Proposición no de Ley relativa al parque público de vivienda y al refuerzo de la transparencia y los mecanismos de control en los procesos de adjudicación de vivienda protegida.

Destinar mucho más de la mitad del sueldo a pagar un piso o una habitación es la realidad que hoy asfixia a jóvenes, clases trabajadoras y personas vulnerables. La vivienda es hoy el mayor reto social e intergeneracional que tenemos. ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? Esto no va solo de oferta y demanda, a veces también va de avaricia. Por ello, ante este complejísimo debate, el Partido Socialista propone tres respuestas: más intervención, más transparencia y más control. Más intervención para que ningún euro público acabe en la cuenta de un fondo buitre. Más transparencia para evitar el tráfico de influencias en las VPO. Por último, más control para que la construcción de vivienda llegue a quien la necesita. En resumen, hoy planteamos una batería de soluciones para garantizar que la vivienda pública lo sea para siempre y que el acceso a esas casas se realice sin trampas. La ciudadanía conocerá esta semana si quienes les representan defienden que el hogar es un activo financiero, es decir, un negocio, o si, por el contrario, trabajan por la función residencial del hogar, por un techo digno.

Señorías, la vivienda pública es el mejor instrumento para desinflamar un mercado desbocado. Si agilizar la construcción es importante, garantizar el blindaje público permanente es obligatorio. La mayoría de los 2,7 millones de viviendas que se han construido en régimen público durante los últimos cuarenta y cinco años ha pasado a mercado privado, se ha descalificado. Si se hubieran mantenido en el parque público estaríamos ahora mismo en estándares europeos. Es cierto que desde 2019 esto ha cambiado porque ha mejorado sustancialmente la construcción de vivienda pública y protegida, pasando de un 2,5 % a un 3,4 (aplausos), un aumento de 138 000 viviendas. Si repetimos los errores y las políticas del pasado, estas viviendas pueden pasar a manos de multipropietarios ricos que hacen de la necesidad ―de la necesidad― su virtud. Para evitarlo, impulsamos, por una parte, el mantenimiento de la calificación permanente de las casas promovidas con ayudas públicas o beneficios fiscales, y, por otra, la de las viviendas levantadas en suelo público de las Administraciones. Esto ya es una realidad en comunidades autónomas como Asturias, Navarra, País Vasco y Cataluña.

Si blindar la vivienda protegida es el punto de partida, señorías, garantizar el acceso justo es una de las metas. Para que esto se cumpla, las comunidades autónomas tienen que supervisar y vigilar las irregularidades, porque son las comunidades autónomas las que son constitucionalmente competentes en esta materia. No miren hacia otro lado, señorías del Partido Popular. Escuchen. Mientras medio millón de españoles y de españolas están esperando y haciendo cola ordenadamente para una vivienda pública, ustedes pactan con VOX, con la extrema derecha, eso de desregular, eso de la desregulación. Cito textualmente: «Desregular para evitar irrelevantes controles y papeleos». ¡Qué casualidad, señorías! Qué casualidad que bajo esta misma desregulación un militante del Partido Popular resulte agraciado con un pisito en la primera promoción pública de Alicante en veinte años. (Aplausos). ¡Qué casualidad! ¡Qué suerte! Mientras 76 000 valencianos y valencianas hacían su cola ordenadamente, Carlos Mazón, referente de los diputados valencianos, propició que eso pasara. (La señora Montesinos de Miguel realiza gestos de asentimiento). Dice que sí la señora Olona (sic), la señora Macarena (sic). (Rumores.―Risas.―El señor Ibáñez Hernando: ¡Montesinos!). Carlos Mazón lo que hizo fue aumentar el límite de renta, suprimir la inscripción en el registro y dejar la adjudicación en manos de promotores hasta la escrituración. Si su referente es Carlos Mazón, también lo es Juanfran Pérez Llorca, el que mantiene este coladero de ocupas vip.

