Proposición de Ley para la promoción del consumo de alimentos y bebidas saludables.

Gracias, presidenta. Buenas tardes. ¿Sabían que un niño en España, según su nivel de renta, puede llegar a ver el doble de anuncios de comida basura que otro? Sí, el doble. No es solo el doble de posibilidades de comer mal, es también el doble de probabilidades de enfermar. No es casualidad, tampoco es genética; es estrategia comercial, es código postal, es el resultado de una maquinaria que conoce los puntos débiles de cada uno de nuestros hogares. ¿Cuántos impactos reciben? Se estima que los niños de 7 a 12 años están expuestos a veinticinco anuncios de televisión al día de alimentos y bebidas. El 80 % de ellos no deberían consumirse de manera habitual. Además, 260 millones de euros al año en marketing. El 80 % de esa inversión, según la Comisión Europea, va a productos no saludables. Más de 200 millones destinados a empeorar la salud de nuestros hijos y de nuestras nietas. Y, mientras, un 40 % de nuestros menores tiene sobrepeso u obesidad, una de las tasas más altas del mundo. ¿Por qué la obesidad infantil es más alta en familias con menos recursos? La publicidad es más intensa en hogares de renta baja. El impacto semanal es de un 94 % mayor. Los que menos tienen, como siempre, son los que más sufren. Y para que en esta fiesta no falte nadie, hemos de poner nombres. McDonald’s: ahora mismo, un niño puede conseguir un muñeco de Stranger Things si se come un Happy Meal; antes fue un Super Mario Galaxy; y, antes, setenta juguetes de Disney, Marvel y Star Wars. Más ejemplos. La Kings League, de Gerard Piqué, patrocinada por Burger King, celebra los goles comiendo unos Whopper en directo. A Aitana le hicieron su propio menú personalizado y confesó que no podía comérselo porque es celíaca; no podía comer lo que promocionaba. Monster, Red Bull, Reign…, están en todas partes, y no existe norma estatal que limite su venta a menores. El Partido Popular ya lo ha regulado en Galicia y el PSOE e Izquierda Unida en Asturias. ¿Quién paga? La sanidad pública, las familias, los niños. ¿Quién gana? Otra vez, los de siempre. Y mientras nuestros niños enferman, llevamos años confiando en el código de autorregulación de la industria. Dos estudios de 2017 y 2021 del Instituto Carlos III y la OCU lo dejan claro: el código no ha servido, solo dos marcas se han adherido a él. Esto no es un invento de los comunistas de SUMAR, es una ley que aplica los criterios de la Organización Mundial de la Salud, que clasifica los alimentos según su composición nutricional adaptado a la realidad española, con excepciones como la leche o el aceite de oliva. El Reino Unido prohibió en 2016 la publicidad de productos altos en grasa, azúcar y sal para menores de 16 años y desde 2025 amplió la prohibición hasta las 21 horas. Irlanda, Suecia, Chile, Portugal y Noruega han ido más lejos que nosotros, y funciona: reducen el consumo de ultraprocesados, porque estos son lo que llamamos alimentos no saludables. Los ultraprocesados están diseñados para ser adictivos, no caducan fácilmente, desplazan a los productos frescos, son más baratos y están en todas partes, especialmente en los lineales de caja, donde la salida del supermercado es una pugna entre la rabieta del niño o la claudicación ante el KitKat. (Aplausos). Es una máquina engrasada para enganchar al consumidor desde la infancia, y aquí quiero detenerme.

Frente a esta industria hay una alternativa que no necesita publicidad: la cocina casera. El presidente de Mercadona dice que la gente ya no tiene tiempo para cocinar, y pregunto, señorías: ¿hemos decidido que ese tiempo no es prioridad? ¿Cocinar es un lujo? No, es un acto de salud, de autonomía, de cultura, pero hagamos un ejercicio de realidad: ¿cuántas veces hemos abierto el microondas, no por pereza, sino porque no nos quedaba otra? El microondas es un síntoma de la sociedad, la cuchara es lenta, incómoda y requiere estar presente, pero la cuchara es lo que nos mantiene vivos.

Esta ley no soluciona los horarios ni los atascos, pero sí puede decir basta. Basta a normalizar que un niño cene precocinados mientras le venden más precocinados en la televisión. La evidencia es alarmante. El consumo de ultraprocesados en España se ha triplicado hasta un 32 % y los expertos alertan de que es el nuevo tabaquismo: más de tres raciones al día aceleran el envejecimiento celular, acortando nuestros telómeros.

La proposición del Grupo Plurinacional SUMAR propone siete medidas concretas. Primera, prohibición de publicidad de productos que no cumplan perfiles de la OMS en cualquier medio que puedan ver menores ―televisión, TikTok, YouTube, Instagram, videojuegos o cartelería―.

Segunda, advertencias obligatorias, con sellos en negro que ocupen al menos el 20 % del anuncio, donde se vea bien claro si es alto en azúcares o alto en grasas saturadas.

Tercera, zonas de especial protección. Ni un anuncio de este tipo en 150 metros alrededor de los colegios, parques, instalaciones deportivas, bibliotecas o centros de salud.

Cuarta, envases. Adiós a personajes, mascotas y dibujos si el producto no es saludable. ¿Quién de ustedes no compró un Tigretón? Si quieres un personaje que promocione un yogur, que sea natural, no edulcorado.

Quinta, control del entorno digital. El 53 % de los niños han visto publicidad de alimentos online en las últimas dos semanas y YouTube es el canal más recordado. Si se puede restringir el acceso al porno, al alcohol y al tabaco, también se puede restringir la publicidad de comida basura a menores.

Sexta, regulación expresa de las mal llamadas bebidas energéticas. Más de 15 miligramos de cafeína por 100 mililitros, prohibidas para menores de 16 años, y más de 32 miligramos, para los menores de 18. Nada, nada de publicidad, patrocinio o distribución gratuita. Lo he dicho antes, Galicia y Asturias ya han dado el paso y nosotros queremos elevarlo a norma estatal.

Séptima, fomento activo de la alimentación saludable. No solo prohibir, sino promover campañas informativas, huertos escolares, formación del profesorado y un registro público de alimentos que sí que cumplan con los perfiles de la Organización Mundial de la Salud.

Esta ley no prohíbe ningún alimento, cualquier producto que respete los límites de su categoría podrá seguir anunciándose, aunque incluye una excepción que creemos que es muy sensata para los productos de la dieta tradicional, como he dicho antes, la leche o el aceite de oliva, por ejemplo. No estamos en contra de la publicidad, estamos contra el bombardeo constante a los menores. El régimen sancionador ―porque ha de haber un régimen sancionador― será con multas de hasta 600 000 euros y, en casos graves, de hasta ocho veces la facturación. La entrada en vigor será a los seis meses, tiempo más que suficiente para que la industria adapte campañas y reformule sus productos, porque otra de las consecuencias que pretende esta futura ley es incentivar a las marcas a mejorar su oferta más saludable.

La obesidad infantil no es un problema individual, señorías, es de salud pública, de desigualdad social y de los derechos de la infancia. La Constitución nos obliga, en sus artículos 20.4, 43.1 y 51.1, a proteger la salud y a defender a los consumidores vulnerables. La Convención de los Derechos del Niño nos exige aplicar el interés superior del menor, y los expertos nos dicen que más de un 70 % de cómo envejecemos depende de nuestro estilo de vida, más del 70 %. No pidamos disculpas por poner límites a quien comercia con la salud de nuestra infancia porque es irresponsable no hacerlo. El problema no es solo de lo que comemos, sino del entorno, que lo hace inevitable, y cambiar ese entorno es nuestra responsabilidad.

Por todo ello, el Grupo Plurinacional SUMAR presenta esta proposición de ley. Esperamos contar con el apoyo de esta Cámara para que la protección de la infancia deje de ser un eslogan y se convierta en norma. Y, como nos recuerda el propio papa León XIV en su encíclica: Una sociedad justa requiere un Estado presente e instituciones civiles capaces de superar la mera lógica de la eficiencia, orientando explícitamente los recursos, la creatividad y las normas. ¿A favor de quién? De los más vulnerables.

Gracias. (Aplausos de las señoras y los señores del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).

