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Sin adjetivos

Pleno del 27 de mayo de 2026

Moción consecuencia de interpelación urgente sobre las medidas del Gobierno para resolver los problemas de la justicia en España.

Moción consecuencia de interpelación urgente.. Autor: Grupo Parlamentario VOX. Transcripción literal del Diario de Sesiones n.º 188.

Justicia y corrupción

Votación

  • 28 de mayo de 2026: no salió adelante, 170 sí, 177 no, 0 abstenciones.

Ignacio Hoces Íñiguez

VoxDiputado.Página 117Vídeo

Muchas gracias, señor presidente. Hoy el Grupo Parlamentario VOX trae una iniciativa que parte de nuestra preocupación ante el gravísimo deterioro del sistema judicial. Señorías, la justicia atraviesa en España una crisis sin precedentes, una crisis de la independencia respecto del resto de los poderes del Estado, una crisis de eficacia y eficiencia por su extrema lentitud y una crisis de confianza pública. Los españoles están indignados. Ven al Gobierno presionar a un juez, degradar la fiscalía, colonizar instituciones e intentar que el Poder Judicial sea una simple prolongación de su proyecto político y, mientras esto ocurre, los juzgados se colapsan, los procedimientos se eternizan y los españoles tienen la sensación de que la ley no es igual para todos. Pero lo más grave es que estamos ante un proyecto político perfectamente orquestado y diseñado que consiste en debilitar cualquier institución o contrapoder que pueda incomodar al Gobierno del PSOE. Como todos los españoles saben, el Partido Popular y el Partido Socialista llevan décadas repartiéndose el órgano de gobierno de los jueces, es decir, el Consejo General del Poder Judicial, como si fuera un consejo de administración y, además, se lo reparten en los despachos. Su último despacho fue en Bruselas, bajo la tutela del excomisario de Justicia imputado Reynders. Unos y otros nombran a los suyos y luego comparecen ante los españoles fingiendo escandalizarse por un sistema que ellos mismos han construido durante décadas. (Aplausos). Pero lo más grave es que, cuando en junio del 2024 renovaron el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, una de las partes, el Partido Popular, dijo que habían llegado a un compromiso con el Partido Socialista para que los vocales del turno judicial del Consejo General del Poder Judicial ya no fueran designados directamente por las Cámaras, sino que fueran designados directamente por y entre jueces y magistrados. Nosotros ya advertimos de este error, y el tiempo, por desgracia, nos ha vuelto a dar la razón, porque desde entonces el Partido Socialista y el Gobierno de España no han dejado de traer iniciativas legislativas para socavar más la independencia del Poder Judicial y la separación de poderes. Ahí tenemos la llamada ley Bolaños, la ley de ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal que, precisamente, supone un intento de colonización todavía más acusado. También tenemos ahí el Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, que concede a la Fiscalía la potestad de instruir procedimientos penales, cuando todo el mundo sabe que la Fiscalía depende de la fiscal general del Estado, que precisamente es nombrada directamente por el Gobierno. Todo esto está ocurriendo en una coyuntura, en un contexto, en el que familiares del presidente del Gobierno están siendo investigados y procesados por corrupción y también varios miembros del Gobierno.

A nosotros, señorías, no nos extraña absolutamente nada esta actitud del Partido Socialista porque sabemos perfectamente que para ellos el derecho es un instrumento para la transformación política y social de acuerdo con su visión ideológica. Esto es lo que muchos llaman el constructivismo jurídico o, como lo denominaba Luigi Ferrajoli, el uso alternativo del derecho, es decir, utilizar la ley para su sectaria visión ideológica. (Aplausos). Es una concepción revolucionaria y antidemocrática que viene de lejos, inspirada por Gramsci, y que entiende que, para la conquista efectiva del poder, es necesario colonizar todas las instituciones, desde la cultura a la educación y también la justicia. Por eso, cuando un juez, magistrado o fiscal actúa de forma diferente a lo que ellos quisieran, lanzan ataques, señalamientos y presiones políticas, y les da igual. Por eso, impulsan reformas para socavar más todavía la independencia del Poder Judicial y debilitar la acción popular, y les da igual. Por eso, salen en tromba todos a defender al fiscal general del Estado, que parecía más un militante del Partido Socialista que un defensor del interés público tutelado por la ley, y les da exactamente igual. Y por eso colocan de forma masiva a fiscales de sala de la Unión Progresista de Fiscales, a pesar de que esta asociación sea absolutamente minoritaria dentro del cuerpo de fiscales.

