Proposición no de Ley para la eliminación de la cita previa en las oficinas de la Administración General del Estado.

Gracias, vicepresidente. Buenas tardes, señorías. Esta proposición no de ley pretende recuperar el concepto de una Administración pública al servicio de los ciudadanos, donde se pueda garantizar una atención presencial a los administrados que así lo pidan y donde la cita previa obligatoria no sea el requisito exclusivo para quienes quieran ser atendidos presencialmente en la Administración. Y lo primero que queremos poner de manifiesto es lo que no dice esta iniciativa. Esta no es una propuesta contra la cita previa como instrumento organizativo, simplemente rechazamos su imposición obligatoria cuando se convierte en una barrera de acceso.

Señorías, la Administración existe para dar servicio a los administrados, y si no pueden ser atendidos porque una web no funciona, porque no hay citas disponibles o porque el sistema les obliga a esperar semanas, el problema ya no es solo administrativo, es un problema de calado democrático. España está viviendo el permanente deterioro de la capacidad de gestión del Estado: deterioro de infraestructuras, fallos coyunturales que ya son estructurales, servicios públicos tensionados, procedimientos que no avanzan y una Administración que está frenando avances en la sociedad. Y, señorías, los españoles merecen un Gobierno que empiece ya a ocuparse de ellos. No merecen un Gobierno que está destrozando los servicios públicos, no merecen un Gobierno que agoniza, no merecen un Gobierno que está más pendiente de los informes de la UDEF o de la UCO sobre la corrupción del PSOE y las joyas de Zapatero que de arreglar los problemas que atenazan a nuestro país; no lo merecen. (Aplausos).

La cita previa obligatoria es un símbolo perfecto de esta deriva. Nació como una herramienta excepcional en la pandemia, pero el Gobierno la ha convertido en una barrera ordinaria, de provisional a permanente, de algo organizativo a algo restrictivo, y lo que debía facilitar ha terminado impidiendo. Señorías, es inasumible que, según los últimos datos de los colegios de gestores administrativos, en un 80 % de los trámites ante la Administración central no se ofrecen citas disponibles y, cuando hay, se conceden con más de quince o veinte días de espera. Es inasumible que, por ejemplo, el servicio público de empleo esté desbordado, con 3500 efectivos menos en una década, más del 40 % de sus oficinas sin citas y un nuevo sistema informático que triplica los tiempos de tramitación. Es inasumible que la Seguridad Social acumule miles de quejas por retrasos administrativos y saturación en la gestión de expedientes y que, en paralelo, haya un mercado negro que exige hasta 100 euros por una cita. Pero es que cuestiones similares están ocurriendo en Tráfico, en la Agencia Tributaria, en los registros civiles, en la Policía para hacer el DNI o el pasaporte o en los servicios de extranjería. Todo ello es inasumible y no es un problema de los empleados públicos que trabajan con plantillas insuficientes, sistemas informáticos deficientes y una presión creciente, es el Gobierno quien carga sobre los ciudadanos y sobre los funcionarios las consecuencias de su falta de gestión. (Aplausos).

Y, como les decía antes, esta iniciativa no elimina la cita previa. Solo queremos garantizar la multicanalidad real, presencial, telefónica, digital y con cita voluntaria. Y lo pedimos bajo tres referencias normativas que ya existen. Primero, los artículos 13 y 14 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común, que reconocen el derecho de las personas físicas a elegir el canal de comunicación con la Administración y en ningún caso —‌repito, en ningún caso— establecen que la cita previa sea obligatoria. La segunda, el artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el derecho a una buena Administración, la que atiende sin demoras, la que escucha al ciudadano y la que responde motivadamente, y no como la actual, que no da cita, la da tarde o remite al ciudadano a una web colapsada. Y la tercera referencia normativa es la propia Constitución, cuyo artículo 9.2 obliga a los poderes públicos a remover los obstáculos que impidan o dificulten la plenitud de los derechos, y la cita previa obligatoria es precisamente un obstáculo de la propia Administración. Por tanto, tres normas que acreditan que no hay que hacer nuevas modificaciones normativas.

Y, miren, también tenemos que traer esto aquí porque el Gobierno ya prometió resolverlo y no lo han hecho. Hace más de dos años que el ministro Escrivá se comprometió a ello, pero parece ser que estaba más ocupado atendiendo sin cita previa a Zapatero (aplausos.—Una señora diputada: ¡Muy bien!) para hacer desaparecer presuntamente las deudas que tenía la aerolínea Plus Ultra que centrado en eliminar la cita previa a una familia vulnerable que necesitaba un papel para acceder a una ayuda para subsistir; esto es un puro ejercicio de socialismo. Pero es que después ha llegado Óscar López y no ha hecho nada tampoco sobre este tema, porque solamente está ocupado poniendo tuits para defender a la mujer de Pedro Sánchez o a Zapatero, cosa que le va a servir de poco, porque será el enésimo ministro defenestrado por Sánchez. Y es que todo el mundo sabe que a López los madrileños, en un año le van a colocar, sin que pida cita previa, en una plaza para la oposición en la Asamblea de Madrid; ahí es donde va a estar. (Aplausos).

Miren, el problema de todo esto son quienes están pagando este despropósito del Gobierno: las personas mayores que no saben manejar Internet, los ciudadanos afectados por la brecha digital o por la mala conectividad que afecta a miles de pueblos en España, los trabajadores que no pueden perder toda una mañana en pedir cita previa, los autónomos y profesionales que tienen que resolver trámites con inmediatez para poder seguir subsistiendo o las familias que dependen siempre de prestaciones, autorizaciones, certificados o trámites esenciales.

Por ello, pedimos el apoyo a esta iniciativa, porque la cita previa puede ser una herramienta, pero no debe ser una barrera; porque la Administración no puede exigir al ciudadano una cita previa que es incapaz de ofrecer; porque una web colapsada no puede impedir que un ciudadano ejerza sus derechos; y porque el Gobierno debe revertir una medida que fue excepcional, como fueron en su momento las mascarillas o la distancia social.

Señorías, modernizar no es cerrar ventanillas, modernizar es atender mejor. Y no es el ciudadano el que debe estar al servicio de la Administración, es la Administración la que debe estar al servicio del ciudadano. Esto no va de ideologías, va de gestión, va de derechos y va de respeto a los ciudadanos, pero es algo que creo que no quieren hacer. Y como parece que no es que no quieran, sino que no saben, échense a un lado, denles la voz a los españoles y dejen que ellos decidan si prefieren las sobrinas de Ábalos, las prostitutas de Koldo, las chistorras de Cerdán o las joyas de Zapatero, o si realmente lo que quieren es un Gobierno que se ocupe de sus problemas. Convoquen elecciones, que no hará falta una cita previa para obtener la respuesta que se merecen.