¿Cómo no van a querer desregular, señorías? ¿Cómo no van a querer desregular si gracias a ello este carné (muestra un carné) que hoy les enseño, el carné del Partido Popular, se convierte en una llave maestra para entrar a vivir en una casa pública? (Aplausos). ¡En una llave maestra para entrar a vivir en una casa pública, señorías! Y esto no es un accidente, porque pueden decir: Es que nos hemos equivocado, no volverá a ocurrir. No es un accidente, es el modelo del Partido Popular, su modelo de barra libre para transferir recursos a lo privado desde lo público. Es el mismo modelo de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá (rumores), que pone en marcha también esas promotoras que son juez y parte y que utilizan permutas para dar vivienda a sus amiguetes quitándoselas a las familias. Vito Quiles no pregunta por esto porque, casualmente, el marido de la diputada del Partido Popular, Alma Alfonso, la diputada que le cedió su despacho para grabar vídeos, casi se lleva un supercontrato de VPO de la alcaldesa María José Catalá. (Protestas.―Aplausos.―La señora Alfonso Silvestre pronuncia palabras que no se perciben). Por suerte, el Grupo Socialista lo frustró. Alma, ahora que Vito Quiles no puede entrar al Parlamento, puede decirle usted que grabe los vídeos en alguno de esos pisitos de Alicante en primera línea de costa que se llevaron las señorías y, en este caso, las personas relacionadas con el Partido Popular. ¿Para esto quieren desregular, señorías, para hacer de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas unas promotoras con bandera? Con bandera pirata, por supuesto.

Miren, nosotros buscamos procedimientos claros y herramientas de supervisión para evitar que caraduras tengan una casa pública pagada con los impuestos de todos y todas a través del chanchullo. Frente al «sálvese quien tenga» y frente al «sálvese quien herede», que eso también les gusta mucho, el Partido Socialista plantea soluciones ―acabo, presidente―. Tres de cada cuatro españoles exigen una mayor intervención del mercado ―tres de cada cuatro españoles―. Desde esta tribuna quiero ser útil a mi generación, una generación que este domingo saldrá a las calles para denunciar que la vivienda cuesta la vida; una generación que vive del alquiler o con sus padres no por elección, no por decisión, sino por exclusión. Si el libre mercado se organiza para forrarse, les pido que nos organicemos para proteger a las clases trabajadoras a través de más intervención, más transparencia y más control. Entre normalizar las casas como negocio o garantizar su función residencial, no protejan a quienes se enriquecen por poseer y no por producir; protejan la función residencial de la vivienda.

Finalizo inmediatamente. Señorías del Grupo Popular y de VOX, hoy tienen la oportunidad ―sus votantes tomarán nota― de comportarse como partidos políticos y no como inmobiliarias. Muchas gracias. (Aplausos).

Buenas tardes, presidente. Estamos de acuerdo ―¡cómo no!― con los objetivos generales: mejorar la cooperación entre Administraciones, mejorar los criterios de adjudicación, la transparencia. ¿Quién va a estar en contra de eso? Pero nos preocupan algunas cosas. Primero, ustedes no han traído aquí esta proposición no de ley para plantear soluciones, sino para meterse con el Partido Popular. Hasta Vito Quiles ha salido a pasear. Nos preocupa la invasión de competencias, porque seguimos en esa historia: nosotros tenemos las grandes ideas, sabemos cómo solucionarlo y, luego, si no se arregla, es porque es competencia de otros; lo que sale mal es competencia de las comunidades autónomas y lo que sale bien es porque se nos ocurre a nosotros, el Gobierno. Nos preocupa que, una vez más, la coordinación, la cogobernanza y la colaboración terminen siendo imposición, sin diálogo y sin aceptación de las diferencias que tienen algunos territorios y que, en el caso del mío, son bastante notables. Y voy a poner dos ejemplos: la ley de vivienda, que recoge algunas cuestiones que en Canarias no se pueden contemplar y que invade las competencias de Canarias; y el plan estatal de vivienda, un plan hecho sobre cálculos para territorio peninsular y que no tiene en cuenta lo que cuesta la construcción en Canarias, lo que cuesta el metro cuadrado construido y el traslado de materiales. Voy a repetir algo que últimamente he dicho muchas veces: con la crisis de Irán, al dispararse los precios de la construcción, en Canarias muchas obras se están parando y muchas licitaciones se están quedando desiertas y no vamos a poder construir.

