamente indignada. Creo que ningún demócrata de los que están en toda esta bancada puede dar por buenas las palabras de su ministro, porque es una vergüenza absoluta y un escándalo que espero que los seiscientos cantantes puedan alabar y recurrir, y que llegue al Tribunal de Derechos Humanos y acabe recibiendo una condena como usted se merece por lo que acaba de hacer hoy aquí.

Muchas gracias, presidente. Gracias, ministro. Gracias, señorías. Gracias, señora Vázquez, por sus amables palabras. (Risas). La verdad que ha sido lo mejor de todo su discurso. (Aplausos). Yo le invito a que me siga citando, pero le invito sobre todo a que me cite en las cifras, porque eso quizá le dé mayor coherencia a su discurso. Señorías del Grupo Popular, llevan repartiendo carnés en todas sus intervenciones: dignidad, ejemplaridad, decencia, y el último lo ha dado el señor Gil Lázaro, que es el de honor. Pero es que, sinceramente, señorías del Grupo Popular, el problema no es lo que dicen, el problema es quién lo dice: ustedes. Hay que tener mucho valor para decir todo lo que han dicho hoy aquí. Militan en el único partido condenado por corrupción en la historia de nuestra democracia. (Varias señoras y señores diputados: ¡Otra vez!―Rumores). Militan en un partido que tiene su sede pagada con dinero negro y militan en un partido en el que los sobresueldos eran mayores que los sueldos, señorías del Grupo Popular. (Aplausos). Con ustedes siempre pasa lo mismo. Escucharlos a ustedes es como ver a un hámster dando vueltas en la rueda: toda la tarde diciendo lo mismo y haciendo lo mismo. Cuando la corrupción afecta al adversario político, exigen dimisiones. Ahora, cuando les afecta a ustedes, exigen tiempo. Cuando afecta al adversario político, tienen todas las certezas del mundo, pero cuando les afecta a ustedes, aparecen las dudas. Cuando afecta al adversario, confían en los investigadores. Ahora, cuando les afecta a ustedes, son todo conspiraciones. Escuchando las intervenciones de los grupos de la derecha da la sensación de que les sorprende que el ministro del Interior haga su trabajo: perseguir el crimen esté donde esté, afecte a quien afecte y caiga quien caiga. Yo sé que esto, señorías, para ustedes es una novedad. Yo sé que ustedes necesitan un periodo de adaptación, pero oigan, es que llevan adaptándose ocho años a que el ministro del Interior haga su trabajo, que es persiguir a delincuentes, señorías del Grupo Popular. (Rumores).

Miren, para nosotros el problema no es quien aparece en una investigación, el problema es el delito; y esa diferencia explica muchas cosas. Escuchen: explica su incomodidad permanente con el Ministerio del Interior, porque persigue a delincuentes; explica algunos episodios de su pasado, porque hasta hoy ustedes todavía no han renegado ni de Jorge Fernández Díaz ni de Francisco Martínez ni de la operación Kitchen, y explica por qué hoy tenemos uno de los países más seguros del mundo, gracias al trabajo de la Guardia Civil y del resto de fuerzas y cuerpos de seguridad. (Aplausos). Pero, fíjense, creo que el problema que tienen ustedes no es este ministro, ni la directora general, ni siquiera este Gobierno; su problema es la prisa que tienen. Y me da la sensación, señorías del Grupo Popular, que en todo este tinglado que hay montado en esta estrategia de acoso y derribo contra el Gobierno de España, el eslabón más débil son ustedes. Y hay gente que se está poniendo muy nerviosa porque ustedes no llegan, porque ustedes no rematan y porque escuchándolos hoy y escuchándolos ayer en la comparecencia de la directora general de la Guardia Civil, tienen bastante más que esconder que aportar a este país. Su problema, señorías del Grupo Popular, es que llevan demasiado tiempo intentando escapar de su propia historia y no pueden. Porque cada vez que intentan hablar de presente, aparece su pasado. Cada vez que intentan hablar de ejemplaridad, aparece una contradicción. Y cada vez que intentan hablar de dignidad, aparecen delante de un espejo que les devuelve la imagen exacta de lo que tienen delante: ustedes. ¿De parte de quién están y quiénes están de su parte? Señorías, esas son las preguntas que nos hacemos. Señorías del Grupo Popular, escuchen. Nosotros miramos atrás y vemos avances. Ustedes miran hacia atrás y solo ven sumarios. (Rumores).