Muchas gracias. (Aplausos.—Varios señores diputados: ¡Muy bien!)

Con la venia de la Presidencia. Señorías, la iniciativa que nos trae hoy a debate el Grupo Parlamentario Popular trata, como ya ha dicho su portavoz, de eliminar la exigencia de la cita previa como requisito exclusivo para la atención presencial en las oficinas de la Administración General del Estado, garantizando la atención al ciudadano con o sin cita previa y manteniendo este sistema con carácter voluntario como instrumento de organización del servicio. El informe del Defensor del Pueblo referente al ejercicio 2023 señalaba expresamente que, entre los principales problemas que afectan hoy a la Administración pública, se encuentran los derivados de la cita previa y la saturación en la atención a la ciudadanía por parte de las Administraciones y los servicios públicos. Así, el informe recogía que la pervivencia de estos sistemas con carácter general u obligatorio se traduce en deficiencias en la atención y la asistencia que las Administraciones públicas están obligadas a prestar para atender sus obligaciones legales. Los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y CSIF, hace un par de años, firmaron un comunicado conjunto en el que, de alguna manera, venían a recoger lo que había dicho el Defensor del Pueblo y añadían que la situación afecta a la gratuidad del procedimiento administrativo, pues muchos se ven abocados a la contratación de servicios de asesoría para poder realizar con éxito sus trámites administrativos. Y, señorías, ya es difícil que Comisiones y UGT critiquen a este Gobierno corrupto entre mariscada y mariscada, pero se pusieron de acuerdo y lo hicieron. (Aplausos). Yo les voy a poner un ejemplo que ha ocurrido recientemente en Santander, donde yo resido. Una funcionaria del Gobierno de Cantabria, compañera mía de cuerpo —d‌ e cuerpo profesional—, se jubila el mes que viene. La llamaron de la Dirección General de Función Pública del Gobierno para darle un papel y le dijeron: tienes que ir con este papel al INSS y llevar el libro de familia por el tema del incremento por la brecha de género, para el tema de los hijos que hayas tenido y demás. Pues, una mañana se fue a las oficinas del INSS de Santander y le dijeron que no la atendían porque no tenía cita previa. Según ella, no había más de cuatro o cinco personas en la oficina. Entonces dijo: Bueno, pues espero un poco o vengo mañana, denme cita para otro día. No, no —l‌e dijeron—, tiene que solicitar la cita por teléfono o mejor aún, por la página web. Total, que se volvió a trabajar, se metió en la página web y no había posibilidad de obtener cita para la oficina de Santander. La remitían a las oficinas de Santoña, Castro Urdiales o San Vicente de la Barquera; es decir, la más cercana, a más de 40 kilómetros de Santander. Entonces empezó a llamar por teléfono a los dos números que le habían facilitado. Por cierto, quien te atiende es una máquina, no una persona. Cuando da el documento nacional de identidad y demás y solicita que sea para la oficina de Santander, la máquina le dice que no puede hacerlo y que lo haga a través de la página web. Con lo cual, volvió a la página web y así estuvo varios días, mañana, tarde y noche, y la página web le remitía a Santoña, Castro Urdiales o San Vicente de la Barquera. Volvió a la oficina del INSS presencialmente a decir: Oiga, mire, vivo en Santander y quiero cita en Santander y me ocurre esto, los teléfonos me remiten a la página web y la página web me manda a Santoña, Castro Urdiales o San Vicente de la Barquera. Bueno, se encogieron de hombros, no había otra solución y eran conscientes de que estaban colapsados los servicios. Finalmente, se tuvo que ir a Santoña, a una oficina a más de 40 kilómetros, para llevar un papel que le daba la Administración donde trabaja y el libro de familia para obtener el incremento de la pensión de jubilación por el tema de la brecha de género, por los hijos que había tenido mientras estaba en activo.

En conclusión, esto no es de recibo, y quien niegue esto, pues es como el que niega que Zapatero recogía mordidas en joyas de altísimo valor. (Aplausos).

Mi grupo es más ambicioso, va más allá y ha presentado una enmienda por la que, aparte de que se abra a todas las Administraciones públicas y no solo a la General del Estado, solicita que se inste al Gobierno a que haga las modificaciones legales precisas para que este tema quede blindado definitivamente.

Concluyo, señor presidente. Gracias a Dios, este Gobierno corrupto tiene los días contados y, en no mucho tiempo, VOX será decisivo para terminar con esta Administración del ‘vuelva a usted mañana’.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Gracias, presidente. La pandemia del COVID‑19 supuso necesariamente un cambio importante en la manera en la que los ciudadanos debían relacionarse con la Administración. Desde entonces, se ha ido recuperando el carácter voluntario y no obligatorio de la cita previa en muchas Administraciones. Pero entendemos que es necesario poner fin a la cita previa obligatoria y en ello está trabajando el Gobierno. Compartimos la necesidad de garantizar que la ciudadanía pueda acceder a los servicios públicos sin dificultades, garantizando la elección del canal de relación entre la Administración y los ciudadanos, eliminando los obstáculos que dificulten dicho ejercicio y potenciando los mecanismos de asistencia y coordinación que favorezcan el ejercicio de los derechos en condiciones de igualdad. En ello está el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Pero vamos a ser claros, este Gobierno, además de la pandemia, se encontró con una Administración heredada del Partido Popular bajo mínimos: recortes, reducción de la plantilla y no convocatoria de las plazas públicas. El PP optó por una fórmula catastrófica: a mayor demanda de servicios públicos, menor oferta de empleo público. (Aplausos). Con el Partido Popular, solo en la AGE se redujo la plantilla en 70 000 puestos de trabajo. El deterioro de los servicios públicos fue enorme y todavía seguimos sufriendo las consecuencias. Frente a esas consecuencias de políticas restrictivas, el Gobierno progresista actuó y sigue actuando. Frente a las solo 10 000 plazas anuales de media que ofertó el Partido Popular, este Gobierno ha convocado los últimos años más de 32 000 plazas anuales. El número de plazas de la oferta de empleo público de este año 2026, ya aprobada, supera las 37 000. Esa es la diferencia.

