Interpelación urgente a la Ministra de Vivienda y Agenda Urbana sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar que los españoles siempre vayan primero para comprar, alquilar o recibir una vivienda social.

Gracias, presidenta. Buenos días, ministra. En España hay una generación entera a la que se le han cortado las alas: no puede competir para comprar una vivienda, no puede competir para acceder a un alquiler digno, no puede competir para formar una familia y no puede competir para acceder a las ayudas y a la vivienda social que paga con sus impuestos. Se ha convertido España en una subasta global, una subasta global de salarios, de vivienda, de expectativas y de frustraciones, y en esa subasta el español corriente siempre pierde: pierde frente a fondos, grandes corporaciones y capitales internacionales para comprar; pierde frente a una inmigración masiva, que tira abajo los salarios y tira arriba los alquileres; y pierde también frente a un Estado que jamás le protege, jamás le prioriza y además le castiga fiscalmente. Empecemos con la compra. La generación a la que se le prometió que viviría mejor que sus padres, lisa y llanamente, vive peor, mucho peor. Nacieron en un hogar en propiedad y hoy solamente tienen precariedad. Vivieron en un piso de 90 metros cuadrados con balcón y hoy solo tienen un cuartucho mal ventilado y turnos para poder utilizar el salón. Millones de españoles menores de 40 años se preguntan a diario por qué, por qué esa tremenda bajada a los infiernos; por qué ayer se podía comprar una vivienda con tres años de sueldo bruto y hoy, en las principales ciudades del país, ya son más de diez o doce años; por qué ayer el 70 % de los jóvenes eran dueños de su casa y hoy esa cifra ni siquiera supera el 30 %. ¿Por qué? La respuesta, desde luego, no puede ser porque los jóvenes son más vagos o más caprichosos, o trabajan menos, o porque pagan Netflix, o porque toman cañas, o porque cogen un par de aviones al año. La respuesta no está fuera. La respuesta está aquí dentro. La respuesta es que los que han manejado el cotarro todo este tiempo, señora ministra, han destruido las condiciones que permitían prosperar a una familia normal. (Aplausos). Los salarios llevan décadas estancados, mientras todo lo demás ha subido drásticamente, incluida la vivienda. La vivienda es cara porque ustedes han hundido la oferta mientras dopaban la demanda; el acceso popular a financiación, que es el único recurso que se tiene cuando los precios están separados de los sueldos, es cada vez más complicado por las sucesivas normativas que ha aprobado esta Cámara, y los impuestos a la compra son los más altos de toda la OCDE, lo que ha supuesto una muralla fiscal imposible de saltar para la mayoría social, imposible de saltar para la mayoría de los españoles. En consecuencia, se encuentra con que la clase media ha sufrido una desposesión brutal. Porque Marc y Paula trabajan, y han estudiado, y se parten el lomo, y se dejan los cuernos, y ahorran lo poquito que pueden. Cumplen con todo aquello que se les dijo que tenían que hacer y, sin embargo, cuando llegan a la meta descubren que ya no compiten con otra pareja española joven para comprar; compiten con fondos, compiten con grandes patrimonios, compiten con empresas que tienen grandes facilidades crediticias o con fortunas extranjeras que compran a tocateja lo que los nuestros ni siquiera pueden soñar con adquirir a plazos. El comprador marginal ya no depende de los salarios medios de España, y eso está devorando a la clase media, porque el mercado de la vivienda ya no funciona según lo que puede pagar una familia española, sino según lo que pueden pagar capitales globales que, sencillamente, juegan en otra liga. (Aplausos).

Los datos son demoledores: más de una de cada tres viviendas se compra sin hipoteca, las compras por extranjeros son ya más del 20 %, y si sumamos fondos y grandes empresas, el capital internacional es ya más del 30 % de las operaciones de compraventa de cada año. Así, llegamos al mensaje real que se le está mandando a millones de españoles: que la meritocracia ha muerto, que el esfuerzo y el trabajo duro ya no garantizan nada, que el contrato social se ha roto y que, si tienen suerte ―si tienen suerte―, quizá puedan heredar con 60, 65 o 70 años la vivienda de sus padres. Así es como el país de los propietarios se convierte en el país de los precarios, en una colonia inmobiliaria, en el patio trasero de los ricos de todo el mundo.

