Proposición de Ley de modificación de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal.

Buenas tardes, presidenta. Buenas tardes, señorías. Desde que Sánchez llegó al Gobierno, la vivienda ha pasado de ser el problema número dieciséis a constituir la principal preocupación de todos los españoles. La vivienda es su auténtica prioridad nacional. Pero un Gobierno que no entiende el problema de la vivienda es imposible que encuentre una solución. Y el problema de la vivienda es un problema de oferta. Necesitamos que se ponga más vivienda en el mercado. Sin embargo, cada año se construyen muchas menos viviendas de las que los españoles necesitan. Y si a esto unimos la huida de los españoles del mercado de alquiler, con la retirada de sus viviendas del mercado por la inseguridad jurídica que provoca este Gobierno, y la entrada ―no hay que obviarlo― de más de dos millones de personas en los últimos cuatro años, tenemos un déficit de construcción de viviendas que supera las cien mil viviendas al año. (Aplausos). Este es un dato irrebatible. Solo un aumento de la oferta provocará una bajada de los precios. Pero, desgraciadamente, las políticas del Gobierno van en una dirección contraria. Desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa el incremento de los precios ha ascendido como un cohete: en la compraventa ha ascendido un 69 % y en el alquiler un 51 %. ¡A lo mejor este era el cohete al que se refería! La ley de vivienda de Pedro Sánchez, con su intervención de precios, ha sido un absoluto fracaso. No se puede decir otra cosa. (Aplausos). Hablemos, por ejemplo, de Barcelona. Desde el inicio de la legislatura los precios del alquiler en Barcelona han aumentado más de un 27 %. Hay muchas menos viviendas en el mercado y se firman muchos menos contratos de alquiler residencial. La gente prefiere cerrar su piso o venderlo, pero no alquilarlo. Y este es un dato espeluznante: por cada anuncio de piso de alquiler en Barcelona, hay 444 solicitudes de interesados. Esto es insostenible. Es imposible superar el casting para conseguir vivienda, señorías. Hagan caso a las Cortes Generales y a las iniciativas legislativas aprobadas por el Partido Popular en ambas Cámaras sobre la vivienda, y dejen de una vez su filibusterismo legislativo y el uso de estrategias de obstrucción, como prorrogar reiteradamente los plazos de enmiendas de ciertas proposiciones de ley para congelar sine die su tramitación legislativa. (Aplausos). Como bien saben y conocen, el Tribunal Constitucional español acaba de censurar de forma unánime en una reciente sentencia, de 14 de abril, esta práctica de la anterior Mesa del Congreso, al considerar que se vulneran de manera directa los derechos fundamentales de los diputados. No solo han fracasado estrepitosamente con su política de vivienda, impidiendo que el ciudadano español pueda emanciparse, sino que impiden que las soluciones propuestas por la mayoría del Parlamento puedan ponerse en marcha, y eso no es democrático. No me hablen de democracia plena, señorías del Grupo Socialista. ¡No presuman de ella! Dejen de insultar a la inteligencia de los ciudadanos españoles. Cumplan la Constitución y cumplan las sentencias del Tribunal Constitucional. (Aplausos). Señorías del Grupo Socialista, más vivienda, más facilidades y más seguridad jurídica: eso es lo que necesita España en el asunto de la vivienda. Se trata de poner más suelo en el mercado para construir más viviendas. Nosotros, el Grupo Popular, hemos propuesto un millón de viviendas en cuatro años. Y más facilidades, digo. Hay que reducir la burocracia y los plazos de construcción de diez a cuatro años e introducir el silencio positivo, hay que facilitar el crédito al promotor, hay que facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda a través de avales y de la exoneración de impuestos en los cuatro primeros años de vida laboral, hay que reducir el IVA en obra nueva y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en segunda mano en la compra de primera vivienda y bajar ambos al 4 %, hay que establecer un beneficio fiscal del 75 % en el IRPF para los propietarios de viviendas vacías durante el primer año en que la saquen al mercado, y, como decía, mayor seguridad jurídica, aprobar de una vez por todas la ley antiokupación, que ya fue aprobada en el Senado, pero congelada en el Congreso (aplausos), y hay que crear un fondo estatal de garantía de alquiler que opere como aval para los propietarios y así vuelva la vivienda al mercado de alquiler. Estas son solo algunas de las treinta medidas imprescindibles y que se encuentran contenidas en el Plan Integral de Vivienda del Partido Popular, dado que el PSOE y sus socios de Gobierno impiden que, tras su aprobación por el Congreso y el Senado, puedan ponerse en marcha. Si no quieren gobernar, convoquen elecciones generales y dejen que el nuevo Gobierno que elijan los ciudadanos españoles lo haga. (Aplausos).

Con motivo de la crisis sanitaria y la posterior pandemia causada por el COVID en el año 2019 y el encierro ilegal al que nos sometió el Gobierno, incluido el inconstitucional cierre del Congreso, ahora hemos conocido que algunos miembros del Gobierno de Sánchez utilizaban salvoconductos para desplazar por el territorio español a las prostitutas que contrataban con el dinero de todos los españoles para celebrar francachelas y orgías; mujeres a las que posteriormente colocaban en empresas públicas, por no hablar de las comisiones por la venta de mascarillas, aunque mejor dejemos trabajar a los jueces y que establezcan la responsabilidad que a cada uno corresponda. Y en ese contexto de la crisis sanitaria del que estoy hablando, entre las pocas cosas positivas que nos trajo la pandemia está el teletrabajo y, en el caso que ahora nos ocupa, la posibilidad de celebrar juntas de propietarios de forma telemática. En España se calcula que se celebran anualmente más de un millón y medio de reuniones de comunidades de propietarios, y bajo esta forma jurídica de propiedad no podemos olvidar que se está prestando servicios al 80 % de la población y que se gestionan recursos económicos equivalentes al 4 % del PIB.

