Real Decreto-ley 11/2026, de 12 de mayo, por el que se modifica la aportación de los usuarios y sus beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria.

Señor presidente, señorías, muy buenos días.

Hoy, el Gobierno de España trae una iniciativa de esas que podemos decir que tienen impacto real, de esas iniciativas de política útil. En un momento en el que estamos inmersos en polémicas, en conflictos, en ruido, hoy nos podemos detener un momentito para hablar de algo que es aglutinador para toda la ciudadanía española y para todos los grupos parlamentarios, que es cómo protegemos mejor a nuestros pacientes. Hoy traigo una de esas iniciativas que conectan con la vida cotidiana de la gente, que conectan con la vida real y que hacen que la voluntad política se materialice en el día a día de los pacientes, en este caso.

Seguramente este real decreto ley no se lleve grandes eslóganes, grandes momentos de tertulia ni tampoco grandes titulares, pero este real decreto ley trae un impacto muy directo en las familias. Tiene impacto en alguien que entra a una farmacia con varias recetas y tiene que mirar los precios para elegir qué receta puede asumir y qué receta no puede asumir. Tiene impacto en trabajadores y trabajadoras que tienen enfermedades crónicas y que necesitan tratamientos continuados y que, pese a tener ingresos modestos, soportan ahora una carga económica excesiva. Tiene impacto, en definitiva, en algo tan elemental como impedir que alguien tenga que dejar su medicamento, su tratamiento por motivos económicos. Hoy traemos ―sencillamente y en un solo titular― una iniciativa para que los pacientes paguen menos por sus medicamentos.

En nuestro país tenemos un sistema sanitario y de protección social en el cual ninguna familia y ninguna persona que tenga una enfermedad tiene que caer en bancarrota. (Rumores.―El señor Guijarro García: Por favor). Esto no pasa en todos los países, en Estados Unidos el 65 % de las bancarrotas familiares se deben a problemas de salud. Esto significa que, si algún miembro de la familia se pone enfermo, necesita cuidados o necesita tratamientos, esa familia se arruina. El 65 % de las bancarrotas familiares en Estados Unidos. Ese no es nuestro modelo.

En nuestro país, ahora mismo, quien está soportando una mayor carga económica para poder afrontar los tratamientos son las personas trabajadoras activas con rentas medias o bajas que tienen tratamientos crónicos, que tienen enfermedades crónicas. Aquí conculcan dos problemas: la vulnerabilidad económica con la enfermedad, en este caso, la enfermedad crónica. Y tenemos dos riesgos: que tengan que soportar una carga económica excesiva o que tengan que elegir abandonar su tratamiento. Por eso traemos una reforma que persigue tres objetivos que son muy claros: hacer que el sistema sea más progresivo y justo, reforzar la protección de los pacientes crónicos con rentas bajas y rentas medias y adaptar el copago farmacéutico a la realidad económica que viven hoy muchas familias en España. Esta reforma no cuestiona el principio de corresponsabilidad ni el uso racional de los medicamentos. El copago farmacéutico nunca se puede pensar como un mecanismo recaudatorio, sino todo lo contrario, como una herramienta vinculada a la utilización adecuada de los recursos sanitarios. Así que este Gobierno, a través de informes técnicos que han puesto en valor cuál es el principal problema ahora mismo que tienen nuestros pacientes para acceder a estos medicamentos, ha hecho una iniciativa para poder atajar esos problemas. No solamente son informes técnicos que salen del Ministerio de Sanidad, también hay informes de FOESSA o de Cáritas, por ejemplo, que dicen que hay cientos de miles de familias en este país que abandonan sus tratamientos porque no pueden pagárselos. Aquí estamos hablando no solamente con criterios técnicos y, por supuesto, con evidencia científica, estamos hablando de un análisis riguroso sobre cuál es la adherencia terapéutica, para el que, por cierto, no solamente hemos contado con los profesionales de nuestro sistema sanitario, sino también con el consejo general de farmacia, que nos han advertido también de esta falta de adherencia terapéutica.

Tenemos que elegir un sistema en el que quien menos tiene no puede acabar siendo el que más dificultades tenga para poder afrontar su enfermedad. Les voy a contar más o menos de dónde venimos o cuál es el sistema que teníamos hasta esta reforma. Teníamos un copago farmacéutico en el que protegíamos a los pensionistas con tres tramos y con un tope. Los pensionistas, tengan el tratamiento que tengan, tienen un tope de 8, de 16 o de 60 euros en función de los diferentes tramos: de 0 a 18 000 euros, de 18 000 a 100 000 y más de 100 000 euros, y para los trabajadores en activo teníamos exactamente los mismos, pero sin topes. Una vez visto cómo funcionaba este sistema, el propio Ministerio de Sanidad en el Comité Asesor de Prestación Farmacéutica nos ha venido señalando dónde está el problema en los distintos análisis técnicos. El problema no lo tienen los pensionistas, ¿por qué? Porque pusimos mecanismos de protección para que los pensionistas no tuvieran que pagar en exceso los medicamentos. El problema está, por un lado, en la escasa progresividad del modelo, porque en el mismo tramo tenemos pacientes que cobran 18 000 euros y pacientes que cobran 99 000 euros, y consideramos que esto no es progresivo ni es justo. Y, por otro, también en aquellos pacientes que, estando en edad laboral y no siendo uno de esos colectivos que tienen exención en algunos de sus medicamentos ―como ahora les comentaré―, tienen que pagarlos, es decir, tienen que asumir ese coste económico. Cuando hablamos de falta de adherencia terapéutica, cuando hablamos de un paciente que no va a retirar los fármacos porque son caros o que cuando llega a la farmacia no retira todos porque no le salen las cuentas para llegar a fin de mes, estamos hablando de consecuencias clínicas: agudizaciones, descompensaciones, empeoramiento de las patologías, más urgencias, más ingresos hospitalarios y, por supuesto, un sufrimiento totalmente evitable. Por lo tanto, hacer esta reforma es corregir desequilibrios que el propio funcionamiento del modelo ya había revelado con absoluta claridad. Lo hace manteniendo intacta la idea de la corresponsabilidad y del uso racional de los medicamentos, pero introduciendo algo que es imprescindible en cualquier política pública que se precie de ser eficaz: una mayor sensibilidad por la capacidad económica real de las personas y por el impacto que tiene la enfermedad prolongada sobre la economía de las familias.

Esta reforma tiene tres grandes patas. La primera es reforzar la equidad y la progresividad del sistema. Antes teníamos tres tramos tanto para los pacientes en activo como para los pacientes jubilados y ahora en los pacientes en activo tenemos seis tramos. Hemos aumentado los tramos porque consideramos que de 18 000 a 99 000 la realidad económica es muy diferente. De 18 000 a 35 000 hemos hecho otro tramo, de 35 000 a 60 000 otro tramo y de 60 000 a 100 000. En función de esto, hemos puesto topes porque consideramos que la gente que cobra menos de 35 000 euros no puede pagar más allá de 60 euros. Por eso hemos puesto los mismos topes que tenían los jubilados. Además, hemos añadido un tramo más en los jubilados. En medio del tramo que iba de 18 000 a 100 000 hemos incluido un tramo de 18 000 a 60 000. ¿Esto en qué se traduce? Se traduce en que a una persona activa que tenga un tratamiento crónico, que necesite varios tratamientos simultáneos y tenga una renta menor de 9000 euros le vamos a ahorrar 500 euros al año ―500 euros al año es mucho dinero para una persona que tiene una renta de menos de 9000 euros―; y a una persona que tenga una renta de 22 000 euros le vamos a ahorrar 460 euros al año. Cuando estamos hablando de que las familias no llegan a final de mes y de que tenemos que proteger a las familias de la factura de la electricidad, de que tenemos que proteger a las familias de la cesta de la compra y de que tenemos que proteger a las familias del contexto global que hace que la vida cada vez sea más cara y difícil, no podemos dejar los medicamentos fuera de esta protección de las familias. (Aplausos).