Entonces, empieza el siguiente drama, porque el alquiler ya no funciona como una solución razonable para poder construir una vida estable. El alquiler se ha convertido en una jungla. Tenemos un desajuste brutal entre oferta y demanda, desajuste que ustedes agravan deliberadamente. Cada vez más personas buscando piso, cada vez menos pisos disponibles. ¿Cada vez menos pisos por qué? Porque todas sus regulaciones han conducido a una enorme caída de la oferta de larga duración. Son decenas de miles de casas las que salen cada año, decenas de miles de casas que antes alojaban a familias y ahora se han evaporado por arte de magia. Ley tras ley, decreto tras decreto, desde el 11/2020 y cada una de sus prórrogas hasta la ley de vivienda, han conseguido jibarizar el mercado de la vivienda. Los anuncios de los portales inmobiliarios muestran una caída de la mitad de la oferta en seis años. Es imposible hacer tanto daño en tan poco tiempo.

Yo sé que a usted los datos de los portales inmobiliarios no le gustan, así que le traigo fuentes oficiales. Las fuentes de INCASÒL, en Cataluña, la niña bonita de sus experimentos. Contratos de alquiler firmados al año: en 2021, cuando empezaban con los experimentos, 57 000 contratos firmados en Barcelona; en 2025, 30 700. Es prácticamente la mitad. Los datos los puede buscar cualquiera de sus señorías buscando ahora mismo en Habitatge. Son 57 000 y, cinco años después, 30 000. No es que en Barcelona se hayan vuelto locos. Cataluña completa: 168 000 en 2021; 108 000 en 2025. Mientras tanto, la presión sobre ese parque cada vez más reducido no deja de crecer.

Son 1 200 000 los inmigrantes que entran en nuestro país cada año, 1 200 000 inquilinos potenciales. Es el equivalente a dos Sevillas o a dos Málagas. Luego vienen las lágrimas de cocodrilo con que si se puede especular y si hay un negocio con la vivienda. ¡Cómo no va a haber un negocio si tienen clientes infinitos y cada vez hay menos competidores! Los grandes caseros se están frotando las manos con ustedes. (Aplausos). En ciudades como Madrid o Barcelona, aproximadamente la mitad de la población en edad de emanciparse ―es decir, la mitad de la población en edad de estar buscando vivienda― ya es de origen extranjero. Lo cual quiere decir que nuestros jóvenes están compitiendo por casas con un volumen demográfico importado completamente desbordado, que les está empujando a situaciones absolutamente dramáticas.

Las consecuencias son las únicas posibles y, desde luego, las esperables: cientos de candidatos por cada piso que se anuncia, filtros de acceso cada vez más duros, castings de película; españoles descartados, sin casa, enviados a una cuneta social, y hacinamiento como única respuesta a la escasez. La casa de tres habitaciones que antes alojaba a los padres y a dos hijos ahora es habitada por tres familias inmigrantes o tres grupos de estudiantes, uno en cada habitación. Una degradación lastimosa de las condiciones de vida: ollas debajo de la cama, armarios donde convive la ropa con la comida, niños que hacen los deberes en el suelo... Esto no es progreso, ni legislatura de la vivienda, ni coliving, ni nada molón; esto es chabolismo vertical. Y esto es algo que los españoles, que cuando miran por el retrovisor se encuentran con la casa en propiedad en la que nacieron, no pueden permitirse y no pueden tolerar de ninguna forma.

Entonces ocurre algo devastador: el trabajador español ya no puede competir por un alquiler sin rebajar brutalmente su nivel de vida, sin renunciar a su intimidad, a su estabilidad, a su dignidad. Así es como una generación entera empieza a redescubrir formatos habitacionales que son más propios de la novela social del siglo XIX o de la inmediata posguerra: habitaciones realquiladas, treintañeros compartiendo piso eternamente, parejas incapaces de poder tener hijos, niños creciendo sin espacio... Claro, si en la compra la familia española no podía competir con las rentas de un millonario de Ciudad de México, de Londres o de Pekín, en el alquiler resulta que ha sido condenado a una cruel disyuntiva: o destinar una parte obscena de su sueldo a pagar la renta y llegar con el agua al cuello al día 15, 16 o 17 de cada mes, o aceptar condiciones impropias de un país europeo en el siglo XXI. Por tanto, el español corriente ha quedado atrapado: demasiado pobre para comprar, demasiado acostumbrado a vivir con dignidad para poder alquilar con el hacinamiento actual, demasiado español para recibir vivienda social.