Pues bien, en esa época y debido a las limitaciones impuestas por el COVID, se paralizó el funcionamiento de las comunidades de propietarios, no pudiendo celebrarse juntas por la laguna legal que presentaba la Ley de Propiedad Horizontal, de 1960, que omitía la posibilidad de desarrollar las reuniones de forma telemática. En un mundo que avanza digitalmente y cuando la Unión Europea ha establecido entre sus prioridades la digitalización de la sociedad, entendemos que resulta imprescindible facilitar la celebración de juntas de propietarios y la adopción de acuerdos por todos los medios posibles. En este sentido, la experiencia del tiempo que estuvo en vigor el Real Decreto Ley 8/2021 permitió constatar el éxito de la asistencia a las juntas de vecinos de modo no presencial, tal y como demuestra la experiencia y los datos que nos han facilitado los colegios de administradores de fincas. (El señor vicepresidente, Rodríguez Goméz de Celis, ocupa la Presidencia). Es un hecho irrebatible que las juntas telemáticas han multiplicado la presencia de los propietarios que no residen en el edificio y han permitido conciliar la vida profesional y la familiar de aquel trabajador al que le resultaba imposible asistir por incompatibilidad de horarios, de modo que ahora puede conectarse sin necesidad de realizar desplazamientos a través de su ordenador o, incluso, de su móvil.

Pero el Partido Popular también debe pensar en todo el mundo, y, sobre todo, en aquellas personas de edad avanzada que tienen dificultad con la tecnología y a las que la imposición de una junta cien por cien telemática impediría o dificultaría enormemente su participación, por lo que, para equilibrar ambos mundos, debemos optar por la celebración de juntas de propietarios físicas y virtuales a la vez. Es lo que se llama el modelo mixto o híbrido, ya que este formato suma lo mejor de ambos entornos, porque mantiene el acceso de los vecinos mayores en el portal o en el local donde se desarrolla la junta y además abre la posibilidad de participación a los propietarios ausentes o que se encuentren trabajando. Todas son ventajas.

Por ello, humildemente, pido el voto a los 350 diputados de esta Cámara para modificar el artículo 15.1 de la Ley de Propiedad Horizontal y establecer por ley que pueda asistirse a las juntas por videoconferencia si así lo ha aprobado previamente la junta de propietarios o lo tiene incluido en sus estatutos. La digitalización, señorías, no aleja al ciudadano, sino que democratiza las comunidades de vecinos, permitiendo una toma de decisiones más inclusiva y facilitando, en suma, que el propietario que trabaje o viva fuera pueda defender su propiedad con un solo clic.

Otro cambio legislativo —‌es el segundo propuesto por el Grupo Popular en esta iniciativa— es la modificación del artículo 9.1.h) de la Ley de Propiedad Horizontal con el fin de establecer legalmente la posibilidad de designar una dirección de correo electrónico a efectos de citaciones y notificaciones de la comunidad de propietarios. El beneficio de esta modificación legislativa es inmenso, señorías: mayor inmediatez y agilidad organizativa, con la recepción en tiempo real de la notificación, así como mayor seguridad jurídica y validez legal. Si el vecino facilita su correo electrónico, es fácil entender que ese será su domicilio preferente a efectos legales. Se acabaron las excusas de que la carta no me ha llegado o me han vandalizado el buzón, dotando a las comunidades de pruebas de envío automatizadas ante posibles impugnaciones de juntas y agilizando el paso previo para reclamar a vecinos morosos, evitando en su caso la siempre engorrosa y lenta publicación en el tablón de anuncios de la comunidad, ya que la notificación previa de la deuda por email con su correspondiente acuse de recibo digital será plenamente válida. Existen pequeñas comunidades de propietarios, señorías, en las que los impagos reiterados y dolosos de uno o de dos propietarios paralizan la vida de la comunidad e impiden realizar actuaciones absolutamente urgentes y necesarias para la marcha de esa comunidad, por lo que la agilización de la reclamación de las deudas es bienvenida no solo por los administradores de fincas, sino por los propietarios cumplidores y que se encuentran al día en el pago de sus cuotas ordinarias y derramas. Se lo indico como abogado con más de treinta años de ejercicio profesional: hay comunidades absolutamente paralizadas.

En tercer lugar, otra ventaja de introducir el email es el mayor ahorro para las arcas comunitarias. Eliminamos el correo postal, reducimos costes de papelería y puede destinarse ese dinero a mejoras del edificio.

Y, en cuarto y último lugar, una mayor sostenibilidad y accesibilidad, que no podemos despreciar. Tenemos que tender hacia una comunidad de residuos cero y lograr así reducir el impacto ambiental, al eliminar toneladas de papel innecesarias.

Defender la propiedad horizontal, señorías, es también modernizarla. No podemos seguir gestionando los edificios del siglo XXI con burocracia y métodos del siglo XIX. Permitir las notificaciones por correo electrónico no solo es una medida ecológica; es una medida de eficiencia económica para las familias, que ahorran costes inútiles, y, en suma, es una herramienta de justicia rápida contra los morosos, no se nos olvide. Digitalizar la comunidad es blindar la propiedad frente a la parálisis y el fraude.

En tercer y último lugar respecto a este proceso de digitalización, desde el Grupo Popular proponemos mediante de esta proposición de ley modificar el artículo 19.1 de la Ley de Propiedad Horizontal con el fin de legalizar el libro de actas digital y que tenga plena validez jurídica. No se trata de un capricho tecnológico, señorías, ya que es un escudo de eficiencia, reducción de burocracia, transparencia, trazabilidad total e inmunidad para los ciudadanos. Con la legalización del libro de actas digital se acaban los libros perdidos, se acaban las actas manipuladas a puerta cerrada y se acaban las trabas burocráticas para la consulta de las actas, dotando a la comunidad de una mayor seguridad jurídica al sincronizar la vida comunitaria con el registro de la propiedad.

Señorías, nuevamente les pido el voto para mejorar la vida de los ciudadanos. Esta iniciativa no merece tener ni un solo voto en contra. Demos paso a comunidades de propietarios donde la información sea más accesible.

Sí, dos segundos. Demos paso a comunidades de propietarios en las que la información sea más accesible, en las que la firma de un acuerdo sea más inmediata y en las que el fraude no tenga cabida. Es hora de dar más seguridad jurídica a los propietarios, es hora de dar más agilidad y eficiencia a las comunidades y es hora de mirar al futuro con una ley de propiedad horizontal actualizada al momento que nos toca vivir. Muchas gracias a todo el mundo. (Aplausos.―Varias señoras y señores diputados: ¡Bravo! ¡Muy bien!).

