Proposición de Ley para la modificación de la Ley 16/1983, de 24 de octubre, de creación del Instituto de la Mujer y de determinadas leyes procesales dentro de su ámbito competencial.

Gracias, presidenta. Señorías, el Instituto de las Mujeres es una institución clave en la promoción de la defensa de los derechos de las mujeres en España. En sus más de cuarenta años de historia, ha estado detrás del impulso de absolutamente todos los avances hacia la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres que se han dado en este país, claro referente desde hace muchos años en políticas públicas de igualdad con legislación pionera y avanzada. Hoy traemos a esta Cámara la modificación de la Ley 16/1983, de 24 de octubre, de creación del Instituto de la Mujer y de determinadas leyes procesales dentro de su ámbito competencial. Se trata de la trasposición necesaria de dos directivas de la Unión Europea que permitirán, a su vez, una puesta al día del instituto con el refuerzo de su arquitectura institucional. Y se trata también del fortalecimiento de un modelo de organismos de igualdad en unos momentos convulsos, difíciles y amenazantes para los derechos de más de la mitad de la población. Desde la creación del instituto, hace, como decía, más de cuatro décadas, se han ido incorporando diferentes normas al marco regulatorio de este país. Las políticas de igualdad son hoy muy distintas a las de 1983, de manera que el marco legal del instituto no refleja ya esa realidad. Por lo tanto, estamos ante una oportunidad, no solo ante una necesidad de trasposición de directivas europeas. Vamos a hacer de la necesidad virtud al actualizar las competencias de este organismo para que pueda seguir desarrollando, con plenas garantías, su papel como organismo de igualdad. Recordemos que fue la ley de igualdad la que le otorgó este carácter hace casi veinte años. Debemos avanzar hacia un modelo sólido, coherente, en el que coexistan diversos organismos de igualdad con la capacidad de actuar de manera especializada ante vulneraciones de derechos. Fue un Gobierno socialista el que creó esta institución. Corría 1983, en la II Legislatura, y entonces se denominaba Organismo Autónomo Instituto de la Mujer. Su primera directora fue la diputada constituyente, la recordada y añorada Carlota Bustelo. (Aplausos). Bustelo permitió la conexión de las incipientes políticas de igualdad españolas con las políticas europeas e incluso con las de América Latina. Así lo recordaba tras su fallecimiento la

Fundación Mujeres, de la que precisamente era presidenta de honor. El impulso legislativo hacia la igualdad lo efectúa siempre un Gobierno socialista y lo rechaza de manera sistemática el Partido Popular, que ha remado siempre en contra de estos avances, pero, en cambio, se ha beneficiado de ellos. Por supuesto que se ha beneficiado. Beneficiarse, siempre; votarlos a favor, nunca. Ese es su doble rasero, señorías del Partido Popular. Se han aprovechado ustedes de todas y cada una de las leyes que han hecho avanzar los derechos de las mujeres, desde la del aborto a las leyes de paridad o la ley de igualdad; derechos que hoy en día la sociedad española ha hecho suyos y a los que de ninguna manera está dispuesta a renunciar.

Señorías, en la actualidad, el Instituto de las Mujeres es un organismo autónomo adherido al Ministerio de Igualdad. Es, sin ninguna duda, una institución clave en la promoción de la defensa de los derechos de las mujeres en España. En sus cuarenta años de historia el instituto ha estado detrás del impulso de todos esos avances hacia la igualdad que se han dado en el país. Y lo ha hecho siempre de la mano de la sociedad civil, siempre de la mano del feminismo, que siempre y en todo momento empuja hacia adelante, que siempre está, que siempre es imprescindible para construir, para sustentar una sociedad cada vez más democrática y más justa. (Aplausos). Porque sin el feminismo, señorías, sin su aliento, sin su fuerza, serían impensables todas y cada una de esas transformaciones sociales y legislativas que hemos vivido y que nos quedan todavía por hacer realidad. El Instituto de las Mujeres ha sido y es el responsable de políticas tales como los planes para la igualdad de las mujeres; el centro de información de los derechos de la mujer; programas de educación; campañas de sensibilización, de información, de asesoramiento para empresarias y emprendedoras; programas de salud y de servicios sociales; la gestión de fondos europeos o subvenciones para entidades que trabajan en el ámbito de la igualdad o también del Observatorio sobre la Imagen de las Mujeres, creado hace ya treinta y dos años y que vela por que la información y la publicidad no sean sexistas.

En estos tiempos en los que la inteligencia artificial nos hace más fácil la vida, pero que, a su vez, supone una amenaza real por el uso de las deepfakes, de la pornografía, del ciberacoso, de la cosificación del cuerpo de las mujeres y otras formas de violencia, el instituto está trabajando en políticas de igualdad avanzadas. Sin ir más lejos, recientemente ha firmado un convenio con la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, la AESIA, con la finalidad de corregir los sesgos de género y combatir la violencia digital. El instituto actúa como organismo clave en su doble papel de impulso, promoción, desarrollo, coordinación y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, así como de prevención de la discriminación, asistencia y apoyo independiente y especializado a víctimas de discriminación por razón de sexo. Por su parte, la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y No Discriminación actúa en defensa de diversos motivos de discriminación.

Ambos organismos deben cooperar de manera estructurada en el ejercicio de sus respectivas y diferenciadas funciones como organismos nacionales de igualdad, y deben hacerlo también a partir de la aprobación de esta ley que hoy les presentamos de conformidad con las directivas europeas en la materia. Así, tanto la autoridad independiente como el propio instituto tendrán legitimación procesal en situaciones análogas dentro de sus ámbitos de aplicación. Ahora, en el segundo cuarto del siglo XXI, las nuevas directivas europeas sobre organismos de igualdad requieren necesariamente que estos organismos estén habilitados para actuar en procedimientos judiciales y, en determinados supuestos, iniciar acciones en nombre propio para defender el interés público.

Es una exigencia europea, señorías, sí, lo es, pero la modificación de las leyes procesales no responde solo a esa exigencia, sino que con esta reforma el instituto amplía sus funciones en respuesta a una necesidad que es política y también jurídica: podrá actuar en situaciones de discriminación cuando se vean afectados intereses colectivos o difusos, y lo podrá hacer con coherencia y con capacidad estratégica.

Por otra parte, la regulación de la presidencia del instituto obedece también a una adaptación normativa, en concreto, a la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Este cambio refuerza su capacitación y su autonomía personal, respondiendo así a otra de las exigencias de las directivas europeas que estamos trasponiendo. La presidencia se equipara al rango de otros organismos de igualdad equivalentes. Deberá elegirse mediante un procedimiento más abierto que en la actualidad, siempre entre personas de reconocido prestigio que acrediten idoneidad, competencia profesional y experiencia en la defensa de los derechos de las mujeres y en la promoción de la igualdad; además, para esa elección deberá contarse con el Consejo de Participación de la Mujer.

Esta reforma se impulsa de manera paralela a la elaboración de los nuevos estatutos del Instituto de las Mujeres que acaban de someterse a audiencia pública. España no solo ha hecho los deberes, sino que está mucho más avanzada que la inmensa mayoría de países de la Unión en el cumplimiento de lo que dictan las directivas europeas que ahora trasponemos. Con esta proposición de ley completamos el cumplimiento del mandato de las directivas, especialmente en lo que se refiere a la parte procesal a la que ya nos hemos referido. Las víctimas de discriminación ―de cualquier discriminación― merecen un sistema de protección robusto que les garantice atención especializada y adecuada al motivo de la discriminación; un sistema coherente con el papel central que las políticas de igualdad ocupan en el Gobierno de España; un sistema que en el futuro nos continúe situando a la vanguardia europea. Reforzar el Instituto de las Mujeres es fortalecer el Estado democrático de derecho, es garantizar más y mejor los derechos fundamentales, más aún en un contexto de cuestionamiento creciente de los avances de igualdad, de discursos cargados de misoginia, de negacionismo e incluso de odio, y con el difícil reto de instaurar los derechos digitales frente a los riesgos de la sociedad digitalizada, que ya no es futuro, señorías, ya es presente.

No hay espacio para los retrocesos en derechos. Hay que trabajar, remangarse, empujar, no dejar de empujar hacia la plena igualdad entre mujeres y hombres, porque la amenaza de involución es real, lamentablemente. Las mujeres lo sabemos y el instituto trabaja para que los avances estén asegurados, y lo hará, señorías, en el ámbito de sus competencias y de la mano de todos los organismos autonómicos de igualdad: del Institut Català de les Dones, ICD; del Institut Valencià de les Dones; del Emakunde, Instituto vasco de la mujer; del IAM andaluz; del Instituto de la Mujer de Castilla‑La Mancha y de todos los demás organismos, porque este es un país de autonomías, un país descentralizado. (Aplausos).