Y aquí llegamos al último escalón del drama habitacional español. Porque cuando la gente ha quedado fuera de juego, ahí debería estar el Estado, para proteger, para arropar, para elevar, para proveer de aquello que falta. Tenemos la legislatura de la vivienda, la vivienda prometida, nunca entregada, tampoco construida. Tenemos unos datos que son realmente feroces. Ya no es que la vivienda se haya vuelto cara, es que es escasa, es que hay millones de españoles sin casa. Según el INE de hace tres semanas, 3 200 000 españoles buscaron piso el año pasado y no lo encontraron; 3 200 000. Son 3 200 000 vidas paradas, en suspenso, en vilo, pendientes de un hilo, de hogares que no se están creando, de niños que no se están teniendo, de ofertas de trabajo que no se pueden aceptar. Precisamente es para todos esos españoles para los que debería haber vivienda protegida y vivienda social, para que puedan ser libres, para que puedan ser dueños de su futuro. Esa es la justicia social. Realidades concretas, señora ministra, y no la nada material y la inanidad constante de un Gobierno que ha metido en el pozo a generaciones de españoles.

Son muy ridículas las consecuciones en lo relativo a vivienda social. Cada año hay más denuncias por okupación que viviendas terminan las administraciones públicas. (La señora ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Rodríguez García, hace gestos negativos). No diga que no, señora ministra. Puede usted ver ambos datos entrando en la página de su ministerio y del Ministerio del Interior, ambos datos son públicos para todo español que sepa leer. (Aplausos). Y no es solo que hagan poca, sino que la poca que hacen las administraciones públicas españolas ya sabemos quién se la lleva: los amigos del PP, los amigos del PSOE, los fondos o extranjeros recién llegados. Entonces, los españoles corrientes descubren que tampoco pueden competir ahí. Descubren que lo que debería ser su refugio es, al final, su condena, que también en esto son los últimos de la cola. No solo los últimos, sino que descubren todavía algo más humillante, que con sus impuestos están financiando viviendas que ellos jamás recibirán, que los españoles sin casa están pagando las casas a quienes acaban de llegar (aplausos), porque los criterios actuales priorizan casi exclusivamente la renta, la vulnerabilidad y el desarraigo, y ningún trabajador español, por precario que sea, puede competir con todo el mundo por una vivienda social. Es un juego amañado desde el principio, trucado, de bolas calientes. Eso destruye inevitablemente la solidaridad social y la solidaridad nacional. Los Estados de bienestar nacieron para eso, para proteger a los compatriotas que necesitan del abrazo colectivo. Eso es así y debería ser así en cualquier nación seria del mundo. En Suecia, primero los suecos; en Honduras, primero los hondureños; en Kuwait, primero los kuwaitíes; y en España, primero los españoles. Es la necesidad y ese es el verdadero drama. No solo la escasez, no solo los precios, sino la sensación creciente de abandono nacional, la sensación de que el español siempre va último en su propio país para todo, para comprar, para alquilar o para recibir una vivienda social.

Por tanto, señora ministra, ¿qué va a hacer para que el español vaya primero para comprar, para alquilar y para recibir una vivienda social, si es que usted considera que ha de ir primero? Nosotros creemos que no hace falta refugiarse en abstrusas reflexiones teóricas o filosóficas. El español tiene que ir primero precisamente porque estamos en España.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Gracias, señora presidenta.