Eskerrik asko, presidente. Arratsalde on guztioi. Señorías, se nos propone una iniciativa para la modificación de la Ley sobre Propiedad Horizontal a fin de que el proceso de digitalización en el que está inmersa la sociedad también alcance en algunos aspectos a las comunidades en régimen de propiedad horizontal. Nuestro grupo parlamentario valora este propósito, en términos generales, de forma positiva en cuanto a que las citaciones y notificaciones sean realizadas al propietario que así lo indique a su dirección de correo electrónico. E igual valoración positiva nos merece la reforma que posibilita, a elección de la comunidad de propietarios, que el libro de actas de los acuerdos de la junta de propietarios se lleve en formato físico, como hasta el momento presente, o en formato y soporte electrónico, conforme al modelo que apruebe en su momento la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Sin embargo, señorías, la iniciativa nos suscita algunas dudas respecto a la nueva posibilidad de asistencia a la junta de propietarios por videoconferencia, pues no se establece garantía y requisito alguno respecto a las condiciones de esta videoconferencia, cosa que sí se hizo en el Real Decreto Ley 8/2021 durante su vigencia en la pandemia, y además junto a la videoconferencia también se posibilitaba la conferencia telefónica múltiple. Por otro lado, teniendo en cuenta que la mayoría de las viviendas en España se articulan en régimen de propiedad por pisos y lonjas o propiedad horizontal y que por ello mismo las distintas comunidades de propietarios son muy diversas, lo mismo que sus propietarios, que lo son de todo origen y condición, quizás sería más conveniente no crear un derecho en el propietario que quisiera asistir a las reuniones de la junta sin posibilidad de modulación por la comunidad, bien con carácter previo a cada sesión de la junta, bien con carácter general en los estatutos de la comunidad, cosa que precisamente se considera en la exposición de motivos, pero que luego no tiene reflejo en la parte dispositiva de la iniciativa. Pues si bien fue cierto que en el periodo del 9 de mayo a 31 de diciembre de 2021 la posibilidad de participar y votar en la junta de propietarios por videoconferencia, como les decía, o por conferencia telefónica múltiple, fue una realidad aplicable a todas las comunidades de propietarios, no olvidemos, sin embargo, que lo fue en un contexto de pandemia y que se dio por prorrogado en todas las comunidades el último presupuesto anual aprobado y el nombramiento de los órganos de gobierno, así como que se suspendió la obligación de convocar y celebrar juntas de propietarios y adoptar acuerdos sobre el plan de ingresos y gastos, las cuentas correspondientes y el presupuesto anual, habilitándose la posibilidad excepcional de celebración de junta solo cuando hubieran de adoptarse acuerdos que no pudieran demorarse por ningún motivo y, en ese caso, se posibilitaba la adopción de acuerdos sin celebración de junta o, excepcionalmente, con celebración de junta con posibilidad de que, quienes no quisieran estar presencialmente para evitar contagios, participaran por videoconferencia o por conferencia múltiple, también con requisitos y garantías importantes y no solo para el asistente telemático, sino también para los presentes. Es decir, señorías ―y voy finalizando, presidente―, la experiencia telemática que se cita como precedente en la iniciativa fue muy limitada ―y solo temporalmente― como para sostener que todas las comunidades de propietarios, que agrupan ―hay que recordarlo― a dieciocho millones de viviendas en el Estado, están preparadas sin modulación y requisito alguno para que la asistencia a la junta por algún propietario pueda realizarse y votarse telemáticamente. Señorías, También tenemos que hacer notar que en la proposición de ley sobre asistencia y voto telemático en las sesiones de los órganos de gobierno de las Administraciones locales, que actualmente se encuentran en tramitación en la Cámara, distintos grupos parlamentarios hemos presentado enmiendas considerando que no todas las entidades locales del Estado, por sus tamaños y características singulares, están en condiciones para instalarlo inmediatamente y, mucho menos, sin requisitos y garantías sobre el sentido del voto, identidad del participante y su libertad para emitirlo. Señorías, finalizo. Votaremos favorablemente la toma en consideración de la iniciativa, pero consideramos que el texto, tal y como se encuentra, no debiera ver la luz en el Boletín Oficial del Estado. Nada más y muchas gracias.

Bé, molt bona tarda de nou. Junts no donarem suport a aquesta proposició de llei. No ho farem perquè el que vostès proposen forma part ja del dret civil propi de Catalunya. De fet, el nostre Codi Civil català ja permet la celebració de juntes telemàtiques i aquest és el primer problema que ens trobem. Amb aquesta proposició, un problema polític, el Partit Popular, de nou, com fan SUMAR, igual que qualsevol partit espanyol, torna a legislar com si només existís el dret civil comú. I com si les comunitats amb dret civil propi fossin una realitat secundària o directament irrellevant. Junts, òbviament, no estem en contra de facilitar reunions telemàtiques ni que es digitalitzen els llibres d’actes. Òbviament, sí ja ho fem. Però és que aquesta llei no està pensada per abordar el veritable problema que avui tenen moltes comunitats de propietaris. Problemes realment molt greus. No només aquesta simple possibilitat de celebració telemàtica de les juntes. I m’estic referint a la morositat cronificada i que es perd una oportunitat perquè parlar de fer reunions telemàtiques podent abordar un tema que realment preocupa moltíssim a la ciutadania. Comunitats que acumulen impagaments enormes durant anys, veïns que han d’assumir les despeses dels que no poden complir o que no compleixen dificultats reals per afrontar els manteniments més bàsics i els serveis comunitaris més bàsics de les comunitats. I no parlem ja de quan les comunitats han d’afrontar rehabilitacions energètiques, obres de conservació o eliminació de barreres arquitectòniques, especialment quan existeixen aquests pagaments recurrents que acaben traslladant tota la càrrega econòmica a la resta de propietaris. Fins i tot s’arriba a fer impossible fer aquest tipus de rehabilitacions o d’obres. I això sí que és un problema seriós. Això és un problema que afecta molt greument la vida diària de la nostra gent. I aquí sí que hi ha marge perquè el legislador estatal actuï en allò que efectivament és competència seva. De moment, especialment en matèria processal i d’eficàcia de mecanismes de reclamació judicial, per exemple. Però sincerament, si el Partit Popular volia abordar de debò els problemes que causats per la propietat horitzontal, doncs possiblement havia d’haver començat per aquí perquè és el problema més gordo que tenen actualment. En canvi, ens porta una reforma molt minsa. Una proposició que, no sé, jo diria que gairebé cosmètic, que de fet li ha costat uns 12 minuts i ha hagut d’estar molt parlant de les mesures i polítiques del seu partit en habitatge, passant per altres temes més escabrosos. Però la veritat és que es presenta com una solució important i el que seria una solució important és treballar contra la morositat cronificada i sobretot, el que fa el Partit Popular, en aquest cas, com moltes, com en moltes ocasions, és tornar a obviar la pluralitat nacional i la pluralitat jurídica d’aquest Estat, i concretament, en aquest cas, les competències pròpies de Catalunya, perquè ja ho tenim regulat. Junts impedirem aquesta manera de legislar centralitzadora. Ho he dit abans i ho torno a repetir: quan es vulguin conculcar competències pròpies, nosaltres farem tot el possible perquè no puguin tirar endavant. I més amb aquesta proposta que passa de puntetes per dir que no passa en el principal problema que tenen les comunitats de propietaris. Moltes gràcies.

