Real Decreto-ley 10/2026, de 28 de abril, por el que se aprueban medidas tributarias urgentes y otras medidas de apoyo en respuesta a los daños causados a las víctimas de siniestros de la DANA y otras situaciones de emergencia.

Muchas gracias, presidente. Señorías, buenos días a todas y a todos. Comparezco ante la Cámara para defender la convalidación del Real Decreto Ley 10/2026, de 28 de abril, por el que se aprueban medidas tributarias urgentes y otras medidas de apoyo en respuesta a los daños causados por la dana y otras situaciones de emergencia. Y lo hago desde la convicción de que estamos ante un real decreto ley necesario, proporcionado, que responde a situaciones reales, concretas y profundamente humanas, y lo hace desde los valores que definen a nuestro Estado social y democrático de derecho: protección de las víctimas, solidaridad interterritorial, seguridad jurídica y eficacia en la acción pública. Este real decreto ley aborda materias diversas, pero todas comparten un hilo conductor: la necesidad de que el Estado dé una respuesta inmediata ante situaciones de emergencia, catástrofes y daños graves que aún hoy siguen produciendo efectos económicos, sociales y personales. Señorías, hablamos de personas, de familias, de trabajadores, de autónomos, de empresas y de Administraciones públicas que han tenido que reaccionar ante lo imprevisible: fenómenos meteorológicos extremos como la dana, incendios forestales devastadores, accidentes ferroviarios con consecuencias trágicas o también las víctimas de abusos sexuales de la Iglesia Católica. En todos estos supuestos, el tiempo es un factor decisivo y la legislación no puede llegar tarde. Por eso hemos aprobado una serie de medidas urgentes que les paso a detallar. En primer lugar, empezaré por las que ocupan el capítulo primero del decreto ley, que garantiza que las ayudas concedidas a los afectados por la dana no tributen en el IRPF ni en el impuesto sobre sociedades cuando su naturaleza sea claramente indemnizadora o reparadora. Además, se armoniza el tratamiento tributario de ayudas concedidas por distintas Administraciones públicas y por entidades privadas sin ánimo de lucro, evitando desigualdades y reforzando la seguridad jurídica. En la misma línea, se declaran exentas las ayudas por daños personales derivados de los incendios forestales y otras emergencias acaecidas durante el verano del 2025. Por otro lado, señorías, este decreto ley incorpora también una medida de enorme carga simbólica. Me estoy refiriendo a la exención tributaria de las cantidades satisfechas a las víctimas de abusos sexuales de la Iglesia Católica. Como saben, recientemente se alcanzó un acuerdo histórico entre el Gobierno, el Defensor del Pueblo, la Conferencia Episcopal y la Confederación Española de Religiosos para el establecimiento de un sistema para reparar a las víctimas de estos detestables abusos. Esta decisión da cumplimiento al protocolo firmado el 30 de marzo de 2026 y se fundamenta en un principio incuestionable: la reparación económica a una víctima no puede convertirse en una fuente de tributación. Por tanto, estas indemnizaciones no son rentas ni ganancias, son actos de justicia reparadora. La exención se aplica sin discriminación tanto a las reparaciones articuladas a través del nuevo sistema como a aquellas realizadas mediante planes propios ya existentes. Por tanto, tendrá carácter retroactivo.

Con ello el Estado acompaña, respalda y dignifica a las víctimas también desde el ámbito fiscal.

Paso ahora al capítulo segundo, relativo a las medidas financieras presupuestarias dirigidas a Administraciones Territoriales. El real decreto ley habilita regímenes excepcionales de endeudamiento para comunidades autónomas especialmente afectadas, permitiéndoles financiar gastos extraordinarios derivados de las catástrofes sin comprometer la prestación de los servicios públicos esenciales. Lo que se está haciendo es dotar de oxígeno financiero a quienes han tenido que afrontar gastos extraordinarios inaplazables derivados de catástrofes naturales. No hacerlo sería condenar a esas administraciones a tener que elegir entre cumplir con las reglas fiscales o atender a sus ciudadanos.

En ese sentido, quiero recordar que el Gobierno central puso en marcha una línea específica para la dana de Valencia dentro de los mecanismos extraordinarios de financiación. Dada la excepcionalidad de la catástrofe, era necesario establecer un crédito específico para financiar esos gastos. Pero para poner en marcha este mecanismo era necesario activar una habilitación legal para los ejercicios 2024 ―en 2025 ya se hizo―, pero para el año en curso el Gobierno incluyó también una habilitación específica en un real decreto ley que se aprobó el pasado mes de diciembre. Sin embargo, no fue convalidado en este Congreso y, por lo tanto, lo volvemos a traer, esperando ahora que algunos partidos tengan la sensibilidad necesaria con la Comunidad Valenciana, ya que esta ha solicitado para este año de ese mecanismo extraordinario 1300 millones de euros. Las entidades locales también se han visto afectadas por la dana y dispondrán de un tratamiento singular de sus gastos extraordinarios a efectos del cumplimiento de las reglas fiscales, y quedarán exentas cuando proceda de presentar planes económico‑financieros, dando respuesta así a una demanda que nos han hecho llegar muchos alcaldes y alcaldesas de la zona.

Señorías, esto no significa ninguna relajación de las reglas fiscales, es poner las cuentas públicas al servicio de la reconstrucción de esos municipios ante una situación absolutamente excepcional. Demostramos con hechos el compromiso del Gobierno de España con la reconstrucción e impulso a las zonas afectadas por esta catástrofe. De hecho, el impacto de las medidas y recursos con motivo de la dana entre 2024 y 2025 alcanza los 9226 millones de euros, de los que casi un 80 % han sido asumidos por la Administración central. Y también declaramos exentas de tributación en IRPF las donaciones efectuadas por entidades sin ánimo de lucro a las personas físicas afectadas por la dana. Quiero reconocer aquí el trabajo que realizan esas ONG ya que, en muchas ocasiones, complementan y llegan a zonas donde las Administraciones públicas no han llegado o las refuerzan, especialmente con las familias más vulnerables.

También, como recordarán, en el real decreto ley, que decayó el pasado mes de enero, ya establecimos que las ayudas concedidas por la Generalitat Valenciana para los afectados estuvieran exentas fiscalmente, tal y como ocurre con las del Estado. Lamentablemente, ese real decreto decayó y esperamos ahora que hayan reflexionado determinados grupos parlamentarios y esta convalidación tenga lugar. (Aplausos).

Por eso, también incorpora este real decreto ley medidas de protección social directa que merecen una mención expresa. Tras los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida, se reconoce de forma excepcional la consideración de accidente de trabajo a efectos económicos para las situaciones de incapacidad temporal, permanente y para las pensiones de viudedad y orfandad. Es una medida de justicia material que evita dejar a las víctimas y a sus familias en una posición de desprotección por razones puramente formales. Cuando la tragedia irrumpe, el Estado debe responder con humanidad y con decisión.

Por último, el real decreto ley prevé, además, un mecanismo específico de gestión de los fondos en los servicios en el exterior para situaciones en las que los conflictos impiden el normal movimiento de los fondos con el personal que tenemos en esas delegaciones. Como hemos hecho siempre que se ha producido una catástrofe o un evento trágico, el Gobierno va a estar acompañando a las víctimas en todo momento y el tiempo que sea necesario. Este real decreto ley que proponemos a su convalidación lo demuestra. No nos vamos a olvidar de las víctimas. Aliviamos, aunque sea fiscalmente, a las personas afectadas. Ponemos en el centro de nuestras políticas a las personas, a las víctimas, adoptando medidas que beneficien a la mayoría social y abordando los problemas reales de esta persona, sin importar dónde vivan o cuál sea su origen.

