Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2025.

Buenos días. Señora presidenta, señoras y señores miembros de la Mesa, señora letrada, señoras y señores portavoces de los grupos parlamentarios, señorías, señoras y señores, el informe, correspondiente al año 2025, que entregué a la presidenta de esta Cámara el pasado 24 de marzo y al presidente del Senado el 9 de abril, no es una mera acumulación de problemas, ni tampoco constituye una rutina institucional; es, conforme a la Constitución, una garantía esencial de derechos y libertades, reflejando nuestra labor de supervisión porque los derechos fundamentales no se pueden dar por hechos, hay que defenderlos, supervisarlos y exigirlos cada día en todos los niveles y manifestaciones de la actividad administrativa. El Defensor del Pueblo tramitó en 2025 un total de 38 144 quejas que dieron lugar a 2059 resoluciones a las diferentes administraciones, 721 recomendaciones, 788 sugerencias y 550 recordatorios de deberes legales. Además, se iniciaron 253 actuaciones de oficio y se analizaron 365 solicitudes de interposición de recurso al Tribunal Constitucional. En total, se tramitaron 38 762 expedientes. Asimismo, se atendieron personalmente a 44 278 ciudadanos: 42 785 a través de llamadas telefónicas y 1493 de forma presencial. Finalmente, se interpusieron tres recursos de inconstitucionalidad sobre distintos aspectos de las siguientes normas: la Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, la Ley 5/2025, de 30 de mayo, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat valenciana y la Ley 3/2025, de 25 de julio, de modificación de la Ley 11/2003, de 4 de abril, sobre consejos sociales y coordinación del sistema universitario de Canarias. Según su procedencia geográfica, se repite la situación de años anteriores. El mayor número de quejas proviene de la Comunidad de Madrid, con 8766; Andalucía, 4374; Cataluña, 3602; Comunidad Valenciana, 3458. Estas cuatro comunidades juntas suponen en total un 55,66 % de las quejas recibidas. El informe es en realidad mucho más amplio que este volumen de 359 páginas, pues en su versión digital se incluye el acceso a más información complementaria mediante los enlaces a nuestra web institucional, donde se pueden consultar todas las recomendaciones, sugerencias y recordatorios de deberes legales, así como las resoluciones relativas a los recursos de inconstitucionalidad solicitados por los ciudadanos. Además, en la versión digital se tiene acceso a la labor del Defensor en su condición de Mecanismo Nacional de

Prevención de la Tortura, así como la actividad internacional realizada como institución nacional de derechos humanos, tarea de la que en 2025 se han cumplido 25 años.

El Defensor del Pueblo responde a todos los escritos que recibe, aunque no todos pueden ser tramitados como queja ante las Administraciones por no cumplir los requisitos exigidos en nuestra ley orgánica. El motivo más común de no admisión de las quejas es que no exista en el objeto de estas una actuación de los poderes públicos. Otros motivos habituales de inadmisión son inexistencia de pretensión cuando se trata de meras quejas y sugerencias, falta de interés legítimo o asuntos sometidos a los órganos jurisdiccionales. En todas las respuestas a estas quejas se informa de las razones concretas al ciudadano y se orienta sobre cómo encaminar la resolución de sus problemas. (Rumores).

Todos los años hay algunas referencias que, lamentablemente, hay que mantener. A pesar de la labor sostenida, recomendaciones, sugerencias ―incluso aceptadas― y de los avances producidos, en algunas materias persisten a lo largo del tiempo. Pueden mejorar o empeorar, pero persisten y no acaban de solucionarse. Se trata, entre otros, de las dilaciones judiciales, de las homologaciones de los estudios, de las listas de espera sanitarias, del procedimiento de la atención al ciudadano a través de citas previas en distintos ámbitos, de los retrasos en expedientes de nacionalidad, de la necesidad de aumentar el personal sanitario en los centros penitenciarios y de la obligación de asumir esta competencia por parte de las comunidades autónomas.

El volumen de expedientes por ámbitos de actuación es el siguiente. En primer lugar, la Administración de Justicia, con un 12,8 % del total; sanidad y política social, 10,4 %; Seguridad Social y empleo, 8,1 %; migraciones, 6,4 %; asuntos de interior, 5,7 %; educación, 5,5; función y empleo público, 4,8; medioambiente, 4,1; actividad económica, 4,1; impuestos, 3,6 %; vivienda, 2,2 %. (Rumores). Los restantes temas ―servicios públicos, urbanismo, centros penitenciarios, asuntos exteriores y asilo― completan la lista de prioridades de los ciudadanos.

Como en los últimos años, hemos señalado una serie de temas específicos destacados por su relevancia. En este caso, en el año 2025, un total de trece. Ni su numeración indica prevalencia, ni destacados supone que sean los asuntos decisivos o prioritarios.

Primero, la convivencia con un grupo educativo como una de las medidas judiciales alternativas a la privación de libertad de menores para facilitar un ambiente de socialización positivo. En el marco de esta actuación, hemos visitado un total de nueve centros y otros recursos para conocer las condiciones en las que se desarrolla la ejecución de estas medidas impuestas por los juzgados de menores.

Segundo, el acceso y el trato que reciben las personas mayores en el ámbito de la justicia civil, a fin de facilitar su relación con esa Administración con un lenguaje comprensible y superando las barreras que puede suponer la brecha digital. Las dilaciones judiciales son un grave problema, y más singularmente para las personas de mayor edad, ya que, al posponerse una y otra vez el juicio, pueden haber fallecido cuando se fije la fecha para la celebración de este. El lenguaje de los pronunciamientos judiciales también puede suponer una barrera infranqueable para muchos, especialmente los más vulnerables. Y en este apartado, asimismo, analizamos la complejidad de los trámites que se tienen que realizar cuando fallece un familiar.

Tercero, el impacto de la reforma del Reglamento de Extranjería en los solicitantes de protección internacional. Se destaca la problemática que ha ocasionado la nueva interpretación, que impide que las personas solicitantes de protección internacional puedan pedir autorizaciones de residencia con arraigo.

Cuarto, la identificación y el apoyo a las víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, distinguida del tráfico de personas. La protección de las víctimas de trata con fines de explotación laboral no ha avanzado en la misma medida que la de las víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. En este marco, hemos realizado una actuación sobre las circunstancias de un grupo de más de doscientas personas, en su mayoría jóvenes procedentes de Nepal e India, víctimas de explotación laboral que permanecían en condiciones insalubres y hacinados en la provincia de Albacete.

Quinto, la igualdad de trato de la comunidad gitana en múltiples ámbitos —‌inclusión, mujeres de etnia gitana víctimas de violencia de género, educación, empleo y vivienda—, en un año, 2025, que coincide con la conmemoración del sexto centenario de la presencia constatada de esta comunidad en España.

Sexto, los problemas en determinadas especialidades de la formación profesional, debidos especialmente a la falta de profesorado y a la dificultad en el acceso a las prácticas curriculares. Las quejas recibidas en 2025 nos indican que los procesos de admisión de alumnos en enseñanzas de formación profesional finalizan con un elevado número de alumnos sin plaza pública o derivados a otras ramas profesionales, lo que aumenta el riesgo de abandono por no poder cursar los estudios elegidos y, en otros casos, por no poder pagar el coste en el sector privado. Otro motivo habitual de queja es la falta de docentes de ciertas especialidades en las bolsas de interinos para cubrir las vacantes. En este asunto también detallamos las actuaciones realizadas para garantizar la plena equiparación de los extranjeros menores y mayores de edad en los estudios de formación profesional, sin limitaciones derivadas de su situación administrativa en nuestro país.

Séptimo, los retrasos en los procedimientos de reconocimiento, valoración y revisión del grado de discapacidad. En 2025 hemos recibido casi 1300 quejas de personas que habían solicitado la valoración de su grado de discapacidad sin recibir respuesta. Este problema es estructural y está extendido por toda España. Hemos formulado hasta en 104 ocasiones un recordatorio del deber legal de resolver los expedientes en tiempo y forma, y del deber de articular los medios precisos para solventar la situación. Lamentablemente, se trata de uno de nuestros temas recurrentes. Afecta a la práctica totalidad de las comunidades autónomas y, en Andalucía, Madrid, Galicia, Canarias, Murcia, Extremadura o Cataluña, se siguen constatando demoras de más de dos años.

Octavo, el acceso de las personas con discapacidad al empleo público a partir de la flexibilización de ajustes razonables en los procesos selectivos. Desde hace años venimos tramitando quejas de personas que sufren trastornos o dificultades que no conllevan reconocimiento oficial de un grado de discapacidad o este es inferior al 33 %. Personas a las que se impide o se limita el acceso a adaptaciones razonables de los exámenes para el empleo público, lo que afecta a los principios de mérito y capacidad.

Noveno, las condiciones y las garantías con las que se accede a la pensión de jubilación. En este ámbito se incluyen cuestiones referentes al cómputo de cotizaciones de determinados periodos laborales, demoras en el reconocimiento del complemento por hijos en pensiones contributivas o las condiciones exigidas para la jubilación anticipada.

Décimo, las devoluciones en el impuesto sobre la renta de las personas físicas por aportaciones al antiguo sistema de mutualidades laborales. Las quejas recibidas versan sobre las vicisitudes de aquellos que realizaron aportaciones a las mutualidades laborales. Estas aportaciones, que en su día ya estuvieron sometidas a tributación, se ven ahora nuevamente gravadas como rendimientos de trabajo y se produce así una doble imposición que ha sido reconocida por la Administración. Actualmente, la Administración está resolviendo las solicitudes de devolución. No obstante, y dado el gran número de mutualistas, se siguen recibiendo quejas sobre retrasos en la tramitación del procedimiento.

Undécimo, la protección ante las llamadas telefónicas no deseadas con fines comerciales. La institución mantiene abiertas actuaciones con los tres organismos competentes: la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y la Agencia Española de Protección de Datos. A finales de 2025 se aprobó una ley que regula los servicios de atención a la clientela. Así es como se denomina, como bien saben, la Ley 10/2025, de 26 de diciembre, que aborda este fenómeno.

Decimosegundo, las garantías de conservación de los valores ambientales de los espacios naturales protegidos. Con el ejemplo de una actuación específica en el paraje natural de la Sierra de Tramontana, en la isla de Mallorca, se analiza cómo la protección de los valores ambientales de un espacio natural protegido ha de mantenerse en el tiempo, tanto en los instrumentos normativos del espacio como en la aplicación de estos por la Administración.

Y, decimotercero, el uso de perfiles en redes sociales y de los boletines informativos en el marco de la comunicación institucional de las entidades locales. Ante la ausencia de regulación legal, es necesario que los ayuntamientos adopten reglamentos municipales que determinen las normas de gestión de las redes y garanticen un uso acorde con el interés general.

Señorías, el informe ofrece, además, las actuaciones de las principales áreas de la institución, y paso a referirles las fundamentales. En materia de justicia, se señala como elemento estructural del año la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en relación con la eficacia del Servicio Público de Justicia. Se trata de un cambio profundo y progresivo que supone la desaparición de los juzgados unipersonales y su sustitución por plazas en tribunales de instancia. Se impone la obligatoriedad de los medios adecuados de solución de controversias —‌MASC— antes del proceso civil.

Hay disfunciones inevitables a corto plazo y quejas por falta de cobertura de personal, especialmente en las jurisdicciones civil, social y de violencia contra la mujer. Recordemos que hay reformas normativas propuestas y aceptadas en su día, pero pendientes de ejecución; una nueva ley de asistencia jurídica gratuita, dado que la vigente de 1996 ya ha cumplido treinta años. Pero el reiterado problema principal de la justicia sigue siendo los retrasos debidos a la carga excesiva, falta de rapidez en situaciones sensibles o de vulnerabilidad, inestabilidad del personal y uso insuficiente de los mecanismos diseñados para agilizar el proceso.

Se han formulado recomendaciones sobre la carga de trabajo, especialmente en asuntos con sensibilidad social, apoyos a personas con discapacidad, filiación, matrimonio, menores, jurisdicción social o contencioso. Se precisa una mayor estabilidad de personal y mecanismos procesales para mejorar la capacidad de resolución. Se continúan las actuaciones de 2024 para garantizar que magistrados suplentes y jueces sustitutos reciban formación inicial y continua de calidad. Así, se recomendó a la Secretaría de Estado de Justicia contemplar normativamente esa formación. Según datos del Consejo General del Poder Judicial de 2024, los jueces y magistrados sustitutos o suplentes representaban el 18,61 % de la plantilla judicial.

Otro asunto importante es que, tras confirmarse que a los clientes de abogados y procuradores les asiste la ley que protege a los consumidores, se formuló una recomendación al Consejo General de la Abogacía Española para que se valore informar, a través de las páginas webs de los colegios, sobre la existencia de los mecanismos alternativos de resolución de controversias en materia de consumo. (Rumores).

Sobre el Registro Civil, se destaca que en octubre de 2025 finalizó el plazo para solicitar la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática; constan numerosas quejas ante la imposibilidad de presentar solicitudes en plazo por carencias imputables a la Administración. Hemos solicitado aclarar ―por la disparidad de criterios― ciertos requisitos documentales exigidos por los registros civiles en casos de nacionalidad de menores nacidos en España, defendiendo que la situación legal de los progenitores desde una perspectiva de extranjería y los derechos de sus hijos respecto a la nacionalidad española son conceptos jurídicos diferentes. Se indica también la expectativa de que la implantación plena de la plataforma adaptada al nuevo modelo de Registro Civil, DICIREG, completada en 2025, contribuya a reducir la pendencia y las quejas en estas materias en los registros civiles.

El informe recoge, asimismo, la importancia de la usurpación o suplantación de identidad en actividades ilícitas o fraudulentas. (Continúan los rumores). Se recogen recomendaciones a la Dirección General de Tráfico y a la Fiscalía para paliar dificultades prácticas e investigadoras. Se recogen, asimismo, quejas por falta de claridad entre denuncias de delitos, quejas o sugerencias. A su vez, iniciamos actuaciones sobre el alcance de los hechos que pueden ser denunciados telemáticamente. Otras quejas se referían en esta materia a la falta de diligencia en la tramitación de las denuncias y a la falta de coordinación entre cuerpos de naturaleza policial; por eso se alega en estos casos la inadecuación a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. (Continúan los rumores).

