Interpelación urgente al Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes sobre las medidas del Gobierno para resolver los problemas de la justicia en España.

Muchas gracias, señor presidente. Señor ministro, permítame comenzar con aquella célebre advertencia de San Agustín de Hipona en su magna obra La ciudad de Dios: Sin justicia, ¿qué son los reinos sino grandes bandas de ladrones? Las democracias no suelen deteriorarse mediante rupturas visibles ni mediante golpes abruptos contra el orden constitucional, lo verdaderamente peligroso sucede cuando el poder empieza a considerar incómodos los límites que deberían contenerlo y cuando los contrapoderes dejan progresivamente de ser vistos como garantías institucionales para convertirse en obstáculos políticos a neutralizar, desacreditar o condicionar. Esa es hoy la preocupación creciente de muchos españoles. Porque el problema de la justicia española ya no puede reducirse únicamente a retrasos, pendencias o insuficiencia de medios; todo eso existe, naturalmente, pero el verdadero problema empieza a ser otro mucho más profundo: la sensación cada vez más extendida de que determinadas instituciones del Estado han dejado de actuar con plena independencia respecto del poder político. Y usted, señor ministro, señor Bolaños, ocupa una posición central en esta arquitectura, en este proceso, no solamente como ministro de Justicia, sino también como ministro de Presidencia y de Relaciones con las Cortes; es decir, como uno de los principales operadores políticos de este Gobierno y de una determinada concepción del poder según la cual cualquier institución que no resulte plenamente controlable termina convirtiéndose en un problema. El Consejo General del Poder Judicial constituye probablemente el ejemplo más evidente, y lo digo con absoluto respeto hacia sus miembros. Precisamente por ese respeto resulta todavía más preocupante el deterioro del propio sistema de elección y la imagen trasladada a la sociedad española tras aquella humillante negociación en Bruselas entre el Partido Popular y el Partido Socialista, negociación realizada fuera de España y por persona extraña e interpuesta sobre cuestiones que afectan directamente a nuestra soberanía institucional. Y usted, señor ministro, estuvo allí. (Aplausos).

Algo parecido sucede con el Tribunal Constitucional, órgano concebido para actuar como garante supremo del equilibrio constitucional, que aparece hoy ante la opinión pública atrapado en una lógica de bloques ideológicos y de reparto político entre el bipartidismo, particularmente en aquellos asuntos donde el interés del Ejecutivo resulta más evidente.

Pero probablemente el episodio más grave ha sido el de la Fiscalía General del Estado. España ha llegado por primera vez en su historia democrática a contemplar una situación institucional extraordinariamente grave alrededor de la Fiscalía, condenado su fiscal general penalmente y sostenida políticamente por el Gobierno hasta extremos impensables, nombrando de nuevo a alguien cuya sospecha de parcialidad es incuestionable. Por eso, quiero preguntarle, señor ministro, directamente: ¿qué entiende usted por separación de poderes? ¿Un auténtico límite constitucional del Gobierno o un mecanismo institucional cuyo valor depende de su utilidad política coyuntural? Ese es hoy el verdadero problema de fondo, señor ministro: la dificultad creciente del poder para aceptar límites efectivos. Determinadas resoluciones judiciales son desacreditadas cuando no convienen políticamente; determinados jueces sufren campañas permanentes de presión y desgaste ―hoy mismo lo estamos viendo―, y la justicia termina subordinada a necesidades coyunturales de supervivencia parlamentaria. Han modificado delitos para beneficiar a sus socios separatistas; han rebajado penas para sostener alianzas parlamentarias; han impulsado amnistías incompatibles con el propio espíritu constitucional, y han convertido el indulto, que debería ser una medida excepcionalísima, en un instrumento condicionado por necesidades políticas del momento. Todo parece reformable cuando peligra la mayoría parlamentaria del Gobierno.

