Moción consecuencia de interpelación urgente sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para garantizar el correcto funcionamiento de la prestación por Cuidado de Menores con Enfermedad Grave (CUME).

Gracias, presidente. Señorías, traemos hoy a esta Cámara esta moción con un objetivo muy claro: garantizar el correcto funcionamiento de la prestación por cuidado de menores con enfermedades graves ―CUME― y dar respuesta a las dificultades que desde hace años vienen denunciando las familias. Lo hacemos desde una constatación evidente: no partimos de cero, prácticamente todos los puntos que hoy recoge esta moción ya fueron aceptados en comisión a través de una proposición no de ley. Existe, por tanto, un diagnóstico compartido sobre los problemas existentes y sobre las soluciones que es necesario adoptar. Y precisamente esta iniciativa trata de volver a constatar ese amplio consenso y de emplazar al Gobierno a dar un paso más, porque todos sabemos que una moción no tiene carácter vinculante y que por sí sola no obliga al Gobierno a actuar, pero sí expresa la voluntad política de esta Cámara y fija una hoja de ruta que no debería quedar en una mera declaración de intenciones. Y si existe voluntad política, tenemos una oportunidad inmediata para avanzar, ya que varias de estas medidas podrían incorporarse mediante acuerdos transaccionales en la ley de discapacidad y dependencia que actualmente se está debatiendo. Señorías, cuando hablamos de esta prestación tenemos que ser conscientes de que detrás de ella hay personas: hay madres y padres que cada mañana se levantan sabiendo que la enfermedad de su hijo o de su hija no entiende de plazos administrativos. Hay familias que organizan su vida alrededor de tratamientos, terapias, consultas médicas e ingresos hospitalarios; familias que han tenido que reducir su jornada laboral, renunciar a oportunidades profesionales o reorganizar completamente su proyecto de vida para poder garantizar unos cuidados que nadie más puede proporcionar; familias que viven pendientes de una prueba médica, de una revisión o de una llamada del hospital; y familias que, además de afrontar esa realidad, se encuentran obligadas a justificar una y otra vez una situación que ya es conocida y acreditada, que no entienden por qué una mutua reconoce un derecho y otra lo cuestiona, que tampoco entienden por qué tienen que acudir a los tribunales para defender una prestación creada precisamente para protegerlas y, por lo tanto, no entienden por qué el sistema les exige esfuerzos burocráticos adicionales cuando toda su energía debería estar centrada en cuidar. Creo que esa es la cuestión fundamental. Para nosotras y nosotros, una modificación normativa puede formar parte de un procedimiento administrativo, pero para esas familias significa algo mucho más importante: significa tranquilidad, significa seguridad y significa saber que podrán seguir dedicando tiempo a sus hijos e hijas sin vivir permanentemente con la incertidumbre de si mantendrán una prestación imprescindible para su día a día. La prestación CUME nació para garantizar que ninguna familia tuviera que elegir entre cuidar de un hijo gravemente enfermo y mantener unos ingresos suficientes para sostener su hogar. Por eso, creemos que esta prestación debe reforzarse y adaptarse a la realidad actual. Nos referimos en particular a dos de las medidas. Por un lado, la ampliación de la prestación más allá de los 26 años para aquellas personas con elevados grados de discapacidad y dependencia, porque la realidad clínica no cambia por cumplir años. De hecho, mantener una extinción automática que no responde a la situación real de estos jóvenes genera una desprotección que debemos corregir; no podemos obligar a las familias a elegir entre cuidar o trabajar. Y, por otro lado, la creación de una unidad de resolución que aporte seguridad jurídica, unifique criterios y evite la judicialización a la que hoy se ven abocadas demasiadas familias. Son dos medidas que se complementan y que, además, se suman a otra baza importante: el compromiso asumido por la ministra de revisar el reglamento que desarrolla esta prestación, un compromiso que fue asumido precisamente como consecuencia de la interpelación impulsada por nuestro grupo. En tercer lugar, la moción también propone clarificar definitivamente el concepto de situación protegida, porque las familias deben tener garantizado que la reducción de la jornada y la prestación económica sean derechos independientes y compatibles, y esos derechos deben aplicarse de forma homogénea en todo el sistema. (Rumores). En el cuarto punto reclamamos que la normativa se adapte a la realidad asistencial actual, porque hoy existen hospitalizaciones domiciliarias, hospitales de día y tratamientos ambulatorios complejos que exigen una dedicación familiar tan intensa como muchos ingresos hospitalarios tradicionales. La regulación debe reconocer expresamente esta situación cuando exista una necesidad acreditada de cuidados directos y continuados, porque lo importante no es dónde se recibe la atención, lo importante es la intensidad de los cuidados que se necesitan. (Continúan los rumores). En quinto lugar, proponemos actualizar el catálogo de enfermedades graves y mantener un enfoque abierto que evite interpretaciones restrictivas, porque las enfermedades raras, las patologías sindrómicas o determinadas situaciones vinculadas al trastorno del espectro autista severo requieren respuestas adecuadas por parte del sistema de protección social. (Continúan los rumores).