Mientras el Gobierno actúa así, mientras el Gobierno está preparando el argumentario ante el próximo escándalo de corrupción, los españoles sufren una justicia lenta y colapsada: miles de familias y autónomos están atrapados en procedimientos interminables mientras los juzgados se hunden por falta de medios humanos, materiales y tecnológicos. La justicia, señorías, no solamente consiste en que se dicten resoluciones justas, sino también en que esas resoluciones se dicten a tiempo. Por eso, nosotros volvemos otra vez más a insistir en que es necesario dotar al Poder Judicial de todos los medios humanos, materiales y tecnológicos para que se pueda hacer realidad el principio de la tutela judicial efectiva del artículo 24 de nuestro texto constitucional. Es necesario que los españoles tengan una justicia rápida, eficaz, accesible e independiente. Queremos que el autónomo no eche el cierre de su negocio esperando una resolución judicial y que ningún español tenga un pleito interminable con la Administración. Hoy los españoles sienten que entrar en un juzgado es entrar en un túnel sin final a la vista, y esta realidad se está agravando como consecuencia de la inmigración masiva y también por el proceso de regularización extraordinaria de este Gobierno, aumentando la conflictividad. La multiculturalidad que tanto ustedes predican se convierte siempre en multiconflictividad y multidelincuencia. (Aplausos).

Señorías del Grupo Socialista, siempre que se interpela al PSOE hay que hablar de corrupción, algo intrínseco y consustancial a su historia, una corrupción que nos causa náuseas y que condenamos de forma enérgica. Pero por muy grave que sea su corrupción económica, también nos lo parece el proceso de disolución institucional con la colonización de todas las instituciones, el proceso de disolución social con la inmigración masiva y la sustitución que ustedes quieren del pueblo español y la disolución, también, nacional como consecuencia de sus acuerdos, pactos y estrategias con partidos separatistas que quieren acabar con España y con la unidad nacional.

Muchísimas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Presidencia. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Vallugera Balañà. (Denegación). Pasamos al siguiente interviniente. Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra el señor Santiago Romero.

Enrique Fernando Santiago Romero

Grupo SumarDiputado.Página 119Vídeo

Presidente, señorías, la justicia siempre ha sufrido por falta de medios materiales y humanos. Es la principal causa de su mal funcionamiento, a pesar de los miles de jueces, fiscales y funcionarios entregados abnegadamente a servir a la sociedad. La justicia tenía buena imagen hasta que llegó el partido de las togas. No hay mayor daño al ejercicio de la jurisdicción que comportarse como un partido que no se presenta a las elecciones, pero que coordina actuaciones con la derecha y la ultraderecha. Cuando los operadores judiciales intervienen en política, perjudican el funcionamiento de la justicia como servicio público, pierden su independencia y el respeto de la sociedad. Ni el Congreso ni el Gobierno pueden arreglar este problema. No tenemos competencias para acabar con la politización de la justicia que practican el Partido Popular, VOX y los jueces y fiscales que se dejan controlar por la puerta de atrás, como decía el señor Cosidó.

Quien debe arreglar esto es el Consejo General del Poder Judicial, pero se dedica a vetar jueces dignos, como José Ricardo de Prada, mientras permite a otros jueces insultar y descalificar a ministras o decir a qué partidos se permite o no gobernar o abiertamente sugiere volar la plaza de Pedro Zerolo y tirar piedras a los homosexuales. Es el mismo Consejo que ignora las resoluciones de Naciones Unidas que corrigen a los tribunales españoles, que permite que se estiren instrucciones penales impresentables, como el caso Neurona o el caso de Begoña Gómez, y siempre haciendo nombramientos priorizando a la derecha judicial, como hoy. El gran corruptor Aldama se pasea por las calles participando en manifestaciones contra la corrupción convocadas por el PP y VOX porque la Fiscalía le pide una condena que no excede de dos años de cárcel, con lo que no ingresa en prisión. (Rumores). Es la misma Fiscalía que pide para los que Aldama ha corrompido penas de veinticuatro y diecinueve años de cárcel y casi dos años de prisión a Jorge Riechmann y otros ecologistas por una protesta climática.