Existe, además, algo todavía más preocupante: la sensación creciente de que el Gobierno vive en tensión permanente con aquellos órganos que precisamente deben investigarlo. España asiste hace meses a un goteo constante de investigaciones, juicios y escándalos vinculados al entorno del poder político, al entorno del Gobierno. Y se ha producido un hecho sin precedentes en nuestra democracia: por primera vez un expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido imputado ―no condenado, y me adelanto a su posible respuesta, señor ministro― por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental a raíz de una investigación internacional. Y eso no aparece aisladamente, se suma a la imputación de la mujer del presidente del Gobierno, a la imputación de su hermano, a la situación de antiguos secretarios de organización del Partido Socialista y al deterioro creciente de la confianza pública en quienes ejercen el poder político. Frente a ello, la respuesta del Gobierno consiste en desacreditar a jueces, cuestionar investigaciones o promover reformas orientadas precisamente a limitar mecanismos de control sobre el propio poder. Ahí aparece una de las cuestiones más graves de esta legislatura: la ofensiva contra la acción popular ahora que el entorno político del Gobierno acumula investigaciones judiciales extraordinariamente sensibles. Esa es la razón por la que muchos españoles empiezan ya a hablar abiertamente de una ley Begoña. Por eso, quiero preguntarle también si considera normal que en pleno desarrollo de investigaciones judiciales extraordinariamente delicadas y juicios ante los tribunales, incluido el Tribunal Supremo, aparezcan informaciones relativas a contactos, llamadas telefónicas y movimientos del entorno político del Gobierno dirigidos a influir sobre personas investigadas o vinculadas a esos procedimientos judiciales en curso. Porque el problema ya no es únicamente judicial, el problema es la sensación creciente, por ser real, de que el poder intenta condicionar el contexto político, institucional y mediático de aquellas investigaciones que afectan directamente a su propia supervivencia. Y mientras todo eso sucede, jueces, fiscales, Guardia Civil y unidades investigadoras, fundamentales para la lucha contra la corrupción, terminan convertidos demasiadas veces en objetivo de campaña de desgaste y deslegitimación pública, acusados incluso de lawfare por el entorno del Gobierno con una ligereza incalificable.

La seguridad jurídica de un Estado depende también de quiénes investigan y juzgan y de que ellos puedan actuar sin presiones políticas. Ahí aparece otra de las grandes contradicciones de este tiempo político: la llamada Ley de Memoria Democrática, hija de la cainita Ley de Memoria Histórica del guía espiritual del Partido Socialista y conseguidor, señor Zapatero, que ha terminado utilizándose para reabrir conflictos del pasado entre españoles, conflictos que estaban sellados hace décadas, y banalizar incluso la propia nacionalidad española. (Aplausos). Porque la nacionalidad no es un simple trámite administrativo ni una herramienta sometida a cálculos electorales y, sin embargo, ustedes han impulsado regularizaciones masivas y nacionalizaciones aceleradas, incluida la llamada ley de nietos, con evidente impacto demográfico e institucional, mientras empiezan además a introducir procesos automatizados e inteligencia artificial en ámbitos especialmente sensibles de la justicia sin demasiadas explicaciones sobre las garantías reales en relación con la lógica y evidente supervisión humana.

Mientras tanto, la realidad cotidiana de la Administración de Justicia continúa mostrando problemas estructurales que el Gobierno no ha conseguido resolver, sino que los ha empeorado: retrasos incompatibles con la tutela judicial verdaderamente efectiva, saturación de órganos jurisdiccionales, creciente complejidad procedimental y una percepción cada vez más extendida de inseguridad jurídica. Y precisamente ahí aparece una de las grandes contradicciones de una de sus joyas legislativas: la Ley Orgánica 1/2025, presentada propagandísticamente como una gran reforma de eficiencia. Pero la justicia no es un simple servicio público más ―no lo es, no lo puede ser, jurídicamente no está así catalogada―; la justicia constituye uno de los poderes esenciales del Estado. Sin embargo, buena parte de la reforma transmite una visión excesivamente burocratizada y gerencial del sistema judicial: macroestructuras organizativas, expansión de los llamados MASC, nuevos requisitos de procedibilidad y una creciente despersonalización de la función jurisdiccional.

Los propios datos del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid desmienten, además, el triunfalismo del Gobierno: más del 84 % de los profesionales valoran negativamente la obligatoriedad de los MASC y apenas un porcentaje mínimo de conflictos se resuelve realmente en esa fase previa. A ello se suma otro problema estructural que ustedes tampoco quieren afrontar: el fracaso del modelo autonómico en el ámbito de la justicia. España continúa funcionando con enormes desigualdades territoriales, con sistemas tecnológicos fragmentados y con diferencias materiales incompatibles con una verdadera igualdad ante la ley de todos los españoles.