Muchas gracias.

Gracias, presidenta. La supervisión de centros penitenciarios se coordina con la labor del Defensor como mecanismo nacional de prevención de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. En 2025 se iniciaron ocho actuaciones por fallecimiento de personas privadas de libertad resultantes de muerte natural, sobredosis o suicidio. Una de esas actuaciones derivó en un recordatorio para extremar las diligencias en la transmisión de condolencias a familiares o allegados de las personas fallecidas bajo custodia; también bajo custodia hospitalaria. En cuanto a los reclusos, se estudian quejas relacionadas con su trato desde el ingreso en prisión, la clasificación de tercer grado, la protección de datos personales, las conducciones, la posibilidad de realizar apoderamientos apud acta por videoconferencia, la transmisión de condolencias por fallecimiento, etcétera. La institución ha subrayado que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias no dispone de un protocolo de atención, acompañamiento y reparación a las víctimas de delitos sexuales ocurrida dentro de los centros penitenciarios, por lo que se ha recomendado su elaboración. Señorías, debo reiterar un año más ―lo hago con la pobre solemnidad de que soy capaz― la especialmente grave situación de la atención sanitaria en prisiones. En 2025, solicitamos información sobre la cobertura de la dotación de personal facultativo en los quince centros con más población reclusa, y se ha constatado la insuficiencia de médicos, excepto en centros dependientes de la Generalitat de Cataluña. Se han formulado sugerencias para que, cuando se prevean conducciones múltiples con traslados médicos, se empleen vehículos diferenciados para evitar demoras y pérdidas de citas, y para identificar salidas urgentes y preferentes, ya que los presos se ven obligados a salir de la prisión para ser atendidos médicamente. En el plano de derechos de los familiares y allegados, se detecta que los menores que visitan a familiares presos pueden ser sometidos a registros y cacheos sin regulación expresa, por lo que se ha recomendado elaborar un protocolo al respecto. También se recomienda establecer y regular un servicio de atención y asistencia a personas mayores o con discapacidad o limitación de movilidad. Y se recogen quejas por la dificultad de comunicación telefónica con la Administración penitenciaria, recomendándose regular la atención telefónica y facilitar la videoconferencia en sustitución de la entrevista personal cuando el desplazamiento del familiar resulte difícil. Señorías, como conocen, en una comparecencia similar en la Comisión Mixta del pasado 17 de noviembre de 2025, tuvimos ocasión de debatir sobre el funcionamiento de los dispositivos electrónicos para el seguimiento del cumplimiento de las penas y medidas de seguridad impuestas en los casos de violencia de género. Me refiero a las pulseras del sistema COMETA, que, además, coexiste con otros recursos: ATENPRO, teléfono 016 o protección policial por VioGén. Insistimos, señorías, en que es un sistema complejo que exige coordinación para evitar una victimización secundaria. Se han formulado recomendaciones para coordinar a ATENPRO con la protección policial e incluir al Ministerio del Interior en el protocolo ATENPRO, mejorando las comunicaciones para activar los recursos policiales que estén más cercanos o disponibles. Continúa la preocupación por la notificación de sentencias y ejecutorias a las víctimas, para que conozcan en tiempo real la situación del agresor, especialmente en casos de excarcelación. Se formularon tres recomendaciones al Ministerio de Presidencia y Justicia para establecer medidas de protección para las víctimas en periodos intermedios antes de la ejecución de la decisión, a fin de evitar retrasos que puedan desproteger su integridad; y se recomendó a la Secretaría de Estado de Seguridad incorporar la rebeldía o fuga con requisitoria como factor de riesgo en los criterios VioGén y reforzar la coordinación en las requisitorias.

Como ustedes saben en 2025, el año al que corresponde este informe, fueron asesinadas cuarenta y ocho mujeres víctimas de violencia de género y tres menores y once quedaron huérfanos, y en 2026, hasta el 1 de mayo, fueron asesinadas dieciocho mujeres y tres menores y otros once quedaron huérfanos. La fuente de estos datos es la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Expresamos nuestro dolor y pésame a las familias y allegados. Y hemos de trabajar y proseguir los procedimientos para evitar esta violencia.

El presente informe subraya que la equidad en la educación y la atención integral al alumnado, conforme a los principios de normalización e inclusión, deben acompañarse de recursos suficientes y eficientes si no queremos que se conviertan en un simple enunciado programático. A su vez, la falta de medios personales de atención a la diversidad es motivo de gran número de quejas. Esta institución insiste reiteradamente a las Administraciones en la exigencia de la dotación de recursos personales y en que se realice tomando las necesidades educativas que presenta todo el alumnado. Desde hace tiempo profesores y profesoras de la educación de 0 a 3 años, que viven la falta de medios, salarios estancados, plantillas cada vez más mermadas, elevadas ratios de alumnos por clase y mal estado de las instalaciones, vienen expresando su queja al respecto.

En relación con las prácticas ―asunto muy importante, muy singularmente en la Formación Profesional—, es imprescindible garantizar su posibilidad para todos, ya que las prácticas forman parte integral y crucial del expediente y sin ellas no se pueden completar las materias del currículum.

Se precisa que las Administraciones dimensionemos adecuadamente la figura del coordinador de bienestar que creó la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia, para actuar en relación con el acoso escolar.

Por otra parte, el Defensor en 2025 recibió más de mil quejas en relación con la falta de resolución o la tramitación incorrecta de expedientes de homologación y declaración de equivalencia de títulos universitarios y extranjeros. Los datos que ofrece la Secretaría General de Universidades revelaron una mejora en la gestión de las solicitudes. Así, en el año 2024 se había llegado a 40 000 resoluciones de homologación y de equivalencia, y en 2025 se resolvieron 85 000 expedientes, según fuente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, resaltándose que en ambos periodos por primera vez en muchos años el número de expedientes resueltos había superado el número de nuevas solicitudes. A pesar de ello, consideramos imprescindible mantener e intensificar las actuaciones y extenderlas en esta materia.

En relación con el acceso a las becas, hemos emitido recomendaciones para excluir del cómputo de renta de la unidad familiar ayudas como el bono social térmico. Persisten las quejas por temperaturas extremas en las aulas escolares. Se han reabierto las actuaciones ante algunas Administraciones por la falta de acondicionamiento de los centros.

Señorías, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes se ha comprometido a impulsar con la mayor celeridad posible las reformas legales necesarias para suprimir la referencia a la residencia legal en España de la Ley del Deporte y eliminar así las limitaciones al ejercicio del deporte federado de los menores extranjeros en situación administrativa irregular. Por otro lado, en marzo de 2026 ―me refiero a actuaciones que están llegando de años a los que no corresponde el informe pero tienen su surgimiento en 2025―, se ha iniciado una actuación de oficio con el Consejo Superior de Deportes y la Consejería de Educación y Deportes de Canarias dirigida a garantizar que las federaciones de fútbol expidan licencias federativas a los menores extranjeros no acompañados tutelados por la Administración, en cumplimiento de la Ley del Deporte. La Consejería ha emitido en fechas recientes resolución en este sentido.

En materia de Administración sanitaria, las quejas por las listas de espera para primera consulta, prueba diagnóstica o intervención quirúrgica en la atención especializada del Sistema Nacional de Salud siguen siendo las más numerosas. El informe recoge una selección de las respuestas obtenidas de las diferentes comunidades autónomas tras la tramitación de esas quejas por retrasos en la atención sanitaria. En concreto, se indica lo que las respectivas Administraciones han informado que están haciendo para reducir las listas de espera en determinados servicios o unidades fundamentales y el refuerzo de plantillas en los servicios hospitalarios con más problemas detectados y de las especialidades médicas más deficitarias.

En cuanto al reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria en determinados supuestos, se ha de destacar la importancia de que los servicios de información en los centros sanitarios, centros de salud y hospitales mejoren la calidad de la información que se ofrece sobre el cauce adecuado para obtener el reconocimiento de ese derecho con cargo a fondos públicos. Las quejas recibidas ponen de manifiesto un déficit de información en muchos supuestos.

Actualmente médicos de toda España vienen mostrando rechazo ante la propuesta del nuevo estatuto marco. Solicitan una regulación específica, que reconozca las particularidades de su profesión y mejoras laborales vinculadas a las guardias, la conciliación y sus retribuciones. De nuevo, el acuerdo es el único camino.

Persisten las quejas sobre la respuesta insuficiente del Sistema Nacional de Salud en materia de salud mental. El Defensor del Pueblo ha realizado actuaciones en unidades hospitalarias de Segovia y Albacete y con el MNP en los hospitales 12 de Octubre y Gregorio Marañón, de Madrid, y el Centro Mentalia, de Guadarrama, donde se han puesto de manifiesto algunos de los problemas generales en este ámbito: la poca disponibilidad de especialistas, psiquiatras y también profesionales de terapia ocupacional, así como la insuficiencia de camas en las unidades infanto‑juveniles, lo que puntualmente obliga a ingresar a los menores junto con los adultos. En las actuaciones realizadas, las Administraciones han señalado tener en marcha planes para solventar estas carencias. Asimismo, debe destacarse la excelente labor que desarrollan estos profesionales, a pesar de las dificultades.

Señorías, destaca el gran volumen de quejas en lo que tiene que ver con la Seguridad Social y desempleo. Principalmente, están referidas al reconocimiento y la gestión de la incapacidad laboral, recaudación ejecutiva de deudas, jubilación y otros complementos, como los mínimos por hijos, el ingreso mínimo vital, los subsidios por desempleo o el cese de actividad de autónomos, retrasos en pensiones no contributivas autonómicas y reintegros de prestaciones indebidas. El informe destaca la recomendación de revisar el modelo de reintegro de prestaciones cobradas indebidamente cuando están destinadas a cubrir las necesidades más básicas, porque puede producir efectos desproporcionados, sobre todo si la tramitación es confusa o lenta, y, más aún, cuando el beneficiario actúa de buena fe. La consecuencia última es una mayor vulnerabilidad, al afectar a personas pobres en riesgo de exclusión. A su vez, los cambios legales recomendados están en línea con la más reciente jurisprudencia en esta materia tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En cuanto a las políticas sociales, además de los retrasos ya mencionados para la valoración del grado de discapacidad, el informe sigue resaltando los muchos problemas relacionados con el retraso en el reconocimiento de la dependencia, lo que impide el acceso a tiempo a las prestaciones y servicios que necesitan quienes ya han perdido su autonomía personal. Cuando las personas dependientes fallecen antes de llegar a recibir sus prestaciones, deben ser indemnizados sus herederos en las cuantías ya devengadas. En 2025 se formularon recomendaciones sobre esta cuestión a varias comunidades autónomas.

En cuanto al sistema de protección de menores, las situaciones de desamparo de niños, niñas y adolescentes nos llevan a comprobar, caso por caso, la adecuación de las medidas adoptadas por las entidades de protección al principio de interés superior del menor, buscando lo que más se ajusta a la seguridad y su bienestar, así como a su horizonte de futuro. Por ello hemos dirigido una recomendación a Fermoselle, en Zamora, para que se realicen todas las actuaciones necesarias sobre comprobación e intervención familiar previas a la medida de separación del menor de su núcleo familiar. Esto es decisivo, y debe hacerse con la debida coordinación con los servicios sociales municipales y el centro educativo.

En 2023 se abrió la actuación de oficio contra la violencia sexual en el ámbito del sistema de protección y volvimos a dirigirnos a las Administraciones competentes para actualizar los datos recabados, si bien a fecha del cierre de este informe todavía están pendientes de recibirse las respuestas de varias comunidades autónomas. Desde una mirada positiva, no mencionaremos las que no han contestado, sino las que sí lo hicieron respecto a esta actuación: Aragón, Cantabria, Castilla‑La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, La Rioja, Región de Murcia, Melilla, Navarra, así como las diputaciones forales vascas de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y los consells insulares de Ibiza, Mallorca y Menorca. La actuación de 2023 ya puso de manifiesto la dificultad de contar con datos fidedignos, así como la necesidad de efectuar un estudio específico —‌y en eso estamos— sobre el riesgo de explotación sexual de los menores ―por eso pedimos colaboración― que se encuentran al amparo del sistema de protección. En conexión con esta investigación general, se visitaron cinco centros de protección de menores en distintas comunidades autónomas, en los que habrían estado acogidos algunos menores víctimas de abusos de explotación sexual. Así, visitamos la residencia de adaptación psicosocial para niños, niñas y adolescentes Picón del Jarama, en Paracuellos del Jarama, Comunidad de Madrid; el centro educativo terapéutico Gasteiz, en Vitoria, País Vasco; la residencia Lucentum, en Alicante, Comunidad Valenciana; Casa d´Infants Quim Grau, en l´Hospitalet de Llobregat, Cataluña, y el hogar de protección Arrui y el centro educativo Alea, en Molina de Segura, Región de Murcia.

Señorías, continúan las actuaciones con las Administraciones responsables de la gestión de las residencias de mayores para conocer las medidas que se adoptan cuando se detectan incidencias en el funcionamiento de esos centros y el alcance de las reformas que están impulsando para humanizar y dignificar el modelo de atención a las personas más mayores en situación de dependencia. Hemos podido realizar ciertas visitas a centros residenciales públicos en la Comunidad de Madrid. Además, en 2025 recogimos una nueva preocupación por las quejas que ponen de manifiesto carencias en los servicios de ayuda a domicilio o simplemente en torno a las interrupciones de los servicios por el modelo de gestión elegido.

Por otra parte, señorías, es importante ir hacia un modelo que homologue criterios entre las distintas oficinas de extranjería y aborde las demoras en la tramitación de los procedimientos, y la institución desplegó actuaciones específicas al respecto. También nos hemos interesado por las condiciones de la acogida humanitaria que se presta a las personas que por motivos diversos no pueden ser devueltas o expulsadas a sus países de origen.

Asimismo, se tramitaron quejas referidas a discriminaciones por motivos de género, étnicos, raciales o por otras condiciones o circunstancias personales. En 2025 se abrieron actuaciones con la Dirección General de Libertad Religiosa, del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, por quejas de ciudadanas disconformes con la imposición de dificultades para acudir a las aulas con la cabeza cubierta en algunos centros educativos al considerar que resultaba discriminatoria y vulneraba su derecho a la libertad religiosa.