La segunda gran pata de esta reforma consiste en mejorar la protección de los pensionistas y corregir algunas de las distorsiones que el propio sistema había ido generando con el paso del tiempo. Como decía, introducimos un nuevo paso intermedio, entre 18 000 y 60 000 euros, que tendrá un límite mensual de 13 euros al mes, y aquellos que están entre 60 000 y 100 000 tendrán el límite de 18 euros al mes.

Además, esta reforma corrige otra anomalía sensible, relacionada con las pensiones mínimas y con los complementos a mínimos. Durante los últimos años, muchas de las pensiones mínimas han experimentado incrementos para compensar la inflación y proteger el poder adquisitivo de las personas mayores. Esto es una buena noticia. El problema es que esa buena noticia se traducía en un aumento del copago farmacéutico, porque pasaban a pertenecer a otro tramo y a otro umbral. ¿Qué estaba ocurriendo? Que algunas personas mayores perdían esta exención farmacéutica simplemente porque su pensión había subido ligeramente a través de los complementos. Bien, esta reforma corrige esta situación garantizando que quienes perciban complementos a mínimos mantengan automáticamente la exención farmacéutica.

La tercera gran dimensión de esta reforma consiste en adaptar el sistema de copago farmacéutico a la realidad social y económica que vive hoy nuestro país. Les hablaba del encarecimiento del coste de la vida y de la pérdida generalizada del poder adquisitivo, que ha afectado de manera muy particular a las rentas bajas y medias. Necesitamos que las familias no tengan que priorizar cuáles son sus gastos esenciales, qué consumo se retrasa o qué esfuerzos adicionales tienen que asumir en el día a día. Determinados pacientes están teniendo dificultades reales para mantener correctamente sus tratamientos farmacológicos por motivos económicos.

Podría parecer que esta es una medida de protección social, que lo es, por supuesto que es una medida de protección social, pero es que además es una medida de sostenibilidad de nuestro Sistema Nacional de Salud, porque esta medida ahorra dinero a los pacientes, pero también le ahorra dinero al Sistema Nacional de Salud, le ahorra dinero a las Administraciones y a las instituciones sanitarias. ¿Por qué? Porque favorece la capacidad preventiva y asistencial del sistema. Quiero subrayar algo que creo que es nuclear: esta medida ahorra dinero a los pacientes, insisto, y le ahorra dinero al sistema. No se contrapone con nada. Es un win‑win, lo miremos como lo miremos. No hay nadie que se vea perjudicado por adoptar estos nuevos tramos de copago. Van a continuar exentas las aportaciones farmacéuticas a todas las personas beneficiarias del ingreso mínimo vital, a las personas perceptoras de pensiones no contributivas, a quienes se encuentran en situación de desempleo sin subsidio, a las personas beneficiarias de rentas mínimas o a los menores con discapacidad o personas afectadas por accidente laboral o enfermedad profesional. Todas estas personas ya están protegidas.

El Gobierno solicita hoy a esta Cámara la convalidación de este real decreto ley porque entendemos que responde a una necesidad real, una necesidad urgente, una necesidad actual, que está sustentada en criterios técnicos ―como siempre―, en evidencia científica y en criterios sanitarios sólidos, porque creemos que mejora sustancialmente la vida de miles de pacientes, de miles de ciudadanos de nuestro país, y porque es una medida que corrige desigualdades e inequidades; es una medida que disminuye el gasto diario de las familias y de nuestros ciudadanos; es una medida que mejora la adherencia terapéutica y la confianza en el sistema, la confianza en las instituciones y la confianza en nuestro Sistema Nacional de Salud; es una medida que ahorra sufrimiento, ahorra reingresos, ahorra reagudizaciones y también ahorra costes al sistema; y es una buena medida para los pacientes y para el Sistema Nacional de Salud. (Aplausos).

En definitiva, señorías, hoy damos un paso para que nuestro sistema sanitario siga siendo no solo uno de los más avanzados del mundo, sino que además sea uno de los más justos desde el punto de vista social.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista.―Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).

Moi boa tarde. Grazas, señor presidente. Señora ministra, hoxe vimos aquí a falar dunha cuestión de extrema importancia para a inmensa maioría da sociedade, como é o que ten que ver cos copagamentos farmacéuticos. Mais se lles confeso algo, é verdade que teño curiosidade por saber como será a pirueta do Partido Popular para subir aquí e falar máis unha vez de Zapatero en aplicación dos principios de propaganda de Goebbels, que tan útiles foron aos nazis e que tamén —‌hai que recoñecelo— sabe aplicar o Partido Popular. En todo caso, adiantándome a algunha cousa, eu teño que dicir que para o BNG Zapatero non é santo da nosa devoción. O Partido Socialista lembra moitas veces o seu papel en medidas positivas como a Lei de Memoria Histórica —‌claramente insuficiente, por iso hai unha de 2022 de memoria democrática que tamén volve ser insuficiente— ou da lei do matrimonio igualitario, efectivamente moi positiva. Nós lembramos, infelizmente, outras medidas que foron claramente negativas e que o Bloque Nacionalista Galego combateu como a primeira reforma laboral, a moi lesiva reforma das pensións ou a bancarización das caixas de aforros, que acabou co noso raquítico sistema financeiro. Pero en todo caso, digo que teño curiosidade por saber cal será a pirueta porque claro, non lle poden atribuír o inicio do copagamento farmacéutico aos pensionistas a Zapatero. Foi unha medida do ano 2012 de Ana Pastor, do Partido Popular, ministra do primeiro goberno de Rajoy, por medio do RDL 16/2012 de 20 de abril. Foi o Partido Popular, efectivamente, quen obrigou os pensionistas a cofinanciar unha parte do custo dos medicamentos, entre 10 % e 20 % en función da súa renda. A isto hai que sumarlle facer fronte ao pagamento dos medicamentos para síntomas leves, os denominados medicamentos de pouco valor terapéutico, aos que foi retirado o financiamento público e, por tanto, pasaron a ser pagados 100 %, independentemente dos ingresos da persoa doente: antitusivos, produtos oculares, mucolíticos, fármacos para as varices ou produtos curativos, gasas, sondas, etcétera, que moitas persoas precisan e non exactamente por ningún tipo de capricho.

Ao mesmo tempo, estes medicamentos excluídos do financiamento viron aumentado o seu prezo de forma moi importante. Estamos falando, por tanto, de repagamentos que foron e continúan sendo un auténtico imposto á enfermidade, xa que paga máis quen máis enfermo está, non que máis ten, que traslada o custo directamente ao peto das persoas enfermas, fai que os usuarios e usuarias pasen a pagar dúas veces as prestacións sanitarias, por iso falamos de re pagamento. Os cidadáns e cidadás pagamos a sanidade, igual que outros servizos públicos, cos nosos impostos e os colectivos máis vulnerables, especialmente como o dos pensionistas, unha grande porcentaxe da clase traballadora con salarios precarios tiveron que pasar a soportar as consecuencias dos copagamentos e da exclusión de fármacos do catálogo de prestacións farmacéuticas. Coa introdución deste repagamento e a exclusión da lista de medicamentos financiados de máis de 400 fármacos, rompeuse o equilibrio de moitas economías, daquelas economías máis fráxiles e, dunha forma moi especial, dos xubilados e xubiladas coas pensións máis baixas. Isto afectou e afecta, continúa a afectar especialmente na Galiza, porque non debemos esquecer que para alén dunha poboación moi envellecida, máis pensionistas que obxectivamente, e máis enfermos crónicos, a poboación que obxectivamente consome máis medicamentos temos dos salarios e das pensións máis baixas do Estado español e, por tanto, iso implica unha carga máis alta.