Acabo ya y lo hago con una cita. Una frase que fue la palanca del cambio en la forma de hacer y de entender la política en nuestro país. Una forma de entender la política que abrió el camino de la paz, de la igualdad y de los derechos sociales. A cada insulto, una idea; a cada descalificación, una propuesta, y a cada exageración, una sonrisa.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, presidente. Señorías, intervendré muy brevemente ya. Señora Vázquez, ¿sabe cuál es la mejor forma de respetar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, a la UCO y la UDEF? Darles los medios personales necesarios y la formación para que trabajen de una forma neutral, independiente y bajo las órdenes directas de los jueces y fiscales como Policía judicial cuando esas sean sus funciones. Mire, a título de ejemplo, la RPT de la UCO se ha incrementado en estos ocho años casi un 40 %, los efectivos un 77 %. Y como he recordado hoy en la sesión de control, ayer mismo se aprobaron 150 efectivos más dentro de suboficiales, cabos y guardias para incrementar ese número. Es decir, darles los medios. ¿Qué hacían ustedes? Desmantelar esas unidades para que no tuvieran capacidad de investigar, y lo poco que quedaba lo utilizaban para investigar al oponente político, para destruir pruebas, etcétera. Lo que hemos hecho es la mejor forma de respetar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Le voy a dar un ejemplo suyo, que para mí es el colmo del absurdo de una persona que se dedica a la política. Como cuando gobernaba el Partido Popular había menos efectivos, menos medios y menos infraestructuras ¿saben ustedes cuándo se acercó la señora Vázquez a la comisaría de Orense? ―No sé si es en base a un hipotético futuro suyo o no sé qué con algún policía, eso es cierto...― Cuando se acordó, hace unos pocos meses, de que iba a haber una UPR para Orense. Y yo dije: bueno, si llevamos siete años en el Gobierno, esto debe de ser algo del PP, ¿no? Porque no tiene otra opción que ofrecer los medios que las políticas del Partido Socialista impulsan también en Orense y también para la Policía de Orense. (Aplausos). Para mí, ese es el colmo de la tristeza política. O sea, que poco más puedo decirle al respecto.

Señor Gil Lázaro, ¿le ha quedado algo por decir? (El señor Gil Lázaro realiza un movimiento de rotación con la mano indicando después.―Rumores). No le ha quedado nada por decir. Si usted luego se queda tranquilo... Ha hablado usted de incidentes muy graves, es verdad ―ahora me pongo serio―, porque la lucha contra el narcotráfico es una lucha muy seria a la que dotamos con medios. Pero el ejemplo del vehículo que ha dicho usted es porque nosotros dotamos de medios importantes, como en su caso vehículos blindados y también chalecos. Esa, quizás, es también la diferencia con ustedes, porque nos dedicamos a proteger a nuestros hombres y mujeres de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

Señor Santiago, todos los ministerios concernidos estamos haciendo todo lo posible para que esta regularización especial sea realmente un éxito. Y creo que estamos trabajando correctamente en todos los ámbitos y que no va a haber ningún problema. Ha hablado usted otra vez de los centros de internamiento, de la nueva regulación de retorno. Estoy totalmente de acuerdo. Se me había olvidado decirlo, evidentemente, la posibilidad de una detención cautelar de hasta veinticuatro meses por una cuestión administrativa y en un tercer país. Evidentemente, yo creo que eso es difícilmente compatible con los derechos humanos y las libertades fundamentales, es decir, una privación de libertad superior a la de alguien que comete un delito, cuando estamos hablando, en el mejor de los supuestos, de una cuestión administrativa. Hay un cúmulo de cuestiones en ese sentido que tenemos que abordar.

También me ha plantado ese tema el señor Álvaro. Es una de las razones por las que la gente tiene que pensar si quiere votar al Partido Popular y a la extrema derecha, con lo que eso conlleva de vulneración de derechos fundamentales ―y valga la reiteración― de las personas más vulnerables. Yo creo que tenemos menos diferencias de las que usted cree; estoy convencido. Esta semana le oí una noche en una entrevista y creo que tenemos menos diferencias de las que usted cree. Pero yo creo que algo tiene contra mí porque me menciona en relación con Jorge Fernández Díaz, podía haberme mencionado en relación con otra persona. (Risas). Espero que no sea porque haya algo especial respecto a mí.