Frente a todos esos problemas, nos encontramos además con medidas que requieren financiación, porque la mayoría de estas soluciones pasa por invertir en estructuras que puedan controlar y supervisar la situación de las familias que ocupan una vivienda pública. En todo el territorio del Estado, no solo en Canarias, hay familias en viviendas públicas cuya situación ha cambiado. Nadie supervisa esto. Estas familias deberían dejar la vivienda para quienes en este momento sí tienen necesidad de ella, porque es para la que fueron construidas. Da igual que la situación cambie porque, una vez que las familias llegan, nunca más van a salir. No hay ninguna herramienta que permita establecer los recursos ni que supervise la situación por la que se les adjudicó la vivienda. En este caso, esto es fundamental, pero no observamos la inversión necesaria para poder actualizar la situación de los inquilinos de manera permanente.

Mejoremos las reglas con respeto a las competencias y, por supuesto, con adaptación a las singularidades. El problema de Cataluña no es el problema de las islas Canarias; el problema del País Vasco no es el de las islas Canarias, y las medidas de talla única no nos sirven.

Me gustaría saber también si, en ese empeño de que todo el que tenga una ayuda pública no puede ser nunca propietario, vamos a tener en cuenta a los jóvenes a los que estamos ayudando a adquirir una vivienda, que se están hipotecando y que van a pagar ellos. ¿No van a poder ser dueños de sus viviendas? Porque el punto uno a mí me genera bastantes dudas.

En términos globales compartimos los objetivos, pero quiero que quede claro que para que estos se cumplan se debe hacer con toda la lealtad institucional, y carecemos de ella en muchas ocasiones.

Quiero terminar diciendo que si esta PNL se cumpliera, sería la única que se ha cumplido en esta legislatura, ¡porque mira que hemos aprobado PNL! Yo la apoyaré, votaré a favor, y si se cumpliera y avanzáramos en esto creo que tendríamos que hacer algo especial en honor a una proposición no de ley que sale y que se cumple, que es una auténtica excepción.

Gracias.

Arratsalde on, jaun‑andreok. Talde sozialistak plenorako aurkezten duen proposamenarekin bat egiten dugu eta bat egiten dugu planteatzen duen helburuarekin eta helburua lortzeko proposatzen dituen puntu zehatzekin. Hala ere, ezin diogu baiezko boturik eman planteatzen duenari eta gure postura azaltzen saiatuko naiz. 2023. urtean, Etxebizitza Legearen bitartez, gorte hauek baiezko botua eman zioten taldeei esker, Euskal Legebiltzarrak etxebizitzaren inguruan erabakitzeko duen ahalmena murriztu eta baldintzatu egin zuten. Hala esan genuen, mantentzen dugu. Eta gaur talde sozialistak planteatzen duen ekimenak bide berdina jarraitzen duela diogu. Legez besteko proposamenak berez, zera esaten du Etxebizitza duin bat eskuratzeko dauden zailtasunak aipatzen ditu. Babestutako etxebizitza publikoaren beharrari buruz aritzen da, eta hauek ondo kudeatu eta esleitu behar direla azpimarratzen du, baliabide publikoak behar dutenentzat heldu daitezen. Aipatzen du ere baliabide publikoen laguntza izan duen etxebizitzek kalifikazio publikoa galdu ez dezatela. Eta bat egiten dugu, Euskadin honela egiten baitugu. Baina legez besteko proposamenak bere zioan argumentu berri bat sartzen du, hau da, zenbait erkidegoetan egin diren arau‑aldaketak, administrazio publikoaren kontrola ezabatzen dutenak eta, ondorioz, transparentzia eta berdintasun printzipioen kontrakoak direla. Eta adibide zehatz bat ipintzen du: Valentzian gertatzen dena. Gure taldeak ez du bat egiten transparentzia eta berdintasun printzipioen aurka hartzen diren neurriekin. Baina guk ez dugu eskumenik Valentziako Parlamentuan erabakitzen denaren inguruan ezer erabakitzeko. Eta era berean, ez dugu inolako laguntzarik emango gorte hauek euskal autogobernua murrizteko hartzen den edozein erabakiarekin. Proposatzen denarekin bat egin ala ez, atea behin irekitzen denean, zaila izaten baita gero ixtea.