Hoxe o Ministerio de Sanidade e mans de SUMAR trae aquí unha proposta que introduce novos tramos para unha maior progresividade e establece límites ao copagamento, especialmente para pensionistas, co declarado obxectivo de reducir as desigualdades. Xa vimos a puntualización dalgunha asociación de usuarios e usuarias que di que máis que reducir estas desigualdades, o que fai é reorganizalas, mais mantendo unha barreira no acceso á atención á saúde, como é este copagamento, que continúa sendo realmente moi importante para as persoas con menos recursos e para as persoas, para os colectivos en situación de especial vulnerabilidade.

Nós concordamos, o BNG concorda coa opinión de entidades que defenden a sanidade pública, no sentido de que a cuestión chave debería ser como controlar o gasto farmacéutico actuando sobre os prezos, promovendo medicamentos xenéricos ou mudando a relación coa industria farmacéutica, impulsando, por exemplo farmacéuticas públicas e non trasladando parte do custo ás persoas enfermas nun evidente, como dicía repagamento, que castiga quen enferma. Para o BNG hai un principio claro: a sanidade pública debe ser financiada con recursos públicos e non derivando parte do custo ao peto das persoas que padecen a doenza. Máis unha razón para reclamar unha política tributaria máis xusta e redistributiva en que pague máis quen máis ten e non quen máis enferma, que ten unha doenza crónica ou quen está polimedicado, mesmo se persoalmente está nunha situación de extrema precariedade.

Por tanto, señora ministra, señoras e señores de SUMAR, está ben que reduzan porcentaxes e limiten o pagamento, mais saben que estaría mellor aínda? Que eliminasen o repagamento no mínimo para as persoas pensionistas. Quero lembrarlles que vostedes, ou polo menos algunha organización que hoxe fai parte de SUMAR como Izquierda Unida, na altura da introdución deste copagamento por parte do Partido Popular, opúxose e cualificouno como recorte e como unha medida claramente antisocial. Se era un recorte e unha medida antisocial, a pregunta é por que a manteñen? Por que non a eliminan? E saben como podería facerse.

Buenos días. Gracias, señor presidente. Señora ministra, hoy venimos a hablar aquí de un tema muy importante para la inmensa mayoría de la sociedad, y es la cuestión de los copagos farmacéuticos. Sí, lo confieso, tengo que decir que siento curiosidad por saber cómo será la pirueta del PP para subir aquí y hablar una vez más de Zapatero, en aplicación de los principios de propaganda de Goebbels que es propia de los nazis y, hay que reconocerlo, también la sabe aplicar el PP. En cualquier caso, adelantándome a lo que tengo que decir, para el BNG Zapatero no es santo de nuestra devoción. Nos acordamos de su papel en medidas positivas, como la Ley de Memoria Histórica, claramente insuficiente, por eso la de 2022 se reformula, pero sigue siendo insuficiente; o la ley del matrimonio igualitario, efectivamente muy positiva. Nos acordamos, por desgracia, de otras medidas que claramente fueron negativas y que el BNG combatió, como la primera reforma laboral, la muy lesiva reforma de las pensiones o la bancarización de las cajas de ahorro, que acabó con nuestro raquítico sistema financiero. Pero, en cualquier caso, digo que me da curiosidad saber cuál será la pirueta, porque no le pueden atribuir el inicio del copago farmacéutico a Zapatero. Es una medida de 2012 de Ana Pastor, del PP, ministra en el primer Gobierno de Rajoy, mediante el Real Decreto 16/2012, de 20 de abril. Fue el PP, efectivamente, quien obligó a los pensionistas a cofinanciar una parte del coste de los medicamentos, entre el 10 y el 20 %, en función de su renta. A esto se le suma hacer frente al pago de medicamentos para síntomas leves, los llamados medicamentos de poco valor terapéutico, a los que se les retiró la financiación pública y que, por tanto, pasaron a ser financiados al cien por cien, independientemente de los ingresos, por los enfermos. Hablamos de antitusivos, productos oculares, mucolíticos, medicamentos para las varices o también apósitos y catéteres, que muchas personas necesitan y no precisamente por capricho. Al mismo tiempo, se excluyeron medicamentos, y eso hizo que aumentase el precio de manera significativa. En realidad, hablamos de repagos, que son un auténtico impuesto a la enfermedad, ya que paga más quien más enfermo está, no quien más tiene, lo que traslada el coste directamente a los bolsillos de los enfermos. Eso hace que los usuarios pasen a pagar dos veces las prestaciones sanitarias; por eso hablamos de repagos. Los ciudadanos pagamos la sanidad, igual que otros servicios públicos, con nuestros impuestos, y los colectivos más vulnerables, especialmente los pensionistas y un gran porcentaje de la clase trabajadora con salarios precarios, tuvieron que pasar a soportar las consecuencias de los copagos y de la exclusión de fármacos del catálogo de prestaciones farmacéuticas. Con la introducción del repago y la exclusión de más de cuatrocientos medicamentos de la lista de medicamentos subvencionados se ha roto el equilibrio de muchas economías, de las más frágiles; afecta especialmente a los jubilados con las pensiones más bajas. Esto ha afectado y sigue afectando especialmente a Galicia. No debemos olvidar que, además de tener una población muy envejecida, con jubilados y con más pacientes crónicos, es decir, una población que objetivamente consume más medicamentos, Galicia es la que tiene los salarios y las pensiones más bajos del Estado español. Eso implica una carga más alta. Hoy el Ministerio de Sanidad, en manos de SUMAR, viene aquí con una propuesta que introduce nuevos tramos para una mayor progresividad y establece límites al copago, especialmente para los pensionistas, con el objetivo de reducir las desigualdades. Ya vimos la puntualización de algunas asociaciones de usuarios que afirman que, más que reducir la desigualdad, la reorganiza, pero mantiene una barrera en el acceso a la salud como es este copago, que sigue siendo realmente importante para las personas con menos recursos o para los colectivos de especial vulnerabilidad. El BNG coincide con la opinión de las organizaciones que defienden la sanidad pública en que la cuestión clave es cómo controlar de verdad el gasto farmacéutico: actuando sobre los precios, fomentando el uso de medicamentos genéricos y mejorando la relación con la industria farmacéutica, por ejemplo, teniendo farmacéuticas públicas y dejando de trasladar parte del coste a las personas enfermas, porque eso es penalizar a las personas enfermas. Para el BNG el principio es claro: la sanidad pública debe financiarse con recursos públicos y no trasladando parte del coste a los bolsillos de los enfermos. Pero aquí reclamamos una política más justa, que pague más quien más tiene, no quien más enferma, quien tiene, por ejemplo, una enfermedad crónica o personas que toman muchos medicamentos; es decir, personas que están en situaciones precarias.

Por lo tanto, señora ministra, señores y señores de SUMAR, está bien que reduzcan los porcentajes y limiten el repago, pero ¿saben qué sería aún mejor? Que eliminen los repagos al mínimo para las personas jubiladas. Quiero recordarles que al menos alguna organización que forma parte de SUMAR, como Izquierda Unida, cuando se introdujo este copago por parte del PP, se opuso. No lo calificaron como recorte, sino como una medida claramente antisocial. Por tanto, si esta medida es antisocial, la pregunta es: ¿por qué lo mantienen?, ¿por qué no la eliminan?, ¿saben cómo podrían hacerlo?

Pois por exemplo, aplicando os inxentes recursos que o seu goberno destina ao gasto militar ao financiamento da sanidade pública do gasto farmacéutico. Xa vexo que hoxe a ministra non fala dun recorte ou dunha medida antisocial, fala dunha medida de responsabilidade no uso dos medicamentos. Hai unha viraxe evidente que, loxicamente, nós non compartimos. Insisto, se todos eses recursos, por exemplo, —‌e finalizo— os 10 471 millóns de euros para armamento que foron aprobados no Consello de ministros e ministras en abril de 2025 ou os 15 635 autorizados entre 2026 e 2037 —‌en xullo deste mesmo ano— se aplicasen á sanidade e á atención á dependencia, creo que estarían bastante mellor empregados.

