Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica el artículo ochenta de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, para reconocer, a efectos legales, el carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de la Administración Penitenciaria.

Moltes gràcies, senyora presidenta. Junts sempre hem defensat que els treballadors penitenciaris mereixen aquest reconeixement. És necessari reforçar el seu estatus jurídic i reconèixer l’autoritat que els cal cada dia per a l’exercici de les seves funcions. Parlem de professionals que realitzen una taxa, una tasca molt complexa, exigent i sovint sotmesa a situacions de gran tensió i de risc elevat. Per això, òbviament, votarem a favor d’aquesta iniciativa. Ara bé, mantenim viva la nostra esmena, perquè apunta un problema profund i és un problema que Junts denunciem iniciativa rere iniciativa en aquesta cambra. Cal aturar d’una vegada que el Congrés aprovi noves obligacions econòmiques per a la Generalitat de Catalunya sense assumir‑ne el cost, com si Catalunya disposés de recursos infinits, com si no patíssim un dèficit fiscal de 22 000 milions d’euros l’any,. Com si els diners que marxen cap a Madrid i no tornen no tinguessin cap conseqüència per als catalans. Però la tenen, perquè cada euro que aquest congrés decideix gastar a càrrec de la Generalitat és un euro menys per a la nostra sanitat, per a la nostra educació o per a les nostres infraestructures.

La nostra esmena planteja una idea molt simple: si una decisió presa aquí genera una obligació econòmica per a la Generalitat de Catalunya, el finançament també l’ha d’assumir qui pren la decisió. Catalunya no estem per obeir i pagar, tot i que alguns encara entenguin el sistema competencial com una relació jeràrquica de Madrid decideix i Catalunya paga, i no. Mantenim, doncs, aquesta esmena per respecte a les competències de la Generalitat, però sobretot per respecte als contribuents catalans.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, señora presidenta. En Junts siempre hemos defendido que los trabajadores penitenciarios merecen este reconocimiento. Es necesario reforzar su estatus jurídico y reconocer la autoridad que necesitan cada día para el ejercicio de sus funciones. Hablamos de profesionales que realizan una tarea muy compleja y exigente, a menudo sometidos a situaciones de gran tensión y de riesgo elevado. Por eso, obviamente vamos a votar a favor de esta iniciativa. Eso sí, mantenemos viva nuestra enmienda porque apunta a un problema profundo. Es un problema que Junts denuncia iniciativa tras iniciativa en esta Cámara. Pero conseguir que se aprueben nuevas obligaciones económicas sin asumir el coste ―eso no―, como si Cataluña dispusiera de recursos infinitos, como si no sufriéramos un déficit fiscal de 22 000 millones al año, como si el dinero que se va a Madrid y no vuelve no tuviera ninguna consecuencia para los catalanes. Pero la tiene, porque cada euro que este Congreso decide gastar a cargo de la Generalitat es un euro menos para nuestra sanidad, para nuestra educación o para nuestras infraestructuras. Nuestra enmienda plantea una idea muy simple: si una decisión tomada aquí genera una obligación económica para la Generalitat de Catalunya, la financiación la tiene que asumir también quien toma la decisión. En Cataluña no estamos para obedecer y pagar, aunque algunos aún entiendan el sistema competencial como una relación jerárquica en la que Madrid decide y Cataluña paga, y no. Mantenemos, por lo tanto, esta enmienda por respeto a las competencias de la Generalitat, pero sobre todo por respeto a los contribuyentes catalanes. Gracias.

Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías, y buenos días también a todos los funcionarios de prisiones que están hoy aquí presentes y a los que nos están viendo.

Para mí es un honor subir hoy a esta tribuna porque es un día histórico y porque este es un tema por el que llevamos muchos años peleando junto a vosotros, codo con codo en vuestras acciones. Además, es un tema que nos toca muy de cerca, porque nuestro presidente de honor, uno de nuestros fundadores, es don José Antonio Ortega Lara, que fue funcionario de prisiones, por eso ETA lo mantuvo secuestrado durante 532 días. (Aplausos).

Hoy, por fin, damos un paso más hacia las justas reivindicaciones que lleváis reclamando más de una década. Hoy no se os concede nada, se os reconoce por fin lo que siempre deberíais haber sido. Habéis hecho multitud de manifestaciones en las que os hemos acompañado: la petición de un estatuto propio, la petición de medios humanos y materiales, más formación, el reconocimiento como autoridad y el reconocimiento como profesión de riesgo. Hemos entrado con vosotros a las prisiones, incluso a los módulos más conflictivos, aquellos en que los directores de prisión no querían que entráramos. Vosotros habéis sido los grandes abandonados por el Estado durante años, los que hacéis verdaderamente que una prisión funcione con vuestra sola presencia, con oficio, con temple, con una autoridad que muchas veces habéis tenido que ejercer aunque la ley no os protegiera como debía. Sabéis perfectamente que un turno puede cambiar en segundos: durante un recuento, la inspección de una celda, una comunicación, un interno alterado, una pelea en un módulo o cuando un interno decide quemar su colchón contra la puerta y varios de vosotros resultáis heridos. Y con todo eso, ¡con todo eso!, volvéis al día siguiente, volvéis a cumplir con vuestro deber y lo hacéis sabiendo que estáis completamente abandonados. (Aplausos). Por eso VOX mantiene viva la enmienda y por eso VOX quiere ir mucho más allá. Sabemos que este es un paso importante, pero no es la meta. Queremos seguir peleando por conseguir todo lo que se ha quedado en el tintero.

Conviene recordar una cifra: 529 agresiones a funcionarios de prisiones en el año 2025. ¡Son 529! Como sabéis, detrás de cada agresión hay una persona, un compañero, una familia, una situación en la que se tuvo que intervenir y que pudo cambiar la vida de un funcionario de prisiones para siempre. Frente a eso, ¿qué ha hecho este Gobierno durante años? Mirar para otro lado e incluso negarlo. El PSOE lleva más de ocho años en el Gobierno, ¡más de ocho años!, y ahora parece que vienen con prisas a descubrir que los funcionarios de prisiones existen; ahora se ponen solemnes, ahora hablan de reconocimiento y ahora dicen que os escuchan. La pregunta es evidente: ¿por qué ahora? ¿Por qué no hace siete años? ¿Por qué no cuando aumentaban las agresiones? A lo mejor es casualidad, o a lo mejor no. Porque uno puede pensar que a lo mejor presentan esto ahora porque como medio PSOE está mirando de reojo a los juzgados, con Ferraz oliendo a cloaca, han empezado a pensar que quizás se tienen que llevar bien con los que están trabajando dentro. ¿Casualidad? No lo creo. (Aplausos.―Rumores).