Moi boa tarde. Moitas grazas, señora presidenta. Concordamos na necesidade das medidas que propón o grupo parlamentar de SUMAR, na necesidade de regular a publicidade de alimentos e bebidas con alto contido en enerxía, azucres e graxas saturadas e sal para evitar a sobreexposición ou publicidade enganosa dirixida especialmente ás persoas menores de idade, así como tamén a prohibición de venda e subministración de bebidas con alto contido en cafeína á mocidade e a menores de idade. Parécenos que efectivamente isto é preciso, que se trata de colocar por diante de todo a saúde das persoas, moi especialmente das crianzas, dos mozos e mozas, de posibilitar unha alimentación cada vez máis saudábel e tamén hábitos de vida saudábeis. E iso, loxicamente, concordamos de forma absoluta, non depende nin na autorregulación das empresas e moito menos das dinámicas do mercado, depende de que haxa políticas públicas que orienten nesa dirección. Por tanto, como digo, parécenos unha medida interesante, mais só pode ser efectiva se se acompaña doutras de maior calado e que dependerían tamén doutras áreas de goberno, porque non se trata só de impedir a publicidade de alimentos non saudábeis, senón de democratizar o acceso a unha alimentación saudable e infelizmente sabemos que hoxe isto nin sempre está garantido. Por iso, aínda que anunciamos o noso voto favorábel á toma en consideración, tamén avanzamos a intención do BNG de presentar emendas que a melloren e non podemos deixar de subliñar ou de reclamar hoxe aquí avanzar noutras cuestións conexas que teñen que ver co que acabo de enunciar, coa necesidade de democratizar o acceso a unha alimentación saudable, é dicir, medidas que garantan que se poida acceder a produtos frescos e de calidade para o conxunto da poboación, porque hai que lembrar o importante efecto que ten nas persoas traballadoras, particularmente nas clases populares, a inflación dos prezos en épocas de crise, como a que estamos vivindo con carácter xeral e de maneira moi especial neste período de crise de produtos básicos de alimentación, por exemplo, froitas e verduras, que xa en moitos fogares son case un produto de luxo. O peixe, por exemplo, é outro dos produtos básicos nunha dieta saudábel, é recomendábel, proteína saudábel. Porén, o consumo de produtos pesqueiros frescos continúa a ver unha progresión de redución, polo que, atendendo á saúde das persoas e tamén ao futuro do sector, son necesarias políticas públicas que promovan o consumo de peixe. Por iso, de maneira unánime, o sector continúa a reclamar a redución do IVE aplicado a produtos pesqueiros de forma permanente e un IVE reducido ou mesmo a 0 %. Sabemos que non é unha medida que por si soa sexa suficiente, mais en todo caso, que podería axudar a facilitar ese acceso a unha proteína saudábel para a mocidade, para as crianzas, para o conxunto da poboación. E por último, debemos lembrar a importancia tamén da educación para lograr hábitos alimentarios saudábeis e para a introdución do deporte de forma habitual. Nestas materias, a competencia e a capacidade de actuación principal é das comunidades autónomas para promover a actividade deportiva, para combater o sedentarismo, para xerar, en definitiva, hábitos que contribúan a que levemos unha vida máis san. A conclusión pode ser que o investimento en saúde pública implica de maneira bastante directa un menor gasto sanitario e tamén, podemos dicir, que o investimento en políticas sociais de carácter público vai contribuír de maneira moi directa á mellora da calidade de vida do conxunto da poboación, tamén á mellora da alimentación e por tanto da saúde. Para iso hai algunhas decisións loxicamente que haberá que tomar. Nós reclamamos máis unha vez, farémolo de novo mañá nunha interpelación ao goberno, unha reversión das políticas que tenden a priorizar o gasto militar fronte ao investimento social. Porque ademais nun período de crise como este que estamos vivindo con unha dinámica inflacionista moi importante que dificulta que, como dicía, as clases populares, os traballadores e traballadoras poidan acceder a unha alimentación de calidade, máis que nunca é preciso priorizar os recursos públicos dispoñíbeis a protexer ás maiorías sociais, a protexer as clases populares e traballadoras en vez de destinar eses recursos a unha escalada belicista, o incremento do gasto militar.

Por tanto, aproveitamos para facer ese chamado a unha rectificación de políticas que nos parecen que non van na dirección correcta e que evidentemente non son políticas coherentes para un goberno que reclama para si propio a etiqueta de progresista. En todo caso, como digo, a esta proposta votaremos a favor.

Moito obrigado.

Muy buenas tardes. Muchas gracias, señora presidenta. Estamos de acuerdo en la necesidad de las medidas que propone el Grupo Parlamentario SUMAR: la necesidad de regular la publicidad de alimentos y bebidas con alto contenido energético, azúcares, grasas saturadas y sal para evitar la sobreexposición, especialmente la publicidad dirigida a las personas menores de edad, así como también la prohibición de venta y distribución de bebidas con alto contenido en cafeína a los jóvenes y a los menores de edad. Nos parece que esto es necesario. Se trata de colocar ante todo la salud de las personas, muy especialmente de los niños, de los jóvenes, de los chicos y chicas, y de posibilitar una alimentación cada vez más saludable y también hábitos de vida saludables, y con eso, lógicamente, estamos de acuerdo de forma absoluta. No depende de la autorregulación de las empresas y mucho menos de las dinámicas del mercado, depende de que haya políticas públicas que se orienten en esta dirección. Por tanto, como decía, nos parece una medida interesante, pero solamente puede ser efectiva si está acompañada de otras de mayor calado que dependerían también de otras áreas de gobierno, porque no se trata solamente de impedir la publicidad de alimentos no saludables, sino de democratizar el acceso a una alimentación saludable, y desafortunadamente sabemos que hoy esto no siempre está garantizado. Por eso, aunque anunciamos nuestro voto favorable a la toma en consideración, también pensamos que tiene que haber enmiendas por parte del BNG que la mejoren, porque tenemos que seguir señalando y reclamando que debemos avanzar en otras cuestiones relacionadas con lo que acabo de anunciar, como la necesidad de democratizar el acceso a una alimentación saludable. Es decir, medidas que garanticen que se pueda acceder a productos frescos y de calidad para el conjunto de la población. Tenemos que recordar el efecto importante que tiene en las personas trabajadoras, especialmente en las clases populares, la inflación de los precios en épocas de crisis como la que estamos sufriendo; en este periodo de crisis de manera generalizada sobre todo de productos básicos como frutas y verduras, que en muchos hogares son casi un producto de lujo. El pescado, por ejemplo, es otro de los productos básicos en una dieta saludable y recomendable; hablamos de proteína saludable. Sin embargo, el consumo de productos de pescado frescos se reduce cada vez más. Por tanto, atendiendo a la salud de las personas y también del sector, tiene que haber políticas públicas que promuevan el consumo de pescado. Por ello, de modo unánime, el sector sigue reclamando la reducción del IVA aplicado a los productos pesqueros de forma permanente, un IVA permanente reducido o incluso del 0 %. Sabemos que no es una medida suficiente por sí sola, pero sí podría ayudar a facilitar el acceso a una proteína saludable para los jóvenes, para los niños y niñas y para el conjunto de la población.

Para finalizar, hay que recordar la importancia de la educación para poder lograr hábitos alimentarios saludables así como la introducción del deporte de forma habitual. En estas materias, la competencia y la capacidad de actuación principal es de las comunidades autónomas. Fomentar la actividad deportiva, luchar contra el sedentarismo, generar, en definitiva, hábitos que contribuyan a que llevemos una vida más sana. La conclusión puede ser que la inversión en salud pública implica de manera bastante directa más gasto sanitario. También podríamos decir que la inversión en políticas sociales de carácter público va a contribuir de un modo muy directo a la mejora de la calidad de vida del conjunto de la población, a la mejora de la alimentación y, por tanto, de la salud. Para ello, hay algunas decisiones que, lógicamente, tendremos que tomar.

Nosotros reclamamos una vez más ―y lo seguiremos haciendo mañana también en una interpelación al Gobierno― una reversión de las políticas que tienden a priorizar el gasto militar frente a la inversión social. Porque, además, en un periodo de crisis como el que estamos viviendo actualmente, con una dinámica de aumento de inflación muy importante que dificulta, como decía, a los trabajadores y a las trabajadoras, a que las clases populares puedan acceder a una alimentación de calidad, más que nunca es necesario priorizar los recursos públicos disponibles para proteger a la mayoría social, a las clases populares, a las trabajadoras y trabajadores para que puedan acceder a estos recursos y no aumentar el incremento militar en una escalada belicista. Así que hacemos este llamado para que haya una rectificación de políticas que nos parece que no van en la dirección correcta y que, evidentemente, no son políticas coherentes para un Gobierno que se llama progresista.

Votaremos a favor de esta propuesta. Muchas gracias.