Moito obrigado.

Aplicando, por ejemplo, los ingentes recursos que su Gobierno destina al gasto militar a financiar la sanidad pública y el gasto farmacéutico. Hoy la ministra no habla de un recorte o una medida antisocial, habla de una medida de responsabilidad en el uso de los medicamentos; un giro con el que nosotros no estamos de acuerdo. Si todos esos recursos, por ejemplo ―y ya termino― los 10 471 millones que destinamos al armamento o los más de 15 000 autorizados entre 2026 y 2037 ―desde julio de este año― se aplicasen a la sanidad y a la atención a la dependencia, creo que ese dinero estaría mucho mejor empleado.

Gracias.

Kaixo, egun on, guztioi, ministra anderea.

Buenos días a todos y a todas.

El Real Decreto Ley 11/2026, del 12 de mayo, modifica el copago farmacéutico ambulatorio de los medicamentos dispensados en farmacia con receta u orden médica. La aportación del usuario se reguló por primera vez en 2012, en el Real Decreto 16/2012, para los pensionistas, con tramos de renta y límites mensuales, y se revisó en el 2020 para ampliar las exenciones de las rentas bajas. El artículo 102 del texto refundido de la Ley 29/2006 contiene la regulación básica vigente de estas modificaciones.

La reforma del 2026 mantiene los principios generales existentes con anterioridad, pero ajusta los tramos porcentuales y refuerza la protección para aumentar la progresividad y corregir inequidades. Ese es, digamos, el objeto de este real decreto. Este consta de un artículo único que modifica el artículo 102 del texto refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de Medicamentos y Productos Sanitarios, además de una disposición transitoria única y tres disposiciones finales. La reforma refuerza la protección de las rentas bajas con nuevos topes mensuales, reparte el copago según la renta ―ya lo ha explicado la señora ministra― y reduce el esfuerzo de quienes tienen menor capacidad económica sin suprimir la corresponsabilidad en el uso de medicamentos. Se revisan los topes, que hacen que al alcanzarse un gasto mensual el paciente deje de pagar copago ese mes con el fin de evitar cargas excesivas en quienes tienen alta carga terapéutica. Al evitar que pacientes de bajos ingresos abandonen o reduzcan sus tratamientos por motivaciones económicas, se mejorará la adherencia terapéutica y se prevendrán complicaciones clínicas, según nos dice el Ministerio de Sanidad en este decreto. Altos niveles de copago en colectivos vulnerables habían derivado en empeoramiento de enfermedades y aumento de hospitalizaciones evitables. Este es, digamos, el objeto central de esta modificación, tal y como se ha explicado y tal y como lo hemos entendido todos.

El real decreto supone incremento en el gasto sanitario público, sin duda alguna ―se estima que en unos 265 millones―, al reducirse la aportación del usuario. Ello supone una presión presupuestaria adicional que deberán absorber, cómo no, las comunidades autónomas, las Administraciones sanitarias competentes, bien vía aportación estatal, o bien en los presupuestos autonómicos sanitarios. Aunque implica un mayor gasto público farmacéutico inmediato, la reforma considera que es una «inversión preventiva» ―es el término que utilizan―. Los mejores niveles de adherencia resultantes pueden reducir posteriormente costes sanitarios y hospitalarios en personas que, por motivos económicos, habían dejado de tener tratamientos, lo que hace, en consecuencia, que luego tengan que recurrir a hospitales y el gasto sea mayor. Eso es lo que se plantea.

Las últimas noticias respecto a la modificación de los tramos y topes de la aportación farmacéutica por parte de los usuarios de la prestación farmacéutica se presentaron en el texto del anteproyecto de ley del medicamento. Lo establecido, por lo tanto, en el real decreto coincide totalmente con el anteproyecto de ley, a excepción de un nuevo tope de aportación para los pensionistas con renta comprendida entre 18 000 y 60 000 euros, con un máximo de 13,37 euros al mes, a diferencia del proyecto de ley, que presentaba un tope de 18,52 para este colectivo.

Con respecto a la situación actual, las principales modificaciones ―además de las anteriormente citadas― plantean una reducción del porcentaje de aportación del 50 al 45 % en los tramos de renta comprendidos entre 18 000 y 35 000 euros y 35 000 y 60 000 euros. Por otra parte, incorpora topes de aportación mensual en lo referente a población activa hasta los 35 000 euros. Podían haber sido estos tramos o podían haber sido otros. Evidentemente, ha sido el ministerio el que ha decidido que sean estos tramos, que sean estos porcentajes y que sean estas las diferencias; es decir, el ministerio ha considerado que esta es la mejor manera de hacer que sea más equitativa la aportación de las personas que tienen tratamientos terapéuticos largos.

En el año 2012, Euskadi se manifestó en contra de las nuevas aportaciones de los usuarios y posteriormente una sentencia nos obligó a su aplicación, pero como compensación a la nueva situación se publicó un decreto que regulaba las ayudas al copago farmacéutico con el objetivo de permitir que los colectivos más vulnerables y desfavorecidos económicamente pudieran acceder a los medicamentos y a los productos sanitarios necesarios para el cumplimiento de los tratamientos que se les habían prescrito y disfrutar de un nivel de salud digno. Por lo tanto, nosotros ya hicimos estos deberes cuando se nos impuso por medio de sentencia un copago que no queríamos. La pregunta que yo me hago es: ¿por qué no se consultó previamente esta modificación a las comunidades autónomas? Ya sabemos que es el ministerio el que tiene la potestad para poder hacer esto, pero se podía haber consultado previamente, señora ministra.

Con respecto a las modificaciones planteadas, nos parecen adecuadas, evidentemente, ya que de este modo se puede contribuir a evitar que la aportación del usuario constituya una barrera. Por lo tanto, ya le digo que con el objetivo estamos de acuerdo; pero, en un acto legislativo, tan importante como el fondo es la forma. El artículo 86 de la Constitución española exige dos requisitos que justifiquen el empleo del real decreto ley, y dice que requiere del presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad o de la existencia de una conexión de sentido entre la situación de urgencia definida y las medidas concretas adaptadas para subvenir a ella. Ustedes fundamentan su adopción en un contexto económico y social excepcional y sobrevenido, derivado y provocado por una inflación y la caída de las rentas de los hogares, pues ello habría agravado problemas estructurales de copago farmacéutico y provocado reducciones en la adherencia terapéutica, según dicen ustedes. Hombre, al menos esta argumentación cumple formalmente con la exigencia constitucional, pero la jurisprudencia constitucional exige que la necesidad alegada para un real decreto ley se configure como algo más que la mera conveniencia y oportunidad. Esta situación no es de repente de este mes, sino que se daba previamente también, por lo que podían haber traído una modificación legislativa directamente. Por lo tanto, la conexión que el Gobierno establece entre el conflicto geopolítico y la urgencia puede considerarse menos tajante de lo aparente.

Dicho todo esto, los razonamientos expuestos plantean una duda razonable...

Acabo, señor presidente. ... sobre la plena adecuación de que la mejor forma sea el real decreto, cuando ustedes podían haber traído precisamente la modificación legislativa que yo le comentaba. En cualquier caso, apoyaremos esta convalidación. Muchas gracias, señor presidente.

Eskerrik asko, mahaiburu jauna. Egun on, guztioi. Koordainketaren ereduarekin bat ez gatozen arren, lege dekretu hau babestuko dugula esanez hasiko gara. Euskal Herria Bilduk proposatzen duen eredutik urrun egonda ere, herritarrentzat hobekuntzak dakartzalako. Horregatik bakarrik babestuko dugu.

Gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Muy brevemente. Aunque no compartimos el modelo de copago, empezaremos diciendo que vamos a apoyar este real decreto ley, aunque esté lejos del modelo que propone Euskal Herria Bildu, porque supone mejoras para la ciudadanía. Solamente por eso lo apoyaremos.