Buenas tardes. Señorías, estamos de acuerdo con esta proposición que nos presenta el Grupo Socialista en el Pleno. Estamos de acuerdo con el objetivo que se plantea y con los puntos concretos que se proponen en la iniciativa para alcanzar ese objetivo. Sin embargo, no podemos dar un voto afirmativo a lo que se plantea y explicar… En 2023, a través de la ley de vivienda, estas Cortes, en concreto, gracias a los grupos que votaron a favor, se mermó y se condicionó la capacidad de decisión del Parlamento vasco en torno a la vivienda, y así lo sostuvimos y lo mantenemos. La iniciativa que hoy plantea el Grupo Socialista sigue ese mismo camino. En la exposición de motivos, en la proposición no de ley, se habla de estas cuestiones, de las dificultades que hay para acceder a una vivienda digna, de la necesidad de vivienda pública protegida, de la necesidad de su adecuada gestión y adjudicación para que los recursos públicos lleguen efectivamente a las personas más necesitadas. Se menciona también que, de una forma u otra, fiscalmente, directamente o a través del suelo público, las viviendas que han sido apoyadas por recursos públicos no han de perder su calificación pública. Estamos totalmente de acuerdo; en Euskadi lo hacemos así. Pero esta PNL introduce en su exposición de motivos un nuevo argumento; a saber, los cambios normativos que se han producido en algunas comunidades y que, a juicio de los proponentes, eliminan el control de la Administración pública. En consecuencia, son contrarios a los principios de la transparencia e igualdad. Y se pone un ejemplo concreto: el caso de Valencia. Nuestro grupo, sin embargo, no comparte las medidas que se adoptan en contra de los principios de transparencia e igualdad, pero nosotras y nosotros no tenemos ninguna competencia ni capacidad en lo que respecta a lo que se decida en el Parlamento valenciano. Y tampoco vamos a dar ningún tipo de apoyo, con independencia de que estas Cortes se sumen o no, a ninguna decisión que se adopte en estas Cortes y que pudiera reducir el Gobierno vasco, porque una vez que se abre esa puerta, es muy difícil o suele ser muy difícil cerrarla. En relación con la proposición no de ley del Grupo Socialista, y sin entrar en el interés político de la propuesta, dos cuestiones. Estamos de acuerdo con los ocho puntos que propone. Estamos de acuerdo con que las viviendas protegidas mantengan el régimen de protección permanente; en Euskadi así lo hemos defendido y aprobado. Estamos de acuerdo en que el proceso de adjudicación de las viviendas protegidas debe ser claro, objetivo y transparente. Estamos de acuerdo en que la vivienda protegida esté destinada a residencia habitual. Estamos de acuerdo en que los registros públicos de demandantes aseguren la trazabilidad y objetividad de los procesos de adjudicación. De acuerdo también con los mecanismos de supervisión y control y con la necesidad de mantener actualizado el inventario del parque público de vivienda, así como con detallar el suelo disponible y realizar las auditorías que se consideren necesarias; estamos de acuerdo. Sin embargo, no estamos de acuerdo, y de alguna manera la propia proposición o de ley lo admite cuando dice que las competencias en materia de vivienda corresponden principalmente a las comunidades autónomas y entidades locales, en la necesidad de actuar del Gobierno de España para arreglar, aunque no lo diga, el desaguisado del Gobierno de Valencia y de su Parlamento, al que corresponde el control de la acción de su Gobierno en su ámbito competencial. Señorías, en la proposición no de ley diferenciamos dos cuestiones: por un lado, el fin y las medidas que se proponen y, por otro lado, la competencia de quien tiene que acordar y llevarlas a cabo, es decir, el fuero y el huevo. Si bien es muy importante el huevo, no lo es menos el fuero, no para el Partido Nacionalista Vasco, porque nuestra defensa del autogobierno vasco, de nuestro fuero, ha hecho posible, con todas sus limitaciones, que Euskadi sea hoy lo que es, también en política de vivienda. Nosotras no vamos a dar un voto favorable a su propuesta, aunque compartimos el objetivo que persigue, y lo hacemos para que Euskadi siga pudiendo decidir en aquello que le compete. Esperamos que esta visión sea compartida por todos los grupos políticos que defienden la plurinacionalidad, el Estado compuesto y el ámbito competencial de este Estado, y, en el caso de Euskadi, el autogobierno vasco y la soberanía de sus instituciones.