Arratsalde on guztioi. La regulación de la publicidad de alimentos y bebidas no saludables en Euskadi se rige por la Ley de Infancia y Adolescencia del País Vasco, la Ley 2/2024. Esta ley establece limitaciones para proteger la salud de la infancia y frenar el consumo de productos perjudiciales, como la comida rápida y las bebidas energéticas. Se contemplan, por ejemplo, restricciones horarias y se prohíbe la publicidad dirigida a menores en los medios de comunicación y plataformas durante la programación infantil, o que la publicidad de alimentos insanos no esté permitida en lugares destinados a menores ni durante los eventos deportivos infantiles. Así, la Ley 2/2024, de Infancia y Adolescencia, establece el veto a la publicidad dirigida a menores. La ley fija qué se puede anunciar estableciendo una prohibición por categorías, de tal forma que se restringe la publicidad de alimentos de bajo valor nutricional catalogados explícitamente como comida rápida, comida basura y bebidas energéticas. También prohíbe taxativamente que los niños o adolescentes aparezcan como reclamo en campañas de publicidad de este tipo de productos. Y para definir con exactitud técnica qué alimentos entran en la categoría de no saludables o insanos a la hora de aplicar las sanciones, el marco legal vasco se guía por los perfiles nutricionales de la Organización Mundial de la Salud. De esta forma, si un alimento supera los límites fijados por la OMS para el público infantil la ley activa las restricciones para que no pueda ser anunciado por los medios autonómicos, eventos deportivos o plataformas escolares en Euskadi. En definitiva, la Ley de Infancia y Adolescencia del País Vasco prohíbe de forma explícita la publicidad de bebidas energéticas y comida rápida dirigida a niños y adolescentes, no permitiendo que se realicen campañas publicitarias de estos productos estimulantes enfocadas al público infantil en medios, eventos o espacios frecuentados por menores. Además, la ley articula actuaciones de promoción del derecho de las personas menores como personas consumidoras, promoviendo la educación para el consumo responsable con la finalidad de fomentar hábitos de consumo saludables.

Por otra parte, la ley también establece limitaciones para la comercialización de productos de consumo para las personas menores, requiriendo no contener sustancias perjudiciales, facilitar de forma visible información sobre su composición, características y uso, indicar la franja de edad de las personas menores a quienes van destinados y cumplir también con las medidas de seguridad suficientes para garantizar su idoneidad, tanto para el uso al que están destinados como incluso para evitar las consecuencias nocivas que se puedan derivar de su uso inadecuado.

Asimismo, la ley contiene una sección relativa a la prevención, detección y atención a la obesidad. En la misma se contemplan medidas de prevención multidisciplinares aplicables en el entorno familiar, en el entorno escolar, en el entorno sanitario, en el entorno comunitario y en el sector privado. Un conjunto de medidas que se articulan en el marco de la Estrategia de Prevención de la Obesidad Infantil en Euskadi, aprobada por el Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de salud. Me dirán, ¿por qué les cuento todo esto? Muy sencillo. Contrapongo dos modelos para un mismo fin. En un modelo, el vasco, se prima la articulación de instrumentos de colaboración con la industria alimentaria y con los medios de comunicación; los llamados códigos de autorregulación. Así, prevé tanto la adopción de medidas para eliminar alimentos y bebidas insanas de los menús escolares como la vigilancia del etiquetado y composición nutricional de los alimentos, de tal forma que se traslade una información clara y entendible, siendo el respeto a los marcos de autorregulación el marco jurídico que ha primado en esta materia. Su sustitución, en este caso derogación, tal y como se propone con la proposición de ley, debe realizarse siempre que sea una medida necesaria, idónea y proporcional. Por lo tanto, ¿es una medida necesaria lo que plantea la proposición de ley.? ¿Es idónea? ¿Es proporcional a lo que se requiere?

Por otro lado, la proposición de ley prevé la derogación del artículo 91.4 de la Ley 13/2002, General de Comunicación Audiovisual, desmarcándose de los códigos de autorregulación para implantar una completa regulación al efecto, sin realizarlo bajo una técnica normativa adecuada, como podría ser la modificación de la Ley 17/2011, de Seguridad Alimentaria y Nutrición, de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, o de la Ley 13/2022, que contempla específicamente el impulso de los códigos de conducta, autorizando al Gobierno a que, en caso de que no se hubieran adoptado o se hubiera demostrado su ineficacia ―tal y como se dice en esta proposición de ley―, se establezcan restricciones sobre estos anuncios para proteger a las personas menores.

La ley vasca no establece, sin embargo, prohibición en cuanto a la venta para el uso en personas menores de productos denominados insanos y no saludables, en el marco del respeto a la libertad de empresa establecida por la norma constitucional, que debe ser contrastado con el interés superior del menor y su derecho a la salud. Es justamente en ese ámbito donde la proposición de ley se podría entender. Pero ¿son adecuadas las medidas que esta propone? ¿Por qué se presenta por el grupo parlamentario que sostiene a parte del Gobierno y no por el Gobierno? Sobre todo, teniendo en cuenta que las medidas que se plantean requieren de una valoración de sus efectos y de su oportunidad, que el ministerio podría realizar, lo cual impide una valoración efectiva sobre la proposición legal planteada. Y, por otro lado, ¿se ha tenido en cuenta el reparto competencial, las diferentes legislaciones y los planes que, a tal efecto, han aprobado las diferentes comunidades autónomas, como en el caso de Euskadi? ¿Qué nos aporta a los vascos y a las vascas esta propuesta?

Entendemos que la proposición de ley que analizamos interactúa en el marco competencial autonómico en cuanto a las medidas dirigidas a la publicidad y etiquetado de los productos concernidos, y medidas a desarrollarse en el ámbito de las Administraciones educativas, así como en relación con la adopción de medidas de fomento de una política de alimentación saludable. Y, por otro lado, no se aclaran suficientemente las dudas en relación con las preguntas que planteábamos al inicio de la intervención. Es decir, ¿es necesaria, es idónea y es proporcional esta proposición de ley para el fin, en definitiva, que se pretende? Nuestro grupo no lo considera así. No nos parece ni necesaria ni idónea ni proporcional a lo que se pretende. Por lo tanto, no apoyaremos con nuestro voto a favor esta iniciativa.

Mila esker.

Eskerrik asko, mahaiburu andrea. Arratsalde on. Creemos que esta proposición de ley parte de una preocupación legítima y de un problema real de salud pública que no debiéramos minimizar; en el Estado, la obesidad y el sobrepeso infantil alcanzan cifras preocupantes. Según el estudio ALADINO de la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición, el 36 % de los niños y las niñas entre 6 y 9 años presenta exceso de peso y, aunque los datos han mejorado ligeramente en los últimos años, siguen situándose en niveles elevados. Otros estudios complementan la cifra. El estudio PASOS de la Gasol Foundation señala que uno de cada tres menores entre 8 y 16 años tiene sobrepeso u obesidad. Además, estamos hablando de un fenómeno profundamente desigual, un fenómeno con un fuerte componente de clase. Los datos de AESAN muestran que el exceso de peso infantil afecta más a familias con menor renta y menor nivel educativo. Y el propio estudio ALADINO refleja que la mejoría observada en los últimos años apenas se ha trasladado a hogares con ingresos inferiores a 18 000 euros anuales. Por tanto, no hablamos solo de alimentación; hablamos también de desigualdad social, de pobreza infantil, salud pública y hablamos de clase. En este contexto es razonable que esta Cámara actúe sobre uno de los factores que influyen en los hábitos alimentarios de la infancia: la publicidad de productos no saludables dirigida a menores. La evidencia sobre esta cuestión es cada vez más clara. Un informe elaborado por la Gasol Foundation, junto con UNICEF, concluye que ocho de cada diez niños y adolescentes están expuestos de manera habitual a publicidad de alimentos y bebidas no saludables. Ese mismo informe muestra algo especialmente relevante: cuanto mayor es la exposición a esa publicidad, mayor es la frecuencia de consumo de comida rápida, aperitivos salados, refrescos o bebidas energéticas. Y, por supuesto, no hablamos únicamente de anuncios tradicionales en televisión. Estamos hablando de redes sociales, marketing digital, publicidad encubierta, influencers, videojuegos o contenidos dirigidos específicamente a público infantil y adolescente. Por tanto, nos parece positivo que esta proposición intente actualizar un marco regulatorio que, claramente, se ha quedado atrás frente a la realidad digital actual. También vemos razonable superar la lógica basada en la autorregulación del sector, de la que hablaba el anterior interviniente. El propio debate público de estos años ha puesto de manifiesto las limitaciones de mecanismos como el código PAOS, los códigos de autorregulación, cuya eficacia ha sido cuestionada por numerosas organizaciones sanitarias y sociales. Por todo ello, Euskal Herria Bildu votará a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley. Ahora bien, precisamente porque estamos hablando de limitar actividades publicitarias y económicas, creemos que esta norma debe reforzar algunos aspectos para ganar en seguridad jurídica, proporcionalidad y capacidad real de aplicación. Existen elementos mejorables; por ejemplo, la proposición utiliza expresiones relativamente amplias o abiertas, como la referencia a publicidad susceptible de ser vista por menores, o aquella que pueda dirigirse indirectamente al público infantil. Convendría acotar algo mejor esos términos, esos conceptos concretos, porque, si no se hace, pueden surgir problemas interpretativos importantes: campañas generalistas en redes sociales, patrocinios deportivos, publicidad exterior, medios de comunicación no específicamente infantiles o, incluso, pequeños productores agroalimentarios podrían verse afectados por criterios poco claros. Y una buena ley debe intentar evitar, precisamente, la inseguridad jurídica. También consideramos importante afinar adecuadamente las excepciones, el tratamiento de determinados productos tradicionales o vinculados a modelos alimentarios reconocidos culturalmente. No es lo mismo el marketing agresivo de ultraprocesados, dirigidos específicamente a menores, que determinados productos ligados a la dieta mediterránea, como productos con denominación de origen o modelos agroalimentarios tradicionales. Creemos que ese equilibrio debe cuidarse especialmente en el desarrollo reglamentario. Es decir, acotar bien lo que la proposición ya apunta. Haremos alguna aportación para salvaguardar también el marco competencial