Dolors Renau fue una psicóloga catalana, feminista referente, diputada del Partit dels Socialistes de Catalunya y presidenta de la Internacional Socialista de Mujeres. En su blog escribió hace ya algún tiempo algo que resulta plenamente vigente:

Les dones rondinem, protestem, som massa obedients o massa poc. Però entretant ens ocupem de la vida, de que no falti res, del dia a dia, de la cura. I és més difícil que decreten la fi del món i el desastre general. I mentre es declara gairebé la fi del món, s’intenta acabar amb l’esperança. I aquesta és justament el motor que belluga tot el canvi. Casual, oi? Doncs em declaro esperançada i, si hi ha un pessimisme il·lustrat o no, tenim dret a tenir un optimisme il·lustrat o no. Ens cal per ajudar‑nos a viure.

Las mujeres protestamos, pero, entre tanto, nos ocupamos de la vida, de que no falte nada, del día a día, del cuidado, y es más difícil que paremos el desastre general y el fin del mundo. Al declarar el fin del mundo, se intenta acabar con la esperanza, y esta es justamente el motor que mueve todo el cambio. Casual, ¿no? Pues yo me declaro esperanzada. Y si hay un pesimismo, tenemos derecho a tener el optimismo ilustrado o no. Lo necesitamos para ayudarnos a vivir.

Eso es precisamente, ayudarnos a vivir en plena igualdad, lo que hace y seguirá haciendo el Instituto de las Mujeres más fortalecido. Por eso, les pido el voto a favor para la toma en consideración de esta proposición de ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, señora presidenta. Cuando tuve la oportunidad de leer esta proposición de ley, me vinieron a la cabeza varias preguntas; entre otras, cómo va a mejorar esta reforma la vida de una camarera de piso o la vida de una madre que se tiene que hacer cargo en solitario de sus niños y de sus niñas o cómo va a afectar esto a la vida de una mujer que tiene a su cargo a un padre dependiente y que, además, debe intentar no perder su puesto de trabajo. Lo cierto es que muchas veces en esta Cámara hablamos de igualdad en términos jurídicos, en términos administrativos e incluso en términos institucionales, pero la igualdad, fuera de aquí, fuera de nuestra burbuja, se mide de otra forma: se mide, por ejemplo, sabiendo si se puede o no llegar a final de mes; se mide sabiendo si se puede pedir o no una excedencia para hacerse cargo de un familiar que está enfermo o que requiere cuidados, o se mide, por ejemplo, siendo una pensionista y no teniendo que elegir entre poder llenar la nevera o encender el aire acondicionado en estos días de verano. Creo que es por eso por lo que conviene aterrizar el debate que estamos teniendo en el día de hoy. Nosotras, como no puede ser de otra manera, vamos a apoyar la tramitación de esta proposición de ley, porque creemos que las instituciones que trabajan y defienden los derechos de las mujeres tienen que ser unas instituciones fuertes y tienen que estar actualizadas. Y también sabemos perfectamente que hay quienes están cuestionando este tipo de organismos y les gustaría que no existieran organismos públicos dedicados a la igualdad, y, evidentemente, ante esta ofensiva reaccionaria, nosotras sabemos de qué lado vamos a estar. Pero también queremos decir algo, y es que nos resulta difícil escuchar determinados discursos triunfalistas respecto de la igualdad que vengan de este Gobierno, porque la realidad es que los avances que conseguimos en el ámbito de la igualdad y las políticas feministas que se desarrollaron en la pasada legislatura se están viendo apagadas en la actual, y no es una cuestión que solo señale Podemos, porque lo visibilizan también distintas entidades que cada día luchan por el feminismo en este país. Lo están diciendo las activistas y también muchas mujeres, que ya no ven que el feminismo esté en el centro de la agenda política. Durante la legislatura anterior España fue un referente internacional en el ámbito de la igualdad. Se aprobaron leyes que ampliaron derechos para las mujeres. Se abrió el debate público, que era tan necesario, aunque a veces pudieran resultar duro los ataques recibidos por quien dio la cara, que en este caso fue la ministra Irene Montero. Y lo cierto es que el feminismo estuvo más presente que nunca. Sin embargo, a nosotras hoy nos cuesta identificar cuál es el gran proyecto feminista del actual Gobierno. Nos cuesta saber dónde está a día de hoy el Ministerio de Igualdad. Y esta es una realidad que nos debería preocupar y que especialmente debería preocupar al Gobierno, porque, si los derechos de las mujeres no avanzan —‌y no lo van a hacer por inercia—, si no se empuja para que las mujeres sigamos conquistando derechos, lo que ocurrirá será todo lo contrario, es decir, que vamos a retroceder. Por tanto, claro que a nosotras nos parece bien reforzar el Instituto de las Mujeres, pero también creemos que no basta con eso. No solo es suficiente con estos organismos —‌que sí son muy necesarios—, sino que hay que mostrar liderazgo político y mayor ambición, poque ninguna institución por sí sola va a acabar con los problemas que tenemos las mujeres, ninguna institución por sí sola va a acabar con la discriminación, con la precariedad, con la brecha salarial, con que las mujeres sigamos cargando a nuestras espaldas con los cuidados de nuestras familias. Por tanto, hay que hacer algo más. Evidentemente, este es un paso más allá, pero no podemos quedarnos solo en ello. Hay que hacer políticas con valentía, así que, nuestro voto será favorable, si bien esperamos algo más. Gracias. (Aplausos).

Arratsalde on guztioi. Quiero comenzar mi intervención situando con claridad la posición del Partido Nacionalista Vasco. Y el compromiso del Partido Nacionalista Vasco con las políticas públicas de igualdad entre mujeres y hombres, con la erradicación de la violencia machista y el acompañamiento institucional a las mujeres víctimas de violencia machista es una línea política que no admite matices ni condicionantes. No es una posición táctica, es una convicción que atraviesa décadas de trabajo del Partido Nacionalista Vasco en Euskadi, en las instituciones vascas y también en esta Cámara. Por eso, cuando analizamos esta proposición de ley, lo hacemos desde un análisis constructivo, en defensa de las políticas públicas de igualdad y desde la experiencia de unas instituciones, las vascas, con el Gobierno, las diputaciones, ayuntamientos, asociaciones de mujeres y el movimiento feminista, que han construido un modelo propio que está dando resultados en Euskadi, y también desde un análisis crítico, porque entendemos que una trasposición mal hecha de las directivas europeas no mejora las políticas de igualdad ni la erradicación de la violencia contra las mujeres; además, supone una erosión competencial, crea confusión, duplicidades y, en último término, debilita la efectividad de sistemas ya consolidados. Antes de entrar al fondo de la cuestión, voy a hacer una valoración previa sobre la iniciativa. El plazo de trasposición de las directivas alegadas es el 19 de junio de 2026, y, por tanto, estamos debatiendo una toma en consideración a tres días de este vencimiento, con lo que el Estado va a incumplirlo, con toda certeza, lo cual nos lleva a una valoración no menor, y es por qué estamos debatiendo una proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, y no un proyecto de ley del Gobierno; dónde está la acción del Ministerio de Igualdad, dónde está el diálogo con el resto de grupos políticos, dónde está el proyecto de ley que el Ejecutivo tenía obligación de preparar con antelación suficiente para cumplir el plazo europeo, dónde están las consultas propias al movimiento feminista y con los Gobiernos autonómicos, en los que residen las competencias de igualdad. Las directivas de la Unión Europea tienen una estructura compartida y un contenido sustancialmente idéntico. Sus exigencias son razonables: independencia, recursos suficientes garantizados por ley, asistencia integral a las víctimas, capacidad de investigación, emisión de dictámenes y derecho a litigar activamente en defensa de los derechos de las mujeres. Pero hay artículos de la directiva que la proposición no desarrolla, como el considerando 16 de la Directiva 2024/1500, que establece que los Estados miembros pueden repartir las competencias entre varios organismos de igualdad. El segundo y más importante es el artículo 14, que obliga a los Estados a garantizar que los organismos de igualdad dispongan de mecanismos adecuados para cooperar con otros organismos de igualdad del mismo Estado miembro a escala nacional, regional y local. Y esa referencia no es decorativa, es la forma en que las directivas reconocen que en los Estados descentralizados, federales o autonómicos, los organismos subestatales, en terminología europea, forman parte del sistema de garantía de la igualdad y deben ser formalmente reconocidos e integrados en la trasposición, pero la proposición de ley no lo hace. La proposición de ley también omite la prohibición expresa de las directivas de reducir el nivel de protección ya garantizado en los Estados miembros. En Euskadi ese nivel de protección es superior al que hoy garantiza la Ley 16/1983, incluso con esta modificación. El Grupo Parlamentario Vasco defiende el modelo institucional vasco no porque sea más eficiente —‌y también lo es—, sino porque el autogobierno es parte constitutiva de nuestro proyecto político. El Partido Nacionalista Vasco no condiciona la defensa de las competencias autonómicas a que los resultados sean mejores que los del Estado: las defenderíamos aunque los resultados fueran equivalentes, porque para nosotras nuestro autogobierno, nuestro pueblo no son un instrumento de gestión, sino una expresión de identidad política. Emakunde responde al ejercicio de la competencia exclusiva que el Estatuto de Gernika atribuye a la comunidad autónoma en materia de igualdad y la Ley 4/2005, para la Igualdad de Mujeres y Hombres de Euskadi, concreta ese mandato en un sistema institucional de tres niveles: Emakunde, diputaciones forales y ayuntamientos. Es el modelo de cooperación multinivel que las directivas europeas exigen y que la proposición de ley no articula. Emakunde ya ejerce hoy en Euskadi las funciones que las directivas exigen a los organismos de igualdad, y todo ello financiado con fondos propios, derivados del concierto económico, sin depender de transferencias estatales condicionadas.