Señorías, finalizo ya. Este real decreto ley hace algo sencillo, pero muy importante: protege a las víctimas, da seguridad jurídica, permite que las Administraciones públicas respondan y hace que el Estado esté donde debe de estar cuando más se le necesita. Por todo ello pido a los grupos parlamentarios su apoyo a la convalidación de este Real Decreto ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gràcies, presidenta. Senyor ministre, este decret arriba tard, però arriba en la direcció correcta, que és el més important, perquè les mesures fiscals i financeres que hui s’aproven són exactament les que Compromís portem reclamant des del primer dia per la dana, que les ajudes no tributen, que els ajuntaments tinguen marge de maniobra i que els municipis puguen respirar mentre intenten reconstruir les seues vides. I això no és només una posició política. Com vostè sap, és també el que han demanat les víctimes, la gent afectada, els pobles colpejats, gent que no volia excuses, que volia solucions per a poder tornar a alçar. Per això ens alegrem que finalment el Govern haja fet el que tocava, però també cal dir‑ho arribar tard en política de vegades té conseqüències i, al final, en este moment les han pagat les persones afectades amb certa incertesa i patiment. Però bé, aquest debat, el debat de hui per a nosaltres no és només fiscal. També hi ha un debat de model i el que hem vist nosaltres al barranc del Poio de Xiva, en Picanya, Paiporta o Catarroja, no pot repetir‑se amb intervencions que siguen només pedaços. Estem parlant de municipis que han estat colpejats durament i que necessiten un pla integral, amb un calendari i amb decisions que facen que el que va passar el 29 de octubre no torne a passar. I el mateix passa quan parlem del riu Magre. Les motes poden ajudar, però no resolen el problema estructural que tenim en el poble d’Algemesí, per exemple. Per això cal augmentar la capacitat del riu entre Carlet i Algemesí. I ací és on també cal que siguen molt clares. La dana del 29 d’octubre del 2024 hauria d’haver sigut un punt d’inflexió. I en tot allò que està fent el Govern de l’Estat no sempre sembla que ho siga. Perquè nosaltres, el que insistim en que necessitem solucions basades en la natura, en recuperar l’espai fluvial, en ampliar el bosc de ribera i en planificar amb criteris de resistència climàtica el País Valencià. Com vostè sap, senyor, Espanya necessita institucions que estiguin a l’altura del que hem viscut les valencianes i els valencians i el Govern de la Generalitat no ho estarà. Per això necessitem que el Govern central, el Govern de l’Estat, sí que ho estiga. Gràcies. Evidentment votarem a favor.

Gracias, presidente. Señor ministro, este decreto llega tarde, pero llega en la dirección correcta, que es lo más importante, porque las medidas fiscales y financieras que hoy se aprueban son exactamente las que en Compromís llevamos reclamando desde el primer día para la dana: que las ayudas no tributen, que los ayuntamientos tengan margen de maniobra y que los municipios puedan respirar mientras intentan reconstruir sus vidas. Y eso no es solo una posición política, como usted sabe, es también lo que han pedido las víctimas, la gente afectada y los pueblos golpeados, gente que no quería excusas, sino soluciones para volver a levantarse, y por eso nos alegramos de que finalmente de que el Gobierno haya hecho lo que tocaba. Pero también hay que decirlo: llegar tarde en política, a veces, tiene consecuencias y, al final, en este momento las han pagado las personas afectadas con cierta incertidumbre y sufrimiento.

Pero este debate de hoy no es solo fiscal, es un debate de modelo también, y lo que hemos visto en el barranco del Poyo, en Chiva, en Picanya, en Catarroja o en Paiporta no se puede revertir a pedazos, a trozos. Son municipios que han sido golpeados duramente y necesitan un plan integral, con un calendario y con decisiones que hagan que lo que ocurrió el 29 de octubre no vuelva a suceder. Lo mismo pasa cuando hablamos del río; puede ayudar todo esto, pero no resuelve el problema estructural en el pueblo de Aljemesí. Por ejemplo, hay que aumentar la capacidad del río entre Carlet y Aljemesí, y ahí es donde también hay que ser claros, porque la dana del 29 de octubre de 2024 tendría que haber sido un punto de inflexión, y por todo lo que está haciendo el Gobierno del Estado no siempre parece serlo.

Nosotros insistimos en que necesitamos soluciones basadas en la naturaleza, en recuperar el espacio fluvial, en ampliar el bosque de ribera y en ampliar, también, con criterios de resiliencia climática. El país valenciano, como sabe usted, necesita instituciones que estén a la altura de lo que hemos vivido los valencianos y valencianas, pero el Gobierno de la Generalitat no lo va a estar, y por eso necesitamos que el Gobierno central, el Gobierno del Estado, lo esté.

Evidentemente, vamos a votar a favor. Gracias.

Buenas tardes, presidente. Señorías, señor ministro, Coalición Canaria nunca votará en contra de un decreto que establezca medidas de alivio fiscal para los afectados por la dana, por los grandes incendios o por los accidentes ferroviarios, pero tengo hoy que preguntar dónde queda La Palma y los compromisos firmados, porque cuando leo esto recuerdo todos los asuntos pendientes con la isla de La Palma. Hablamos de medidas fiscales. La bonificación del IRPF para La Palma está firmada en nuestra agenda política de investidura y este año también es de aplicación, pero me temo que los palmeros van a tener que esperar otra vez a final de año, cuando ese no era el objetivo. El objetivo de la bonificación era que cada mes los palmeros y las palmeras dispusieran de algún margen mayor en su nómina, no podemos esperar a final de año. Con la misma celeridad que hoy aprobamos estas medidas de alivio fiscal, le pido que traigan ya la bonificación del IRPF. ¿Dónde está el dinero necesario para ampliar los convenios que nos ayuden a terminar la reconstrucción? Porque la reconstrucción de La Palma no ha finalizado, porque el Gobierno se comprometió a no abandonar La Palma hasta que la reconstrucción hubiera finalizado y tenemos obras en marcha cuya financiación es urgente. Pero además le he escuchado hablar de que las cuentas públicas tienen que estar al servicio de la ciudadanía, y lo comparto. Comparto que necesitan oxígeno financiero las Administraciones que han sufrido esas catástrofes, pero ¿por qué no las Administraciones de La Palma, con superávit, con una situación de solvencia financiera, que están enfrentando muchas obras para las que el dinero del Estado no ha llegado? ¿Por qué para ellos no? Le pido que aplique la misma medida para las instituciones de La Palma que van a aplicar para las Administraciones de todos estos territorios. Para nosotros, La Palma sigue siendo una prioridad: la reconstrucción no ha terminado, ministro; y aunque las luces y las cámaras ya se han ido, y aunque se van a cumplir cinco años, la tarea en La Palma sigue siendo ardua y el compromiso del Estado tiene que cumplirse. Gracias.