Dicho esto, también queremos hacer otra reflexión, que también queda apuntada en la exposición de motivos de la proposición de ley. Combatir la obesidad infantil no puede limitarse a prohibir publicidad. Esta es una herramienta útil, sí, pero por sí sola su alcance será limitado. Si queremos transformar realmente los hábitos alimentarios, necesitamos actuar también sobre los entornos cotidianos donde comen los niños y las niñas. Hablamos, entre otras cosas, de los comedores escolares, pero también de la educación nutricional o el acceso efectivo a alimentos frescos y saludables. Probablemente, pocas políticas habrá más transformadoras que garantizar comedores escolares saludables con presencia real de fruta, verdura, producto de proximidad, de temporada, ecológico, etcétera.

De hecho, los esfuerzos de Euskal Herria Bildu con respecto a este tema se están centrando en este punto. Son numerosas las iniciativas municipales de comedores escolares con alimentación saludable y de proximidad que se están intentando desarrollar. Y queremos extender y generalizar esto. Llevamos tiempo insistiendo en que hay que aprovechar el potencial de esos más de cien mil menús que se sirven a diario en Euskal Herria por parte de las Administraciones públicas. Si conseguimos que la Administración pública sirva esos menús basados en el cultivo de proximidad, cultivo ecológico o cultivos saludables, conseguiremos una mejora sustancial en la nutrición y en la salud de las personas en edad escolar; pero también en residencias, en hospitales, etcétera; va más allá, trasciende. Y, al mismo tiempo, estaremos impulsando una agricultura ecológica y de proximidad que ofrece también un futuro al sector primario. Ahí hay una línea estratégica importante, la educación alimentaria, el acceso a comida saludable, apoyo a familias del primer sector y mejora de los hábitos desde la infancia. Evidentemente, no se lo podemos pedir todo a esta ley.

Laburbilduz, gure ustez, proposamen honek benetako arazo bati heltzen dio eta haurren osasunari buruzko kezka legitimo batetik egiten du. Helburua, oro har, partekatzen dugu, baina, hain zuzen ere, eskubideez, osasun publikoaz eta erregulazio ekonomikoaz ari garelako, teknikoki sendoa, juridikoki argia eta proportzionatua den arau bat lortu nahi dugu, zuzenketetara irekitzen denean hobetzen saiatuko garena. Zer esanik ez, zenbait zehaztapen egingo dizkiogu legeari arautu nahi diren gaietan geureganatuta ditugun eskumenak babesteko.

Nolanahi ere, garrantzitsua izango da haurrak publizitate praktika oldarkorretatik benetan babestuko duen lege bat izatea, eta, aldi berean, behar bezala bereiz ditzala produktu ultra prozesatua eta produktu tradizionala, adingabeei zuzendutako publizitatea eta orotariko publizitatea, eta abar, eta abar, eta, batez ere, gai garrantzitsu honetan haurrak heztea, elikadura ingurune osasungarria bermatzea eta eskola jantokietan elikaduran jauzi kualitatibo bat ematea.

Azken finean, guzti hau publizitatea mugatzea bezain garrantzitsua izango dela ulertuko duen arau‑esparrua eguneratzea. Beraz, alde egingo dugu eta gero ekarpenak egingo ditugu dagokion momentuan.

Besterik ez. Eskerrik asko.

En resumen, entendemos que esta propuesta aborda un problema real, y lo hace, además, desde una legítima preocupación por la salud infantil. En general, compartimos el objetivo, pero, precisamente porque estamos hablando de derechos, salud pública o regulación económica, aspiramos a conseguir una norma técnicamente sólida, jurídicamente clara y proporcionada que trataremos de mejorar, eso sí, en la fase de presentación de enmiendas. Y ni qué decir tiene que vamos a hacer algunas precisiones a esta ley para salvaguardar las competencias que tenemos asumidas en las materias que se pretenden regular.

En cualquier caso, será importante tener una ley que proteja realmente a los niños y las niñas de prácticas publicitarias agresivas y, al mismo tiempo, que diferencie adecuadamente el producto ultraprocesado del producto tradicional, la publicidad dirigida a menores y la publicidad generalista, etcétera, etcétera. Y, sobre todo, que eduque a las y los niños en este tema tan importante, que garantice entornos alimentarios saludables y que dé un salto cualitativo en la alimentación en los comedores escolares.

En definitiva, estamos hablando de actualizar un marco normativo que entienda que todo esto va a ser tan importante como limitar la publicidad. Y, por lo tanto, vamos a votar a favor y, después, eso sí, haremos aportaciones cuando llegue el momento.

Nada más y muchísimas gracias. (Aplausos).

Moltes gràcies, presidenta. Molt bona tarda a tothom. La lluita contra l’obesitat infantil i juvenil, òbviament, és un objectiu necessari i compartit per Junts per Catalunya. Perquè estem, efectivament, davant d’un problema de salut pública molt real. L’OMS fa anys que alerta de l’augment del sobrepès infantil i és evident que els poders públics han d’impulsar polítiques de prevenció, educació alimentària i promoció d’hàbits saludables. Catalunya fa anys que es treballa en aquesta línia amb programes d’alimentació saludable, escoles, guies de salut pública, estratègies de prevenció impulsades des de les diverses institucions catalanes. És evident que queda molta feina per fer. Dit això, i com malauradament s’ha convertit en una costum en aquest hemicicle amb determinades propostes de regulació, com en aquest cas, poc rigoroses, —‌ja els hi diré per què— ja els avanço que no trobaran a Junts avalant una proposició que jurídicament és deficient. Per nosaltres és el pitjor, profundament invasiva des del punt de vista competencial i redactada amb un nivell d’ambigüitat incompatible amb la seguretat jurídica exigible a qualsevol norma restrictiva de drets com és aquesta. Perquè aquesta iniciativa no es limita a regular publicitat dirigida a infants o joves. Va molt més enllà i ho fa amb conceptes jurídics, extraordinàriament indeterminats i amb una extensió pràcticament il·limitada del seu àmbit d’aplicació. Per exemple, la proposició no prohibeix només la publicitat adreçada a menors, prohibeix qualsevol publicitat o comunicació que pugui donar lloc a l’exposició a menors. És a dir, tot el que tenim al davant dels nostres ulls. I això afecta, òbviament, tots els mitjans de comunicació i xarxes socials, òbviament Internet. Però és que també arriba al mobiliari urbà aparadors de botigues, punts de venda, pantalles, envasos, a tot a tot. És a dir, ja no parlem de publicitat infantil estricta. Parlem d’una prohibició potencialment generalitzada basada en una possibilitat d’exposició indirecta. I aquí apareix el primer gran problema jurídic: què vol dir que pugui donar lloc a l’exposició? Què s’entén quan una publicitat quan indueix el consum a menors? Com s’acreditarà això? Qui determinarà si una campanya tenia o no suficients mecanismes per impedir aquesta exposició? Perquè la mateixa proposició utilitza expressions absolutament obertes com «elements visualment atractius». Per qui? «Estratègies de mercadotècnia» o expressions similars que posteriorment haurà de concretar reglamentàriament el Govern. I això és especialment greu en una enorme sancionadora. Ja no decidirà el legislador, ho decidirà el Govern perquè el principi de seguretat jurídica de l’article 9.3 de la Constitució exigeix precisió, previsibilitat i taxativitat. I aquesta llei no les garanteix, però el més greu per nosaltres li he avançat, és una altra cosa la invasió competencial, perquè aquesta proposició entra de ple en un munt de matèries. Competències pròpies de la Generalitat de Catalunya, no pas poques. Crec que és la que més de totes les que ens han presentat aquí en consum, en comerç, en publicitat, en protecció de menors, en salut pública, activitats recreatives, organitzacions d’esdeveniments amb moltíssimes. I també afecta directament competències municipals vinculades a l’ús de la via pública mobiliari urbà, fires, activitats locals que per això fan cadascú les seves pròpies ordenances.