Buenas tardes de nuevo. Junts no apoyará esta proposición de ley. No lo haremos porque lo que ustedes proponen forma parte también del derecho civil propio de Cataluña. De hecho, nuestro Código Civil catalán ya permite la celebración de juntas telemáticas. Y este es el primer problema que nos encontramos ante esta proposición, un problema político. El Partido Popular, de nuevo, como hace SUMAR y cualquier otro partido español, vuelve a legislar como si solo existiera el derecho civil común y como si las comunidades con derechos civiles propios fueran una realidad secundaria o directamente irrelevante. Junts, obviamente, no está en contra de facilitar reuniones telemáticas ni de que se digitalicen los libros de actas, evidentemente, si ya lo hacemos, pero es que esta ley no está pensada para abordar el verdadero problema que hoy tienen muchas comunidades de propietarios; problemas realmente muy graves, no solo esta simple posibilidad de celebración telemática de las juntas. Me estoy refiriendo a la morosidad cronificada y a que se pierde una oportunidad al hablar de hacer reuniones telemáticas pudiendo abordar un tema que preocupa muchísimo a la ciudadanía: comunidades que acumulan impagos enormes durante años, vecinos que tienen que asumir los gastos de los que no pueden cumplir o que no cumplen, dificultades reales para abordar los mantenimientos más sencillos y los servicios comunitarios más básicos de las comunidades. Y ni hablemos ya de cuando las comunidades tienen que enfrentarse a rehabilitaciones energéticas, obras de conservación o eliminación de barreras arquitectónicas. Especialmente cuando existen estos pagos recurrentes se acaba trasladando toda la carga económica al resto de propietarios e incluso llega a ser imposible hacer este tipo de rehabilitaciones o de obras. Este sí que es un problema serio, este es un problema que afecta gravemente a la vida diaria de nuestra gente. Y aquí sí que hay margen para que el legislador estatal actúe en aquello que efectivamente es competencia suya, especialmente en materia procesal y de eficacia de mecanismos de regulación procesal, etcétera. Pero, sinceramente, si el Partido Popular quería abordar realmente los problemas que causa la propiedad horizontal, posiblemente tendría que haber empezado por aquí, porque es el problema más gordo que tienen actualmente. En cambio, nos lleva a una reforma pequeña, a una proposición diría que quizá cosmética. De hecho, le ha costado usar los doce minutos y ha tenido que estar muchos hablando de las medidas y las políticas de su partido en vivienda, pasando por otros temas más escabrosos. Pero la verdad es que se presenta como una solución importante, y lo que sería una solución importante es trabajar contra la morosidad cronificada. Y sobre todo lo que hace el Partido Popular en este caso, como en muchas otras ocasiones, es volver a obviar la pluralidad nacional, la pluralidad jurídica de este Estado y, concretamente en este caso, las competencias propias de Cataluña, porque ya digo que lo tenemos regulado.

En Junts impediremos esta manera de legislar centralizadora, ya lo he dicho antes y lo repito. Cuando se quieran conculcar competencias propias, nosotros haremos todo lo que podamos para que no puedan tirarlo hacia adelante, y más con esta proposición que pasa de puntillas, por no decir que no pasa, por el principal problema que tienen las comunidades de propietarios.

Muchas gracias.

Bé. Bona tarda. La proposició de llei que avui ens porta el Partit Popular i debatem és ben senzilla, tot i que no li voldria restar importància. Sembla ben bé plantejada perquè vostès tenen moltíssim cupo i no sabien què fer‑ne i han de portar lleis als plens i avui han decidit portar aquesta. De fet, modifica només tres qüestions de la Llei de Propietat Horitzontal, que és incorporar les reunions per videoconferència, permetre el llibre d’actes digital i facilitar les notificacions electròniques. Una reforma administrativa que el Partit Popular presenta com una modernització necessària de les comunitats de propietaris i que a Catalunya ja fa anys que es fa perquè està reconeguda al Codi Civil. De fet, el ponent del Partit Popular s’ha passat sis minuts dels dotze parlant d’una altra cosa perquè vostè mateix sap que aquesta llei bé podria ser una disposició addicional a qualsevol altre lloc i hauríem pogut aprofitar aquesta llei per parlar d’alguna cosa més important. No seré jo qui discutirà que la tecnologia pot facilitar els tràmits o que les eines digitals poden ser útils en determinades circumstàncies, perquè, de fet, milito en la necessitat de fer menys desplaçaments per fer reunions que no requereixen en sí presencialitat. Però mentre em llegia aquesta iniciativa, jo no podia evitar pensar què estava passant fora d’aquest hemicicle aquesta mateixa setmana passada, mentre el Partit Popular, avui aquí, està preocupat perquè es puguin fer reunions de veïns telemàtiques, el fons d’inversió New Amsterdam estava fent fora de casa seva, a la Olalla i a les seves tres filles, al carrer Buenos Aires de Barcelona. New Amsterdam es dedica a saquejar Barcelona comprant blocs sencers per expulsar els veïns i veïnes per convertir‑los en pisos de coliving i llogar habitacions a 950 euros, preu que molts dels veïns i veïnes que expulsen paguen per un pis sencer. I això a vostès ja els hi sembla bé. La Olalla va ser desnonada després d’anys de lluitar per mantenir‑se a casa seva, i inclús havent aconseguit l’aprovació de la Llei de Segona Oportunitat, aquest fons que compren edificis sencers, l’ha fet fora de casa seva amb les seves tres filles menors d’edat. I la Olalla, per desgràcia, no és una excepció.