Gracias, presidente. Con el sexto punto queremos reforzar la protección de las familias monoparentales, de las familias separadas y de las situaciones de custodia compartida. La realidad familiar ha evolucionado y las normas deben responder a esa diversidad. En séptimo lugar, quiero aclarar, además, que tampoco nos olvidamos de los empleados y empleadas públicas, porque, aunque no fue un aspecto central de nuestra interpelación, esta moción también incorpora su inclusión, porque el acceso a esta prestación no puede depender del régimen laboral de cada persona. En octavo lugar, proponemos homogenización y transparencia en los criterios de cálculo de las bases reguladoras, para que todas las familias reciban un trato equivalente con independencia de la entidad que gestione su expediente. En noveno lugar, planteamos racionalizar las renovaciones médicas, extendiendo la vigencia de los informes a aquellos casos de enfermedades crónicas irreversibles y sin expectativas de mejoría a un periodo mínimo de doce meses, porque no tiene sentido imponer cargas burocráticas innecesarias a familias cuya situación clínica está sobradamente acreditada. En décimo lugar, proponemos el establecimiento de sanciones ante incumplimientos reiterados por parte de las mutuas colaboradoras para garantizar el correcto cumplimiento de sus obligaciones. Y, finalmente, planteamos corregir la situación de desigualdad que afecta actualmente a muchas personas trabajadoras autónomas beneficiarias de esta prestación, garantizando un tratamiento equiparable al existente en otras prestaciones de protección social. Señorías, el problema ya está identificado. Las familias no necesitan más diagnósticos ni más declaraciones de intenciones. Necesitan respuestas concretas, seguridad jurídica y una prestación adaptada a la realidad actual de los cuidados. No es razonable que el acceso al mantenimiento de un derecho dependa del criterio interpretativo de cada mutua ni que las familias tengan que dedicar tiempo, recursos y energía a litigar para obtener una protección que debería estar plenamente garantizada. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). Nuestro grupo no se ha limitado a señalar los problemas. Hemos hecho preguntas, hemos impulsado una interpelación y, al menos, hemos conseguido que la ministra asuma el compromiso de revisar el reglamento, y hoy tenemos esta moción para seguir avanzando en soluciones concretas. Valoramos que se vaya a abrir la audiencia pública del nuevo reglamento, valoramos que exista voluntad de reforma y valoramos que se hayan escuchado muchas de las reivindicaciones planteadas por las familias. Pero, precisamente porque valoramos ese paso, creemos que ahora es el momento de acelerar. Las familias llevan demasiado tiempo esperando. Han esperado mientras se acumulaban interpretaciones contradictorias, han esperado mientras se evidenciaban las limitaciones de la regulación vigente y han esperado mientras reclamaban soluciones que hoy siguen siendo necesarias. Señorías, la audiencia pública es una buena noticia, pero no confundamos el inicio del camino con la llegada al destino. Las familias necesitan de forma urgente un reglamento aprobado.

Por todo ello, les pedimos el voto favorable a esta moción. Como he expresado al principio de mi intervención, tenemos una oportunidad inmediata para avanzar, ya que varias de estas medidas podrían incorporarse mediante acuerdos transaccionales en la ley de discapacidad y dependencia que actualmente se está debatiendo.

Eskerrik asko.

Doncs, gràcies, presidenta. Bona tarda de nou, senyories. Des de Junts per Catalunya, compartim com vostè, diputada, plenament la preocupació per les famílies que conviuen amb situacions de malaltia greu, crònica o discapacitat severa dels seus fills i filles. I la CUME va néixer per donar‑hi resposta garantint que els progenitors puguin dedicar el temps necessari a la cura dels seus fills sense veure compromesa la seva situació econòmica. Parlem d’una qüestió de dignitat humana, de justícia social i de protecció efectiva de les famílies. Ara bé, la realitat demostra que massa famílies es troben atrapades en una burocràcia excessiva, amb requisits absurds i criteris interpretatius desiguals i amb procediments que sovint les obliguen a litigar per defensar un dret que hauria de ser reconegut de forma àgil i efectiva. I això no és acceptable. La prestació CUME no pot convertir‑se en una cursa d’obstacles administratius quan existeixen malalties greus, discapacitats severes o situacions de gran dependència. En aquests casos, l’administració ha d’evitar ser una càrrega afegida. Per això, compartim la necessitat d’unificar criteris entre les diferents mútues col·laboradores, de reforçar‑ne el control i de garantir que en situacions idèntiques rebin respostes idèntiques, evitant interpretacions excessivament restrictives. És de sentit comú reduir la càrrega burocràtica. No té cap justificació obligar famílies amb fills afectats per malalties irreversibles o sense expectativa de millora a renovar constantment informes i documentació que no alteren la realitat clínica del menor. Igualment, és necessari adaptar la normativa a la situació social i assistencial actual, de la mateixa manera que compartim amb vostè la revisió dels límits de les edats actuals, perquè una malaltia greu o una discapacitat severa no desapareixen simplement perquè una persona compleixi una edat determinada. Igualment, hem de ser capaços de donar resposta a les noves realitats familiars, a les famílies monoparentals, les situacions de custòdia compartida i a les noves formes de convivència per evitar situacions de desprotecció. Un altre element rellevant és l’actualització permanent del Catàleg de malalties greus, per ajustar la norma a la realitat mèdica, que evoluciona molt més ràpid que l’administració. Voldria referir‑me en aquest moment a una qüestió especialment important per a Catalunya, la situació dels treballadors autònoms. Som un país d’autònoms, de petites empreses i d’emprenedors. No té sentit que una prestació creada per protegir situacions de vulnerabilitat generi efectes diferents segons si la persona treballa per compte propi o per compte d’altri. Per tant, compartim la necessitat que vostè expressa de corregir aquesta situació. Dit tot això, vull acabar fent referència a la nostra esmena, una esmena que insta el Govern a modificar l’article 190.1 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, per eliminar l’obligació que ambdós progenitors estiguin treballant, estiguin donats d’alta a la Seguretat Social per accedir a les prestació CUME. Per què la necessitat de cura d’un menor amb una malaltia greu no disminueix perquè un dels progenitors estigui a l’atur, sigui pensionista o estigui incapacitat per treballar. El centre de la norma ha de ser el menor i les seves necessitats de cura, no la situació administrativa dels seus pares. I malgrat avui vostè no accepti la nostra esmena i els pares de la Iris i la mateixa Iris, com tants altres, quedin a la intempèrie, des de Junts, continuarem treballant i impulsant totes aquelles reformes que permetin millorar la vida de les famílies que conviuen amb aquestes situacions tan complexes. Perquè darrere de cada expedient hi ha una família, hi ha un menor i hi ha una realitat humana que mereix tota la nostra atenció.

Moltes gràcies.

Desde Junts per Catalunya compartimos plenamente la preocupación por las familias que conviven con situaciones de enfermedad grave, crónica o discapacidad grave de sus hijos e hijas. Y la CUME nació para dar una respuesta y garantizar que los progenitores puedan dedicar el tiempo necesario al cuidado de sus hijos sin ver comprometida su situación económica. Hablamos de una cuestión de dignidad humana, de justicia social y de protección efectiva de las familias.

Ahora bien, la realidad nos demuestra que demasiadas familias se encuentran atrapadas en una burocracia excesiva, en requisitos absurdos, criterios interpretativos desiguales y procedimientos que a menudo las obligan a litigar para defender un derecho que debería estar reconocido de manera ágil y efectiva, y eso no es aceptable. La prestación CUME no puede convertirse en una carrera de obstáculos administrativos. Cuando existen enfermedades graves, discapacidades severas o situaciones de gran dependencia, en esos casos la Administración tiene que evitar ser una carga añadida. Por eso compartimos la necesidad de unificar criterios entre las diferentes mutuas colaboradoras, reforzar su control y garantizar que situaciones idénticas reciban respuestas idénticas, evitando interpretaciones excesivamente restrictivas.