No se alteren. Por eso, y aprovechando la atención de la bancada socialista, les doy un primer consejo gratuito: vayan aprendiéndose la jerga taleguera. Conviene aprenderla porque en el chabolo no hay Falcon, no hay argumento de Ferraz, no hay asesores colocando titulares, no hay ruedas de prensa para tapar la vergüenza y, sobre todo, no habrá ni mensajes ni llamadas de P. S. (Aplausos). Lo que sí habrá serán recuentos, normas y algunos compañeros de partido y de escaño. Y, a diferencia de lo que el PSOE ha hecho demasiadas veces, allí la ley se cumple. Por respeto a los funcionarios, no voy a ensañarme más con ustedes, pero les digo una cosa: esto llega tarde, muy tarde. Esta medida es de justicia y necesaria, como todas las que llevan tiempo reclamando las asociaciones, y nosotros, como sí creemos en la ley y el orden ―la ley que sostienen policías, guardias civiles, militares, vigilantes de seguridad y funcionarios de prisiones― y sabemos que son ellos los que garantizan el orden que impide que una sociedad se rompa, jamás los vamos a abandonar. (Aplausos).

Pero, como he dicho antes, en VOX no nos conformamos. Ser agente de la autoridad es un paso importante, sí, pero no basta. No basta si siguen faltando plantillas suficientemente dimensionadas, no basta si no hay sueldos adecuados e iguales para todos, no basta si no hay medios, si no hay protocolos que protejan a los funcionarios de prisiones, no basta si la sanidad penitenciaria sigue abandonada, no basta mientras haya una sola agresión, no basta mientras no seáis reconocidos como profesión de riesgo y no basta mientras un funcionario que se está jugando el tipo dentro de un módulo siga sintiendo que al ministerio le molesta más el parte que tiene que hacer que la agresión que el funcionario sufre. (Aplausos). Y tiene que quedar claro: una prisión no funciona por los muros, ni por las rejas, ni por las cámaras, ni por las puertas blindadas; funciona porque hay funcionarios de prisiones que cada día hacen que el criminal no se salga con la suya. Ese trabajo no siempre se ve, pero se nota cuando falta.

Quiero terminar dando las gracias de parte de mi grupo y de los españoles a los funcionarios de prisiones. Gracias y mil veces gracias. Gracias por aguantar, por entrar donde otros no entrarían jamás, por mantener la calma donde otros perderían los nervios y los papeles. Gracias por proteger también a los internos vulnerables, a vuestros compañeros, a todos los españoles de dentro de sus muros. Solamente quiero recordaros que Marlaska y muchos otros os abandonaron mucho tiempo; nosotros no os hemos abandonado ni os abandonaremos jamás. Nosotros vamos a por el pack completo. Allí os esperamos.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenos días.

En primer lugar, cómo no, en nombre de Unión del Pueblo Navarro, quiero reconocer el trabajo y el esfuerzo que realizan estos funcionarios públicos a la hora de garantizar nuestra seguridad. En esta formación política, Unión del Pueblo Navarro, siempre hemos tenido muy claro que había que proteger a los funcionarios y a los trabajadores de los centros penitenciarios españoles y que la figura de agente de la autoridad era una medida oportuna y necesaria. Junto a ello, también había que establecer cuestiones de protección para aquellos trabajadores que no son funcionarios, y eso es algo que se recoge en el texto de esta norma. Y, por otro lado, es evidente que damos un paso muy importante; en una sociedad libre y democrática debemos protegernos y para ello también debemos proteger a los que nos protegen. Es llamativa la mayoría parlamentaria con la que se va a aprobar esta norma, y uno se pregunta: si tan buena y necesaria era, ¿por qué no se aprobó antes? Porque han sido años de lucha, de reivindicación. Se ha dicho esta mañana aquí que ha habido más de 500 agresiones a los funcionarios y trabajadores de prisiones.

Por otro lado, es evidente que con esta situación no se solventan todos los problemas y las necesidades de los centros penitenciarios españoles; no, en ningún caso. El propio informe del Defensor del Pueblo, que se expuso en esta Cámara hace unos días, evidenciaba las necesidades; necesidades, por ejemplo, en materia de sanidad penitenciaria y ese llamamiento que se hacía a algunas comunidades autónomas ―no, por ejemplo, a la de Navarra, que lo tiene asumido desde hace tiempo―. Pero también se hablaba de los derechos de las familias en las visitas, de las plantillas escasas del funcionariado y de los trabajadores para realizar una función adecuada a las necesidades que se plantean en los centros penitenciarios, y se hablaba, señorías, de política penitenciaria. Desde Unión del Pueblo Navarro hicimos hincapié en esa recomendación del Defensor del Pueblo que denunciaba la falta de uniformidad a la hora de conceder los terceros grados. En este apartado, en Unión del Pueblo Navarro no nos vamos a cansar de denunciar una vez más la política penitenciaria del Gobierno y de sus socios que lo sustentan, una política penitenciaria que está permitiendo, señorías, que salgan por la puerta de atrás presos terroristas sin haber cumplido su condena, sin haber un arrepentimiento sincero y real, sin que se haya colaborado con la justicia, como hemos visto hace unos días con una persona a la que se revocó esa semilibertad, a la terrorista Anboto y a otros terroristas que no quisieron colaborar en el esclarecimiento de algunos asesinatos. Se está llevando a cabo una aplicación del tercer grado totalmente fraudulenta, así como una vergonzosa concesión y aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que incluso ha supuesto que algunos jueces que han revocado algunos casos de su aplicación hayan dejado clara la necesidad de modificar dicho artículo. Es llamativo, señorías, en este caso concreto, que una consejera de Justicia del Gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca, del Partido Socialista, pasase de decir que era necesario sancionar los actos de enaltecimiento del terrorismo y de humillación a las víctimas a sacar a los presos de ETA por la puerta de atrás. Esa es la triste realidad de la política penitenciaria de nuestro país.

Muchas gracias. (Aplausos).

Buenos días, señorías. En primer lugar, quiero saludar a los funcionarios de prisiones que nos acompañan hoy. En Coalición Canaria estamos contentos con que hoy podamos votar por fin a favor de acabar con una injusticia histórica, una anomalía histórica: el reconocimiento de estos profesionales como agentes de seguridad. Hemos sostenido este derecho en todas nuestras intervenciones, en todas nuestras iniciativas, un reconocimiento con consecuencias jurídicas reales y que garantiza una mayor protección social a este cuerpo de trabajadores. Sin duda alguna, esta es una de sus principales demandas, pero no la única. Hay muchas más. Desde luego, nosotros las hemos recogido en cada una de nuestras iniciativas y vamos a seguirlas peleando como el primer día, porque para nosotros hoy el trabajo no solo no termina, sino que es el impulso para empezar a reclamar otras cuestiones que son de justicia.