Buenos días, señoría. Le decía hace unas semanas, señor Hernández Quero, que usted que relata el drama, la angustia y el problema que sufre mucha gente en nuestro país relacionado con el acceso a la vivienda, ese discurso que usted ha mantenido aquí en el relato del drama ―cierto que menos en las soluciones y en las propuestas; espero y deseo ver con mucha atención en qué concluye después esa moción consecuencia de interpelación, qué es lo que usted concreta para resolver ese drama que relata―, esa legitimidad en el discurso de la que usted hacía gala se cayó y se quebró en esta misma Cámara también hace algunas semanas, cuando usted, reconociendo que se traía una propuesta que era buena y que resolvía el problema de alguna gente, incluyendo a sus familiares, votó en contra de ella solo por interés partidista. Ese día se cayó usted con todo el sombraje. (Aplausos). Ahonda en la incoherencia en el momento en que trae a esta Cámara una propuesta o una interpelación en la que habla del Estado en términos solo de Administración General del Estado, cuando el Estado somos todos, señorías y, sobre todo, cuando ustedes son más protagonistas que nunca en este Estado nuestro, especialmente en el Estado de las autonomías, y cuando su discurso, el que hoy refleja en esta tribuna ―y que comparto―, por ejemplo, el de limitar la llegada de extranjeros ricos a comprarse nuestros barrios y ciudades, resulta que al final no se concreta en nada porque ustedes acuerdan y pactan con los que ponen alfombras rojas a esos inversores extranjeros. (Aplausos). Además, creo que ha elegido una mala semana para traer aquí el final de su discurso, aquel que se refiere al origen o a la nacionalidad de las personas para que seamos personas con pleno derecho. La propuesta que usted trae ―que espero con atención― creo que se basa en una propuesta racista, excluyente e injusta. Es lo que usted estaba defendiendo en esta misma tribuna apenas dos días después de que el papa dijera, aquí mismo, que cuando una persona es discriminada por su origen se vulnera el principio de dignidad humana. Espero que tomara notas de aquellas palabras, del llamamiento del santo padre que decía que los enfoques identitarios que pueblan el mundo de fantasmas y enemigos y que avivan el fuego de la polarización han de alejarse de la vida pública. Vincula usted el problema del acceso a la vivienda con un colectivo concreto. No aporta soluciones, insisto. Quiero ver las soluciones. Quiero escuchar las soluciones y, sobre todo, van a poder ustedes practicarlas. Ahora iremos a los pactos. Busca más a los culpables que las soluciones. Busca más relatar el drama que afrontar la dificultad de la solución a este problema. Su patriotismo consiste en señalar a los migrantes como chivo expiatorio del problema estructural que tiene nuestro país, que es de dimensiones no solo de nuestro país, sino globales y que va, como digo, mucho más allá de nuestras fronteras. Esperaba de usted algo de claridad acerca de lo que llaman la prioridad nacional, que es ―imagino― a lo que se refería esta interpelación y que no se atreve del todo a pronunciar, porque tenemos mucho interés en saber en qué consiste esa prioridad. ¿Qué están planteando realmente? ¿Dónde están esos ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda? ¿En qué se plantea esa diferencia de ciudadanía? Esa prioridad no es un concepto nuevo, lo importaron ustedes de la ultraderecha europea con un triple objetivo: el de dividir, el de enfrentar y el de señalar. Este planteamiento choca frontalmente, además, con nuestro ordenamiento jurídico vigente, con el ordenamiento constitucional, con nuestros valores democráticos y con la realidad social de España y de la Unión