Pero existe, además, otra cuestión extraordinariamente grave: la presión creciente derivada de la inmigración masiva, de los procedimientos de extranjería, de las regularizaciones continuas y del aumento constante de la litigiosidad vinculada a residencia y nacionalidad. Y ustedes han impulsado durante años un auténtico proceso suicida de regularización masiva y efecto llamada, sin reforzar proporcionalmente ni la capacidad operativa del Estado ni las estructuras judiciales necesarias para absorber sus consecuencias. Los juzgados soportan una presión creciente. Las fuerzas y cuerpos de seguridad denuncian reiteradamente problemas vinculados a la multirreincidencia y al incremento de determinadas formas de criminalidad asociadas al descontrol migratorio. En numerosos barrios españoles se sufre ya un deterioro evidente de la seguridad cotidiana, mientras el Gobierno responde demasiadas veces mediante estadísticas manipuladas o descalificaciones morales contra cualquiera que describa esta realidad. Esa es hoy la cuestión de fondo: si nuestras instituciones siguen existiendo para servir al conjunto de la nación o si progresivamente están siendo transformadas en instrumentos de supervivencia.

Señor ministro, hoy no le estamos trasladando únicamente discrepancias políticas; le estamos trasladando una preocupación institucional profunda sobre el estado de nuestra justicia. Y sinceramente espero que en sus respuestas pueda contestar al menos algunas de las cuestiones concretas que hoy le hemos planteado. Porque cuando el poder empieza a considerar incómodos los límites de las instituciones, dejan de ser contrapesos para convertirse en obstáculos políticos. Lo que empieza a deteriorarse es la propia legitimidad del Estado. Y por eso, igual que he empezado, conviene recordar aquella advertencia de san Agustín de Hipona: Sin justicia, ¿qué son los reinos sino grandes bandas de ladrones?

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Buenos días, señorías.

Buenos días, señor Aizcorbe. Es la primera vez que tenemos la oportunidad de debatir usted y yo. Antes, estas interpelaciones me las hacía el señor Ortega Smith ―por lo que sea, hoy represaliado en su grupo parlamentario―.

Quiero dar respuesta a las preguntas que usted me ha formulado y explicarle algo que seguro que usted sabe, como el resto de señorías aquí presentes, y es que los problemas de la justicia no son nuevos. Yo me encuentro una situación en la justicia muy complicada ―que ahora voy a detallar―, pero que venía con problemas arrastrados, en ocasiones, de décadas. Y lo que hemos hecho desde este Ministerio de Justicia en esta legislatura es poner solución a los problemas, transformar la justicia, reformar la justicia. Créame que es mucho más sencillo cruzarse de brazos ―créame―, ir al trantrán y decir: esto viene de lejos, yo no puedo hacer nada. No, no, claro que puedes hacer. Aquí estamos para hacer cosas, para transformar, para reformar y para mejorar la justicia, y es lo que hemos hecho.

Cuando llego al Ministerio de Justicia en noviembre del 23, me encuentro problemas estructurales: juzgados saturados, procedimientos excesivamente largos, una enorme dispersión territorial, tecnológica ―a la que usted ha hecho referencia en esta tribuna― y una digitalización muy desigual, muy incompleta, muy diferente en función del territorio, incluso dentro del propio territorio. La pandemia no hizo más que agudizar estos problemas que tenía.

Había un segundo problema también estructural en la justicia, que era la falta de inversión tanto en medios materiales como en medios humanos. Si quiere, le doy alguna cifra del Gobierno del Partido Popular, del señor Rajoy, del Gobierno de sus socios en tantas comunidades autónomas, porque son cifras de una inversión simple y llanamente inexistente, para intentar acabar por la vía directa con todo el servicio público que tuviera que ver con la Administración de Justicia.

Y, además, a todos estos problemas se unía uno que parece que ya se ha olvidado, pero que fue verdaderamente grave para incluso el buen nombre de la justicia, que fue la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial por un incumplimiento grosero de la Constitución por parte del Partido Popular ―por cierto, con su apoyo―. Ustedes les apoyaban en que siguieran incumpliendo la Constitución y que no renovaran el Consejo. Finalmente pudimos hacerlo, afortunadamente, y eso también ha dado normalidad institucional al Poder Judicial.