Y, en relación con la proposición, nuestro equipo quiere señalar cuatro aspectos que pueden producir lo que denominamos erosión silenciosa del autogobierno, un desplazamiento gradual de las competencias autonómicas no por confrontación directa, sino por acumulación de actuaciones estatales en espacios que el marco constitucional y el estatutario reservan a Euskadi. El primero hace referencia a la asistencia integral a las víctimas de discriminación, que en Euskadi la ley atribuye expresamente a Emakunde. No hay vacío competencial que llenar; si el instituto actúa en este espacio sin coordinación previa, hay desplazamiento. El segundo se refiere al informe de proyectos normativos, dado que la proposición atribuye al instituto la emisión de informes sobre cualquier legislación con impacto de género, sin excepción territorial, y en Euskadi es competencia de Emakunde. El tercero es el referido al litigio activo por intereses difusos, ya que, antes de esta proposición el Instituto de las Mujeres no tenía esta capacidad, era un organismo de fomento y promoción, no un litigante activo. Sin embargo, la proposición le otorga esa capacidad, sin límite territorial y sin mecanismo de coordinación con Emakunde, lo que significa que el instituto puede iniciar acciones judiciales en Euskadi contra empresas vascas, contra convenios colectivos bajo jurisdicción vasca, incluso contra actos administrativos de la Administración autonómica vasca en materias respecto de las que la competencia ejecutiva corresponde a Euskadi, sin que Emakunde haya sido consultada ni tenga posibilidad de intervenir previamente. Y, por último, la supervisión de sesgo de género en inteligencia artificial. El Instituto queda designado para supervisar los algoritmos utilizados por las Administraciones públicas y el sector privado. Pero supervisar el uso de la inteligencia artificial en las instituciones vascas en materia de competencia exclusiva vasca exige que sean las Administraciones de Euskadi las que desarrollen esta supervisión. En todos estos casos el problema no es que el instituto actúe, es que la proposición no establece cómo se articula esta actuación con las Administraciones competentes autonómicas, y esta omisión es precisamente lo que las directivas exigen, es decir, que haya mecanismos de cooperación.

En definitiva, si esta proposición avanzara en su tramitación parlamentaria, el Grupo Parlamentario Vasco presentaría las enmiendas necesarias para incorporar lo que la proposición omite: el reconocimiento formal de Emakunde y del resto de institutos como organismos que dirigen las políticas de igualdad; la articulación de mecanismos de cooperación, conforme al artículo 14 de esas mismas directivas, y la delimitación precisa de las funciones, que en Euskadi corresponden a sus instituciones bajo la coordinación de Emakunde, y no al Instituto de las Mujeres. No pedimos nada que las directivas no digan; pedimos que la transposición sea completa y fiel al texto europeo.

Mil esker.

Eskerrik asko. Arratsalde on guztioi. Hoy debatimos una reforma que pretende actualizar la Ley 16/1983, de Creación del Organismo Autónomo Instituto de la Mujer, y quiero empezar reconociendo algo evidente, y es que las desigualdades de género no solo persisten, sino que se transforman y se agravan en ámbitos nuevos, desde la precariedad laboral hasta los sesgos algorítmicos. Sin duda, es necesario actualizar las políticas de igualdad, pero eso no significa aceptar una reforma que profundiza en un modelo institucional que lleva años mostrando límites muy claros. Señorías, el feminismo social ―el que se organiza en los pueblos, en los colectivos de base, en los centros de estudio― lleva años señalando una realidad incómoda, y es que las instituciones hablan en nombre de las mujeres pero no escuchan a las mujeres; a las mujeres jóvenes, que encadenan trabajos precarios; a las mujeres migrantes, que sostienen los cuidados; a las mujeres rurales, que siguen invisibilizadas; a las mujeres que no ven cambios reales más allá de campañas institucionales llenas de eslóganes. Este feminismo social denuncia que demasiadas veces las instituciones practican el pinkwashing: mucho color violeta, mucha foto, mucha campaña, pero poca transformación real. Y, señorías, esta reforma corre el riesgo de reforzar esas dinámicas, porque amplía la estructura del instituto, pero no la legitimidad social; no incorpora mecanismos de participación real del movimiento feminista y no abre espacios para que las organizaciones de base puedan influir en las políticas públicas. Señorías, sin feminismo social, el feminismo institucional se convierte en un ejercicio de autoafirmación burocrática.

Eta argi utzi nahi dut arazoa ez dela estatuko institutua bakarrik, arazoa da feminismo instituzionalaren eredua, maila guztietan emakumeen izenean hitz egiten duten egiturak eraikitzen joan dena, baina ez beti haien errealitatearekin lotuta daudenak. Genero Berdintasunerako Nafarroako Institutua edo Emakunde gure tokiko arazoei aurre egiteko daude, hurbiltasunagatik, beren komunitateetako emakumeen errealitatearekin harreman zuzenagoa izan dezaketen erakundeak, baina horrek ez ditu arazoak salbuesten.

Y quiero dejar claro que el problema no es solo el instituto estatal, sino también el modelo de feminismo institucional en todos sus niveles, que ha ido construyendo estructuras que hablan en nombre de la mujer, aunque no siempre estén ligadas a su realidad. El Instituto Navarro para la Igualdad y Emakunde buscan enfrentarse a nuestros problemas a nivel local, y, por su cercanía, son instituciones que pueden mantener una relación más directa con la realidad de las mujeres de sus comunidades. No obstante, esto no las exime de problemas.

Siguen siendo feminismo institucional, con sus propias inercias, sus propias limitaciones y en muchos casos la misma distancia respecto al feminismo social que critico en este modelo. Y, como he dicho, quiero ser clara: el problema no es solo el instituto estatal, el problema es un modelo de feminismo institucional que en todos los niveles ha ido construyendo estructuras que hablan en nombre de las mujeres pero que no siempre están conectadas con la vida real. La proximidad no siempre garantiza la escucha. La descentralización no siempre garantiza la participación.

Por eso, señorías, no se trata de elegir entre un feminismo institucional, estatal o autonómico. Se trata de cuestionar un modelo que, en su conjunto, corre el riesgo de alejarse del feminismo vivo, del feminismo que sostiene la lucha feminista cotidiana. La reforma que debatimos hoy amplía las competencias del Instituto de las Mujeres en ámbitos tan complejos como la supervisión de algoritmos o la intervención procesal, pero no explica cómo se hará, con qué recursos, con qué metodología, con qué garantías.

Jaun‑andreok, algoritmoen alborapenaren aurka borrokatzeak espezializazio teknikoa, erakunde espezializatuekin koordinatzea eta esparru argi bat eskatzen ditu. Lege batean aipatzea besterik ez da nahikoa, eta institutuari prozesu judizialetan esku hartzeko aukera emateak, aktore tekniko bat gehiago izanez, prozedura politiko eragile bihur dezake, beste organo batzuek dagoeneko betetzen dituzten funtzioak bikoiztuz. Eskumen gehiagok ez du berdintasun gehiago esan nahi. Egitura gehiagok ez du eraginkortasun handiagoa esan nahi.

Señorías, la lucha contra los sesgos algorítmicos exige especialización técnica, coordinación con instituciones especializadas y un marco claro. Una mención legal no basta, y dotar al instituto de la facultad de intervención en procesos judiciales lo puede convertir en un actor técnico en procedimientos políticos por una duplicidad de funciones que ya cumplen otros organismos. Más competencias no significa más igualdad, y más estructuras no significa mayor eficiencia.

Si queremos políticas de igualdad que funcionen, deben ser cercanas a la vida real de la gente. Las mujeres no necesitamos un instituto más grande; necesitamos empleo digno, corresponsabilidad real, vivienda accesible, protección efectiva frente a la violencia, igualdad en el ámbito rural, conciliación que no recaiga solo en nosotras. Desde un planteamiento soberanista, quiero decirlo con claridad: las políticas de igualdad deben construirse desde la proximidad, desde el autogobierno, desde la realidad concreta en cada territorio, pero eso no significa reproducir estructuras que repiten los mismos errores a escala más pequeña; significa repensar el modelo, no ampliarlo.

Por todo ello, mostramos nuestra posición crítica. Sí a actualizar la ley, sí a combatir las nuevas formas de discriminación, sí a reforzar las políticas de igualdad, pero no a hacerlo reforzando un feminismo institucional que no se revisa, no a hacerlo sin escuchar al feminismo que está a pie de calle en la lucha cotidiana, no a ampliar estructuras que pueden alejarse aún más de la ciudadanía, no a un modelo que confunde presencia institucional con transformación real. La igualdad no es un logo, no es una campaña, no es un eslogan; la igualdad es un compromiso político profundo que se construye desde abajo, desde los territorios, desde las mujeres que sostienen la vida.

Hori da defendatzen dugun feminismoa, eta hori da behar dugun feminismoa. Mila esker.