I malgrat això, SUMAR Grup Plurinacional, torna a fer exactament el mateix que ens solen fer, que és utilitzar qualsevol debat socialment sensible. Aquest ho és. Tots hi tenim molt d’interès, com una excusa per tornar a recentralitzar poder des de Madrid. I és bastant irònic perquè després són vostès els que donen lliçons de plurinacionalitat i de federalisme i de respecte a la diversitat nacional. Però quan arriba el moment de la veritat, les extremes esquerres espanyoles continuen tenint la mateixa pulsió jacobina de sempre: uniformitzar, intervenir i concentrar les competències a l’Estat, encara que això impliqui, òbviament, buidar de contingut l’autogovern català. I convertir ajuntaments i comunitats autònomes en simples executors del que es decideixi aquí.

Perquè aquesta llei no fixa només uns principis generals de salut pública, no, aquesta llei determina el contingut concret dels anuncis, determina quines advertències s’han d’incloure, determina fins i tot frases literals que s’han de posar obligatòries, determina quina part de l’espai publicitari han d’ocupar aquests missatges, quins espais públics quedaran afectats, els radi exacte de metres de prohibició automàtica. És a dir, que l’Estat acaba decidint també sobre qüestions que afecten directament potestats urbanístiques, comercials i d’activitats dels ajuntaments catalans.

I nosaltres ja estem farts d’aquestes propostes així, perquè això no és cooperació institucional, això és laminació competencial. I el problema és que aquesta manera de fer s’ha convertit en sistèmica. Ho hem vist, ens ho fan sempre en habitatge. Ho hem vist amb educació, ho hem vist en consum, ho hem vist en lleis del sòl i ara també ho veiem amb això, sempre sota el mateix patró. Aprofitar títols competencials genèrics per anar erosionant competències autonòmiques i municipals amb regulacions exhaustives. Des d’aquí, des de Madrid, ho hem dit des d’aquest faristol, manta vegades. Junts impedirem sempre que puguem que prosperi qualsevol iniciativa que trinxa les nostres competències. Aquesta ho és.

A més, la proposició va molt més enllà dels exemples internacionals que cita perquè parla de Portugal i del Regne Unit. Però en la mateixa exposició reconeix que aquelles mesures se centren sobretot en horaris i entorns infantils específics, més el mode d’Euskadi. Aquí, en canvi, es pretén regular pràcticament qualsevol forma de comunicació comercial susceptible de poder ser vista per algun menor de 18 anys.

Nosaltres creiem en polítiques públiques serioses, en educació alimentària, en promoure hàbits saludables, però també creiem en la seguretat jurídica, en la proporcionalitat, en el respecte competencial, sobre tot i en legislar amb molt rigor. I aquesta proposició, sincerament, no compleix cap d’aquests requisits i per això Junts no hi podem donar suport.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todo el mundo. La lucha contra la obesidad infantil y juvenil, evidentemente, es un objetivo necesario y compartido por Junts per Catalunya, porque estamos efectivamente ante un problema de salud pública real. La OMS hace tiempo que alerta del sobrepeso infantil. Es evidente que los poderes públicos tienen que impulsar la prevención y la promoción de hábitos saludables. Cataluña hace tiempo que trabaja en esta línea en programas de alimentación en las escuelas, que es salud pública, estrategias de prevención impulsadas por las diferentes instituciones catalanas, pero es evidente que aún queda mucho por hacer. Habiendo dicho esto, como desgraciadamente se ha convertido en una costumbre en este hemiciclo en ciertas propuestas de regulación, en este caso poco rigurosas ―luego les diré por qué―, les avanzo que no van a encontrar a Junts hablando de esta proposición que es deficiente jurídicamente. Para nosotros es profundamente invasiva desde el punto de vista competencial y redactada en un nivel de ambigüedad incompatible con la seguridad jurídica de cualquier norma que exime de derechos como es esta. Porque esta iniciativa no se limita a regular publicidad para niños y jóvenes, sino que va mucho más allá. Lo hace en conceptos jurídicos extremadamente indeterminados y con una extensión prácticamente ilimitada de su ámbito de aplicación.

Por ejemplo, la proposición no prohíbe solo la publicidad dirigida a menores, prohíbe cualquier publicidad o comunicación que pueda dar paso a la exposición a menores, es decir, todo; todo lo que tenemos delante de nuestros ojos. Esto afecta, evidentemente, a todos los medios de comunicación, redes sociales, Internet. También habla del mobiliario urbano, escaparates de tiendas, puntos de venta, pantallas, envases. A todo, es decir, ya no hablamos solo de publicidad infantil estricta, hablamos de una prohibición potencialmente generalizada basada en una posibilidad de exposición indirecta.

Aquí aparece el primer gran problema jurídico. ¿Qué quiere decir que pueda dar lugar a la exposición?, ¿qué se entiende por una publicidad?, ¿cuándo se entiende que induce al consumo en menores?, ¿cómo se acreditará esto?, ¿quién determinará si una campaña tenía o no suficientes mecanismos para impedir esta exposición?

La misma proposición utiliza expresiones absolutamente abiertas como elementos visualmente atractivos ―¿para quién?―, estrategias de mercadotecnia o expresiones similares que posteriormente tendrá que detallar el Gobierno. Esto es especialmente grave en una norma sancionadora porque ya no decidirá el legislador, sino el Gobierno. El principio de seguridad jurídica del artículo 9.3 de la Constitución exige precisión, previsibilidad y taxatividad, y esta ley no las garantiza.

Lo más grave para nosotros, ya lo he dicho, es otro tema: la invasión competencial. Esta proposición entra de lleno en muchas materias, competencias propias de la Generalitat de Catalunya; en no pocas ―creo que la que más de todas las que nos han presentado aquí―: en consumo, en comercio, en publicidad, en protección de menores, en salud pública, en actividades recreativas, organizaciones de eventos… En muchas. También afecta directamente a competencias municipales vinculadas al uso de la vía pública, el mobiliario urbano, ferias, actividades locales, que para ello cada uno hace sus propias ordenanzas.

A pesar de ello, SUMAR, el Grupo Plurinacional SUMAR ―plurinacional―, vuelve a hacer lo mismo que nos suelen hacer, utilizar cualquier debate socialmente sensible ―este lo es, todos tenemos mucho interés en él― como una excusa para volver a recentralizar poder desde Madrid. Es bastante irónico, porque después son ustedes quienes dan las lecciones de plurinacionalidad y de diversidad nacional, etcétera, pero luego, las extremas izquierdas españolas siguen teniendo la misma pulsión jacobina de siempre: uniformizar, intervenir y concentrar las competencias en el Estado, aunque esto implique, evidentemente, vaciar de contenido el autogobierno catalán y convertir a distintas comunidades autónomas en simples ejecutores de lo que se decida aquí.

Esta ley no fija solo unos principios generales de salud pública, esta ley determina el contenido concreto de los anuncios, determina qué advertencias se tienen que incluir, determina incluso frases literales que se tienen que poner, obligatorias, determina qué parte del espacio publicitario tienen que ocupar estos mensajes, qué espacios públicos quedarán afectados, el ratio exacto de metros de prohibición automática. Es decir, que el Estado acaba decidiendo también sobre cuestiones que afectan potestades urbanísticas, comerciales y de actividades en los ayuntamientos catalanes.

Nosotros ya estamos hartos de esta propuesta porque esto no es cooperación institucional, esto es laminación competencial. El problema es que esta manera de hacer se ha convertido en sistémica. Lo hemos visto, nos lo hacen cada vez en vivienda, lo hemos visto con educación, lo hemos visto en consumo, lo hemos visto en leyes de la tierra y lo hemos visto ahora también con esto. Siempre bajo el mismo patrón, aprovechar títulos competenciales genéricos para ir erosionando competencias autonómicas y municipales en regulaciones exhaustivas desde aquí, desde Madrid. Lo hemos dicho aquí en el atril muchas veces: Junts impedirá siempre que pueda que prospere cualquier iniciativa que rompa nuestras competencias. Esta lo es.

Además, la proposición va mucho más allá de los ejemplos internacionales que cita, porque habla de Portugal y del Reino Unido, pero en la misma exposición reconoce que aquellas medidas se centran sobre todo en horarios y en turnos infantiles específicos.

Además, el modo de Euskadi. Aquí, por ejemplo, se pretende regular cualquier manera de comunicación comercial susceptible de poder ser vista por algún menor de 18 años.

Nosotros creemos en políticas públicas serias, en educación alimentaria, en promover hábitos saludables, pero también creemos en la seguridad jurídica, en la proporcionalidad, en el respeto competencial, sobre todo, y en legislar con mucho rigor. Esta proposición, sinceramente, no cumple ninguno de estos requisitos. Por ello, Junts no podrá dar apoyo.

Muchas gracias.