Gracias, presidente. Buenos días, señor ministro. En el Real Decreto 10/2026 debemos a reconocer que hay elementos que son necesarios y que pueden resultar positivos. Desde luego, entendemos que las ayudas por daños personales y materiales en el caso de la dana, los incendios del año 2025 y los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida deberían quedar exentas de tributación porque las víctimas no pueden ser sobrecargadas con impuestos por situaciones sobrevenidas. Asimismo, compartimos también que las víctimas de los accidentes ferroviarios tengan un tratamiento más digno, como no puede ser de otra manera, reconociendo procesos de incapacidad y pensiones similares a las de la legislación laboral. Ahora bien, señor España, reconociendo lo que está bien de este real decreto, también tenemos la obligación de decir con claridad lo que falta, porque este decreto, como tantos otros, llega tarde y seguramente también llegue corto, porque evita deliberadamente debates estructurales que les hemos planteado y en los que no quieren entrar. De nuevo estamos ante un decreto que se centra en agilizar ayudas o mejorar el tratamiento fiscal, pero que vuelve a dejar fuera lo importante: vuelve a dejar fuera la necesidad de intervenir resueltamente en los mercados en contextos de catástrofe y también en contextos de reconstrucción. Porque tras la dana del 29 de octubre de 2024 todos vimos cómo se disparaba la especulación en municipios como Paiporta o Catarroja. Los rentistas subían los alquileres un 20 %, se manipulaban artificialmente precios de mercado para, por ejemplo, subir el precio de un coche usado un 50 % y, ante un escenario así, parece que el Gobierno siempre quiere priorizar la vía de la exención fiscal, pero para una parte de la población afectada en estas situaciones con eso no llega, con eso no les alcanza. En este sentido, el real decreto que discutimos hoy vuelve a dejar fuera mecanismos efectivos de control de precios, vuelve a dejar fuera los topes a los alquileres, vuelve a dejar fuera la prohibición de especular con alimentos o con bienes básicos. En cuanto a los accidentes de Adamuz o de Gelida, este decreto agiliza ayudas y eso está bien, pero como recordó mi compañera, la diputada Martina Velarde, en esta tribuna: la justicia no empieza cuando se paga una indemnización o no solo cuando se paga una indemnización; la justicia empieza cuando hay un transporte público seguro y confiable; y aquí también encontramos una gran ausencia, señor ministro, porque mientras debatimos sobre indemnizaciones a las víctimas de dos accidentes ferroviarios terribles el modelo de liberalización de la alta velocidad, que ha traído consigo mayor presión sobre las infraestructuras, mayor abandono de la red convencional y menos inversión, continúa intocable y blindado. Y lo que nosotros le decimos ―y termino, presidente― es que con este capitalismo del desastre y sus crisis sobrevenidas, un Estado que se dice pretendidamente social no puede limitarse a rebajas fiscales y a gestionar ayudas a toro pasado, sino que tiene que intervenir los mercados en situaciones de catástrofe, tiene que frenar la especulación y tiene que recuperar sectores estratégicos, y este real decreto, como este Gobierno, de nuevo se queda a medias. (Aplausos).

Gracias, presidente. Señorías, no voy a detenerme en detallar el contenido concreto de las medidas incluidas en el real decreto porque ya han sido ampliamente por el ministro. Nuestro grupo parlamentario va a votar favorablemente porque entendemos que muchas de ellas responden a situaciones reales de urgencia y necesidad para miles de ciudadanos o ciudadanas afectados por circunstancias extraordinarias: víctimas de la dana, familias afectadas por incendios, trabajadores perjudicados por accidentes ferroviarios, Administraciones públicas que necesitan instrumentos inmediatos para responder ante emergencias reales. Sería irresponsable bloquear ayudas fiscales, medidas de protección social o mecanismos de financiación extraordinaria cuando hay personas, autónomos y ayuntamientos que siguen sufriendo las consecuencias de estas catástrofes. También porque valoramos específicamente las medidas de reparación y protección a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica evitando que esas compensaciones económicas tengan además una carga tributaria añadida.

Pero votar a favor tampoco significa callar porque, sí, queremos expresar una crítica clara al modo en el que el Gobierno está utilizando de forma reiterada el instrumento del real decreto ley; una norma para casos extraordinarios y de urgente necesidad. Nadie discute que muchas de las medidas contenidas hoy responden a esa urgencia. Lo que sí cuestionamos es la práctica política de convertir esta vía excepcional en la forma ordinaria de legislar reduciendo, por tanto, el papel del Parlamento y dificultando también el trabajo de los grupos parlamentarios. Nos encontramos una vez más con un texto heterogéneo sobre el que no hemos tenido ningún diálogo previo y sin darnos margen real a los grupos para estudiar, negociar o mejorar su contenido antes de llegar a esta Cámara. Permítame decirle, señor ministro, que el Parlamento no puede limitarse a actuar como una simple ventanilla de validación de decisiones ya cerradas por el Ejecutivo. La urgencia no debería ser incompatible con el consenso ni la necesidad con el respeto institucional, porque cuando se gobierna a golpe de decreto se debilita el debate parlamentario, se reduce la transparencia y se dificulta la construcción de acuerdos amplios y estables. Eso termina, finalmente, deteriorando la calidad democrática y la seguridad jurídica.

Todos los decretos aprobados hasta ahora en relación con la dana fueron convalidados con el compromiso de tramitarse posteriormente como proyectos de ley. Sin embargo, todos hoy prácticamente están guardados en un cajón parlamentario sin avance real. Esa situación no es un hecho aislado. Hay una reciente sentencia del 2026 del Tribunal Constitucional que ha declarado nulo el acuerdo que permite prórrogas indefinidas del trámite de enmiendas, precisamente por vulnerar el equilibrio institucional y por desnaturalizar el procedimiento legislativo. El Tribunal ha dicho con claridad que las mayorías no pueden alterar a conveniencia las reglas del juego ni bloquear indefinidamente la capacidad de la Cámara para debatir y mejorar textos. Si el Constitucional ha tenido que intervenir para frenar un uso abusivo de las prórrogas parlamentarias, con más razón debemos exigir rigor cuando el Ejecutivo convierte el decreto de ley en su vía habitual de actuación y mantiene sin tramitar los decretos que él mismo se ha comprometido a tramitar como proyectos de ley. Quizás, si estos textos se hubieran tramitado, podríamos haber debatido y acordado mejoras, ampliarlas, ampliar medidas o hacerlas más estables en el tiempo. En lugar de eso nos encontramos aprobando nuevos decretos cada pocos meses para prorrogar medidas, corregir cuestiones pendientes o incorporar nuevas disposiciones que podrían haberse abordado de una manera más ordenada, más dialogada y con mayor seguridad jurídica. Hoy vemos un ejemplo claro: este mismo real decreto vuelve a incorporar modificaciones del Decreto 7/2026 porque varias de aquellas medidas estaban condicionadas a la evolución del IPC energético y caducaban automáticamente el 1 de junio si no se prorrogaban o se ajustaban. Por lo tanto, estamos ante una corrección acelerada para evitar el decaimiento también de algunas medidas.

Quiero detenerme en una medida que entendemos y compartimos. Me refiero a la flexibilización de las reglas fiscales para los ayuntamientos afectados por la dana, porque nadie puede exigir normalidad presupuestaria a Administraciones que han tenido que afrontar daños extraordinarios y gastos de emergencia. También creemos que este debate debería haberse aprovechado para abordar una cuestión mucho más amplia que afecta al conjunto de ayuntamientos y comunidades autónomas.

En plena crisis internacional derivada del conflicto con Irán, los costes energéticos aún elevados, la industria sometida a la presión de los aranceles y el precio de los alimentos también al alza mantener, ministro, bloqueado el superávit limita la capacidad de respuesta de las Administraciones territoriales y acaba perjudicando directamente a los ciudadanos. El propio Gobierno ya resolvió en el Decreto 15/2025, y reconocía en su preámbulo la necesidad de actuar sobre el superávit de 2025. Lo hicieron con el 2024. Por eso creemos que este decreto también hubiera sido una oportunidad para permitir a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas utilizar esos recursos para reforzar servicios públicos, inversión y protección económica en un momento también especialmente difícil.