Sería mejor, señorías del Grupo Socialista y de todos los grupos de la Cámara, que dediquen sus esfuerzos a lo que sí es competencia de esta Cámara, como, por ejemplo, la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Cojan ese toro, retóquenlo para que el alquiler habitual no se desplace al de temporada, donde los precios se disparan y la oferta no se adecúa a las necesidades de las familias que buscan una vivienda. Este fue uno de los agujeros negros de la ley de vivienda y hoy estamos viendo sus consecuencias. Aprobar la ley de vivienda en 2023 sin haber atajado el problema de la temporalidad, tres años más tarde, tal y como dijimos y se ha visto, ha sido una temeridad que estamos pagando, aunque sabemos que no es la única laguna. Poco avanzaremos si no se actúa de forma integral y sin parches, que son los que están generando también la inseguridad jurídica que está provocando que la oferta sea cada vez menor.

Falta construcción, sí, y eso es labor de todos y todas, de ayuntamientos que tienen que liberar suelo, de Gobiernos que tienen que invertir en vivienda y de parlamentos que tienen que adaptar la normativa para facilitar el camino, pero si los pequeños propietarios sacan del mercado sus viviendas porque no tienen garantías pasa lo que hemos visto hoy en los medios, que solo en Guipúzcoa la oferta ha descendido un 63 % en el último año, y eso también hay que combatirlo.

Mila esker.

Moltes gràcies. Bona tarda de nou. Òbviament, Junts defensem un sistema públic d’habitatge basat en la transparència i la igualtat d’oportunitats, i que cal perseguir qualsevol irregularitat, òbviament. Però amb aquesta proposició vostès, el Grup Socialista, no venen a parlar d’habitatge. El que fan avui aquí és pura política de desgast bipartidista. I amb la greu crisi que tenim a sobre, la que ens està caient, amb la greu crisi d’habitatge que tenim, és bastant cínic dedicar aquest plenari a les seves guerres partidistes amb el PP, i no ajudar la gent a accedir a un pis on no deixar‑se mig sou. El PSOE, que governa a Espanya i controla el Ministeri d’Habitatge, compareix avui aquí per instar a si mateix, al seu propi govern, a reforçar controls i registres. I és bastant revelador. O és que per fi el PSOE ja ha assumit que el Govern de PSOE i SUMAR està completament desbordat en matèria d’habitatge? Perquè després de 7 anys governant, el balanç és certament devastador. Els preus disparats, joves i famílies expulsades del mercat, l’oferta enfonsada. I, lluny de corregir el rumb, s’han deixat arrossegar pels plantejaments de les extremes esquerres, convertint l’habitatge en un camp de batalla populista: més intervencionisme, més burocràcia, menys habitatge i més car. I encara dediquem el temps del ple a proposar aquests mecanismes de més burocratització i nous intents de recentralització, per cert. Perquè aquesta proposició torna a ser exactament això: registres de demandants, inventaris públics, registres de sòls, mecanismes estatals de supervisió. Sempre igual, més centralització des de Madrid. I ho recordo especialment als diputats socialistes catalans, que a Catalunya tenim les competències en habitatge, que som una nació amb institucions pròpies. Ho recorden? Estem farts que cada vegada que el PSOE té un problema, intenti laminar competències i recentralitzar decisions i registres des de Madrid. I Junts ens oposarem sempre a aquesta manera de fer. Però és que, a més, hi ha aspectes profundament discutibles. Junts defensem que l’habitatge públic mantingui protecció permanent, sí, però vostès van molt més enllà en aquesta proposició. Ara plantegen que amb qualsevol tipus d›ajuda pública o qualsevol benefici fiscal ja comporti el sotmetiment permanent de l›habitatge al règim de protecció pública. Qualsevol benefici fiscal, de 300 euros, encara que sigui mínim, de debò és proporcionat condicionar un habitatge per sempre per haver rebut un ajut, per exemple, com els he posat així de menor? A nosaltres ens sembla que no. Perquè amb cada nova ocurrència desincentivaran encara més la promoció de l’habitatge protegit, home. Després es preguntaran per què falta l’oferta. El que haurien de fer és reduir burocràcia, ampliar l’habitatge públic i el privat, perquè els ajuntaments estan saturats. Els promotors estan tots farts, els públics i els privats. I els ciutadans també. Avui es poden perdre anys sencers, ho saben, entre informes sectorials, plans urbanístics, llicències urbanístiques. I després encara se sorprenen que no es construeixi habitatge.

