Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para regular el procedimiento de designación de candidaturas a juez titular y jueces ad hoc del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y a jueces y abogados generales del Tribunal de Justicia y del Tribunal General de la Unión Europea, que corresponde proponer al Reino de España.

Gracias, señora presidenta. Señorías, dentro del plan de regeneración que abandera el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, el Grupo Popular presenta la presente proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Se añade un nuevo párrafo 3 bis al apartado 1 del artículo 560 con el objetivo de que sea el Consejo General del Poder Judicial quien seleccione a los candidatos nacionales para formar parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de otros órganos jurídicos internacionales, como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal General de la Unión Europea, el Consejo Consultivo de Jueces Europeos, el Consejo Consultivo de Fiscales Europeos, el Tribunal Penal Internacional o la Corte Internacional de Justicia. En esta iniciativa se plantea que en un plazo de tres meses el Consejo General del Poder Judicial deba aprobar un procedimiento para garantizar que las designaciones referidas se formalicen siguiendo los criterios de transparencia, publicidad, mérito y capacidad. El registro de esta reforma de la ley orgánica llega después de que el Gobierno esté incumpliendo las líneas maestras del Consejo de Europa para la selección de candidatos a juez, aprobadas en el propio pleno de la asamblea del pasado abril. Unas líneas que indican que el órgano encargado de recomendar candidatos debe tener una composición equilibrada. Mientras, en el caso español, debido al real decreto aprobado en 2020 por el Ejecutivo de Sánchez, este organismo concede el monopolio al Ejecutivo, con miembros elegidos directamente por la Moncloa y que forman parte del Gobierno de España, lo cual es un gran escándalo. Este procedimiento no respeta las líneas maestras del Consejo de Europa, sigue la dirección contraria de lo previsto y las modificaciones que están ya realizando el resto de países de la Unión Europea. Señorías, debemos ser coherentes con Europa y reforzar las garantías de independencia del Poder Judicial. (Aplausos). Este es el mandato del Consejo de Europa. ¿Qué objetivo tiene no hacerlo y que el Gobierno controle esta selección? Evidentemente, el objetivo es que el Poder Ejecutivo interfiera en la selección de jueces, siguiendo, sin duda, con esa obsesión de controlar la justicia que tiene el Gobierno de España. Ya hemos visto las prisas del Gobierno para llevar a cabo el nombramiento del nuevo juez español. Un nombramiento que ha incumplido ya los requisitos porque se ha determinado que el comité de selección lo conformarán cuatro miembros del propio Gobierno. Esta irregularidad ha provocado que se haya presentado ya ante el Tribunal Supremo un recurso para paralizar este proceso, denunciando la falta de garantías por parte de los candidatos. En particular, los recurrentes aluden a la decisión del propio Consejo de Europa cuando habla de la necesidad de ternas objetivas para el puesto del Tribunal Europeo. Todo este proceso coincide en el tiempo con el mandato del Consejo de Europa que, reitero, ha sido incumplido por el Gobierno de España.

Tanto el Consejo de Europa como la Unión Europea han ido incrementando los requisitos de transparencia, publicidad e independencia a la hora de designar candidatos nacionales para estos organismos jurisdiccionales, estableciendo unos estándares aplicables a todos los miembros de la Unión Europea que España se empeña en incumplir. Así pues, en el propio Comité de Ministros del Consejo de Europa, en su acuerdo IV.1, indica que el órgano encargado de recomendar candidatos debe tener una composición equilibrada y, evidentemente, debe otorgar el principio de respeto y confianza, lo cual no cumple este proceso iniciado por el ministro Bolaños. Con la propuesta del Gobierno español existe el riesgo de que tumben la terna, como ha pasado con otros países, lo cual va a suponer un daño reputacional tremendo para España. (Aplausos). Señorías, ya en octubre de 2025 el Grupo Popular registró una proposición de ley para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, defendiendo que los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos por los propios jueces. Eso es lo que proponemos en el Partido Popular y, sin duda, cuando lleguemos al Gobierno lo cumpliremos. (Aplausos).

La historia está llena de ejemplos de democracias que fracasaron porque consintieron que se degradasen las instituciones. En esta legislatura hemos visto cómo el Poder Ejecutivo ha intentado por todos los medios destruir la independencia del Poder Judicial. La Constitución de 1978 quiso un poder judicial independiente, y hasta que llegó el sanchismo a esta Cámara, hemos visto que se iba protegiendo al Poder Judicial. Hoy en día existe un déficit de esa idea de ayuda y de trabajo para evitar ese asalto al Poder Judicial. El órgano del Consejo General del Poder Judicial es atacado directamente por el Gobierno. No podemos olvidar cómo el ministro Bolaños ha presionado a la presidenta del Tribunal Supremo, doña Isabel Perelló, con un envío indigno de cartas con clara connotación machista, conteniendo reproches, advertencias e indicaciones sobre cómo debe actuar el Consejo General del Poder Judicial y cómo debe sancionar a los jueces. Nunca se había visto un mayor atrevimiento por parte del Gobierno de España. (Aplausos). Es indecente que el ministro Óscar López diga que los jueces prevarican, que el ministro Óscar Puente insulte de forma reiterada al juez Peinado, al juez Calama, a la juez Biedma o al juez Pedraz. Sin duda, la izquierda de esta Cámara habrá puesto su barba a remojar tras la sentencia que condena a la señora Belarra a indemnizar con 9000 euros al magistrado, excelente magistrado, García‑Castellón. ¡A pagar 9000 euros de indemnización! (Aplausos). Es indecente que el Gobierno hable de lawfare y que, en cambio, cuando el ministro Bolaños aparece aquí en la sesión de control, no se atreva a decirlo y hable del Estado de derecho. Pura cobardía del ministro Bolaños. (Aplausos). El ministro Bolaños es responsable directo de la cloaca de la justicia porque es el que ha creado el caldo de cultivo necesario para el ataque al Poder Judicial. Por cierto, ¿qué hacía Leire Díez con el borrador de una ley del Ministerio de Justicia que no tenían los diputados de esta Cámara? ¿Ahora Leire Díez es un órgano consultivo del Ministerio de Justicia? ¡Qué curiosidad! ¡Qué curioso! (Aplausos). Esta indecencia pone de manifiesto que Bolaños es responsable por acción y por omisión de los ataques que se están realizando a la justicia.

Señorías, ahora que ustedes ya han perdido el referente ético del presidente Zapatero, ahogado en ese cúmulo de joyas parecido a la herencia de los zares de Rusia; o que también han perdido el referente ético del exfiscal general del Estado, al cual ustedes se dedican a darle premios cuando hemos visto cómo realizaba y tramitaba denuncias contra la juez Biedma diciendo que pertenecía a un grupo criminal ―¡la juez Biedma!― solamente porque estaba investigando al hermano del presidente del Gobierno; ahora que hemos conocido la existencia de un documento encontrado en los dispositivos que estaban ocultos en Ferraz, en esos sótanos del Partido Socialista, que contenía operaciones diseñadas para destruir a jueces, fiscales, Guardia Civil y Policía; ahora que están ustedes en este ámbito, deberían escuchar un poco más y tener como referente ético a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, doña Isabel Perelló, que les ha dicho en nueve ocasiones cómo se tiene que defender el Estado de derecho y que quiten sus manos de la justicia en España. (Aplausos).

Señorías, la regeneración democrática se establecerá cuando llegue el Partido Popular al Gobierno de España porque vamos a proteger la democracia, la independencia de la justicia, la despolitización de la Fiscalía, la separación de poderes, el fortalecimiento institucional; en definitiva, la calidad democrática de la que ustedes ya han perdido cualquier referencia. Señores socialistas, hoy en día, lo revolucionario es defender la independencia del Poder Judicial, la calidad democrática, la regeneración de las instituciones, la transparencia, la libertad e igualdad (aplausos), y, sobre todo, que todos somos iguales ante la ley. (Varias señoras y señores diputados: ¡Siii!―Risas). Da igual que seamos mujer o hermano del presidente, iguales ante la ley. (Rumores). Cuando pasen ustedes por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, recuérdenlo: todos somos iguales ante la ley. (Una señora diputada: ¡Muy bien!―Aplausos).