No estem parlant d’un conflicte aïllat, sinó de defensar, com dèiem la setmana passada, estar en un bloc o en un altre en el tema de l’habitatge. Estar en el bloc dels que volem que l’habitatge sigui per evitar‑lo o estar en el bloc dels que volen que l’habitatge sigui per fer negoci. I aquí la pregunta és inevitable: quina és avui la principal preocupació relacionada amb l’habitatge? Regular les videoconferències a les comunitats de propietaris o evitar que les persones com la Olalla siguin expulsades pel fons voltor de casa seva? Perquè si seguim per aquest camí, que és el que vol el PP amb l’ajuda de VOX i la connivència de Junts i la falta d’ambició del Partit Socialista, no caldrà fer reunions de propietaris perquè els propietaris dels edificis seran un fons com New Amsterdam, un sol fons, 21 pisos, i no caldrà que es reuneixi amb ningú, ni presencial ni telemàticament, perquè ho decidirà en el despatx del seu director.

Però el més greu de tot això és que això no passa només amb fons com New Amsterdam, que és greu. Això també passa i ha passat aquests dies, per exemple, a Madrid, aquí amb subhastes d’habitatges de la Sareb. El Sindicato de Inquilinas, també la setmana passada, mentre vostès redactaven això, va denunciar públicament amb una acció de pressió on va aconseguir aturar una subhasta en concret, que habitatges procedents del rescat de la Sareb, —‌amb un rescat bancari sufragat amb diners públics de la gent—, continuen entrant als circuits de mercat i d’especulació. Habitatges que podrien servir per ampliar el parc públic d’habitatge, per oferir lloguers assequibles o per donar resposta a emergències residencials, acaben convertits en oportunitats de negoci. I sincerament, és inacceptable i incomprensible.

Però tot això em sorprèn que avui el PP vulgui que dediquem a la part del debat que toca d’habitatge cada setmana a una reforma que, sent legítima, és absolutament aliena als problemes reals de la gent. Els problemes reals que hi ha aquí fora són els desnonaments a mans de fons voltor, que ni tan sols donen opció a renovar els contractes de lloguer perquè trossejant els pisos en treuen més benefici. Per cert, això passa gràcies al que Partit Socialista va vetar que la reforma de la Llei d’Habitatge la legislatura passada entressin el lloguer d’habitatge i d’habitacions i avui ens trobem amb aquest bloqueig en un congrés de dretes.

Són els fons d’inversió que acumulen habitatges que buiden barris sencers, les operacions especulatives, les vendes massives de blocs de pisos, les subhastes que converteixen habitatges que haurien de ser públics en productes financers, els preus pels núvols de compra i de lloguer que fan que no t’arribi el sou per pagar‑te ni tan sols una habitació. Aquest és el problema de l’habitatge, no si els veïns poden entrar per videoconferència en una reunió. El problema és el que ha passat amb la Olalla i les seves subhastes de la Sareb. El problema és que el seu model continua premiant l’especulació per sobre del dret a tenir un sostre per construir un futur o una família. I aquí és on hauríem de posar el focus polític, sincerament.

Moltes gràcies.

Buenas tardes. La proposición de ley que hoy nos trae el Grupo Popular y que debatimos es bien sencilla. Aunque no quisiera restarle importancia, parece planteada porque ustedes tienen mucho cupo y no saben qué hacer con él, y tienen que presentar leyes a los plenos y hoy han decidido traer esta. De hecho, modifica solo tres cuestiones de la ley sobre propiedad horizontal, que son: incorporar las reuniones por videoconferencia, permitir un libro de actas digitales y facilitar las notificaciones electrónicas; una reforma administrativa que el Partido Popular presenta como una modernización necesaria de las comunidades de propietarios y que en Cataluña ya hace años que se hace porque está reconocida en el

Código Civil. De hecho, el portavoz del Grupo Popular se ha pasado seis de los doce minutos hablando de otra cosa, porque usted mismo sabe que esta ley podría ser una disposición adicional en cualquier otro sitio. Ya podríamos haber aprovechado esta ley para hablar de alguna cosa más importante.

No seré yo quien discuta que la tecnología puede facilitar los trámites o que las herramientas digitales pueden ser útiles en determinadas circunstancias porque, de hecho, milito en la necesidad de hacer menos desplazamientos para hacer reuniones que no requieren en sí presencialidad. Pero mientras me leía esta iniciativa no podía evitar pensar qué estaba pasando fuera de este hemiciclo esta misma semana pasada. Mientras el Partido Popular hoy aquí está preocupado por que se puedan hacer reuniones de vecinos telemáticas, el fondo de inversión New Amsterdam está echando de su casa a Olalla y a sus tres hijas en la calle Buenos Aires de Barcelona. New Amsterdam se dedica a saquear Barcelona, comprando bloques enteros para expulsar a los vecinos y vecinas, para convertirlos en pisos de coliving y alquilar habitaciones a 950 euros, precio que muchos vecinos que expulsan pagan por un piso entero, y esto a ustedes les parece bien. Olalla fue desahuciada después de años de luchar para mantener su casa e incluso habiendo conseguido la aprobación de la Ley de Segunda Oportunidad. Este fondo, que compra edificios enteros, la ha echado de su casa con sus tres hijas menores de edad, y Olalla, desgraciadamente, no es una excepción.

No estamos hablando de un conflicto aislado, sino de defender, como decíamos la semana pasada, estar en un bloque o en otro, en términos de vivienda, estar en el bloque de los que queremos que la vivienda sea para ser vivida o de los que quieren que la vivienda sea para hacer negocio. Y aquí la pregunta es inevitable: ¿cuál es hoy la principal preocupación relacionada con la vivienda? ¿Regular las videoconferencias de las comunidades de propietarios o evitar que las personas como Olalla sean expulsadas por un fondo buitre de su casa? Porque si seguimos por este camino, que es lo que quiere el PP, con la ayuda de VOX y junto con Junts y la falta de ambición del Partido Socialista, no hará falta hacer reuniones de propietarios porque los propietarios de los edificios serán un fondo New Amsterdam, un único fondo, veintiún pisos, y no hará falta que se reúnan con nadie, ni presencial ni telemáticamente, porque lo decidirán en el despacho del director.

Pero lo más grave de todo esto es que esto no ocurre solo en fondos como New Amsterdam, que es grave. Esto también ocurre y ha ocurrido estos días, por ejemplo, aquí, en Madrid, con subastas de la Sareb. El Sindicato de Inquilinas, también la semana pasada, mientras ustedes redactaban esto, denunció públicamente, con una acción de presión donde consiguió parar una subasta en concreto, que viviendas procedentes del rescate de la Sareb, con un rescate bancario sufragado con dinero público, de la gente, sigan entrando en el circuito del mercado y la especulación. Viviendas que podrían servir para ampliar el parque público de vivienda, para ofrecer alquileres asequibles o para dar respuesta a emergencia residencial acaban convertidas en oportunidades de negocio y, sinceramente, es inaceptable e incomprensible.