Como decía en euskera, comenzaremos diciendo que, aunque en absoluto compartimos el modelo de copago, apoyaremos este real decreto ley, porque consideramos que, aun estando lejos del modelo que Euskal Herria Bildu propone, supone una mejora sustancial para la ciudadanía, y ese es el motivo por el que lo apoyaremos.

Como saben, en su día fuimos muy críticas con el texto refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, y fuimos críticos porque no compartíamos ni la forma ni el fondo. En cuanto a la forma, por un lado, como todos los decretos, se aprobó en Consejo de Ministros, es decir, sin ningún tipo de debate parlamentario; y, por otro lado, se impuso el control del Estado en cuanto a la fijación de precios de los medicamentos y condiciones de financiación pública, limitando así las competencias exclusivas en materia de las comunidades autónomas y pasando por encima del consejo interterritorial y de la Comisión Permanente de Farmacia. En cuanto al fondo, como ya he dicho, no estábamos de acuerdo con el modelo que se proponía, y evidentemente tampoco lo estamos ahora. En nuestra opinión, no debe modificarse únicamente el artículo 102, sino que debe abrirse un procedimiento legislativo ordinario que abra el debate sobre el texto refundido. Pero sabemos que el procedimiento legislativo ordinario es largo y compartimos que, cuando se trata de dar solución a las inequidades del sistema, la respuesta ―siempre en beneficio de la ciudadanía― debe darse con la mayor rapidez posible. En este caso, entendemos que ese es el objetivo de este real decreto ley: mejorar ―al menos, en parte― la ruptura de la equidad del sistema de salud que trajeron los decretos anteriores, que perjudicaba sobre todo a los y las pacientes más vulnerables.

Compartimos no todos, pero sí muchos de los argumentos recogidos en el marco expositivo del real decreto ley, y aunque no compartimos el modelo en sí, creemos que las medidas que se proponen en su parte dispositiva efectivamente beneficiarán a la ciudadanía, sobre todo a quienes más perjudicó en su día ―como decíamos, a los más y las más vulnerables―, y, como decía antes también, este es el motivo por el que lo apoyaremos.

No vamos a entrar a desgranar las medidas propuestas, porque ya se han explicado suficientemente, pero sí queremos subrayar el hecho de que están encaminadas a garantizar que las condiciones económicas no constituyan una barrera para el acceso a los medicamentos necesarios, especialmente en el caso de las personas con enfermedades crónicas o de elevada carga terapéutica, lo cual nos parece muy importante. Además, se establece también un sistema de pago más progresivo y, por lo tanto, más justo ―o, mejor dicho, menos injusto―, con un aumento de tramos de aportación y estableciendo límites mensuales para que el coste de los medicamentos no sea un factor que afecte negativamente a la adherencia terapéutica. Efectivamente, creemos que esta medida evitará complicaciones clínicas, lo cual debería tener como consecuencia ―como ya ha explicado la señora ministra― una mayor sostenibilidad del sistema y esto debería dar la posibilidad de una mejor utilización de los recursos públicos.

Hori esanda, eta amaitzeko, berriro diogu hau ez dela Euskal Herria Bilduk defendatzen duen prestazio farmazeutikoaren eredua. Eta lehen esan dugun bezala, sendagaien eta osasun produktuen bermeei eta erabilera arrazionalari buruzko Legearen testu bategina da, oro har, aldatu behar dena, eta ez soilik prestazio farmazeutiko anbulatorioaren ekarpenari dagokion atala. Horregatik, espero dugu lege dekretu hau lege proiektu gisa izapidetu ahal izatea eta ereduari buruz eztabaidatu ahal izatea.

Besterik ez. Milesker.

Dicho esto, y para finalizar, insistimos en que este no es el modelo de prestación farmacéutica que defiende EH Bildu. Como hemos dicho antes, es el texto refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios el que, con carácter general, debe ser modificado, y no solo en lo relativo a la aportación de la prestación farmacéutica ambulatoria. Por ello, esperamos que este real decreto ley pueda tramitarse como proyecto de ley y pueda debatirse sobre el modelo.

Nada más. Muchas gracias. (Aplausos).

Bé, bon dia. Gràcies, president. Ministre, senyories, aquest Reial decret torna a deixar‑nos una sensació que, sincerament, ja comença a ser massa habitual en aquesta legislatura, la sensació que el Govern continua sense entendre què significa governar en minoria. Perquè una cosa és tenir la iniciativa legislativa i una altra molt diferent és actuar com si les majories parlamentàries fossin automàtiques o com si la resta de grups només haguessin vingut aquí a validar les decisions que vostè prenen. I aquest decret arriba exactament així, tancat, cuinat unilateralment des del Ministeri i sense haver compartit prèviament un debat polític de fons amb els grups que fan possible aquesta majoria. Sincerament, sembla mentida que, després de tants anys, encara no hagin après que les coses no funcionen així. Governar en minoria exigeix parlar abans d’aprovar textos que ningú ha vist al Consell de Ministres, negociar i construir acords. I això és especialment important quan parlem de salut pública, perquè avui no estem discutint una qüestió burocràtica o administrativa. Estem parlant del model d’accés als medicaments. Estem parlant de persones que depenen d’un tractament per poder viure amb dignitat. I estem parlant de famílies que moltes vegades fan equilibris impossibles per arribar a final de mes.

Cert és que el decret incorpora algunes millores respecte al model anterior, no ho negarem. Però vestir de reforma integral una qüestió que únicament modifica trams de renda és molt agosarat. El problema de fons continua essent exactament allà on era. Perquè el model continua basant‑se en la idea que l’accés als medicaments ha d’estar condicionat, encara que sigui parcialment, per la capacitat econòmica de les persones. I nosaltres creiem que aquesta és una mirada equivocada. Ho és especialment quan parlem de malalties cròniques. Ho és quan sabem perfectament que hi ha persones que abandonen els tractaments, que allarguen les receptes o que segueixen les pautes de manera irregular simplement perquè no poden assumir el cost econòmic amb normalitat. Això passa cada dia.

I quan una persona deixa de prendre una medicació perquè no la pot pagar, el problema no és de corresponsabilitat econòmica. El problema és que el sistema falla. Per això, nosaltres creiem que el debat de fons no hauria de girar permanentment al voltant de quins percentatges paga cada col·lectiu o de com es reparteixen els topalls. El debat hauria de ser com garantim que ningú deixi de medicar‑se per motius econòmics i aquest decret no fa aquest pas. El que fa és reorganitzar el model existent, fer‑lo més complicat administrativament i presentar‑se com si fos una gran transformació estructural. Però la realitat és que continuem dins la mateixa lògica.

Però hi ha encara una altra qüestió que per a nosaltres és especialment preocupant i és la de la lògica profundament centralitzadora, que torna a aparèixer una vegada més, perquè aquest decret no es limita a establir unes bases generals. L’Estat entra a regular absolutament tots els detalls: els percentatges, els topalls, les exempcions i, fins i tot, el sistema de reintegrament. Però després, qui ha de gestionar tot això, qui ha d’assumir la càrrega administrativa, qui afronta la pressió assistencial i, sobretot, qui acaba assumint les conseqüències econòmiques són les comunitats autònomes. I tot això cuinat des dels despatxos del ministeri. En definitiva, vostès conviden a la festa i nosaltres la paguem. És el model de sempre. L’Estat decideix i les comunitats gestionen. Madrid legisla i Catalunya paga i executa.

I després encara ens parlen de plurinacionalitat? Mirin, la plurinacionalitat no consisteix a informar els territoris d’allò que ja han decidit vostès des de Madrid. La plurinacionalitat coincideix en creure de veritat que els territoris tenen autogovern i que cal respectar‑ne les polítiques, perquè les realitats socials no són igual a tot arreu. La pressió assistencial no és la mateixa. Les necessitats sanitàries tampoc. I Catalunya fa molts anys que sosté enormes tensions al sistema de salut, mentre continua patint un infrafinançament crònic i limitacions constants de la capacitat política. Molts anys porta la gent d’Esquerra Republicana fent mans i mànigues per revertir les retallades d’Artur Mas en sanitat, molts. I mentrestant, l’Estat continua actuant amb aquesta idea uniforme segons la qual el BOE pot substituir permanentment la capacitat de decisió dels territoris. No és això, companys, no és això.