También es de sentido común reducir la carga burocrática. No tiene ninguna justificación obligar a familias con hijos afectados por enfermedades irreversibles o sin expectativa de mejora a renovar constantemente informes y documentación que no alteran la realidad clínica del menor. Y, asimismo, es necesario adaptar la normativa a la realidad social y asistencial actual. De la misma manera que compartimos con usted la revisión de los límites de las edades actuales porque una enfermedad grave o una discapacidad severa no desaparecen simplemente porque una persona cumpla una determinada edad, igualmente tenemos que ser capaces de dar respuesta a las nuevas realidades familiares, a las familias monoparentales, a las situaciones de custodia compartida y a las nuevas formas de convivencia para evitar situaciones de desprotección.

Otro elemento relevante es la actualización permanente del catálogo de enfermedades graves, para ajustar la norma a la realidad médica, que evoluciona mucho más rápido que la Administración. Y querría referirme en este momento a una cuestión especialmente importante para Cataluña, la de la situación de los trabajadores autónomos. Somos un país de autónomos, de pequeñas empresas y emprendedores, por lo que no tiene sentido que una prestación creada para proteger situaciones de vulnerabilidad genere efectos diferentes si la persona trabaja por cuenta propia o por cuenta ajena. Por tanto, compartimos la necesidad que usted expresa de corregir esta situación.

Dicho todo esto, quiero terminar haciendo referencia a nuestra enmienda, que insta al Gobierno a modificar el artículo 190.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social para eliminar la obligación de que ambos progenitores estén trabajando, estén dados de alta en la Seguridad Social para acceder a la prestación CUME, porque la necesidad de cuidado de un menor con una enfermedad grave no disminuye porque uno de los progenitores esté en el paro, sea pensionista o esté incapacitado para trabajar. El centro de la norma tiene que ser el menor y sus necesidades de cuidado, no la situación administrativa de sus padres. Y, a pesar de que usted no acepte hoy nuestra enmienda y que los padres de Iris y la propia Iris, como tantos otros, queden a la intemperie, desde Junts seguiremos trabajando e impulsando todas esas reformas que permitan mejorar la vida de las familias que conviven con estas situaciones tan complejas, porque detrás de cada expediente hay una familia, hay un menor y hay una realidad humana que merece toda nuestra atención.

Muchas gracias.

Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. ¿Qué no harían unos padres por sus hijos? ¿Hasta dónde serían capaces de sacrificarse por ellos, de luchar por ellos? Pero, si hoy tuvieran la desgracia de que esos hijos enfermaran, ¿no deberían contar además con la ayuda inmediata de sus Gobiernos? Nosotros creemos que sí, y por eso nos parece tan injusto y mezquino que nunca sea así y que tengamos que estar hoy aquí enmendando una ley para forzar al Gobierno a cumplir con sus obligaciones. Hoy estamos debatiendo sobre una prestación cuya justicia jamás podría ponerse en duda, una prestación para el cuidado de menores con enfermedades graves que se conoce popularmente como CUME y que nació en 2011 con el mejor de los espíritus, el de las asociaciones que la promovieron pero que pronto se convirtió en un auténtico calvario burocrático y administrativo para las familias con hijos gravemente enfermos. Y nosotros nos preguntamos cómo es posible que no sea prioritario ayudar a estas familias, cómo es posible que se escatimen recursos, cómo es posible que se pongan trabas, cómo es posible que, en lugar de dar seguridad a estas familias en su particular calvario, se les añada sufrimiento, desesperación e incertidumbre. Nos gustaría saber en qué momento se decidió hacerles sentir que se les está haciendo un favor, en qué momento se consideró que tenían que mendigar ayuda como si a ellos no les correspondiera, en qué momento se pusieron las cosas tan difíciles como para que muchas familias se planteen rendirse y renunciar a la ayuda que tanto necesitan porque la única alternativa que les queda es la de pleitear contra la Administración, con todo lo que eso significa. Señorías, una ayuda como esta debería ser automática, y no depender de mil papeleos, intermediarios e informes que siempre se interpretan para perjudicar la adjudicación de la ayuda, y nunca para favorecerla. ¿Cuál es la prioridad de este Gobierno? (Aplausos). Eso es lo que nosotros nos preguntamos, porque, desde luego, no es la de resolver los verdaderos problemas de nuestras familias, no es la de resolver lo básico, lo importante para que los nuestros tengan una vida digna. Desde luego, su prioridad no es nacional, como la nuestra, porque ni creen en la nación ni creen en los nuestros. Y, para colmo, el maltrato institucional, ese que para unas cosas les importa tanto y para otras tan poco. Escuchen bien: «Tú has decidido traer al mundo a este niño, sabiendo que venía enfermo, para cobrar una paguita, y eso no va a pasar». Esto es lo que una familia denuncia haber tenido que escuchar de un empleado de la Administración en la pelea por esta prestación: el mundo al revés. Mientras que hay quien literalmente estafa al Estado y a todos los españoles acaparando prestaciones que no le corresponden sin apenas control y fiscalización, tenemos familias españolas mendigando lo que no debería escatimárselas de ninguna manera. (Aplausos). Y es que siempre hay dinero para todos los que vienen de fuera —‌solidaridad, lo llaman—, y nunca para los de casa; falta de caridad, lo llamamos nosotros. Para los de casa, interpretaciones restrictivas, revisiones recurrentes y procesos administrativos complejos que llevan a la pérdida temporal o definitiva del derecho. Para los de casa, desgaste emocional y económico, por si no tuvieran suficiente con la terrible situación de ver a un hijo sufrir y tener que dejarlo todo para cuidarle. No hay derecho a que, con la que tienen encima, se vean obligados a vivir siempre con el miedo a que les extingan la CUME, con la ansiedad por lo que pueda pasar tras cada revisión, con la posibilidad de perder el salario de un día para otro. Cuidar de un hijo enfermo no es un capricho. Como muy bien dicen los afectados por esta situación, es una necesidad, una necesidad vital, una necesidad que no está siendo atendida como merece. ¡Qué hipocresía la de un Gobierno al que se le llena la boca diciendo que hay que cuidar a quienes cuidan, para luego abandonarlos a su suerte! (Aplausos). ¡Solo política de gestos, solo política de titulares vacíos! ¡Eso es lo único que saben ustedes hacer bien! Señorías, esta propuesta que nos trae hoy el Grupo Vasco no es más que el conjunto de las reivindicaciones de estas familias heroicas, que no merecen seguir peleando contra la Administración porque ya tienen bastante con luchar por la vida de sus hijos, que es tan valiosa como la de cualquiera, por muy enfermos que estén. Y por eso no solo queremos apoyarla, sino que también queremos poner nuestro granito de arena para mejorarla añadiendo una enmienda que solicita, en aras de la igualdad real entre los padres y las madres, permitir que en el seno de la familia sean los padres quienes escojan cómo se reducirá la jornada laboral para atender al cuidado, pudiendo percibir el subsidio de forma prorrateada entre ambos y en proporción a la reducción solicitada. Como verán sus señorías, se trata de una propuesta que no tendría sentido que el resto de los grupos políticos no apoyara, de la misma manera que no tendría ningún sentido que nosotros no hiciéramos lo mismo con esta moción, a no ser que su sectarismo esté por delante de su responsabilidad con aquellos a los que tenemos la obligación de servir.