Junto a ello no podemos olvidar el impacto social que sigue teniendo esta situación sobre muchas familias. La subida de los costes energéticos, el encarecimiento de la cesta a la compra y la presión económica sobre hogares, autónomos y pequeñas empresas están provocando que muchas personas tengan cada vez más dificultades para llegar a final de mes. Por eso creemos que las Administraciones territoriales necesitan más margen para actuar, porque son precisamente los ayuntamientos y las comunidades autónomas quienes sostienen servicios sociales de proximidad, las ayudas de emergencia, el transporte, la vivienda o la atención a las familias más vulnerables. Bloquear estos recursos mientras aumentan las necesidades económicas y sociales quizá no parece la respuesta más adecuada en el contexto actual. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).

Gure aldeko botoa interes orokorraren eta neurri hauek atzerapenik barik indarrean jartzeko beharraren ondorio da. Baina, era berean, argi utzi nahi dugu beharrezkoa dela Legebiltzarreko elkarrizketan, aurretiazko informazioan eta Gorte Nagusien zereginaren errespetuan oinarritutako kultura politika berreskuratzea. Laguntzen alde gaude, kaltetuak babesten laguntzen dugu. Larrialdiei aurre egiteko erantzun publikoa babesten dugu, baina ezin dugu babestu salbuespenekoa ohikoa bihurtzen den legeak egiteko modu baten normalizazioa.

Eta ganbera honetako talde askok bat gatozela uste dudan hausnarketarekin amaituko dut. Batzuetan bai, hobe hau ezer ez baino. Pertsona, enpresa eta administrazio batzuek neurri hauek behar dituelako. Baina erantzukizun hori ezin da koartada bihurtu edozein lege dekretu justifikatzeko, ezta Gobernuak aldez aurreko elkarrizketarik barik, legeak ematea onartzeko ere. Are gutxiago aritmetika parlamentarioa ezagututa. Gobernuak ez du gehiengorik, eta horregatik, hain zuzen ere, bere erantzukizuna da gainerakoekin berba egitea, negoziatzea eta akordioak eraikitzea. Ez gaude hemen gaitz txikien artean aukeratzeko, Gobernuaren neurriak hobetzeko gaude hemen eta horretarako zuzenketa epeak daude. Zuzentzeko eta akordioak eztabaidatzeko, zuzentzeko eta akordioak lortzeko. Horretarako ez bada, zertarako gaude gainerako taldeak Ganbera honetan? Guztiari amen esateko ez gaude hemen.

Eskerrik asko.

Nuestro voto favorable responde al interés general y a la necesidad de que estas medidas entren en vigor sin demora, pero también queremos dejar constancia de que se necesita recuperar una cultura política basada en el diálogo parlamentario, información previa y respeto al papel de las Cortes Generales. Apoyamos las ayudas, sí; apoyamos la protección a las personas afectadas, apoyamos la respuesta pública ante emergencias, pero no podemos apoyar la normalización de una forma de legislar que convierte lo excepcional en habitual.

Permítanme terminar con una reflexión que creo que compartimos muchos grupos parlamentarios de esta Cámara. El Gobierno juega con la premisa de «mejor esto que nada», pero hay personas, empresas y Administraciones que necesitan estas medidas ya. Esta responsabilidad no puede convertirse en coartada para justificar cualquier decreto ley ni para aceptar que el Gobierno legisle sin diálogo previo, menos aún, conociendo la aritmética parlamentaria. El Gobierno no tiene mayoría,y precisamente por eso, su responsabilidad es hablar con el resto, negociar y construir acuerdos. No estamos aquí para elegir entre males menores; estamos aquí para mejorar las medidas del Gobierno. Para eso existen plazos de enmiendas: para debatirlas, corregirlas y llegar a acuerdos. Si no es para eso, ¿para qué estamos el resto de los grupos en esta Cámara? Desde luego, para decir amén a todo, no estamos aquí.

Muchas gracias.

Moltes gràcies, presidenta. Molt bon dia a tots i a totes. Diputades i diputats, senyor ministre. Votarem a favor d’aquest Reial decret. Ho farem perquè evidentment hi ha persones afectades. Persones que en aquests moments no poden esperar més perquè les ajudes a famílies, les ajudes a treballadors autònoms i a municipis afectats per la dana, afectats també pels incendis o pels accidents ferroviaris, son evidentment necessàries. Malgrat ho hem de dir que arriben tard per a molta gent. De fet, tampoc és cap sorpresa. Esquerra Republicana sempre, sempre, sempre, hem estat al costat dels afectats per la dana al País Valencià i òbviament, ho seguirem estant. I també votarem a favor, perquè és de sentit comú que les ajudes d’emergència no hagin de tributar. No es pot demanar a una família que ho ha perdut absolutament tot i que a sobre pagui amb impostos per una ajuda destinada simplement a intentar reconstruir la seva vida. Cal també això, ho volem afegir, posar les majors facilitats a empreses, treballadors, autònoms i entitats sense ànim de lucre perquè recuperin justament la seva activitat perduda. Per tant, sí que podem dir que hi ha mesures positives en aquest decret. Les exempcions fiscals, la flexibilització parcial de les regles fiscals per als ajuntaments afectats o la protecció de víctimes d’accidents ferroviaris són, al nostre entendre, decisions correctes i també necessàries. Però aprovar aquest Reial decret, ara posarem una mica d’aigua al vi, no significa considerar‑lo suficient i avui també toca dir‑ho. L’Estat continua arribant tard. L’Estat continua reaccionant després de la tragèdia en lloc de preparar‑se abans que aquesta arribi. Perquè la dana no és un fet excepcional. La dana no és, senyoria, un fet aïllat. Malauradament, els episodis climàtics extrems són cada vegada més freqüents i continuem governant‑los amb una lògica improvisada, amb una lògica o sorpresa sempre centralista i basada en decrets d’urgència. Una lògica que no ha estat capaç de donar resposta a totes les necessitats sorgides un any i mig després de la gota freda. Mirin, cada catàstrofe torna a evidenciar les mateixes mancances infraestructures vulnerables, serveis públics extremadament tensionats, manca de prevenció, infrafinançament dels municipis per nosaltres molt greu i una dependència excessiva de decisions preses aquí des de Madrid. Una altra evidència important, els ajuntaments són els primers que responen quan hi ha una emergència. Els ajuntaments, siguin del color que siguin, sempre hi són. Són els que obren els pavellons, els que tenen les famílies, els que reparen els carrers, els que recuperen serveis bàsics. Però després, quan arriba el moment dels recursos, aquests per als ajuntaments arriben condicionats i arriben insuficients. I, evidentment, arriben tard. I això no és autonomia local real, com tampoc ho és obligar les comunitats autònomes per culpa d’un finançament injust a recórrer al FLA, on, per cert, aprofito s’hauria d’haver produït ja la quitança. Una quitança que, senyories, senyor ministre, està pactada. No sé què coi estem esperant. Aquest decret continua funcionant amb la mateixa filosofia de sempre: les comunitats autònomes i els municipis han de demanar permís al senyor Estat, fins i tot per endeutar‑se i reconstruir allò que una emergència senzillament ha destruït. I això és especialment greu en un context d’emergència climàtica. A veure si ho aprenem, perquè el que necessitem no és només flexibilitzar regles fiscals després del desastre. El que necessitem és capacitat real de prevenció, d’inversió i de decisió des del territori. Necessitem més inversió en protecció civil, més inversió en energies renovables, més manteniment de conques i infraestructures, més resiliència ferroviària, més capacitat energètica descentralitzada i, sobretot, un model de finançament que deixi de castigar els territoris i els municipis que han de donar resposta immediata a les emergències. En definitiva, un model de finançament singular per Catalunya i un model de finançament més just per als ajuntaments del nostre país, abolint d’una vegada per totes la Llei Montoro o mobilitzant els romanents existents i flexibilitzant la regla de despesa, permetent així totes aquelles inversions necessàries als municipis. I amb els dos minuts que em queden permeti’m una reflexió més profunda. Aquest Reial decret és, una vegada més, la prova que el model actual arriba sempre després dels fets, quan hi ha víctimes, quan hi ha pobles inundats, quan hi ha serveis col·lapsats. Però governar no és només reparar danys. Governar és anticipar‑se. I en aquesta línia, senyor ministre permetin‑me també recordar que les mesures excepcionals respecte als carburants. Mesures previstes en el Reial decret 7/2026, acaben el 30 de juny. Això és d’aquí un mes i quatre dies. Cal que es posin les piles ja. Per oferir solucions als professionals i també als vehicles d’ús personal que no es basin només en rebaixes de l’IVA o l’impost dels hidrocarburs. De fet, la rebaixa de l’IVA a l’electricitat i el gas acabarà el proper 1 de juny. Això és d’aquí quinze dies. És cert que la inflació s’ha estabilitzat, però el Govern espanyol ha d’estar preparat per a una possible escalada de preus, perquè no és només l’emergència climàtica que m’hi he referit molt. També és l’entorn internacional que, òbviament, ens obliga a prevenir i anticipar la invasió d’Ucraïna, el bloqueig de l’estret d’Ormuz, el xantatge permanent dels Estats Units en matèria de combustibles. Tota aquesta inestabilitat, senyor ministre, repercuteix de forma directa a la ciutadania.