Señorías del Grupo Socialista y del resto de los grupos que apoyan al Gobierno, estoy convencido de que apoyarán esta iniciativa porque, de lo contrario, estarán acreditando que su alternativa son las cloacas, donde ustedes se mueven muy bien (risas.―Rumores), porque su alternativa son las tramas criminales para destruir a jueces, fiscales, a la UCO o a la UDEF, como pone de manifiesto el auto del juez Pedraz. Lean detenidamente el auto del juez Pedraz, las cloacas del Partido Socialista. Por eso, presentamos la iniciativa, para devolver la regeneración y la decencia a la política española.

Muchísimas gracias. (Aplausos.―Una señora diputada: ¡Muy bien!).

Gracias, presidenta. Gracias, señorías. ¡Ay!, que no sé ni por dónde empezar, la verdad. (Rumores.― Risas.―Varias señoras y señores diputados: ¡Oooh!). ¡Oooh!, qué pena, ¿no? Es que ¡vaya discursito!, es para que se lo hagan mirar. (Rumores). ¡Cuánta falsedad! (Aplausos). ¡Cuánta falsedad, cuánto cinismo y cuánta hipocresía, señorías del Grupo Popular! Yo me pregunto: ¿de verdad eso les sale solo así? ¿Les sale de manera natural o tienen que ensayarlo muchas veces?, porque es tremendo. (Rumores). Están ustedes pidiendo al resto de los grupos que votemos a favor de esta iniciativa. Con sus cloacas del Ministerio del Interior, con sus informes policiales falsos que casi meten a mis compañeros en la cárcel, ¿ustedes de verdad creen que en Podemos les vamos a creer algo y que vamos a votar a favor? Pues no, vamos a votar en contra, evidentemente. (Un señor diputado: ¡Oooh!―Rumores). Y no porque no creamos en la necesidad de garantizar los mejores perfiles para representar a nuestro país en las instituciones más altas a nivel europeo ni tampoco porque no defendamos la independencia judicial, sino porque esta proposición avanza, como siempre, en una dirección absolutamente equivocada, que es otorgar más poder y más competencia a un órgano como el Consejo General del Poder Judicial, que adolece de un grave problema de legitimación democrática y cuya composición sigue reflejando todavía una concepción absolutamente conservadora y corporativa de la justicia. Además, resulta especialmente llamativo que esta propuesta venga precisamente del Grupo Popular. Ustedes, señorías, llevan décadas hablando aquí de la independencia judicial y, sin embargo, lo que han hecho durante todo este tiempo es defender su capacidad para influir en determinadas estructuras del Poder Judicial. La historia reciente de nuestro país está llena de ejemplos y se los voy a dar. El Partido Popular es el partido de los mensajes de Cosidó presumiendo de controlar la Sala segunda del Tribunal Supremo por detrás. Es el partido que bloqueó durante años la renovación de los órganos constitucionales para conservar cuotas de poder que las urnas no le otorgaban. Es el partido que considera que las instituciones del Estado son su cortijo, su propiedad privada y que deben permanecer bajo el control de los suyos. Y es el partido que más se ha beneficiado históricamente de esa determinada estructura institucional heredada del franquismo y también de la transición, que ha permitido que sectores muy conservadores de la judicatura mantuvieran un poder y una influencia política enormes. Por eso, cuando ustedes hablan de independencia judicial, recordamos la hemeroteca y nos da la risa. Bueno, es una forma de hablar, porque risa no da absolutamente ninguna; da absoluto pavor, porque, mientras que daban lecciones de separación de poderes, toda España conocía las conversaciones de sus dirigentes del Partido Popular en las que presumían ―como he dicho― de controlar tribunales. Mientras ustedes hablaban de neutralidad institucional, utilizaban el bloqueo institucional como una herramienta política. Mientras ustedes exigían respeto a la justicia, aparecían una y otra vez vinculados a algunos de los mayores casos de corrupción de nuestra democracia.

Señorías del Grupo Popular, justamente, por eso que les estoy contando, nació Podemos, para denunciar lo que hoy es una evidencia absolutamente para millones de personas, que existe una alianza entre determinadas élites políticas, económicas, mediáticas y también judiciales para proteger privilegios y condicionar la vida democrática de todo este país. Las cloacas del Estado, las operaciones contra adversarios políticos, los montajes policiales no han sido una invención. Y tampoco fue un invento las campañas de persecución mediática basadas en informes falsos. Todo esto ha ocurrido, por desgracia, mientras gobernaba el Partido Popular o bajo las estructuras de poder construidas durante décadas también por el bipartidismo. Y la pregunta es muy sencilla: ¿Quién elige al Consejo General del Poder Judicial? ¿Ante quién responde políticamente? ¿Qué mecanismos de rendición de cuentas tiene? La respuesta es muy clara y evidente: muy muy muy pocos mecanismos. Por eso, nosotras no vamos a respaldar una reforma que lo que hace es profundizar en esa lógica corporativa sin ningún tipo de control democrático efectivo, que es lo que a ustedes les gusta, que no haya controles democráticos para poder seguir haciendo lo que llevan haciendo años y años.

¿Justicia independiente? Por supuesto que sí, pero independiente de ustedes, de los Gobiernos, de las corporaciones y también de los grupos de presión internos de la propia judicatura. Porque no se trata de reforzar el poder de instituciones que ya están sufriendo un importante déficit democrático y también de legitimidad, por qué no decirlo, se trata de reforzar la transparencia, la rendición de cuentas y la pluralidad, cosa que hoy no está pasando. Y no se trata de dar, como ustedes pretenden, más capacidad a las élites para repartirse los espacios de poder. Por eso, evidentemente, vamos a rechazar esta iniciativa infame y, como dije antes, cínica, hipócrita y farsante. Su modelo solo ha contribuido a erosionar la confianza de la ciudadanía en la justicia. Por eso, les voy a preguntar una cosa: ¿No les da vergüenza y no se hacen responsables de que, por su culpa, la ciudadanía desconfíe de la justicia? Porque, a mí, me daría auténtica vergüenza. ¿Y cómo van a confiar los ciudadanos y las ciudadanas en la justicia con lo que ustedes han hecho? Llevan años viendo cómo determinados tribunales han sido una extensión de su estrategia política. La democracia no va a trasladar el poder desde las instituciones representativas hacia órganos cada vez más alejados de la ciudadanía, sino de garantizar que todos, absolutamente todos los poderes del Estado estén sometidos a controles, a transparencia, al principio de soberanía popular. A ustedes no les gusta la soberanía popular, por eso traen esta iniciativa.

Termino. Por coherencia con nuestra trayectoria política, con nuestro discurso, con la defensa de una justicia verdaderamente democrática, por fin, por el rechazo absoluto a las propuestas del Partido Popular, que siempre fortalecen un órgano sin legitimación democrática directa, votaremos en contra.

Muchas gracias. (Aplausos).