El Defensor del Pueblo realiza un seguimiento de los reclusos y de las reclusas españoles en el extranjero. En 2025 había 997 en esta situación, incluyendo a 126 mujeres. Tras años de gestiones, se materializó el traslado a España de un preso desde Qatar, en aplicación del convenio bilateral firmado en 2022, que entró en vigor en 2024, tras las gestiones realizadas con la Dirección Internacional, del Ministerio de Justicia. Además, desde 2025, ante la difícil situación de dos ciudadanos españoles detenidos en Guinea Ecuatorial, el Defensor del Pueblo ha venido reiterando la necesidad de que se les proporcione protección por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y la Embajada de España en Malabo. Recientemente, en marzo de 2026, si bien es una actuación que se inició en 2025, se ha producido el traslado a España de una madre y su hijo recién nacido en una prisión boliviana.

Señorías, sobre los procedimientos y las condiciones de acogida de rechazados y solicitantes de protección internacional del puesto fronterizo del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid‑Barajas, realizamos una visita el 15 de mayo de 2025, e, igualmente, la gestión sobre las entradas por puestos no habilitados fueron objeto de actuaciones.

Respecto al informe Niñas y niños extranjeros en España solos o acompañados, realizado por el Defensor del Pueblo y registrado el 16 de mayo de 2025, que considera la infancia extranjera que está en España, en su conjunto, es decir, tanto aquella —‌la gran mayoría— que se encuentra junto a sus progenitores como aquella otra que ha realizado su periplo migratorio sin referentes adultos, solos y solas, cabe destacar que lograr su plena integración es el objetivo de las recomendaciones de dicho informe hechas tanto a las comunidades autónomas como a la Administración General del Estado. Muchas ya nos han contestado, pero hay cuestiones relativas a la asistencia sanitaria, la educación y la documentación que siguen sin estar solucionadas, por lo que hemos solicitado más información.

Señorías, las cifras reflejan que existe un grave problema de acceso a la vivienda, que es el asunto crucial para la sociedad española debido al fuerte aumento de los precios de compra y alquiler, muy superior al crecimiento de los salarios. Esto provoca dificultades generalizadas, especialmente en jóvenes, personas con bajos ingresos y familias vulnerables, que deben destinar una gran parte de sus ingresos al alquiler o bien, directamente, no pueden acceder a una vivienda. La situación se agrava en grandes ciudades y zonas turísticas donde el alquiler turístico reduce la oferta disponible y aumenta la presión sobre el mercado. El Defensor del Pueblo ha trasladado reiteradamente a las Administraciones competentes ―principalmente a las comunidades y ayuntamientos, pero también, como corresponde, al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, en aras de garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada que reconoce nuestra Constitución― la necesidad de aumentar el parque de vivienda pública y social hasta alcanzar, como mínimo, la media europea. También es necesario aumentar el parque de vivienda protegida destinado al alquiler asequible y regular que la calificación de la vivienda pública y protegida sea permanente, garantizar procesos de adjudicación ágiles y transparentes, mejorar la gestión y cobertura de las ayudas y limitar el alquiler turístico. A nuestro juicio —‌y considero que esto es crucial—, sin duda, el problema requiere una respuesta estructural y coordinada para garantizar en nuestro país el derecho a una vivienda digna, consignado en el artículo 47 de la Constitución. Señorías, únicamente mediante esta coordinación y colaboración y solo mediante un acuerdo entre las distintas Administraciones podría lograrse un avance sustantivo para abordar la cuestión. Sobre este problema, en 2025 iniciamos actuaciones de oficio con todas las comunidades y ciudades autónomas, con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y con los diez ayuntamientos de las ciudades más pobladas de España, y esta actuación sigue abierta.

En 2025 han sido motivo de especial preocupación las personas que trasladaron que iban a ser objeto de un desahucio judicial inminente de su vivienda habitual. Admitimos las quejas y tratamos de verificar que se cumplen las garantías asistenciales que determina la ley. Entre las personas sin hogar, hay quienes cuentan con empleo o con pensiones públicas pero que, aun así, se ven empujadas a abandonar su domicilio por la imposibilidad de afrontar incrementos desproporcionados de los alquileres. La respuesta de las Administraciones a este problema no resulta satisfactoria. Sobre este asunto se señala en el informe la actuación realizada para conocer la realidad de las personas que acuden a las instalaciones aeroportuarias como alternativa a la falta de hogar y de recursos públicos sustitutivos. Además del seguimiento concreto de la situación en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid‑Barajas, actuación que realizamos con la entidad gestora AENA y el Ayuntamiento de Madrid, la institución se ha interesado también por las soluciones alcanzadas en otros aeropuertos del país. El Defensor del Pueblo considera que este tipo de situaciones no deberían ser respondidas únicamente con medidas coyunturales, que trasladan la problemática de uno a otro ámbito, incluso a veces de un lugar a otro simplemente desplazando a las personas, sino que sería necesaria la puesta a disposición de más medios, ajustados a su dimensión real, con un correcto análisis del problema del sinhogarismo.

Señorías, la institución actúa ante la Secretaría de Estado de Hacienda. En lo que respecta a la tributación en el impuesto sobre la renta de las personas físicas de las indemnizaciones que está abonando la Iglesia católica por abusos sexuales, la exención fue aceptada recientemente, ya que el pasado 29 de abril se publicó el Real Decreto —‌convalidado el pasado 20 de mayo— que declara exentas de tributación las cantidades satisfechas a esas víctimas reconocidas por la Iglesia.

Por otra parte, las tasas municipales por recogida y gestión de tratamiento de residuos urbanos han tenido un protagonismo especial en el año 2025 debido a la entrada en vigor de la obligación de los ayuntamientos de crear una tasa de este tipo. Recibimos múltiples quejas y dirigimos recomendaciones y sugerencias a los ayuntamientos, que, invocando la ley, pero sin haber modificado las ordenanzas preexistentes, han comenzado a reclamar la tasa a quienes no se encontraban obligados.

En materia de transporte, el estado de conservación en que se encuentran algunos puestos de la red de carreteras, así como los servicios de cercanías ―muy concretamente, por ejemplo, en Madrid y Barcelona― es objeto de numerosas quejas relacionadas con la cancelación de trenes, los retrasos y las consecuencias de las obras que afectan a varias líneas. Renfe ha contestado informando sobre la puesta en marcha de medidas orientadas a incrementar la disponibilidad de trenes de reserva en puntos estratégicos de la red para responder de forma inmediata ante bajas imprevistas, además de con la intensificación de las labores de mantenimiento. Pero en este contexto, por respeto pero también por realismo, debemos mencionar el trágico accidente de Adamuz, ocurrido el pasado 18 de enero, con el resultado de 46 fallecidos. Mi sentido pésame a las familias y allegados. Nos hemos dirigido a la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible y hemos iniciado una actuación sobre las medidas de información, ayuda y acompañamiento a las víctimas y otras cuestiones que nos ha planteado una de las pasajeras del tren.

Sobre la protección del medio ambiente, recibimos numerosas solicitudes para que interpusiéramos un recurso de inconstitucionalidad contra varias disposiciones de la Ley 1/2025, de 1 de abril, de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, que modificaron el régimen de protección que recibía hasta ese momento el lobo ibérico. Tras estudiar detenidamente la ley, el 1 de julio de 2025, como defensor del pueblo, interpuse un recurso de inconstitucionalidad, que fue objeto de comparecencia singular ante la Comisión Mixta en el Congreso.

La terrible ola de incendios forestales sufrida en 2025 motivó que insistiéramos una vez más en la vigencia de los recordatorios de deberes legales en una veintena de actuaciones de oficio.

También fueron objeto de actuaciones la calidad de las aguas o la existencia de vertidos de aguas residuales.

Asimismo, los ciudadanos continuaron acudiendo al Defensor del Pueblo para quejarse del ruido provocado por locales de hostelería y ocio y por fiestas patronales, conciertos y festivales. Esta institución ha recordado a los municipios su obligación de prevenir, vigilar, corregir y sancionar la contaminación acústica.

Tras la dana del 29 de octubre de 2024, la institución inició una actuación de oficio, en coordinación con el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, ante el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y la Vicepresidencia de la Generalitat encargada de la reconstrucción, poniendo en valor y reivindicando por nuestra parte la importancia de la cooperación entre instituciones. Este necesario principio de coordinación se ha visto reforzado por la creación de la Comisión Mixta para la reconstrucción y recuperación tras los daños provocados en la Comunidad Valenciana por la dana.

También el Mecanismo Nacional de Prevención hizo una supervisión singular del estado de las dependencias relativas a centros de detención situadas en las zonas más afectadas por la dana. Como señalamos, la actividad del Defensor del Pueblo se coordina necesariamente con sus trabajos como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

En su labor estricta de Mecanismo Nacional de Prevención, hemos realizado 63 visitas a centros de privación de libertad, que dieron lugar a 90 recomendaciones, 266 sugerencias y 11 recordatorios de deberes legales. Tenemos una separata de 131 páginas sobre el MNP que forma parte del informe que se encuentra en la web y que hemos traducido, como es nuestra obligación, para remitirla al Comité Especializado de la ONU‑SPT.

En el ámbito internacional, la institución ha estado presente en 2025 en diversos foros y organismos internacionales. Hay que recordar que el Defensor del Pueblo es Institución Nacional de Derechos Humanos en España desde el año 2000 y, como he señalado, en 2025 se ha cumplido el 25.º aniversario desde de que Naciones Unidas otorgara la primera acreditación, que ha sido confirmada recientemente. El Defensor del Pueblo ha participado en la sesión previa del 49.º periodo de sesiones del Examen Periódico Universal ―EPU― de Naciones Unidas sobre España en Ginebra; ha colaborado en el informe anual del Estado de derecho de la Unión Europea; ha contribuido a diversos informes de Naciones Unidas, como los del Consejo de Derechos Humanos o el de un futuro protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño; ha participado en las observaciones finales sobre España en el marco del 144.º periodo de sesiones del Comité de Derechos Humanos y en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales —C‌ DESC— o en el Comité de Derechos del Niño ―CDN―, entre otros.

En septiembre de 2025 esta Institución Nacional de Derechos Humanos se dirigió a la defensora del Pueblo Europeo, Teresa Anjinho, y a sus principales interlocutores internacionales para compartir que, ante la situación de extrema gravedad generada en Gaza tras el atentado terrorista de Hamás que costó la vida a más de 1200 personas, impulse una toma de posición compartida con su condena a la violencia contra la población palestina ante la comunidad internacional, y más tras conocerse el informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU que documenta la destrucción sistemática de la Franja de Gaza, y solicitamos que cesen las hostilidades. En el anexo e) del informe se incluyen de manera detallada las principales actividades, reuniones e informes internacionales en los que participó esta institución en el pasado año.

Señorías, finalizo. Vivimos tiempos complejos geopolíticamente, con efectos directos en nuestra vida cotidiana, que además ponen a prueba nuestras convicciones y unos principios y valores que creíamos a salvo. La mala administración, el abuso de poder o la corrupción desalientan a los ciudadanos, así como la desconsideración para con las decisiones judiciales o la anticipación ante ellas. Por ello, este informe no es aséptico. Está imbuido de la coyuntura actual reflejada a través de las quejas de aquellos ciudadanos que, a pesar del desasosiego y de situaciones difíciles, confían en las instituciones, y en este caso en el Defensor del Pueblo, para hallar respuestas con las que paliar situaciones injustas o inapropiadas.

Concluyo dando las gracias a quienes con su labor han hecho posible que este informe se haya llevado a cabo y a ustedes por su consideración.

Con su permiso, señora presidenta, y tal como señala el Reglamento, abandono el hemiciclo y me retiro a la tribuna para seguir con mucha atención su debate.

Muchas gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, señora presidenta. Señor defensor, en primer lugar, en nombre de Unión del Pueblo Navarro, queremos mostrar nuestro reconocimiento por el trabajo bien hecho y también, sobre todo, por sus últimas palabras, que nos parecen muy sensatas.

Por otro lado, en Unión del Pueblo Navarro nos preocupa el incremento de la brecha en la desigualdad que se está generando en nuestro país. Las dos Españas, desde el punto de vista económico, son una triste realidad, y la solución no es el subsidio permanente. Nos parece también incomprensible, injustificado e inadmisible la falta de diligencia de la Administración a la hora de contestar y actuar ante las peticiones de los ciudadanos; vergonzoso en el caso de la dilación que se está produciendo a la hora de las valoraciones de la discapacidad y la dependencia.

En otro orden de cosas, señor defensor del pueblo, coincidimos con usted en dos cuestiones que a nosotros nos han ocupado, preocupado y defendido en esta Cámara, que tienen relación con las víctimas del terrorismo. En primer lugar, la equiparación de las indemnizaciones, haya o no sentencia judicial, y, en segundo lugar, la necesidad de establecer sanciones a aquellos actos de enaltecimiento del terrorismo y de humillación a las víctimas, de lo cual el único responsable es el Gobierno, debido a su sumisión a Bildu. Por otra parte, señor defensor, nos ha llamado la atención que, con relación al establecimiento del tercer grado penitenciario, usted mismo afirme en su informe que se carece de un marco jurídico de seguridad. En cuanto a los españoles presos en el extranjero, nos gustaría preguntarle por qué no se hace ninguna referencia a los españoles secuestrados por la dictadura de Venezuela. Junto a ello, es evidente que hablar de sanidad es hacerlo de listas de espera; por ejemplo, señor defensor del pueblo, en Navarra son las más importantes y largas de la historia. Por otro lado, el acceso a la vivienda es un problema que, desde nuestro punto de vista, el Gobierno de España no ha sabido abordar. Todo lo contrario. En lugar de solucionarlo, lo ha empeorado, enfrentándose incomprensiblemente a las comunidades autónomas, los ayuntamientos, la iniciativa social y el pequeño propietario, incluso sin solucionar el problema de la okupación.

En definitiva, señor defensor, es un informe que es muy representativo ―y lo recoge perfectamente― de las desigualdades y atropellos que todavía padecen los ciudadanos en nuestro país. Esperemos que sirva de algo.

Muchas gracias.