Compartimos con la proposición presentada el objetivo. No puede ser que la cita previa sea obligatoria, pero no solo en la Administración General del Estado, sino en todas las Administraciones públicas. Señor Ibáñez, estaría bien que se aplicaran ustedes el cuento donde gobiernan, en todas esas comunidades autónomas y ayuntamientos donde ustedes gobiernan. Dígame dónde han quitado la cita previa obligatoria. (Aplausos). El Gobierno está mejorando y avanzando en esa eliminación. Como ejemplo, la ampliación del horario de atención al público sin cita previa para el registro de documentación en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, la implantación de citas presenciales para dar servicio en el mismo día del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones o la atención sin cita previa a mayores de 65 años o con discapacidad motora, medida implantada por el Ministerio del Interior; actuaciones en línea con el mandato del futuro marco legal de Administración abierta y que forman parte de un proceso continuo de mejora de la atención presencial. Ahí, ahí van dirigidos los esfuerzos: a reforzar la confianza de la ciudadanía en los servicios públicos, facilitando el acceso a los mismos a través de modelos de atención a la ciudadanía personalizados, proactivos y multicanales, y fomentando la coordinación de servicios de atención a la ciudadanía.

La estrategia Consenso por una Administración Abierta, presentada el pasado mes de julio, es la hoja de ruta para transformar la Administración pública. Y en ello estamos. El Gobierno cumple el compromiso anunciado de reforzar la atención presencial, asegurar la igualdad del acceso a los servicios públicos y eliminar barreras administrativas, fundamentalmente para los colectivos más vulnerables. (Aplausos). Somos conscientes de que el uso exclusivo de sistemas telemáticos puede generar dificultades para determinadas personas, especialmente para las personas mayores, ciudadanos con discapacidad, personas sin medios digitales o residentes en zonas con menor conectividad. Coincidimos en que debemos avanzar en la supresión de las citas previas obligatorias. Por ello, hemos presentado enmiendas que creemos que mejoran y concretan el texto inicial. Así pues, decimos que no debe ser obligatoria la cita previa, pero decimos sí a la transformación de la Administración pública. Decimos sí a una Administración pública abierta, de altas capacidades y que avance en los servicios de atención personalizados. Decimos sí a una Administración dotada de suficientes recursos económicos, técnicos y humanos.

Y termino, como no puede ser de otra manera, mostrando una vez más nuestro reconocimiento a la labor fundamental que desempeñan todos los empleados públicos de nuestro país; esos empleados públicos que, con su profesionalidad, empeño y vocación, sostienen nuestros servicios públicos. A todos y a todas, gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, presidente. Señorías del Grupo Popular, nosotras vamos a apoyar, porque estamos de acuerdo, cualquier medida que sirva para garantizar que la ciudadanía pueda acceder a la Administración pública sin obstáculos ni humillaciones burocráticas. Porque la cita previa obligatoria se ha convertido demasiadas veces en un muro para miles de personas mayores que no manejan Internet; para trabajadores que no pueden pasarse semanas intentando conseguir una cita; para personas migrantes ―de eso no hablan― atrapadas en trámites interminables, o para ciudadanos y ciudadanas desesperadas ante teléfonos que nunca responden. También tenemos que decir algo muy claro, y es que el Grupo Popular no puede venir a esta Cámara a presentarse como defensor de unos servicios públicos accesibles, mientras allí donde gobiernan hacen exactamente lo contrario. El problema de fondo no es solamente la cita previa; el problema es el desmantelamiento sistemático y progresivo de lo público que ustedes están llevando a cabo e impulsando en las autonomías y en los ayuntamientos donde gobiernan. Y, si no, que nos lo digan en Andalucía, que le ha costado justamente su mayoría al señor Moreno Bonilla. La cita previa en Andalucía, sinceramente, son los padres, porque el problema es que no hay citas, ni previa ni no previa, es que no: el problema, es que no hay cita. Y yo les pregunto, ¿el problema es la cita previa o es que tienen ustedes los servicios públicos desmantelados?

Hablan también ustedes de cercanía administrativa, mientras cierran centros de atención al público, centros de atención primaria, reducen plantillas, privatizan servicios y asfixian lo público para, después, señalar justamente ese caos que ustedes mismos están generando. ¿Qué es lo que hacen siempre? Quejarse de las consecuencias de las políticas que ustedes mismos están gestionando día a día, como si eso no se debiese a su gestión, sino al azar o a un castigo divino. Y lo vemos en la sanidad, donde millones de personas sufren listas de espera insoportables, mientras el Partido Popular deriva los recursos a la privada. Pero lo vemos también en dependencia, donde familias enteras esperan ayuda durante meses y durante años. Lo vemos en educación, donde están recortando recursos públicos, mientras blindan los privilegios de la educación privada. Y, claro, lo vemos también en la Administración pública: oficinas colapsadas, personal insuficiente y ciudadanos y ciudadanas convertidas en números.

Sinceramente, cuando ustedes hablan aquí de eficiencia me da miedo. Me hs hecho a temblar porque, en su lenguaje político, eso quiere decir tijerita; eso quiere decir recortes. Cuando ustedes hablan también de modernización, me da miedo otra vez. Otra vez hay que echarse a temblar, porque lo que terminan haciendo es trasladar la carga al ciudadano para compensar la falta de inversión pública y su dejación de funciones.

Por tanto, la digitalización puede ser positiva, claro que sí, pero digitalizar no puede significar expulsar a quienes más necesitan los servicios públicos. No puede convertirse tampoco en una excusa para que quien no tenga medios, conocimientos o tiempo se quede fuera de sus derechos. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido en muchísimos ámbitos en la Administración, en la Administración de todos, y también en todas las comunidades autónomas también. Además, hay algo especialmente grave ―y ustedes lo saben perfectamente―: los sistemas saturados de cita previa han acabado generando auténtica mafia de reventa de citas, especialmente en extranjería, que se aprovechan de personas vulnerables que necesitan regularizar su situación o acceder a derechos básicos. Pero, como digo, de eso ustedes no hablan. Y eso no ocurre por casualidad; ocurre cuando se abandona la Administración y se la deja sin los recursos suficientes.

Sinceramente, sus discursos se me hacen bola. Escuchar al Partido Popular hablar de accesibilidad administrativa mientras en Andalucía aplican ―no a mí, al resto, a las 17 000 familias más ricas de Andalucía― unas rebajas fiscales solamente a las grandes fortuna, y, al mismo tiempo, están deteriorando nuestros servicios públicos, la verdad, es tremendo. Así que, de verdad, entérense, señorías del Grupo Popular, los servicios públicos no se sostienen con discursos ni sonrisas amables; se sostienen con inversión, con trabajadores suficientes y con voluntad política, no como lo hace Moreno Bonilla.