Eskerrik asko, presidenta. Arratsalde on guztioi. Señorías, como conocen, el procedimiento de selección de candidatos a proponer por España en la designación de jueces y abogados generales del Tribunal de Justicia y del Tribunal General, ambos de la Unión, y de jueces titulares y ad hoc del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de representantes del Estado en el Consejo Consultivo de Jueces Europeos y en el Consejo Consultivo de Fiscales Europeos se realiza según el procedimiento establecido hace ahora ya casi seis años en el Real Decreto 972/2020, tras la experiencia acumulada previamente por la aplicación de dos acuerdos del Consejo de Ministros de 2015 y 2017 con objeto similar. Ahora, señorías, el Grupo Popular nos propone sustituir el procedimiento establecido en el citado Real Decreto 972/2020 por otro que se incardine en la órbita del Consejo General del Poder Judicial y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el entendimiento ―se nos dice― de que ese real decreto no respeta las líneas maestras de la normativa y criterios europeos establecidos para que los Estados hagan sus propuestas a miembros de esos tribunales de la Unión o del Consejo de Europa. Por nuestra parte, señorías, queremos señalar que no daremos apoyo a esta iniciativa, ya que no compartimos ni la valoración de totalidad negativa que se hace del Decreto 972/2020 ni la alternativa del Consejo General del Poder Judicial que se propone. Por lo que hace a la primera cuestión, la valoración negativa del Decreto 972/2020, por la interferencia que se dice tiene el Poder Ejecutivo sobre el Judicial, al estar el Comité de Selección de los Candidatos integrado por dos secretarios de Estado, una subsecretaría, un miembro de la carrera judicial designado por el Consejo General del Poder Judicial y un jurista de reconocido prestigio, preferentemente de entre quienes hayan sido anteriormente miembros de los tribunales europeos por los que se vayan a proponer personas candidatas, quiero señalar, respecto a esta objeción del Grupo Popular, que la materia regulada en el Decreto 972/2020 no es relativa al Poder Judicial, sino a la acción exterior del Estado y se enmarca dentro de la Ley 2/2014 de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, que en su artículo 18 dispone que la acción exterior del Estado, en materia de justicia, se orientará a promover la cooperación jurídica internacional, singularmente en el ámbito judicial, y a promover la formación y fortalecimiento de la posición española ante instituciones internacionales y de la Unión, en el ámbito de la justicia y de las libertades públicas. Y este, precisamente, fue también ―y tengo que recordarlo― el entendimiento de los autores de esta ley, de la Ley 2/2014, que fue el Partido Popular cuando era presidente el señor Rajoy y ministro de Exteriores el señor Margallo. Señorías, también esta cuestión ha sido contextualizada como acción exterior del Estado y no como Poder Judicial por el Consejo de Estado, en su dictamen 586/2020 sobre el proyecto de decreto 972/2020 y, por ello, tiene su valoración general; valoración general positiva también, señorías del Grupo Popular, que sostuvo el Consejo General del Poder Judicial en su informe de 30 de septiembre de 2020, y valoración positiva del proyecto de decreto que también sostuvo el informe del Consejo Fiscal el 9 de octubre de ese mismo año, durante la tramitación del proyecto de real decreto que hoy pretenden sustituir. Valoración positiva tanto del Consejo de Estado, como del Consejo General del Poder Judicial, como del Consejo Fiscal y no solo desde una perspectiva constitucional interna, sino también a la luz del marco de referencia europeo sobre la regulación de la designación de jueces y abogados generales del Tribunal de Justicia y del Tribunal General de la Unión y también de los jueces titulares y jueces ad hoc del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y a la vista de los artículos que se citan en todos los informes, tanto del Consejo de Estado, como del Consejo General del Poder Judicial, como del Consejo Fiscal, los artículos 253 y siguientes del Tratado de Funcionamiento de la Unión y de los criterios del Comité del artículo 255 de ese mismo Tratado de Funcionamiento. También se tuvo a la vista, en el ámbito del Consejo de Europa, el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y los informes del panel consultivo de expertos del Consejo de Europa y los criterios de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

En definitiva, señorías, no consideramos, como ustedes señalan, que el Decreto 972/2020 no respeta ni el derecho de la Unión ni el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, en un entendimiento de este marco europeo que, como ya les decía, no compartía, lógicamente, ni el Partido Popular, en su momento, que es el que propuso la Ley 2/2014, ni el Consejo de Estado, ni el Consejo General del Poder Judicial, ni el Consejo Fiscal. Cosa distinta y opinable, señorías, desde un punto de vista de política legislativa, sería considerar que el comité de selección del Real Decreto 972/2020 debiera tener otra composición y que se asemeje algo más a la del comité del artículo 255 del tratado de funcionamiento o a lo sugerido por la Asamblea del Consejo de Europa en las líneas maestras sobre el procedimiento de selección de candidatos al puesto de juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero de ahí a considerar que el Real Decreto 972/2020 no respeta la normativa europea hay un abismo insalvable que solo transita el Partido Popular, llegando a proponer como alternativa sanadora, y paso a la segunda cuestión, que esas funciones del comité de selección sean asumidas por el Consejo General del Poder Judicial, propuesta que, como les adelantaba, tampoco compartimos por la misma naturaleza de la materia regulada. Como les decía, esta se enmarca en la acción exterior del Estado y no propiamente en la referida al Gobierno del Poder Judicial, tal y como lo entiende el artículo 122 de la Constitución. Es decir: estatuto, régimen de incompatibilidades de sus miembros y funciones, nombramientos, ascenso, inspección y régimen disciplinario de los jueces y magistrados del Poder Judicial del Estado español. Por si cupiera alguna duda sobre lo señalado, el Tribunal de Justicia de la Unión, en una reciente resolución emitida sobre el caso Valančius, a cuenta de órganos jurisdiccionales de la Unión, recuerda que, una vez nombrado un candidato propuesto por un Estado miembro, ese candidato se convierte en juez de la Unión o del Consejo de Europa y no representa ni al Estado que lo ha propuesto ni mucho menos a su Poder Judicial.

En definitiva, señorías ―y voy finalizando, presidenta―, tal como hemos expuesto, ni por la valoración de totalidad negativa que la iniciativa proyecta sobre el Real Decreto 972/2020 ni por la alternativa de Consejo General de Poder Judicial que se propone podemos votar favorablemente la toma en consideración de la propuesta de modificación del área orgánica del Poder Judicial que presenta al Pleno el Grupo Popular.

Nada más y muchas gracias.

Senyora presidenta, senyories, molt bona tarda. La proposició de llei del Partit Popular és tot un cant a la integració judicial al Consell d’Europa i a la Unió Europea, al compromís del Regne d’Espanya amb el Tribunal Europeu de Drets Humans i el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Perfecte. Ens sembla magnífic. Ens sembla molt bé, però caldrà veure fins on arriba aquesta retòrica. En pocs dies, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el 16 de juliol, farà pública la seva sentència sobre la llei d’amnistia i si es confirmen les conclusions de l’advocat general i declara que l’amnistia és una llei europea conforme al dret de la Unió i que no queda marge per no aplicar‑la al president Puigdemont, a Toni Comín i Lluís Puig, veurem si la fe europeista del Partit Popular pesa més que aquella famosa frase de l’expresident Aznar, «el que puede hacer, que haga». Ho veurem. Veurem també què diu la senyora Montserrat.

Veurem què diu el senyor Adrián Vázquez. Veurem què diu el senyor Urraca i el lobby jurídic del PP a Europa i veurem què diuen els senyors Marchena i Llarena i la resta de jutges de la toga nostra que el PP controla por la puerta de atrás.

Tornant a la iniciativa, el PP proposa acabar amb el monopoli i el control del Govern espanyol en els nomenaments de jutges pels tribunals europeus i internacionals i que passin a ser competència aquests nomenaments del Consell General del Poder Judicial. Bé, les objeccions tècniques les acaba de fer el diputat que m’ha precedit, però en qualsevol cas hi ha una qüestió que no m’acaba de quadrar. Se suposa que la idea és despolititzar aquests nomenaments i adequar‑los a les exigències del Consell d’Europa i a la normativa internacional i, per tant, transparència, publicitat, mèrit, capacitat… És a dir, unes regles de procediment que permetin assegurar la imparcialitat i la independència dels jutges designats. Tot això està molt bé, però resulta que si hi ha un òrgan polititzat per definició, aquest és precisament el Consell General del Poder Judicial. Si hi ha un òrgan la composició del qual, sense cap mena de dubte, és el resultat d’un repartiment clientelar entre partits, concretament entre els dos protagonistes del bipartidisme espanyol, el PP i el PSOE, si hi ha un òrgan on la condició de membre s’adquireix per fidelitat política i no per mèrit, capacitat i trajectòria professional, si hi ha un òrgan en què els seus membres segueixen consignes perquè si no perden la cadira i els privilegis que aquesta cadira porta aparellada, si hi ha un òrgan polititzat i disfuncional fins a la medul·la, aquest òrgan és precisament el Consell General del Poder Judicial, un òrgan que fa efectiu el control polític del poder judicial, exactament al contrari del que la Constitució li encomana, que és garantir la independència i la imparcialitat del poder judicial; un òrgan la composició actual Del qual la van pactar en un quarto fosc els senyors Bolaños y González Pons el 2024. Vostès creuen que un òrgan així escollirà els jutges internacionals i europeus per un procediment transparent, imparcial i meritocràtic? Això no s’ho creu ningú. Un òrgan format per quotes partidistes, la principal funció del qual és nomenar jutges d’acord amb quotes partidistes, és que no serà d’altra manera. El què farà aquest òrgan és nomenar jutges internacionals per quotes partidistes.