Ese es el feminismo que defendemos y ese es el feminismo que necesitamos. Mil esker. (Aplausos).

Gràcies, presidenta, senyories. La proposició de llei que ens ocupa considerem que té una certa trampa, perquè sota l’aparença d’una necessària adaptació de l’ordenament estatal a les directives europees en matèria d’igualtat, hi veiem amagada una ampliació de les competències, del poder i de la capacitat d’intervenció d’un organisme estatal, l’Institut de las Mujeres, que en un estat descentralitzat no ens sembla de rebut. Per Junts per Catalunya, la igualtat efectiva entre dones i homes és un principi irrenunciable. Forma part dels valors democràtics que defensem i que tot el catalanisme polític ha impulsat des de les institucions catalanes i també des d’aquesta tribuna. Ho ha fet amb perseverança i amb molta valentia la nostra companya Pilar Calvo, que avui no pot ser aquí. Però Catalunya disposa d’un marc normatiu propi, d’institucions pròpies i d’una trajectòria pròpia en matèria de polítiques d’igualtat. Ho demostren l’existència de l’Institut Català de les Dones, de les lleis catalanes d’igualtat, dels plans de promoció de la igualtat d’oportunitats i d’iniciatives desenvolupades pels governs locals en aquesta matèria. Per tant, volem deixar molt clar que no ens interpel·la la seva retòrica, la retòrica d’aquesta iniciativa sobre l’avenç en la lluita contra la discriminació. Això nosaltres ho portem de sèrie. La qüestió és: com es fa aquesta lluita? Qui la fa? Quin és el model institucional? I si es respecta la pluralitat territorial i competencial que hi ha a l’Estat? Doncs bé, per molt que vostès ho vulguin vendre així, senyories del PSOE, les directives europees que pretenen transposar, sí, és veritat que estableixen l’obligació que els estats membres disposin d’organismes d’igualtat efectius, independents i dotats de recursos suficients, però enlloc diu que hi hagi d’haver una concentració de competències en una institució estatal, que és el que, en definitiva, la seva proposta planteja. No considerem de rebut, més aviat considerem que és un risc, per altre costat, que es converteixi l’Instituto de las Mujeres en l’organisme de referència també en àmbits emergents, com la supervisió de sistemes d’intel·ligència artificial i que s’atribueixi a aquest organisme funcions de vigilància dels algoritmes i dels sistemes d’alt risc per detectar possibles biaixos de gènere. La intel·ligència artificial ha de respectar els drets fonamentals i evitar qualsevol forma de discriminació, però això no justifica crear una mena de «nova burocràcia» amb capacitat d’intervenció des d’interpretacions ideològiques que, com a mínim, com a mínim, són molt subjectives. La innovació tecnològica necessita seguretat jurídica, criteris objectius i reguladors independents. El que no necessita segur és organismes que actuïn com a guardians d’una determinada concepció política, cultural i ideològica de la realitat. També ens preocupa especialment que conceptes jurídicament indeterminats acabin convertint‑se en instruments d’intervenció discrecional. Pensem que, quan la supervisió pública es fonamenta més en categories ideològiques que no pas en criteris tècnics verificables, el risc d’arbitrarietat augmenta de forma considerable.

També ens genera seriosos dubtes l’ampliació de la legitimació activa de l’Instituto de las Mujeres per intervenir davant dels tribunals en defensa d’interessos no sempre concrets i específics, sinó moltes vegades difusos i col·lectius. Permetre que aquest organisme actuï judicialment sense necessitat d’una autorització individual i concreta de les persones presumptament afectades quan es consideri que existeix un interès col·lectiu, no trobem que sigui una fórmula adequada. La protecció dels drets és imprescindible, però també ho és preservar els equilibris institucionals i evitar processos de judicialització excessiva de debats polítics, socials o culturals. No volem una policia de la moral i aquesta és l’aroma que, volent‑ho o no, desprèn la seva proposta.

Quan una administració pública adquireix una capacitat d’intervenció com la que vostès proposen, acaba —i‌ ho sabem, en som conscients, ho hem vist i ho hem viscut— acaba convertint‑se en un actor polític més que, a més a més a més, disposa de recursos públics i d’una enorme capacitat d’influir sobre la configuració del debat públic amb l’excusa de la defensa dels interessos públics legítims.

Torno a la qüestió competencial. Catalunya disposa de competències pròpies en àmbits directament vinculats a les polítiques d’igualtat com l’educació, l’ocupació, els serveis socials, la promoció de les dones o els mitjans de comunicació públics. Es nota la poca predisposició a respectar aquestes competències en la seva proposta, perquè la seva proposta no incorpora d’entrada cap clàusula que hi faci referència, a les competències de Catalunya, ni preveu tampoc, ni en general a les competències de cap comunitat autònoma, ni es preveu tampoc cap mecanisme per garantir un equilibri entre els organismes estatals i els organismes territorials. El que veiem és el de sempre: davant qualsevol nou repte, la resposta del Govern espanyol consisteix a concentrar més competències, més recursos i més poder, no diria on? A Madrid. I nosaltres, per si no havia quedat clar, defensem exactament el contrari. Defensem que és Catalunya i no Madrid qui ha de fer efectiva la política d’igualtat. Considerem que la igualtat es construeix des de la proximitat, des del coneixement de la realitat social i des de la capacitat d’adaptar les polítiques públiques a aquesta realitat social. L’experiència ens demostra, a més, que concentrar massa poder en un organisme estatal d’aquest tipus és sinònim de politització. I potser és això el que busquen, polaritzar i impulsar un debat orientat des del Govern, és a dir, contribuir a allò que ara s’anomenen les guerres culturals.

Doncs bé, els he de dir que no comptin amb nosaltres per acompanyar‑los de comparses en aquestes guerres culturals i que són unes guerres que també es fan a base de convocatòries i línies de subvenció impulsades des del Ministeri d’Igualtat i que generen la percepció que l’accés als recursos públics està condicionat a una determinada ideologia. Les polítiques públiques han de servir a tota la ciutadania, no per obrir debats i confrontació i tampoc no només aquells col·lectius que comparteixen la visió del govern de torn. Des de Junts per Catalunya creiem que hi havia una alternativa millor a la que vostès presenten: una transposició del Govern i no d’un grup parlamentari, una transposició estricta i ajustada a les exigències europees, un reconeixement explícit del paper dels organismes autonòmics d’igualtat, una delimitació més precisa de les funcions de supervisió en matèria d’intel·ligència artificial, una limitació de la capacitat litigiosa en aquells supòsits que afecten interessos difusos i, sobretot, una garantia efectiva de respecte a les competències de Catalunya i de la resta de comunitats autònomes. No compartim l’orientació centralitzadora d’aquesta norma ni l’expansió competencial que impulsa.

Per acabar, tampoc volem convertir la necessària adaptació de les directives europees en una confrontació ideològica. Igualtat sí, defensa dels drets de les dones també, però amb més centralisme, més concentració de poder i més tutela sobre les competències de Catalunya, definitivament no.

Moltes gràcies.

Gracias, presidenta. Señorías, consideramos que la proposición de ley que nos ocupa tiene una cierta trampa, porque, tras la apariencia de una determinada adaptación del ordenamiento jurídico a las directivas europeas en materia de igualdad, vemos que se esconde una ampliación de las competencias del poder y de la capacidad de intervención de un organismo estatal, el Instituto de las Mujeres, que en un Estado descentralizado no nos parece de recibo. Para Junts per Cataluña la igualdad efectiva entre hombres y mujeres es un principio irrenunciable: forma parte de los valores democráticos que defendemos y que todo el catalanismo político ha impulsado desde las instituciones catalanas, y también desde esta tribuna lo ha hecho con perseverancia y mucha valentía nuestra compañera Pilar Calvo, que hoy no puede estar aquí.

Y Cataluña dispone de un marco normativo propio, de instituciones propias y de una trayectoria propia en materia de políticas de igualdad. Lo demuestra en la existencia del Institut Català de les Dones, el Instituto Catalán de las Mujeres, las leyes catalanas de igualdad, los planes de promoción de la igualdad de oportunidades y de las iniciativas desarrolladas por Gobiernos locales en esta materia. Por tanto, queremos dejar muy claro que no nos interpela la retórica de esta iniciativa sobre el avance en la lucha contra la discriminación: nosotros eso lo llevamos de serie. La cuestión es cómo se hace esta lucha, quién la hace, cuál es el modelo institucional y si se respeta la pluralidad territorial y competencial que hay en el Estado.

Pues bien, por mucho que ustedes lo quieran vender así, señorías del Grupo Socialista, las directivas europeas que se pretenden transponer es verdad que establecen la obligación de que los Estados miembros dispongan de organismos de igualdad efectivos, independientes y dotados de recursos suficientes, pero en ningún caso dicen que tenga que haber una concentración de competencias en una institución estatal, que, en definitiva, es lo que plantea su propuesta. No lo consideramos de recibo, y, por otra parte, más bien consideramos un riesgo que el Instituto de las Mujeres se convierta en el organismo de referencia también en ámbitos emergentes, como es la supervisión de sistemas de inteligencia artificial, y atribuir a este organismo funciones de vigilancia de los algoritmos y de los sistemas de alto riesgo para detectar posibles sesgos de género.