Nosotras defendemos otra idea de país: una Administración pública que acompañe, no que expulse; que atienda también presencialmente a quien lo necesite; y que garantice derechos sin convertir cada trámite en una carrera de obstáculos en cada comunidad autónoma. Y eso exige también recursos; eso necesita también empleo público y una apuesta clara por fortalecer lo común.

Termino. Aquí el verdadero debate es muy sencillo: si entendemos los servicios públicos como un derecho de la ciudadanía o como un gasto que hay que reducir, que hay que recortar, que es lo que ustedes están haciendo donde gobiernan. A ver si alguna vez hacen ustedes lo que reclaman y dejan de pedir aquí lo que no hacen donde tienen que hacerlo.

Muchas gracias. (Aplausos).

Eskerrik asko, presidente. Arratsalde on guztioi. Señorías, como conocen, la cita previa surgió inicialmente como una acción de la Administración a la ciudadanía, que no estaba obligada a relacionarse con ella electrónicamente para una mejor organización de la Administración y para una mejor atención ciudadana. Posteriormente, con la pandemia de la COVID‑19, la cita previa se convirtió en obligatoria para la atención presencial, a fin de evitar aglomeraciones que facilitaran la transmisión del virus y la propagación de la pandemia, además de estimularse la gestión virtual de trámites administrativos a quienes no estuvieran obligados a ello e incrementar la atención telefónica. Sin embargo, una vez superada la situación de crisis sanitaria, la cita previa sigue manteniéndose como obligatoria en buena parte de la Administración para realizar diferentes trámites administrativos y no ha vuelto a su naturaleza original de opción para la ciudadanía. Esto ha llevado a que el Defensor del Pueblo y otras defensorías, ante quejas ciudadanas, hayan cuestionado su existencia y, en igual sentido, la academia y distintas iniciativas parlamentarias, actuando, ciertamente, algunas Administraciones públicas en el sentido de estas recomendaciones, para revertir la situación a su naturaleza original de opción y que, ahora, se presenta en esta iniciativa, instando al Gobierno a que la Administración General del Estado actúe en igual sentido en las oficinas de atención ciudadana y registro público en que se mantenga. Nuestro grupo parlamentario apoyará esta iniciativa, puesto que la cita previa obligatoria generalizada, como requisito de atención presencial de la ciudadanía en procedimientos, registros y oficinas de atención ciudadana, no tiene habilitación legal en nuestro ordenamiento jurídico. Además, su exigencia indiscriminada ―ya se ha señalado― genera situaciones de desatención y desigualdades de acceso, sobre todo cuando la obtención de la cita no puede realizarse presencialmente y se obliga al uso telefónico o a dispositivos electrónicos, infringiéndose con este comportamiento el mismo artículo 14 de la Ley del Procedimiento Administrativo. Es preciso denunciar también que la saturación de los sistemas para solicitarla, cuando no cabe la solicitud presencial, genera un mercado alternativo de reventa de citas previas. Y todo ello, sumado, genera una percepción negativa de la Administración y de los servicios públicos. Señorías, la cita previa obligatoria generalizada para el más mínimo de los trámites en la Administración en general, una vez superada la crisis sanitaria de la COVID‑19, ha pasado a convertirse en una barrera de acceso absolutamente injustificada en la actualidad (la señora presidenta ocupa la Presidencia). Sin perjuicio de ello, también hemos de señalar que en determinados servicios públicos, como los de salud o en ciertos trámites administrativos que, por sus características o por la necesidad de ordenar los tiempos de atención, lo requieran, puede estar justificada. En la medida que la cita previa obligatoria esté generalizada, se hace preciso revertir esta situación porque está absolutamente injustificada en la actualidad. Voy finalizando, presidenta. Señorías, la Administración debe asegurar que las vías de relación con las personas estén disponibles presencial, electrónicamente y a través del resto de lugares previstos en la misma Ley del Procedimiento Administrativo, como oficinas de correo, oficinas en materia de registro y oficinas de atención ciudadana. La Administración también debe informar a la ciudadanía de estas vías en cada procedimiento de forma clara, evitando que la cita previa se mantenga o convierta en un requisito general de acceso, como ocurre actualmente en muchos servicios públicos. Nada más. Muchas gracias.

Arratsalde on. Buenas tardes. Señorías, más allá del discurso catastrofista que ha hecho el portavoz del Grupo Popular, intentando además introducir elementos de actualidad en su discurso, que sospecho que no pasarán a los anales del parlamentarismo, señor Ibáñez, la realidad es que en ocasiones existe una dificultad en el acceso de la ciudadanía a la Administración. Es cierto que en algunas ocasiones ese acceso se convierte en una carrera de obstáculos, en una yincana, en la cual el ciudadano queda indefenso. Contrariamente a lo que decía el portavoz del Grupo Popular, no creemos que la cita previa sea una barrera; es más, creemos que la cita previa es un instrumento eficaz tanto para la ciudadanía, que no tiene que esperar largas horas físicamente en un lugar para poder acceder a la Administración, como para los funcionarios y las funcionarias, lo que hace que la Administración sea más eficaz. ¿Qué ocurre? También es cierto que, en algunas ocasiones ―las menos―, esa cita previa se convierte en algo imposible. Como bien señalaba la portavoz de Podemos, existe ya desde hace años un problema de reventa de citas, especialmente en lo relativo en materia de extranjería, ante el cual los diferentes Gobiernos ―porque esto ya dura varias legislaturas― no ha sido capaces de resolver. Esto ha permitido la aparición de grupos criminales que venden en un mercado negro esas citas previas. Las dificultades en el acceso a la cita previa vienen en ocasiones por ese colapso, por esa inexistencia y también ―se ha señalado en la iniciativa― por eso que llaman brecha digital. Hay personas en muchos casos vulnerables; personas que, por una cuestión de edad o por incapacidad para acceder al mundo digital, quedan desprotegidas. Por ello, una de las cuestiones que hay que abordar, existiendo esa cita previa, que ya decimos que nos parece un instrumento eficaz, es cómo se buscan sistemas alternativos para no dejar desprotegidos y desprotegidas a esas personas en su acceso a la Administración. Consideramos, por tanto, que más allá de la cita previa se deben tomar medidas adicionales, algo que echamos en falta en su actuación. Hay que ir más allá y, desde un planteamiento propositivo, creemos que hay que solicitar a la Administración, en este caso a la Administración central, el refuerzo de las plantillas. De igual forma, hay que mejorar los sistemas informáticos, hacerlos más intuitivos para aquellas personas que tienen dificultades, para que puedan acceder a ellos; asimismo, hay que impedir la captura y reventa de citas, que es un problema real a día de hoy; y, como decía anteriormente, abrir canales alternativos para que esas personas que tienen dificultades en el acceso a esas citas, por desconocimiento, por edad o por otros motivos, no se vean impedidas para contactar y acceder a la Administración. Desde nuestro punto de vista no se trata tanto de elegir entre eficiencia y derechos, se trata de entender que una Administración eficiente es aquella que garantiza los derechos de manera activa y accesible para toda la ciudadanía. Sin más, muchas gracias.