Y termino reiterando que todas las vidas merecen ser vividas con dignidad y que el Estado y los Gobiernos tienen la obligación moral y política de garantizar que así sea.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Gracias, presidenta. Muy buenas tardes. Y es que hoy es un muy buen día. Entre tanto ruido, tanto invento, tanta necedad, lo que de verdad importa, lo que es realmente necesario, lo que sí o sí tenía que resolverse se hace realidad. (Muestra un documento). El Gobierno de España acaba de sacar hoy, 16 de junio, a información pública el proyecto del Real Decreto de Desarrollo del Régimen Jurídico de la Prestación Económica por Cuidado de Menores, conocida como CUME. (Aplausos). ¿Y esto qué significa? Pues que la política está al servicio de las familias, que, aunque nadie puede consolar a una madre o un padre cuando ve a su hijo sufrir, al menos es obligación de todos no generar más dolor y que toda ayuda es poca para conseguir ver a tu hija plena y sana. ¿Y cómo materializamos esta mejora? Pues con un nuevo reglamento para actualizar la prestación por cuidado de menores con enfermedad grave y de esa manera proteger mejor a las familias; un reglamento que responde a tres objetivos: ampliar y adaptar la protección a la realidad clínica actual, reforzar la seguridad jurídica de las nuevas realidades familiares y laborales y mejorar la transparencia, la eficacia en la gestión y la homogeneidad. Y llegamos aquí con una estrategia de escucha, diálogo, empatía y acción sin precedentes para blindar, ampliar y humanizar el funcionamiento de esta prestación, que, como bien recordarán, estableció también un Gobierno socialista en el año 2010 por primera vez y que desde entonces ha beneficiado a más de 40 000 familias y ha movilizado más de 1300 millones de euros; una nueva norma que responde a una cuestión netamente humana, la dar respuesta a una de las situaciones más difíciles que se pueden vivir en un hogar, porque nada es tan duro como ver a tu hija sufrir. Y desde 2010, claro que sí, ha cambiado la realidad sanitaria, laboral y familiar, y, cuando la realidad cambia, las normas tienen que hacerlo también para seguir siendo eficaces. Por eso, quiero agradecer hoy esta propuesta del PNV, que se entronca en el marco más amplio que el Gobierno de España pone ya hoy en marcha, porque estamos de acuerdo en que hay que revisar y mejorar el régimen de duración y prórroga del subsidio, como así reflejamos en nuestra enmienda. Pero la nueva regulación incorpora las demandas concretas que garantizan la seguridad de las familias, actualizando el concepto de situación protegida, porque la medicina evoluciona, la organización sanitaria evoluciona y las necesidades asistenciales también lo hacen. Esta nueva norma incluye a los niños con hospitalización domiciliaria, con tratamientos ambulatorios continuados, con vigilancia clínica o cuidados en el hogar derivados de terapias especializadas. Y claro que una familia cambia, que se separa o se divorcia, pero debe seguir protegida, y así lo hace esta nueva norma también para las familias monoparentales. Y, además de estos cambios, el proyecto introduce ajustes en la acreditación médica y en los sistemas de evaluación. Se incorpora al propio reglamento el modelo oficial de declaración médica, que, como saben, hasta ahora se regulaba aparte, y se refuerza su contenido para que quede mejor acreditada la necesidad de un cuidado directo, continuo y permanente, y es que las personas trabajadoras autónomas ―como se ha dicho desde este estrado― tendrán desde ya mejor seguridad y previsibilidad para que puedan acceder a este derecho en condiciones más claras.

Se responde también a una de las demandas más repetidas por las familias: la actualización del catálogo de enfermedades graves que den acceso a la prestación, incorporando nuevas patologías, como el trastorno del espectro autista.

Y terminaré este buen día con una buena y bonita historia. Hace 530 000 años vivió en la Sima de los Huesos, en Atapuerca, Benjamina, una niña que vivió hasta los doce años con una malformación craneal. A pesar de su incapacidad para caminar y alimentarse por sí misma, logró sobrevivir, y lo hizo porque su familia, su grupo social, su tribu se organizó para darle soporte, empatía, cuidado y protección. La primera evidencia humana de empatía, cuidado y protección se dio en Burgos, en nuestro país, y el último compromiso justo del Gobierno de España con el cuidado y la protección de menores y sus familias lo recibimos hoy con alegría y respeto por tantas familias que llevan luchando y sacrificándose para mejorar la vida de los suyos. (Aplausos).

Hoy esas más de 40 000 familias, los socialistas y la inmensa mayoría de la ciudadanía seguimos la estela de las mujeres y hombres de Atapuerca, de todas las Benjaminas y todas las tribus que en lo largo y ancho de España protegen y cuidan y que desde hoy cuentan con un Gobierno aliado a su lado, con las mismas preocupaciones y ganas de tirar para adelante. Por todos ellos y porque merece la pena, hagámoslo.

Muchas gracias. (Aplausos).