También ha hablado de los examinadores. Estamos haciendo un esfuerzo y creo que se está mejorando. En los últimos dos años se ha mejorado ostensiblemente y seguimos trabajando en los planes de choque. No sé si le gustará, voy a poner su nombre en relación con el señor Catalá. Discúlpeme, no es por... También eché en falta el voto a favor de su grupo parlamentario en la modificación de la tasa de alcoholemia, por esa responsabilidad y solidaridad también con las asociaciones de víctimas de violencia vial. En ese sentido, permítame también que yo se lo diga, con todo el afecto.

Hablaba usted ―como la señora Madrenas― del Archivo General del Ministerio del Interior. Quiero referirles a ambos que se está trabajando con el colectivo de doctores de universidad e investigadores para facilitar su acceso. Nosotros somos los primeros interesados en que toda esa documentación sea remitida y asumida por el Ministerio de Cultura y estamos trabajando porque es al que le corresponde en esos ámbitos. O sea, que estamos trabajando, se está acelerando y, mientras esté en dependencias del Ministerio del Interior, vuelvo a decir, ya que es un compromiso también nuestro que estamos gestionando, que estaremos para cualquier cuestión que pueda plantear.

No me gusta que se diga el nombre de personas concretas, pero les diré que el secretario general técnico del Ministerio del Interior, el señor Puigserver, es uno de los funcionarios de la Administración General del Estado más reconocido, en general, por todos los ministerios y por todas las Administraciones, porque es una persona absolutamente técnica, formada y preparada. En ese sentido, quería dejarlo claro.

Y me ha venido usted ahora con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Siempre se confunden. Yo soy un auténtico convencido del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. A mí no me condenaron, señora Madrenas. Se habló de tribunales, pero yo no era el compelido para investigar supuestos malos tratos o torturas. Eran otros juzgados a los que se remitían los testimonios y quienes desarrollaban la investigación en los términos que entendían. Pero, bueno, ahí le dejo con su error o equivocación. Si quiere, lo corrige, porque lo puede comprobar. No sé si se acordará de una sentencia muy importante del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que afectaba formalmente a una etarra y a una resolución, siendo yo presidente de la Sala de lo Penal, confirmada luego por el Supremo, que se hizo porque procedía, en términos de derecho interno internacional, hacerla extensiva a otros. O sea, que yo, como juez y como ministro, me he guiado siempre por la aplicación estricta de la ley del derecho y en parámetros de derechos humanos y libertades fundamentales. Eso, si quiere, también lo puede usted comprobar.

Le vuelvo a referir que la cuestión es clara: la libertad de expresión es el pilar básico de un Estado de derecho. Pero repito que eso no quiere decir que haya que abrir las puertas a que en un acto concreto estuviese específicamente establecido que no hubiera ningún símbolo político e ideológico que pudiera perturbar su desarrollo. En esto no hacemos un reconocimiento claro de lo que en el fondo es la libertad de expresión, que es realmente lo importante. Creo que es algo muy claro.

Se lo quería decir al principio, cuando ha dicho usted: yo no sé qué movimientos tienen ustedes. No deben olvidar, en materia de derechos humanos y libertades fundamentales ―se lo digo a usted y a su grupo parlamentario―, el pasado reciente y el trabajo de un Gobierno convencido de la convivencia y de la cohesión social. No se equivoquen. Me remito a los indultos y a la ley de amnistía. Un Gobierno de coalición realmente preocupado y ocupado por la convivencia, y creo que Cataluña eso lo agradece de forma sustancial. Creo que esa actuación quizá ustedes todavía no la valoran suficiente. Dicho esto, evidentemente, nosotros trabajamos para esa convivencia, para la cohesión y para garantizar los derechos y las libertades fundamentales.

Me decía usted que quizá yo no había estudiado derecho comunitario. Pues quizá antes que usted. Lo estudié en Euskadi como asignatura optativa, al igual que estudié en euskera, que tampoco era obligatorio. El derecho comunitario, ahora de la Unión Europea, lo estudié incluso antes de la adhesión de España a la Unión Europea. ¿Y sabe por qué? Porque yo me creo esos valores.

Muchas gracias. (Aplausos).