Moi bo día. Moitas grazas, señora presidenta. Moi agradecido tamén ao defensor do pobo polo seu traballo e pola súa exposición deste informe, que evidencia que son moitos os problemas sociais e tamén grande o descontento que xeran. Estamos falando de case 40 000 queixas. Infelizmente non teño tempo para me referir a todas quero sintetizar nalgúns casos, a vivenda como unha das principais, se non hoxe a principal preocupación da cidadanía. É verdade que é competencia fundamental das comunidades autónomas mais tamén é certo que a administración do Estado ten aínda un papel moi importante nesta materia, no financiamento, no establecemento de normativa, —‌por exemplo, topes aos alugueres— que facilite o acceso á vivenda ou en pór todas as vivendas da SAREB a disposición das administracións competentes para posibilitar a existencia dun parque inmediato, ademais dun parque de vivenda, de vivenda pública. Cuestións como o descontento polo mal funcionamento da sanidade, consecuencia de décadas de recortes en que participaron tanto o Partido Popular como o Partido Socialista ou, por exemplo, o descontento que xera as dificultades para o acceso ás compensacións para as vítimas do amianto. Primeiro as queixas foron pola lentitude en cumprir a lei 22 que daba un prazo de dous anos para desenvolver o regulamento. Agora, unha vez aprobado este, o 483/2025 de 17 de xuño polas dificultades de xestión, polos criterios restritivos e polos importes de indemnización suficientes. Por caso, na Galiza as solicitudes aprobadas practicamente sitúanse en unha de cada seis. De 17 só 3 foron aprobadas até este momento. A violencia machista, a igualdade e non discriminación, a preocupación polos discursos de odio no deporte ou discriminación por ser migrantes, especificamente tamén ás persoas trans migrantes, polas dificultades que teñen e os problemas para rexistrarse, en cuestións como o funcionamento de correos, despregamento da fibra óptica no rural, a pasarela ao RETA. Efectivamente, a situación de Palestina ou as queixas polos abusivos prezos das facturas enerxéticas que, por certo, deberían servir para alertar ao goberno á necesidade de poñer en marcha, de prorrogar e poñer en marcha máis medidas fronte á crise provocada pola guerra dos Estados Unidos e de Israel contra Irán.

E por último, só unha referencia ao profesorado, á xusta reclamación do profesorado no caso de Galiza. Son xa seis xornadas de folga e numerosas mobilizacións lideradas pola CIG‑ensino para mellorar as condicións do servizo público e as condicións laborais do profesorado. Esperemos que o Estado, que o goberno teña en conta todas estas consideracións.

Moito obrigado.

Buenos días. Muchas gracias, señora presidenta. Muy agradecido también al defensor del pueblo por su trabajo y por su exposición de este informe, que evidencia que son muchos los problemas sociales y también grande el descontento que generan. Estamos hablando de casi 40 000 quejas. Desgraciadamente, no tengo tiempo para referirme a todas, pero voy a sintetizar algunos casos como la vivienda, que es una de las principales, si no hoy la principal preocupación de la ciudadanía. Es verdad que es competencia fundamental de las comunidades autónomas, pero también es cierto que la Administración del Estado tiene un papel muy importante en esta materia, en el financiamiento, establecimiento de normativa ―por ejemplo, topes a los alquileres para facilitar el acceso a la vivienda―, o poner todas las viviendas de la Sareb a disposición de las Administraciones competentes para posibilitar la existencia de un parque inmediato y un parque de vivienda pública. Cuestiones como el descontento por el mal funcionamiento de la sanidad, consecuencia de décadas de recortes en los que han participado tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, o, por ejemplo, el descontento que generan las dificultades para el acceso a las compensaciones para las víctimas del amianto. Primero, las quejas han sido por la lentitud en cumplir la ley 22 que daba un plazo de dos años para desarrollar el reglamento y, ahora, una vez aprobado este ―el 483/2025, de 17 de junio―, por las dificultades de gestión, por los criterios restrictivos y por los importes de indemnización insuficientes. Porque en Galicia, las solicitudes aprobadas prácticamente se sitúan en una de cada seis, y solo tres han sido aprobadas hasta ahora. La violencia machista; la igualdad y no discriminación; la preocupación por el discurso de odio en el deporte; o la discriminación por ser migrantes, también específicamente a las personas transmigrantes, por las dificultades que tienen y los problemas para registrarse. Y cuestiones como el funcionamiento de Correos; el despliegue de la fibra óptica en el rural; la pasarela al RETA; la situación de Palestina o las quejas por los abusivos precios de las facturas energéticas, que, por cierto, deberían servir para alertar al Gobierno de la necesidad de prorrogar y poner en marcha más medidas frente a la crisis provocada por la guerra de Estados Unidos y de Israel contra Irán. Por último, solo voy a hacer una referencia a la justa reclamación del profesorado en el caso de Galicia. Son ya seis jornadas de huelga y numerosas movilizaciones organizadas por la CIG para mejorar las condiciones del servicio público y las condiciones laborales del profesorado. Esperemos que el Estado, que el Gobierno, tenga en cuenta todas estas consideraciones. Muchas gracias.

Muchas gracias, señora presidenta. También damos las gracias al defensor del pueblo.

Cuando hablamos de informes, a veces lo que nos imaginamos son montañas de papeles cargadas de cifras, de estadísticas, pero el informe del Defensor del Pueblo de lo que viene a hablar es de la vida real de muchas personas, de aquellas que esperan y desesperan en listas de espera; de esos padres y madres que no pueden dormir, no pueden conciliar el sueño porque no saben cómo van a pagar su alquiler o su hipoteca; o de todas aquellas personas que saben que tienen derechos, pero cuando van a solicitarlos a la Administración se encuentran con toda una carrera de obstáculos. Este informe nos hace una gran advertencia y es que cuando los servicios públicos no están dando la respuesta adecuada, cuando no hay una eficiencia en la gestión de la Administración, las personas empiezan a perder su confianza en las instituciones. Por eso, lo que debemos construir y por lo que tenemos que trabajar es por tener una Administración más humana, unos servicios públicos más fuertes y consolidados y una menor burocracia, porque ya bastante tienen estas personas que a veces lo que se preguntan cada día es cómo van a conseguir salir adelante.

También hoy quería hacer mención especialmente al trabajo realizado por el Defensor del Pueblo en cuanto a la investigación de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia. No quiero dejar de hablar de esto cuando en un par de semanas tenemos la visita del papa a esta Cámara. Ya es hora de que haya verdad, justicia y reparación al respecto. Queremos también que haya una exigencia a las órdenes religiosas para que entreguen de una vez los archivos referentes al Patronato de Protección a la Mujer y los bebés robados, porque lo cierto, señorías, es que ningún silencio va a tapar a las víctimas ni ningún poder puede tapar la verdad.

Muchas gracias. (Aplausos).

Egun on, guztioi. Egun on, Gabilondo jauna. Eskerrik asko zure txostenagatik, zure hitzengatik; urtero bezalaxe, zehatz eta argi. Eta patxadatsu, ez gaude ohituta tribuna honetan hain patxada handiko jendea entzuten. Badirudi hemendik eta Aita santua etorri arte ez dugula berriz ere beste gizon patxadatsu bat ikusiko tribuna honetan. Zoritxarrez, oso gaizki ohitu gara. Urtero bezala, gai asko ekarri dituzu, baina zoritxarrez gai berdinak. Zoritxarrez, ez diot zure kulpagatik, errealitateak hala eragiten duelako baizik. Zoritxarrez, urtero kexa berdinak. Zoritxarrez, urtero beti gai berdinak. Gure galdera da: noizko konponbide berriak? Gai berdinen aurrean konponbide zaharrak edo konponbiderik eza jartzen baitugu beti erantzun gisa.

Buenos días. Buenos días, señor Gabilondo. Gracias por su informe, por sus palabras; como cada año, suele ser certero. Además, no estamos acostumbrados a escuchar aquí a gente con este talante. Parece que hasta que venga el papa no vamos a ver a una persona con este talante y es que estamos muy mal acostumbrados. Como cada año, ha traído muchos temas, pero lamentablemente son los mismos temas; y no es por su culpa, sino porque la realidad es así. Lamentablemente, tenemos las mismas quejas todos los años y todos los años los mismos temas. Nuestra pregunta es: ¿para cuándo nuevas soluciones? Ante nuevos temas, soluciones antiguas o ninguna solución; eso es lo que solemos hacer.

El informe del Defensor del Pueblo vuelve a poner el foco en las carencias existentes dentro del sistema penitenciario español, especialmente en cuestiones relacionadas con los controles coercitivos, la supervisión interna y las garantías de las personas privadas de libertad. El Mecanismo Nacional de Prevención advierte de problemas estructurales que afectan al funcionamiento cotidiano de las prisiones y a los mecanismos de control y prevención. Yo voy a centrar mi intervención básicamente en cuatro cuestiones principales, aunque nos interesan, evidentemente, todas las cuestiones que usted ha planteado, pero no tenemos mucho tiempo. La he iniciado con la política penitenciaria. En segundo lugar, la cuestión de asilo y acogida, que es un elemento fundamental para nosotros. En tercer lugar, el tema de la inmersión social y laboral y el problema que se genera. Y, por último, una cuestión a la que, por poco que haya habido, nosotros le damos mucha importancia, que es el tema de los derechos lingüísticos de los ciudadanos y de las personas. Muchos son los temas, muchas son las quejas que se recogen y yo creo que habría que diferenciar entre las quejas que se recogen y las lecturas que hacemos de esas quejas o qué hay detrás de ellas.

Empezaré con el tema penitenciario. El informe destaca el trato recibido por las personas internas. El Mecanismo Nacional de Prevención recuerda que determinadas actuaciones pueden derivar en situaciones de humillación, desprecio o trato degradante y subraya que ninguna persona privada de libertad debe sufrir un rigor innecesario en la aplicación de las normas penitenciarias. Por eso, resulta necesario forzar una cultura institucional basada en la dignidad, en la proporcionalidad y el respeto de los derechos fundamentales. También señala carencias importantes en los mecanismos de supervisión y trazabilidad. Distintos organismos internacionales han venido señalando durante años deficiencias de España en materia de investigación de denuncias de malos tratos. No nos olvidemos de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España en el año 2021 por no investigar torturas. Muchos se rasgaron las vestiduras, pero el tema es así: España fue condenada por no investigar torturas. Ante esta situación, resulta necesario avanzar hacia sistemas de control más rigurosos, reforzar la conservación de pruebas y garantizar mecanismos de supervisión efectivos. También en el informe aparece la situación de las familias y allegados y el Defensor del Pueblo ha recibido quejas relacionadas con registros y cacheos de menores, incluso en visitas penitenciarias, con falta de regulación específica al respecto, pese al especial deber de protección hacia la infancia. Creo que es algo importante. Frente a estas deficiencias estructurales del sistema estatal, el informe destaca, por otra parte, los avances y reformas introducidas por el Gobierno vasco en la gestión penitenciaria transferida a Euskadi. El Departamento de Justicia y Derechos Humanos aprobó, mediante orden del 1 de mayo de 2005, un nuevo protocolo de actuación en la gestión y supervisión de denuncias de tortura y malos tratos. Además, el Ejecutivo vasco ha desarrollado el documento «Régimen cerrado. Principios inspiradores», orientado a regular la gestión de internos clasificados en primer grado y servir de base para futuros protocolos específicos en módulos de régimen cerrado. El contraste con la situación general del sistema penitenciario español refleja que las instituciones vascas han comenzado a incorporar parte de las recomendaciones internacionales y del propio Defensor del Pueblo, mientras que en otros lugares del Estado continúan existiendo importantes carencias en materias de prevención, investigación y control.

Segunda cuestión. Más allá del ámbito penitenciario, el informe también pone sobre la mesa una cuestión que nos interpela como sociedad: la necesidad de garantizar la dignidad y los derechos de los menores extranjeros no acompañados y de las personas migrantes en situación de especial vulnerabilidad. Podríamos extendernos largo y tendido sobre este tema, pero creo que es mejor que por lo menos quede apuntado nuestro interés en él, porque, si no, no voy a poder citar otras cuestiones. Decía que en la misma lógica hay que entender que, si a estas personas que migran y que vienen hay que integrarlas socialmente, y la educación y la formación son herramientas fundamentales de integración social, resulta especialmente preocupante la situación que viven muchas personas migrantes en situación administrativa irregular dentro de la Formación Profesional. Actualmente, la normativa exige el alta en la Seguridad Social para poder realizar prácticas formativas en empresas, lo que provoca que numerosos alumnos puedan cursar la formación teórica en centros educativos, pero luego no puedan hacer sus prácticas. Esta contradicción en su momento se la hicimos saber al Gobierno, pero por ahora seguimos sin tener solución. Creo que es una especie de pescadilla que se está mordiendo la cola y no encontramos solución o no se quiere encontrar la solución. Pueden estudiar, pero no pueden trabajar. Es algo incomprensible.

Por último, ya que no me queda tiempo, quiero hablar del tema de los derechos lingüísticos de los ciudadanos, que ya he citado. En este extenso informe las referencias a los derechos lingüísticos resultan muy limitadas y quedan prácticamente reducidas al ámbito educativo, sin abordar de forma amplia otras cuestiones relacionadas con el uso de las lenguas oficiales en la Administración, la justicia o los servicios públicos. Esta ausencia contrasta con la realidad reflejada por el informe anual de Behatokia de 2025, que volvió a recoger numerosos expedientes relacionados con vulneraciones de derechos lingüísticos en diferentes ámbitos de la Administración y de los servicios públicos ―acabo, señora presidenta―. Los testimonios recogidos en el informe describen de forma reiterada una misma situación: ciudadanos que se dirigen a ella en euskera y reciben respuesta exclusivamente en castellano. El panorama que refleja Behatokia es el de una comunidad donde el euskera continúa encontrando dificultades para ser entendido en igualdad de condiciones en la Administración del Estado. Como hemos dicho más de una vez, los derechos son de las personas y la Administración tiene la obligación de atender los derechos de esas personas.

Eskerrik asko. Muchas gracias. Eskerrik asko, Gabilondo jauna.