Gràcies presidenta, senyories. Avui un nen de tres anys d’aquest país encara no sap llegir, però sap reconèixer un logotip. Sap qui és el dinosaure de la galeta, el tigre dels cereals i el pallasso de les hamburgueses. Reconeix la marca abans que la lletra. Això no és casualitat, és una inversió. Algú ha pagat molts diners perquè això passi i per això aquesta llei fa una cosa senzilla de dir i difícil de fer. Posar límits a la publicitat d’aliments i de begudes, sobretot begudes energètiques que no són saludables quan poden arribar a la mainada. No regula, com deia, les begudes energètiques i obliga a advertir ben gran els sucres o els greixos, etcètera, etcètera. I acaba amb envasos plens de personatges per vendre aliments poc saludables. El Grup Republicà votarà a favor d’aquesta llei que tiri endavant. Hi votarem a favor amb convicció. I no només per cortesia. Primer, perquè trenca amb un fracàs de quinze anys l’autoregulació i aquí cal ser molt didàctics. Allò que anomenen vostès el codi postal no és una llei. És un codi voluntari, un pacte perquè la indústria es vigili a ella mateixa quan fa publicitat a menors. I això no ha funcionat. Quan el guardià i el propietari són els mateixos, el resultat ja el coneixem. Segons avaluacions i informes independents, la gran majoria d’anuncis adreçats a infants són productes poc saludables. Segon, l’obesitat infantil és un problema i no és culpa de les famílies. No és falta de voluntat. Són els determinants comercials de la salut, és a dir, allò que et posen davant, com t’ho venen i a quin preu. Tercer, perquè això va de classe. La mala alimentació a les nostres ciutats té codi postal. Ja ho hem dit abans, la desigualtat també es menja i la paga la classe treballadora. Però senyories, permeti’m ser honest perquè la votem a favor no vol dir que la considerem completa. Regular la publicitat està molt bé, però no n’hi ha prou. Regular els anuncis i no tocar els preus està molt bé, però no n’hi ha prou. Ho repeteixo: regular els anuncis i no tocar els preus està bé, però no n’hi ha prou. No n’hi ha prou. Parlar de menjar sa i no garantir menjadors escolars universals i de qualitat, no n’hi ha prou. Parlar de menjar sa i no garantir kilòmetre zero de qualitat, no n’hi ha prou. Fer campanyes de responsabilitat individual mentre es permet una selva publicitària, no n’hi ha prou. No és acceptable, doncs, que una família hagi de fer miracles cada setmana. No és just que als barris amb menys renda tinguin més trampa i menys opcions. I la salut pública no pot ser un negoci. I aquí hi ha una escena que tots hem vist més d’una vegada. Una mare que surt tard de treballar amb la feina, amb el sou ajustat, han pres el súper i la criatura que demana el producte que ha vist a la pantalla i que els seus amics també mengen i que porta el seu personatge simpàtic. I en aquella batalla desigual, massa sovint guanya el màrqueting. Això vol dir que la llibertat, si no hi ha drets, és un anunci més. Per això, el Grup Republicà estendrà la mà al grup proponent. Estendrà la mà al grup per millorar aquesta llei en el tràmit. I quan dic millorar vull dir mesures, calendari i recursos perquè es pugui fer bé. I un punt més en aquesta llei. Aquesta llei s’empara en títols competencials de l’Estat; correcte, però la salut pública, el consum i els mitjans propis són competències de la Generalitat de Catalunya. Per això els demanem que el tràmit respecti escrupolosament l’autogovern de les diferents nacions de l’Estat. Protegir la canalla, sí, recentralitzar i blindar competències, no. Avisats estan. I això passa massa sovint i no hauríem d’estar sempre vetllant perquè la plurinacionalitat de l’Estat ja hauria de ser una cosa tan assumida que no hauríem de recordar‑los.

Per tot això, senyories, el grup parlamentari votarà a favor que aquesta llei tiri endavant. Moltes gràcies.

Gracias, presidenta. Señorías, hoy un niño de tres años de este país aún no sabe leer, pero sabe reconocer un logotipo. Sabe quién es el dinosaurio de la galleta, el tigre de los cereales, el payaso de las hamburguesas. Reconoce la marca antes que la letra. Esto no es casualidad, es una inversión. Alguien ha pagado mucho dinero para que esto pase. Por ello, esta ley hace algo sencillo de decir y difícil de hacer: poner límites a la publicidad de alimentos y de bebidas, sobre todo bebidas energéticas, que no son saludables cuando puedan llegar a los niños. Por ejemplo, estas bebidas energéticas obligan a anunciar los azúcares, etcétera, y termina con envases llenos de personajes para vender alimentos poco saludables. El Grupo Republicano votará a favor de esta ley para que tire adelante. Votaremos a favor con convicción y no solo por cortesía. En primer lugar, porque rompe con un fracaso de 15 años la autorregulación. Aquí hay que ser muy didácticos. Lo que ustedes llaman el código PAOS no es una ley, es un código voluntario, un pacto para que la industria se vigile a sí misma cuando hace publicidad a menores. Esto no ha funcionado. Cuando el guardián y el propietario son los mismos, el resultado ya lo conocemos. Según evaluaciones e informes independientes, la gran mayoría de anuncios dedicados a niños son de productos poco saludables. En segundo lugar, la obesidad infantil es un problema y no es culpa de las familias, no es falta de voluntad; son los determinantes comerciales de la salud, es decir, eso que te ponen delante cuando te venden el producto y a qué precio. Tercero ―porque esto va de clase―, la alimentación en nuestras ciudades depende del código postal. Ya lo han dicho antes, la desigualdad también se come y la paga la clase trabajadora. Señorías, permítanme ser honesto. Que votemos a favor no quiere decir que la consideremos completa. Regular la publicidad está muy bien, pero no es suficiente. Regular los anuncios y no tocar los precios está muy bien, pero no es suficiente. Repito, regular los anuncios y no tocar los precios está bien, pero no es suficiente; no lo es. Hablar de comida sana y no garantizar comedores escolares universales de calidad no es suficiente; hablar de comer sano y no garantizar productos de calidad no es suficiente; hacer campañas de responsabilidad individual mientras se permita una selva publicitaria no es suficiente. No es aceptable, pues, que una familia tenga que hacer milagros cada semana. No es justo que los barrios con menos renta tengan más trampas y menos opciones, y la salud pública no puede ser un negocio. Aquí hay una escena que muchos hemos visto. Una madre que sale tarde de trabajar con un sueldo ajustado, el niño le pide lo que ve en la pantalla, lo que comen también sus amigos, y que tiene un simpático personaje. En esa batalla desigual muchas veces acaba ganando el marketing. Eso quiere decir que la libertad, si no hay derechos, es un anuncio más. Por eso el Grupo Republicano tenderá la mano al grupo proponente para ayudar a establecer medidas, calendario para que se pueda hacer bien. Y un punto más sobre esta ley: esta ley se ampara en títulos competenciales del Estado, correcto, pero la salud pública, el consumo y los medios propios son competencias de la Generalitat de Catalunya. Por ello, le solicitamos que respete el autogobierno de las distintas naciones del Estado. Proteger a los niños, sí, pero centralizar y blindar competencias, no. El mensaje es claro y esto pasa muchas veces y no siempre tendríamos que estar aquí cuidando, cuidando, cuidando, porque la plurinacionalidad debería ser algo tan tan tan asumido que no tendríamos que recordárselo. Por todo ello, señoras y señores, señorías, mi grupo parlamentario votará a favor de que esta ley tire hacia adelante. Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, presidenta. Hoy debatimos una proposición que, bajo un título aparentemente inocente ―la promoción del consumo de alimentos y bebidas saludables―, lo que en realidad esconde es algo mucho más grave y es el penúltimo intento de algunos para que el Estado se convierta no ya en el árbitro, sino en tutor moral, nutricionista oficial y el vigilante permanente de las decisiones privadas de los ciudadanos. (Aplausos). Porque eso es exactamente esta ley: una norma profundamente intervencionista, paternalista y absolutamente desproporcionada, que parte de una premisa muy peligrosa, que es que el ciudadano es incapaz de decidir por sí mismo qué puede comer, qué puede comprar y qué anuncio puede ver sin que el Gobierno lo proteja de su propia libertad. Cuando uno lee el texto, entiende rápidamente el problema, porque esta ley no se conforma con regular la publicidad dirigida específicamente a menores; no. Lo que hace es algo muchísimo más amplio: considera publicidad infantil prácticamente cualquier comunicación que un menor pueda llegar a ver; es decir, prácticamente toda. Señorías de SUMAR, según su lógica, si un adolescente pasa por delante de una cafetería y ve un cartel de un cruasán, ya estamos en un riesgo sistémico para la salud pública. Si una familia va a un centro comercial y ve el anuncio de una pizza, prácticamente eso sería un crimen contra la humanidad nutricional. Han construido ustedes un modelo en el que la mera posibilidad de exposición a un menor convierte cualquier publicidad en sospechosa. Y el resultado es delirante: prohíben ustedes la publicidad a 150 metros de colegios, parques, bibliotecas, instalaciones deportivas, playas urbanas, ferias locales, fiestas populares; es decir, ¡prácticamente en toda España! (Aplausos). Solo les falta prohibir anuncios en las inmediaciones de un cumpleaños infantil o en la cola de una churrería. Porque el problema hoy en día parece ser que no es ni el precio de la vivienda ni las listas de espera sanitaria ni la seguridad en los barrios ni la precariedad juvenil. No, no: el gran enemigo de nuestro tiempo es el anuncio de una hamburguesa en una piscina municipal. (Aplausos). Vayamos más allá. Esta ley pretende que anuncios audiovisuales dediquen un 20 % del tiempo a advertencias nutricionales. Un 20 %. Imaginen ustedes el anuncio de un helado donde el consumidor vea más tiempo el aviso burocrático que el propio producto. Es decir, vamos camino de convertir la publicidad alimentaria en los paquetes de tabaco de los noventa, solo que aplicado a las cajas de galletas. Todo ello, eso sí, acompañado, naturalmente, de la fe ciega en su ministerio pedagógico universal. Porque el texto obliga a incluir mensajes como: Una dieta saludable debe incluir una amplia variedad de alimentos frescos no procesados. Gracias. Gracias, señores de SUMAR, menos mal que ha llegado el BOE para informarnos de algo que millones de familias ya saben perfectamente desde hace generaciones, pero que, desgraciadamente, gracias a la gestión de este Gobierno, no se pueden permitir porque comprar una lechuga, aceite de oliva o pescado se ha convertido en un verdadero lujo asiático. (Aplausos). Pero lo verdaderamente inquietante no es el tono moralizante. No. Lo verdaderamente inquietante es el concepto político que subyace detrás de esta ley. Ustedes hablan constantemente de proteger ―proteger al menor, proteger al consumidor, proteger a la sociedad―, pero nunca hablan de responsabilidad individual, de educación familiar o de libertad de elección, porque, en el fondo, lo que tienen ustedes es una idea profundamente elitista: la de que las personas tomamos malas decisiones, pero, eso sí, gracias a Dios, ahí está el papá Estado para ayudarnos a todos a corregirlas. Y esa lógica no termina nunca. Hoy son las galletas, mañana la carne roja, pasado el atún, después el jamón curado, quién sabe, porque tiene sal. Así, paso a paso, poquito a poquito, vamos hacia un modelo donde el Gobierno decide qué hábitos son moralmente aceptables y cuáles deben ser arrinconados mediante sanciones y restricciones.