Me van a permitir que haga alusión a las dificultades que viven las prisiones en Canarias, los trabajadores de prisiones en Canarias. Hace más de diez años, bastante más, que no se actualiza la indemnización por residencia. Esto significa que no solo perdemos trabajadores que ya no pueden pagar su alquiler con lo que cobran y con una indemnización por residencia ridícula, sino que además es muy difícil que consigamos personas que quieran trasladarse a Canarias a trabajar. Pero además de esto tenemos que hablar de que esa inestabilidad y ese déficit de plantilla generan que, por ejemplo, en Las Palmas II la población reclusa haya crecido un 150 % mientras que la plantilla se mantiene en las cifras anteriores a ese exponencial crecimiento del que les hablo. En Tenerife II hablamos de una infraestructura obsoleta, antigua, que reclama una reforma integral desde hace años. Saben ustedes que la seguridad en las prisiones no solo depende de las plantillas, sino también de las infraestructuras en las que se mueven. En Tenerife II los trabajadores tienen que llevarse sus propios calefactores en invierno y en verano asumir con pequeños ventiladores las inclemencias de un cambio climático que azota también esas infraestructuras del Estado. Podría seguir, porque son muchos los problemas, podemos hablar también de la falta de personal, de efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado para el traslado de los presos a los centros de salud. En fin, votar a favor hoy no significa que consideremos, ni mucho menos, que están resueltos los problemas que tienen los trabajadores de prisiones, que tienen las infraestructuras penitenciarias, en nuestro caso en Canarias. Coalición Canaria seguirá, tenemos una proposición no de ley registrada para seguir peleando en todos estos asuntos, y además queremos advertir que, como dice uno de los muchos sindicatos que tanto han trabajado en esta reclamación, Tu abandono me puede matar. Cuando hablamos de tu abandono se refieren a esta Cámara. Está en nuestras manos resolver los problemas, está en nuestras manos obligar al Gobierno a dar una respuesta a algo que es urgente. Hoy es un día importantísimo para la dignidad y el respeto de los funcionarios de prisiones, pero no es ni mucho menos el final de esta durísima travesía.

Gracias.

Eskerrik asko, presidenta. Egun on guztioi. Buenos días también a los empleados públicos de la Administración Penitenciaria que hoy nos acompañan.

Señorías, después de varias legislaturas debatiendo sobre la reforma del artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, hoy esta Cámara dará un paso relevante en este sentido recogiendo una demanda generalizada de los empleados públicos de la Administración Penitenciaria para la mejora de la protección jurídica en sus funciones dirigidas a garantizar el régimen interior en los centros penitenciarios, sin desconocer tampoco que, en buena medida, la mejor convivencia en estos centros está también íntimamente relacionada con otros factores, como sus condiciones de vida y habitabilidad, el dimensionamiento de las plantillas de su personal y de sus medios materiales y otros instrumentos, como la constante evaluación y mejora de la protección, de la prevención y actuación frente a agresiones e incluso, y sin ánimo de agotar estos otros factores para la mejor convivencia en los centros penitenciarios, el tratamiento del gravísimo problema de la salud mental dentro de las prisiones de una parte relevante de presos y penados. En cualquier caso, señorías, y por lo que hace a la reforma del artículo 80 de la Ley General

Penitenciaria, he de señalar que esta se dirige a la mejora de la protección jurídica de los funcionarios de la Administración penitenciaria y del personal laboral al servicio de esta en cinco aspectos, tales como el reconocimiento legal de su condición de agentes de la autoridad en relación con los delitos de atentado, resistencia y desobediencia grave; la identificación en los procedimientos administrativos y judiciales consecuencia de esa actividad profesional con el número profesional para preservar el anonimato de sus datos personales; el valor probatorio de sus informes respecto de los hechos presenciados en los procedimientos disciplinarios, sin perjuicio de prueba en contrario y sin que exima a los funcionarios de aportar al expediente todos los elementos probatorios, reconocimiento que, como hemos señalado en otras ocasiones, no eclipsa la constitucional presunción de inocencia ni goza de una absoluta preferencia probatoria acerca de la verdad de los hechos que haga innecesaria la formación de la convicción por la autoridad sancionadora, de suerte que la falta de credibilidad de una denuncia a la vista de otras pruebas o circunstancias concurrentes no permitiría sustentar una sanción. En cuarto lugar, de la reforma del artículo 80 de la Ley General Penitenciaria destacaríamos la separación de otros detenidos internos cuando sean privados de libertad y en los traslados y, en quinto lugar, el principio de indemnidad o resarcimiento por la Administración de los daños que puedan sufrir en la prestación de servicios. Y, por último, unas bases mínimas sobre el carácter funcionarial de los cuerpos y escalas de ejecución penal y sobre la formación específica que han de recibir antes de iniciar su actividad por la Administración penitenciaria de la que dependan orgánica y funcionalmente. En definitiva, señorías, si por una parte hemos de lamentarnos de que esta reforma ampliamente reclamada por los servidores públicos no haya llegado antes, no hayamos sido capaces de traerla antes, por otra parte hemos de congratularnos, ya que la misma sirve para reforzar el principio de autoridad en los centros penitenciarios y la actuación de sus empleados públicos a la hora de desarrollar su trabajo, consistente, como es conocido, en mantener la buena convivencia, preservar los derechos de las personas internas y facilitar la reinserción y resocialización de las personas penadas.

Señorías ―voy finalizando, presidenta―, asegurar el principio de autoridad es indispensable para el buen funcionamiento dentro de los centros penitenciarios, y para ello debe partirse del buen hacer y neutralidad de los servidores públicos a la hora de desarrollar su trabajo, pues sin esa confianza se contribuye a su desmotivación, generándose un sistema relacional basado en la confrontación y la queja, lo que precisamente no fomenta la responsabilización de las personas internas, que es, a todas luces, contraproducente para el tratamiento resocializador, y sin que ello, por supuesto, haya de suponer menoscabo del modelo garantista que articula nuestro sistema penitenciario a través de múltiples controles, como los procedimientos de quejas y recursos ante la Administración penitenciaria, la intervención de la Defensoría del Pueblo, la Inspección Penitenciaria y los recursos ante la jurisdicción penal de vigilancia penitenciaria.