Des d’Esquerra Republicana defensem exactament el contrari. Defensem més sobirania sanitària, més capacitat de decisió per Catalunya i més possibilitats d’adaptar les polítiques farmacèutiques a les necessitats reals de la població. I defensem també una idea molt senzilla: que qui no pugui pagar els tractaments tingui accés gratuït a ells. I qui pugui, se’n faci càrrec. Així de senzill. I vostès, d’això no n’han parlat. I deixin‑me acabar recordant‑los de nou també una altra cosa i els ho dic als dos partits de Govern, al PSOE i a SUMAR: Governar en minoria obliga a escoltar molt, molt més del que vostès ho estan fent, molt més.

Moltes gràcies.

Buenos días. Gracias, presidente. Ministra, señorías, este real decreto nos vuelve a dejar la sensación de algo que sinceramente ya empieza a ser demasiado habitual en esta legislatura: la sensación de que el Gobierno sigue sin entender qué significa gobernar en minoría, porque una cosa es tener la iniciativa legislativa y otra muy distinta es actuar como si las mayorías parlamentarias fueran automáticas o como si el resto de grupos solo hubiéramos venido aquí a validar las decisiones que toman ustedes. Y este decreto llega exactamente de esta forma: cerrado, cocinado unilateralmente en el ministerio y sin haber compartido previamente un debate político de fondo con los grupos que hacen posible esta mayoría. Sinceramente, parece mentira que tras tantos años todavía no hayan aprendido que las cosas no funcionan así. Gobernar en minoría exige hablar antes de aprobar los textos ―textos que no ha visto nadie en el Consejo de Ministros―, negociar también y construir acuerdos. Y esto es especialmente importante al hablar de salud pública, porque hoy no estamos hablando de una cuestión burocrática o administrativa, sino que estamos hablando del modelo de acceso a los medicamentos, estamos hablando de personas que dependen de un tratamiento para poder vivir con dignidad y estamos hablando de familias que muchas veces hacen equilibrios imposibles para llegar a final de mes.

Es cierto que el decreto incorpora algunas mejoras con respecto al modelo anterior, no lo negamos, pero vestir de reforma integral una cuestión que solo modifica tramos de renta es muy atrevido. El problema de fondo sigue estando ahí donde estaba, porque el modelo sigue basándose en la idea de que el acceso a los medicamentos debe estar condicionado, aunque sea parcialmente, por la capacidad económica de las personas. Nosotros creemos que esta es una mirada equivocada. Lo es, en particular, al hablar de enfermedades crónicas. Lo es cuando sabemos perfectamente que hay personas que dejan los tratamientos, que alargan las prescripciones o siguen las pautas de forma irregular sencillamente porque no pueden asumir el coste económico con normalidad. Esto pasa todos los días.

Cuando una persona deja de tomar una medicación porque no la puede pagar, el problema no es de corresponsabilidad económica, sino de un fallo del sistema. Por ello, creemos que el debate de fondo no debe girar permanentemente en torno a qué porcentajes abona cada colectivo o cómo se reparten los topes, sino en cómo garantizamos que nadie deje de medicarse por motivos económicos. Este decreto no da este paso, lo que hace es reorganizar un modelo existente; lo complica todavía más administrativamente y se presenta como si fuera una gran transformación estructural. La realidad es que seguimos dentro de la misma lógica.

Todavía existe otra cuestión que para nosotros es especialmente preocupante: la lógica profundamente centralizadora, que vuelve a emerger una vez más. Este es un decreto que no se limita a establecer unas bases generales, sino que el Estado entra a regular todos los detalles: porcentajes, topes, exenciones, incluso el sistema de reintegro. Luego, quien debe gestionar todo esto, quien tiene que asumir la carga administrativa, quien afronta la presión asistencial y, sobre todo, quien termina asumiendo las consecuencias económicas son las comunidades autónomas, todo ello cocinado en los despachos del ministerio. En definitiva, ustedes invitan a la fiesta y nosotros la pagamos. Es el modelo de siempre: el Estado decide y las comunidades gestionan; Madrid legisla y Cataluña paga y ejecuta.

Y todavía nos hablan de plurinacionalidad. Miren, la plurinacionalidad no consiste en informar a los territorios de lo que ya han decidido ustedes en Madrid. La plurinacionalidad consiste en creer de verdad que los territorios tienen un autogobierno y que se deben respetar sus políticas. Las realidades sociales no son iguales en todos lados, la presión asistencial no es la misma, las necesidades sanitarias tampoco lo son. Cataluña hace muchos años que sostiene enormes tensiones en el sistema sanitario mientras sigue sufriendo una infrafinanciación crónica y también limitaciones constantes de la capacidad política. La gente de Esquerra Republicana lleva muchos años haciendo todo lo posible para revertir los recortes de Artur Mas en sanidad, muchos años. Mientras tanto, el Estado sigue actuando con esta idea uniforme según la cual el BOE puede sustituir permanentemente la capacidad de decisión de los territorios. Compañeros, el asunto no va por ahí.

En Esquerra Republicana defendemos exactamente lo contrario: más soberanía sanitaria, más capacidad de cesión para Cataluña y más posibilidades de adaptar las políticas farmacéuticas a las necesidades reales de la población. Defendemos también una idea muy sencilla, que quien no pueda pagar los tratamientos tenga un acceso gratuito a ellos y que quien pueda pagar, lo asuma. Es así de sencillo. Ustedes no han hablado de este tema. Quiero recordarles de nuevo otro tema ―y se lo digo a los dos partidos del Gobierno, al PSOE y a SUMAR―: gobernar en minoría obliga a escuchar mucho, mucho más de lo que están haciendo ustedes.

Muchas gracias.