La inteligencia artificial debe respetar los derechos fundamentales y evitar cualquier forma de discriminación, pero eso no justifica crear un tipo de nueva burocracia con capacidad de intervención desde interpretaciones ideológicas, que, como mínimo, son muy subjetivas. La innovación tecnológica necesita seguridad jurídica, criterios objetivos y reguladores independientes. Lo que no necesita, sin duda, son organismos que actúen como guardianes de una determinada concepción política, cultural o ideológica de la realidad.

También nos preocupa especialmente que conceptos jurídicamente indeterminados acaben convirtiéndose en instrumentos de intervención discrecional. Creemos que, cuando la supervisión pública se fundamenta más en categorías ideológicas que en criterios técnicos verificables, el riesgo de arbitrariedad aumenta de forma considerable.

Y también nos genera grandes dudas la ampliación de la legitimación activa del Instituto de las Mujeres para intervenir ante los tribunales en defensa de intereses, que no siempre son concretos y específicos, sino que muchas veces son difusos o colectivos. Permitir que este organismo actúe judicialmente sin necesidad de una autorización individual y concreta de las personas presuntamente afectadas cuando se considere que existe un interés colectivo es algo que no nos parece que sea una forma adecuada. La protección de los derechos es imprescindible, pero también lo es conservar o preservar los equilibrios institucionales y evitar procesos de judicialización excesiva de los debates políticos, sociales o culturales. No queremos una policía de la moral, y este es el aroma que vemos que desprende su propuesta.

Cuando una Administración pública adquiere una capacidad de intervención como la que ustedes proponen―lo sabemos, lo hemos vivido y somos conscientes de ello―, acaba convirtiéndose en un actor político más, que, por otra parte, dispone de recursos públicos y de una enorme capacidad de influir sobre la configuración del debate público, con la excusa de la defensa de los intereses públicos legítimos.

Y vuelvo a la cuestión de las competencias. Cataluña dispone de competencias propias en hábitos directamente vinculados a las políticas de igualdad, como la educación, el empleo, los servicios sociales, la promoción de las mujeres o los medios de comunicación públicos. Se nota la poca predisposición a respetar estas competencias en su propuesta, porque, de entrada, no incorpora ninguna cláusula que haga referencia a dichas competencias de Cataluña ni tampoco prevé —y‌, en general, tampoco respecto a las competencias de ninguna comunidad autónoma— ningún mecanismo para garantizar un equilibrio entre los organismos estatales y los organismos territoriales. Lo que vemos es lo de siempre, y es que, ante cualquier nuevo desafío, la respuesta del Gobierno español consiste en concentrar más competencias, más recursos y más poder en Madrid, como diría alguien. Y nosotros, por si no había quedado claro, defendemos exactamente lo contrario. Defendemos que es Cataluña, y no Madrid, la que debe hacer efectiva la política de igualdad. Consideramos que la igualdad se construye desde la proximidad, desde el conocimiento de la realidad social y la capacidad de adaptar las políticas públicas a dicha realidad social. Además, la experiencia nos demuestra que, cuando se concentra demasiado poder en un único organismo estatal, eso es sinónimo de politización, y quizás es lo que buscan, polarizar e impulsar un debate orientado desde el Gobierno, es decir, contribuir a aquello que ahora se llaman las guerras culturales.

Pues bien, debo decirles que no cuenten con nosotros para acompañarlos en estas guerras culturales, que también se libran sobre la base de convocatorias y subvenciones impulsadas por el Ministerio de Igualdad, que generan la percepción de que el acceso a los recursos públicos está condicionado a una determinada ideología. Las políticas públicas deben servir para toda la ciudadanía, y no para abrir debates y confrontación, como tampoco para aquellos colectivos que compartan la visión del Gobierno de turno. Junts per Catalunya cree que hay una alternativa mejor a la que ustedes presentan, una transposición del Gobierno, y no de un grupo parlamentario; una transposición estricta y ajustada a las exigencias europeas, un reconocimiento explícito del papel de los organismos autonómicos de igualdad, una delimitación más precisa de las funciones de supervisión en materia de inteligencia artificial, una limitación de la capacidad de litigios en aquellos supuestos que afecten a intereses difusos y, sobre todo, una garantía efectiva de respeto a las competencias de Cataluña y del resto de las comunidades autónomas. No compartimos la orientación centralizadora de esta norma ni la expansión competencial que impulsa.

Y, para acabar, tampoco queremos convertir la necesaria adaptación a las directivas europeas en una confrontación ideológica. Igualdad, sí, y defensa de los derechos de las mujeres, también. Pero más centralismo, más concentración de poder y más tutela sobre las competencias de Cataluña, definitivamente, no.

Muchas gracias.

Bona tarda. Gràcies. La proposició de llei que ens presenta avui el Partit Socialista, que pretén reforçar el Instituto de la Mujer i adaptar‑lo a les noves regulacions i normes europees, nosaltres considerem que és força tècnica i no m’entretindré massa en la literalitat del text en sí. Des d’Esquerra Republicana, compartim l’objectiu de continuar avançant en la defensa dels drets de les dones i en la necessitat de disposar de totes les eines per combatre les discriminacions, desigualtats i violències masclistes. I, evidentment, per fer això, totes les institucions, totes les institucions, han d’estar al màxim de preparades per afrontar aquestes situacions. Però crec que més enllà del text en si, aquest debat ens hauria de fer reflexionar més profundament sobre com el sistema està responent als casos reals de dones assetjades, discriminades i atacades, de com el context global actual està patint un retrocés brutal en tot allò que donàvem per aconseguit i de com d’important és defensar els nostres drets, perquè en molt poc poden deixar de ser‑ho. La setmana passada vaig tenir l’oportunitat de visitar l’OCDE, on ens van explicar que actualment s’està donant una situació insòlita, que és que els Estats Units està pressionant perquè desapareguin les referències a la igualtat de gènere i els drets sexuals i reproductius dels documents, dels programes i dels espais de treball internacionals. Un intent d’esborrar una realitat tossuda que mata cada dia, des dels organismes internacionals que teòricament treballen amb dades i de forma objectiva i no partidista. Que desapareguin aquests conceptes no només ens porta a una batalla dialèctica, sinó que fa que fent desaparèixer les paraules també desapareguin les prioritats polítiques i els recursos econòmics. De fet, res nou. Fa mesos que veiem com els programes de cooperació internacional que durant anys han estat essencials per garantir els drets bàsics de milions de dones i nenes, de salut sexual i reproductiva, de la prevenció de matrimonis forçats, de la lluita contra la violència masclista o de la promoció de l’autonomia econòmica de les dones, estan patint una pressió brutal per aquesta desaparició dels recursos que aportava els Estats Units i d’altres països amb aquesta ideologia, que estan retirant tots els recursos dels programes, generant una pèrdua total d’oportunitats a milers i milions de dones i nenes al món.

Però no només tenim problemes a escala internacional. En els llocs del món on suposadament els sistemes de protecció contra les violències masclistes són més sòlids, no paren d’assassinar dones cada setmana. No cal anar massa lluny. Cada setmana en aquesta cambra dediquem minuts de silenci a dones que han mort a mans dels seus agressors.

Per tot això, és important reforçar les institucions de protecció i dotar‑les de recursos, però jo em faig una pregunta, amb tot això, estem més protegides o no estem més protegides? Perquè fa pocs dies a Figueres, a la meva comarca, hem tornat a viure una tragèdia que ens ha colpit de forma profunda. Parlo de l’assassinat de la Kimberli, una dona assassinada a plena llum del dia, enmig d’una plaça, davant de testimonis i després d’un llarg historial d’amenaces, agressions i avisos. Una dona que havia demanat ajuda, que havia denunciat, que havia confiat en el sistema i que, tot i així, va morir de forma brutal amb una sensació d’impunitat absoluta del seu assassí. El sistema va fallar. El sistema no va entendre els senyals que hi havia i va actuar sense empatia i sense responsabilitat. Hi va haver errors acumulats, decisions equivocades, alertes que no es van tenir en compte i les conseqüències que podien tenir. I el resultat és que la Kimberli va ser assassinada d’una manera brutal davant de la mirada de tothom.

Quan passen aquestes coses així, és impossible no recordar que les víctimes no necessiten només bones lleis. Les víctimes necessiten un sistema que funcioni, escolti i es prengui seriosament i les acompanyi amb recursos professionals, temps i coordinació. No necessiten haver de demostrar una vegada i una altra que tenen por, que estan en risc i que les amenaces són reals. Per això crec que aquest debat també ens ha de servir per recordar que no n’hi ha prou amb reforçar les estructures si després les dones continuen trobant obstacles quan demanen ajuda. No n’hi ha prou amb crear organismes si les víctimes continuen sent revictimitzades. No n’hi ha prou amb aprovar normes si els mecanismes de protecció fallen quan més se’ls necessita.