Eskerrik asko, mahaiburu andrea. Desde Euskal Herria Bildu queremos comenzar reconociendo la realidad que hay detrás de esta iniciativa. Cuando hablamos de la prestación por cuidado de menores con enfermedad grave, no hablamos de expedientes administrativos; hablamos de familias que atraviesan situaciones extremadamente duras y que, además de afrontar la enfermedad de sus hijos o hijas, se ven obligadas a luchar contra obstáculos burocráticos para acceder a derechos que, además de estar garantizados, deberían ser fácilmente accesibles. EAJk aurkeztutako mozioak urte luzez familia askok salatu dituzten arazo errealak jartzen ditu mahai gainean irizpide murriztaileak, prestazioaren aplikazio desberdinak, auzibideetara jotzeko beharra, segurtasun juridikorik eza eta gaur egungo errealitatera egokitzen ez den araudia. Diagnostiko horren zati handi bat partekatzen dugu, eta baita egungo hutsuneak gainditzeko planteatzen diren neurriak ere. Eta ondorioz, mozioaren alde egingo dugu. Argi dago 2011ko errege dekretuak ez diela gaur egungo beharrei behar bezala erantzuten. Zaintzen errealitatea aldatu egin da. Aurrerapen medikoek gaixotasun larri askoren biziraupena eta kronifikazioa ahalbidetu dute, eta familia egiturak gero eta anitzagoak dira. Hala ere, araudiak ikuspegi zurrunegia izaten jarraitzen du, iraganean ainguratuta dago eta babes eraginkorra behar duten egoera asko eta asko kanpoan uzten ditu. Horregatik, pozgarria izan da gaur entzutea urrats batzuk ematen hasia dela gobernua honen konponbidearen bidean.

La moción presentada por el PNV pone sobre la mesa problemas reales que han sido denunciados durante años por muchas familias; criterios restrictivos, diferentes aplicaciones de la prestación, necesidad de recurrir a los tribunales, inseguridad jurídica y una normativa que no se ajusta a la realidad actual. Compartimos gran parte de ese diagnóstico y también las medidas que se plantean para superar las deficiencias actuales, y, en consecuencia, apoyaremos la moción.

Es evidente que el real decreto de 2011 no responde adecuadamente a las necesidades actuales. La realidad de los cuidados ha ido cambiando. Los avances médicos han permitido la supervivencia y la cronificación de muchas enfermedades graves, y las estructuras familiares son cada vez más diversas. Sin embargo, la normativa sigue teniendo un enfoque excesivamente rígido, anclado en el pasado y deja fuera muchas de las situaciones que requieren una protección eficaz. Por ello nos ha alegrado escuchar que el Gobierno ya ha comenzado a dar algunos pasos para arreglar esto.

Y valoramos de la moción especialmente las propuestas destinadas a ampliar la cobertura para personas jóvenes con altos niveles de discapacidad y dependencia, a reconocer modalidades asistenciales que van más allá de la hospitalización tradicional, a incorporar enfermedades que hoy siguen encontrando dificultades para ser reconocidas y a reforzar la protección de familias monoparentales o con custodia compartida. Ahora bien, creemos que este debate también debe servir para abordar una cuestión de fondo.

Familiek pairatzen dituzten zailtasun askoren jatorrian dagoena zera da: eskubide sozialen kudeaketaren zati garrantzitsu bat Gizarte Segurantzarekin lankidetzan diharduten mutualitateen esku dagoela. Mutualitate bakoitzak irizpide desberdinak, eta sarritan mugatzaileak, aplikatzen ditu. Eta horren emaitza berdintasun eza da, eta familiek dagokien eskubide bat aitortua izan dadin, epaitegietara jo behar dutenean, huts egiten ari dena sistema bera da. Horregatik, koordinazio eta gatazka ebazpeneko mekanismoak hobetzeaz gain, beharrezkoa ikusten dugu prestazio hauen kudeaketaren berme publiko handiagoak, gardentasun handiagoa eta kontrol demokratiko handiagoa ezartzea.

Muchas de las dificultades que sufren las familias tienen su origen en que una gran parte de la gestión de los derechos sociales está en manos de las mutuas que colaboran con la Seguridad Social. Cada mutualidad aplica criterios diferentes y a menudo restrictivos, y el resultado es una falta de igualdad. Y, si las familias tienen que acudir a los tribunales para que les sea reconocido un derecho que les corresponde, lo que está fallando es el propio sistema. Por eso, además de mejorar los mecanismos de coordinación y resolución de conflictos, consideramos necesario establecer mayores garantías públicas, mayor transparencia y mayor control democrático en la gestión de las prestaciones.

Y detrás de todo esto se esconde un debate más amplio, que no es otro que el del reconocimiento social de los cuidados. Durante demasiado tiempo los cuidados han recaído fundamentalmente sobre las familias, y, muy especialmente, sobre las mujeres. Prestaciones como la CUME son instrumentos imprescindibles para avanzar hacia una sociedad que reconozca que cuidar no puede convertirse en una condena económica ni laboral. Desde Euskal Herria Bildu defendemos que las políticas públicas deben situar los cuidados en el centro, garantizando derechos suficientes, universales y accesibles. Ninguna familia debería verse obligada a elegir entre cuidar a un hijo o hija gravemente enferma o mantener unas condiciones de vida dignas.

Horregatik, lehen ere esan dugun moduan, begi onez ikusten dugu mozio honetan planteatutako neurriak, eta espero dugu gobernuak beharrezko erreforma guztiak bultzatzea lehenbailehen. Baina, aldi berean, uste dugu hau lehen urratsa baino ez dela izan behar. Zaintzaileen eta egoera bereziki konplexuak bizi dituzten familien babes sistema sakonago berrikusteko bidean lehen urrats bat. Prestazio bakoitzaren atzean pertsonak daudelako eta gizarte baten maila behar handienak dituzten pertsonak nola babesten dituenaren arabera ere neurtzen delako.

Por ello, tal y como se ha señalado anteriormente, se valoran positivamente las medidas planteadas en esta moción y esperamos que el Gobierno impulse las reformas necesarias cuanto antes. Pero, al mismo tiempo, creemos que este debe ser solo el primer paso, un primer paso hacia una revisión más profunda del sistema de protección de las personas cuidadoras y de las familias que viven situaciones especialmente complejas, porque detrás de cada prestación hay personas, y una sociedad se mide también por cómo protege a las personas con mayores necesidades.

Las familias no necesitan más obstáculos administrativos ni más incertidumbre. Necesitan certezas, protección pública y el acompañamiento de unas instituciones que estén a la altura de los cuidados que ellas, las familias, sostienen cada día.

Besterik ez. Mila esker.