Cal, doncs, avançar seguint la idea fonamental de construir més autonomia estratègica en l’àmbit de l’energia i les renovables i el transport públic com a pilars, i cal assegurar que els treballadors no perdin poder adquisitiu en aquest trànsit. En aquest camí, especialment ho he de dir als Països Catalans, on ens veiem perjudicats per un finançament injust i per un salari mínim que no reflecteix la realitat dels nostres peus. I ara sí que acabo. Menys política de pedaç, menys centralisme, menys reacció improvisada. I si em permeten més prevenció, més sobirania financera, més poder local i més preparació davant les emergències que ja malauradament formen part d’una realitat climàtica al nostre país. Res més.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días a todas y todos, diputadas, diputados. Señor ministro, votaremos a favor de este real decreto, y lo haremos porque, evidentemente, hay personas afectadas; personas que en estos momentos no pueden esperar más porque las ayudas a familias, a trabajadores, a autónomos y municipios afectados por la dana ―afectados también por los incendios o accidentes ferroviarios― son evidentemente necesarias a pesar de que ―y hay que decirlo― llegan tarde para mucha gente. No es ninguna sorpresa. En Esquerra Republicana siempre hemos estado al lado de los afectados por la dana, al lado del país valenciano y lo vamos a seguir estando, por supuesto. Vamos a votar a favor también porque es de sentido común que las ayudas de emergencia no tengan que tributar. No se puede pedir a una familia que lo ha perdido absolutamente todo que encima pague impuestos por una ayuda destinada simplemente a intentar reconstruir su vida. Es necesario también ―y eso queremos añadirlo― poner las mayores facilidades a empresas, a trabajadores autónomos y a entidades sin ánimos de lucro de tal modo que puedan recuperar su actividad perdida. Por tanto, sí, podemos decir que hay medidas positivas en este decreto: la flexibilización parcial para los ayuntamientos afectados, la protección de víctimas de los ayuntamientos ferroviarios, las exenciones fiscales son para nosotros decisiones correctas y necesarias. Pero aprobar este real decreto ―vamos a echar agua al vino ahora― no significa que lo consideremos suficiente y hoy hay que decirlo también. El Estado sigue llegando tarde; el Estado continúa reaccionando después de la tragedia en lugar de prepararse antes de que llegue. La dana no es un hecho excepcional; la dana, señorías, no es un hecho aislado, desgraciadamente. Los episodios climáticos extremos, lamentablemente, son cada vez más frecuentes y seguimos gobernándolos con una lógica improvisada, siguiendo una lógica ―oh, sorpresa― siempre centralista y basada en decretos de urgencia; una lógica que no ha sido capaz de dar respuesta a todas las necesidades surgidas un año y medio después de la gota fría. Miren, cada catástrofe evidencia, una vez más, las mismas carencias: infraestructuras vulnerables, servicios públicos extremadamente tensionados, falta de prevención, infrafinanciación de los municipios ―para nosotros muy grave― y una dependencia excesiva de decisiones tomadas aquí, desde Madrid. Otra evidencia importante: los ayuntamientos son los primeros que responden ante una emergencia. Los ayuntamientos, del color que sean, siempre están ahí, abren los pabellones, atienden a las familias, reparan las calles, recuperan servicios básicos; pero, después, cuando llega el momento de los recursos para ellos, para los ayuntamientos, arriban condicionados, insuficientes y tarde, evidentemente. Y esto no es autonomía local real, tampoco lo es obligar a las comunidades autónomas ―por culpa de una infrafinanciación injusta― a recurrir al FLA. Y de hecho, aprovecho, porque tendría que haberse producido ya esta quitanza que, señoría, señor ministro, está pactada. No sé qué están esperando, no sé qué estamos esperando.

Este decreto sigue funcionando con la misma filosofía de siempre. Las comunidades autónomas y los municipios tienen que pedir permiso al señor Estado, incluso, para endeudarse y reconstruir algo que una emergencia ha destruido, y esto es especialmente grave en un entorno de emergencia climática. Hay que aprenderlo, porque no necesitamos solo flexibilizar reglas fiscales después del desastre. Capacidad real de prevención es lo que necesitamos, inversión y capacidad de decisión e inversión desde el territorio. Más inversión en protección civil, en energías renovables, más inversión, más mantenimiento de cuencas, infraestructuras, más resiliencia, más capacidad energética descentralizada y, sobre todo, un modelo de financiación que no castigue más a los territorios y a los municipios que deben dar respuesta inmediata a las emergencias.

En definitiva, un modelo de financiación singular para Cataluña y un modelo de financiación más justo para los ayuntamientos de nuestro país, aboliendo de una vez por todas la ley Montoro, movilizando los remanentes existentes y flexibilizando la regla de gasto, permitiendo así todas esas inversiones necesarias en los municipios.

Y en los dos minutos que me quedan, si me permite, haré una reflexión más profunda. Este real decreto, una vez más, es la prueba de que el modelo actual llega siempre detrás, después de los hechos, cuando hay víctimas, pueblos inundados, servicios colapsados. Pero gobernar no es solo reparar daños, gobernar es anticiparse. Y en esta línea, señor ministro, permítame recordar también que las medidas excepcionales respecto a los carburantes, medidas previstas en el Decreto 7/2026, terminan el 30 de junio; es decir, dentro de un mes y cuatro días. Hay que ponerse ya las pilas para ofrecer soluciones a los profesionales y a los vehículos de uso personal, que no se basen solo en rebajas del IVA o el impuesto sobre los hidrocarburos. La rebaja del IVA a la electricidad y gas, de hecho, concluirá el 1 de junio, faltan quince días. Es cierto que la inflación se ha estabilizado, pero el Gobierno español tiene que estar preparado para una posible escalada de precios. Porque no es solo la emergencia climática ―ya me referí a ello antes―, es el entorno internacional también, que obviamente nos obliga a prevenir y a anticipar la invasión en Ucrania, el bloqueo en el estrecho de Ormuz, el chantaje permanente de Estados Unidos en materia de combustibles. Toda esta inestabilidad, señor ministro, repercute de manera directa sobre los ciudadanos.