I fetes aquestes reflexions, vull deixar clar que, tot i compartir bona part dels objectius que planteja el text de la proposició de llei, Catalunya no parteix de zero en aquest tema. Fa anys que al nostre país es va fer un pas endavant importantíssim en matèria d’igualtat i feminismes, creant la primera conselleria de l’Estat en aquest àmbit. El govern d’Esquerra Republicana va situar la lluita contra la violència de gènere al centre de les seves polítiques i el Departament va desplegar polítiques pioneres en àmbits com la lluita contra les violències masclistes, la igualtat de tracte i no‑discriminació, els drets LGTBI+ o la incorporació de la perspectiva feminista al conjunt de les polítiques públiques, igual que som l’única administració que reconeix la violència institucional com a tal.

Per això, tot i que recolzarem la presa en consideració, mantindrem els ulls molt oberts a qualsevol temptació de convertir l’Institut estatal de les Dones en un organisme recentralitzador que pugui afectar les competències de la Generalitat, perquè considerem que les exercim amb responsabilitat. Per això, afrontem aquesta presa en consideració amb una actitud constructiva. Compartim l’objectiu de reforçar la defensa dels drets de les dones. Compartim la necessitat de continuar avançant, però també creiem que aquest debat ens ha de servir per recordar una cosa molt bàsica: el feminisme no es mesura pel nombre d’organismes que tenim, sinó per la capacitat real de protegir les dones, d’acompanyar les víctimes i de garantir que cap dona quedi sola quan demana ajuda. Els drets no existeixen perquè creem una estructura. Existeixen perquè, quan una dona demana ajuda, el sistema arriba a temps. És el nostre dret que el sistema ens protegeixi quan demanem ajuda. I avui, pensant en la Kimberli i en tantes altres dones, crec que tots hauríem d’exercir aquesta responsabilitat.

Moltes gràcies.

Gracias. Buenas tardes. La proposición de ley que nos presenta hoy el Grupo Socialista, que pretende reforzar el Instituto de la Mujer y adaptarlo a las nuevas regulaciones y normas europeas, consideramos que es demasiado técnica, y no me entretendré mucho en la literalidad del texto. Esquerra Republicana comparte el objetivo de continuar avanzando en la defensa de los derechos de las mujeres y tener todas las herramientas para combatir las discriminaciones, desigualdades y violencias machistas. Y, evidentemente, para eso todas las instituciones tienen que estar preparadas al máximo, para afrontar estas situaciones. Pero creo que, más allá de este texto, este debate debería hacernos reflexionar más profundamente sobre cómo el sistema está respondiendo ante los casos reales de mujeres acosadas, discriminadas y atacadas, acerca de cómo el contexto global actual está sufriendo un retroceso brutal en todo aquello que dábamos por conseguido y lo importante que es defender nuestros derechos, porque con muy poco pueden dejar de serlo. La semana pasada pude visitar la OCDE, donde nos explicaron que actualmente se está dando una situación insólita al saber que los Estados Unidos están presionando para que desaparezcan las referencias a la igualdad de género y los derechos sexuales y reproductivos de los documentos, programas y espacios de trabajo internacionales; un intento de borrar una realidad tozuda y que mata cada día desde los organismos internacionales, que teóricamente trabajan con datos y de forma objetiva, y no partidista. Que desaparezcan estos conceptos no solo nos lleva a una batalla dialéctica, sino que, además de desaparecer las palabras, también hace que desaparezcan las prioridades políticas y los recursos económicos. De hecho, nada nuevo; hace meses que vemos cómo los programas de cooperación internacional, que durante años han sido esenciales para garantizar los derechos básicos de millones de mujeres y niñas a la salud sexual y reproductiva, la prevención de matrimonios forzados, la lucha contra la violencia machista o la promoción de la autonomía económica de las mujeres, están sufriendo una represión brutal por esta desaparición de los recursos que aportaba Estados Unidos y también otros países a partir de esa ideología por la que están retirando todos los recursos de los programas, generando una pérdida total de oportunidades a miles y millones de mujeres del mundo. Pero no solo tenemos problemas a escala internacional. En los lugares del mundo donde, supuestamente, los sistemas de protección contra las violencias machistas son más sólidos no paran de asesinar a mujeres cada semana. No hay que ir muy lejos. Cada semana en esta Cámara dedicamos minutos de silencio a mujeres que han muerto a manos de sus agresores. Por todo eso es importante reforzar las instituciones de protección y dotarlas de recursos. Yo me planteo una pregunta. ¿Con todo eso estamos más protegidas o no? Me la planteo porque hace pocos días en Figueres, mi comarca, hemos vuelto a vivir una tragedia que nos ha golpeado de forma profunda. Hablo del asesinato de Kimberli, una mujer asesinada a plena luz del día y en medio de una plaza ante testigos y después de un largo historial de amenazas, agresiones y avisos. Esta mujer había pedido ayuda, había denunciado, había confiado en el sistema y, a pesar de todo, murió de forma brutal, con una sensación de impunidad absoluta por parte de su asesino. El sistema falló. El sistema no entendió las señales que había y actuó sin empatía y sin responsabilidad. Hubo errores acumulados, decisiones equivocadas, alertas que no se tuvieron en cuenta, tampoco las consecuencias. El resultado es que Kimberli fue asesinada de una manera brutal ante los ojos de todo el mundo. Cuando ocurren estas cosas es imposible no recordar que las víctimas no necesitan solo buenas leyes. Las víctimas necesitan un sistema que funcione, que las escuche, las acompañe y las tome en serio, con recursos y coordinación. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia). No necesitan tener que demostrar una y otra vez que tienen miedo, que están en riesgo y que las amenazas son reales. Por eso creo que este debate también nos tiene que servir para recordar algo. No basta con reforzar las estructuras si después las mujeres siguen encontrando obstáculos cuando piden ayuda. No basta con crear organismos si las víctimas siguen siendo revictimizadas. No basta con aprobar normas si los mecanismos de protección fallan cuando más se necesitan.

Hechas estas reflexiones, quiero dejar claro que, aunque compartamos buena parte de los objetivos de este texto de la proposición de ley, Cataluña no parte de cero en este tema. Hace años que nuestro país dio un paso adelante importantísimo en materia de igualdad y feminismos creando la primera consejería del Estado en este ámbito. El Gobierno de Esquerra Republicana situó la lucha contra la violencia de género en el centro de sus políticas y el departamento desplegó políticas pioneras en ámbitos como la lucha contra las violencias machistas, la igualdad de trato y no discriminación, los derechos LGTBI+ o la incorporación de la perspectiva feminista en el conjunto de las políticas públicas. Somos la única Administración que reconoce la violencia institucional como tal.

Por eso, aunque respaldaremos la toma en consideración, mantendremos los ojos muy abiertos ante cualquier tentación de convertir el Instituto de las Mujeres estatal en un organismo recentralizador que pueda afectar a las competencias de la Generalitat, porque consideramos que las ejercemos con responsabilidad. Por eso, afrontamos esta toma en consideración con una actitud constructiva. Compartimos el objetivo de reforzar la defensa de los derechos de las mujeres, de seguir avanzando en esa necesidad, pero creemos que este debate también nos tiene que servir para reafirmar algo muy básico: el feminismo no se mide por el número de organismos, sino por la efectividad real de proteger a las mujeres, de defender a las víctimas y que ninguna se quede sola. No basta con crear una estructura, sino que el sistema llegue a tiempo cuando la mujer pida ayuda. Nuestro derecho es que el sistema nos proteja cuando pedimos ayuda. Hoy, pensando en Kimberli y en muchas otras mujeres, creo que todos deberíamos ejercer esta responsabilidad.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, presidente. La toma en consideración de esta proposición de ley no es un mero trámite para adaptar el ordenamiento español a las nuevas obligaciones europeas, que también, sino para actualizar y modernizar un organismo imprescindible que contribuye a fortalecer la arquitectura institucional de la igualdad, un organismo que, por lo tanto, refuerza nuestra democracia. Este organismo es el Instituto de las Mujeres y debe impulsar, coordinar, evaluar y defender las políticas de igualdad entre mujeres y hombres y, sobre todo, debe tener las herramientas necesarias para hacerlo. Cal destacar que aquest enfortiment no va en detriment d’organismes ja existents, com l’Institut Català de la Dona, que fa dècades que treballen per eixamplar els drets de les dones, per ser referents en polítiques feministes, per ser pioneres en la lluita per la igualtat, sinó que cal aprofitar l’expertesa i experiència dels organismes ja existents en diferents parts de l’Estat per tal que aquesta lluita, que no entén de territoris, tingui un impacte positiu en la vida de totes les dones, que aquest és l’objectiu últim. No es tracta de competir pels recursos, sinó de col·laborar i ampliar‑los per poder fer efectiu aquesta igualtat que busquen.

Hay que destacar que este refuerzo no va en detrimento de organismos ya existentes como el Instituto Catalán de las Mujeres, que ya hace décadas que trabaja a favor de las mujeres para ser referente en políticas feministas y pionero en la lucha por la igualdad, sino que hay que aprovechar la experiencia de los organismos ya existentes en diferentes partes del Estado para que esta lucha, que no entiende de territorios, tenga un impacto positivo en la vida de todas las mujeres. Este es el objetivo útil. No se trata de competir por recursos, sino de colaborar y ampliarlos para poder hacer efectiva esta igualdad. (Aplausos).

