¿Autorizará su Gobierno un referéndum si así lo solicitan los Ayuntamientos del enclave de Treviño para su incorporación a Araba/Álava de acuerdo con la legislación en vigor?

Gracias, presidenta. Buenos días, ministro. Como conoce, Treviño es un enclave en Álava que ocupa una parte importante de su territorio, a más de cien kilómetros de Burgos y a escasos veinte minutos de Vitoria. Por ello, buena parte de su ciudadanía desarrolla su vida en Vitoria y en el territorio alavés, dándose muchos empadronamientos en este territorio para disponer de servicios públicos más cercanos; y otros tantos son prestados por la Diputación de Álava en Treviño de manera transitoria y hasta que se alcance una solución definitiva al enclave.

Por este desajuste de encuadre territorial, existe una histórica reivindicación de la ciudadanía de Treviño para su incorporación a Álava. La primera documentada se remonta a 1646. La reivindicación se manifiesta de manera intensa durante los distintos trazados del mapa provincial del Estado. Tan es así que durante el franquismo las parroquias de Treviño pasan por necesidades pastorales desde la diócesis de Burgos a la de Vitoria, con respuesta masiva favorable de sus vecinos. Y durante la Transición se vuelve a solicitar permiso al Gobierno, sin obtener respuesta para celebrar una consulta. Y ya aprobada la Constitución, pese a la negativa del Gobierno, se realizó una consulta, con resultado favorable mayoritario, paralizándose el proceso de esa anexión tras informes negativos de las instituciones de Castilla y León.

Por eso, señor ministro, le preguntamos si el Gobierno autorizaría, si le fuera solicitado, consultar a la ciudadanía de Treviño su opinión sobre la conveniencia de su readscripción territorial provincial.

Muchísimas gracias, presidenta.

Señoría, disculpe que le dé la espalda para poder responder. Estamos ante una situación singular, estamos hablando de municipios que están en un enclave y que tienen circunstancias que no entran dentro de lo que sería una petición propia de una competencia municipal que contempla la Ley de Bases del Régimen Local, como bien sabe usted. Razones históricas determinadas hacen que estemos hablando, como digo, de algo que va mucho más allá de lo que es el ámbito estricto de las Administraciones locales municipales, y que entronca dentro de lo que son los estatutos ―en este caso, dos estatutos: el de Guernica y el de Castilla y León―. Seré rápido y claro en la respuesta. Nosotros, en el Gobierno de España, estamos en disposición de hacer lo que tenemos que hacer, pero hay pasos previos ―además, el Tribunal Supremo así lo ha acreditado― que se deben dar. En ese sentido, tenemos que defender el Estado de derecho; y en esos pasos es preceptivo y absolutamente necesario e imprescindible que tengamos los informes de distintas Administraciones; porque, lógicamente ―es muy concreto y creo que muy plástico lo que voy a decir―, para que un municipio llegue a una comunidad autónoma es preciso que salga de otra. Y, en ese sentido, debemos dar todos los pasos que marca el ordenamiento jurídico para que esto se pueda realizar. (Aplausos).

Gracias, ministro Pero su brumosa respuesta quizá pudiera quedar disipada tras escuchar las reflexiones del periodista Miguel Ángel Petit, que en La Voz del Ebro, hace ya más de treinta, escribió: El problema de Treviño es ante todo un problema de y para todos sus habitantes, curiosamente los únicos que no pueden decir ni una palabra sobre un contencioso del que todo el mundo ha dicho ya demasiadas cosas sin demasiado sentido común. Y concluía ―y yo también concluyo, señor ministro, preguntándole en el mismo sentido―: ¿No sería mejor preguntar directamente a los treviñeses qué quieren hacer con sus vidas? Nada más y muchas gracias.

No le falta razón lógica a su planteamiento, lo que ocurre es que el ordenamiento jurídico marca que es preciso que haya previamente un informe favorable de la Diputación de Burgos y también de la Junta de Castilla y León para que esto se pueda realizar.

Por lo tanto, le respondo: el Gobierno no es ajeno, lógicamente, a los convenios que están firmados y a la cooperación multilateral; y tampoco es ajeno a que tenemos que prevenir que pueda haber duplicidades en la gestión de los recursos públicos.

Por tanto, ¿esto es jurídicamente posible? La respuesta es clara: es jurídicamente posible. Pero ¿qué se tiene que dar para que esto finalmente sea posible? Lógicamente, ir cumpliendo los pasos que se exigen dar para que, finalmente, se puedan manifestar de manera libre también los ciudadanos de un territorio determinado. Hay cuestiones históricas, que usted conoce incluso mejor que yo, que hacen que Treviño tenga esa situación de enclave singular y, por tanto, lógicamente, tengo que responder acogiéndome al ordenamiento jurídico en vigor. (Aplausos).