Europea, porque en España, señorías, los derechos no se otorgan en función de dónde naces, de dónde resides, de dónde cotizas, de dónde trabajas, de dónde cuidas, son distintas las variables dependiendo de los derechos. Tenemos un marco constitucional que claramente nos habla de nuestros derechos como seres humanos. Tengo mucho interés en conocer el fondo de esa prioridad nacional, ese eufemismo que ustedes defienden, que creo que es cuestionable jurídicamente, pero sobre todo creo con firmeza que es moralmente indecente y socialmente irresponsable. Cuando se introduce el criterio de exclusión por origen, lo que se está haciendo no es proponer soluciones, sino generar conflicto; un conflicto artificial entre personas que comparten exactamente la misma dificultad, la del acceso a una vivienda digna y asequible. Señor Hernández Quero, el problema de la vivienda en España no es la inmigración. Nunca lo fue. Tampoco fue un problema la inmigración de los españoles que marcharon a otros lugares en busca de una vida mejor. Esos españoles hicieron grandes aportaciones en esos países, como ellos las hacen ahora en el nuestro. Les recuerdo que muchos de ellos, de nuestros compatriotas, tuvieron que marcharse para alejarse de su añorado dictador, que les privó de derechos básicos, que es lo mismo que pretenden hacer ustedes ahora con las personas migrantes en nuestro país. El verdadero problema de la vivienda no es la inmigración. El verdadero problema es la especulación y usted se ha referido a ella. El problema es la falta de un parque público de vivienda que se pagó con el esfuerzo de todos los españoles y que terminó en el mercado libre, cuando no en manos de unos pocos a instancias de las Administraciones públicas de sus amigos, los populares. Hoy tiene una oportunidad para retractarse de lo que votó también hace aquí ahora una semana: la posibilidad de que todo el parque público de vivienda en España quede blindado para las personas que necesitan una vivienda en nuestro país y que no sirva a esa especulación que usted ha criticado aquí arriba en la tribuna. ¿Por qué dice una cosa y vota otra? ¿Por qué no vota a favor de ese parque público de vivienda para evitar que en diez o en quince años vengan esos fondos extranjeros a comprarse las viviendas que hemos construido con el esfuerzo de todos nosotros, de los que trabajamos y cotizamos en nuestro país, también de las personas migrantes, señoría? (Aplausos). Le insto a que aproveche los minutos de los que dispone en esta tribuna para hablar de soluciones reales, para utilizar la política de vivienda no como confrontación, sino como acuerdo, para buscar en el consenso las soluciones a este problema. Hablaba usted de algunos datos estadísticos y en esa acusación a las personas migrantes le recuerdo su contribución a nuestro país. Ahí están los datos oficiales. Ellos aportan el 10 % a los ingresos totales del sistema de Seguridad Social y apenas consumen el 1 %. ¿En qué datos se basa para afirmar que ellos se están quedando con nuestras viviendas? ¿En qué basa esos datos? Solo busca la confrontación. Señorías, la prioridad nacional no protege a nadie, lo que hace es debilitar el sistema. Cuando los derechos sociales se convierten en derechos excluyentes, dejan de ser derechos y pasan a ser herramientas partidistas. España es un país que ha avanzado siempre en la dirección contraria, en la de ampliar la protección, en un sistema basado en la equidad, en la cohesión social.

Señorías de VOX, para que este país avance tenemos que seguir avanzando en derechos sociales, y ustedes han demostrado en esta Cámara que nunca han estado al lado de los avances. Les preocupaba el salario de los españoles y votaron en contra de la subida del salario mínimo en nuestro país, señorías. (Aplausos). Me preguntaba qué está haciendo nuestro Gobierno para dar respuesta a este problema. En primer lugar, pasando por los recursos, señorías, poner más recursos que nunca; y esos recursos después han de gestionarlos. También me va a permitir que dude de ustedes cuando esa experiencia de acuerdo con los Gobiernos del Partido Popular ya ha tenido un ejemplo práctico: la Región de Murcia. Tengo que recordárselo cada día, porque este Gobierno, el presidente del Gobierno, logró fondos para construir vivienda ―vivienda pública en todos los rincones de España― y, cuando tuvieron un consejero de vivienda en la Región de Murcia, ustedes solo fueron capaces de licitar y construir cinco viviendas de todas las que tenían que hacer allí. Pero ahora tienen una oportunidad magnífica. Están ustedes acordando, hablando cada día ―ayer Castilla y León, próximamente Andalucía― con el Partido Popular. Les criticaban hace unos instantes, pero ahora van a ser los más mejores amigos, que dirían mis hijos. Pues con sus más mejores amigos, señoría, tiene usted que hablar de esto ―de vivienda―, porque es ahí, en el título VIII, en el Estado de las autonomías, donde recaen las competencias exclusivas en materia de vivienda, donde se puede hacer todo aquello que usted reclama en esta Cámara. Le doy tres ideas para empezar a trabajar. En ese stock de vivienda que necesitamos y que usted también ponía encima de la mesa: 110 000 viviendas turísticas ilegales, que no cumplen con las normativas autonómicas, con las ordenanzas o con los estatutos de la comunidad de vecinos. Esas 110 000 viviendas pueden ponerse, a partir de mañana, a disposición de las familias y de los jóvenes que las necesitan en alquiler asequible. Los recursos los ha puesto el Gobierno de España, acordando con las comunidades autónomas 7000 millones de euros que pueden ser empleados para adquirir o acceder a esas viviendas y ponerlas a disposición del parque público de vivienda y de la vivienda asequible. Primera medida que usted puede imponer en esos acuerdos y en esos pactos al Partido Popular. Segunda de sus preocupaciones: la juventud y el precio del alquiler. Ya mismo, en esos acuerdos, pueden ustedes blindar el precio del alquiler, congelarlo. ¿Por qué no lo hacen? Si a su hermana o a su hermano le va a venir bien, ¿por qué no lo hace? Por interés partidista, por avivar el conflicto. Ustedes pueden cerrar mañana en sus acuerdos con el Partido Popular la congelación del alquiler.