Por cierto, hablando de sanciones: hasta 600 000 euros multiplicables por la facturación obtenida; cierre temporal de actividad; retirada inmediata de campañas publicitarias; registro público de marcas autorizadas. Un aparato sancionador gigantesco para perseguir anuncios de alimentos. Francamente, uno ya no sabe si está leyendo una ley de salud pública o el reglamento administrativo de una república soviética sobre la nutrición. (Aplausos).

Mientras tanto, ¿qué ocurre con las pequeñas empresas, qué ocurre con la hostelería, qué ocurre con los pequeños comercios, las marcas locales, los negocios familiares, que no tienen un departamento jurídico capaz de interpretar la absoluta ambigüedad de esta norma? Pues ocurre lo de siempre: más burocracia, más inseguridad jurídica y más costes. Porque, cuando la izquierda saca su obsesión regulatoria quien termina sufriendo siempre es el mismo: el pequeño empresario que solo intenta sacar adelante su negocio sin convertirse en un experto de perfiles nutricionales de la Organización Mundial de la Salud.

Señorías, combatir la obesidad infantil es un objetivo legítimo. Nadie discute eso, pero una sociedad sana no se construye infantilizando a los ciudadanos ni criminalizando el consumo: se construye con educación, conciliación familiar, información clara y responsabilidad compartida. Y el papel del Estado no es sustituir permanentemente el criterio de las familias ni convertir cada aspecto de la vida cotidiana en objeto de supervisión ideológica. Por eso rechazamos esta proposición de ley, porque no promueve una sociedad más libre, ni más madura, ni más responsable; promueve una sociedad más vigilada, más tutelada (aplausos) y más acostumbrada a que el poder político decida incluso lo que se pueda anunciar a 150 metros de una playa.

Sinceramente, señorías, quizás el problema no sea que los ciudadanos coman demasiadas galletas. Quizás el problema esté realmente en que algunos Gobiernos llevan demasiado tiempo alimentándose de prohibiciones y de limitaciones constantes de la libertad de los españoles, mientras que, al parecer, les importa muy poco limitar la libertad para delinquir no ya de sus ministros, sino hasta de sus propios presidentes.

Gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Gracias, presidenta. Hoy sometemos a consideración una iniciativa que responde a una realidad incontestable, y es que la infancia y la adolescencia requieren una protección reforzada frente a la publicidad de alimentos y bebidas insanas, que condiciona sus hábitos y pone en riesgo su salud presente y futura, y actuar es una obligación ineludible de los poderes públicos. En julio de 2023 el Departamento de Nutrición y Seguridad Alimentaria de la OMS presentó la guía Políticas para proteger a la niñez del impacto nocivo de la publicidad de alimentos, un documento que insta a los Gobiernos a adoptar marcos regulatorios más firmes frente a la publicidad dirigida a menores. Y la evidencia es contundente: dieciocho estudios coinciden en que limitar este tipo de publicidad produce resultados positivos y constituye una herramienta eficaz para proteger la salud infantil. La OMS nos indica que los menores siguen expuestos a una publicidad intensiva de alimentos insanos diseñada para influir en sus preferencias, sus hábitos y hasta en lo que piden comprar. Y sus efectos sobre la salud y sus derechos son claros, y por eso protegerlos no es opcional, sino una obligación de los poderes públicos. Países como Noruega, Reino Unido o Portugal ya cuentan con una legislación muy avanzada que restringe la publicidad de alimentos no saludables para menores y limita las técnicas publicitarias para niños. No estamos ante una cuestión menor ni meramente comercial, sino ante un problema de salud pública, que afecta de forma directa al interés superior del menor, según lo recomendado por nuestra Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y nuestra legislación interna. Por tanto, estamos abordando un problema que afecta directamente a la salud pública, a la igualdad de oportunidades y muy especialmente al bienestar de la familia y las infancias.

Cuando hablamos de obesidad infantil hacemos referencia a un fenómeno multifactorial pero también a un entorno que expone de forma persistente a nuestros menores ante mensajes comerciales que incentivan consumos perjudiciales. Por eso esta propuesta parte de una premisa clara, y es que la libertad de empresa y la actividad publicitaria no pueden prevalecer sobre el derecho de niños, niñas y adolescentes a crecer en un entorno saludable. Los socialistas vamos a apoyar la toma en consideración de esta iniciativa por coherencia con nuestros principios y con aquello en lo que creemos, en que los poderes públicos tienen la obligación de proteger especialmente a quien se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad. Y lo haremos también porque el contenido de la propuesta se sitúa en la misma dirección que la prioridad que tiene nuestro Gobierno, que es la reducción de la obesidad infantil.

Ahora bien, nuestro apoyo parte de una premisa clara, y es que esta ley es mejorable. Nuestras enmiendas, de aprobarse la toma en consideración, irán encaminadas fundamentalmente a corregir, preservar o potenciar tres aspectos que consideramos fundamentales y compatibles con el objeto de esta iniciativa: la competitividad de la cadena alimentaria española, aquellos aspectos del articulado que puedan desincentivar la reformulación o penalizar la innovación y las prohibiciones generales por categorías de productos sin análisis de proporcionalidad y alternativas graduadas.

No obstante, también sabemos que la derecha parlamentaria tratará de no darnos la oportunidad de corregir el texto, porque presumo que no lo apoyarán, volverán a ponerse exclusivamente del lado de la industria y sus propios intereses partidistas, en contra del interés general y el interés superior del menor. Lo demuestran pleno tras pleno, instalados en el cuanto peor mejor y en el cinismo de que caiga España, que ya la levantaremos nosotros. Anteponen el daño al país a cualquier sentido de la responsabilidad. (Aplausos).