A l’Estat espanyol la imparcialitat i la independència judicial són un animal mitològic, són pura ficció. I els partits del bipartidisme, PP i PSOE, són els que mantenen aquesta ficció, fins i tot davant de les institucions europees i fins i tot, algunes vegades aconsegueixen enganyar les aquestes autoritats. I sabem de què parlem, perquè el disseny de la justícia espanyola, inclòs el seu òrgan de govern, ha permès criminalitzar l’independentisme a través de criminalitzar l’exercici dels drets polítics més bàsics, com votar en un referèndum, manifestar‑se o exercir la representació que t’han donat les urnes. La justícia espanyola no garanteix els drets fonamentals de les minories polítiques. Ben al contrari, persegueix a les minories polítiques i per això hem hagut d’anar a Europa i als tribunals internacionals a buscar la justícia que l’Estat s’ha negat a donar‑nos. I què ens hi hem trobat? Doncs, jutges internacionals espanyols que sistemàticament han intentat traslladar a la justícia internacional la putrefacció judicial espanyola. Ho hem vist al Tribunal Europeu de Drets Humans, on la senyora Maria Elósegui s’ha encarregat amb èxit de que el relat de Llarena hagi colonitzat Estrasburg.

Però l’ús partidista dels tribunals i de la fiscalia no és patrimoni del Partit Popular, ni molt menys. El PSOE fa exactament: el mateix utilitzar els tribunals i els fiscals i els fiscals per protegir els amics i familiars i perseguir els enemics, siguin independentistes o siguin de la ideologia que siguin. I, per això, cal ocupar els llocs clau. Alguns exemples, Ignacio de Lucas a la Fiscalia Europea; el jutge d’enllaç José de la Mata, a Eurojust; el fiscal Ángel Bodoque, també a Eurojust. Aquests i molts altres impulsats a càrrecs internacionals per la Fundació FIAP, també també, per cert, sota la lupa del jutge Pedraz. Una autèntica màquina, aquesta Fundació FIAP, de comprar lleialtats per la via de completar sous i impulsar carreres professionals.

Acabo fent una referència a un tribunal que queda una mica més a la vora, el Tribunal Constitucional. Algú es pensa que el Tribunal Constitucional no ha gestionat els tempos en interès polític del PSOE? Que els retards en l’aplicació de l’amnistia no són part d’una estratègia política? Algú realment és capaç de pensar això? El Tribunal Constitucional no ha aplicat l’amnistia i no ha aixecat ja l’ordre de detenció del president Puigdemont, perquè al senyor Pedro Sánchez no li ha interessat. Per què es pensen que el fiscal davant d’aquest òrgan, el senyor Pedro Crespo, ha acabat d’ascendir, per cert, a fiscal de Sala per la senyora Peremato, s’ha oposat en contra de tota garantia constitucional a aixecar cautelarment les ordres de detenció al president Puigdemont i als consellers a l’exili, havent‑hi una llei d’amnistia aprovada i vigent? Per què es pensen que el Tribunal Constitucional, en lloc de donar l’empara immediata al president Puigdemont, que és el que hauria d’haver fet fa mesos, està forçant primer a esperar la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, segon, a que passi l’estiu per dictar sentència i per, finalment, passar el mort al Tribunal Suprem? Per què ho està fent això al Tribunal Constitucional?

Acabo. Són de coneixement públic les reunions del senyor Conde‑Pumpido amb el senyor Zapatero a l’Hotel Santo Mauro, els informes de la UCO en el cas Leire també s’hi refereixen, a part que la notícia va ser publicada fa molts mesos. Jo em pregunto. Jo crec que tothom aquí s’ha de preguntar: De què deuen haver estat parlant el negociador i factòtum de l’actual legislatura socialista, el senyor Zapatero, i el president del Tribunal Constitucional, el senyor Conde‑Pumpido, a l’Hotel Santo Mauro en aquestes reunions que han celebrat? De què devien estar parlant? No cal ser gaire llest per pensar que tenia alguna cosa a veure amb el retorn del president Puigdemont.

Moltes gràcies.

Señora presidenta, señorías, muy buenas tardes. La proposición de ley del Grupo Popular es todo un canto a la integración judicial en el Consejo de Europa y en la Unión Europea, al compromiso del Reino de España con el Tribunal de Derechos Humanos Europeo y al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Perfecto, nos parece magnífico, nos parece muy bien, pero hay que ver hasta dónde llega esta retórica. En pocos días, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 16 de julio, hará pública su sentencia sobre la ley de amnistía y, si se confirman las conclusiones del abogado general, queda claro que la amnistía es una ley europea conforme al derecho de la Unión y que no queda margen para no aplicarla al presidente Puigdemont, a Toni Comín y a Lluís Puig. Veremos si el celo europeísta del Partido Popular pesa más que aquella famosa frase de Aznar: quien puede hacer, que haga. Lo veremos. Veremos también lo que dirá la señora Montserrat, lo que dirá el señor Adrián Vázquez y lo que diga el señor Urraca y el lobby jurídico del PP en Europa. Y veremos lo que dirán los señores Marchena y Llarena y el resto de los jueces de la tabla nuestra que el PP controla por la puerta de atrás. Volviendo a la iniciativa, el Grupo Popular propone acabar con el monopolio y el control del Gobierno español en el nombramiento de jueces en instancias internacionales y también en el Consejo General del Poder Judicial. Las disquisiciones técnicas las ha hecho el diputado que me ha precedido, pero, en cualquier caso, hay una cuestión que no me termina de cuadrar. Se supone que la idea es despolitizar esos nombramientos y adecuarlos a las exigencias del Consejo de Europa y a la normativa internacional y, por tanto, transparencia, publicidad, mérito, capacidad. Es decir, unas reglas de procedimiento que garanticen la imparcialidad y la independencia de los jueces designados. Todo eso está muy bien, pero resulta que si hay un órgano politizado por definición ese es precisamente el Consejo General del Poder Judicial. Si hay un órgano cuya composición, sin ninguna duda, es el resultado de un reparto clientelar entre partidos, concretamente entre los dos protagonistas del bipartidismo español, PP y PSOE, si hay un órgano donde la condición de miembros se adquiere por afinidad política y no por mérito, capacidad y trayectoria profesional, si hay un órgano en el que sus miembros siguen consignas porque si no pierden su puesto y sus privilegios que aporta ese puesto, si hay un órgano politizado hasta la médula es precisamente el Consejo General del Poder Judicial, un órgano que hace efectivo el control político en el Poder Judicial, exactamente lo contrario de lo que la Constitución le encomienda: garantizar la independencia y la imparcialidad del Poder Judicial. Un órgano cuya composición actual la pactaron en un cuarto oscuro los señores González Pons y Bolaños en 2024. ¿Ustedes creen que un órgano así escogerá a los jueces internacionales y europeos por un procedimiento transparente, imparcial y meritocrático? Eso no se lo cree nadie. Un órgano formado por cuotas partidistas la principal función que tiene es nombrar a jueces de acuerdo con cuotas partidistas. Y lo que hará, pues no puede ser de otra manera, será nombrar a jueces internacionales por cuotas partidistas.

En el Estado español, la imparcialidad y la independencia judicial son un animal mitológico, son pura ficción, y los partidos del bipartidismo, PP y PSOE, son los que mantienen esa ficción, incluso ante las instituciones europeas. E incluso a veces lo consiguen, consiguen engañar a esas autoridades. Y sabemos de lo que hablamos porque, en su órgano de Gobierno, el tribunal de justicia español ha permitido penalizar al independentismo, criminalizar al independentismo penalizando un referéndum, manifestarse o la puesta de urnas. La justicia española no garantiza los derechos fundamentales de las minorías políticas; más bien al contrario, las persigue. Y por eso hemos ido a Europa y a los tribunales institucionales a buscar la justicia que en el Estado español no nos han dado. ¿Y qué nos hemos encontrado? Pues jueces internacionales españoles que sistemáticamente han intentado trasladar a la justicia internacional la putrefacción judicial española. Lo hemos visto en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con la señora María Elósegui, que con éxito se ha encargado de que el relato de Llarena haya calado en Estrasburgo.