Nada más y muchas gracias.

Bon dia, diputats, diputades. Gràcies, presidenta. Deixi’m fer algunes consideracions prèvies abans d’expressar la posició del meu grup. Aquesta proposta l’hem debatuda en les seves diverses preses en consideració de proposicions de llei quatre vegades els darrers anys, dues a l’anterior legislatura, dues en aquesta legislatura, les dues anteriors van caducar. I el nostre posicionament, encara que sorprengui en aquesta cambra, és exactament el mateix que era el primer dia. Mirin, al gener d’enguany, amb la Llei 1/2026, de modificació del decret legislatiu 1/97 de refosa del text únic en matèria de funció pública del Parlament de Catalunya, es va votar a Catalunya una disposició gairebé idèntica a la que avui votarem. I, lamentablement, es va guanyar. Per tant, no entenc la crida a l’element competencial i de fons, que comparteixo sempre en aquest cas en concret, perquè la Generalitat de Catalunya ha d’aplicar ja la llei del Parlament de Catalunya, que preveu exactament el mateix pels vots —‌‌recordo— de Junts, del PSOE, de VOX i del PP i el vot en contra de Comuns, CUP i Esquerra Republicana de Catalunya.

En aquest faristol, jo sempre havia intentat explicar que el sistema penitenciari català no té res a veure amb el sistema penitenciari espanyol i que això es detecta ràpidament per dos elements fonamentals. El primer, la dependència del Departament de Justícia en lloc de la dependència del Departament d’Interior com a l’Estat. I segon, l’accés a la sanitat dels presos i preses, que en el nostre cas va a càrrec del sistema general i que, en canvi, a l’Estat no funciona així.

Lamentablement, he de dir que aquests aires regressius han arribat també al nostre Parlament i s’ha aconseguit votar aquesta proposició; proposició que després disseccionaré i explicaré per què hi estem en contra, perquè això no té res a veure amb la valoració que fem de la feina de funcionaris, funcionàries i treballadors i treballadores de l’administració penitenciària. No hi té res a veure. Per això som capaços de pujar aquí i dir que hi ha una part d’aquesta proposició en la qual coincidim. Coincidim amb els punts 4, 5 i 6 i, per tant, compartim el principi de indemnitat, la protecció que significa el rescabalament quan els funcionaris de l’administració penitenciària pateixin danys personals, tot i que es preveu l’establiment d’un règim reglamentari per fixar‑ho. Compartim la formació específica que preveu l’apartat 4. Compartim el tractament de separació de la resta de detinguts en cas de detenció o de presos en cas de presó.

Però seguim creient i seguim dient que l’atribució de la condició d’agent d’autoritat als funcionaris d’institucions penitenciàries i ara fent‑ho extensiu al personal laboral no resolem en absolut la multitud de problemes que existeixen en el dia a dia de la seva feina. En primer lloc, perquè no cal. De reputats juristes, està comprovat, diríem, està explicat, està justificat que l’article 550 del Codi Penal d’atemptat a l’autoritat ja cobreix aquestes situacions i no s’incorpora cap protecció reforçada. En canvi, en aquesta disposició es preveu explícitament que els procediments disciplinaris i sancionadors, els informes emesos pels funcionaris de l’administració penitenciària constituiran base suficient per adoptar la resolució que sigui procedent, llevat de prova en contrari, només faltaria. Aquesta presumpció de veracitat en la via disciplinària, que ja s’aplica a la realitat —‌‌és una mica el mateix que els dic: no cal posar‑ho, perquè ja s’aplica— tot i que sí que necessita d’una base legal, estableix una situació d’indefensió —‌‌ho sento molt— que considerem inadmissible. Allò que en diuen les prerrogatives exorbitants.

Dic això, que sabem que genera controvèrsia entre els treballadors i les treballadores, ho sabem. Us reconeixem la vostra feina, reconeixem totes les dificultats que patiu dia a dia, però és que les propostes han de ser unes altres. Reincorporem i fem cert el principi de reinserció social, de socialització i de rehabilitació, que és la finalitat primordial de la pena, juntament amb els principis de respecte als drets humans, de proporcionalitat, de règim progressiu, medi obert. Cada cop utilitzem més l’enduriment del Codi Penal i de les mesures coercitives per resoldre problemes que requereixen tractaments socials. I sembla mentida que el PSOE se n’hagi oblidat!

Per tant, què cal? Jubilació anticipada. Quant fa que hem demanat la jubilació anticipada per a aquest col·lectiu? I no l’estan aplicant. Increment de plantilles, millores d’instal·lacions, augment de mediadors i de mediadors, rebaixes de la quantitat de presos i preses atesos per als psicòlegs i psicòlogues, tractament per als casos provinents de l’exclusió social, de les males condicions, dels abusos, de maltractaments, de vulnerabilitat. Accés a una sanitat digna, tractament de situacions de drogodependència. Com s’assumeixen aquestes situacions a la presó? I, finalment, la gran mare dels ous: un autèntic pla de xoc de la salut mental per als presos. Això és el que necessiten la presó, la política criminal, la política d’execució penitenciària i també treballadors i treballadores.

Mirin, estem assistint a un progressiu desmantellament de la suposada societat justa en política d’execució penal basada en els principis de l’article 25.2. Jo els he de recordar la seva Constitució? Jo que soc independentista i no me’n sento concernida? Però és que la seva Constitució diu:

Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación, reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados.

Parla després dels drets dels condemnats, els drets fonamentals, llevat dels que, òbviament, estiguin afectats per la situació de presó. Parla també del treball remunerat i parla de la Seguretat Social. Sembla que ens hàgim oblidat de tot allò que en un inici va fonamentar la Llei General Penitenciària.

La seva opció va ésser que a la presó hi haguessin cossos no policials. I aquesta és l’explicació de que avui estiguem debatent això perquè, paulatinament, en lloc d’anar aprofundint en els principis humanitaris, en els principis de dignitat, en els principis de drets fonamentals, en els principis de reinserció, en els principis de rehabilitació que informaven una política que es volia progressiva i justa, estem aprofundint en els principis del populisme punitiu, de coerció i d’una regressió absoluta en mans de la dreta i de l’extrema dreta. No se n’adonen, però això acabarà amb tots.

Moltes gràcies.