Nosaltres tenim clar què cal fer. Primer, alleugerir immediatament l’ofec econòmic de les famílies, desgravant a qui paga un lloguer i a qui compra el seu habitatge. Ajudar els joves a estalviar per comprar casa seva. Reduir burocràcia absurda que avui bloqueja les promocions durant anys. Permetre adquirir hipoteques venudes en bloc a fons per al mateix preu superreduït i recuperar seguretat jurídica, perquè els propietaris tornin a confiar en el lloguer. I, segon, augmentar l’oferta real. Més parc públic, però calen pressupostos robustos. Facilitar l’habitatge privat assequible també. I la rehabilitació massiva. Perquè, si no augmenten l’oferta, els preus no baixaran mai. I els qui tenen la temptació de dir que no cal construir més, perquè primer s’han d’activar els milions de pisos buits, els recordarem una cosa: després d’anys governant, els governs socialistes encara no han estat capaços de fer un inventari rigorós dels habitatges buits reals per poder mobilitzar‑los cap a famílies o joves. I això demostra les poques ganes reals que tenen d’activar‑los. I aquí és on la seva propaganda cau tota sola perquè anuncien un pla d’habitatge de 7000 milions d’euros en cinc anys. Després descobrim que l’Estat només n’haurà d’aportar 4200 milions. La resta l’hauran de pagar les comunitats. És a dir, el PSOE anuncia titulars i les comunitats passen per caixa. I amb aquests 4200 saben quants habitatges públics es podrien arribar a construir cada any, suposant que tots aquests diners —q‌ ue no serà així, òbviament, perquè cal rehabilitació— suposant que tots es destinessin a construir habitatges? 5000 l’any, per a tot l’estat espanyol, 5000 l’any. És una broma? Aquesta és la seva gran revolució habitacional? És així com creuen que han d’actuar vostès per resoldre el problema de l’habitatge? Si només a Catalunya avui ja falten prop de 125 000 habitatges, i el dèficit continua pujant cada any. Ni vostès es creuen que aquest pla resoldrà el problema. Mirin, el problema no és la falta de registres centrals. El problema és que les seves polítiques han fracassat i estan arrossegant tota la ciutadania en el seu fracàs.

Moltes gràcies.

Muchas gracias. Buenas tardes de nuevo. Obviamente, en Junts defendemos un sistema público de vivienda basado en la transparencia y la igualdad de oportunidades y que hay que perseguir cualquier irregularidad, pero con esta proposición ustedes, Grupo Socialista, no vienen a hablar de vivienda; lo que hacen hoy aquí es pura política de desgaste bipartidista, y con la grave crisis que tenemos encima en vivienda es bastante cínico dedicar este Pleno a sus guerras partidistas con el PP y no a ayudar a la gente a acceder a un piso o a no dejarse medio sueldo. El PSOE gobierna en España y controla el Ministerio de Vivienda y el Grupo Socialista comparece hoy aquí para instarse a sí mismo, a su propio Gobierno, a reforzar controles y registros, lo que es bastante revelador. ¿O es que, por fin, el PSOE ya ha asumido que el Gobierno de PSOE y SUMAR está totalmente desbordado en materia de vivienda? Porque, después de siete años gobernando, el balance es ciertamente devastador: precios disparados, jóvenes y familias expulsados del mercado, oferta hundida y, además, se dejan arrastrar por las izquierdas extremas convirtiendo en un campo populista el tema de la vivienda. Más caro todo, menos vivienda y, además, proponen estos mecanismos de más burocratización y recentralización. Digámoslo, por cierto, porque esta proposición hace precisamente eso: registros de demandantes, inventarios públicos, registros de sueldos, mecanismos estatales de supervisión… Siempre igual: más recentralización desde Madrid. Les recuerdo especialmente a los diputados socialistas catalanes que en Cataluña tenemos las competencias en vivienda, que somos una nación con instituciones propias. ¿Lo recuerdan ustedes? Estamos hartos de que, cada vez que el PSOE tiene un problema, intente eliminar competencias y recentralizar decisiones y registros desde Madrid. En Junts siempre nos opondremos a esta manera de hacer las cosas.