Desde las calles se percibe que son los ricos y los poderosos los que siempre obtienen trato favorable de la justicia, que son las familias trabajadoras las que soportan su mal funcionamiento y que quienes son señalados por las derechas van pa’lante. Hay operadores de la justicia y partidos que trabajamos por mejorar el servicio público de justicia. Otros utilizan los tribunales para hacer política. Ya saben: «el que pueda hacer, que haga». VOX desprecia la democracia cuando la califica de cuotas partidistas. Dejen ya de proponer el modelo corporativo de elección del Gobierno del Poder Judicial que utilizaron en su día Mussolini o Franco. Son los órganos constitucionales democráticos quienes deben elegirlo. Los tribunales soportan dilaciones por falta de medios y de jueces, retrasos que solo perjudican a la gente de a pie, pero VOX se opone a la reforma de la ley de acceso a la judicatura que incrementaría el número de jueces y fiscales. Dicen que sería un atentado contra la independencia judicial. (Continúan los rumores). Están encantados con los retrasos, por lo que sea, porque siempre benefician a la derecha ―causa Púnica o Kitchen o Montoro, todo corrupciones del Partido Popular―: demoras de más de trece años permiten reducir las condenas por la atenuante de dilaciones indebidas. Aún no hay informes de policía sobre las corruptelas del denunciante Alberto, el de Quirón, pero el ex fiscal general ya ha sido condenado con toda celeridad. Califican de antidemocrático implantar el mismo sistema de instrucción por la Fiscalía que existe en la Unión Europea o en América simplemente porque entonces el Partido de las togas no podría seguir manejando las causas penales. Vuelvo a plantear a todos los grupos que es hora de recuperar el procedimiento para exigir responsabilidad civil por sus actuaciones a los jueces, como a cualquier profesional, suprimido por el señor Rajoy en el año 2015. Abascal, Feijóo y la jefa del PP, Ayuso, han pasado por la Embajada de Estados Unidos a recibir instrucciones desestabilizadoras. Nunca han criticado los aranceles de Trump al campo español o el saqueo que pretenden para que gastemos el dinero público en sus armas, pero ya responsabilizan a los inmigrantes ―mayoritariamente latinoamericanos― del mal funcionamiento de la justicia. Eludir sanciones unilaterales de Estados Unidos a Venezuela, Cuba o cualquier país solo es delito en el rancho de Donald Trump. ¿Les dio órdenes el embajador para que comience la cacería judicial contra quienes han eludido las coacciones de Estados Unidos a países soberanos? Veremos si en breve tenemos otro pa’lante en forma de solicitud de extradición.

Votaremos en contra. Muchas gracias. (Aplausos).

Presidencia. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Rallo Lombarte.

Artemi Rallo Lombarte

PSOEDiputado.Página 120Vídeo

Señor presidente, señorías, ¿está la independencia judicial hoy en riesgo en España? Esta es la moción que hoy nos interpela a contestar a esta pregunta. Como constitucionalista de profesión, reafirmaré y reafirmo desde esta tribuna mi confianza en nuestro Estado de derecho, pero como ciudadano hoy tengo que responder, señorías, que depende. Depende, señorías. Depende de la credibilidad que otorguemos a la siguiente frase: Nosotros controlaremos la Sala segunda del Tribunal Supremo por la puerta de atrás. Depende, señorías. Depende de la credibilidad que otorguemos al clamor social y mediático que denuncia la falta de pruebas en la condena al fiscal general del Estado por parte del Tribunal Supremo. (Aplausos).

Señorías, ¿acaso cabe cuestionar la independencia e imparcialidad judicial por el exquisito y cálido trato otorgado a Cospedal y a Rajoy en el juicio de la Kitchen? ¿Está la independencia judicial del juez Peinado en riesgo, cuando ha entrado hasta en la cocina de la Moncloa para recabar el testimonio del ministro de Justicia en su delirante instrucción? ¿Está la independencia judicial en riesgo cuando existe y siguen en curso insólitas e inauditas causas contra la esposa y el hermano del presidente? (Rumores). ¿Independencia, señorías, o prevaricación judicial? (Protestas.―Aplausos). Esa es la cuestión. Esa es la pregunta que al menos muchos ciudadanos se hacen, porque curiosas maneras, señorías, las de este Gobierno de conculcar la independencia judicial. Afortunadamente, señorías, la independencia judicial reluce o brilla para perseguir cualquier otro tipo de crimen o ilícito, como, por ejemplo, cuando Rajoy recibía cajas de puros llenas de billetes de comisiones ilegales procedentes de obra pública. (Una señora diputada: ¡Es falso!―El señor Hernando Fraile: ¿Eso quién lo dice?) Los jueces. (El señor Hernando Fraile: No dijeron eso, no mientan). O como cuando Cospedal, señorías, alentaba a las cloacas del Estado a destruir pruebas. Relucía la independencia judicial. O cuando la pareja de Ayuso sigue enriqueciéndose obscenamente a través de una empresa que contrata millonadas con la Comunidad de Madrid. Independencia judicial que reluce o brilla. O cuando, sin ir más lejos, el señor Feijóo anuncia la imputación de Zapatero una semana antes de que suceda. (Aplausos). ¡Viva, señorías, viva la independencia judicial!