A todo esto se añaden siempre nuevos desafíos, nuevos retos, nuevos intentos de que la justicia se modernice, porque tiene que abordar el ciberdelito, por ejemplo, la protección digital de los derechos de los ciudadanos que se ven afectados y una litigiosidad creciente, motivada por muchas razones; si quieren, podemos entrar también en eso.

Por estos motivos, en este contexto en el que nos encontramos en noviembre de 2023, decidimos que, efectivamente, había que dar un paso adelante, que la justicia por primera vez tenía que ser prioritaria en la acción del Gobierno y que teníamos que plantear una transformación profunda de la justicia, una reforma en profundidad, en detalle, para ir a la raíz de los problemas de la justicia. Por eso, en esta legislatura ―yo lo digo con mucha frecuencia, y lo repito cada vez que tengo oportunidad― hemos llevado a cabo la mayor transformación de la justicia en décadas. (Aplausos). Indiscutiblemente. Y, como veo que hace algún gesto de desaprobación, estaré encantado de escuchar cómo desde esta tribuna usted considera que no hemos hecho la mayor transformación de la justicia en décadas. Cambiar una planta judicial de 1834 ―igual a ustedes les gusta más la planta judicial de 1834, pero permítanos que a los demás nos guste más la de 2025―, porque igual se había quedado un poco anticuada. Los vetustos, arcaicos, caros, inflexibles, ineficientes juzgados unipersonales han sido cambiados por tribunales de instancia.

Por eso hemos multiplicado por doce ―por doce― la inversión en justicia respecto de la que nos encontramos. ¿Para qué? Pues precisamente para digitalizar, para agilizar procedimientos, para reforzar medios humanos y materiales. Vamos a hacer una macroconvocatoria, la mayor de la historia: 700 plazas de jueces y fiscales ―500 jueces y 200 fiscales―. Nunca en la historia había habido, no ya una cifra como esta, ni siquiera parecida. Si quiere, le recuerdo algunas cifras de sus socios cuando estaban en el Gobierno, porque son cifras, en algunas ocasiones, de cero; en otras de 40, en otras de 70… Bueno, 700 plazas de jueces y fiscales. Y la nueva organización ―como le digo, los tribunales de instancia, sin duda el futuro de la justicia―, que, por cierto, fue pedida por unanimidad por todas las asociaciones judiciales en 2017. Por todas, sin excepción, en 2017. Creo que también esto es señal de la importancia que esto tenía.

¿Y cuál ha sido esa transformación? ¿Qué hay detrás de la afirmación que con tanta frecuencia hago de que estamos llevando a cabo la mayor transformación de la justicia en décadas? Pues, mire, en primer lugar, hemos renovado el Consejo General del Poder Judicial conforme a la ley y a la Constitución, al modelo democrático. A usted le gusta más el modelo corporativo ―lo ha dicho en esta tribuna; es la posición política de su grupo―. Es obvio que la ultraderecha apueste por el modelo gremial, por el modelo corporativo. Es obvio, es lógico. Yo apuesto por el modelo democrático: que todos los poderes del Estado, también el Poder Judicial, tengan una base democrática. Nosotros somos la izquierda, ustedes son la ultraderecha; normal. Pero, ya que ustedes son la ultraderecha, defensores de la ley y el orden —¿verdad, señor Gil Lázaro? (El señor Gil Lázaro hace un gesto afirmativo)—, de la ley y el orden, pues ¡hombre!, cumplan ustedes la ley, no animen al Grupo Popular a que incumpla la ley de manera grosera y de manera evidente. (Aplausos).

Me ha hecho gracia una parte de su intervención, señor Aizcorbe, se lo tengo que reconocer, cuando ha dicho que cómo es posible que fuéramos a renovar el Consejo a Bruselas. Ha dicho literalmente y lo he entrecomillado: «ha sido una persona extraña e interpuesta». Así llama usted a la Comisión Europea, ese es el europeísmo de la ultraderecha española (aplausos); un comisario en Bruselas le parece una persona extraña. Pero si estamos todos los días en Bruselas defendiendo los intereses de España, si es que Bruselas es España, claro que sí, somos parte de la Unión Europea. Que le parezca una persona interpuesta es muy representativo de lo que usted supone.