Además, hay aspectos profundamente discutibles. En Junts defendemos que la vivienda pública mantenga la protección permanente, sí, pero ustedes van mucho más allá en esta proposición: ahora plantean que cualquier tipo de ayuda pública o cualquier beneficio fiscal comporte la sumisión permanente de la vivienda al régimen de protección pública, un beneficio fiscal de 800 euros, aunque sea mínimo. ¿De verdad es proporcional condicionar una vivienda para siempre por haber recibido una ayuda, por ejemplo, como la que les hemos dicho? Nos parece que no, porque cada nueva ocurrencia desincentivará todavía más la fuerza de la vivienda protegida, y después se preguntarán por qué falta oferta. Lo que tendrían que hacer es reducir burocracia y ampliar la vivienda pública y privada, porque los ayuntamientos están saturados y los promotores públicos y privados están hartos, como los ciudadanos. Ustedes lo saben. Tenemos informes sectoriales, planes urbanísticos, nos inunda todo eso, y después ustedes se sorprenden de que no se construya vivienda.

Nosotros tenemos claro qué hay que hacer. Primero, fomentar la oferta a las familias; desgravar a quien alquile; facilitar la compra a los jóvenes; permitir adquirir hipotecas a precios superreducidos; recuperar la seguridad jurídica para que los propietarios vuelvan a confiar en el alquiler y aumentar la oferta real ―más parque público, pero con presupuestos robustos―; facilitar la vivienda privada y pública; y rehabilitación masiva, porque, si no aumentan la oferta, los precios no bajarán nunca. A los que tienen la tentación de decir que no hay que construir más porque primero hay que activar los millones de pisos públicos, les recordamos algo: los Gobiernos socialistas no han sido capaces de hacer un inventario riguroso sobre las viviendas reales para poder movilizarlas para las familias y los jóvenes, y eso demuestra las pocas ganas reales que tienen ustedes de activar esas viviendas. Aquí se cae su propaganda, porque anuncian 7000 millones de euros en cinco años en vivienda pública y después descubrimos que el Estado tendrá que aportar 4200 millones; el resto, las comunidades. Es decir, el PSOE anuncia titulares y las comunidades pasan por caja. De esos 4200, ¿saben cuántas viviendas públicas se podrían llegar a construir cada año, suponiendo que todo el dinero se destine a construir vivienda? Pues cinco mil al año para todo el Estado español. ¡Cinco mil al año! ¿Es una broma? ¿Esta es su gran revolución de vivienda? ¿Es así como creen que tienen que actuar ustedes para resolver el problema de la vivienda? ¡Si solo en Cataluña ya faltan más de 725 000 viviendas y el déficit sigue agravándose cada año! Ni ustedes se creen que este plan vaya a resolver el problema. El problema no es la falta de registros centrales, sino que sus políticas han fracasado y están arrastrando a toda la ciudadanía en su fracaso.

Muchas gracias.

Bé, gràcies, president. Vull començar dient que aquesta proposició de llei sembla molt més pensada per alimentar el clima actual de campanya permanent entre el PSOE i el PP, que no pas per afrontar de debò l’emergència habitacional que viu aquest Estat. Evidentment, nosaltres estarem sempre a favor de reforçar la transparència i els mecanismes de control en l’adjudicació d’habitatge públic. I també compartim la necessitat d’acabar amb la desqualificació massiva de l’habitatge protegit que s’ha promogut durant dècades i que ha acabat convertint milers de pisos públics en actius privats al cap d’uns anys. Però, sincerament, el problema principal avui no és només qui rep els pisos. El problema és que pràcticament no hi ha pisos públics per adjudicar. I aquesta és la gran qüestió que torna a quedar amagada darrere d’una PNL plena de formulacions genèriques i molt enfocada als escàndols que recentment ha tingut el PP a Alacant i a altres municipis.