Pero el uso partidista de los tribunales y de la fiscalía no es patrimonio exclusivo del Partido Popular, ni mucho menos. El PSOE hace exactamente lo mismo: utiliza a los tribunales y a los fiscales para proteger a los amigos y familiares y perseguir a los enemigos, sean independentistas o sean de la ideología que sea, y por eso hay que ocupar los puestos clave. Algunos ejemplos: Ignacio de Lucas en la Fiscalía Europea, el juez de enlace José de la Mata en Eurojust o el fiscal Ángel Bodoque, también en Eurojust. Estos y muchos otros impulsados a cargos internacionales también bajo la lupa del juez Pedraz. Una auténtica máquina esta fundación FIAP, que compra lealtades mediante sueldos, impulso de carreras profesionales, etcétera.

Acabo haciendo referencia a un tribunal más cercano: el Constitucional. ¿Alguien piensa que el Tribunal Constitucional no ha gestionado los tiempos en interés político del PSOE? ¿Que los retrasos en la aplicación de la amnistía no son parte de una estrategia política? ¿Alguien realmente puede pensar eso? El Tribunal Constitucional no ha aplicado la amnistía y no ha levantado ya la orden de detención de Puigdemont porque al señor Pedro Sánchez no le ha interesado. ¿Por qué piensan que el fiscal ante este órgano, Pedro Crespo, se ha opuesto, en contra de toda garantía constitucional, a levantar las órdenes de detención contra el presidente Puigdemont y los consellers en el exilio ante una ley de amnistía vigente? ¿Por qué piensan que el Tribunal Constitucional está forzando a esperar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para Puigdemont? A que pasen los días para dictar sentencia y, finalmente, pasar el muerto al Tribunal Supremo. ¿Por qué está haciendo eso el Tribunal Constitucional?

Acabo. Son de conocimiento público las reuniones del señor Pumpido y del señor Zapatero en el Hotel Santo Mauro. Los informes de la UCO, en el caso Leire, también se refieren a ello, aparte de que la noticia se publicó hace muchos meses. Yo me pregunto, y creo que todo el mundo se lo tiene que preguntar aquí: ¿de qué debían estar hablando el negociador y factótum de la actual legislatura socialista, el señor Zapatero, y el presidente del Tribunal Constitucional, el señor Pumpido, en el Hotel Santo Mauro en estas reuniones? ¿De qué debían estar hablando? Pues no hay que ser muy listo para pensar que tenía algo que ver con el regreso del presidente Puigdemont.

Muchas gracias.

Sí. Bona tarda. Gràcies, presidenta. Gràcies, diputats, gràcies diputades. Fa un moment comentàvem amb un diputat que aquest tipus d’intervencions acaben sent francament avorrides, perquè jo els hi penso recordar també lo del control de la Sala Segona del Tribunal Suprem por detrás. Li penso preguntar al excel·lentíssim diputat que ha fet la presentació d’aquesta iniciativa que, si no recordo malament, era el jutge degà de València si quan torni a la judicatura, si és que alguna vegada torna, ens farà creure a tots que és imparcial i que no té ideologia. Bé, serà una mica el mateix que a tots, no?

A mi, si m’ho permeten, m’agradaria mirar‑ho des d’una altra perspectiva. Jo he de suposar, perquè soc bona persona, que vostès tenen un cert interès en el funcionament de la justícia. Jo he de suposar que vostès tenen un cert interès en el prestigi del Consell General del Poder Judicial, però també els he d’assegurar que pujo en aquest faristol una mica espantada, perquè el primer que ens han explicat és que Ione Belarra l’han condemnada amb 9000 euros. I jo ara tinc una mica de por de dir el que penso, perquè ni tan sols com a diputada puc exercir el meu dret d’expressió. Doncs no ho sé! En lloc de dir: «Crec que hi ha molts jutges que són prevaricadors», he de dir: «Crec que hi ha molts jutges que emeten sentències manifestament injustes a sabiendas de que lo son». Doncs ho dic, ho dic perquè crec que és així. No puc dir que hi ha molts jutges que són corruptes —‌que és el que ella va dir, per això se l’han emportat per davant— doncs hauré de dir allò de «Crec que hi ha molts jutges que sentencien per motius espuris, no necessàriament vinculats amb el fet de la causa ni amb els fets i actes provats». Ho diré d’aquesta manera a veure si hi ha més sort i no se m’emporten a mi per davant.

Però vostès se n’adonen que estan fent amb la justícia d’aquest país? ¿Vostès, més enllà dels que estem aquí asseguts, dels que exerceixen, dels que porten toga, se n’adonen que, amb aquesta tensió entre vostès, amb aquesta tensió per controlar l’Estat, amb aquesta tensió de los mismos perros con otros collares, amb aquesta tensió l’únic que fan és desmuntar completament qualsevol aparençade neutralitat, d’imparcialitat o de justícia de la seva pròpia administració de justícia? A mi ja m’està bé, perquè la meva feina aquí era venir a posar l’Estat en contradicció per explicar a la gent del meu país que no val la pena ni hem de formar part d’aquest estat. Però, home, deixin‑m’ho fer a mi, no ho facin vostès, perquè aleshores ja és que és un contrasentit i avorridíssim.

Dit això, que hem vist manifestacions de jutges togats contra una llei ni tan sols aprovada. que hem vist, vaja, sentències on el dret europeu no només no s’aplica, sinó que s’aplica en contra del que digui el dret europeu. Hem vist manifestos de jutges explicant com tombar una llei i fent un manual de com interposar les querelles contra aquella llei o les demandes contra aquella llei. I vostès volen que nosaltres ens creiem de veritat que hi ha algun interès en com es trien els jutges, perquè si no, estarà polititzat? Home, per l’amor de Déu, si fan qualsevol cosa, menys justícia. I parlo, evidentment, de les cúpules. Si fan bàsicament política, perquè fer política és encausar la dona del president del Govern. Fer política és el que han fet amb el fiscal general de l’Estat. Fer política és el que està passant en els tribunals d’aquest Estat des de fa quatre anys i mig. I fer política de la dolenta, perquè sap què passa? Que ho destrossen tot. No quedarà títere con cabeza. Però és que tampoc quedaran vostès i no quedaran vostès, perquè quan es destrossa la credibilitat del suposat poder independent que és la judicatura, ja no queda res.

Els hi diré una cosa: vostès sempre diuen que és de sentit comú que els jutges es trien entre ells, allò, perquè aleshores serà més neutral, serà més imparcial. Això és una barbaritat, perquè també del poder de la judicatura se’n deriva un fonament democràtic, també d’aquest poder. No hi ha cap poder que no estigui sotmès als principis democràtics. I saben quin és el seu gran problema? La impunitat absoluta amb què aquí qualsevol sentencia el que li sembla en aquell moment és oportú sense que tingui cap conseqüència. I parlo de resolucions polítiques, però, per exemple, presons preventives de dos anys i després absolució total per falta de proves com parlo d’hipoteques, com parlo de clàusules abusives de l’IRPH, com parlo d’interins. A, no es fan càrrec de que el dret europeu és dret intern i, b, no l’apliquen. Ja m’explicaran vostès de què m’estan parlant.

Per acabar, vostès realment tenen algun tipus d’interès en la justícia? Molt bé, doncs parlem del tema dels interins. Encara és hora de que dient que el Govern ho està fent fatal i ho està fent fatal, vostès aportin alguna solució, ah, però el Suprem ja s’ha encarregat de dir que segons quines solucions, que serien justes, no es poden aplicar.Parlem del corporativisme. Què passa amb els jutjats i fiscals substituts? Passa que són bons per substituir els jutges quan estan de vacances, de baixa, de viatge, però no són bons per accedir a la carrera, però en canvi les seves sentències tenen exactament el mateix valor que els jutges de carrera. A mi m’ho volen explicar això, si us plau, d’una vegada? Perquè no s’entén. No s’entén aquest corporativisme que no permet regularitzar unes situacions que a la pràctica fan exactament la mateixa funció. I tres quarts del mateix passa amb els lletrats de l’administració de Justícia. Per tant, Govern, posin‑se les piles en el tema d’interins perquè ens caurà l’estructura de l’administració de justícia d’aquí a un mes, d’aquí a un mes, quan siguin cessats tots ells. I no només és injust, no només és contra les persones, sinó que deixaran tots els serveis deserts. Posin‑se les piles amb els jutges i fiscals substituts d’una vegada.