Le decía que hemos cambiado esos juzgados arcaicos y vetustos de 1834 ―que seguro que hacían las delicias de la ultraderecha― por los tribunales de instancia de 2025. Y como toda transformación profunda, tiene un tiempo de adaptación, lógico, pero es que, fíjese, lleva la ley en vigor en los grandes partidos judiciales como Madrid, Barcelona, Sevilla o Palma desde enero de este año, es decir, cinco meses, y ya tenemos buenos resultados, ya hay cifras que nos indican que van por el buen camino los tribunales de instancia. Le doy algunas cifras. Criticaba usted aquí los MASC, los medios adecuados de solución de controversias, me imagino que porque usted quiere que se litigue; cuanta más litigiosidad mucho mejor, que se colapsen los juzgados. Nosotros estamos en la posición contraria: queremos que lo que las partes puedan solucionar a través de un acuerdo lo hagan y que no tenga que resolverlo un juez, que este quede para cuestiones técnicas más complicadas, para procedimientos jurídicos más complejos. Apostamos por los acuerdos, como hacemos también en esta Cámara. Pues los MASC han supuesto que ha bajado la litigiosidad un 18 %. Entiendo que a usted le hubiera gustado que hubiera subido un 18 %, pero los MASC han conseguido un 18 % de bajada de la litigiosidad media ―en lo civil más, esta es la media—. Pero es que, en estos cinco meses de vigencia plena, de implantación plena de la ley de eficiencia se celebran un 5,6 % más de juicios que en los cinco mismos meses del año 2025 con los vetustos juzgados unipersonales —u‌ n 5,6 % más de juicios—, y también se señalan un 6 % más de juicios en estos cinco meses del 2026 respecto a los cinco meses del 2025. Y, por último, el dato definitivo ―que estoy seguro de que le va a convencer y de que va a subir usted a esta tribuna a decir: parece que los tribunales de instancia no van por mal camino― es que, después de diez años en los que subía continuamente cada año la pendencia judicial, es decir, que cada vez había más asuntos pendientes de resolverse, hemos bajado en 2026 esta pendencia judicial en

España un 0,7 %. (Aplausos). Y ahora estaré encantado de escuchar su réplica, porque cuando hay críticas, observaciones a la implementación ―ya le digo que va bien, que irá mejor, sin duda, pero que va bien―, normalmente no se da ni un solo dato, todo son percepciones subjetivas: No, es que en mi tribunal… Hombre, igual tiene que levantar un poco la mirada. Creo que podemos dar cifras como estas, objetivas y oficiales que acreditan que va por el buen camino, pero, en todo caso, estaré dispuesto a escucharle.

Hemos hecho muchas más cosas en la ley de eficiencia; por fin se ha cumplido en España el Convenio de Estambul que España firmó en el año 2011 y ratificó el Gobierno del señor Rajoy, pero que no se había cumplido. También, hemos aumentado casi 60 plazas nuevas especializadas en violencia sobre la mujer, ya sé que este tema a ustedes les importa bien poco, pero es un problema en nuestra sociedad y por eso hemos incrementado más del doble de lo que decía el Consejo General del Poder Judicial que hacía falta: el Consejo decía que hacían falta 25 plazas; creamos 60. ¿Por qué? Porque estamos comprometidos en la lucha contra la violencia contra la mujer. Imagino que ustedes hablarán de otros conceptos como la violencia intrafamiliar y estas cosas tan sumamente aberrantes para las mujeres que sufren violencia por parte de sus parejas.

También hemos hecho una apuesta muy considerable por la digitalización. He visto que usted confunde la robotización, la automatización y la inteligencia artificial, lo mete todo en el mismo saco cuando son cosas completamente distintas. Obviamente, la decisión final es de los jueces y magistrados de nuestro país, no hay ninguna duda. Esta misma tarde tendré ocasión de clausurar un congreso de la abogacía latinoamericana donde precisamente se va a hablar de esto, de qué puede hacer la inteligencia artificial, garantizando los derechos de los ciudadanos y que la decisión última sea del juez o del magistrado, porque el objetivo de la inteligencia artificial es que lea causas judiciales de miles de folios y las procese en segundos, en lo que tardaría semanas una persona. Esa es la idea que tenemos y esta es la justicia del siglo XXI, que no se parece ni a la que quiere VOX ni a la de 1834, que es la que ustedes están defendiendo. Por cierto, todo el avance que hemos hecho en digitalización merece premios y reconocimientos internacionales. (Aplausos).