Señorías, defiendo que, en una política como esta, de esta complejidad, donde se precisa tocar tantos ámbitos para dar respuesta, donde nos necesitamos todos ―desde luego todas las Administraciones públicas, aunque ni siquiera estando todas de acuerdo lo lograríamos, y también el apoyo y el acompañamiento del sector privado y de las organizaciones sociales―, se precisan acuerdos. He sido capaz de conformar un acuerdo con todas las comunidades autónomas, ahora está en su responsabilidad que este acuerdo sea eficaz y que empiece a aplicarse este mismo año. Van a disponer ustedes de los primeros 800 millones de euros en el mes de julio para dar respuesta a la ampliación de ese parque público, para hacer las labores de rehabilitación necesarias y movilizar vivienda vacía y para llegar a todas las personas que lo necesiten, independientemente de su origen. Espero que ustedes sean garantes en esos Gobiernos con el Partido Popular de que estos 7000 millones de euros que hemos acordado se pongan al servicio del derecho de acceso a la vivienda y no de ninguna otra causa.

Muchas gracias. (Aplausos).

Señora ministra, ¿se acuerda usted en la pandemia cuando muchas personas eran positivas asintomáticas? La gente tenía la enfermedad, pero no tenía los síntomas. Usted es la ministra de Vivienda asintomática. Usted es la titular de Vivienda, pero no ha hecho una puñetera vivienda. (Aplausos). Es la ministra de Vivienda asintomática. Hechos y no palabras; realidades materiales y no palabras ni diapositivas ni presentaciones de PowerPoint.

Dice que tenemos el deber de proveer de vivienda a todo el mundo, pero lo cierto es que el artículo 47 de la Constitución dice que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna. No dice todo el mundo, dice todos los españoles. Supongo que un Gobierno tan comprometido con el cumplimiento constitucional conocerá el artículo 47 de la Constitución. Porque, claro, cuando en lugar de ser todos los españoles es todo el mundo, uno acaba reventando las redes de solidaridad. Los estados de bienestar se fundaron para eso, para que las personas a las que les iba mal, que no tenían la capacidad de incorporarse al ritmo del mercado, no se quedaran atrás, pudieran tener estabilidad, seguridad residencial y la capacidad de mirar el futuro con esperanza. Y la esperanza ha desaparecido no solo, como le decía antes, porque la vivienda sea cara o sea precaria, sino porque es escasa. Insisto, ¿dónde están las casas para los tres millones de personas que el año pasado buscaron una y no la encontraron? (Aplausos). Para esos tres millones de personas sería muy interesante ese parque público permanente del que usted siempre habla. Pero hablar de parque público permanente cuando no existe es como ponernos a debatir de qué color vamos a pintar el baño de una casa que no vamos a comprar y que no tiene baño. Entonces, bueno, puede ser interesante el debate.

¿Qué van a hacer en las comunidades autónomas en las que ustedes gobiernan? El pacto de Castilla y León se ha hecho hace una semana y comprenderá que aún no ha habido tiempo. Los ocho años que usted ha tenido para hacer la casa de las Polly Pocket yo creo que sí que son suficientes para poder ver qué es lo que se hace con ocho años de Gobierno o no. (Aplausos). No vamos a ponernos aquí presurosos con las comunidades autónomas mientras llevan una pachorra épica en el Gobierno. Eso sí, la legislatura de la vivienda, pero, insisto, nadie ha visto terminada ni una maldita vivienda. Le decía antes los datos y usted decía que no con la cabeza, pero he tenido la oportunidad de buscarlos mientras usted estaba hablando. Son 14 000 y pico las viviendas protegidas que en el año 2024 entregaron el total de las Administraciones públicas en España. Repito, 14 000 y pico y las denuncias por ocupación fueron 16 500. No vuelva a decir nunca más que estoy mintiendo cuando estoy hablando aquí, por favor.