I després, miri, jo si realment em sentís part de la casta política d’aquest hemicicle, si realment em sentís d’aquest Estat, començaria a pensar com refundo la justícia d’aquest estat, perquè no funciona per enlloc. No és ni justa, ni imparcial, ni neutral, ni independent, ni cap d’aquests epítets que se’n solia derivar o que se’n solien predicar. Han fallat. Han fallat. Ho han destrossat i, per tant, vostès sabran si cal refundar la seva estructura o si volen seguir barallant‑se i utilitzar en els jutges com a actors polítics en un ring de fang, perquè al final és como lucha de perros, però togats.

Moltes gràcies.

Sí, buenas tardes. Gracias, presidenta. Gracias, diputados, diputadas. Hace un momento comentábamos con un diputado que este tipo de intervenciones acaban siendo francamente aburridas, porque les voy a recordar también el control de la Sala Segunda del Tribunal Supremo por detrás. También quiero preguntar al excelentísimo diputado que ha presentado esta iniciativa si cuando, si no recuerdo mal, el juez decano de Valencia vuelva a la judicatura nos hará creer que no tiene ideología y que es imparcial. Me lo pregunto. Bueno, será un poco lo mismo que todos ¿no? A mí, si me lo permiten, me gustaría verlo desde otra perspectiva. Tengo que suponer, porque soy buena persona, que ustedes tienen un cierto interés en el funcionamiento de la justicia. Tengo que suponer que ustedes tienen un cierto interés por el prestigio del Consejo General del Poder Judicial. Pero me voy de este atril también un poco espantada, porque lo primero que han dicho es que han condenado a la señora Belarra a pagar 1000 euros. Ahora tengo un poco de miedo de decir lo que pienso en mi derecho de expresión como diputada. ¿En lugar de decir que creo que hay muchos jueces prevaricadores, tengo que decir que hay muchos jueces que dictan sentencias manifiestamente injustas, a sabiendas de que lo son? Pues lo digo, porque creo que es así. No puedo decir que hay muchos jueces que son corruptos, que es lo que ella dijo y por eso se la llevaron por delante. Por eso tengo que decir que creo que hay muchos jueces que sentencian por motivos espurios, no necesariamente vinculados con el hecho de la causa ni con los hechos y actos probados. Lo diré de esta manera, a ver si así hay más suerte y no se me llevan por delante. Pero ¿ustedes se están dando cuenta de lo que están haciendo con la justicia de este país, más allá de los que estamos aquí sentados, de los que ejercen, los que tienen toga? ¿Se dan cuenta de que, con esta tensión entre ustedes por controlar el Estado, con esta tensión de los mismos perros con otros collares, lo único que hacen es desmontar completamente cualquier apariencia de neutralidad e imparcialidad en la justicia, de su propia Administración de Justicia? A mí ya me va bien, porque mi trabajo aquí era poner al Estado en contradicción para explicar a la gente de mi país que no merece la pena formar parte de este Estado. Pero déjenme hacerlo a mí, no lo hagan ustedes, porque entonces es un contrasentido y es aburridísimo. Dicho esto, hemos visto manifestaciones de jueces con toga contra una ley que ni siquiera se había aprobado. Hemos visto sentencias en las que el derecho europeo no solo no se aplica, sino que se aplica en contra de lo que dice el derecho europeo. Hemos visto manifiestos de jueces explicando cómo se tumba una ley y haciendo un manual de cómo interponer las querellas contra la ley o las demandas contra esa ley. ¿Y ustedes quieren que nos creamos, de verdad, que hay algún interés en cómo se elige a los jueces para que no estén politizados? Hablo de las cúpulas, que básicamente lo que hacen es política, porque hacer política es encausar a la mujer del presidente del Gobierno. Es lo que han hecho con el fiscal general del Estado. Hacer política es lo que está pasando en los tribunales de este Estado desde hace cuatro años y medio, y hacer política de la mala. Porque ¿sabe qué pasa? Que no quedará títere con cabeza. Ustedes tampoco. Al final, afectará a todos. No quedarán ustedes, porque cuando se destroza la credibilidad del supuesto poder independiente, que es la judicatura, ya no queda nada.

Les diré algo. Ustedes siempre dicen que es de sentido común que los jueces se elijan entre ellos, porque entonces serán más neutrales, más imparciales. Eso es una barbaridad, porque también del poder de la judicatura se deriva un fundamento democrático; también de ese poder. No hay ningún poder que no esté sometido a los principios democráticos. Y ¿saben cuál es su gran problema? La impunidad absoluta con quien aquí sentencia lo que se considera oportuno sin consecuencias. Hablo, por ejemplo, de prisiones preventivas de dos años y después absoluciones totales por falta de pruebas. Como hablo de hipotecas también, de cláusulas IRPH abusivas. No se hacen cargo de que el derecho europeo es derecho interno también, y no lo aplican. Pues ya me explicarán ustedes de qué me están hablando.

Para terminar, ¿ustedes realmente tienen algún tipo de interés en la justicia? Pues muy bien, hablemos del tema de los interinos. Ya es hora de que digamos que el Gobierno lo está haciendo mal. Ustedes lo dicen, pero hay que aportar una solución. El Supremo ya lo ha dicho. Y hablemos del corporativismo. ¿Qué pasa con los juzgados y los fiscales sustitutos? Pues pasa que son buenos para sustituir a los jueces cuando están de vacaciones o de viaje, pero no son buenos para acceder a la carrera. En cambio, sus sentencias tienen exactamente el mismo valor que las de los jueces de carrera. Por favor, ¿me pueden explicar eso de una vez? Porque no se entiende. No se entiende este corporativismo, que no permite regularizar unas situaciones que, en la práctica, hacen exactamente las mismas funciones. Y tres cuartos de lo mismo pasa con el acceso a la Administración de Justicia. Por tanto, Gobierno, pónganse las pilas en el tema de los interinos para renovar la estructura de la Administración de Justicia de aquí a un mes. Porque no solo es injusta esta situación, no solo va en contra de las personas, sino que dejarán todos los servicios desiertos. Así que, pónganse las pilas con los jueces y fiscales sustitutos de una vez.

Y después les diría que, si yo realmente me sintiera parte de la casta política de este hemiciclo, si realmente me sintiera de este Estado, empezaría a pensar cómo refundo la justicia de este Estado, porque no funciona en ningún sitio. No es ni justa ni imparcial ni neutral ni independiente ni ninguno de estos epítetos que se solían predicar. La han destrozado. Por tanto, ustedes sabrán si hay que refundar su estructura o si quieren seguir peleándose y utilizando a los jueces como actores políticos en un ring de fango. Porque, al final, es como una lucha de perros, pero entre togados.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Hoy, el Grupo Popular trae a esta Cámara la toma en consideración de una proposición para modificar la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. La justificación de esta propuesta se sitúa en lo establecido por el Consejo de Europa en su Resolución 2648, del pasado 26 de abril, en la que la Asamblea Parlamentaria adoptó una serie de recomendaciones sobre cómo deben escogerse por los Estados miembros las candidatas a ocupar un puesto en algún tribunal internacional. La Asamblea Parlamentaria del Consejo subraya que, aunque los Estados disponen de cierto margen para organizar sus procedimientos de selección, deben aplicar plenamente las directrices del Comité de Ministros y las resoluciones pertinentes de la Asamblea. En concreto, en las líneas maestras sobre la selección de candidatas para el puesto de juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aprobadas por el Comité de

Ministros el 28 de marzo de 2012 en el apartado IV.1, que ya ha sido nombrado, se indica claramente lo siguiente: «El órgano encargado de recomendar candidatos debe tener una composición equilibrada. Sus miembros deben poseer, en conjunto, suficientes conocimientos técnicos e inspirar respeto y confianza. Deben provenir de diversos ámbitos, tener una trayectoria profesional similar y estar libres de influencias indebidas, aunque podrán solicitar información pertinente de fuentes externas».