Buenos días. Gracias, ministra, por la intervención. Ha quedado claro el objetivo del real decreto ley, por lo que tampoco me extenderé en él, en la medida que pretende evitar la desigualdad en el acceso a prestaciones farmacéuticas con una metodología determinada. Mi experiencia personal de sistematización de las desigualdades en el sistema sanitario tuvo lugar en el verano de 1992, durante un viaje de tres meses como estudiante de medicina a Bolivia, junto dos estudiantes de medicina de tercero y dos enfermeras recién tituladas. Tuvimos la oportunidad de ser acogidos por unos misioneros claretianos en una provincia en el sur de Bolivia, al lado de Argentina. Y, aunque sigo aprendiendo muchas cosas a lo largo de mi vida ―aprendo cosas todos los días―, posiblemente fueron los tres meses en los que más cosas aprendí. Era un pueblecito pequeño, de gente muy humilde; había un hospital público, pero para acceder a las prestaciones sanitarias se requería un desembolso económico. En el pueblo había también una minoría de gente mucho más poderosa vinculada a la industria de la zona. Me llamaba la atención que vivían como en un campo de concentración; no era una zona muy insegura ―el pueblo no era para nada inseguro―, pero ellos vivían en una urbanización muy rica, con mucha seguridad y un hospital privado. Conocimos a una niña de cinco o seis años que enfermó gravemente, tuvo una anemia muy, muy severa y necesitaba una transfusión. Como los padres no tenían dinero, fuimos al hospital público; pero en el hospital público no ponía hacer la transfusión. Como éramos europeos, blancos y éramos sanitarios, contactamos con el hospital privado ―teníamos un conocido― y allí sí se le hizo la transfusión. Cuando volvimos ese día a la casa de los misioneros en la que estábamos ―una casa, por cierto, muy interesante en la Bolivia de 1992, donde se hablaba de monseñor Romero, de Ellacuría, de Leonardo Boff, s de Casaldáliga luchando por el Movimiento Sin Tierra en Brasil; se hablaba de las conexiones del marxismo y del cristianismo en América Latina―, la primera impresión fue algo marciana porque en la televisión estaban poniendo las Olimpiadas de Barcelona del 92, y nosotros teníamos una realidad distinta: una niña muriéndose por una anemia mientras un tío saltaba la pértiga en Europa. La segunda fue comprender que esa niña probablemente moriría al año siguiente, porque lo que había conseguido era una respuesta puntual, casi colonialista dentro de un sistema que no funcionaba. Y la tercera, entender que las soluciones no pueden ser individuales, sino estructurales: requieren políticas públicas y respuestas estructurales colectivas. Eso que pasaba en Bolivia en 1992, sigue pasando en el país que este año va a celebrar el Mundial, que es Estados Unidos, donde la gente se sigue muriendo si no tiene acceso universal a la sanidad. El otro elemento importante es la cohesión social. Hablamos mucho del sistema sanitario público universal, pero hablamos poco de un sistema con cohesión social. La cohesión social es algo tan bonito como esto: el otro día, yo, que tengo varias «goteras», estaba esperando en la consulta del médico, y en la misma sala de espera estaban sentadas varias personas mayores, un adolescente, un señor que venía con la funda ―posiblemente de mantenimiento―, varias chicas jóvenes y una compañera mía médica de familia que venía con su madre. La cohesión social es que haya una gran sala de espera donde estemos sentados todos juntos, gente de diferentes clases sociales, de diferentes profesiones o diferentes niveles. Por eso, cuando hablamos de las mutualidades y de que estas vuelvan al Sistema Nacional de Salud, lo que queremos es una gran sala de espera con las mutualidades: uno, que se puedan integrar en cumplimiento de la Ley General de Sanidad, vigente desde hace cuarenta años; dos, porque se está debilitando la atención primaria; y, tres, porque queremos esa gran sala de espera común para todo el país.

Kate Pickett, una eminente epidemióloga británica, acaba de escribir un libro: The Good Society ―ha escrito varios libros de desigualdades, algunos muy famosos, con Richard Wilkinson―, en el que hace mención a una imagen del filósofo norteamericano John Rawls ―aunque ya viene de otras escuelas―: «el velo de la ignorancia». Imagínense que en el hemiciclo entramos todas las personas que trabajamos en el Congreso, no solamente los diputados, sino todas las personas que trabajamos aquí, sea cual sea nuestra profesión. «El velo de la ignorancia» consiste en que, de repente, olvidamos de dónde venimos: nuestra procedencia, nuestra clase social, nuestra profesión o nuestra ideología política. Se asume que todos somos racionales y se nos pide que definamos qué sociedad queremos. Lo que plantea Rawls es que, bajo ese «velo de la ignorancia», todos tenderíamos a elegir una sociedad más equitativa, con más igualdad y con derechos universales para todas las personas, en la que todos tengamos las mismas oportunidades, ya que nadie querría partir de una posición de privilegio o desventaja. Lo que el real decreto plantea hoy es esto; es una medida puntual. Nuestro ministerio de Sanidad ha planteado otras medidas más estructurales y masivas, pero esta es una medida muy importante. Tenemos un sistema nacional de salud en crisis no solamente en España, sino a nivel mundial. Sin embargo, no debemos olvidar ―esto es importante― que sigue siendo uno de los mejores sistemas sanitarios a nivel mundial. Les recuerdo la situación que tienen grandes países como, por ejemplo, Estados Unidos.

Cuando se fundan los sistemas nacionales de salud, hay un espíritu fundacional de gozo. Cuando se funda el sistema nacional británico en los años cuarenta, después de una gran guerra que había matado casi 30 000 civiles en el Reino Unido, hay ese espíritu fundacional. Cuando se funda el sistema nacional español, después de un cáncer franquista, hay un espíritu fundacional que no tenemos ahora y por eso es importante recomponernos. Necesitamos un sistema nacional público, un sistema nacional universal, un sistema centrado en los pacientes y, sobre todo, un sistema que ayude y cuide a nuestros profesionales sanitarios. No solamente hay que mejorar las condiciones laborales o la calidad de la atención, hay que mejorar la afección; es decir, evitar la desafección de los pacientes, de la ciudadanía y la desafección de los profesionales con nuestro sistema sanitario.

Tenemos varios fallos como parlamentarios: uno de ellos es que, a veces, las leyes las tratamos como si fueran goles, y cada uno se atribuye el mérito o el fracaso según marca y quién falla. De hecho, a veces los aplausos y los fallos son muy curiosos en cuanto a esto. La celebración que debemos tener como parlamentarios no es que un determinado grupo parlamentario —‌en este caso el nuestro— hoy sea capaz de sacar una ley, sino que el éxito o la celebración tiene que ser que seamos capaces de ponernos de acuerdo para mejorar las leyes y las políticas que mejoren la vida de las personas.

Les pido humildemente que apoyen el real decreto que hoy se presenta. Muchísimas gracias. (Aplausos).

Gracias, presidente. Gracias, señora ministra. Señorías, nadie se levanta un día cualquiera, un jueves por la mañana como hoy, pensando: voy a la farmacia a ver qué tienen; hoy me apetece comprarme un inhalador. Las personas no quieren medicamentos, los necesitan. Creo que es importante recordar esto en un debate como este, porque convivir con una enfermedad ya es suficientemente difícil como para añadir, además, una carga económica desproporcionada. Y eso es lo que busca esta reforma: proteger más a las rentas medias y bajas (aplausos), introduciendo más progresividad y extendiendo también a la población activa algo que ya existía para los pensionistas: un tope a lo que una persona paga al mes por sus medicamentos. Porque sí, hay personas trabajadoras que acumulan cada mes un gasto farmacéutico elevado, especialmente pacientes crónicos y polimedicados. A partir de ahora, un trabajador que cobre 18 000 euros pagará como máximo 18 euros al mes, y uno que cobre hasta 35 000, unos 60 euros. Sin esta reforma, ambos pueden estar pagando cientos de euros mes tras mes, un gasto que hace que muchos de estos pacientes abandonen el tratamiento por no poder pagarlo. Para estos y estas pacientes, esta reforma supone algo muy concreto: 265 millones de euros de ahorro; además, con una garantía importante: ningún colectivo pagará más. La reforma mejora la equidad del sistema sin aumentar el copago para nadie. Señorías, los gobiernos progresistas tenemos nuestra manera de entender la sanidad pública. Lo hacemos reformando el copago para reducir barreras; lo hacemos ampliando la detección precoz, reforzando el cribado neonatal, o, como acabamos de hacer con el cáncer de mama, que hasta ahora se dirigía a mujeres de entre 50 y 69 años y ahora se amplía a mujeres entre 45 y 74 años; lo hacemos también aumentando las plazas de formación sanitaria especializada hasta cifras récord para reforzar nuestro sistema público de salud. Y sí, aquí hay una diferencia política, porque cuando gobernó la derecha el camino fue exactamente el contrario: en 2012, el Partido Popular endureció el copago farmacéutico; en plena crisis, mientras miles de familias lo pasábamos peor que nunca, al PP no le bastó con recortar miles de millones en sanidad, además, hicieron pagar más a quienes necesitaban sus medicamentos. Ese es su modelo. (Aplausos). La cosa no ha cambiado. Hoy seguimos viendo sus consecuencias en las comunidades autónomas. ¿Se han leído los pactos de la vergüenza entre Partido Popular y VOX? Mientras millones de ciudadanos están preocupados por conseguir cita en atención primaria, por las listas de espera o por la falta de profesionales, ustedes no dan ni una solución estructural, ni atención primaria, ni planes para afrontar la falta de profesionales, ni respuestas reales para las listas de espera. (Rumores). La sanidad pública no es su prioridad nacional, y lo están demostrando con los enfermos de ELA. Ustedes dicen que los defienden, pero solo de boquilla; porque cuando hay que poner el dinero, los abandonan. La ley ELA dice que las ayudas son compartidas: una parte la pone el Estado y otra parte las comunidades. ¿Qué ha hecho Isabel Díaz Ayuso? Abandonar a los enfermos de ELA (aplausos), porque mientras el Estado está poniendo su parte, esta misma semana la Comunidad de Madrid acaba de recortarles las ayudas en un 40 %. (Rumores).