Egun on guztioi. Muchas gracias, señor Gabilondo, por su exposición. Tras escucharle y leer su informe, quiero compartir una reflexión crítica, pero también imprescindible sobre él: es un informe que no solo diagnostica problemas, sino que también nos interpela directamente como sociedad y como institución pública, porque ―conviene subrayarlo desde el inicio― la mayoría de las cuestiones que llegan al Defensor del Pueblo tienen que ver con el funcionamiento de las Administraciones públicas, es decir, con cómo el Estado responde o no a las necesidades reales de la ciudadanía. Me voy a detener en algunas cuestiones de peso que se abordan y que pienso que es necesario recalcar. La primera cuestión nos lleva a la realidad de la violencia machista, cuando la falta de formación institucional se convierte en riesgo. El Defensor del Pueblo vuelve a señalar un problema que no podemos seguir ignorando: la insuficiencia de formación en violencia de género entre los operadores de justicia, incluso en juzgados que se presentan como especializados. La formación sigue siendo voluntaria, fragmentada y desigual. Cuando la formación es opcional, la especialización se convierte en una etiqueta vacía. Se reconoce que más del 50 % de las y los operadores no están formados en estos temas y que no es precisamente por falta de opciones de formación. Las consecuencias son conocidas: resoluciones judiciales que no comprenden la dinámica de la violencia, valoraciones de riesgo insuficientes o contradictorias y revictimización institucional. Además, el informe nos recuerda algo fundamental: que el año pasado el Defensor del Pueblo realizó recomendaciones específicas sobre violencia vicaria, una realidad sangrante que exige una respuesta institucional contundente. Estas recomendaciones fueron recogidas en el anteproyecto de ley sobre violencia vicaria, un paso importante que reconocía la necesidad de reforzar la protección de los menores y de garantizar mecanismos de prevención más sólidos. Sin embargo, hoy debemos decirlo con claridad: esa ley no ha llegado al Congreso. Mientras la tramitación se retrasa, las víctimas siguen esperando. La distancia entre las recomendaciones del Defensor del Pueblo y la acción legislativa vuelve a poner de manifiesto que la lentitud institucional también es una forma de desprotección. Otro de los puntos más contundentes del informe es la crítica al sistema de dependencia, un pilar fundamental del estado de bienestar que hoy muestra fallos estructurales, como se ha comentado. Los retrasos en la valoración de la dependencia no son simples demoras burocráticas, sino que son meses ―a veces, años― en los que las personas mayores, las personas con discapacidad y familias enteras viven sin los apoyos que necesitan. El Defensor del Pueblo denuncia retrasos crónicos en la valoración y revisión de expedientes; falta de equipos multidisciplinares esenciales para evaluar adecuadamente cada situación, y prestaciones que llegan tarde, cuando la persona ya ha perdido la autonomía o incluso ha fallecido. Sin embargo, aquí, junto a la crítica, debemos introducir un elemento de esperanza: el inicio de la tramitación de la nueva ley de dependencia abre una oportunidad real para corregir muchas de las dificultades señaladas por el Defensor del Pueblo. Si esta reforma se impulsa con ambición ―y en ello nuestra formación está poniendo mucho empeño―, puede conllevar la reducción en los tiempos de valoración; garantizar una financiación estable, que es imprescindible; reforzar los equipos multidisciplinares; y, sobre todo, asegurar que las personas dependientes reciben los apoyos que necesitan cuando los necesitan y desde lo público, no cuando ya es demasiado tarde. La esperanza está ahí, pero esa esperanza solo se materializará si la tramitación avanza y si las Administraciones públicas asumen su responsabilidad con determinación. El seguimiento del 2025 revela que aún queda mucho camino por recorrer.

En relación con los planteamientos que se han hecho sobre los abusos, podemos ver que sí se ha avanzado con respecto a lo que se plantea en el informe, pero es cierto que ahora tenemos que ver que el sistema es temporal, que no hay obligaciones jurídicas estrictas para la Iglesia y que la colaboración real puede variar entre las instituciones.

Para finalizar, me detendré en una cuestión que vuelve a poner sobre la mesa el informe del Defensor del Pueblo: las vulneraciones de los derechos lingüísticos en la ciudadanía. A lo largo del año se han registrado quejas por dificultades para ejercer el derecho a ser atendido en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado, especialmente en la Administración General del Estado, donde persisten carencias de personal formado y de recursos disponibles en todas las lenguas cooficiales. No hablamos de un debate identitario, sino de un principio democrático: garantizar que cada persona pueda relacionarse con las instituciones en la lengua que la ley reconoce. El informe del Defensor del Pueblo también es un recordatorio contundente de que la democracia no se sostiene solo con grandes discursos, sino con el funcionamiento diario de las Administraciones públicas. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).

Cuando una mujer víctima de violencia no encuentra protección adecuada, cuando una persona dependiente espera meses para la valoración, cuando una víctima de abusos no encuentra reparación o cuando a una persona se le niega ser atendida en la lengua oficial en su territorio, no estamos hablando de fallos aislados, sino que estamos hablando de fallos del Estado, y un Estado que falla a quienes más lo necesitan se debilita.

Horregatik, gaur inoiz baino gehiago, honako hau onartu behar dugu: genero indarkeriari buruzko prestakuntzak derrigorrezkoak eta zorrotzak izan behar du; mendekotasun sistemak arina eta gizatiarra izan behar du, eta baliabide nahikoak izan behar ditu; Elizaren abusuen jarraipenak eten gabe, ausarta eta gardena izan behar du; indarkeria bikarioaren legea Kongresura iritsi behar da; bermatu egin behar da pertsona bakoitzak legeak aitortzen duen hizkuntzan erlazionatu ahal izatea erakundeekin, eta herri administrazioek eraginkorrak, eskuragarriak eta arduratsuak izan behar dute, herritarren eskubideak defendatzeko lehen lerroa baitira.

Por todo ello, hoy más que nunca debemos defender las siguientes cuestiones: la formación sobre violencia de género debe ser obligatoria y rigurosa; el sistema de dependencia debe ser ágil y humano y contar con los recursos necesarios; el seguimiento de los abusos en el seno de la Iglesia debe ser continuado, valiente y transparente; la ley sobre violencia vicaria debe llegar al Congreso y convertirse en realidad legislativa; se debe garantizar que cada persona pueda relacionarse con las instituciones en la lengua que está reconocida por ley, y las administraciones públicas deben ser eficaces, accesibles y responsables, ya que conforman la primera línea de la defensa de los derechos de la ciudadanía.

La democracia se mide por cómo trata a quienes no tienen poder, y este informe nos recuerda que aún tenemos mucho que mejorar.

Mila esker. (Aplausos).

President, senyor Gabilondo, senyories, molt bon dia. Senyor Gabilondo, com vostè recordarà, en comissió vaig parlar‑li de les morts, dels abusos i vexacions patits per milers de joves en el servei militar obligatori als anys 80 i 90 del segle passat. I li vaig entregar la documentació de la que disposem. Agraeixo a la seva institució, el Defensor del Poble, que ens hagi donat registre d’entrada i a vostè que hagi reconegut la gravetat dels fets. Com li vaig explicar, la plataforma Trencant el silenci va registrar aquí al Congrés un escrit amb més d’un miler de signatures instant la creació d’una comissió d’investigació. Vuit partits polítics d’aquesta cambra vàrem formalitzar la proposta de creació d’aquesta comissió. I què ha passat? Doncs que els partits d’estat, més ben dit, els partits de les vergonyes de l’Estat, VOX, PP i PSOE, van impedir a la Junta de Portaveus que la proposta arribés a aquest Ple, amb l’argument, segons el senyor Patxi López, de que en un moment amb tantes guerres no estem per comissions d’aquest tipus, que no serveixen per a la finalitat per la qual es creen; unes declaracions que no crec que ajudin gaire a generar confiança en aquesta institució parlamentària. Però des de Junts per Catalunya no ens hem donat per vençuts i cada setmana, a cada Junta de Portaveus, hem tornat a posar sobre la taula que es debati al Ple la creació d’aquesta comissió d’investigació sobre els abusos del servei militar. Aquest dilluns, per sisena vegada, ho hem tornat a fer i, per sisena vegada, els partits d’Estat, PP, VOX i PSOE, s’han tornat a posar d’acord per bloquejar la iniciativa de Trencant el silenci. Un cop més ha quedat en evidència el doble joc del PSOE que s’omple la boca amb la memòria democràtica, però que quan es tracta de l’exèrcit espanyol, s’oblida d’aturar la dreta i es transforma ell mateix en la dreta més antidemocràtica. Però l’escarni als milers de famílies d’afectats no ha quedat aquí. Paral·lelament a la sol·licitud d’una comissió d’investigació, els mateixos partits que varen presentar…, els mateixos partits varen presentar a la Comissió de Defensa una proposició no de llei per instar la seva institució, senyor Gabilondo, a investigar els abusos en el servei militar. I què ha passat aquí? Doncs que el PSOE es va negar a votar la PNL. El PSOE va considerar excessiu sol·licitar‑li, a vostè, una investigació exhaustiva i independent que inclogués una recopilació dels suïcidis, morts no aclarides i abusos, que analitzessin possibles responsabilitats, que es reconegués públicament les víctimes, que se les reparés moral i econòmicament i que s’establissin mesures de no repetició. Jo penso que és el mínim que cal demanar, però el PSOE, pel que sembla, no ho veu així i ha impedit demanar‑li a vostè aclarir i reparar els abusos a la mili en una proposició no de llei, una proposició no de llei que recordo ni tan sols va dirigit al Govern, sinó que va dirigida a la seva institució, al Defensor del Poble i que, a més, no té contingut vinculant. Gairebé dos milers de joves, gairebé dos milers de joves, van morir en l’exèrcit espanyol durant els anys vuitanta i noranta. No van ser casos aïllats. No va ser simple negligència. Va ser una política conscient d’impunitat i de silenci que va passar sota governs, sota ministres suposadament democràtics. Senyor Gabilondo, com vostè va indicar en comissió —‌amb raó— el Defensor del Poble ha de tenir un mandat d’aquesta cambra. Jo el que li demano és que faci tot el possible perquè, sigui de la manera que sigui, vostè pugui acabar investigant els abusos en el servei militar obligatori. Senyor Gabilondo, també voldria parlar‑li de l’abús de temporalitat que pateixen els funcionaris interins. Els informes de la seva institució del Defensor del Poble dels darrers anys ja recullen les queixes sobre els processos selectius, les demores, la manca de transparència… No obstant, ara voldria parlar de l’abús de temporalitat estructural que afecta els servidors públics, que pateixen centenars de milers de persones, els cossos d’administració general de l’Estat, els autonòmics, els locals, els funcionaris de justícia, també els lletrats de l’administració i també, per cert, les jutgesses i fiscals i, evidentment, que pateixen els funcionaris a la sanitat, a l’educació, als serveis socials, amb la consegüent afectació en la qualitat dels serveis públics. La Llei 20/2021 ha estat un fracàs. No només no ha resolt la temporalitat, sinó que en molts casos s’ha produït a l’empara d’aquesta llei una perversió i els processos, que havien de servir per estabilitzar els treballadors públics temporals abusats, han acabat sent una promoció interna encoberta pels funcionaris que ja formaven part de l’administració i que ja tenien la condició de funcionari o també han servit per facilitar l’entrada de persones de fora de l’administració, no per resoldre la temporalitat. Això és especialment greu a Catalunya i a l’administració de justícia catalana.

En aquesta qüestió, l’Estat espanyol està incomplint frontalment els mandats de la Unió Europea. Fa poc, el Tribunal de Justícia, els darrers mesos, ha dictat dues sentències que deixen en evidència aquesta negativa de l’Estat espanyol a transposar la Directiva 1999/70, una directiva de fa vint‑i‑sis anys. El fracàs de les solucions legislatives de l’Estat per acabar amb la precarietat dels treballadors públics és indiscutible. Senyor Gabilondo, no n’hi ha prou amb gestionar la temporalitat. Cal voluntat política. Cal que el Govern mogui fitxa. Cal que el Govern mogui fitxa. Perdó. Cal que s’estableixin mesures efectives, dissuasives i proporcionades a l’abús de temporalitat que compleixin els estàndards europeus. Cal posar fi a la precarietat en el sector públic estatal.

Moltes gràcies.

Presidente, señor Gabilondo, señorías, muy buenos días. Señor Gabilondo, como usted recordará, en comisión le hablé de las muertes, los abusos y las vejaciones sufridos por miles de jóvenes durante el servicio militar obligatorio en los años ochenta y noventa del siglo pasado y le entregué la documentación de la que disponemos. Agradezco a su institución, al Defensor del Pueblo, que nos haya dado registro de entrada y a usted que haya reconocido la gravedad de los hechos. Como le expliqué, la plataforma Trencant el Silenci ―Rompiendo el Silencio― registró aquí en el Congreso un escrito con más de mil firmas instando a la creación de una comisión de investigación. Ocho partidos políticos de esta Cámara formalizamos la propuesta de creación de esta comisión. ¿Qué ha pasado? Que los partidos de Estado o, mejor dicho, los partidos de las vergüenzas del Estado, VOX, PP y PSOE, impidieron en la Junta de Portavoces que la propuesta llegara a este Pleno con el argumento, según el señor Patxi López, de que en un momento con tantas guerras no estamos para comisiones de este tipo que no sirven para la finalidad para la que se crean. Son unas declaraciones que no creo que ayuden demasiado a generar confianza en esta institución parlamentaria. En Junts per Catalunya no nos hemos dado por vencidos y todas las semanas, en cada Junta de Portavoces, volvemos a poner sobre el tapete que se debata en el Pleno la creación de esta comisión de investigación sobre los abusos en el servicio militar. Este lunes, por sexta ocasión, lo hemos vuelto a hacer y, por sexta vez, los partidos de Estado, PP, VOX y PSOE, se han vuelto a poner de acuerdo para bloquear la iniciativa de Trencant el Silenci. Una vez más ha quedado en evidencia el doble juego del PSOE, que se llena la boca con la memoria democrática, pero que cuando se trata del Ejército español se olvida de parar a la derecha y se transforma en la derecha más antidemocrática. El escarnio a los miles de familias afectadas no termina aquí. En paralelo a la solicitud de creación de una comisión de investigación, los mismos partidos presentamos en la Comisión de Defensa una proposición no de ley para instar a su institución, señor Gabilondo, a investigar los abusos en el servicio militar. ¿Qué ha sucedido en este caso? Que el PSOE se negó a votar la PNL. El PSOE consideró excesivo solicitarle a usted una investigación exhaustiva e independiente que incluyera una recopilación de los suicidios, muertes no esclarecidas y abusos, que se analizaran posibles responsabilidades, que se reconociera públicamente a las víctimas, que se las reparara de forma moral y económica, y que se establecieran medidas para que no se repitiera. Me parece que es lo mínimo que cabe pedir, pero, por lo visto, el PSOE no está de acuerdo y ha impedido pedirle a usted que esclarezca y repare los abusos de la mili en una proposición no de ley, que recuerdo que ni siquiera va dirigida al Gobierno, sino a su institución, al Defensor del Pueblo, y que, además, no tiene contenido vinculante. Casi dos mil jóvenes murieron en el Ejército español durante los años ochenta y noventa. No fueron casos aislados, no fue simple negligencia, fue una política consciente de impunidad y silencio que sucedió bajo Gobiernos y ministros supuestamente democráticos.