Bona tarda a tothom. Gràcies, presidenta. Les famílies necessiten drets i no només promeses. Avui parlem de la CUME. La CUME és una prestació pública per a pares i mares que han de reduir la jornada per cuidar un fill o una filla amb una malaltia greu. Serveix per compensar el salari que perden. Serveix o ha de servir perquè cuidar no condemni a una família a la pobresa o a la misèria. I avui tornem a parlar‑ne, una altra vegada. Des d’Esquerra hem fet PNLs. Hem fet mocions als ajuntaments. Hem portat el tema al Parlament, hem fet preguntes orals, hem fet preguntes escrites i sembla que no serveix per a res. Ja és un clàssic del parlamentarisme, el tema de la CUME, malauradament. I això no és casualitat. És una estratègia d’ajornar allò que és just. El que cal fer no és complicat i, a més, és de justícia, com ara els hi diré. Hi ha gent que no els interessa, perquè estan de tertúlia aquí a l’hemicicle i haurien d’anar al bar, com a mínim. Però bé, sembla que en fi, són cristians, diuen. Primer, cal posar fi al poder arbitrari de les mútues. Cal posar fi al poder arbitrari de les mútues. Les mútues no són el metge dels nostres fills i les nostres filles. Són associacions privades d’empresaris que gestionen prestacions públiques. I aquí hi ha el conflicte. I aquí hi ha el conflicte, entitats privades que poden condicionar un dret públic mentre les famílies carreguen amb la malaltia. Quan una mútua talla la CUME, no talla un expedient, talla cures, salari i vida. La mútua no és el metge del teu fill. La mútua no és el metge del teu fill. Les mútues són entitats col·laboradores de la Seguretat Social que tramiten i controlen aquesta prestació, però massa sovint interpreten informes, qüestionen diagnòstics i tallen pagaments. Qui ha de dir si un menor necessita cura directa, contínua i permanent és el metge públic que el tracta i punt. Ningú més ha de dir res més sobre aquest tema. El metge públic que el tracta i punt. No una mútua que mira més l’expedient com si fos una factura. Segon, cal adaptar la llei a la vida real. Hi ha joves que fan vint‑i‑tres anys, vint‑i‑sis anys i continuen necessitant cures: alta discapacitat, alta dependència, malalties cròniques, situacions irreversibles. És a dir, que la necessitat contínua, però el dret s’acaba. El fill continua necessitant cures, la mare continua cuidant, però l’Estat desapareix. I una mare m’ho explicava millor que qualsevol informe. Literal, el que diré: «Què passa als vint‑i‑sis anys? Es cura el meu fill als vint‑i‑sis anys? Es cura el meu fill als vint‑i‑sis anys? No, no es cura». El que passa és que la família queda sola perquè ja no hi ha prestacions. Tercer, cal simplificar tràmits i acabar amb la judicialització. Una prestació que obliga a litigar no protegeix, abandona. Hi ha famílies que han de demostrar una vegada i una altra que el seu fill continua estant malalt, com si una malaltia degenerativa fos una sospita, com si una família demanés un privilegi, com si cuidar fos una trampa, com si les famílies que demanen aquesta prestació fossin delinqüents. Aquesta és la realitat. Si es tallen les prestacions, pots estar mesos o anys de judicis i mentrestant has de pagar el lloguer, teràpies, rebuts i menjar. I aquí els governs, tots els governs han estat còmplices, també l’actual, deixant que cada mútua interpreti. Dos, demanant papers sense parar. La trampa és convertir la cura en una cursa d’obstacles. I aquí cal dir noms polítics, no fer poesia ni promeses. Quan el Govern no reforma el Reial decret del 2011, manté el problema. Manté el problema. Quan no crea una unitat de teràpia ràpida i vinculant, força les famílies a anar als jutjats. Quan no sanciona les mútues que incompleixen, mira cap a una altra banda. I qui ho paga? Ho paga, com sempre, la gent treballadora, una infermera que redueix jornada, un autònom que perd ingressos i cotització, una família monoparental que no té marge, una mare que dorm poc, treballa menys i cuida sempre.

I per acabar, també cal protegir el personal funcionari en el sector públic. El permís de l’article 49 de l’EBEP s’aplica de manera desigual, segons qui interpreta l’expedient. Cal una instrucció única, clara i obligatòria per a tots, per a tothom, per a tot el sector públic que garanteixi que ni l’escolarització del menor, ni el tractament domiciliari o ambulatori puguin servir per denegar, reduir o revocar aquest dret. Mateixes necessitats de cura, mateixos drets, mateixes garanties. La vida no és un mercat i els infants no són expedients. Les famílies no són números. Per això, votarem que sí.

Gràcies.