Y, por último, hago dos apuntes. El primero se lo decía antes de pasada: vamos a crear 500 nuevas plazas de jueces y 200 de fiscales, porque a la Justicia y a la Fiscalía se les apoya creando plazas, creando mayor número de personas que se dediquen a ejercer el Poder Judicial; por tanto, 700 nuevas plazas: 500 de jueces y 200 de fiscales; no busque en la historia de nuestra democracia, no encontrará nada parecido. Y el último apunte que hago: el Poder Judicial es un servicio público, indiscutiblemente, y es un poder del Estado, tiene usted razón, así se considera en nuestra Constitución, por eso es imprescindible garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al Poder Judicial.

Sí, termino ya, señor presidente.

Por eso hemos implementado unas becas, para pagar durante cuatro años 12 600 euros a todos los opositores a la carrera fiscal, judicial, a la Abogacía del Estado y a letrados de la Administración de Justicia, unas becas muy amplias ―para más de 1500 personas―, con una cantidad económica suficiente y para un periodo de cuatro años, porque son oposiciones duras. Estas becas existieron con un importe mucho menor y por menos duración, pero llegó el Gobierno del Partido Popular, de sus socios, y ¿sabe lo que hizo con las becas? Las suprimió. Nosotros apostamos por estas becas para garantizar la igualdad de oportunidades. Estoy seguro de que a usted esto le parecerá bien.

Muchas gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, señor ministro, mi abuelo tenía un ciruelo, ha venido a decir. (Risas y aplausos). Usted ha empezado a cotejar las estadísticas, ha empezado a hablar de lo que ya sabíamos y, como ya le he comentado, le recuerdo simplemente que ustedes son los socialistas con sus socios y nosotros, sí, somos VOX, el sentido común; simplemente para que lo tenga en cuenta. Dice usted: la mayor transformación de la justicia en décadas. Y eso va dedicado. Lo ha recordado hoy aquí. Y sí, efectivamente, lo está haciendo, pero para mal, señor ministro, porque nos preocupa que ustedes estén confundiendo la estadística manipulada ―que ha hecho alarde de ella en este momento― con la mejora real del sistema judicial. Claro que pueden bajar temporalmente las demandas registradas si antes de llegar al juez ustedes estrechan artificialmente la puerta del acceso a la justicia. Yo soy de aquellos letrados que siempre digo a mis clientes que el fracaso del abogado es el pleito; por tanto, no vea en mí el ánimo pleitista por ningún lado, soy mercantilista, soy civilista y ese ha sido siempre mi espíritu. Pero es que así no desaparece el conflicto, simplemente queda atrapado en una larga antesala burocrática antes de poder llegar a un tribunal, lo que impide realmente el acceso a la justicia en temas tan importantes como la infancia, la familia o procesos internacionales. Y eso no es eficiencia, eso es contención artificial de la litigiosidad, por mucho que usted se empeñe con estadísticas manipuladas. Nos preocupa que estén utilizando esos datos para vender una falsa sensación de éxito, obviamente, porque abogados, procuradores y funcionarios describen diariamente una realidad completamente distinta, y veo que a usted no le preocupa nada, ni eso ni nada de lo otro. Nos preocupa que la obligatoriedad de los MASC esté generando más inseguridad jurídica que soluciones reales, como le he dicho, en infancia, familia y procedimientos internacionales que no pueden esperar y son urgentes. Nos preocupa que hoy existan interpretaciones distintas entre órganos judiciales sobre cuándo un MASC está correctamente realizado y cuándo no lo está. Esto es porque la ley está mal hecha. Nos preocupa que muchas demandas estén discutiéndose no por el fondo del derecho reclamado, sino por defectos formales previos. Nos preocupa que ustedes estén convirtiendo el acceso a la justicia en una carrera de obstáculos procesales, incluso con derecho de pernada para dibujar perfiles ad hoc. Nos preocupa la falta de jueces, claro que sí, porque España sigue teniendo aproximadamente 11 jueces por cada 100 000 habitantes, frente a una media europea de 17. Nos preocupa que en 2023 se reconociera la necesidad de crear 444 nuevas unidades judiciales y solo se crearan 70. Nos preocupa que el sistema siga funcionando gracias a refuerzos extraordinarios, mientras aumentan las pendencias y, efectivamente, los retrasos. Nos preocupa la despersonalización de la justicia, porque ustedes están sustituyendo juzgados identificables ―como dice, anquilosados y ancestrales― por macroestructuras impersonales, porque el ciudadano y el profesional ya no saben muchas veces ni qué órgano concreto lleva su asunto, porque han transformado alegremente lo que usted llama órganos unipersonales en grandes estructuras burocráticas alejadas del ciudadano. Nos preocupa el caos organizativo derivado de los tribunales de instancia, inclusive con el cartelito del Gobierno de España, ¿verdad, señor ministro? Nos preocupa la creación de macrooficinas sin planificación real. Nos preocupa la dispersión física de redes judiciales. Nos preocupa la ausencia de inversiones suficientes en infraestructuras. Nos preocupa la falta de interoperabilidad tecnológica. Nos preocupa que la supuesta digitalización esté generando ralentizaciones, pérdida de información e inseguridad jurídica. Nos preocupa la situación del turno de oficio y la justicia gratuita. Nos preocupa que miles de profesionales sigan sosteniendo el sistema prácticamente por vocación, mientras continúan existiendo problemas de retribución, cobertura y financiación. Nos preocupa que ciudadanos con dificultades reales sigan quedando fuera de criterios económicos absolutamente desfasados. Nos preocupa, igualmente, que un abogado enfermo siga recibiendo notificaciones por LexNET, mientras los plazos continúan corriendo como si nada ocurriera. Y nos preocupa profundamente el deterioro institucional general, señor ministro, porque, cuando se multiplican las sospechas de presiones políticas, como le he dicho antes, cuando se cuestiona la independencia judicial, como también le he comentado, y cuando la justicia se convierte en un campo de batalla partidista permanente, la obligación de un ministro no es fabricar titulares optimistas, sino proteger la credibilidad de las instituciones.