Estas herramientas de las que se va a dotar el Instituto de las Mujeres son necesarias porque la brecha salarial sigue ahí. Las necesita porque las mujeres siguen soportando más parcialidad, más temporalidad, más paro, pensiones más bajas y más riesgo de pobreza, aunque las medidas impulsadas por este Gobierno, especialmente por el Ministerio de Trabajo, como la reforma laboral o la subida del salario mínimo interprofesional, han reducido estas desigualdades. Queda mucho camino por recorrer.

El instituto necesita más herramientas porque las discriminaciones no solo no han desaparecido, sino que se han sofisticado, y aquí entra uno de los elementos centrales de esta proposición de ley. El Instituto de las Mujeres debe trabajar para una inteligencia artificial ética y feminista, sí, aunque les pete la cabeza a las señorías de VOX. La inteligencia artificial se alimenta de enormes cantidades de datos, pero más datos no significa necesariamente mejores datos. La inteligencia artificial recibe el conocimiento humano con todos sus sesgos y con toda su falta de diversidad y de representatividad y los hereda, los multiplica y los disfraza de neutralidad. Para que nos entendamos, la inteligencia artificial es un señor blanco, heterosexual, de mediana edad, de clase media alta, un señor que nos proporciona información volcada por otros señores como él y que se entrena con más señores como ellos, pero al final tiene voz de mujer. Mucho mejor que te sirva una voz femenina. Estos sesgos refuerzan la discriminación de las mujeres en el empleo cuando un algoritmo de selección descarta currículums de mujeres porque históricamente ese puesto lo ocuparon hombres y aprende que lo idóneo es seguir contratando hombres. En la salud, cuando un sistema de diagnóstico entrenado mayoritariamente sobre cuerpos masculinos lee peor los síntomas de las mujeres y llega tarde, por ejemplo, a un infarto, que en nosotras se manifiesta de otra manera. En las finanzas, cuando un modelo de concesión de crédito penaliza las trayectorias laborales interrumpidas por la maternidad o los cuidados, que casi siempre asumimos nosotras. Estos sesgos también pueden propiciar que las mujeres sean víctimas de la violencia machista digital, de acoso, de contenidos misóginos amplificados por plataformas y tecnologías que muchas veces van más rápido que nuestras leyes. Así que, ante una inteligencia artificial que no incluye la perspectiva de género, los poderes públicos deben velar por que esta herramienta que está transformando el mundo lo haga de manera justa. Frente a la discriminación que se esconde en los algoritmos, más control público y más derechos.

Esta proposición de ley también dota de competencias reforzadas, funciones ampliadas y autonomía efectiva al instituto, al que se le reconoce la capacidad para instar acciones judiciales en defensa de los derechos relacionados con la igualdad de trato y la no discriminación cuando las personas afectadas sean una pluralidad indeterminada o de difícil determinación. Este elemento es especialmente relevante. La igualdad real exige instituciones fuertes, exige recursos, exige capacidad de intervención, exige que los organismos públicos puedan acompañar, asistir y, cuando sea necesario, litigar para defender nuestros derechos. Frente a quienes quieren que las mujeres peleen solas, más instituciones que acompañen.

Voy terminando, señorías. El movimiento feminista siempre ha estado en la vanguardia de la transformación social de este país. Los derechos de las mujeres, de los que hoy gozamos y que hemos consolidado, aunque algunos los cuestionen, han sido previamente batallados por centenares de miles de mujeres. El movimiento feminista ha empujado para que la igualdad dejara de ser una promesa y se convirtiera en política pública. Así que hoy avanzamos al reforzar un organismo que debe tener todas las herramientas para ser vanguardia, para acompañar y para defender los derechos de las mujeres.

Hay mucho trabajo por hacer y, por eso, desde el Grupo Plurinacional SUMAR pedimos a quienes dirigen el instituto que se tomen en serio esta reforma, que se la tomen como una oportunidad para reimpulsar un organismo que debería ser mucho más representativo y capaz de incorporar todos los feminismos, más útil a las mujeres de este país, especialmente en un contexto donde la lucha por la igualdad de género ha dejado de ser un consenso político y social debido a su dinamitación por la extrema derecha.

Finalizo como empecé. Reforzar el Instituto de las Mujeres es fortalecer la democracia. No votar a favor es no votar a favor de la democracia.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, señor presidente. Señorías, hoy debatimos una proposición de ley del Grupo Socialista que, una vez más, se nos presenta bajo la apariencia de una reforma técnica y administrativa, aunque en realidad lo que pretende es seguir reforzando el entramado ideológico construido durante décadas alrededor de las políticas de género. Hablan ustedes de la necesidad de adaptar la legislación española a la normativa europea, pero lo que pretenden, en realidad, es dar pasos en asegurar su control ideológico de género sobre la sociedad española. (Aplausos). Conviene que los españoles sepan de qué estamos hablando. No estamos ante una iniciativa destinada a mejorar la vida de las mujeres que tienen dificultades para llegar a fin de mes, que sufren problemas de conciliación, que no encuentran vivienda o que ven cómo la inseguridad crece en sus barrios. No. Estamos ante una reforma cuyo principal objetivo es ampliar su ya atosigante papel y la influencia del Instituto de las Mujeres dentro de la Administración, incluso en distintos procedimientos judiciales. En resumen, lo que ustedes pretenden con esta proposición de ley, señorías del Grupo Socialista, se puede sintetizar en tres objetivos. Primero, profundizar en el intervencionismo administrativo en torno a esos conceptos fantasma de los que ustedes tanto hablan, como son la brecha de género, los techos de cristal o ese rollo del heteropatriarcado. Segundo, censurar y controlar la inteligencia artificial, de la que por lo visto no se fían ni ustedes mismos, pero a la que pretenderán manipular para su propio beneficio. (Aplausos). Tercero, acaparar la protección de la mujer en asuntos judiciales que son de la exclusiva incumbencia de las personas concretas que luchan por sus derechos individuales, de nadie más. VOX no cree que las mujeres españolas seamos un colectivo víctima, como ustedes nos presentan, ni que estemos necesitadas de la tutela oficial de los poderes públicos. VOX defiende la igualdad real de todos los españoles ante la ley, una igualdad que no depende del sexo ni de la ideología o de la pertenencia a un determinado colectivo. Nosotros lo que defendemos es la igualdad que se reconoce en el artículo 14 de nuestra Constitución, que parece que ustedes quieren derogar por la vía de los hechos. A pesar de lo que quieran aparentar, señorías del Grupo Socialista, ustedes siguen insistiendo en una política que divide a los ciudadanos entre hombres y mujeres, que enfrenta a unos contra otras y que considera a las personas no por lo que hacen, sino por el grupo al que pertenecen, con el objetivo único de controlar y manipular a la población. (Aplausos). Llevamos años viendo cómo se multiplican observatorios, institutos, comisionados, planes estratégicos y campañas de propaganda y, sin embargo, los problemas reales de las mujeres siguen siendo los mismos, pero incrementados; la seguridad está entre ellos. Hace apenas unos días hemos conocido las estadísticas publicadas por el Ministerio del Interior referentes a delincuencia. En el primer trimestre de 2026, el índice de agresiones sexuales cometidas en mi provincia, Sevilla, se ha multiplicado por tres. Sigo con los datos publicados por el Ministerio del Interior. Si nos extendemos un poquito más en el tiempo, vemos (muestra los datos en un folio con el logo del Ministerio del Interior) cómo la criminalidad ha aumentado desde que Pedro Sánchez o P. S. llegó al poder. Concretamente, los delitos contra la libertad sexual se han incrementado un 85 % y las agresiones sexuales con penetración más del 286 %. (Aplausos). Esas son las cifras. No son bulos de VOX, sino cifras del Ministerio del Interior. Estas cifras habría que analizarlas, porque son los frutos que estamos cosechando tras sus políticas feministas y buenistas. La realidad es tozuda. Los datos casan bien con el hecho de que su absurda ley del solo sí es sí puso en la calle o rebajó las penas a más de 1200 condenados por delitos sexuales. Así que ¿a alguien le pueden extrañar estos resultados? Como es evidente y hemos dicho en muchas ocasiones, el descontrol de nuestras fronteras ha llenado nuestros barrios de personas procedentes de culturas en las que no se respeta a la mujer, en las que se ve a la mujer inferior al varón y en las que se trata a estas como un mero objeto sexual, sobre todo las que no profesamos determinada religión. Para VOX cada víctima importa, sea hombre o mujer, y merecen la misma protección y cada delito merece la misma condena, no en función de quién sea el agredido o el agresor. Por eso, rechazamos las políticas que sustituyen la igualdad jurídica por categorías ideológicas.