Todo esto me sorprende, y me sorprende que el Grupo Popular hoy quiera dedicar la parte que tiene cada semana de vivienda a una parte que, a pesar de ser legítima, es evidentemente ajena a los problemas reales de la gente. Los problemas reales que tenemos son los desahucios de fondos buitre, que ni dan la opción de renovar los contratos de alquiler porque partiendo estos pisos sacan más provecho. Y esto ocurre porque el Partido Socialista votó que la reforma de la ley de vivienda de la legislatura pasada entrara en el alquiler de habitaciones, y ahora nos encontramos en este bloqueo en un congreso de derechas.

Son los fondos de inversión quienes acumulan viviendas, vacían barrios enteros, hacen operaciones especulativas, ventas masivas de bloques y ventas que convierten pisos públicos en productos financieros, con precios por las nubes de compra y de alquiler que hacen que no te llegue el sueldo ni para pagarte una sola habitación. Este es el problema de la vivienda, no si los vecinos pueden entrar en videoconferencia en una reunión. El problema es lo que ha ocurrido con Olalla y con las subastas de la Sareb. El problema es que su modelo sigue premiando la especulación por encima del derecho a tener un techo y hacer un futuro o una familia, y aquí es donde tendríamos que poner este foco político, sinceramente.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, presidente. No quiero dejar de mandar desde esta tribuna un cálido abrazo solidario a los millones de hermanas y hermanos de Colombia que votarán este domingo. Y esperamos, como cantan ellos: «Que rime con horario / el mejor salario, / que rime con primaria / la reforma agraria, / que rime con camión / la mejor pensión, / que rime con tú / la salud, / que rime con mamita / universidad gratuita, / que rime con zapato / todito más barato, / que rime con ternura / se le pone cultura, / que rime con ovario / comunitario, / y si tengo que elegir para que suceda, / tengo que encontrar que rime y que se pueda». ¡Este domingo, con Aida Quilcue y con Iván Cepeda, por Colombia y por la vida! (Aplausos). Dicho esto, el Grupo Popular nos dice que sería muy conveniente que las comunidades de vecinos se puedan comunicar ágilmente con videollamadas de forma no presencial. Pero para que esto pase, convendría asegurarse de que las políticas del Partido Popular no hayan pulverizado las comunidades de vecinos de siempre, dejando coliving de diez metros cuadrados, es decir, pisos microscópicos indecentes, cuando no pisos turísticos carísimos en manos de fondos o de grandes propietarios. ¡Qué mal pensados! ¡Cuántos prejuicios!, se nos dirá, pero no es un prejuicio, señorías, es simplemente juicio, porque hace nada el Ministerio de Consumo identificó, en el Madrid del Partido Popular, más de 15 200 pisos ilegales y tuvo que ordenarle al ayuntamiento que dejara de anunciarlos. Barra libre para los pisos turísticos, barra libre para los fondos de inversión y los grandes tenedores de vivienda, aumento súbito de los alquileres y vecinos y vecinas desahuciados en la calle. Esa ha sido la filosofía de todos los gobernantes del Partido Popular, de Esperanza Aguirre, de Ayuso, de Ignacio González, de Ana Botella, de Martínez‑Almeida, de todos, todos empleados casi directos de Blackstone, de Cerberus o ahora de Brookfield, el fondo canadiense que ahora pretende expulsar a 5000 vecinos y vecinas en Madrid. Cuando nosotros gobernábamos en Barcelona y plantamos cara a estos fondos especulativos reaccionaron con furia: más de veinte querellas, campañas difamatorias por la prensa y al final todo eso quedó en nada. En mi ciudad, en Barcelona, fueron multados y no pudieron comprar bloques de pisos enteros porque el ayuntamiento se interpuso para defender lo público. Gracias a eso y a la movilización popular, desde 2018 se limitan drásticamente las licencias turísticas para proteger a los vecinos y vecinas, para evitar subidas intempestivas del alquiler y para frenar la especulación. Donde gobierna el Partido Popular, ¿qué pasa? Hace poco el fondo canadiense Brookfield, como decía, compró 5000 viviendas originalmente de protección pública que Ana Botella, actual mujer de Aznar, malvendió a Blackstone en 2013. ¿Qué pretende hacer este fondo? Revenderlas una a una a un precio infinitamente mayor, dejando a los actuales inquilinos en la calle. Señorías, a estos fondos les da igual que sus vecinos tengan niños pequeños, personas mayores o enfermas a su cargo, porque van a por todo, a chupar la máxima sangre posible de las vecinas y vecinos en el menor tiempo posible. Los jóvenes, la gente trabajadora, la gente precaria, comienza a tenerlo cada vez más claro. Basta con constatar la rabia y determinación de las miles y miles de personas que salieron a la calle este fin de semana en Madrid y en tantas otras ciudades. Ese es el ánimo de las calles, señoría. Por eso, lleva razón Alicia del Río, la portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, cuando dice que para encontrar a los culpables de todo esto hay que mirar hacia arriba, y no al migrante, al okupa ocasional, al jubilado del costado como querría la derecha; que hay que mirar a los rentistas que acaparan vivienda para especular y maximizar sus beneficios a costa de la mayoría; que hay que mirar a esos grandes caseros que tienen terapia y estabilidad emocional mientras la mayoría tiene ansiedad y depresión por no llegar a fin de mes; que hay que mirar a esos grandes tenedores que comen en el salón mientras millones de jóvenes comen en sus cuartos porque su salón está alquilado como una habitación; que hay que mirar a esos caseros que se han divorciado y siguen adelante mientras millones siguen viviendo con sus ex porque no pueden hacer otra cosa.