Gracias, presidenta. Buenos días, diputados y diputadas. Permítanme hacer algunas consideraciones previas antes de exponer la posición de mi grupo. Esta propuesta la hemos debatido en sus diferentes tomas en consideración de proposiciones de ley cuatro veces en los últimos años, dos en la anterior legislatura y dos en esta legislatura. Las dos anteriores caducaron. Y nuestro posicionamiento, aunque sorprenda en esta Cámara, es exactamente el mismo que era el primer día. En enero de este año, con la Ley 1/2026, de modificación del Decreto Legislativo 1/1997, de refundición del texto único en materia de función pública del Parlamento de Cataluña, se votó en Cataluña una disposición casi idéntica a la que hoy votaremos y, lamentablemente, se ganó. Por tanto, no entiendo ese llamamiento al elemento competencial y de fondo que comparto siempre, y en este caso en concreto, porque la Generalitat de Cataluña tiene que aplicar ya la ley del Parlament de Cataluña que prevé exactamente lo mismo con los votos ―recuerdo― de Junts, PSOE, VOX y PP y el voto en contra de Comuns, CUP y Esquerra Republicana de Catalunya. En este atril siempre he intentado explicar que el sistema penitenciario catalán no tiene nada que ver con el sistema penitenciario español y que esto se detecta rápidamente por dos elementos fundamentales: el primero, la dependencia del Departamento de Justicia en lugar de dependencia del Departamento de Interior, como en el Estado; y segundo, el acceso a la sanidad de los presos y presas, que en nuestro caso va a cargo del sistema general y que, en cambio, en el Estado no funciona así. Lamentablemente, tengo que decir que estos aires regresivos han llegado también a nuestro Parlamento y se ha conseguido votar esta proposición; que luego voy a explicar por qué estamos en contra de esta proposición, porque esto no tiene nada que ver con la valoración que hacemos del trabajo de los funcionarios y funcionarias, de los trabajadores y trabajadoras de la Administración penitenciaria, no tiene nada que ver. Por eso, somos capaces de subir aquí y decir que hay una parte de esta proposición con la que coincidimos. Coincidimos en los puntos 4, 5 y 6 y, por tanto, compartimos el principio de indemnidad, la protección que supone cuando los funcionarios de la Administración penitenciaria sufran daños personales, aunque se prevé el establecimiento de un régimen reglamentario para fijarlo. Compartimos la formación específica que prevé el apartado 4 y el tratamiento de separación del resto de detenidos en caso de detención o de presos en caso de prisión, pero seguimos creyendo y diciendo que con la atribución de la condición de agente de autoridad de los funcionarios de instituciones penitenciarias ―y ahora haciéndolo extensivo al personal laboral― no resolvemos absolutamente la multitud de problemas que existen en el día a día de su trabajo, primero, porque no hace falta. Reputados juristas lo han explicado, lo han justificado, que el artículo 550 del Código Penal ya cubre estas situaciones y no se incorpora ninguna protección reforzada. En cambio, en esta disposición se prevé explícitamente que los procedimientos disciplinarios y sancionadores y los informes emitidos por los funcionarios de la Administración penitenciaria constituirán base suficiente para adoptar la resolución que sea procedente, salvo prueba de lo contrario, solo faltaría. Esta vía disciplinaria, que ya se aplica en la realidad ―es un poco lo mismo que digo, no hace falta ponerlo porque ya se aplica, aunque sí requiere una base legal― establece una situación de indefensión, lo siento mucho, que consideramos inadmisible; las prerrogativas exorbitantes, como las llamamos.

Dicho esto, sabiendo que genera controversia entre los trabajadores y trabajadoras ―lo sabemos, reconocemos vuestro trabajo y todas las dificultades que sufrís día a día, pero las propuestas tienen que ser otras―, reincorporemos el principio de reinserción social, resocialización y rehabilitación, que es la finalidad primordial de la pena, junto con los principios de respeto a los derechos humanos, de proporcionalidad, de régimen progresivo o de medio abierto. Cada vez utilizamos más el endurecimiento del Código Penal y las medidas coercitivas para resolver problemas que requieren tratamientos sociales, y parece mentira que el PSOE se haya olvidado de eso.

Por tanto, ¿qué necesitamos? Jubilación anticipada ―¿cuánto hace que pedimos la jubilación anticipada para este colectivo y no lo están aplicando?―; incremento de plantillas; mejoras de instalaciones; aumento de mediadoras y mediadores; rebajas de la cantidad de presos y presas atendidos por los psicólogos y psicólogas; tratamiento para los casos procedentes de la exclusión social, de las malas condiciones, de los abusos, de los maltratos, de la vulnerabilidad; acceso a una seguridad digna y tratamiento de situaciones de drogodependencia. ¿Cómo se asumen estas situaciones en la prisión? Y, finalmente, la gran madre de los huevos: un plan de choque de la salud mental para los presos. Eso es lo que necesitan la prisión, la política criminal, la política de ejecución penitenciaria y también los trabajadores y trabajadoras.

Miren, estamos asistiendo a un progresivo desmantelamiento de esta sociedad justamente en ejecución penal, según el artículo 25.2. ¿Tengo yo que recordarles su Constitución, que soy independentista y no me siento afectada ni interpelada? Su Constitución dice:

Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación, reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados.

Habla después de los derechos de los condenados, de los derechos fundamentales, salvo los que, obviamente, estén afectados por la ejecución de la pena, y también habla del trabajo remunerado y de la Seguridad Social. Parece que nos hayamos olvidado de todo lo que en un inicio fundamentó la ley penitenciaria.

Su opción fue que en la prisión hubiera cuerpos no policiales, y esta es la explicación de que hoy estemos debatiendo esto porque, paulatinamente, en lugar de ir profundizando en los principios humanitarios, en los principios de dignidad, en los principios de derechos fundamentales, en los principios de reinserción o en los principios de rehabilitación que informaban una política que se quería progresiva y justa, estamos profundizando en los principios de populismo, de coerción y de una regresión absoluta en manos de la derecha y de la extrema derecha. Y no se dan cuenta, pero esto va a acabar con todos.

Gracias. (Aplausos).

Gracias, presidenta. Mi abuelo y mi padre se llamaban igual, los dos Germán Alonso, y esa coincidencia, el mismo nombre para dos hombres, salvó a mi padre de ser fusilado. Por eso estoy hoy aquí, en su nombre y en honor de miles de camaradas que no pudieron contarlo. (Aplausos). Mi padre pasó ocho años en las cárceles de Franco, a caballo entre los años cuarenta y cincuenta. Porlier, Carabanchel, Alcalá y el penal de Burgos: hambre, frío, malos tratos y semanas enteras en celdas de castigo. ¿Por qué? Por seguir siendo comunista de las JSU y del Partido Comunista de España. Una humillación humana que no podemos repetir por mucho que rime con los tiempos actuales de resurgimiento del fascismo, esta vez a modo de farsa populista.