Señor Gabilondo, como usted indicó en comisión ―y con razón―, el Defensor del Pueblo debe tener un mandato de esta Cámara. Yo lo que le pido es que haga todo lo posible para que, sea de la forma que sea, usted pueda acabar investigando los abusos cometidos durante el servicio militar obligatorio.

Señor Gabilondo, quisiera hablarle también del abuso de temporalidad que sufren los funcionarios interinos. Los informes de estos últimos años del Defensor del Pueblo, su institución, ya recogen las quejas sobre los procesos selectivos, las demoras, la falta de transparencia. No obstante, en este momento quisiera hablarle del abuso de temporalidad estructural que afecta a los servidores públicos y que sufren cientos de miles de personas en los cuerpos de la Administración General del Estado, los autonómicos y los locales, los funcionarios de justicia, también los letrados de la Administración y también, por cierto, los jueces y fiscales y, qué duda cabe, los funcionarios de la sanidad, la educación y los servicios sociales, con la consiguiente afectación en la calidad de los servicios públicos.

La Ley 20/2021 ha sido un fracaso. No solo no ha resuelto la temporalidad, sino que en muchos casos, al amparo de esta ley, se ha producido una perversión. Los procesos que tenían que servir para estabilizar a los trabajadores públicos temporales abusados han acabado siendo una promoción interna encubierta para los funcionarios que ya formaban parte de la Administración y que ya tenían la condición de funcionario; también han servido para facilitar la entrada de personas ajenas a la Administración, no para resolver la temporalidad. Esto es especialmente grave en Cataluña y en la Administración de Justicia catalana.

En esta cuestión el Estado español está incumpliendo frontalmente los mandatos de la Unión Europea. El tribunal de justicia en estos últimos meses ha dictado dos sentencias que dejan en evidencia esta negativa del Estado español a trasponer la Directiva 1999/70, una directiva de hace veintiséis años. El fracaso de las soluciones legislativas del Estado para acabar con la precariedad de los trabajadores públicos es indiscutible. Señor Gabilondo, no basta con gestionar la temporalidad, hace falta voluntad política, que el Estado mueva ficha, que se establezcan medidas efectivas disuasorias y proporcionadas frente al abuso de temporalidad, que se cumplan los estándares europeos y que se ponga fin a la precariedad en el sector público estatal.

Muchas gracias.

President, senyories, senyor defensor del poble. Voldria començar parlant‑li i a tots vostès del cas d’un jove que el 21 de juny del 1987 es va treure la vida sent caporal d’una corbeta a Cartagena. Es deia Juan Murcia Soriano i era de la meva ciutat, de Vilanova i la Geltrú. Aquest jove es va suïcidar —‌no s’ha sabut mai per què— fent el servei militar i les explicacions que van rebre els seus familiars van ser escasses. Bé, com ell, com ell, hi ha hagut més de tres‑cents suïcidis documentats a les Forces Armades espanyoles entre l’any 1983 i el 2001. Com ha assenyalat el diputat que m’ha precedit, som davant d’un escàndol que afecta directament al cor de l’Estat. I jo crec, senyor Gabilondo, que vostè, com a defensor del poble, té molt a dir aquí.

La plataforma Trencant el silenci, nascuda a Catalunya, que agrupa familiars de persones que es van suïcidar o que van morir en estranyes circumstàncies o que van quedar afectades per alguna mena de traumatisme físic o psicològic, ho hem posat damunt la taula i diversos grups d’aquesta cambra hem volgut avançar‑ho. També, com s’ha dit, els grups més importants del Congrés han impedit una comissió d’investigació. També han impedit que nosaltres instem des de la Cambra directament la seva actuació, però li ho repeteixo, senyor Gabilondo, seria indispensable que, d’ofici, el Defensor del Poble entomés això.

Només una qüestió, tota la sensibilitat que vostè, senyor Gabilondo, ha expressat en el tema dels abusos de l’església, li demanem que també entomi el tema dels abusos, desaparicions, suïcidis i maltractaments al servei militar en període democràtic. Vostè ha demostrat tenir sensibilitat en una cosa, esperem que també la tingui en això.

I passo a mencionar quatre aspectes que ens han cridat l’atenció del seu informe. En primer lloc, qüestions de llengües. Aquest informe és novament un bon recordatori que cada any l’Administració General de l’Estat no compleix amb l’obligació de garantir els drets lingüístics de molts ciutadans que parlen català, eusquera i gallec. Lamentem també, senyor defensor, que un cop mes, l’informe adopta una posició bel·ligerant contra la immersió lingüística i fa seves les tesis d’associacions minoritàries a Catalunya, que l’únic que volen és trencar la convivència i anar en contra de l’evidència acadèmica i el reconeixement internacional que el model d’immersió lingüística està plenament acreditat, plenament reconegut. És un model d’èxit, que ha funcionat a molts països i també ha funcionat a l’Estat. A més, l’informe que vostè signa ignora les denúncies contra la campanya de catalanofòbia que impulsa el Partit Popular i VOX a les escoles del País Valencià. Un cop més, l’espanyolisme més ranci ataca la diversitat lingüística i el dret dels estudiants a conèixer totes les llengües, promovent la disglòssia i violant el propi Estatut d’Autonomia de València. El Defensor del Poble tampoc, malauradament, aquí és garant de la diversitat lingüística. Ho lamentem.

Segon aspecte, rodalies. Vostè sap, senyor Gabilondo, que la ciutadania de Catalunya es veu cada dia maltractada pel funcionament nefast de rodalies, que té el seu origen en un dèficit d’inversions i en un abandonament per part de l’Estat. L’informe anuncia que el Defensor farà un seguiment de les queixes a partir d’ara, conjuntament amb el Síndic de Greuges. Molt bé, ho celebrem, però arriben dècades tard en les quals haurien d’haver posat el crit al cel per la falta d’execució continuada dels pressupostos per part de l’Estat. De les moltíssimes denúncies rebudes per part dels ciutadans, l’informe es limita a dir que «l’anàlisi demanada a Renfe no entra a fer un balanç del funcionament de la xarxa ni tampoc dels trens suspesos i que, per tant, no pot valorar la qualitat del servei». Home, senyor Gabilondo, si no pot valorar la qualitat del servei, el convido a venir qualsevol matí a Catalunya i agafar, si pot, algun tren. Veurà quina gimcana han de fer els ciutadans d’aquest país, del meu país.

En tercer lloc, sobre migració i asil, aquí sí que vostè, en el seu informe —‌contrari al discurs que intenten escampar les dretes arreu del món— sí que constata que no és ni molt menys fàcil arribar com a persona estrangera a l’Estat espanyol. Celebrem que ho constati. La primera causa de trucades urgents és, amb molta diferència, l’estrangeria i la protecció internacional i les migracions són el tercer àmbit d’actuació en expedients de queixa. Els sol·licitants d’asil es troben constantment amb dificultats per tramitar la seva situació i amb informacions contradictòries per part de diferents administracions. És greu, senyor Gabilondo, que les persones estrangeres estiguin obligades a fer també un circuit absolutament fatigant que els desgasta, que els castiga, que els margina més, perquè l’administració, les administracions, són incapaces de respondre de manera racional, en ple segle XXI, a una demanda que és humanitària i és de primer nivell. A més, l’informe de vostè destaca que la regularització del Govern espanyol, pel seu horitzó temporal limitat, no oferirà una solució definitiva al problema en què es troben aquestes persones per justificar l’arrelament, que a la llarga fa que se’ls deneguin justament les sol·licituds.

I, finalment, voldria parlar d’habitatge. En el punt sobre habitatge sí que coincidim plenament en el seu informe i algunes de les mesures que fa temps que demana Esquerra Republicana, especialment posar límits a l’escàndol dels pisos turístics a les grans ciutats —‌cas de Barcelona— i augmentar exponencialment el parc de lloguer públic fins a arribar als estàndards europeus. Cal acabar, senyor Gabilondo, amb el monocultiu turístic al qual s’han abonat tant governs del PP com del PSOE, en aquest Estat. I cal donar respostes reals al problema urgent, gravíssim, incendia la realitat de l’habitatge. Estem veient com passa la legislatura i no s’augmenta de debò el parc de lloguer públic ni es millora la regulació del lloguer de temporada i habitacions, ni es prenen mesures contra l’especulació immobiliària.

Moltes gràcies.

Presidente, señorías, señor defensor del pueblo, me gustaría empezar hablando ante todos ustedes del caso de un joven que el 21 de junio de 1987 se quitó la vida siendo cabo de una corbeta en Cartagena. Se llamaba Juan Murcia Soriano y era de mi ciudad, de Vilanova i la Geltrú. Este joven se suicidó ―no se ha sabido nunca por qué― durante el servicio militar y las explicaciones que recibieron sus familiares fueron escasas. Como el suyo, ha habido más de trescientos suicidios documentados en las Fuerzas Armadas españolas entre 1983 y 2001. Y, como ya ha señalado el diputado que me ha precedido, estamos ante un escándalo que afecta directamente al corazón del Estado.

Señor Gabilondo, me parece que usted, como defensor del pueblo, tiene mucho que decir al respecto. La plataforma «Trencant el silenci», creada en Cataluña, agrupa a familiares de personas que se suicidaron, o que murieron en extrañas circunstancias, o que quedaron afectadas por algún tipo de traumatismo físico o psicológico. Lo hemos puesto ya sobre la mesa. Varios grupos de esta Cámara hemos querido darle seguimiento. Como ya se ha dicho también, los grupos más importantes del Congreso han impedido una comisión de investigación. También han impedido que nosotros instemos desde la Cámara directamente a su actuación. Pero le repito, señor Gabilondo, que sería indispensable que, de oficio, el Defensor del Pueblo así lo asumiera.

Tan solo una cuestión. Toda la sensibilidad que usted, señor Gabilondo, ha expresado en la cuestión de los abusos de la Iglesia, le pedimos que también la asuma en el tema de los abusos, desapariciones, suicidios y malos tratos durante el servicio militar en periodo democrático. Usted ha demostrado tener sensibilidad en una cosa y esperamos que también la tenga en esto.

Paso a mencionar cuatro aspectos de su informe que nos han llamado la atención. En primer lugar, cuestiones sobre lenguas. Este informe, nuevamente, es un buen recordatorio de que todos los años la Administración General del Estado incumple la obligación de garantizar los derechos lingüísticos de muchos ciudadanos que hablan catalán, euskera o gallego. Lamentamos también, señor defensor del pueblo, que, una vez más, el informe adopte una posición beligerante contra la inmersión lingüística y que haga suyas las tesis de asociaciones minoritarias en Cataluña, que lo único que quieren es romper la convivencia e ir en contra de la evidencia académica y del reconocimiento internacional de que el modelo de inmersión lingüística está plenamente acreditado y reconocido. Es un modelo de éxito que ha funcionado en muchos países y también ha funcionado en el Estado. Además, el informe que usted firma ignora las denuncias contra la campaña de catalanofobia que impulsan el Partido Popular y VOX en las escuelas del país valenciano. Una vez más, el españolismo más rancio ataca la diversidad lingüística y el derecho de los estudiantes a conocer todas las lenguas, promoviendo la diglosia y violando el mismo Estatuto de Autonomía de Valencia. Por desgracia, el Defensor del Pueblo tampoco aquí es garante de la diversidad lingüística, y lo lamentamos.

Segundo aspecto: cercanías. Sabe usted, señor Gabilondo, que la ciudadanía de Cataluña se ve maltratada a diario por el funcionamiento nefasto de rodalies, que tiene su origen en un déficit de inversiones y en un abandono por parte del Estado. El informe anuncia que el defensor va a hacer un seguimiento de las quejas a partir de este momento, conjuntamente con el Síndic de Greuges. De acuerdo, lo celebramos. Pero llegan ustedes décadas tarde, tiempo en el que ya deberían haber dado seguimiento al hecho de que las inversiones por parte del Estado se incumplían. De las múltiples denuncias recibidas por la ciudadanía, el informe se limita a decir que el análisis solicitado a Renfe no entra a hacer un balance del funcionamiento de la red ni tampoco de los trenes suspendidos, y que, por lo tanto, no puede valorar la calidad del servicio. Hombre, señor Gabilondo, si no puede valorar la calidad del servicio, le invito a que venga cualquier mañana a Cataluña y, si puede, que coja algún tren, y verá usted la gincana por la que tienen que pasar los ciudadanos de mi país.

En tercer lugar, sobre migración y asilo, en su informe ―contrario al discurso que intentan difundir las derechas en todo el mundo― usted sí constata que no es ni mucho menos sencillo llegar como persona extranjera al Estado español. Celebramos que así lo constate. La primera causa de llamadas urgentes, con gran diferencia, es sobre extranjería y protección internacional, y las migraciones son el tercer ámbito de actuación en expedientes de queja. Los solicitantes de asilo se encuentran constantemente con dificultades para tramitar su situación y con informaciones contradictorias por parte de distintas Administraciones. Es grave, señor Gabilondo, que las personas extranjeras estén obligadas a seguir un circuito fatigante, que las desgasta, que las castiga y que las margina aún más por la incapacidad de la Administración, o de las Administraciones, de responder de forma racional, en pleno siglo XXI, a una demanda que es humanitaria y de primer nivel. Además, su informe destaca que la regularización del Gobierno español, por su horizonte temporal limitado, no ofrecerá una solución definitiva al problema en el que se encuentran estas personas para justificar el arraigo y que con el tiempo hace que se les deniegue precisamente su solicitud.