Por eso le repito hoy exactamente sus propias palabras: sí, señor Bolaños, usted está protagonizando la mayor transformación de la justicia en décadas, pero lo preocupante es que cada vez son más los españoles que empiezan a pensar que esa transformación está deteriorando seriamente el derecho a una tutela judicial verdaderamente efectiva y la independencia de los poderes del Estado. Por eso, como decía el de Hipona, nos preocupa.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Muy bien, gracias.

Señoría, agradezco que difunda usted mi pensamiento y que repita conmigo que estamos haciendo la mayor transformación de la justicia en décadas. Gracias. (Aplausos). Ya está bien que VOX reconozca algo al Gobierno. (Risas). Se lo reconozco y se lo agradezco de verdad. No es habitual esto.

Dice usted ―y muestra un respeto a la justicia bastante mejorable― que le parece un ciruelo que hayamos acabado con esos tribunales arcaicos y vetustos, que eran los unipersonales, que hayamos implementado los tribunales de instancia. Le doy cifras oficiales, cifras reales, cifras que todos los días me pasan y usted dice que son estadísticas manipuladas. No se basa en nada, es simplemente intentar crear un poco de confusión a la gente. Me imagino que para usted el respeto a la justicia es lo que hacía su candidato a la Junta de Andalucía, no este, sino el anterior, el juez Francisco Serrano, que vulneraba el régimen de visitas de madres por motivos religiosos, o al que le parecía que el feminismo ―así lo ponía en sus resoluciones judiciales― era un movimiento de lesbianas violentas y resentidas. Me imagino que eso es lo que usted cree que tiene que ser la justicia. Por supuesto, nosotros estaremos ahí para pararles los pies a los ultraderechistas, como su grupo parlamentario.

Habla de los MASC, dice una frase que yo comparto ―yo también he ejercido la abogacía durante muchos años, no en lo civil, no en lo mercantil, en lo social―: que el primer fracaso de un abogado es el pleito. Efectivamente, si se puede resolver a través de un acuerdo, de una negociación, de una mediación, de un arbitraje, pues háganlo, así no se colapsan los juzgados. Tanto creo en ello que por eso hemos apostado tanto por los MASC; tanto creo en ello que ha bajado un 18 % la litigiosidad; si es que no cuesta tanto. Igual que ha dicho usted que, efectivamente, estamos llevando a cabo la mayor transformación de la justicia en décadas, dígalo: los MASC han reducido la litigiosidad en España y, por tanto, han dejado de colapsar los tribunales con pleitos innecesarios porque las partes han podido acordar. Y es verdad ―y lo dice usted― que hay algunas interpretaciones de la ley que han de ser interpretaciones jurisdiccionales, como pasa con todas las leyes ―usted es jurista como yo―, cualquier ley siempre merece una interpretación jurisprudencial. Esa interpretación jurisdiccional para equilibrar y para que haya una doctrina pacífica sobre los MASC, obviamente, la tendrán que dictar la Sala Primera del Supremo y el resto de los tribunales de nuestro país. Es decir, que es cuestión de tiempo, porque claramente tenemos la justicia rumbo al siglo XXI y no como antes estaba, con los viejos juzgados unipersonales, anclada en el siglo XIX.