Les molesta…

Les molesta, pero es que la Comunidad de Madrid acaba de recortarles… (Pausa.―Continúan los rumores).

Digo que les molesta, pero la Comunidad de Madrid acaba de recortarles las ayudas en un 40 %; acaba de imponer un copago a los enfermos de ELA. Esa es su decisión. ¿Qué hace en cambio Cataluña con un Gobierno socialista? Cataluña no solo está pagando su parte de manera íntegra, sin copago, es que, además, pone un complemento de hasta 5000 euros al mes para los que más lo necesitan. (Aplausos). No mientan y no engañen a los enfermos de ELA: no pagan porque no quieren; no ayudan porque no les da la gana. Ayuso los abandona; Illa los acompaña. Y, mientras, el Estado cumple.

Su modelo, señorías del PP, es el del copago, el que deteriora lo público mientras empuja cada vez a más personas hacia seguros privados porque sienten que el sistema ya no responde; un modelo que convierte la sanidad en un negocio para quien puede pagar y en una carrera de obstáculos para quien no, como si el medicamento fuera un capricho, como si la enfermedad fuera una elección. Nosotros creemos exactamente lo contrario: creemos que nadie debería abandonar un tratamiento por motivos económicos, porque esta reforma no trata simplemente de cuánto paga cada uno, trata de qué hace un gobierno cuando una persona enferma.

Señorías, nadie elige una diabetes, un asma, una ELA o una cardiopatía, pero sí elegimos qué sistema sanitario queremos. Los socialistas y este Gobierno lo tenemos claro: los medicamentos salvan vidas, pero solo si llegan al paciente. (Aplausos). Y precisamente para eso existe la sanidad pública, para proteger a las personas, sin distinción, cuando más vulnerables están.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, presidente. Muy buenos días. Señorías, el Gobierno nos trae para su convalidación un real decreto por el que se la modifica la aportación de los usuarios y sus beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria, los llamados copagos farmacéuticos. Señora ministra, los españoles, en función de nuestro nivel de renta, venimos haciendo esta aportación en aplicación del artículo 102 del Real Decreto Legislativo 1/2015, del 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios. Con la ley del medicamento en proceso de modificación ―que la ministra anunció en esta Cámara como uno de los hitos de la legislatura y como la reforma más importante del sector farmacéutico en los últimos treinta y cinco años― estamos ante un anteproyecto al que el sector, integrado por más de cuatrocientos organismos, ha presentado alegaciones en la fase de audiencia pública, que finalizó en mayo de 2025, con una enmienda a la totalidad, lo que demuestra su total desacuerdo. No se ha sabido nada más de este asunto hasta ahora, cuando el Gobierno nos trae para su convalidación este real decreto ley, que hace referencia a un artículo de ese anteproyecto de la Ley del Medicamento. Esto ha generado sorpresas e incertidumbre en el sector farmacéutico al entender que el Gobierno podría no ser capaz de traer dicha ley en esta legislatura.

Además, este real decreto se lleva al Consejo de Ministros en un momento de oportunidad política, coincidiendo, señorías, con la campaña de Andalucía. No queremos pensar que sea con el fin e arañar un puñado de votos, aunque el resultado ya sabemos cuál ha sido.

Entrando a valorar el texto, quiero decirles que es una auténtica chapuza, con incongruencias en su redacción y una implantación efectiva inviable, porque necesita adaptaciones administrativas, procedimentales y tecnológicas de diferentes organismos. Una vez más, estamos ante una falta de coordinación del Ministerio de Sanidad. ¿Cómo es posible, señora ministra, que envíe al BOE un texto que para su aplicación requiere coordinar al Ministerio de Hacienda, el INSS, las comunidades autónomas y las oficinas de farmacia? ¿Es consciente de que se necesita poner a todos estos organismos de acuerdo? (Aplausos).

Estamos hablando de adaptar un modelo vigente de copagos farmacéuticos. Por cierto, no olvidemos que es un modelo que, cuando se creó, ya se anunció desde SUMAR que lo derogarían. Y, si uno de los fines de esta reforma es la necesidad de adaptarse a los copagos farmacéuticos para corregir situaciones de desigualdad detectadas en pacientes con rentas bajas y medias y estamos hablando de umbrales de renta, señorías, estamos ante una consignación a través del impuesto de la renta de las personas físicas ―Ministerio de Hacienda― y los españoles estamos en plazo hasta el 30 de junio para hacer la declaración. Y, además, en función de los datos fiscales autorizados, se establecen nuevos porcentajes y límites de copago, así como la reasignación de los códigos de aportación por parte del INSS, que comunicará a las comunidades autónomas para que posteriormente los envíen a las oficinas de farmacia.

Señorías, todo esto no es de aplicación al día siguiente de su publicación en el BOE —‌no sé si se ha dado cuenta―, lo que demuestra una vez más que estamos ante un ministerio que fomenta la descoordinación, y, además, sabe que es inviable su aplicación efectiva. (Aplausos). Y lo que ya es el colmo es que el ministerio, sabiendo que no ha actuado bien, intente justificarse ante los farmacéuticos y las comunidades autónomas, a las que en ningún momento ha dado participación ni tan siquiera a través de la Comisión Permanente de Farmacia.

No estamos hablando de un tema menor. Se establecen cambios considerables en los nuevos tramos tanto para los asegurados activos y sus beneficiarios como para los pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios. Señorías, no estamos ante un real decreto de urgencia. Lo único que sí está meridianamente claro es que hoy el farmacéutico no podrá aplicar estas medidas en la dispensación de las recetas del medicamento en el Sistema Nacional de Salud ni informar adecuadamente a los pacientes que lo soliciten. Sí, el texto es una auténtica chapuza, y solo median catorce días de diferencia entre otro decreto y el texto que hoy convalidamos en lo que hace referencia a la modificación relativa a la aplicación reducida por envase dispensado de aquellos medicamentos con código cícero. Puestos a rectificar, señora ministra, podían haber contemplado también el plazo para hacer posible esta aplicación efectiva, dado que la autorización de los nuevos datos anuales está en función del nivel de renta y se cargan a finales de noviembre y principios de diciembre, como usted bien conoce.

Por tanto, señorías, hoy estamos ante un real decreto con algunas consecuencias, porque la norma no se puede aplicar directamente y eso va a suponer reintegros de gastos de las personas afectadas. Esta es la realidad, a lo que hay que sumar costes de la norma. Desde luego, que esto lleva un coste, aunque hoy no nos haya hablado usted de ahorro. Sin duda, cuando tenemos a una ministra, que está más preocupada por ser candidata, velando por las chapuzas normativas ―y reconózcame que esto lo es―, difícilmente podemos avanzar en lo que preocupa a los pacientes, a los sanitarios y a la industria farmacéutica.

Además, ¿usted es consciente, señora ministra, de que forma parte de un Gobierno sustentado por el Partido Socialista, un partido en el que ayer conocimos que existe una verdadera corrupción criminal para acabar con el Estado de derecho en España, con los jueces, fiscales y policías y con cualquier otro que ose investigar la corrupción? (Aplausos). No estamos hablando de ruido, señora ministra, sino de que hay grupos en esta Cámara que sustentan el régimen corrupto de Pedro Sánchez. Señoría, España no merece este daño por la corrupción y los escándalos del PSOE. Hay que cerrar esta etapa de decadencia para dar la voz a los españoles. (Aplausos).