Por tanto, hay que avanzar siguiendo la idea fundamental de construir más autonomía estratégica en el ámbito de la energía con las renovables y en el transporte público como pilares. Y hay que asegurar que los trabajadores no pierden poder adquisitivo en este tránsito, en este camino, especialmente ―y debo decirlo― en los países catalanes, donde nos vemos perjudicados por una financiación injusta y por un salario mínimo que no refleja la realidad de nuestras vidas. Menos política de parches, menos centralismo, menos reacción improvisada. Y, si me permiten, más prevención, más soberanía financiera, más poder local y más preparación ante las emergencias que ya, desgraciadamente, forman parte de una realidad climática en nuestro país. Nada más.

Muchas gracias. (Aplausos).

Bé, abans d’entrar en el Reial decret vull començar amb una idea clara: el professorat valencià ja ha guanyat. I no perquè estiga tot resolt, no perquè el Consell haja deixat de ser el que és i no perquè el PP valencià estime l’escola pública. Ha guanyat perquè ha demostrat una cosa molt important: que només lluitant s’aconsegueixen avanços reals i avanços importants. Visca el professorat i la vaga valenciana! I miren, ara mateixa no sabem si l’acord serà acceptat. No sabem si serà suficient. No sabem encara com acabarà aquest conflicte, però sabem una cosa: sense la vaga, sense la pressió, sense les assemblees, sense els sindicats de classe, sense els docents organitzats i sense la comunitat educativa en peu, el Govern valencià no s’haguera mogut mai. Ha sigut una vaga i és una vaga de les comarques de la Safor, de la Marina, de l’Horta, del Camp de Túria, de l’Alacantí, de la Plana del Vinalopó, dels Ports. Una vaga del meu col·legi públic on vaig aprendre sent fill d’emigrants. En la meua llengua, el valencià. Una vaga que ha costat i costa centenars d’euros, inclús milers a molts professors. I el professorat valencià no fa la vaga perquè vullga deixar abandonat a cap xiquet. Tot el contrari. El professorat valencià fa vaga perquè estima xiquets i xiquetes i estima l’educació pública.

Antes de entrar en el real decreto, quisiera empezar con otra idea. El profesorado valenciano ya ha ganado. Y no porque esté aquí solo, no porque el Consejo haya dejado de ser lo que es y no porque se quiera más a la escuela pública. Ha ganado porque ha demostrado algo muy importante, que solo luchando se consiguen avances importantes. (Aplausos). ¡Viva el profesorado y la huelga valenciana! Ahora mismo no sabemos si el acuerdo será aceptado, si será suficiente. No sabemos cómo acabará este conflicto. Pero sí que sabemos algo: sin la huelga, sin la presión, sin las asambleas, sin los sindicatos de clase, sin los docentes organizados y toda la comunidad educativa en pie el Gobierno valenciano no se habría movido nunca. Ha sido una huelga de todas las comarcas, La Plana, Vinalopó, Els Ports, una huelga del sector público. El profesorado valenciano no hace huelga porque quiera dejar abandonados a los niños, todo lo contrario. El profesorado valenciano hace huelga porque ama a los niños y a la educación pública. (Aplausos).

Señorías, hoy votamos la convalidación del Real Decreto Ley 10/2026, de 28 de abril, y quiero decirlo claramente: otra vez venimos a ayudar, otra vez venimos a aportar, otra vez venimos a poner recursos, normas y soluciones al servicio de la gente afectada por la dana. Porque eso es lo que quiere el pueblo valenciano, que las instituciones estén y que no estorben, que no mareen, que no conviertan cada ayuda en un laberinto y que no obliguen a quien ya lo ha perdido todo a perder también meses peleándose con papeles y burocracia. El pueblo valenciano no necesita instituciones que se comporten como una pared. Necesita instituciones que se comporten como aquellas escobas que vimos después de la dana, escobas en manos de vecinos y vecinas, llenas de barro, empujando; escobas quitando del medio lo que impedía volver a entrar en la casa, volver a abrir una calle, volver a levantar un comercio, volver a empezar. Por eso, tienen que ser también las instituciones una herramienta para quitar barro y no ser otro barro más, como es muchas veces el Gobierno valenciano.

Este real decreto va en esa dirección, evita que determinadas ayudas recibidas por empresas, autónomos y familias afectadas por la dana acaben convirtiéndose después en un problema fiscal. Declara exentas determinadas ayudas privadas de entidades sin ánimo de lucro que están haciendo un trabajo maravilloso, da margen financiero a la Generalitat Valenciana para atender gastos extraordinarios y ayuda a los municipios.

En definitiva, este real decreto es necesario y viene otra vez más a ayudar al pueblo valenciano a levantarse después de aquella terrible tragedia. Un real decreto más que las señorías del Partido Popular no animan ni ven con buenos ojos y un decreto más que las señorías de VOX, seguramente, volverán a votar en contra. Hay que recordarlo. Desde el primer momento, el Gobierno de España impulsó más de 10 000 millones para la dana y VOX y el Partido Popular no han hecho más que poner piedras y obstáculos a la reconstrucción. La reconstrucción no es de ningún color político, es una obligación del Estado para resarcir a las personas que tanto han sufrido y que siguen sufriendo, lamentablemente, las consecuencias de una tragedia que tuvo negligentes y que tiene víctimas.

Y quiero hacer una reflexión final, porque lo que estamos viendo en el país valencià no es solo una mala gestión, es algo más desagradable, más oscuro, más difícil de decir, pero hay que decirlo. El Partido Popular valenciano padece una enajenación del dolor, una separación entre lo que le pasa a la gente y lo que siente el poder, una distancia moral enorme entre el sufrimiento del pueblo y la respuesta de un Gobierno. Una manera de mirar el dolor como si fuera una cosa externa, como si no les tocara, como si no les obligara, como si no les tuviera que atravesar. Ustedes ven el dolor, pero no lo sienten como responsabilidad propia. Ven docentes perdiendo centenares de euros al día por defender la escuela pública y no se preguntan qué desesperación hay detrás. Ven a la comunidad educativa cansada y no se preguntan cuántas veces han intentado negociar antes de llegar a la huelga. Ven a las familias de la dana pidiendo respuestas y no se preguntan qué harían ustedes si sus muertos fueran familiares suyos. Ven a pueblos que todavía llevan dentro el miedo de aquella noche y no se preguntan qué significa gobernar a gente que ya no mira la lluvia de la misma forma. Ustedes lo ven todo, pero lo ven desde fuera, como si el dolor fuera un asunto externo, como si la vida de la gente fuera un ruido alrededor de la política, como si cada víctima, cada docente, cada familia, cada pueblo, cada protesta fueran simplemente un problema a gestionar; y no lo es.

Una víctima no es un problema de comunicación, como dijo el señor Feijóo; un profesor en huelga no es un enemigo; un pueblo afectado no es una foto; una familia que pregunta no es una amenaza; una sociedad que se levanta no es una molestia, es la razón por la que existe la política, y ahí está la diferencia. (Aplausos). Nosotros creemos que la política empieza cuando alguien sufre y una institución decide no mirar hacia otro lado. Ustedes parecen creer que la política consiste en aguantar hasta que el dolor se canse, aguantar la protesta, aguantar a las víctimas, aguantar a los sindicatos, aguantar las preguntas, aguantar el escándalo, aguantar la comisión, aguantar el Pleno, aguantar hasta que pase; pero el dolor no pasa porque ustedes resistan, señorías del Partido Popular, el dolor no desaparece porque Mazón sobreviva aforado una semana más, y el dolor no se borra porque el PP y VOX pacten un relato en les Corts Valencianes. El dolor no se archiva, se queda; queda en una familia que no ha recibido una explicación, queda en una maestra que vuelve a casa después de perder parte de su sueldo por defender su dignidad, queda en un alcalde que mira las cuentas de su ayuntamiento y no sabe cómo reparar todo lo que falta, queda en una persona mayor que cada vez que llueve vuelve a sentir miedo, queda en un país que sabe que algo falló, que alguien no estuvo y que alguien no quiso asumir lo evidente.