Molt bona tarda, presidenta, senyories. La cita prèvia és un desastre, un desastre innecessari. No és tremendisme, és la realitat de molts ciutadans que el govern socialista sembla viure d’esquena. L’OCU constata que per centenars de milers de ciutadans la cita prèvia ha esdevingut una barrera per accedir a l’Administració i resoldre els seus problemes: la pensió per jubilació, la prestació de l’atur, les baixes laborals, els permisos de maternitat, permisos i prestacions de tot tipus es veuen dificultats en perjudici del dret dels ciutadans de rebre una atenció adequada. El que va néixer com una mesura excepcional en temps de pandèmia ha passat a ser un filtre al servei, no dels ciutadans, sinó al servei de l’Administració, que impedeix l’accés igualitari als serveis essencials. La Generalitat de Catalunya ha eliminat l’obligatorietat de la cita prèvia. Aquesta és la línia que nosaltres considerem correcta. Qualsevol ciutadà que necessiti fer una gestió ho ha de poder fer directament, sense tràmits afegits, per molt còmodes que aquests siguin per a l’Administració. Per tant, la nostra posició és clara: la cita prèvia no pot ser l’única porta d’entrada a l’Administració. Ho defensem a l’Administració catalana i també, naturalment, a totes les altres administracions amb les que es relacionen els ciutadans catalans, inclosa, a hores d’ara, i esperem que per no gaire, l’Administració General de l’Estat.

La cita prèvia no ha funcionat. Es queixen els ciutadans, es queixen les associacions de consumidors i també ho fan institucions com el Síndic de Greuges, el Defensor del Poble. En primer lloc, genera una escletxa digital que comporta una exclusió. Per això, des de Junts per Catalunya defensem la creació d’una oficina d’atenció digital, pensada sobretot per la gent gran i les persones amb dificultats per moure’s en entorns digitals. En segon lloc, col·lapse, dificultats per trobar hora, per tant, retards de setmanes o fins i tot de mesos, molts d’ells innecessaris perquè es podrien resoldre, per exemple, amb una atenció personal puntual, al moment. Fins i tot improvisada i, en conseqüència, indefensió, inseguretat jurídica i, fins i tot, pèrdua efectiva de drets.

Les persones no poden quedar abandonades darrere una pantalla. Una administració moderna i eficient ha de garantir una resposta accessible, propera i sobretot, eficaç. És a dir, immediata, sense mediacions ni dilacions innecessàries. Cal tornar a posar el focus en el servei a l’atenció a les persones, i això també vol dir en els autònoms, en les empreses. Per això hem registrat al Senat una proposició de llei sobre simplificació i racionalitat dels tràmits ciutadans que elimini duplicitats i que no exigeixi al ciutadà la informació de la que l’Administració ja disposa. Que faciliti tràmits digitals per a la renovació de permisos i certificats i que prevegi una atenció personal amb canals alternatius d’assistència i acompanyament per a les persones que ho necessiten. Per acabar, no podem perdre de vista els problemes estructurals de l’Administració. L’excés de burocràcia, mala gestió, manca de recursos i, molt especialment, manca de personal.

Senyories del PSOE, els recordo que el seu Govern té per mandat europeu l’obligació de resoldre la situació de centenars de milers de persones interines de treballadors públics en abús de temporalitat. Una situació que afecta directament la seva vida, la seva estabilitat laboral, però que repercuteix, com no pot ser d’altra manera, en la qualitat dels serveis públics. El desastre burocràtic afecta les persones. Per exemple, a Catalunya s’acumulen més de 38 000 persones en llista d’espera de la dependència, amb una espera mitjana de 275 dies.

El desastre burocràtic també ofega els autònoms i les empreses i, per tant, el teixit productiu, la riquesa i l’economia del nostre país. Fa poc, un estudi fixava en 5500 euros per treballador a l’any el cost en tasques administratives. Això vol dir hores i hores de paperassa o de tràmits digitals, que és el mateix que no es destinen a produir, que és el que voldrien precisament els treballadors, els autònoms i els empresaris per resoldre aquest desastre burocràtic, aquest desastre administratiu, cal voluntat política. El PSOE, en contra de la majoria d’aquesta cambra, ha tingut aquesta voluntat política per a la regularització extraordinària de centenars de milers d’immigrants. Els ajuntaments socialistes s’han reorganitzat per fer‑hi front. Han previst orientació i acompanyament per a aquestes persones. Han facilitat els tràmits d’empadronament i de vulnerabilitat. Han eliminat la cita prèvia i han habilitat espais nous: fins a 4, Barcelona, com el pavelló firal; 2 de la Fira de Barcelona a Montjuïc. Lamentablement, no veiem la mateixa intensitat per ajudar a les persones necessitades de dependència o a les empreses, ni tampoc per resoldre el problema dels interins.

Moltes gràcies.

Muy buenas tardes. Presidenta, señorías, la cita previa es un desastre innecesario. No es tremendismo, es la realidad de muchos ciudadanos, ante la que el Gobierno socialista parece ir de espaldas. La OCU constata que para miles de ciudadanos esta cita previa ha sido una barrera para acceder a la Administración y resolver sus problemas: la pensión de jubilación, la prestación del paro, las bajas laborales, los permisos de maternidad…, permisos y prestaciones de todo tipo se ven dificultados en perjuicio del derecho de los ciudadanos a recibir una atención adecuada. Lo que nació como una medida excepcional en momentos de pandemia, ha pasado a ser un filtro al servicio no de los ciudadanos, sino al servicio de la Administración, que impide el acceso igualitario a los servicios esenciales.