Señorías del Grupo Socialista, llevan años presentando cualquier discrepancia con sus ineficientes, ineficaces y contraproducentes políticas de género como si fueran un ataque a las mujeres, a las que dicen ustedes representar, pero ese monopolio que ustedes atribuyen no es así, porque defender la igualdad ante la ley no es atacar a las mujeres; defender la maternidad no es atacar a las mujeres; defender la familia no es atacar a las mujeres; exigir que los recursos públicos se destinen a resolver los problemas reales y no a alimentar estructuras ideológicas tampoco es atacar a las mujeres, muy al contrario. (Aplausos). Lo que perjudica a las mujeres es utilizar sus problemas como excusa para ampliar chiringuitos de género en los que enchufar a sus afines. Los minutos de silencio no bastan para detener la violencia ni tampoco sus puntos violetas.

La señora Guinart, ya que hablamos de puntos violetas, nos ha recordado aquí el nombre de la primera directora del Instituto de las Mujeres y yo voy a recordar a una directora más reciente, la señora Isabel García, que, hablando de casos de corrupción, fue cesada por su mismo Gobierno por irregularidades en contratos públicos. Así que ya sabemos que corrupción y socialismo van siempre de la mano. El hecho es que, aunque no hubiera corrupción, en nada beneficia a las mujeres el aumento del gasto público para seguir manteniendo estos chiringuitos inútiles a costa de los bolsillos de todos los españoles. Censura, intervencionismo, discriminación, corrupción, delirios ideológicos y, sobre todo, muchos sueldos públicos que pagan los españoles con los resultados que estamos viendo. Eso es en lo que se resume su política feminista y lo que pretenden afianzar con esta proposición de ley.

Señorías, las mujeres españolas no necesitamos más organismos, más burocracia ni más ingeniería social. Lo que necesitamos las mujeres españolas es seguridad, oportunidades, conciliación familiar y laboral y respeto a nuestra dignidad.

El Instituto de las Mujeres y esta proposición de ley del Grupo Socialista no abordan ninguno de estos problemas.

Voy terminando, señorías.

VOX sigue defendiendo la igualdad real ante la ley, la protección de todas las víctimas sin distinciones y una institución al servicio de los ciudadanos y no de una ideología, porque la igualdad se defiende aplicando la misma ley para todos, con justicia y sin complejos. Desde luego, VOX promoverá todas estas políticas en cuanto tenga ocasión, que va a ser más pronto que tarde.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Gracias, señor presidente. Señorías, hoy no debatimos aquí una memoria técnica o una reforma técnica, como se ha dicho, hoy decidimos quién vigila de verdad la igualdad entre mujeres y hombres. ¿Es un órgano independiente o uno sometido a las órdenes o al servicio del Gobierno de turno? La pregunta es inevitable. ¿Alguien puede sostener que el Instituto de las Mujeres, tal y como está configurado hoy, es ese garante independiente que exige el derecho de la Unión Europea? Esta es una cuestión a la que nadie se ha referido y que a mí me parece capital. Llamar independiente a una estructura jerárquicamente sometida a este Gobierno es una ficción. La igualdad no se defiende con organismos dóciles, sino con instituciones libres frente al Gobierno.

Me van a permitir que hable con claridad. Nos traen aquí, señorías del Grupo Socialista, una arquitectura institucional dependiente de un Gobierno, el de P. S., que se proclama feminista pero que arrastra el caso Koldo‑Ábalos con informaciones graves sobre abuso de mujeres prostituidas, que guarda silencio por las acusaciones de acoso sexual a trabajadoras de la propia Moncloa y que vive bajo la sombra del caso Leire Díez, investigada por presuntas maniobras para desacreditar, entre otros, a juezas independientes. (Aplausos). Resulta obsceno que quien protagoniza estos escándalos se presente como garante de los derechos de las mujeres. Si sumamos, además, que el Ministerio de Igualdad está cuestionado por el propio feminismo al contribuir al vaciado de las políticas de igualdad y al borrado de las mujeres, yo creo que comprenderán que nos formulemos diferentes preguntas.

Estamos ante una redefinición profunda del Instituto de las Mujeres y llama mucho la atención que, cuando se va a convertir este instituto en un organismo de igualdad, de acuerdo con lo que dicen las dos directivas, la 1499 y la 1500, del año 2024, además de en un organismo nacional de supervisión de la no discriminación por razón de sexo en el ámbito de la inteligencia artificial, al amparo del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, hayan acudido ustedes a una proposición de ley. Llama mucho la atención. Además, es una proposición de ley que se tramita deprisa ―se ha registrado el 29 de mayo y el plazo de transposición termina dentro de tres días, el 19 de junio―, cuya exposición de motivos es descaradamente ideológica y que no cuenta con las garantías de calidad normativa que se hubieran garantizado si se hubiera tramitado como proyecto de ley, porque tendríamos aquí los informes de los órganos consultivos y, además, las aportaciones del proceso participativo. Es incomprensible que hayan elegido ustedes esta vía.

Me van a permitir que ordene nuestras objeciones. La primera es esa ausencia de la independencia del instituto, a la que ya me he referido y que me parece un presupuesto esencial. Las dos directivas y el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial señalan expresamente que estas funciones se tienen que atribuir a organismos con verdadera autonomía funcional, sin interferencias externas, con estabilidad y recursos propios. Por tanto, surge esa gran duda. El instituto es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Igualdad y, por mucho que esta proposición nos hable programáticamente de imparcialidad, objetividad o integridad, no cambia la naturaleza jurídica del Instituto, no le blinda frente a injerencias o interferencias externas y no le otorga un estatuto de independencia real. Ya no se trata solo de impulsar aquí o de fomentar políticas de igualdad, sino que estamos hablando de supervisión, de atención a las víctimas de discriminación y, también, de legitimación para litigar de una forma muy amplia por intereses difusos y colectivos. Es decir, estamos hablando de un conjunto de garantías que exigen una distancia real y efectiva respecto al poder político, porque a lo mejor el peligro puede venir del poder político, precisamente. (Aplausos). Además, esa duda no nace del vacío: diversas voces feministas han criticado en los últimos años el sesgo ideológico de determinados posicionamientos y estudios del Instituto de las Mujeres. Si esta institución va a ser un ente central en la supervisión y en la tutela, lo primero que hay que hacer es garantizar de una forma exquisita esa neutralidad, esa profesionalidad y esa independencia, y esta proposición de ley no lo hace.

Señorías, no olvidemos, además, que detrás de una persona discriminada hay una vida real. Una mujer puede ser discriminada por el hecho de ser mujer, pero también por otro conjunto de circunstancias que se incluyen dentro de esa discriminación intersectorial. Cuando esto ocurre, esta víctima no piensa en reglamentos o competencias, sino dónde tiene que acudir y que la atiendan correctamente, con la diligencia debida. Si la perdemos entre organismos, derivaciones, competencias o ventanillas distintas, la estamos dejando sola, le estamos fallando otra vez.

Esto me lleva a la siguiente objeción, que es precisamente la incoherencia de sus señorías del Grupo Socialista. Ustedes elevaron la Ley 15/2022, la ley Zerolo, a un hito histórico, con una Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación como eje central. Hoy, sabemos que, más que un hito, fue un gran titular, porque su despliegue ha sido lentísimo ―años de retraso, un estatuto tardío, presupuestos aplazados o una estructura improvisada―. Ahora trasladan parte del protagonismo al Instituto de las Mujeres y vacían en la práctica esta ley Zerolo, y lo hacen precisamente esta semana, cuando empezamos las celebraciones del orgullo. Esta polémica no surge ahora, sino que ha surgido fuera del hemiciclo. Hay un sector del feminismo que se preocupó mucho cuando se aprobó el estatuto de la autoridad independiente ―la ministra viene encadenando polémicas constantes―, y fortalecer al Instituto de las Mujeres es una forma de aplacarlo, pero vacían de contenido y rectifican, de una manera encubierta, esta ley Zerolo.

La tercera crítica es precisamente que esta proposición convierte al instituto en un organismo nacional encargado de supervisar y hacer respetar la no discriminación por razón de sexo en los sistemas de IA de alto riesgo. Le encarga velar por la eliminación de los sesgos de género, cuando se le ha acusado por sectores del feminismo de sesgo ideológico, y por la transparencia y rendición de cuentas de los algoritmos públicos y privados. Me parece genial, a ver si por fin conocemos cuál es el código fuente del algoritmo de VioGén y por una vez superamos la falta de transparencia que hay al respecto, pero lo que están haciendo nuevamente es un solapamiento competencial, porque ya existe la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Si me permiten un símil futbolístico, ya tenemos un árbitro en este ámbito, no necesitamos en este partido un conjunto de linieres peleándose por el silbato.

Termino ya. Si de verdad quieren fortalecer el Instituto de las Mujeres, lo que tienen que hacer es trabajar para devolverle la autoridad, el prestigio y la influencia dañados por controversias y escándalos como el de los puntos violeta. Esta ley no es una buena ley, sino un intento apresurado de recomponer equilibrios. La seguridad jurídica exige una buena técnica legislativa, mayor claridad competencial, no duplicar organismos ―esto sale del erario público, del bolsillo de los ciudadanos, y es muy caro― y ordenar adecuadamente las funciones y competencias en esta materia. Fortalecer la igualdad es construir instituciones sólidas, independientes y respetadas, y esta proposición de ley, …

… tal y como está redactada no lo hace. Muchas gracias. (Aplausos).