Afortunadamente, en todos estos casos, por supuesto, ni existió ni existe ni tráfico de influencias ni cohecho ni prevaricación ni organización criminal, nada de nada, señorías. (El señor Hernando Fraile pronuncia palabras que no se perciben). La independencia judicial aquí sí funcionó y funciona. Inmaculadamente. ¿Verdad? Todo depende. Todo depende.

Presidencia. Un momento, señor Rallo.

Artemi Rallo Lombarte

PSOEDiputado.Página 121

Sí, señor presidente. El señor Hernando...

Presidencia. Déjeme a mí, por favor. Un momento. Señor Hernando, la reiteración también es falta, como sabemos los que nos gusta el fútbol. Así que, por favor, cese de una vez. No le quite usted el protagonismo a la señora Lorente, que lo va a tener después. No le reste usted el protagonismo a su compañera. Finalice, por favor. Si no, le tendré que llamar al orden. Cese, por favor.

Artemi Rallo Lombarte

PSOEDiputado.Página 121

Probablemente el señor Hernando se siente interpelado por muchas de las referencias que acabo de hacer. (El señor Hernando Fraile: Porque mientes). En todo caso, la independencia judicial, en estos casos de los que el señor Hernando es buen conocedor, sí que funcionó y funciona.

Como digo, todo depende, señorías, todo depende, pero como constitucionalista sigo obligado a creer en las instituciones de mi país y a pregonar en las aulas la pulcritud del orden constitucional y del Estado de derecho, pero hoy, ahora y aquí, tengo que morderme los labios para no verbalizar lo que piensa la mayoría de los españoles. Es incontestable que si algo o alguien amenaza la independencia judicial en España no es este Gobierno, señorías. Este Gobierno defiende la justicia y procura su modernización con las iniciativas legislativas hoy pendientes en la Comisión de Justicia, con reformas necesarias, imprescindibles para adecuar la Administración de Justicia a las demandas sociales emergentes, actualizando la carrera judicial para asegurar igualdad de oportunidades y la selección de los mejores o estabilizando a jueces y juezas sustitutos, un 16 % del total, 1300 jueces, magistrados y fiscales, el 80 % mujeres en precariedad absoluta, que ya dictan autos y sentencias, que son seleccionados por los Tribunales Superiores de Justicia, por el Consejo General del Poder Judicial, sin intervención ninguna del Ministerio de Justicia. Señorías, el ministro Bolaños ha anunciado setecientas nuevas plazas de jueces y fiscales. Esta es la apuesta de este Gobierno por el impulso y la modernización de la justicia en España (aplausos), una justicia ―termino, presidente― que emana del pueblo, que sirve al pueblo, que debe pensar y sentir como el pueblo, sin ínfulas clasistas ni elitistas, sin altanería, sin soberbia y sin arrogancia. Pensar y sentir como el pueblo. Por eso, el pueblo, por medio de sus representantes, nosotros, nunca renunciará, ni puede ni debe hacerlo, a elegir al órgano de gobierno de la justicia. No les quepa ninguna duda.

Muchas gracias, presidente. (Aplausos.―Algunos señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Muy bien!).

Presidencia. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Lorente Anaya.

Macarena Lorente Anaya

PPDiputada.Página 121Vídeo

Señorías, ¿en qué momento se encuentra una democracia cuando se protege al investigado y se convierte en un estorbo el investigador? (Aplausos). Ahí es donde nos están llevando. Cada vez que una investigación judicial se acerca peligrosamente al corazón político del sanchismo, aparecen las presiones, los ataques a los jueces o los ceses (muestra un recorte de prensa de ABC) de juezas molestas para su corrupción, y lo más grave es que intenten normalizar todo esto.