De la misma manera que hay que señalar la avaricia de los rentistas, también hay que señalar la responsabilidad de los Gobiernos y de algunos jueces que actúan como guardianes de la gran propiedad, porque no se entiende, señorías, que el presidente del Gobierno reconozca que hay que intervenir el mercado y que, en cambio, la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones lleve meses parada en un cajón. (Aplausos). Porque no se entiende, señorías, que en mi ciudad, Barcelona, un Gobierno socialista en solitario esté dejando vía libre a los especuladores, a pesar de tener herramientas para frenarlos, por falta de valentía. Porque no se entiende que hace unos días, también en Barcelona, el Gobierno, en lugar de sancionar al fondo New Amsterdam Developers y de proteger a una vecina, Olalla, y a sus tres hijos, haya desplegado un operativo policial totalmente desmesurado, como si se tratara de desalojar a un gran delincuente. Si quien se dice de izquierda se comporta así, ¿cómo pretender que en las calles no cunda la decepción primero y la rabia después y que se diga que las diferencias entre las derechas y las izquierdas no son tantas y que el único camino es la desobediencia?

Por eso, señorías, hay que entender que la única manera de ser creíbles hoy es con actuaciones institucionales valientes e inmediatas que acompañen y no vayan contra la movilización que se produce en la calle. Porque, como cantaba Bad Bunny este fin de semana, somos millones los que no queremos que el capitalismo depredador haga con nuestras amigas, con nuestras hijas, con nuestras abuelas, lo que ya está haciendo con Hawái, con Madrid, con Barcelona, con Las Palmas y con tantas otras ciudades y pueblos. Como decían las calles el domingo, la avaricia rompe al barrio, los fondos roban el sueldo y desahucian. Contra la dictadura de los rentistas que nos quita la vida y la salud, nos sembraron miedo, nos crecieron garras, el momento es ahora.

Gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, presidente. Después de escuchar al señor Pisarello, no puedo ahorrarme decirle que de todo eso que ha explicado es usted directamente responsable, porque ustedes han gobernado en solitario o en coalición durante más de diez años la ciudad de Barcelona y el Gobierno de Cataluña. (Aplausos). Por lo tanto, la responsabilidad de que Barcelona sea hoy la ciudad del top ten de los okupas, de que no haya pisos de alquiler y de que, además, se haya sumido la vivienda en una inseguridad jurídica total, es de ustedes. No eluda su responsabilidad, señor Pisarello. (Aplausos). Pero no hemos venido aquí a hablar de las políticas del señor Pisarello y de su socia, la señora Colau, sino que hemos venido a hablar de lo que nos explicaba sucintamente el señor Noriega. Desde el afecto, señor Noriega, debo reconocer que pocas iniciativas me han sorprendido tanto como esta. Ha tenido que hacer un preámbulo sobre la situación de la vivienda en España porque la verdad es que la iniciativa no daba para mucho más. Mientras España atraviesa una de las etapas más graves de deterioro institucional y de corrupción política, de descrédito democrático y de descomposición moral de su Gobierno, ¿ustedes comparecen hoy aquí para presentarnos una reforma sobre videoconferencias en comunidades de vecinos y libros de actas digitales? ¿De verdad no tenían nada mejor en el archivo de sus iniciativas parlamentarias? (Aplausos). ¿No tenían nada de más calado político? La verdad es que este es el nivel. Mientras los españoles contemplan escándalo tras escándalo, mientras las instituciones están siendo utilizadas para proteger intereses políticos, mientras el Gobierno depende de socios que chantajean al Estado y sostienen su permanencia en el poder a cualquier precio, mientras la corrupción y las sospechas cercan al Ejecutivo, el Grupo Popular decide dedicar su iniciativa parlamentaria a regular juntas telemáticas de propietarios. Señor Noriega, ¿de verdad esto es de calado político? Esto no es casualidad, es una decisión política que ustedes han tomado. Me parece que es una decisión de no incomodar, de no confrontar; una decisión de ejercer una oposición burocrática inofensiva y perfectamente asumible por este Gobierno que no acaba nunca con sus escándalos. El problema de esta iniciativa no es solo su contenido, el problema es lo que simboliza: un Partido Popular resignado a administrar titulares menores mientras España se hunde en una crisis institucional sin precedentes. No seremos nosotros quienes nos neguemos a digitalizar y que la digitalización pueda resultar útil. Claro que puede facilitar reuniones, agilizar trámites y modernizar determinados procedimientos, pero pretender presentar esto como una gran prioridad legislativa en la España actual resulta casi casi grotesco, señor Noriega. (Aplausos).

Los españoles no están preocupados por si la junta de vecinos puede celebrarse por videoconferencia, no, están preocupados por la inseguridad, esa que el señor Pisarello y sus socios han creado en la ciudad de Barcelona. (Aplausos). Están preocupados por la okupación, esa que el señor Pisarello y sus socios socialistas dejan impune en la ciudad de Barcelona. Están preocupados por el acceso imposible a la vivienda ―eso pasa en cualquier lugar de España―, por la degradación de los servicios públicos, por la presión fiscal, por la corrupción política y por la sensación creciente de que las instituciones ya no protegen al ciudadano honrado, señor Noriega. Sobre todo esto podían haber presentado hoy una iniciativa parlamentaria, pero no, ustedes nos han traído una reforma de alcance mínimo limitada a permitir juntas telemáticas, comunicaciones por correo electrónico y libros de actas digitales. ¿De verdad? ¿Eso es todo, señor Noriega? ¿Es lo más importante que se les ha ocurrido? ¿Tres modificaciones técnicas menores, vendidas como si fueran la gran modernización legislativa? Pero es que, además, ni siquiera es una reforma especialmente sólida, porque esta iniciativa deja enormes dudas jurídicas y prácticas. Hablan ustedes de digitalización, pero ignoran que miles de personas mayores que siguen teniendo enormes dificultades tecnológicas pueden quedar excluidas de la participación efectiva en sus propias comunidades. Hablan de seguridad jurídica, pero no aclaran adecuadamente cómo se acreditará la identidad en las votaciones telemáticas, cómo se resolverán incidencias técnicas o cómo se evitarán impugnaciones de acuerdos. Hablan de modernización, pero trasladan cuestiones esenciales a futuros desarrollos reglamentarios, legislando prácticamente en blanco y a futuro.

Insisto, señor Noriega, el verdadero problema no es técnico. Aquí el verdadero problema es político. Lo que demuestra esta iniciativa es hasta qué punto el Partido Popular ha renunciado a ejercer una oposición firme ―que es lo que se necesita en este momento― y valiente frente a un Gobierno acorralado por los escándalos. Por eso, se negaron a participar este fin de semana en la gran manifestación organizada por la sociedad civil. (Aplausos). Ustedes tienen toda la intención de no incomodar. En lugar de impulsar iniciativas que comprometan al Ejecutivo, en lugar de forzar debates incómodos, en lugar de situar al PSOE y a sus socios ante sus contradicciones, en lugar de liderar una ofensiva política contra quienes están degradando las instituciones y corrompiendo el poder, prefieren refugiarse en reformas administrativas inocuas que no molestan a nadie.