Señorías, las políticas públicas para combatir la obesidad infantil son fundamentales, y estas políticas públicas funcionan cuando se sostienen en el tiempo, y por eso las políticas del Gobierno progresista están funcionando. El Estudio Aladino 2023 muestra que la prevalencia del exceso de peso entre los niños de 6 a 9 años ha disminuido en todas las ediciones desde 2011, y entre los años 2019 y 2023 se ha registrado la caída más significativa de toda la serie: 4,5 puntos porcentuales menos. Según la Encuesta de Salud en España 2023, la obesidad infantil baja al 7,1 frente al 10,3 de 2017, consolidando la tendencia descendente iniciada en 2020 y situándose entre los niveles más bajos de la serie. Ahora bien, estos mismos datos nos recuerdan algo fundamental, y es que la obesidad infantil sigue teniendo un cierto componente social y que afecta con mayor intensidad a los niños y a las niñas de las familias con menos ingresos, porque la obesidad y los problemas asociados a una mala alimentación no tienen una única causa; intervienen factores biológicos, sociales, económicos, educativos, ambientales y de estilo de vida, y precisamente por eso la respuesta pública debe ser amplia, coordinada y sostenida en el tiempo. Y en esta dirección se enmarca la labor que viene desarrollando el Gobierno a través de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición y la Estrategia NAOS, que desde 2005 impulsa actuaciones para promover una alimentación variada y equilibrada, fomentar la actividad física y mejorar los entornos en los que se toman las decisiones alimentarias.

Señorías, quisiera destacar algunas medidas concretas puestas en marcha por este Gobierno. Recientemente se ha aprobado el Real Decreto 315/2025, del 15 de abril, para fomentar una alimentación saludable y sostenible en los centros educativos. Es una medida especialmente relevante porque los comedores escolares no son solo un servicio, también son un espacio de igualdad, salud y educación en hábitos de vida saludables. Además, el Gobierno está trabajando en un nuevo real decreto para extender estos criterios de alimentación saludable y sostenible a centros de titularidad pública y centros privados que atiendan a personas dependientes o con necesidades especiales. Es decir, se está avanzando para que la mejora de la oferta alimentaria llegue también a aquellas personas que más lo necesitan. Y a ello se suma la publicación de un documento de consenso sobre alimentación saludable y sostenible en el primer ciclo de educación infantil. Y todo esto se inserta en el Plan Estratégico Nutricional para la Reducción de la

Obesidad Infantil 2022‑2030, en el que participan dieciocho ministerios. Y esto es importante subrayarlo: no hablamos de una actuación aislada, sino de una política de Estado transversal, que implica al conjunto de la Administración y conecta salud, educación, consumo, derechos sociales e igualdad.

Señorías, el Grupo Socialista afronta este debate desde una posición clara: compartimos el objetivo de seguir promoviendo una alimentación más saludable, especialmente durante la infancia y entre los colectivos más vulnerables; reconocemos que hay avances importantes impulsados por el Gobierno, y entendemos que cualquier nueva iniciativa legislativa debe servir para reforzar, ordenar y mejorar las políticas que ya están en marcha, porque proteger la salud de niños y niñas, reducir las desigualdades asociadas a la alimentación y garantizar entornos más saludables no es solo una cuestión sanitaria, sino de justicia social.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, señora presidenta. Señorías, la familia, acompañada por la escuela, la cultura y los medios de comunicación, entretenimiento y promoción comercial, desempeña un papel decisivo en la forma en la que la persona aprende a leer el mundo y a encontrar su lugar en él. Y es precisamente en estos espacios, con la familia como ámbito principal e insustituible, donde suelen adquirirse muchos de los hábitos, principios y valores que esculpen a la persona de por vida. La iniciativa presentada por SUMAR parte de una preocupación legítima. Y al Partido Popular también le preocupa la protección y el bienestar de los niños y los adolescentes. Pero habríamos agradecido que hubiesen manifestado la misma sensibilidad de su intervención de hoy hacia los menores tutelados víctimas de abusos en Baleares, la Comunidad Valenciana y Cataluña. (Aplausos). España, a la cabeza en pobreza infantil, arrastra también desde hace años cifras preocupantes respecto a obesidad infantil y sobrepeso en menores. La OMS identifica la obesidad infantil como una enfermedad crónica grave y uno de los mayores desafíos sanitarios del siglo XXI. Además, determinados modos de vida agudizan esta enfermedad. Y el Partido Popular asume este planteamiento. Pero aquí permítame, diputado Alonso, que le insista en que es urgente que el Ministerio de Sanidad reconozca que hablamos de una enfermedad, y no de un síntoma. (Aplausos). Permítanme, señorías de SUMAR, que me detenga ahora en dos debilidades especialmente reveladoras de su proposición de ley: la primera, el modo en el que han decidido tramitar esta iniciativa parlamentaria; la segunda, la evidente limitación del enfoque desde el que pretenden abordar un desafío, como hemos dicho, sanitario, educativo y social de enorme complejidad. Respecto a la tramitación, saben ustedes que el Gobierno anunció públicamente durante meses una futura regulación sobre publicidad alimentaria dirigida a menores. Sin embargo, aquella iniciativa, como otras, nunca llegó a tramitarse como proyecto de ley, y, finalmente, hoy aflora aquí como proposición de ley de uno de los grupos que sostienen al Ejecutivo. No se trata de una cuestión menor, porque un proyecto de ley incorpora garantías que la proposición de ley no exige: memorias sobre impacto normativo, evaluación económica y presupuestaria, informes ministeriales, trámites de audiencia pública y análisis sobre los sectores afectados. Así pues, la tramitación de esta iniciativa revela la dificultad del Ejecutivo para alcanzar un consenso y, además, una forma de gobernar a la que nos tienen cada vez más acostumbrados, utilizando a los grupos de la mayoría como vía para impulsar lo que el Ejecutivo, dividido en tantas ocasiones, evita asumir por los cauces ordinarios. ¡Lástima que esa división no existiera cuando el Gobierno aprobó sin pestañear el rescate a Plus Ultra, liderado —‌presuntamente— por el expresidente Zapatero! (Aplausos).

Respecto a la limitación del enfoque de la proposición, nuestro grupo parlamentario no llega a este debate hoy con las manos vacías. Llevamos casi tres años construyendo, iniciativa a iniciativa, las propuestas políticas que la infancia y la adolescencia española merecen y necesitan. Ustedes proponen regular la publicidad de alimentos no saludables: nosotros proponemos bajar el IVA de alimentos frescos y conservas para que las familias puedan permitirse comprar más; más huevos, leche, carne, pescado, frutas y verduras; sí, sí, también carne y pescado, señorías de SUMAR. (Aplausos). Ustedes proponen etiquetar productos con advertencias nutricionales: nosotros proponemos el etiquetado frontal, para que la información sea clara y útil para las familias. Ustedes proponen promover la dieta saludable desde la norma publicitaria: nosotros proponemos favorecer el acceso a alimentos básicos para las familias en situación de vulnerabilidad y defender activamente la dieta mediterránea como patrimonio nutricional, cultural e identitario de nuestro país y exigimos que la ley proteja —‌y no penalice— los productos de nuestra tierra. Ustedes proponen prohibir la venta de bebidas mal llamadas energéticas a menores mediante esta proposición. Como muy bien ha destacado, en Galicia, gobernada por el Partido Popular, esta prohibición ya ha entrado en vigor. (Aplausos). Ustedes proponen sancionar a los anunciantes: nosotros proponemos no recaudar más, sino devolver dinero a las familias españolas, señorías, como con la deflactación del IRPF para que la inflación no se convierta en más impuestos, bajar el IVA de las facturas de la energía y bonificaciones fiscales que alivien la presión económica sobre los hogares con hijos. Una familia con más renta disponible toma mejores decisiones, puede comprar mejor, puede comer mejor y puede vivir mejor. Y ustedes proponen también regular el tiempo que los niños pasan expuestos a la publicidad: nosotros proponemos devolverles el tiempo que pasan con su familia. La proposición de ley de conciliación y corresponsabilidad familiar que hemos presentado y que ustedes rechazaron persigue exactamente eso que mencionaba usted, señor Alonso, que los progenitores puedan estar presentes, puedan cocinar, puedan acompañar, puedan mirar, puedan escuchar y, por supuesto, corregir; en fin, puedan amar y educar. Ustedes proponen fomentar hábitos saludables desde la norma. Nosotros les ofrecemos esas deducciones fiscales por gastos deportivos familiares que en algunas comunidades donde gobierna el Partido Popular ya son efectivas.

Señorías, la obesidad infantil exige una respuesta mucho más poliédrica que la que ustedes nos traen hoy. Precisa de un Gobierno limpio, que no esté dividido y trabaje colegiadamente con los mejores instrumentos a su disposición. Exige que el avance de las medidas se dirija certeramente a dotar a las familias, a las entidades locales y a las comunidades autónomas de los recursos suficientes para que puedan permitirse estilos de vida y de alimentación saludables. Lamentablemente, señorías, eso será imposible mientras que el Gobierno de España sobreviva atrincherado en la ponzoñosa corrupción económica, política, institucional y moral con la ayuda de los grupos parlamentarios de la izquierda radical, el independentismo rupturista y quienes no han tenido reparo en tender la mano a los terroristas. Habrá que esperar a que los españoles elijan un nuevo presidente de Gobierno —y‌ estoy segura de que será Alberto Núñez Feijóo— para que España pueda afrontar con seriedad, rigor y unidad este y otros tantos desafíos que hoy quedan pendientes.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).