Por último, me gustaría hablar de vivienda. En el punto sobre vivienda sí coincidimos plenamente con su informe y con algunas de las medidas que lleva tiempo solicitando Esquerra Republicana, en especial poner límites al escándalo de los pisos turísticos en las grandes ciudades, como es el caso de Barcelona, y aumentar exponencialmente el parque de alquiler público hasta llegar a los estándares europeos. Es necesario terminar, señor Gabilondo, con el monocultivo turístico al que se han abonado tanto Gobiernos del PP como del PSOE en este Estado, y es necesario dar respuestas reales al problema urgente, gravísimo y que incendia la realidad, que es la vivienda. Vemos cómo va pasando la legislatura y no se aumenta de verdad el parque de alquiler público ni se mejora la regulación del alquiler de temporada y de habitaciones, ni se toman medidas contra la especulación inmobiliaria.

Muchas gracias. (Aplausos).

Muchas gracias. Señorías, el informe del Defensor del Pueblo vuelve a decir algo que millones de personas ya saben, y es que en España hay una crisis social que no es puntual ni coyuntural, sino estructural. Y detrás de las situaciones que este informe relata hay una causa común, que es una falta de financiación en los servicios públicos para responder a las necesidades reales de la ciudadanía. (Aplausos). En 2025, más de 44 000 personas contactaron personalmente con el Defensor y las quejas aumentaron hasta superar las 38 000, además de llamadas de urgencia, que prácticamente se duplicaron. Y esto es importante entenderlo bien, porque cuando una persona llega al límite, cuando una persona no puede más, no se va a un fondo buitre ni a una empresa privada, se va a una institución pública. Y esto lo que nos muestra es que la gente sigue creyendo en lo público. La gente no quiere consejerías de desregulación, la gente no quiere menos Estado, la gente lo que quiere es un Estado que funcione. (Aplausos). Y si hay un ámbito en el que este informe es especialmente relevante es en el de la vivienda. El Defensor habla directamente de una crisis estructural de acceso a la vivienda. Los precios del alquiler y de compra llevan años creciendo más allá de lo que crecen los salarios. La vivienda no es ya un problema de pobreza, la vivienda es un problema de toda la clase trabajadora. (Aplausos). El informe, además, recuerda un dato que es demoledor, y es que España tiene apenas el 3,3 % de vivienda pública, muy lejos de la media europea y a años luz de países que superan hasta el 20 %. Y esto, en parte, es por los 2,4 millones de viviendas protegidas que se han devuelto al mercado a precios ridículos para que los especuladores puedan hinchar sus bolsillos. Y esto no es un accidente, esto es un modelo político, y las consecuencias están hoy por todas partes. La juventud no puede emanciparse. La juventud se está emancipando cuando deja de ser joven, a los 30 años. Y para hacerlo, para poder vivir sola, tiene que destinar hasta el 98 % de sus ingresos. El 98 % solo a pagar el piso. Y no se crean que compartiendo piso van a pagar menos, que llegan a pagar hasta el 40 % de sus ingresos, poniéndose en una situación de exclusión social. Y mientras miles de personas salen a las calles estos días para reclamar que intervengamos el mercado, ¿qué hacen algunos? Dicen que no, que el mercado se regula solo. El mercado no se regula solo, el mercado no está garantizando el derecho a la vivienda, sino los beneficios obscenos de millonarios desalmados a los que no les importa la población.(Aplausos). Por eso hay que intervenir el mercado del alquiler, hay que intervenir los precios, y no podemos esperar más. Hay que limitar los precios y, mientras tanto, trabajemos para ampliar ese parque público, para proteger permanentemente la vivienda pública, para regular el alquiler turístico en zonas tensionadas y para reforzar el alquiler social.

Este informe también habla de uno de los asuntos más importantes de nuestro país: L’educació. Parla d’una formació professional desbordada per l’augment de les estudiants. Parla de famílies a les que s’envien a centres privats que no es poden pagar perquè no hi ha prou oferta pública. Parlen d’alumnes estrangers que, a pesar de tenir el dret a l’educació reconegut constitucionalment, veuen com el Ministeri d’Educació i de Seguretat Social es tiren la pilota amb les comunitats autònomes i no els hi deixen fer pràctiques acadèmiques. Parlen de la falta de professorat, de la falta de recursos, de la falta d’especialistes per donar suport a tots aquells infants i adolescents que necessiten una atenció especial. Parlen també de la falta de protocols d’assetjament escolar que fan que tants i tants nens i adolescents pateixin en la seva etapa educativa. Parlen, en definitiva, de la falta de finançament en els serveis públics, en l’educació pública. Cal que fem una injecció de recursos a l’educació pública per garantir el futur i el dret a l’educació als nostres infants. L’informe també posa sobre la taula les enormes disfuncions del sistema migratori. I és que hi ha milers de persones que passen anys esperant la resolució de la seva sol·licitud d’asil, persones que treballen, que cotitzen i que tenen aquí la seva vida i es troben en una situació d’irregularitat administrativa, quelcom que la reforma del Reglament d’estrangeria no ha fet que empitjorar, que no ha fet que empitjorar deixant a moltíssimes persones en situació administrativa irregular i havent d’esperar fins a tres anys o quatre anys per aconseguir el seu arrelament social. I sí ara, amb la regularització extraordinària, sabem que solucionem aquesta situació per a moltes persones, però i les que venen després? Hem de reformar una altra vegada el reglament d’estrangeria, senyories. Mirin, i la desregulació i la impunitat del mercat no es queda només entre quatre parets. S’estén als nostres entorns, als nostres cels, als nostres barris. I és que l’informe de 2025 alerta també amb urgència d’una crisi ambiental i climàtica que està colpejant amb molta força. L’informe reconeix un clamor ciutadà insuportable, que és la contaminació acústica. El soroll no és una molèstia menor, senyories. La contaminació acústica afecta directament la integritat física, el descans, el benestar de tota la població i això s’està permetent, perquè hi hagin locals i perquè hi hagin empresaris altra vegada que es lucren a costa del benestar de la gent. I el Defensor també deixa clar un altre impacte que és terrible, que és el dels focs forestals, que ja no és una anomalia de l’estiu, sinó que és un problema estructural. I front a això, el que trobem és que hi ha administracions autonòmiques que el que fan és retrassar els plans de prevenció, infrafinançar els bombers forestals i mirar cap a un altre costat mentre perdem biodiversitat molt ràpidament. Senyories, el canvi climàtic és una urgència que afecta a tots els sectors de la nostra societat, que afecta a la qualitat de vida de les nostres llars, a la qualitat de l’aigua que bevem, al preu del que consumim i, per tant, no ens podem permetre que l’ecologisme sigui només una medalla que posar‑se en campanya mentre s’abandona la biodiversitat durant tot el mandat. Per això, senyories, cada vegada que el Partit Popular —i‌ vaig acabant— crea una conselleria de desregulació…

Habla de una formación profesional desbordada por el aumento de los estudiantes. Habla de familias a las que se les envía a centros privados porque no hay suficiente oferta pública y que no pueden pagar. Habla de alumnos extranjeros que, a pesar de tener el derecho a la educación reconocido constitucionalmente, ven cómo el Ministerio de Educación y el de Seguridad Social van tirándose la pelota entre las distintas comunidades autónomas y no les dejan hacer prácticas académicas. Habla de la falta de profesorado, de la falta de recursos, de la falta de especialistas para dar apoyo a todos esos niños y niñas y adolescentes que necesitan una atención especial. Habla también de la falta de protocolos de acoso escolar que hace que tantos y tantos niños y adolescentes sufran en su etapa educativa. Habla, en definitiva, de la falta de financiación destinada a los servicios públicos, a la educación pública. Es necesario que hagamos una inyección de recursos en la educación pública para garantizar el futuro y el derecho a la educación de nuestros niños y nuestras niñas.

El informe también pone sobre la mesa las enormes disfunciones del sistema migratorio, y es que hay miles de personas que pasan años esperando la resolución de su solicitud de asilo. Estas personas, que trabajan, que cotizan y que tienen aquí su vida, se encuentran en una situación de irregularidad administrativa, algo que la reforma del reglamento de extranjería no ha hecho sino empeorar, puesto que ha dejado muchas personas en situación administrativa irregular y tienen que esperar hasta tres o cuatro años para lograr su arraigo social. Ahora, con la regularización extraordinaria, sabemos que solucionaremos esta situación para muchas personas, pero ¿y las que vendrán después? Tenemos que reformar una vez más el reglamento de extranjería, señorías. La desregulación y la impunidad del mercado no se quedan tan solo entre cuatro paredes, sino que se extienden a nuestro entorno, a nuestros barrios.

El informe de 2025 alerta también con urgencia de una crisis ambiental y climática que está golpeando con mucha fuerza. El informe reconoce que hay un clamor ciudadano, insoportable, por la contaminación acústica. La contaminación acústica afecta directamente a la integridad física, al descanso, al bienestar de toda la población, y esto se está permitiendo para que haya locales y empresarios que se lucren también a costa del bienestar de las personas.

El informe del Defensor también deja claro otro impacto que es terrible, el de los incendios forestales, que ya no son una anomalía del verano, sino un problema estructural. Y, ante ello, vemos que hay Administraciones autonómicas que retrasan los planes de prevención, que infrafinancian a los bomberos forestales y que miran hacia otro lado mientras perdemos biodiversidad a marchas forzadas. Señorías, el cambio climático es una urgencia que afecta a todos los sectores de nuestra sociedad, a la calidad de vida de nuestros hogares, a la calidad del agua que bebemos, al precio de todo lo que consumimos. No nos podemos permitir que el ecologismo sea tan solo una medalla que lucir durante la campaña y que se abandone la biodiversidad durante todo el mandato. (Aplausos).

Voy terminando.

Por ello, señorías, cada vez que el Partido Popular crea una consejería de desregulación está agravando estos problemas, porque su modelo no es el de mejorar la vida de la gente, sino el de agrandar los bolsillos de una minoría…

… el de hacer que el ciudadano deje de ser ciudadano y se torne solo en un consumidor. Por eso, SUMAR tiene claro que hacen falta más recursos públicos y que hace falta garantizar la inversión en todos aquellos sectores en los que no se está consiguiendo buena calidad.

Gobernar no es solo aprobar leyes, gobernar es conseguir que esas leyes lleguen realmente a la vida de la gente.

Muchas gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías, y muy buenos días, señor Gabilondo. Este informe, señor Gabilondo, tiene algo de lo que Cicerón reprochaba en Roma en tiempos de crisis: abundancia de palabras y escasez de verdades. Esto siempre ocurre cuando una institución se llena de retórica y de lírica y abandona el pueblo.

Mientras millones de españoles sufren alquileres imposibles y la inseguridad, el Defensor del Pueblo cae una y otra vez en sus clásicas obsesiones ideológicas: multiculturalismo, el catecismo climático y su moralismo ideológico. (Aplausos). En consecuencia, señor defensor del pueblo, este informe se parece muy muy poco a la España real. Aquí apenas aparece el trabajador que no llega a fin de mes. Aquí apenas aparece la familia que está preocupada por la inseguridad en su barrio. Tampoco aparece el joven que no puede emanciparse. Tampoco aparecen el agricultor y el ganadero españoles que no consiguen, por las cargas imposibles que han impuesto, la rentabilidad que sí lograron sus padres y sus abuelos. Pero, sobre todo, lo más importante es lo que calla. Calla ante una España que envejece, calla cuando hay barrios enteros que no son capaces de reconocerse y calla cuando millones de españoles saben que pagan más a Hacienda y reciben peores servicios públicos, sobre todo en educación, sanidad e infraestructuras, principalmente las ferroviarias.

El Defensor del Pueblo nació precisamente para ser voz de los españoles más débiles ante el poder, y hoy los españoles tienen la sensación de que el Defensor del Pueblo se ha convertido en el eco del argumentario de Pedro Sánchez. Por eso, el informe dedica páginas y páginas a una retórica institucional y burocrática en vez de señalar que el verdadero responsable del colapso nacional es el Partido Socialista, también por su corrupción. (Aplausos). En primer lugar, señor Gabilondo, este informe habla mucho de los derechos de las personas que acaban de llegar, pero no habla nada de los derechos de los españoles que llevan soportando décadas la inmigración masiva y descontrolada. Mientras usted habla de multiculturalismo y regularización, hay barrios enteros donde la convivencia se destruye, los servicios públicos se colapsan y la inseguridad crece día a día. Lo más preocupante es el enfoque y la perspectiva de este informe, porque intenta silenciar cualquier tipo de crítica sobre la inmigración. Pues, señor Gabilondo, le decimos con absoluta claridad que defender las fronteras no es racismo, defender el orden no es xenofobia y defender España es lo principal. (Aplausos).

Sorprende el silencio del Defensor del Pueblo respecto al islamismo porque defender nuestras libertades es proteger a las mujeres de quienes quieren el borrado en los espacios públicos. El burka no es libertad, como dice el señor Patxi López. El burka es imposición, el burka es sometimiento y es absolutamente contrario a la dignidad de la mujer occidental, algo que se lleva defendiendo en esta tierra siglos antes de aparecer el Partido Socialista. (Aplausos).

Hablemos ahora, señor Gabilondo, de vivienda. El informe en esta materia vuelve a fallar. No explica ni detalla las causas reales de la catástrofe nacional de vivienda. Señor Gabilondo, la vivienda es el símbolo más cruel de varias generaciones de españoles expulsados de su propio futuro.

El informe evita hablar claramente de algunas realidades incómodas para el señor defensor del pueblo, y lo entendemos perfectamente porque él quiere erigirse como el defensor del extranjero y no como el defensor de los españoles de a pie. Evita hablar del impacto de la inmigración masiva en la tensión inmobiliaria, evita hablar de la okupación y la inseguridad jurídica de los propietarios, evita hablar del exceso regulatorio y de las nefastas consecuencias de la nunca suficientemente condenada ley de vivienda. Este sí debería haber sido el enfoque del informe del Defensor del Pueblo. (Aplausos).