La Generalitat de Cataluña ha eliminado la obligatoriedad de la cita previa. Esta es la línea que nosotros consideramos correcta. Cualquier ciudadano que necesite hacer una gestión lo tiene que poder hacer directamente, sin trámites añadidos, por muy cómodos que estos sean para la Administración. Por ello, nuestra posición es clara. La cita previa no puede ser la única puerta de entrada de la Administración. Lo defendemos en la Administración catalana y también, naturalmente, en todas las otras administraciones con las que se relacionan los ciudadanos catalanes, incluida a estas alturas, y esperamos que durante no mucho tiempo, la Administración General del Estado.

La cita previa no ha funcionado. Se quejan los ciudadanos, se quejan las asociaciones de consumidores y también lo hacen instituciones como el Síndic de Greuges o el Defensor del Pueblo. En primer lugar, genera una brecha que genera exclusión. Por ello, en Junts per Catalunya defendemos la creación de una oficina de defensa digital pensada para personas mayores y personas con dificultad para moverse en entornos digitales. En segundo lugar, colapso, dificultades para encontrar cita, atrasos de semanas e incluso meses, muchos de ellos innecesarios porque se podían resolver, por ejemplo, con una atención personal puntual, en el momento e incluso improvisada. En consecuencia: indefensión, inseguridad jurídica e incluso pérdida efectiva de derechos

Las personas no pueden quedar abandonadas detrás de una pantalla. Una Administración moderna y eficiente tiene que garantizar una respuesta accesible, cercana y, sobre todo, eficaz; es decir, inmediata, sin mediaciones ni dilaciones innecesarias. Hay que volver a poner el foco en la atención a las personas y esto también quiere decir en los autónomos y en las empresas. Por ello, hemos registrado en el Senado una proposición de ley sobre simplificación y racionalidad de los trámites ciudadanos, que elimine duplicidades y que no exija al ciudadano la información de la que la Administración ya dispone, que facilite trámites digitales para la renovación de permisos y certificados y que prevea una atención personal con canales alternativos de asistencia y de acompañamiento para las personas que lo necesiten. Para terminar, no podemos perder de vista los problemas estructurales de la Administración: exceso de burocracia, mala gestión, falta de recursos y, muy especialmente, falta de personal.

Señorías del PSOE, les recuerdo que su Gobierno tiene, por mandato europeo, la obligación de resolver la situación de centenares de miles de personas interinas, de trabajadores públicos en abuso de temporalidad, una situación que afecta directamente a su vida y su estabilidad laboral, pero que repercute, como no puede ser de otra forma, en la calidad de los servicios públicos. El desastre burocrático afecta a las personas. Por ejemplo, en Cataluña se acumulan más de 38 000 personas en lista de espera de la dependencia, con una espera media de 275 días.

El desastre burocrático también ahoga a los autónomos y a las empresas, y, por ello, al tejido productivo, la riqueza, la economía de nuestro país. Hace poco, un estudio fijaba en 5500 euros por trabajador el coste en tareas administrativas. Esto quiere decir horas y horas de papeleo ―o de trámites digitales, que es lo mismo― que no se destinan a producir, que es lo que querían precisamente los trabajadores, los autónomos y los empresarios. Para resolver este desastre burocrático, este desastre administrativo, se necesita voluntad política. El PSOE, en contra de la mayoría de esta Cámara, ha tenido esta voluntad política para la regularización extraordinaria de centenares de miles de inmigrantes. Los ayuntamientos socialistas se han reorganizado para hacerle frente. Han previsto la orientación y el acompañamiento para estas personas. Han facilitado los trámites de empadronamiento y han eliminado la cita previa y habilitado espacios nuevo ―hasta cuatro en Barcelona―, como el pabellón final 2 de la Feria de Barcelona en Montjuic. Lamentablemente, no vemos la misma intensidad para ayudar a las personas necesitadas de dependencia o a las empresas, ni tampoco para resolver el problema de los interinos.

Muchas gracias.

Gràcies, presidenta. Molt bona tarda a totes i a tots. No puc deixar de començar, presidenta, sense assenyalar un fet que no per inusual, és estrany, sinó que el Partit Popular, en la boca del senyor Bermúdez de Castro, avui ha tingut el morro de dir‑nos o de donar‑nos certes lliçons de democràcia. Això, de fet, per part del Partit Popular no ens hauria d’estranyar. Però vull dir, des d’aquesta tribuna, que el fet que el Partit Popular intenti alliçonar Esquerra Republicana de Catalunya, en qüestió de democràcia, és extremadament insultant. Vostès, senyories del Partit Popular, que porten dècades de corrupció, dècades de finançament irregular, de sobresous i de condemnes judicials, i d’altres que estan a l’espera, ens venen a donar de veritat lliçons de democràcia? Vostès, els mateixos i les mateixes que van utilitzar les institucions públiques per tapar manta de responsabilitats públiques i, a més a més, perseguir la dissidència política. Vostès el que tenen és més morro que un elefant amb trompeta. Així de clar. Més morro que un elefant amb trompeta! Assumeixin el seu historial senyories del Partit Popular i deixin de repartir carnets de bons o mals demòcrates, almenys a aquells i aquelles que portem anys militant en un partit amb 95 anys d’història sense un cas de corrupció. I dit això, i parlant de la cita prèvia, mirin, l’Administració no pot de cap manera substituir els drets per pantalles. Això és una evidència i malgrat que compartim part d’aquest diagnòstic de la proposició no de llei, si parlem en plata, és evident que qualsevol dels electes que avui estan en aquesta sala —i‌ els que deuen estar amb el senyor Bermúdez fent el cafè—, saben perfectament que els ciutadans i ciutadanes d’aquest país estan desesperats, que estan desesperades per obtenir una cita amb l’Administració. A ningú se li escapa tampoc, que hi ha persones grans i òbviament d’edat avançada que són directament expulsades de l’Administració perquè no dominen les eines digitals o desenes i desenes de persones vulnerables atrapades amb bucles telefònics i pàgines web, sempre col·lapsades. En definitiva, el sistema actual de cita prèvia està generant, i no és una novetat, doncs, greus problemes d’accés a l’Administració Pública. De fet, ha esdevingut, cal dir‑ho, un mur administratiu i ha degradat el dret a la ciutadania a ser atesa. De fet, des del Grup Republicà ho hem denunciat moltes vegades. Ho hem fet reiteradament. Ho hem fet especialment en àmbits com l’àmbit d’estrangeria o el SEPE o les comissaries de policia. Aconseguir una cita prèvia és pràcticament impossible en molts casos, i això, ho tornem a dir alt i clar, afecta els drets bàsics de la ciutadania. Ara bé, eliminar la cita prèvia de manera genèrica i sense alternatives ni recursos suficients, doncs mirin, no resol el problema. El risc de substituir un col·lapse per un altre col·lapse no té cap sentit. Cal recordar que la cita prèvia, ben gestionada, també compleix una funció organitzativa important. Això no ens n’hem d’oblidar. Evita cues innecessàries, permet planificar recursos, redueix temps d’espera i facilita o hauria de facilitar una millor atenció presencial. Però el problema actual i el problema real és la manca de personal. S’ha dit, no només la manca de personal, sinó també la saturació dels serveis i la insuficiència de places disponibles. És imperatiu, senyories, ampliar les plantilles i fer molt més eficients els diferents mecanismes de gestió. I això, aquesta proposició no de llei, no ens ho explica. També és important, i vaig acabant presidenta, recordar la Llei 39/2015. Una llei que no obliga les persones físiques a relacionar‑se electrònicament amb l’Administració i per tant, l’Administració és qui ha de garantir vies presencials, reals i accessibles cap a la ciutadania. Però això no implica eliminar qualsevol sistema d’organització prèvia. El que cal, doncs, és garantir l’atenció presencial sense exclusió digital. Mantenir vies d’accés sense cita prèvia per a casos urgents i, sobretot, per a casos vulnerables. Ampliar el personal i els recursos, obrir més franges de cites, combatre les màfies de revenda de cites sobretot, i implementar sistemes transparents i eficients de reserva. Podem coincidir, doncs, amb la necessitat de reformular profundament el model actual, però no amb una eliminació, tal i com plantegen indiscriminada de la cita prèvia, sense planificació, sense garanties de reforç, tampoc dels serveis públics.