Hablar de justicia y del Gobierno de Pedro Sánchez a la vez no es nada fácil, se lo aseguro. Hablan de defensa del Estado de derecho, pero desacreditan las resoluciones judiciales que no les gustan. Hablan de justicia, pero convierten las instituciones en herramientas para permanecer en el poder. Hablan de memoria democrática, pero han convertido en imprescindibles a socios que jamás han ayudado a esclarecer cientos de asesinatos. (Aplausos). Esto son solo ejemplos. Es un Gobierno que ha trabajado duro para justificar todo como una excepción: la amnistía, los pactos, los indultos, las cesiones, los cupos... Y el problema es que cuando todo se convierte en una excepción, lo que empieza a hacer aguas es la normalidad democrática, porque las democracias funcionan cuando existen límites al poder, a las instituciones y, desde luego, límites morales, que en ustedes brillan por su ausencia. (Aplausos). Ustedes nunca ―nunca― han visto límites, sino obstáculos para llevar a cabo sus planes, porque hay un patrón. Venían a acabar con la corrupción y han terminado robando a manos llenas. El sanchismo es un auténtico fraude. (Aplausos). Parecía que el remate iba a ser la investigación del expresidente Rodríguez Zapatero. ¡Qué ilusa! Hoy la UCO entra de nuevo en la sede de Ferraz. Han imputado a la gerente del Partido Socialista, han imputado a Santos Cerdán otra vez y han imputado a Gaspar Zarrías, expresidente de la Junta de Andalucía, que ya fue imputado por el caso de los ERE de Andalucía. ¿En qué manos estamos? (Aplausos).

Por favor, delincan con menos intensidad, que los juzgados no dan abasto y no nos da tiempo a escandalizarnos, y tengan respeto por la presunción de inocencia, porque no está pensada para que la manoseen y convertirla en impunidad política, una impunidad que no sería posible sin sus socios, que están demostrando cero interés por los ciudadanos. Señorías, siento decirles, por si no se han dado cuenta, que esta vaca ya no da más leche.

Pero hablemos de justicia. Soy abogada y les puedo asegurar que la realidad de la justicia cotidiana está muy lejos del triunfalismo que nos quiere vender el Gobierno. Los profesionales que se ponen la toga cada día y los ciudadanos que llevan años esperando una resolución lo que se encuentran es lentitud, colapsos, falta de medios; en fin, un auténtico desastre. Mientras el Gobierno presume de modernización judicial desde despachos donde el wifi sí funciona, muchos juzgados están señalando para el año 2030. No se habrán cansado. ¿Y saben qué significa eso? Que el artículo 24 de la Constitución, el que habla de la tutela judicial efectiva, empieza a ser papel mojado para millones de españoles, porque la justicia no solo falla cuando se ataca a los jueces, también falla cuando llega tarde a todos los ciudadanos. Menos mal que se les ocurrió la genial idea de los MASC, un mecanismo obligatorio de resolución de conflictos que los profesionales ya usábamos de forma voluntaria sin ningún tipo de burocracia. Se nota que solo pisan los juzgados para hacerse la foto o cuando les invita la UCO.

Por cierto, señorías de VOX, resulta curioso escucharlos criticar hoy los MASC, cuando en la Comisión de Justicia votaron en contra precisamente de todo lo que hoy reivindican, y que den lecciones sobre el Consejo General del Poder Judicial. Buscar titulares e instalarse permanentemente en la confrontación es fácil; lo difícil es trabajar para que las instituciones funcionen. Y ahí está el Partido Popular. (Aplausos). Cuando lleguemos al Gobierno tendremos que arreglar muchas cosas, entre otras la justicia, a la que han dejado relegada como una cenicienta, y recuperaremos una democracia fuerte…

Presidencia. Señoría, finalice, por favor.

Macarena Lorente Anaya

PPDiputada.Página 122

Voy terminando. … que no tema a la justicia, sino que la proteja y la defienda. Ya queda poco. Muchas gracias. (Aplausos).

Presidencia. Gracias. ―  DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, SOBRE CUÁL VA A SER LA PRIORIDAD DEL GOBIERNO EN MATERIA DE SEGURIDAD. (Número de expediente 173/000174).

Presidencia. Continuamos con la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre cuál va a ser la prioridad del Gobierno en materia de seguridad. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción tiene la palabra el señor García Gomis.