Frente a eso, el PP valenciano ha escogido la peor respuesta posible: la soberbia. No la humildad, no la escucha, no el perdón, no la responsabilidad, sino la soberbia de quien cree que reconocer el dolor ajeno le debilita; la soberbia de quien piensa que pedir perdón es perder; la soberbia de quien confunde gobernar con blindarse; la soberbia de quien mira al profesorado y le dice: «estáis exagerando»; la soberbia de quien mira a las víctimas y les dice: «estáis politizadas», y la soberbia de quien mira a la sociedad valenciana y le pide silencio.

Voy acabando. Pues no, no habrá silencio. No puede haberlo, porque una tierra que calla ante su propio dolor acaba entregada a quienes la desprecian. El país valencià no está para eso, ha sufrido demasiado para aceptar ahora a un Gobierno anestesiado, ha visto demasiada dignidad en sus vecinos y vecinas como para aceptar la frialdad de quienes mandan y ha visto a bomberos, sanitarios, policías locales, voluntarios, trabajadores públicos, docentes, familias, alcaldes y alcaldesas dejarse la piel mientras otros calculaban el relato. Cuando un pueblo vive eso, ya no olvida. Puede tardar, puede doler, puede estar cansado, pero no olvida. El pueblo valenciano no va a olvidar nunca.

Gracias, señorías. (Aplausos).

Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, las grandes crisis tienen una virtud muy particular, y es que eliminan lo accesorio. Cuando una sociedad atraviesa una emergencia de la magnitud que vivimos con la dana, desaparecen muchos debates superficiales y queda al descubierto lo verdaderamente importante: la capacidad de un Estado para proteger a su ciudadanía, sostener sus instituciones y garantizar la reconstrucción económica y social de un territorio. Hay momentos en los que las ideologías dejan de expresarse en los discursos y pasan a expresarse en las cuentas públicas, en la capacidad administrativa y en la respuesta institucional; y la dana ha sido uno de esos momentos. Por eso, el real decreto ley que hoy debatimos no es simplemente una acumulación de medidas técnicas, fiscales o financieras; es una determinada concepción del papel del Estado ante una crisis extraordinaria; una concepción según la cual los poderes públicos no pueden limitarse a observar los acontecimientos, ni a comentar sus consecuencias, ni a convertir el sufrimiento colectivo en un instrumento de confrontación política. Tienen la obligación de intervenir, de movilizar recursos, de coordinar Administraciones y de sostener la reconstrucción el tiempo que sea necesario. Eso es exactamente lo que hace este real decreto ley. Durante meses, hemos visto al PP y VOX más preocupados por construir un relato exculpatorio sobre lo ocurrido el día de la dana que por extraer lecciones de una emergencia que sus recortes agravaron; y esa actitud no ha hecho más que alargar su negligencia en el tiempo. Frente a eso, el Gobierno de España ha hecho lo que tenía la obligación de hacer, es decir, responder: responder con financiación, responder con Administración, responder con protección social y responder con capacidad pública. Los datos, además, son perfectamente verificables: casi nueve mil millones de euros han sido movilizados por el Gobierno, y se han realizado miles de actuaciones territorializadas que pueden consultarse municipio por municipio a través del visor público Info DANA. Eso no pertenece al terreno de la retórica, pertenece al terreno de la acción del Gobierno. Este decreto forma parte, precisamente, de esa continuidad en la recuperación. Por ejemplo, establece que determinadas ayudas concedidas a empresas y trabajadores autónomos afectados por la dana no tributen ni en el IRPF ni en el impuesto sobre sociedades. Y esta no es una cuestión menor, porque cuando una Administración concede ayudas extraordinarias para sostener actividad económica, empleo y tejido productivo tras una catástrofe, la lógica más elemental exige que esas ayudas mantengan íntegra su finalidad reparadora. De la misma manera, el decreto declara exentas las ayudas concedidas a entidades sociales y organizaciones sin ánimo de lucro destinadas a reparar daños personales y materiales sufridos por las personas afectadas por la dana. Es decir, la solidaridad social no se convierte en una carga fiscal. Pero, probablemente, uno de los aspectos más relevantes del decreto sea otro: la comprensión de que la reconstrucción no puede hacerse asfixiando financieramente a las Administraciones que están sosteniéndola sobre el terreno. Por eso, se habilita financiación extraordinaria para nuestra tierra. Por eso, los gastos extraordinarios derivados de la dana tendrán un tratamiento excepcional a efectos del cumplimiento de las reglas fiscales. Y, por eso, los ayuntamientos afectados no tendrán que presentar planes económico‑financieros en 2026 y 2027 cuando el incumplimiento derive precisamente del esfuerzo inversor realizado para afrontar la emergencia. Sería profundamente absurdo e injusto exigir normalidad contable a municipios que han tenido que responder a circunstancias absolutamente excepcionales.

Esto nos lleva, señorías, al verdadero debate político de fondo: la derecha española lleva años defendiendo un modelo de Estado mínimo, de baja fiscalidad y de debilitamiento de lo público; pero cuando te diagnostican un cáncer, cuando se disparan las ratios en la educación pública, cuando llega una catástrofe de esta magnitud, lo que la ciudadanía exige no es un Estado ausente, exige exactamente lo contrario: exige capacidad de reacción, exige gestión, exige recursos, exige coordinación institucional y exige solvencia. (Aplausos). Porque hay debates ideológicos que parecen abstractos hasta que una desgracia ocurre. En momentos así se entiende perfectamente para qué sirve el Estado: sirve para movilizar miles de millones de euros en semanas; sirve para sostener ayuntamientos; sirve para financiar servicios públicos, sirve para reconstruir infraestructuras, sirve para evitar el deterioro económico y social de territorios enteros. Y eso no lo hace la mano invisible de los mercados, ni lo resuelve un eslogan malicioso sobre fiscalidad, eso solo puede afrontarlo un Estado que recauda de manera justa, que redistribuye de manera equitativa, que corrige desigualdades y que tiene la capacidad de responder ante situaciones excepcionales. (Aplausos). Por eso, resulta tan contradictorio escuchar determinadas críticas de quienes llevan años cuestionando precisamente la capacidad de intervención pública que hoy está haciendo posible la reconstrucción.

Señorías, este decreto también incorpora protección económica para las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida mediante la equiparación de prestaciones por accidentes de trabajo cuando resulte más favorable para los afectados; para los afectados por los incendios de junio y agosto de 2025; y para Extremadura que podrá cubrir gastos derivados de fenómenos meteorológicos adversos. Además, introduce seguridad jurídica en materia energética y de transporte mediante declaraciones relativas al IVA reducido energético y al gasóleo profesional.

Es decir, estamos ante un decreto riguroso y responsable; un decreto que entiende que gobernar no consiste en administrar titulares, sino en fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones públicas ante situaciones extraordinarias; ni probablemente sea esa hoy una de las principales obligaciones de cualquier democracia avanzada.

Por todo ello, señorías, solicitamos el voto favorable a la convalidación de este real decreto ley, porque la reconstrucción exige intervención institucional, capacidad pública y sentido de Estado; y porque las grandes crisis no se superan debilitando lo común, sino fortaleciéndolo.