Parece que el Partido Popular está muy preocupado por la falta de transparencia y por la excesiva presencia del Poder Ejecutivo en el procedimiento de selección actualmente regulado y cree que no cumple con las recomendaciones del Consejo de Europa y del Comité de Ministros. Y hasta ahí podemos estar de acuerdo, pero, claro, si el verdadero objetivo es garantizar la transparencia y que las mejores profesionales representen a nuestro país en tribunales internacionales, la última resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa arroja muchísima luz sobre cómo debe estar compuesto el órgano de recomendación de candidatas: deben acreditar conocimientos técnicos, procedencia diversa, trayectoria profesional acreditada y estar libres de influencias indebidas. Esos son los requisitos. A nuestro entender, la composición que garantice estas exigencias debe reconocer la presencia del Poder Judicial, pero también representación de las Cortes Generales, el Defensor del Pueblo, las universidades, organizaciones defensoras de los derechos humanos, colegios profesionales y, por supuesto, la sociedad civil. (Aplausos). Eso sería lo más acorde a lo que exigen las instituciones europeas para garantizar que el órgano de selección tenga capacidad técnica‑jurídica y absoluta imparcialidad.

Ahora bien, a lo mejor la intención del Partido Popular en esta propuesta no es seguir las recomendaciones del Consejo de Europa sobre imparcialidad, porque lo que proponen es una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y atribuir la competencia de la designación al Consejo General del Poder Judicial, un órgano que, desde que entró en funcionamiento hasta la fecha, ha realizado casi un 80 % de sus nombramientos entre sectores abiertamente conservadores de la judicatura. Permitan que no nos merezca ninguna confianza un Consejo General del Poder Judicial que no respeta la diversidad del país (aplausos) y al que se le pretende atribuir la competencia de elegir todos los jueces y juezas que corresponde designar por nuestro país en tribunales internacionales. Un consejo que, además, destaca por la ausencia de procedimientos disciplinarios que acaben en sanción, a pesar de las barbaridades que hacen o dicen algunos jueces y algunas juezas en nuestro país.

Para muestra, un botón. El titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid, el señor Maman, en el marco de una charla que versaba sobre los criterios de competencia en materia penal y civil, dedicó parte de su disertación a hablar, con otras palabras, del síndrome de alienación parental, que no tiene base científica y es un posicionamiento ideológico que deriva la presión del denunciado a la víctima de violencia que ha denunciado. Se dedicó también a minimizar la violencia machista y a decir que las mujeres no quieren la custodia compartida porque quieren quedarse la casa y el dinero. Y todo esto en un país donde uno de los problemas principales de la lucha contra la violencia de género es la infradenuncia, entre otras cosas por falta de confianza en el sistema, y parece justificado. (Aplausos). A la vista está que el Consejo General del Poder Judicial tiene muchísimo trabajo que hacer en formación en perspectiva de género y que no lo está haciendo, y tampoco está aplicando medidas disciplinarias. Pero el Partido Popular quiere darle más competencias mientras hacen dejación de las que ya tienen.

En definitiva, no creemos que su propuesta concreta de ampliar competencias pueda servir para cumplir con las recomendaciones del Consejo de Europa, porque adolece de los mismos fallos que el que pretenden sustituir. No garantiza la imparcialidad necesaria para el nombramiento de las personas que van a representar a nuestro país en los tribunales internacionales. Por ello, van a tener nuestro voto en contra.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).

Con la venia. Los oradores que me han precedido han dedicado el 90 % del tiempo a tratar cuestiones ajenas a este punto del orden del día y no han sido llamados a la cuestión. Han venido aquí a hacer una intervención mitinera, esencialmente, por resumir, porque ya hemos tenido bastante escuchándolos como para ahora recrearnos en la suerte, para atacar a los jueces españoles, por unos motivos y por otros, cada cual de su padre y de su madre. Y esto ya es raro, impropio. Luego, ha habido dos intervenciones que me han dejado perplejo: la del PNV y la de Junts. Sus portavoces se han alargado para decir, en síntesis, que era absolutamente imposible votar a favor de la toma en consideración de la propuesta de reforma del Grupo Popular. Vamos a ver, imposible no es. Creo que ustedes, por alguna razón, se han equivocado y piensan que esto es como una moción de censura, a la que le tienen tanto miedo. No, no, no, no. Si ustedes votan a favor de la toma en consideración, sigue este señor presidiendo el Gobierno. O sea, no es tan arriesgado, no tiene este alcance político. Podrían ustedes votar a favor y nada más. Ustedes pueden decir lo que les dé la realísima gana, pero es evidente que lo que propone el Grupo Popular ―que a mí no me gusta de modo plenamente satisfactorio― es mejor, en orden a la independencia de los jueces seleccionados para integrar la terna por elevar al Consejo de Europa y en orden a la independencia del órgano de selección, que el procedimiento actual regulado por ese malhadado Real Decreto 972/2020, que es el que se ha aplicado en la última convocatoria para seleccionar la terna para cubrir la vacante que dejará la señora Elósegui en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a final de este año. Esto es evidente, y como es evidente y es trivial, no lo voy a explicar porque no hace falta. Ustedes lo saben perfectamente, igual que yo. Por lo tanto, esto no lo entiendo. Hay un temor reverencial a la moción de censura, pero esto no es una moción de censura, luego sobra el temor reverencial. Bien, sabido es que el Partido Socialista y el Gobierno están muy preocupados por el derecho internacional, en proporción inversa a sus desvelos por el derecho interno al que someten constantemente a patadas y violan sin tasa, especialmente cuando es la Constitución. Pues en este asunto de la independencia de los jueces no es así, en este asunto la posición del Gobierno, del Partido Socialista y de los que lo acompañan es enteriza, es monocolor; es decir, hay que impedir que sean independientes tanto los jueces nacionales como los internacionales. Todos. Este es el deseo que late en ese decreto en vigor desde el año 2020 que ―esto ya se ha dicho― no se acomoda exactamente a las leyes y directrices aprobadas por el Consejo de Europa en 2012 y luego reformadas en 2014. Vamos a ver, para que nos entendamos todos, porque esto es no fácil, es un juego de niños: el órgano selector de la terna que se eleva por España a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para que esta vote un magistrado que represente a España en el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos es un comité establecido por el tantas veces ya citado decreto, constituido por tres altos cargos del Gobierno ―dos secretarios de Estado y un subsecretario, carentes de toda independencia del Gobierno, como ya comprenderán ustedes; ¿es trivial también o quieren que no se lo explique?, porque me cuesta trabajo, ¿eh?, me cuesta trabajo explicárselo (risas)― y, además, un magistrado designado por el Consejo General del Poder Judicial ―que está allí de Miranda de Ebro, como ustedes comprenderán― y otro jurista de reconocida competencia con más de quince años de experiencia que designa el Gobierno. Curiosa coincidencia. O sea, cuatro contra uno ―por eso digo que el magistrado designado por el Consejo está de Miranda de Ebro―. Esta elección en modo alguno está garantizada en su independencia. No digo la elección de estos señores, que evidentemente no está garantizada en su independencia porque ya tres son altos cargos en el Gobierno y otro designado por el Gobierno, es que lo que no está garantizada es la independencia de los jueces que vayan a seleccionar estos señores constituidos en comité para, en número de tres, elevar a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

A cambio, el Grupo Popular propone que esa terna elevada a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sea elaborada por el Consejo General del Poder Judicial. Tampoco nos apasiona, pero al menos sabemos que el Consejo General del Poder Judicial, a día de hoy, se divide en diez vocales del PP y diez vocales del PSOE, lo que hace que la terna que vaya a elaborar el Consejo sea también dependiente de los partidos políticos, pero, por lo menos, vamos a decir que está elaborada por el partido del Gobierno y por un partido de la oposición. Algo es algo, algo es algo.