También hay una realidad que afecta a millones de españoles y que sí que ha sido abordado somera y sucintamente en el informe, y es el problema de la justicia lenta. Porque una justicia que es lenta no es justicia. Las resoluciones judiciales deben ser justas, pero también deben dictarse a tiempo, y por eso es absolutamente necesario que se dote de todos los medios humanos, materiales y tecnológicos al Poder Judicial sin duda alguna. Señor Gabilondo, usted tendría que haber repudiado y escupido a la Ley Orgánica 1/2025, porque ha acrecentado el colapso de los tribunales, para desesperanza del pueblo español.

También quiero, señor Gabilondo, detenerme unos instantes en el campo español, porque es verdad que usted lo aborda con páginas enteras sobre sostenibilidad y regulación ambiental, pero falta encontrar empatía hacia los agricultores, ganaderos y pescadores, que son los que dan de comer a todos los españoles, llevan trabajando el campo español durante generaciones y son parte de la identidad y de la economía nacional. Hoy el campo español está asfixiado. Está asfixiado por la burocracia, está asfixiado por una regulación absolutamente excesiva, por normas imposibles y por costes también energéticos, y está asfixiado por una competencia desleal extranjera, a la que sí se le permite producir en condiciones que aquí están prohibidas. (Aplausos). Con cada explotación que desaparece en España, desaparece una parte del ser de España. El señor Gabilondo sabe perfectamente, pero no lo refleja en este informe, que gran parte de la culpa corresponde a las élites burocráticas con la Agenda 2030, con el Pacto Verde Europeo y con el nefasto acuerdo de Mercosur. Señor Gabilondo, esto también lo tendría que haber recogido. (Aplausos).

Y termino, señor Gabilondo, millones y millones de españoles no necesitan leer su informe para darse cuenta de que la nación se empobrece. Se dan cuenta y lo sufren cuando van al supermercado, cuando ven su cuenta corriente a mitad de mes, y lo sufre el autónomo que trabaja doce horas y ve cómo Hacienda se lleva prácticamente la mitad. Antes, una familia ―y usted lo sabe perfectamente― podía trabajar, ahorrar, comprar una vivienda y emprender el futuro con esperanza. Hoy los españoles no tienen para nada esa sensación. Piensan que trabajan más, pagan más y viven peor. Y este es el verdadero problema de su informe, señor Gabilondo, que se dice escrito por el Defensor del Pueblo, pero que está a una distancia sideral del pueblo. (Aplausos). El pueblo está deseando y ansioso por tener un Gobierno...

Sí, señor presidente, voy terminando. El pueblo está deseoso de tener un Gobierno que lo proteja y que lo ponga en primer lugar. Prioridad nacional sí, señor Gabilondo, los españoles siempre primero. Muchísimas gracias. (Aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Gracias, señor presidente. Bienvenido, defensor del pueblo, señor Gabilondo, a usted y a todo su equipo. Buenos días a todos, señorías. Me gustaría comenzar agradeciéndole personalmente no solo su trabajo, sino también su capacidad de escucha, su interés por los problemas de los ciudadanos, su discreta lucha para ayudar a reparar y la humanidad con la que lo hace. Este informe no es solo un documento institucional, es una radiografía social del país y es una interpelación ética sobre quiénes somos, qué país queremos construir y qué entendemos por dignidad humana. Casi nada, señorías. Más de 38 000 ciudadanos acudieron el año pasado al Defensor del Pueblo pidiendo amparo. Y, cuando miles de personas recurren a una institución, es porque esa institución ofrece cercanía, confianza y protección. Porque, mientras avanzamos tecnológicamente, demasiadas personas sienten que las instituciones aún llegan tarde a sus problemas cotidianos o, aún peor, que no llegan. Este informe pone nombre a problemas, destacando el aumento de las reclamaciones sociales, la necesidad de mejorar la respuesta administrativa, la protección de colectivos vulnerables y el fortalecimiento de los derechos humanos y sociales. Hicimos un análisis más exhaustivo en la comisión de la semana pasada, así que no enumeraré todos, pero en el informe destacan los retrasos en la valoración de la discapacidad, las dificultades en el acceso a la vivienda, las trabas para migrantes y solicitantes de asilo o la persistente discriminación hacia la comunidad gitana y otros colectivos vulnerables. Frente a esta interpelación de la ciudadanía, nuestra obligación es citar, dar respuesta y construir un estado del bienestar que proteja, que acompañe y que no abandone a nadie, y menos a los más vulnerables. Gobernar, señorías, no consiste únicamente en gestionar cifras o aprobar normas; gobernar un país, una comunidad o un Ayuntamiento es comprender y anticiparse al sufrimiento de la gente. Porque la libertad no existe si una familia no puede pagar el alquiler de su casa, la igualdad no existe si una persona con discapacidad tarda años en obtener reconocimiento administrativo, la justicia no es justa si solo pueden defenderse quienes tienen recursos, y los derechos humanos no pueden depender del código postal, del origen o de la situación económica. (Aplausos).

El informe analiza varias cuestiones sociales y administrativas relevantes y una de las injusticias más dolorosas que se han producido en este país: los abusos sexuales en la Iglesia católica. Es dolorosa no solo por los hechos y por la magnitud de su trascendencia, sino por la falta de respuesta que han tenido durante décadas las víctimas, menores de edad en aquel momento; un silencio que es también un tipo de violencia que hay que reparar y evitar que se repita. Aquí quiero dar las gracias a la labor del señor Gabilondo y a todo el equipo del Defensor del Pueblo, pero también a la perseverancia y delicadeza de este Gobierno progresista, que se empeñó en reparar y amparar a unas víctimas que hasta ahora solo habían obtenido silencio administrativo. (Aplausos). También a los grupos que apoyaron la encomienda y al Parlamento, porque cuando hay voluntad política e implicación institucional las políticas atienden a las personas. Quiero dar las gracias a los obispos que asumieron el mandato del papa Francisco, quien calificó los abusos sexuales como una plaga y prometió tolerancia cero. Agradecimiento también por el compromiso cumplido del presidente Pedro Sánchez con las víctimas para el reconocimiento, reparación y dignificación de las víctimas. Sí, dignificación de las víctimas. (Aplausos).

Vivimos, además, un tiempo donde algunos pretenden normalizar discursos que señalan al diferente y criminalizan al migrante. Y frente a eso debemos ser claros: la democracia no se defiende solo votando cada cuatro años; la democracia se defiende garantizando derechos, fortaleciendo los servicios públicos y evitando que nadie quede atrás. También debemos recordar la importancia del trabajo del Defensor del Pueblo como garantía democrática. Supervisar cárceles, centros de internamiento, Administraciones y servicios públicos no debilita al Estado, lo fortalece. Por esto, este informe no es solo una recopilación de quejas, es un espejo del país que somos y una advertencia sobre el país que no debemos permitir ser. Tenemos dos opciones: mirar hacia otro lado, como hace la derecha y la ultraderecha de este país, aceptando la desigualdad como inevitable, o actuar como el Gobierno de Pedro Sánchez (rumores) y combatirla con políticas públicas valientes, progresistas, que no dejen fuera a nadie. (Aplausos). Como Parlamento debemos escuchar y deliberar sin insultar ni faltar al respeto y legislar por y para los ciudadanos. Porque detrás de cada cifra hay una vida concreta. Detrás de cada queja hay una espera. Y detrás de cada retraso administrativo hay angustia, ansiedad o sentimiento de desamparo. Porque muchas personas no sufren únicamente pobreza material, sufren invisibilidad, y no hay forma más silenciosa de violencia que hacer sentir a alguien que su sufrimiento no importa.

Por eso, este Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista seguirán defendiendo políticas públicas valientes. Al final, señorías, una democracia se mide por la humanidad que conserva, sobre todo, con los que más lo necesitan. Porque la justicia social no es una utopía, es una obligación democrática. Ahí es donde verdaderamente se pone a prueba un país.

Muchas gracias, señor Gabilondo, señor defensor del pueblo. Muchas gracias, presidente. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista).

Buenos días. Bienvenido, defensor del pueblo. Compareció hace un año, se acordará: Santos Cerdán estaba en su escaño, amenazándome y diciéndome: Fuera, eso me lo dices fuera. Esa misma tarde dejó el escaño y, poco después, dormía en la cárcel. Ayer sumó su segunda imputación por la trama de las cloacas financiadas por el Partido Socialista con dinero negro (un señor diputado: ¡Muy bien!―Aplausos) por mandato y al servicio del presidente del Gobierno para atacar a jueces, fiscales, policías y guardias civiles. El objetivo era boicotear las causas que cercan al presidente del Gobierno. (La señora Mínguez García pronuncia palabras que no se perciben). Los españoles saben hoy que ha existido una trama criminal en la estructura del Partido Socialista por mandato del presidente Sánchez para corromper el Estado de derecho. (Aplausos). Eso es lo que hoy están padeciendo y sufriendo los españoles.

Ya ve, señor defensor, no hay manera últimamente de que usted comparezca en el Congreso sin que salte la noticia. Pasó el martes pasado. Comparecía el defensor del pueblo en la Comisión del Defensor del Pueblo, y ahí nos enteramos de la imputación de un expresidente del Gobierno por delitos de corrupción que no puedes cometer si no tienes hilo directo con la Moncloa. (Rumores). Ese día, el defensor me recriminaba que hablara del deterioro de la democracia, porque eso desmoraliza. No, lo que desmoraliza es poner las instituciones al servicio del poder. (Varias señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso: ¡Muy bien!―Aplausos). Señorías, lo que desmoraliza es la corrupción sistémica que cerca al presidente del Gobierno. Lo que desmoraliza es que, por su mandato, se ha intentado corromper al Estado de derecho desde el Partido Socialista para proteger, como sea, al presidente Sánchez y tapar la corrupción que cerca a los socialistas, señorías, para su vergüenza. (Protestas). Vergüenza.

Mire, defensor, la Constitución le atribuye a usted la defensa de los derechos fundamentales. Dígame si no hay corrupción en un país que está gobernado no por el interés general, sino por la codicia de sus dirigentes. Ese es el problema real que tiene este país. (Aplausos). Yo le pido, defensor, que no se quede usted impasible ante tanta podredumbre, ante una crisis institucional de la que no se vuelve, señorías; de esta crisis que hoy padecemos no se vuelve. Tenemos ministros que atacan al Poder Judicial y a la UCO para tapar la corrupción, un fiscal general condenado por maniobrar contra una adversaria política, un Ministerio del Interior que tiene ramificaciones en el caso cloacas del PSOE, un ministro que considera meros números a los guardias civiles y a la Policía Nacional, un ministro que está impidiendo que aquí, en este Congreso, se tramiten las iniciativas de mi grupo que terminarían con los homenajes a los asesinos de ETA. (Varias señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso: ¡Muy bien!―Aplausos). Estas iniciativas acabarían con la política de vaciamiento de las cárceles de los presos de ETA por indicación de la izquierda abertzale. Escuchen a las víctimas, están denunciando una amnistía encubierta al gusto de Bildu.

Pero el defensor me recrimina a mí que hable del deterioro de la democracia. Lo hago también a la luz de sus informes, unos informes que describen la forma en la que el Partido Socialista gestiona los servicios públicos, señorías. Hacer una gestión con la Seguridad Social, con las oficinas de empleo, con las jefaturas de tráfico o con las oficinas de extranjería es morir en el intento. Tardan meses en atenderte y años en resolver. Hay personas que acuden al mercado negro para poder tramitar una pensión o hacer los trámites de extranjería. ¿Alguien puede decir aquí que esta mala administración no impacta en el deterioro de nuestra democracia? Es una administración desalmada, que ha empujado a los inmigrantes a la irregularidad sobrevenida. Y a esa administración le confía el defensor y el presidente del Gobierno toda una regularización masiva sin planificar la integración real de los inmigrantes en la sociedad, sin contar con ayuntamientos y comunidades autónomas, en contra de lo votado en el Congreso, contra el criterio de Europa y ocultando documentos técnicos y policiales relativos a la regularización. (Aplausos). Así gobierna el Partido Socialista Obrero Español. Miren, se gobierna para resolver problemas, no para crearlos. Aquí se han nacionalizado casi dos millones de extranjeros y otros dos millones están en proceso. Estamos ante todo un vuelco del censo electoral a marchas forzadas, señorías, por razones electoralistas, por motivos ideológicos. El Gobierno crea problemas que no teníamos como el fenómeno de la inmigración, la pobreza energética o el caos en el transporte ferroviario, que ya no garantiza la fiabilidad del servicio y no protege a sus usuarios. No se olviden nunca: 46 fallecidos en el accidente de Adamuz, que se podrían haber evitado, y aquí nadie asume su responsabilidad. (Aplausos).

Paso a la vivienda. Tienes un empleo, pero no puedes acceder a una vivienda. Han intervenido el mercado, han favorecido la okupación, han dificultado la construcción y, sí, se han disparado los precios y han extendido el problema a propietarios y arrendadores. Por eso pedimos hace unos meses la comparecencia del defensor. Señorías, este Gobierno ha extendido también una huelga médica que supera los once meses. Es una huelga nacional que ha cancelado ya millones de cirugías, de pruebas diagnósticas y de citas, señorías. Es una huelga que está poniendo en peligro el Sistema Nacional de Salud. (Aplausos). Mientras, la ministra de Sanidad vive obsesionada ―y la tengo delante― por mantener su particular cacería contra Madrid y contra su presidenta. Vergüenza le debería dar.

Miren, celebran récords de recaudación de impuestos mientras los ciudadanos pagan más y reciben menos, la Administración está colapsada y las instituciones están al servicio del poder. Todo esto deteriora la democracia. Y el golpe definitivo se lo está dando la corrupción sistemática que rodea al presidente del Gobierno y a su familia.

Termino. Hoy mismo es su hermano, pero está también su Gobierno y su mentor, el expresidente del Gobierno. Y el golpe redefinitivo se lo da ―y mañana habrá otro―, señorías, que, en este país, por mandato del presidente del Gobierno, se ha intentado corromper al Estado de derecho para proteger al presidente a cualquier precio, como sea, para tapar su corrupción. Vergüenza les debería dar, señores socialistas. Gracias, presidente. (El señor Pérez López: Son sus cómplices.―Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie).

CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS‑LEYES:

—  REAL DECRETO‑LEY 11/2026, DE 12 DE MAYO, POR EL QUE SE MODIFICA LA APORTACIÓN DE LOS USUARIOS Y SUS BENEFICIARIOS EN LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA AMBULATORIA. (Número de expediente 130/000042).