¿Qué más? La gran inversión en vivienda social, que esa es la prioridad del Gobierno. Lo cierto es que el gasto en vivienda social por habitante en Europa multiplica por cinco el gasto en vivienda social en España. ¡Por cinco! Hay países que multiplica por veinte, pero, bueno, la media multiplica por cinco. Quedémonos en la media. Dice: Es que nunca se haya gastado tanto en España… Pero lo cierto es que ahora mismo no sube del 0,5 % del PIB el gasto en vivienda y hace veinte años era el 1 %. Una búsqueda de solamente cinco segundos en Internet.

Más cuestiones. Dice que no he tenido aquí la valentía de decir prioridad nacional. Creo que sí lo he dicho, pero si no lo he dicho, lo vuelvo a decir: prioridad nacional. (La señora ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Rodríguez García, pronuncia palabras que no se perciben.―Aplausos). Prioridad nacional. Prioridad nacional. ¿Qué quiere decir prioridad nacional? Que los españoles en su país tienen que ir primero. Es la norma básica de la economía doméstica, que cuando los recursos son limitados y finitos, como sucede ―porque excepto quien crea en la magia, los demás sabemos que los recursos son limitados y finitos, están cuantificados―, los nuestros tienen que ir primero. Los de casa, antes que los de fuera. Y ojalá hubiera recursos para poder ayudar a los de fuera, pero lo cierto es que no los hay. No hay recursos para poder ayudar a los de fuera, entre otras cuestiones, porque los de fuera son ya tantos que resulta imposible no solo a los de fuera, sino incluso a los nuestros. Insisto, los datos meten miedo al miedo. El año pasado, señora ministra, en España entraron más personas que la suma de Italia, Francia, Dinamarca, Bélgica y Holanda. ¡Italia, Francia, Dinamarca, Bélgica y Holanda! ¿Cómo no va a haber una crisis de vivienda si está aumentándose y dopándose de forma absolutamente disparatada la demanda mientras la oferta sigue escasa porque ustedes construyen exclusivamente 90 000 viviendas al año entre el mercado público y el libre ―14 000 si son públicas― y detraen decenas de miles de unidades del mercado como consecuencia de sus malas regulaciones? Dice, ¿por qué en las comunidades autónomas ustedes no van a congelar el alquiler? Muy fácil, señora ministra, porque no somos anuméricos, porque no somos antieconómicos, porque sabemos que en todos los lugares donde se han hecho medidas de ese estilo estas han llevado a una destrucción tan vasta de la oferta de vivienda en alquiler que han provocado que haya una casta de descartados, de gente sin casa, filtros de acceso cada vez más duros, castings durísimos ―actualmente, cientos de personas se pelean por cada una de las casas―… Esta es la consecuencia precisamente de esas medidas que parece que suenan fantásticas en los oídos y que simplemente llevan a destrucciones brutales de la oferta, y cuando se destruye la oferta el que pena no es el propietario, el que pena es el potencial inquilino, que ya sabe ―y lo está viendo, porque son 3 600 000― que no tiene casa y que no la va a tener gracias, entre otros, a este Gobierno.

Muchísimas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Gracias, señora presidenta.

Señoría, el verdadero patriotismo no consiste en repartir los derechos en función de donde nace cada uno, consiste en construir un país donde nadie se quede atrás. Le voy a hablar de algunas de las prioridades que me trasladan y que me llegan para avanzar en la resolución de este complejo problema que usted simplifica. Levantar todas esas casas y esos hogares que hacen falta no sé si se ha pensado usted que es como un Lego. Para levantarlas necesitamos muchas cosas, como el suelo, la tramitación… Y, sobre todo, necesitamos un sector de la construcción fuerte al que este Gobierno y esta ministra han apoyado desde el primer momento. ¿Sabe usted cuál es la principal demanda del sector de la construcción para poder abordar la dimensión de la necesidad de construcción en nuestro país? Que precisan 700 000 nuevos empleados y empleadas. ¿Saben cuál ha sido hasta ahora la principal demanda de la patronal de la construcción en nuestro país? Que reguláramos a las personas migrantes para que pudieran acompañarnos con todos sus derechos en la construcción de las viviendas que precisa nuestro país. (Aplausos). Esa es la prioridad para la construcción de vivienda: contar con la mano de obra necesaria para levantar esas viviendas. Y yo quiero que esos trabajadores y trabajadoras que hoy contribuyen en nuestro país a levantar esas viviendas sean también beneficiarios de un techo en España, igual que lo fueron las personas que marcharon a otro país a levantar sus economías y a trabajar en otros momentos de la historia de nuestro país. Usted ha dejado retratado, ahora, en esta intervención, cual es realmente ese posicionamiento racista ante un problema de una magnitud y de una complejidad que no se soluciona con soflamas, sino con medidas eficaces, transversales y realmente profundas.