Por edad, soy de los pocos de esta Cámara que creció con la cárcel franquista contada en casa, de viva voz. Ayer estuvo aquí mi tía Ligia Alonso, de 94 años, en la tribuna. Ella, como antes mi padre y mi abuelo, me explicó las penurias de los dos Germán Alonso, y soy yo precisamente quien sube hoy, por parte de SUMAR, en defensa de esta ley para reconocer a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad. A alguien le parecerá una contradicción, pero no lo es. Yo aún tardaría en nacer, pero mi padre pocas veces se refirió a los funcionarios como enemigos. Como en toda profesión había funcionarios deleznables, pero también había personas honestas que hacían su trabajo lo mejor posible y con actos de humanidad como el que recientemente me explicó mi tía: Porlier, 1943, 24 de septiembre, ustedes lo saben, día de las Mercedes, dejaron pasar exclusivamente a los niños para ver a sus parientes. Ella y su hermana Hortensia ―dos niñas solas― pudieron abrazar a su padre y a su hermano en un pasillo gracias a los funcionarios. Un abrazo que aún hoy la acompaña. Después, la falta de recursos les impidió visitar a su hermano durante años, porque lo trasladaron a Burgos. Pero me decía mi tía que no es nada comparado con lo que sufren las niñas en Palestina. Todo nos lo vino a contar la semana pasada Arab Barghouti y nos lo recordó en este mismo Congreso. Por ello y porque algunos no masticamos odio por lo que les pasó a los nuestros, necesitamos hombres y mujeres que intuyan la luz en la oscuridad. Solo pedimos justicia y reparación.

Ese ánimo de mejora de una sociedad referente en derechos humanos nos lleva a defender algo que a otros les parecerá extraño: garantizar el respeto mutuo entre condenados y carceleros. Aunque carcelero es una palabra que ya no sirve, porque el fondo de lo que hoy defendemos no es el castigo, sino la reinserción. Si de verdad creemos que la cárcel debe servir para reinsertar, como nos obliga la Constitución, entonces estamos obligados a proteger y a dignificar a quienes lo hacen posible cada día. El funcionario de prisiones no es un carcelero, sino el primer eslabón de la reinserción, y una plantilla maltratada, con miedo y sin medios, no reinserta a nadie. El amplio reconocimiento al trabajo de los servidores públicos y trabajadores de prisiones ha generado acuerdo entre todos nosotros para incrementar su protección en la labor de la reinserción. Aprovecho para enviar un saludo a los familiares de Nuria López, asesinada en Mas d’Enric por falta de medidas suficientes para prevenir riesgos laborales. Esto también es por Nuria. Pero ella no es la única que ha sufrido violencia. Solo en 2024, más de seiscientos funcionarios resultaron heridos en las cárceles catalanas, setenta y nueve de ellos de gravedad. Las agresiones se han triplicado en menos de diez años.

Los funcionarios serán agentes de autoridad y los trabajadores sin esa condición también tendrán la misma protección penal, resarcimientos económicos y separación de internos si ingresan en prisión. Para este grupo ha sido esencial el trabajo de los sindicatos, especialmente de Comisiones Obreras. Aprovecho para saludar a los funcionarios hoy aquí presentes. La protección no solo depende de las medidas disciplinarias, pues se necesitan políticas preventivas y más inversión en tratamientos. Esta es la mejor vía para un trabajo óptimo, seguro y con resultados reales.

Hoy estamos reformando la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, la primera ley orgánica tras la aprobación de la Constitución y la superación de la dictadura franquista. Fue la primera, porque era urgente mejorar las inhumanas condiciones de los presos. Es una buena ley, que no ha sufrido muchos cambios, y es un buen texto legal, pero si hay reformas, también deben hacerse pensando en mejorar las condiciones de las personas presas para alcanzar el mandato constitucional. Por eso llevamos años reclamando el traspaso de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas. Casos como el del joven Derimán Alemán, en Gran Canaria, no se pueden volver a repetir. La ley de 2003 nos lo ordenó para antes del 1 de enero de 2004, hace veintidós años, y esta Cámara lo ha aprobado en proposiciones no de ley. Salvo Cataluña, Euskadi y Navarra, las comunidades no han cumplido. Ya está bien de ignorar la ley.

También reclamamos recuperar el subsidio por excarcelación, que fue sustituido por el ingreso mínimo vital, lo que ha dificultado el acceso a ayudas a quienes salen de prisión. Queremos más recursos en salud mental penitenciaria, apoyo comunitario y mecanismos estrictos de prevención de suicidios. Y defendemos mecanismos para prevenir situaciones equiparables a malos tratos, para garantizar espacios seguros en prisión y evitar acusaciones sin fundamento contra los funcionarios.

Por todo ello votaremos a favor y seguiremos trabajando, como siempre hemos hecho durante estos dos años, para conseguir el resto de las reivindicaciones pendientes, perfeccionar las condiciones de las personas privadas de libertad y dotar al sistema de mejores condiciones para la reinserción.

Señora presidenta, quiero acabar con una frase que dijo ayer el papa León XIV en la prisión de Brians 1 ―abro comillas―: «… el pasado no condena el futuro, sino que nos ofrece la posibilidad de cambiar nuestras decisiones y elecciones», ―cierro comillas―. Eso es precisamente lo que hoy defendemos: una justicia que no solo castiga, sino que reinserta y que a la vez ―a la vez― protege a los trabajadores que la han de hacer posible.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).