La ciutadania, senyories, no necessita més caos administratiu, ja en té prou. Necessita una Administració accessible, eficient i, evidentment, també amb recursos eficients. En definitiva, una administració que ha substituït drets per pantalles, com deia, i quan l’Administració —i‌ acabo ara sí, presidenta,— obliga a la ciutadania a suplicar una cita i a suplicar —‌atenció amb el verb—per exercir un dret, el problema ja no és un problema burocràtic, senyories. El problema, dedicat al senyor Bermúdez de Castro, és un problema democràtic.

Moltes gràcies.

Gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todas y a todos No puedo empezar, presidenta, sin señalar un hecho que no por inusual es raro, y es que el Partido Popular, en boca del señor Bermúdez de Castro, hoy ha tenido el morro de darnos ciertas lecciones de democracia. Esto, de hecho, por parte del Partido Popular no nos tendría que extrañar. Pero quiero decir desde este atril que resulta extremadamente insultante que el Partido Popular pretenda dar lecciones a Esquerra Republicana de Cataluña en materia de democracia. Ustedes, señorías del Partido Popular, que llevan décadas de corrupción, décadas de financiación irregular, de sobresueldos y de condenas judiciales, y otros que están en la espera, ¿de verdad nos vienen a dar lecciones sobre democracia? Ustedes, los mismos y las mismas que utilizaron las instituciones públicas para tapar grandes responsabilidades públicas y encima perseguir la disidencia política. Ustedes lo que tienen es más morro que un elefante con trompeta, así de claro. (Aplausos). Más morro que un elefante con trompeta. Asuman su historial, señorías del Partido Popular, y dejen de repartir carnets de buenos o malos demócratas, al menos a aquellos que llevamos años militando en un partido con noventa y cinco años de historia sin un caso de corrupción. Dicho esto, y hablando de la cita previa, la Administración no puede de ningún modo sustituir los derechos por pantallas. Esto es una evidencia. Y a pesar de que compartimos parte de este diagnóstico de la proposición no de ley, si hablamos en plata es evidente que cualquiera de los electos que hoy están en esta sala ―y los que deben estar con el señor Bermúdez tomando café― saben perfectamente que los ciudadanos y las ciudadanas de este país están desesperados por obtener una cita con la Administración. A nadie se le escapa tampoco que hay personas mayores y de edad avanzada que son directamente expulsadas de la Administración porque no dominan las herramientas digitales, o decenas y decenas de personas vulnerables atrapadas en bucles telefónicos y páginas web siempre colapsadas. En definitiva, el sistema actual de cita previa está generando ―y no es una novedad― graves problemas de acceso a la Administración pública. De hecho, se ha convertido ―hay que decirlo― en un muro administrativo y ha degradado el derecho de la ciudadanía a ser atendida. En el Grupo Republicano lo hemos denunciado muchas veces; lo hemos hecho reiteradamente, especialmente en ámbitos como el de extranjería o el SEPE o las comisarías de policía. Conseguir cita previa es prácticamente imposible en muchos casos. Y esto lo volvemos a decir alto y claro: afecta a los derechos básicos de la ciudadanía. Ahora bien, eliminar la cita previa de manera genérica y hacerlo sin alternativas ni recursos suficientes, oigan, no resuelve el problema. El riesgo de sustituir un colapso por otro colapso no tiene ningún sentido. Hay que recordar que la cita previa bien gestionada también cumple una función organizativa importante. De esto no tenemos que olvidarnos: evita colas innecesarias, permite planificar recursos, reduce tiempo de espera y facilita, o debería facilitar, una mejor atención presencial. El problema actual y el problema real es la falta de personal, se ha dicho; pero no solo la falta de personal, sino también la saturación de los servicios y la insuficiencia de plazas disponibles. Es imperativo, señorías, ampliar las plantillas y hacer mucho más eficientes los distintos mecanismos de gestión, y esta proposición no de ley no nos lo explica.

También es importante, y voy terminando, presidenta, la Ley 39/2015, una ley que no obliga a las personas físicas a relacionarse electrónicamente con la Administración. Por ello, la Administración es quien tiene que garantizar vías presenciales reales y accesibles para la ciudadanía. Pero esto no implica eliminar cualquier sistema de organización previa. Lo que es necesario es garantizar la atención presencial sin exclusión digital; mantener vías de acceso sin cita previa para casos urgentes y, sobre todo, para casos vulnerables; ampliar el personal y los recursos; abrir más franjas de citas; combatir las mafias de reventa de citas, y, especialmente, implementar sistemas transparentes y eficientes de reserva. Podemos coincidir, pues, en la necesidad de reformular profundamente el modelo actual, pero no en una eliminación indiscriminada, tal y como plantean, de la cita previa, sin planificar, sin garantías de refuerzo tampoco de los servicios públicos.