Yo voy a poner otro ejemplo de derecho comparado, que es el de Francia, para que veamos hasta qué punto aquí hacemos mal las cosas y que el Grupo Popular también podría haber propuesto algo mejor. En Francia, la selección de la terna se hace por un comité ad hoc que nombra el Ministerio de Asuntos Exteriores. Ustedes me dirán: Oh, horror, todo lo hace el Gobierno. Sí, sí. Pues no es así, porque en el comité de 2019, en el que se eligió al actual magistrado francés que era un consejero de Estado hasta ese momento, los miembros eran ―no les voy a decir los nombres, no merece la pena, no los conocen ustedes, ¿para qué?―: un señor que había sido presidente del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya ―había sido presidente, un señor mayor, de una cierta edad―, una señora consejera de Estado emérita ―es decir, honoraria, también de una cierta edad, ya jubilada―, un tercer miembro que era otra señora, madame Burdeau ―catedrática emérita de Derecho Internacional Público de la Sorbona―, un cuarto miembro que era un expresidente, también emérito, de la Sala de lo Penal de la Corte de Casación Francesa ―que es el equivalente de nuestro Tribunal Supremo― y un quinto miembro, que era el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Asuntos Exteriores francés ―el equivalente al jefe de la Seguridad Jurídica Internacional de Asuntos Exteriores―, que, además, era el abogado de la República Francesa ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ustedes comprenderán que comparado con el Comité Español ―no voy a dar nombres― en lo que es categoría facultativa e independencia, los comentarios huelgan. Esto es una nación seria.

Además ―y concluyo, señora presidente (una señora diputada: ¡Presidenta!), se lo prometo―, la terna que eleva ese comité ad hoc al Consejo de Ministros francés es vinculante. En España ni siquiera la terna que elabora ese comité dependiente del Gobierno por cuatro a uno es vinculante, el Gobierno la puede devolver al comité y pedir otra terna que le guste o agrade más. Esto es una falta de seriedad y una vergüenza más de España en el orden internacional.

Nada más, gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Gracias, señora presidenta. Señorías, el Grupo Popular hablando de independencia judicial. El chiste se cuenta solo. Nos traen una proposición de ley oportunista, hipócrita y alarmista, que nace además de una polémica fabricada, construida con titulares de urgencia, con indignación de encargo y una memoria selectiva que, francamente, ya nos resulta muy familiar cuando viene de la bancada popular. El Grupo Popular quiere que sea el Consejo General del Poder Judicial y no el Gobierno quien designe los candidatos españoles al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y otros órganos internacionales. Lo presentan aquí como una suerte de cuestión de independencia tras esa pátina engolada de pretendido pero falso sentido de Estado. Yo durante cuatro minutos, señor De Rosa, pensé de verdad que eso era un tema técnico, pero no, toda su intervención después es una enmienda total a su propuesta. Ya sabemos por qué querían esta propuesta. O sea, a ver si yo lo entiendo. Ustedes quieren gobernar de aquí a un año, pero quieren quitarle al Gobierno competencias y dárselas al consejo. Ustedes. ¿Y quieren gobernar de aquí a un año? Hombre, yo creo que algo no cuadra. A ustedes lo que les pasa es que de verdad sabían que esto no iba a ir a ningún lado, con lo cual, es la excusa para venir aquí una vez más a soltar a las tres y media de la tarde todas esas falsedades, bulos e insultos, esa decadencia verbal solo para hundir al adversario y acabar con el Gobierno. Es lo que ustedes hacen siempre, es lo mismo. (Aplausos). Les interesa nada el Poder Judicial. Además, ustedes descubren esta independencia judicial cuando están en la oposición, pero cuando gobiernan, pues se les olvida. Ustedes son expertos en usar esa palanca política de la justicia cuando les conviene, y cuando no, creen que son rehenes de la justicia.

Además, tengo una curiosidad. ¿Desde cuándo les preocupa la composición de estos comités? ¿Desde la semana pasada? ¿Hace un mes? ¿Tres años? ¿Es repentina o es una preocupación, digamos, ya consolidada? Porque déjenme que les haga memoria. El acuerdo del Consejo de Ministros del 20 de enero de 2017 establecía que este comité de selección estaba compuesto exclusivamente por altos cargos del Gobierno. Cinco miembros, los cinco del Ejecutivo. Ni un vocal del Consejo ni un jurista externo, solo Gobierno. ¿Y qué hicieron ustedes para reformarlo? ¿Quién escribió crónicas parlamentarias? Nada. Cero patatero. Ni una línea. Pero es que para eso habría que saber que ese acuerdo lo hizo el Gobierno de Mariano Rajoy. El suyo. Porque, una vez más, con ustedes no es el qué, es el quién, es nosotros, es la ley del embudo. Por eso ahora, cuando este Gobierno mejora el modelo, incorpora un vocal del Consejo y un jurista de reconocido prestigio al comité, nos traen ese texto aquí, con su correspondiente sinfonía mediática. Y no, señorías, esto no es rigor; esto es hipocresía, es oportunismo con toga prestada.

Además, les voy a dar algún argumento técnico. Como ya se ha dicho aquí en la intervención, el decreto que regula el procedimiento de 2020, efectivamente, dotó de mayor transparencia y seguridad jurídica a este proceso, que hasta entonces se regulaba por ese simple acuerdo del Consejo de Ministros. Lo mejoró, lo reguló formalmente y añadió garantías que antes no existían. Y ustedes quieren transferir esta competencia al Consejo y quieren gobernar de aquí a un año.

Y aquí aparece el primer problema jurídico de fondo: estos candidatos no tienen por qué ser jueces. El artículo 22 del Convenio Europeo de Derechos Humanos permite que sean juristas de reconocida competencia, no necesariamente miembros de la carrera judicial. Entonces, ¿qué sentido tiene que el Consejo —e‌ ste órgano de gobierno— designe candidatos que no lo son? ¿Que el Consejo determine quién representa a España como abogado general ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Solo desde un corporativismo extremo tiene alguna lógica.

Además ―aquí también se ha dicho―, esta designación es una atribución que corresponde al Gobierno en el ejercicio de su función constitucional de la política exterior, tal y como establece el artículo 97 de la Constitución. No es un capricho del Ejecutivo; es una competencia constitucional. Y sacarla del Gobierno para llevarla al Consejo es una operación, digamos, que no mejora la independencia; si acaso, la desplaza. ¿Hacia dónde? Hacia un órgano que el propio PP ―ustedes― ha usado como instrumento de bloqueo durante años, cada vez que ha estado en la oposición.

Y, miren, hablemos también de la justicia en España, pero no de la justicia abstracta, neutral, perfecta. Hablemos de la justicia real, la que se transforma con leyes valientes y con convocatorias de jueces y fiscales, como la que salió en el BOE el lunes, con 700 nuevas plazas y la incorporación al cuarto turno; de la justicia que defiende a los jueces sustitutos, esos que ustedes hacen de menos; de la justicia que dispone de medios materiales. Sí, yo defiendo la justicia de verdad, no como un instrumento ni de boquilla. Por eso me preocupa ver al PP cuando propone ese tipo de reformas que lo que hacen es desplazar esa independencia hacia otro lugar. Es que ustedes, señorías, se pasaron cinco años bloqueando el Consejo. ¡Cinco años! Que tenemos memoria. Y ahora quieren que ese mismo órgano, que ustedes bloquearon y mantuvieron como rehén negociador, sea quien designe a los magistrados españoles en Europa. Miren, señorías, creo que ustedes hacen piruetas verbales muy curiosas.

Además―también quiero decirlo―, yo defiendo la justicia porque creo que también hay que defender un proceso justo. Y hoy día hay personas honradas que se encuentran ante tribunales sin condena, mientras se presume su culpabilidad con escándalo mediático diario. Y hay quienes han sido condenados por corrupción sistémica ―por la Gürtel, la Púnica y sobresueldos― que vienen aquí a dar lecciones. (Aplausos). Pues mire, no, ni una. Es que al oírles hablar de independencia judicial te tienes que reír. Como decía una compañera, no es para tomárselo a risa, porque además su odio les ciega. Porque hace poco hemos oído que nos quieren con las manos en alto. Hablan de sogas. Esa es su prioridad nazi… nacional. (Risas.―Aplausos).

Vamos a votar que no, porque el sistema funciona. Porque los argumentos no son nuevos, son antiguos. Ustedes usaron modelos más opacos cuando gobernaron. Y porque no se puede legislar en función de polémicas artificiales que ustedes inventan.

Déjenme acabar con una concesión personal. Yo no he sido juez, no lo soy ni lo seré cuando acabe este mandato en el Congreso, un día de estos, pero debe de ser, imagino, un triunfo de la democracia que jueces en excedencia vengan aquí a dar lecciones de independencia judicial. (Aplausos).