Buenas tardes a todos. Gracias presidenta. Las familias necesitan derechos, y no solo promesas. Hoy hablamos de la CUME, que es una prestación pública para padres y madres que tienen que reducir su jornada para cuidar a un hijo o hija con una enfermedad grave. Sirve para compensar el salario que pierden. Sirve o debe servir para que cuidar no condene a una familia a la pobreza o a la miseria. Y hoy volvemos a hablar de ello otra vez. Desde Esquerra hemos presentados distintas PNL, mociones en muchos ayuntamientos, hemos llevado el tema al Parlament, hemos formulado preguntas orales y escritas, y parece que no sirve para nada; desgraciadamente, ya es un caso del parlamentarismo este de la CUME. Y no es una casualidad, responde a la estrategia de aplazar lo que es justo. Pero lo que hay que hacer no es complicado, y además es de justicia, como les voy a decir ahora. Y a los que no les interesa, que están de tertulia aquí, en el hemiciclo, que se vayan al bar. En fin, son cristianos, dicen. Bien hay que poner fin al poder arbitrario de las mutuas. Estas no son el médico de nuestros hijos e hijas, son asociaciones privadas de empresarios que gestionan prestaciones públicas. Y aquí está el conflicto: son entidades privadas que pueden condicionar un derecho público, mientras que las familias cargan con la enfermedad. Cuando una mutua corta la CUME, no corta el expediente, corta curas, salario y vida. La mutua no es el médico de tu hijo; las mutuas son entidades colaboradoras de la Seguridad Social que tramitan y controlan esta prestación. Pero demasiadas veces interpretan informes, cuestionan diagnósticos y cortan y recortan pagos. Quien tiene que decir si un menor necesita cuidado directo, continuo y permanente es el médico público que le trata, y punto. Nadie más tiene nada que decir sobre este tema; el médico público que lo trata, y punto. No una mutua, que mira más el expediente como si fuera una factura. En segundo lugar, hay que adaptar la ley a la vida real. Hay jóvenes que cumplen 23, 26 años y siguen necesitando cuidados por alta discapacidad, alta dependencia, enfermedades crónicas, situaciones irreversibles. Es decir, la necesidad sigue, pero el derecho se acaba. El hijo sigue necesitando cuidados, la madre sigue cuidando, pero el Estado desaparece. Una madre me lo explicaba mejor que cualquier informe. Es literal lo que voy a decir. «¿Qué pasa a los 26 años? ¿Se cura mi hijo a los 26 años? No, no se cura. Lo que pasa es que la familia se queda sola porque ya no hay prestaciones». En tercer lugar, hay que simplificar trámites y acabar con la judicialización. Una prestación que obliga a litigar no protege, abandona. Hay familias que tienen que demostrar una y otra vez que su hijo sigue enfermo, como si una enfermedad degenerativa fuera una sospecha, como si esa familia pidiera un privilegio, como si cuidar fuera una trampa, como si las familias que piden esta prestación fueran delincuentes. Esta es la realidad. Si se cortan las prestaciones, puedes estar meses o años de juicios, y mientras tanto tienes que pagar el alquiler, las terapias, los recibos y la comida. Aquí los Gobiernos, todos los Gobiernos, han sido cómplices, también el actual, dejando que cada mutua interprete y, dos, pidiendo papeles sin parar. La trampa es convertir el cuidado en una carrera de obstáculos. Y aquí hay que decir nombres políticos, no hacer poesía ni promesas. Cuando un Gobierno no reforma el real decreto de 2011, mantiene el problema; cuando no crea una unidad de terapia rápida, fuerza a las familias a ir a los juzgados; cuando no sanciona a las mutuas que incumplen, mira hacia otro lado. ¿Y quién lo paga? Lo paga, como siempre, la gente trabajadora: una enfermera que reduce jornada; un autónomo que pierde ingresos y cotización; una familia monoparental que no tiene margen; una madre que duerme poco, trabaja menos y cuida siempre.

También hay que proteger al personal funcionario en el sector público. El artículo 49 del EBEP creo que se aplica de manera desigual, según quién interpreta el expediente. Hace falta una instrucción única, clara y obligatoria para todo el mundo, para todo el sector público, que garantice que ni la escolarización del menor ni la atención ambulatoria sirvan para denegar, reducir o revocar ese derecho. Mismas necesidades de cuidados, mismos derechos, mismas garantías. La vida no es un mercado, los niños no son expedientes y las familias no son números. Por eso votaremos que sí.

Gracias. (Aplausos).

Hoy el Grupo Parlamentario Vasco presenta una iniciativa relacionada con la prestación por el cuidado de menores con enfermedad grave que a nosotros nos parece oportuna y adecuada. Como primera consideración, es imprescindible destacar el espíritu de esta prestación, que supuso un hito en la protección de las familias en la legislación de este país. Fue una normativa pionera en Europa al crear, en 2011, un subsidio destinado a facilitar que padres y madres pudieran cuidar a menores en situaciones muy graves, con cáncer o trasplantes, por ejemplo.

Ha habido varios esfuerzos por mejorar y ampliar esta norma y otros que todavía hace falta que lleguen. En 2023, por ejemplo, un real decreto amplió las situaciones protegidas con el reconocimiento y la cobertura de los afectados hasta los 23 años y, en los casos de discapacidad igual o superior al 65 %, hasta los 26. Muy recientemente, la propia ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en respuesta a una pregunta del Grupo Parlamentario Vasco, anunció que se someterá a audiencia pública un nuevo reglamento con el objetivo de actualizar la prestación por cuidado de menores con enfermedad grave. Reconoció, además, como reconocemos en este grupo, que con el paso de los años se ha hecho evidente la necesidad de abordar la reforma de un reglamento que, como es normal, requiere actualizarse para afrontar los nuevos desafíos que plantea la sociedad.

¿Cuáles son esos desafíos y por qué nosotros consideramos que la moción del Grupo Vasco es oportuna y ajustada a lo que necesita la gente de este país? Podemos resumirlo en una sola idea: las necesidades de la sociedad en materia de cuidados han desbordado la capacidad del modelo de cuidados para satisfacerlas. Es cierto que, si miramos la historia reciente con perspectiva, muchas cosas han cambiado, incluso el propio concepto de lo que es la protección social. Hace menos de dos décadas, la idea de que los cuidados debían estar en el centro de nuestro sistema de protección social no resultaba ni mucho menos tan evidente como nos resulta ahora. Un símbolo de que los cuidados han pasado a ocupar un lugar prominente en las políticas públicas lo encontramos en que durante los últimos diez años se ha triplicado la financiación de los cuidados. Es un cambio de paradigma clave tras un periodo muy complejo, aunque aún hará falta trabajar mucho, claro está, para lograr que el nuevo paradigma de cuidados alcance a toda la población que necesita apoyo, trabajar mucho de manera muy coordinada, me permito añadir, porque no podemos perder de vista que las principales competencias en materia de protección social son autonómicas y que solo en colaboración con las comunidades autónomas podremos avanzar de manera decidida y, sobre todo, duradera en materia de cuidados. (Aplausos).

Hay muchas situaciones a las que se debe responder de manera urgente. Una de ellas la identifica la propia moción y no es más que una de las manifestaciones de las dificultades que atraviesan muchas de las personas cuidadoras en este país. Como bien saben sus señorías, las personas cuidadoras son, en un alto porcentaje, mujeres y, como bien saben también, el Congreso está trabajando en la tramitación del proyecto de ley por la que se modifican las leyes de discapacidad y dependencia conforme al artículo 49 de la Constitución Española. Uno de los principales objetivos de este proyecto de ley es mejorar la situación de las personas cuidadoras no profesionales y personas cuidadoras principales. Gracias al trabajo de los grupos parlamentarios, estamos profundizando en el reconocimiento de la deuda que, como sociedad, tenemos hacia estas personas. Durante la tramitación de este proyecto de ley se están debatiendo reformas para que mejoren la información y acompañamiento recibidos por las personas cuidadoras no profesionales, para que las cuidadoras principales puedan ser colectivo de atención prioritaria para las políticas de empleo, y ―muy importante―, entre otras medidas, para que se facilite la conciliación de la vida personal, familiar y laboral con las responsabilidades de cuidado de las personas con dependencia.