Muchas gracias, presidenta. Señorías, hoy es un buen día. Es un buen día para los funcionarios de prisiones y para la Administración General del Estado, pero sobre todo es un buen día para decir que un colectivo de trabajadores y trabajadoras, con perseverancia, lucha y, sobre todo, muchas ganas de acción van a conseguir una victoria importante en este Congreso de los Diputados: que entre la mayoría de grupos parlamentarios de esta Cámara podamos llevar a cabo la reforma de la primera ley orgánica que se puso en marcha en nuestra democracia. Señorías, los centros penitenciarios son uno de esos lugares que rara vez ocupan titulares cuando las cosas funcionan bien, y eso sucede gracias a los profesionales que trabajan en ellos. Mientras celebramos este debate, miles de hombres y mujeres estarán entrando en un centro penitenciario para garantizar la seguridad, la convivencia y el mandato constitucional de la reinserción. Pensemos por un momento en una escena cotidiana que nunca abre los informativos: se abre la puerta de un módulo y un funcionario entra, sabiendo que detrás de esa puerta hay decenas de personas privadas de libertad, cumpliendo condenas por diferentes delitos. Son personas de distintas procedencias, con conflictos, con frustraciones, con problemas y, también, con expectativas de futuro. El trabajo de los funcionarios de prisiones, que poca gente conoce, consiste en mantener el orden, prevenir conflictos, evitar agresiones, mediar cuando surgen enfrentamientos y garantizar la seguridad de todos, la de los internos, la de sus compañeros y la suya propia. Lo hacen cada día, con profesionalidad, con autoridad y muchas veces sin el reconocimiento público que merecen. Hoy, desde esta tribuna, quiero dirigirme a ellos. Quiero dirigirme a los más de 30 000 trabajadores y trabajadoras de la Administración penitenciaria (aplausos), a quienes desarrolláis vuestra labor en uno de los complejos más difíciles de la Administración pública, a quienes hacéis posible que se cumpla ese mandato constitucional de la reeducación y la reinserción social y a quienes contribuís cada día a que nuestro sistema penitenciario sea un referente internacional. Hoy quiero hablar también de justicia, porque el reconocimiento como agentes de la autoridad no nace de una ocurrencia política, sino de una reivindicación histórica del colectivo, sostenida durante años por las organizaciones sindicales y durante décadas por quienes conocen la realidad de nuestras prisiones. Por eso hoy quiero reconocer el trabajo de los sindicatos, de las asociaciones profesionales y de todos aquellos que han mantenido viva esta demanda durante tanto tiempo. (Aplausos). Y quiero hacerlo de manera expresa mirando a la tribuna, donde hoy nos acompañan representantes de esos trabajadores y trabajadoras. Han sido años de reivindicación constante, de propuestas y de perseverancia, de mucha perseverancia. Veo arriba en la tribuna a gente muy perseverante, os lo aseguro. Habéis defendido esta demanda con independencia de quién ocupara el Gobierno o de quién tuviera mayoría en esta Cámara. Cuando una reivindicación es justa, es importante que esta sea también avalada por un colectivo como el vuestro. Esta vez, la definitiva, ha sido posible gracias a una proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista.

Hoy reconocemos una realidad que ya existía en la práctica, porque quienes ejercen funciones de autoridad dentro de un centro penitenciario merecen también el reconocimiento legal que corresponde a esa responsabilidad. Esta reforma viene a decirles algo muy sencillo a miles de trabajadores de nuestras prisiones: el Estado reconoce vuestro trabajo, refuerza vuestra protección y está a vuestro lado. Y damos un paso más, porque la protección legal no puede depender del puesto que uno ocupe. Por eso, la reforma que aprobamos hoy amplía la protección al personal laboral y garantiza que nadie quede atrás cuando hablamos de derechos, garantías y respaldo institucional.

Señorías, esta no es la victoria de un partido político ni de un grupo parlamentario; esta es la victoria del colectivo profesional que nunca dejó de defender una reivindicación legítima y es también la victoria del diálogo, del acuerdo y de la capacidad de esta Cámara para escuchar. (Aplausos). El texto que hoy votamos ha sido posible gracias al trabajo de muchas personas y a la voluntad de entendimiento de fuerzas políticas muy distintas. En tiempos en los que parece que solo existe espacio para el enfrentamiento, hoy podemos reivindicar algo tan sencillo como valioso: cuando escuchamos y ponemos el interés general por delante, la política mejora la vida de la gente, y eso es precisamente lo que estamos haciendo hoy.

Hay momentos que justifican el trabajo que todos y todas hacemos en esta Cámara y este es uno de ellos, porque hemos buscado el acuerdo, porque los grupos parlamentarios hemos sabido escuchar a los profesionales y porque hemos entendido que hay cuestiones que deben quedar por encima de la confrontación partidista. Por eso quiero poner en valor el consenso alcanzado durante la tramitación parlamentaria: un consenso amplio que ha permitido mejorar el texto y reforzar su alcance y que demuestra que, cuando la política escucha a quienes estáis sobre el terreno, las instituciones funcionan mejor.

Señorías, esta reforma es un paso más en del trabajo que venimos desarrollando desde 2018 para mejorar las condiciones de quienes trabajan en nuestras prisiones; un camino de avances, de diálogo y de reconocimiento que hoy incorpora una reivindicación histórica del colectivo. Se han mejorado los salarios, se han recuperado derechos laborales, se han reforzado las ofertas de empleo público y se han impulsado mejoras organizativas en el sistema penitenciario. ¿Queda camino por recorrer? Sin duda. Nadie conoce mejor que los trabajadores y trabajadoras de instituciones penitenciarias todas las demandas que siguen existiendo: la mejora de medios materiales, la formación, la transferencia de la sanidad penitenciaria y otras demandas legítimas que están encima de la mesa. Pero, precisamente porque queda camino por recorrer, era importante dar este paso. Reconocer la autoridad de quienes garantizan la seguridad dentro de nuestras prisiones es reconocer la importancia de su trabajo. Proteger a quienes nos protegen es una obligación de cualquier Estado.

Gracias a quienes mantenéis la seguridad en los centros penitenciarios. Gracias a quienes mantenéis la calma cuando aparecen los conflictos. (Aplausos). Gracias a quienes entendéis que seguridad y reinserción no son conceptos enfrentados, sino complementarios. A quienes hoy nos acompañáis desde la tribuna y a quienes nos estáis escuchando fuera quiero trasladaros un mensaje muy sencillo: esta Cámara ha escuchado vuestra reivindicación y hoy os devuelve una parte del reconocimiento que os lleváis ganando día a día durante años. Hoy votaremos a favor de una reforma justa, necesaria y largamente esperada.

Muchas gracias. (Aplausos).