La ciudadanía, señorías, no necesita más caos administrativo; ya tiene suficiente. Necesita una Administración accesible, eficiente y, evidentemente, también con recursos eficientes. En definitiva, la Administración ha sustituido derechos por pantallas, como decía. Y cuando la Administración ―y ahora sí termino, presidenta― obliga a la ciudadanía a suplicar una cita ―digo aquí suplicar, cuidado con el verbo suplicar― por ejercer un derecho, el problema ya no es un problema burocrático, señorías, el problema ―dedicado al señor Bermúdez de Castro― es un problema democrático.

Muchas gracias. (Aplausos).

Presidenta. Buenas tardes, señorías. El Grupo Popular nos trae una PNL en la que en sus puntos de acuerdo propone, en primer lugar, eliminar la obligatoriedad de la cita previa como requisito exclusivo para la atención presencial; en segundo lugar, garantizar la atención presencial a cualquier ciudadano que lo solicite con o sin cita previa, y, en tercer y último lugar, la adopción de medidas organizativas para compatibilizar la atención presencial, la telemática y la cita previa voluntaria. La cita previa como sistema de gestión de la atención a la ciudadanía no está contemplada de forma explícita en ninguna norma como tampoco existe una sola norma que explícitamente la prohíba porque no es más que una herramienta de gestión que las Administraciones están obligadas a configurar en su extensión, forma y límites siempre equilibrando la coexistencia de los principios de eficiencia y eficacia en la asignación de recursos con la efectividad de derechos y garantías de la ciudadanía. Como ha dicho de manera reiterada el Tribunal Supremo, si bien el interés general pertenece a la ciudadanía, es la Administración la que lo debe gestionar encontrando la adecuada ponderación entre medios y necesidades. Del examen de la normativa se puede llegar a la conclusión de que ningún sistema de gestión de atención personal a la ciudadanía es en sí mismo acorde o contrario a una norma, sino que será necesario analizar las características y resultados de ese sistema para verificar si sirve o no a los principios, derechos y obligaciones contemplados por la normativa vigente. Esa normativa exige hacer efectivo el derecho a obtener información y asistencia por parte de la ciudadanía, pero dicho servicio debe realizarse de manera eficaz, ágil y eficiente. (Aplausos). Para evaluar también hay que tener en cuenta la realidad objetiva de la Administración General del Estado y esa realidad es la limitación de recursos materiales y humanos existente, y los números no pueden engañar. En enero de 2002 el número de efectivos de la AGE, excluyendo Fuerzas Armadas, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el personal al servicio de la Administración de Justicia, era de casi 299 000; en enero de 2012 el total ascendía a algo más de 285 000; en enero de 2019 era de 231 000; y en enero del 2025, 242 000. Más de 56 000 empleadas públicas menos entre 2002 y 2025.

El PP pone el punto de mira en el sistema de cita previa, pero ni el mejor sistema informático del mundo funcionará si no hay empleadas públicas al otro lado. (Aplausos). Esta es la herencia de las políticas de austeridad y tasas de reposición cero del Partido Popular a su paso por el Gobierno central. La eliminación generalizada que propone el Partido Popular no solo no resolvería los problemas existentes, sino que podría generar desorganización, colas kilométricas y desigualdades en el acceso a los servicios públicos. La clave no está en eliminar el sistema de cita previa o volver al caos de obligar a la gente a hacer colas de horas para ser atendidas en una oficina. Imaginen un 2 de mayo, con colas dando la vuelta, en las puertas de las delegaciones de Hacienda para hacer la declaración. Imaginen eso un momento. ¿Eso qué eficacia y qué eficiencia es? Ninguna. (Aplausos).

Se trata de fortalecer lo público, de que las Administraciones cuenten con los recursos materiales y humanos necesarios para poder prestar servicios públicos con estándares de calidad y eficiencia adecuados y garantizar que la prestación se realice desde el ámbito público. Está claro que hay que revisar la capacidad habilitada para citas de cada Administración pública, revisar periódicamente los catálogos de trámites que exigen cita previa para detectar aquellos para los que no es necesaria la cita previa y ser excluidos y, por supuesto, establecer las exclusiones subjetivas necesarias para poder cumplir con los derechos de toda la ciudadanía. Ciertamente, hay servicios que no están cumpliendo esos estándares mínimos ―negarlo es estar ciego―, pero también hay lugares donde se ha implementado de forma correcta y el resultado ha sido que se han reducido los tiempos de espera y se ha aumentado el tiempo de atención personalizada a cada administrado. Es decir, el sistema bien implementado funciona, funciona en todo su conjunto. No solo garantiza la eficiencia del servicio, sino que garantiza la atención a la ciudadanía.

Ya que el portavoz del Grupo Popular decía «echen a un lado, que venimos nosotras», yo quiero terminar hablando de Andalucía. Allí también está implantada la cita previa en una versión todavía más innovadora con los derechos de la ciudadanía. Casi nunca hay citas disponibles ya sea para trámites administrativos o para algo tan vital como el acceso a la atención primaria en la sanidad. La Junta de Andalucía ha diseñado aplicaciones, pero las andaluzas se encuentran siempre con la misma respuesta desesperante en la pantalla: No hay citas disponibles. ¿Cuál es la alternativa del Gobierno andaluz? Expulsa a la gente de las aplicaciones y la obliga a hacer cola en las puertas de los centros de salud desde las seis de la mañana. Vayan a cualquier pueblo de la geografía andaluza. Al amanecer encontrarán a personas enfermas, a madres y a padres, a nuestros mayores de pie en la calle helados en invierno y asfixiados en verano solo para disputarse las citas de urgencias que están disponibles día a día. ¿Ese es el modelo que quieren trasladar a la Administración General del Estado? ¿Quieren trasladar el caos de su Administración y de la sanidad andaluza a las oficinas del Estado? Sin olvidar que muchas de esas personas que atienden las ventanillas andaluzas ―y también de otras comunidades― son empleadas en abuso de temporalidad que siguen esperando a fecha de hoy una solución a la precariedad e inestabilidad que padecen. Por tanto, busquemos una solución y busquemos sistemas alternativos de gestión que garanticen la eficiencia, pero también el respeto a los derechos de la ciudadanía. (Aplausos).