De todas las críticas que hace usted a los tribunales de instancia, como es tradición, por cierto, ni una de ellas tiene el sustento de una sola cifra. O sea, ustedes dicen: estamos en contra. Oiga, dé una cifra; una cifra, no le pido más, una cifra. No dicen ninguna, porque no son capaces de dar una sola cifra, insisto, en una implementación que ha sido compleja, que ha sido una transformación profunda de la planta judicial en nuestro país y que lleva solo cinco meses plenamente implementada, y ya está dando buenas cifras; imagínese en unos años.

Ha dicho usted muchas cosas en cinco minutos, intento dar respuesta a todas ellas. Ha hablado de juezas con derecho de pernada, me ha parecido entenderle. Imagino que se refiere usted a las juezas sustitutas. Y ha dado usted a entender que era el Gobierno quien decidía quienes eran las juezas sustitutas. Le voy a decir cuál es la participación del Gobierno y del Ministerio de Justicia en la elección de los jueces sustitutos en nuestro país; escúcheme porque es muy complejo lo que voy a decir: cero. Nada. Ninguna intervención. (Aplausos). Ninguna. Los seleccionan los TSJ y los elige y los nombra el Consejo General del Poder Judicial. Intervención del Gobierno: cero. Hay un 80 % de juezas sustitutas ―las llamo en femenino porque la mayor parte de ellas son mujeres―, un 80 % de mujeres juezas sustitutas. Por cierto, en las cifras que usted da de las ratios de juez por número de habitante no incluye a los jueces sustitutos, que ya es manipular los datos, porque las casi mil juezas sustitutas que hay en España están dictando sentencias, dictando autos y dictando resoluciones judiciales y, por tanto, han de ser contabilizadas a efectos de ese número. Pero es que, además, vamos a crear 500 plazas más de jueces. Usted decía ―y tenía razón― que en 2023 el Consejo General del Poder Judicial dijo que hacían falta 440 nuevas plazas judiciales ―440― y que creamos 70. Bien, este año creamos 500; ante las 440 que pedía el Consejo, vamos a crear 570. ¿Por qué? Porque, por primera vez, se está gestionando la abundancia en la creación de planta judicial, gracias a los tribunales de instancia y gracias a la ley de eficiencia.

Veo que le preocupa a usted que en las comunidades autónomas que no tienen competencias transferidas en materia de justicia en los rótulos pongamos Gobierno de España. No le preocupa a usted tanto que aparezca un rótulo con Comunidad de Madrid o Xunta de Galicia o Junta de Andalucía; eso veo que no le preocupa a usted. Bueno, pues es la ley del embudo. ¿Qué le vamos a hacer?

Y, por último, termina usted diciendo que el Gobierno cuestiona, ataca ―en fin, estas cosas que dicen ustedes― la independencia judicial. Más datos; ante sus falsedades, datos. España es un país donde está garantizada la independencia judicial. Los propios jueces y el Consejo General de Poder Judicial lo reconocen, por encima de países como Alemania.

Termino inmediatamente, señor presidente.

Tanto es así que ayer lo reconoció en una declaración pública el señor Aznar. (Rumores). Es decir, evidentemente, la independencia judicial en España no es un problema. Hablar de independencia judicial es entretenerse porque no hay ningún problema con la independencia judicial en España. Está plenamente garantizada y está reconocida por los jueces por encima de países como Alemania, Suecia o Bélgica. También está reconocida por el Consejo y por la Red Europea de Consejos, y en esa línea vamos a seguir trabajando, garantizando la independencia judicial y no llevando a cabo injerencias como pasó con otros Gobiernos de los que ustedes son socios.

Gracias. (Aplausos).