Muchísimas gracias, señora presidenta. En primer lugar, me gustaría saludar a los funcionarios y trabajadores penitenciarios, a todos los representantes de los trabajadores ―sindicatos y a Tu abandono me puede matar―, y muy especialmente quiero saludar a Pablo. Pablo es el sobrino de Nuria, esa trabajadora que fue asesinada en una prisión en Tarragona. Pablo, tú nos has traído hasta aquí. (Aplausos que continúan mientras la oradora está en el uso de la palabra). El compromiso contigo era que no íbamos a dejar a nadie solo, y aquí hemos llegado no solo los funcionarios, sino también los trabajadores penitenciarios. ¡Hemos cumplido! ¡El Partido Popular ha cumplido! (Continúan los aplausos). Me gustaría comenzar agradeciendo el trabajo de la comisión: de mis compañeros Fernando de Rosa y de Carlos Adanero; de la presidenta de la comisión, Carmen, muchísimas gracias por el trabajo durante estos días; a los compañeros del Grupo Socialista encabezados por su portavoz, por David, y, por supuesto, a los portavoces del PNV, de Junts y de todos los partidos. (Rumores). Créanme, señorías, que no era fácil un acuerdo entre el PSOE, el PP y el PNV. No era fácil. No estamos en el mejor momento para llegar a un acuerdo con el Ministerio del Interior. En un momento en el que el Ministerio del Interior está salpicado de corrupción hasta las cejas, créanme que he priorizado la dignidad de los trabajadores por encima de cualquier voto o interés político. (Aplausos). No estábamos en el mejor momento para firmar un acuerdo con el PSOE y con el PNV, créannos. Tengo que agradecer aquí a la vicesecretaria, a Cuca Gamarra, y muy especialmente a una persona que aún no ha llegado, que es Miguel Tellado. En 2018, cuando era el secretario general del PP en Galicia, Miguel Tellado comenzó desde allí de la mano con Tu abandono me puede matar y con los sindicatos a decir: Hay que proteger a los funcionarios y a los trabajadores penitenciarios, hay que considerarlos agentes de la autoridad. (Rumores). Hoy, Miguel Tellado, también hemos llegado hasta aquí. (Aplausos). Gracias por dejarnos firmar ese acuerdo con el PSOE y con el PNV. Señorías, durante estos ocho años, los trabajadores penitenciarios no fueron la prioridad en las prisiones para el Gobierno, no, no, no; fueron ocho años de abandono. Las prioridades para el Gobierno eran dos: la primera, los presos de ETA, primero acercarlos y después excarcelarlos, eso fue para lo único que se han puesto de acuerdo aquí (un señor diputado del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Mentira!); la segunda prioridad era el buenismo penitenciario: primero, fomentando y ampliando los terceros grados ―como hemos visto, se han disminuido totalmente los primeros grados―, y, segundo, con incentivos a la excarcelación. Han fomentado el tercer grado como el del asesino del niño de Lardero, que fue excarcelado en contra de una junta de tratamiento y salió y volvió a matar. (Aplausos). Hoy, todos esos a los que se les llena la boca hablando de reinserción piensen también si todos pueden tener reinserción, señores. ¿Por qué traen ahora esta iniciativa? ¡Si sabemos que nos han utilizado! ¡Si sabemos que el congelador de Armengol acaba de llevarse un varapalo judicial del Constitucional y tenían que desbloquear alguna ley, la menos lesiva! (Varios señores diputados: ¡No, no, no!―El señor Aceves Galindo hace signos negativos con la mano.―Rumores). Y han desbloqueado esta de todas. Porque, si ustedes recuerdan, la del Grupo Popular lleva setenta ampliaciones de plazo de enmiendas y han desbloqueado la que les ha interesado porque tenían que cumplir una sentencia; pero, aun así, nos alegramos de ello. Esta es una reivindicación histórica, una reivindicación a la que le debemos mucho porque, fíjense, hoy solo votan en contra dos grupos: el de Esquerra, que son los que tenían que haber protegido a Nuria en la prisión de Cataluña y no la protegieron (aplausos.―La señora Vallugera Balañà pronuncia palabras que no se perciben); y, el segundo, Bildu, los herederos de ETA, los que señalaban a los funcionarios de prisiones, los que los secuestraban y asesinaban. ¡Por eso hoy no se atreven a apoyar esta ley, señores de Bildu! (Protestas). Fíjense: ¡son los socios de Sánchez! Ojo, son los socios de Sánchez, no os olvidéis. (Rumores). Sí, sí, reíros. A mí me encantan las risas de Bildu. Vaya risa de hipócritas que tenéis, de verdad. ¿Cómo sois capaces de estar sentados ahí? (Rumores). Yo, por dignidad, me hubiera ido y no hubiera estado aquí teniendo a los funcionarios de prisiones ahí (señalando la tribuna de invitados), a los que intentasteis secuestrar y asesinar. (Protestas.―Aplausos). Los pusisteis en el objetivo de la banda terrorista ETA, esa es la verdad. (Protestas.―Aplausos.―El señor Azorín Salazar pronuncia palabras que no se perciben). Hoy he escuchado aquí…

Gracias, señora presidenta. Señorías, les escuece lo que están escuchando. (Aplausos.―Protestas). Hoy sus ministros se deben a esos votos, pero no me van a quitar ni me van a callar. Hoy, lo importante son los trabajadores penitenciarios, los funcionarios, esos que llevan días, años, luchando simplemente por una protección jurídica, una protección económica, unas mejoras en sus condiciones sociolaborales. Hoy, se habló aquí mucho de reinserción, de ayudar a los presos, de darles incluso una renta para cuando salgan de la prisión, darles un subsidio. ¿Han pensado en beneficiar, en algún momento, a los trabajadores penitenciarios? (Aplausos). Y les prometo una cosa, vamos a ir a más, esto ha sido un paso y les prometo que el Partido Popular va a ir a más, con la ayuda de todos ellos. En último lugar ya, quiero saludar a Manuel: estate orgulloso de Tu abandono me puede matar; hemos llegado. Creo que está aquí también CSIF, mi vecino Jorge Vilas, y no sé si está ACAIP y alguno más. A todos, gracias, hemos llegado. Les diré una cosa, hoy, mientras estamos aquí, señorías, un funcionario o un trabajador penitenciario está siendo agredido. Cada día, en España, de media, dos trabajadores son agredidos. Piensen en ellos. Son el último eslabón de la cadena de seguridad. Primero, trabajan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el último eslabón son los trabajadores penitenciarios. Esos que durante años no se podían manifestar, porque si salían sus caras en un periódico, eran el objetivo de ETA e iban a ir a por ellos. Hoy están aquí y pueden salir dignamente a la calle. No os vamos a fallar. Esta reivindicación histórica va a continuar, porque os lo merecéis, porque sois el colectivo más abandonado por parte de la Administración del Estado. Han pasado ocho años para que el Gobierno, por fin, se doblegase y aceptase las condiciones que imponíamos. Estén orgullosos. Gran trabajo el que han hecho. Pablo, vete con tu familia. Es un gran día para tu familia, porque no ha sido en balde el asesinato de tu tía, no ha quedado olvidado, y hoy, aquí, está muy presente Nuria con todos nosotros. Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y de los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular, puestos en pie).