Muchas gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, en las últimas veinticuatro horas lo que ha quedado meridianamente claro es que este Gobierno, el Gobierno de Sánchez y el Gobierno de Arcadi España, fue más rápido en rescatar aerolíneas rodeadas de sospechas y corrupción que lo fue en dar ayudas a las víctimas de la dana en Valencia en 2024. (Aplausos). Ni siquiera las ayudas al empleo para las zonas devastadas por la dana alcanzaron el dinero que Sánchez destinó al rescate de Plus Ultra. Y lo más grave: hubo más dinero para las hijas de Zapatero que para los universitarios afectados por la dana. (Aplausos). Esta es la fotografía moral del sanchismo y del zapaterismo: millones para los corruptos y migajas para quienes lo perdieron todo. Y alguna explicación tendrá que dar, señor ministro, antes o después. Porque en Valencia todo el mundo sabe que Zapatero fue su padrino para ser ministro. Lo que no sabemos todavía es para qué le quería a usted de ministro, señor Arcadi España.

Señorías, un año después seguimos debatiendo sobre cómo ayudar a los valencianos, entre otros afectados por otras catástrofes. Menos mal, señor Arcadi, que el tiempo es un factor decisivo y que lo estemos haciendo hoy aquí representa un fracaso y un abandono de su Gobierno ―del Gobierno del que forma parte― respecto a los afectados de catástrofes, como es el caso de la dana. Este Gobierno, con esta medida, llega tarde, llega mal y además llega enredando, como siempre. Ha construido una selva de reales decretos, correcciones, prórrogas y parches fiscales. Y sí, efectivamente, estamos debatiendo medidas que son necesarias, pero ―insisto― llegan tarde y llegan mal y con mucha inseguridad jurídica, que es total. Y además lo mezclan todo: ayudas dana, incendios forestales, accidentes ferroviarios, reparación de víctimas de abusos de la Iglesia, el gasóleo profesional… Esto no es un decreto de reconstrucción, señor ministro; esto es una maraña legislativa más de su Gobierno.

Después de año y medio de incertidumbre, este Gobierno, por fin, ha reconocido lo que venimos denunciando desde el Partido Popular: que las reglas fiscales debían flexibilizarse, que los ayuntamientos necesitaban menos trabas burocráticas ―solo tiene que preguntarle a la alcaldesa socialista del Ayuntamiento de Catarroja: tiene 220 millones en el banco y no se los puede gastar― y que, efectivamente, la Comunidad Valenciana vive económicamente asfixiada.

Mire, señor ministro, cuento hasta nueve reales decretos leyes. ¿No hubiese sido más fácil dar directamente el dinero a los afectados, sin trabas, sin burocracia, sin ayudas en el IVA, sin créditos y sin intereses? (Aplausos). Y, a ser posible, señor ministro, sin quedarse comisiones, que parece una costumbre muy arraigada en el Partido Socialista.

Señor ministro, durante todo este tiempo la gente se ha tenido que buscar la vida en todos los lugares donde ha habido una catástrofe, también en la Comunidad Valenciana. Y, además, lo más certero que han tenido en el caso valenciano son las ayudas directas del Gobierno valenciano: directas, al bolsillo, sin trabas, sin burocracia. La inmensa mayoría de los afectados han salido adelante pese a ustedes. Y sí, este real decreto es necesario, pero también es insuficiente. Y le voy a poner algunos ejemplos. Quedan ayudas que siguen sin estar exentas en el IRPF, como las ayudas personales concedidas por el Gobierno valenciano al amparo del Decreto 23/2026. También las ayudas a los afectados por la talidomida, por ejemplo. Falta apoyo psicológico a los afectados por este tipo de catástrofes que hemos sufrido en nuestro país. Y, por ejemplo, señor ministro, han pasado cinco años desde el volcán de La Palma y todavía hay hombres y mujeres de la isla de La Palma viviendo en contenedores. Cinco años después. Y, por supuesto, ustedes siguen sin reconocer en sus reales decretos a más de setenta municipios de la provincia de Castellón y a casi treinta municipios de la provincia de Valencia, que también se vieron afectados por la dana. Un año y medio después, señorías.

Y si hablamos de medidas energéticas, señor ministro, la industria española sigue pagando uno de los precios más altos de Europa. Y mientras hay países que empiezan a proteger su industria, aquí seguimos instalados en una política climática irresponsable. Señor ministro, los transportistas, los agricultores, la industria agroalimentaria o la industria de la cerámica de nuestra tierra, de Castellón, no necesitan propaganda energética; necesitan estabilidad, competitividad y un precio de la energía que puedan pagar.

Señor ministro, como valenciano le tengo que decir que nosotros esperábamos más de usted. Porque, además, usted conoce perfectamente la situación financiera de la Comunidad Valenciana. La conoce porque ha sido responsable directo del deterioro económico valenciano como conseller de Hacienda, como secretario de Estado hasta hace poco tiempo y ahora como ministro de Hacienda. Mire, usted hoy participa de un Gobierno que negó el fondo de nivelación, que mantiene un sistema de financiación injusto para nuestra tierra, que obliga a la Comunidad Valenciana a sobrevivir vía deuda y que utiliza el fondo de liquidez como un mecanismo de dependencia política, que es lo que es en sus manos. (Aplausos). Y le hablo con franqueza, señor ministro: si toda la solución que tiene para el problema valenciano es que nos endeudemos más, no cuente con nosotros. Porque la Comunidad Valenciana lo que necesita precisamente es lo que usted reclamaba al Gobierno de España cuando era conseller de Hacienda, ni más ni menos, señor España: un nuevo modelo de financiación y, en su defecto, hasta entonces, un fondo de nivelación transitorio que permita corregir una infrafinanciación histórica para nuestra tierra. Hoy la Comunidad Valenciana es la peor financiada de España.

Y es que en materia de financiación, señor ministro, ustedes han engañado a todo el mundo ―también, por supuesto, a los valencianos―, aunque también lo han hecho los compañeros de Compromís en la Comunidad Valenciana: hasta en dos ocasiones hicieron presidente a Pedro Sánchez cuando solo le pedían una cosa a cambio, un nuevo modelo de financiación; un nuevo modelo de financiación que ni está ni se le espera, señores de Compromís. Y, además, ustedes siguen sosteniendo al Gobierno más corrupto de la historia. A ver qué dicen con el nuevo modelo de financiación privilegiado para Cataluña y a ver cómo explican eso en Valencia.

Señor Arcadi España, usted fue un mal conseller ―un mal conseller en nuestra comunidad― y esta es su herencia: dejó la presión fiscal más alta de España después de Cataluña, dejó casi 700 millones en facturas ocultas en los cajones, dejó un déficit disparado con una deuda cercana al 40 % del PIB valenciano… En fin, son los ministros del Gobierno de Pedro Sánchez, señorías. Entre la señora Montero y ahora el señor Arcadi España, salimos de Guatemala y nos metemos en Guatepeor.

Pero mire, nosotros vamos a ser leales con los valencianos, con los andaluces, con los catalanes, con los extremeños y con todos los españoles que están incluidos en este real decreto ley. Pero llamemos a las cosas por su nombre: esto no es un decreto de reconstrucción; insisto, es una yincana legislativa. (Aplausos).

Y termino, señora presidenta. Señor España, señor ministro, si usted no plantea un nuevo modelo de financiación o, transitoriamente, un fondo de nivelación para la Comunidad Valenciana, será usted un mal valenciano y cómplice de un presidente que le dijo a los valencianos, en el peor momento de su historia: Si quieren más ayuda, que la pidan. (Aplausos.―Varias señoras y señores diputados: ¡Muy bien! ¡Bravo!).

Gracias, presidenta. ¡Lo que hay que oír! Solo quiero dar las gracias a los grupos parlamentarios, sobre todo a los que han tenido una actitud constructiva, aunque sea con algunas diferencias, y al resto de los grupos les quiero agradecer, al menos, que hayan bajado los decibelios. Muchas gracias. (Aplausos).