Me pregunta usted qué he hecho y me acusa casi de no haber hecho nada. Le voy a hacer un resumen práctico. Para empezar, tuvimos que aprobar una ley que nos permitiera actuar ante el acoso permanente de la declaración de inconstitucionalidad por invasión competencial del marco de las comunidades autónomas cada vez que la Administración General del Estado se permitía dar un paso; una ley de vivienda que da cumplimiento a ese artículo 47 que usted ha mencionado y que llevaba cuarenta y cinco años sin desarrollarse en nuestro país. Después, hemos generado los instrumentos necesarios para proveer ese parque público de vivienda. Le puedo hablar de todas las viviendas que hemos construido de la mano de las comunidades autónomas, porque era el canal necesario, y de la previa aprobación de la ley. Insisto, señoría, en que ustedes ―su partido― tuvieron presupuesto para construir 400 viviendas y solo fueron capaces de licitar y construir cinco viviendas. Estos con los que ustedes van a acordar resolvieron la anterior crisis de la vivienda desahuciando a las familias y salvando a los bancos. ¿Sabe lo que ha hecho esta ministra? Me está preguntando qué he hecho y se lo digo para que se alegre y lo aplauda: hemos recuperado 40 000 viviendas del banco malo y las hemos puesto a disposición de la gente con una nueva empresa, CASA 47. (Aplausos). Hemos recuperado los suelos donde vamos a poder construir más de 50 000 viviendas sin pasar por las comunidades autónomas, para que no llegue un inepto como el consejero de VOX y sea capaz solo de construir esas cuatro o cinco viviendas. Una entidad pública, CASA 47, que ya cuenta con ese patrimonio. Hemos reactivado el sector de la construcción, ese que necesita mano de obra y apoyo, a través de los créditos ICO. Hemos impulsado los fondos públicos, multiplicando ese presupuesto que a usted le parece una tontería, y hemos conseguido que en el primer trimestre de este año la vivienda pública en nuestro país ―gracias a nuestro esfuerzo― se haya incrementado un 44 %. ¿Suficiente? En absoluto. Por eso hemos puesto encima de la mesa esos 7000 millones de euros para hacerlo posible.

Mientras hago todo esto, ¿qué pasa con sus amigos, con sus socios del Partido Popular? Que yo puedo perseguir los pisos turísticos ilegales, pero después, en lugar de poner inspectores ―pongan a los inspectores en el acuerdo de VOX con el Partido Popular; inspectores para perseguir y clausurar todos los pisos turísticos―, en lugar de hacer eso, se van al Supremo a decir que es mi competencia. Yo digo: ahora que la tienen, quiero que esos pisos turísticos estén a disposición de los jóvenes y las familias que las tienen. Yo puedo eliminar las Golden Visa, como hicimos en esta Cámara, para impedir que, llegando con medio millón de euros, uno compitiera con un salario medio español en la compra y en la adquisición de una vivienda. Pero es que ustedes pactan con aquellos que se van a Miami a decirles a los inversores que no se compren una, sino dos, tres, cuatro o cinco viviendas, las que les dé la gana. Son sus socios, no los míos, señorías. ¡Son sus socios! (Aplausos). Yo puedo hacer leyes que congelen el alquiler o leyes que persigan el alquiler de temporada, pero son sus socios los que no las quieren aplicar. Por tanto, señoría, no es que yo me excuse, es que ustedes son competentes, y en el mismo momento en que están firmando su matrimonio y sus acuerdos con el Partido Popular, tienen que ejercer esa responsabilidad. A mí me encantaría tener todas esas competencias, pero respeto el marco constitucional y lo ejerzo con la máxima determinación, porque creo que esto no va de soflamas y mucho menos de excusas racistas para no abordar la realidad y dar de verdad la respuesta que precisa el problema de la vivienda en nuestro país. (Aplausos).