Y eso, señor Noriega, tiene consecuencias, porque cuando un Gobierno se mantiene gracias a socios que lo apuntalan pese a los escándalos, esos socios son también cómplices, cómplices de esa corrupción y de la degradación institucional. Pero también lo es una oposición que, pudiendo plantear batalla política, decide esconderse en iniciativas irrelevantes y perfectamente compatibles con la comodidad en el sistema.

España lo que necesita es una oposición firme, una oposición que confronte, una oposición que señale responsabilidades, una oposición que no tema incomodar al poder. (Aplausos). Y lo que hoy trae aquí el Grupo Popular es exactamente lo contrario: una oposición pequeña para un problema gigantesco que tenemos hoy todos los españoles.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Gracias, presidente. Buenas tardes. Señorías del Grupo Popular, permítanme señalar que su iniciativa no viene a aportar nada nuevo, porque esta misma proposición de ley, con el mismo texto, ha sido ya objeto de debate y aprobación en el Senado. Por lo tanto, ya se encuentra en tramitación en el Congreso. (Rumores). Señorías del Grupo Popular, pueden estar pasando dos cosas, o es que ustedes no son nada originales, o más bien la segunda, que ustedes carecen de nuevas propuestas y que ustedes, una vez más, no son capaces de aportar soluciones en beneficio de las españolas y los españoles. (Aplausos). Señorías, hoy debatimos la proposición de ley de modificación de la Ley 49/1960, sobre Propiedad Horizontal, que nos trae a esta Cámara el Grupo Popular. Me gustaría resaltar, en primer lugar, que la Ley sobre Propiedad Horizontal tiene por objeto regular, entre los copropietarios de un edificio, los derechos, obligaciones y el régimen de actuación de la comunidad de propietarios, en las que más del 80 % de la población española vive, englobando la gran mayoría del parque de viviendas de nuestro país. Es cierto que la situación que vivimos con la pandemia conllevó la aprobación del Real Decreto Ley 8/2021, donde se reguló, de manera temporal, la posibilidad de realizar juntas de propietarios telemáticas y los requisitos que se deberían cumplir para que fueran válidas. Estas medidas finalizaron su vigencia en diciembre de 2021. A raíz de esto, señorías, nuestro grupo en el Congreso presentó una enmienda al proyecto de ley por la que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del PERTE en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, en la misma dirección que la planteada en la proposición de ley que está actualmente en tramitación en la Cámara. En esa enmienda, entre otras cosas, se planteaba la regularización que hoy propone en esta proposición de ley el Grupo Popular, como es, por ejemplo, la notificación electrónica a los propietarios de fincas en régimen de propiedad horizontal, la posibilidad de celebrar las juntas de forma telemática o el uso del soporte electrónico en cuanto a sustento de libros de actas. La tecnología no solo nos permite interactuar personalmente, sino que también nos sirve para gestionar actos jurídicos, entre ellos, los derivados de las relaciones de vecindad. Pues bien, el Grupo Socialista, con nuestra enmienda, propone, entre otras cosas, un cambio ambicioso de la Ley sobre Propiedad Horizontal, acorde con la realidad digital que estamos viviendo. Así, facilitamos el desarrollo de la actividad de las comunidades de propietarios, pero, también, de los administradores de fincas, porque la eficacia, la eficiencia y el acceso a la información son claves para agilizar la toma de decisiones y promover un entorno más colaborativo y participativo de los vecinos. Se garantizan también, no lo perdamos de vista, los derechos de las personas más vulnerables, atendiendo a la denominada brecha digital. Es decir, aquellos propietarios que, o bien tienen dificultad de acceso a los mecanismos digitales, o bien tienen dificultad, también, con su manejo. Señorías, les recuerdo que, durante esta legislatura, este Gobierno de España introdujo una reforma más en la Ley sobre Propiedad Horizontal, a fin de que todas las actuaciones necesarias para asegurar la accesibilidad universal de las personas con discapacidad resulten obligatorias. Este es un paso más en el desarrollo del artículo 49 de la Constitución, que dignifica la vida de las personas con discapacidad. Quiero aprovechar la ocasión para poner en valor el acuerdo del Plan Estatal de Vivienda 2026‑2030, anunciado por la ministra de Vivienda en la Conferencia Sectorial de Vivienda. Este acuerdo de país por la vivienda, que propuso el presidente del Gobierno hace un año en la conferencia presidencial de Barcelona es hoy una realidad. Miren, señorías, este es un acuerdo importante por su contenido, pero también por el poderoso mensaje que lanzamos a la ciudadanía: diferentes Administraciones de diferentes colores remando juntos para resolver el principal problema de la ciudadanía, y con el aval y el consenso de las organizaciones sindicales, sociales y empresariales. Esperamos que este acuerdo marque un punto de inflexión y que, a partir de ahora, las comunidades colaboren de forma leal con el Ministerio de Vivienda, no solo para desplegar el plan estatal, sino también para aplicar todas las medidas de la ley de vivienda que sirven para bajar los precios del alquiler y para frenar la especulación.

El Plan Estatal de Vivienda 2026‑2030 desplegará 7000 millones de euros. El 40 % irán destinados a construcción de vivienda asequible, el 30 % a rehabilitación y el 30 % restante a ayudas para hipotecas o para propietarios que pongan vivienda en alquiler asequible, entre otras. Con este Plan Estatal de Vivienda se triplican los recursos, se adoptan medidas para aumentar la oferta ―vía construcción, compra y movilización de vivienda vacía―, se blinda la protección permanente de la vivienda pública, se aplican cláusulas antifraude para que no haya escándalos como el de Alicante y se aprueban medidas para la rehabilitación en el mundo rural.

Termino, señorías, frente a las políticas del ruido de la derecha y de la ultraderecha, nosotros respondemos con diálogo, con consenso y con política útil, dando una respuesta a los verdaderos problemas que nos demandan los ciudadanos. Señorías de esta Cámara, es nuestra obligación salir de los apriorismos y apoyar todos los instrumentos que puedan ser útiles al interés general de la ciudadanía. Esta es nuestra responsabilidad, desde la diferencia, pero con compromiso; y, para ello, siempre tendrán la mano de los socialistas tendida.

Muchas gracias. (Aplausos).