En definitiva, señorías, la sociedad necesita no solo que estemos de acuerdo, sino que trabajemos rápido; no solo que logremos cambiar el paradigma de los cuidados, sino que se implemente sin exclusión; no solo que aprobemos normas, sino que estas lleguen a cualquier persona que las necesite. Por eso creo que es legítimo agradecer el impulso que esta iniciativa imprima al debate sobre los cuidados en el país. Asimismo, debemos reconocer el esfuerzo que todos los grupos parlamentarios y las entidades están haciendo para lograr que el Proyecto de ley 121/64, de reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, se convierta en la norma que la gente de este país necesita.

Eskerrik asko. (Aplausos).

Gracias, presidenta. Señorías, hay prestaciones que tienen una vocación profundamente humana. La CUME es una de ellas. Es el instrumento con el que el Estado le dice a una madre y a un padre lo siguiente: «Cuando tu hijo está gravemente enfermo, no estás solo. No tienes que elegir entre estar a su lado o mantener el empleo, el Estado te acompaña». Pocas cosas nos atemorizan más en la vida que la enfermedad grave de un hijo. En ese momento, todo lo demás desaparece. La prioridad absoluta pasa a ser una sola: su cuidado, su presencia, su vida. Pero sin apoyo económico eso es imposible, porque la familia también necesita subsistir, y es ahí donde el Estado tiene que estar, donde la CUME tiene que funcionar; sin embargo, en muchas ocasiones no funciona como debería. Detrás de cada expediente hay una familia que ha reorganizado su vida entera, madres ―son mayoritariamente madres― que han reducido su jornada, que han renunciado a ingresos, que han asumido un sacrificio enorme y que se encuentran con un muro en lugar de con un escudo, un muro de criterios arbitrarios, de interpretaciones restrictivas, de denegaciones de derechos que los tribunales después reconocen, de renovaciones absurdas cada pocos meses para enfermedades que no tienen cura. Este no es un problema nuevo, señorías. Las familias llevan tiempo planteando los problemas que se encuentran en este camino. Hemos trabajado a su lado con las asociaciones que las representan y en todo este tiempo la medicina ha avanzado, los modelos asistenciales han cambiado, las realidades familiares se han diversificado y el Tribunal Supremo ha tenido que corregir en múltiples ocasiones las interpretaciones restrictivas que el propio texto propiciaba. También hay que señalar ―no podemos olvidarlo― que el Pacto de Toledo ya advirtió en 2020, en sus recomendaciones, que las prestaciones vinculadas al cuidado de menores deberían financiarse, al menos en parte, con cargo al Estado dado su interés público, y de esto nada se ha hecho. El Grupo Popular ha trabajado con propuestas; de hecho, tenemos registrada en la Comisión de Trabajo, Seguridad Social y Migraciones una proposición no de ley con medidas concretas para reforzar la seguridad jurídica de las familias, simplificar los procedimientos y corregir los problemas de aplicación que arrastra esta prestación desde hace años. (Aplausos). También nuestra proposición de ley de conciliación y corresponsabilidad, que se registró en esta Cámara y fue vetada por el Gobierno, incorporaba medidas al respecto. Nuestra iniciativa planteaba que el informe del especialista del Sistema Nacional de Salud sea vinculante y no pueda ser cuestionado por los médicos de las mutuas; que se reconozca expresamente la especialización domiciliaria, el hospital de día y los tratamientos ambulatorios; que las renovaciones para enfermedades crónicas e irreversibles se extiendan al menos a seis meses; que se proteja a las personas cuidadoras cuando la prestación termina; y que se corrija la desigualdad que sufren los funcionarios públicos, que hoy no tienen garantizado el mismo acceso que un trabajador del régimen general.

La pasada semana, durante la interpelación, la ministra, en esta misma Cámara, anunció que en los próximos días se elevaría a audiencia pública un nuevo reglamento. La representante del PNV salió satisfecha pensando que el Gobierno iba a aprobar la reforma, pero cuando la ministra volvió a la tribuna dijo que lo que harían sería exponerla a información pública, y efectivamente hoy lo han hecho. En esta Cámara, señorías, sabemos perfectamente lo que significa eso. La intervención de la portavoz del Grupo Socialista hoy ha sido conmovedora, pero sabemos perfectamente en qué acabará ese anuncio. Les recuerdo que el real decreto de accesibilidad cognitiva elevado a audiencia pública en 2023 está paralizado y que el de acogimiento especializado, anunciado en 2022, está congelado. Solo son dos ejemplos de los múltiples que se han producido.

Señorías, este Gobierno tiene un método muy perfeccionado: anuncian, sacan el texto a consulta, generan titulares y expectativas a los afectados y, después, el texto desaparece en un cajón. (Aplausos). Podemos recordar lo que han hecho con los enfermos de ELA y con los celíacos, que llevan esperando más de un año para poder hacer realidad lo que se aprobó en esta Cámara. El máximo exponente de estas prácticas es el congelador de la presidenta del Congreso, que perpetúa los periodos de enmiendas de todas las iniciativas que no les interesa tramitar, coartando el derecho del Poder Legislativo a legislar.

Sí, señorías, ampliar la edad de prestación de la CUME cuesta dinero e incluir nuevas patologías cuesta dinero, y este Gobierno lleva toda la legislatura sin presupuestos generales del Estado, sin mayoría para aprobarlos y sin voluntad real de resolver los problemas de los ciudadanos. (Aplausos).

Señorías, anunciar reformas que no se van a aprobar es una forma más de engañar ―este Gobierno ya nos tiene acostumbrados a eso―, pero hacerlo con familias que están atravesando una de las situaciones más duras que puede vivir un ser humano es algo más que lamentable, es una falta de respeto imperdonable. Señorías del PSOE, ya sabemos que para ustedes lo de gobernar y resolver los problemas de las familias no es lo importante, sino que lo único prioritario es resistir, mantenerse en el poder, salvar a Pedro Sánchez, y que para sus socios todo vale mientras no gobierne la derecha, pero las familias con hijos gravemente enfermos necesitan certezas, necesitan que la norma funcione, necesitan un Gobierno de verdad, un Gobierno que resuelva los problemas, y este no lo hace.

Muchas gracias. (Aplausos.―Una señora diputada: ¡Muy bien!).