Sí, és greu que hi hagi adjudicacions sospitoses. És greu que l’habitatge públic pugui acabar en mans de persones que no compleixen els criteris de vulnerabilitat. Però el drama estructural és un altre. I és que després de vuit anys de governs socialistes, l’Estat continua tenint aproximadament un 3 % d’habitatge públic, un 3 %. La mitjana europea és del 8 %, i els països que realment aconsegueixen influir sobre els preus del mercat privat, com Àustria i els Països Baixos, superen el 25 %. Per tant, sí, fem processos impecables, però, si no tenim habitatge públic suficient, el debat acaba semblant gairebé absurd. És com discutir qui pot pujar a un autobús que no passa per la parada.

El que cal és ampliar massivament el parc públic, construir, comprar, rehabilitar i mobilitzar habitatge buit. I fer‑ho amb una ambició que avui no veiem en aquesta PNL, ni tampoc en el pla estatal d’habitatge. Perquè el mateix pla estatal continua movent quantitats absolutament insuficients per la magnitud del problema. Poc més de mil milions d’euros anuals per a tot l’Estat i només una part limitada destinada directament a ampliar el parc públic. Això és del tot insuficient per revertir dècades de desmantellament.

I, mentrestant, continuem parlant molt poc d’una realitat incòmoda, que és que avui gran part de la demanda d’habitatge ja no respon a la necessitat de viure‑hi. El 60 % dels habitatges es compren al comptat. La concentració de la propietat augmenta constantment. I només una tercera part de la demanda que habitualment es presenta com a demanda d’habitatge correspon realment a la primera residència. La resta és inversió, acumulació o especulació. I aquí és on trobem a faltar la valentia política, perquè regular l’habitatge no és només construir més. De fet, neguem la major que només construint més acabarem amb el problema de l’habitatge. És entendre que és un bé essencial i actuar en conseqüència. S’ha de limitar a la compra especulativa, regular els lloguers de temporada i habitacions, actuar sobre les segones residències en zones tensionades i penalitzar fiscalment l’acumulació d’habitatges, mentre facilitem que la gent jove i la classe treballadora puguin accedir a un habitatge digne. I en tot això, els ajuntaments podrien fer molt més, si aquest Estat els deixés actuar. Aquesta és probablement una de les grans absències del debat. Els municipis coneixen perfectament les necessitats del territori, coneixen els barris, les famílies i la realitat local, però després es troben lligats de mans.

Per això, des d’Esquerra Republicana fa temps que reclamem tres mesures molt concretes. La primera, que es permeti invertir els romanents de tresoreria en habitatge. És incomprensible que hi hagi municipis amb superàvit, amb superàvits importants, disposats a construir habitatge públic, a rehabilitar edificis, a comprar pisos i a ampliar el parc públic, i que la legislació estatal continuï impedint destinar aquests recursos a una emergència social com aquesta. La segona, permetre als ajuntaments aplicar tipus diferenciats de l’IBI segons els usos de l’habitatge, perquè no és acceptable que una família pagui proporcionalment el mateix que un fons voltor o un gran tenidor que acumula desenes i centenars de pisos, mentre només espera obtenir‑ne rendibilitat. I la tercera, que els municipis tinguin més capacitat per definir els criteris propis d’adjudicació d’habitatge protegit adaptats a la realitat local. Perquè no és el mateix la realitat d’una gran ciutat que la d’un municipi turístic, industrial o rural. I després encara hi ha una quarta, que és la Sareb. N’hem parlat milers de vegades. La Sareb, SEPES, CASA47. Fa anys que parlem d’aquests béns immobilitzats que podrien formar part del parc públic i que estan travats per coses administratives que no tenen cap mena de sentit. Fa mesos que es va anunciar un acord de gestió amb la Generalitat que ni tan sols hem vist, tot i que hem demanat milers de vegades. Aquest és el problema real de l’accés a l’habitatge. Clar que volem que hi hagi més transparència. Clar que volem que els habitatges públics siguin sempre públics, però, si no en tenim, no els podrem adjudicar.

Moltes gràcies.

Gracias, presidente. Para empezar diré que esta proposición no de ley parece estar mucho más pensada para alimentar el clima actual de permanente campaña entre PSOE y PP que para afrontar de verdad la emergencia habitacional que vive este Estado. Evidentemente, nosotros estaremos siempre a favor de reforzar la transparencia y los mecanismos de control en la adjudicación de vivienda pública. También compartimos la necesidad de acabar con la descalificación masiva de la vivienda protegida que se ha promovido durante décadas y que ha acabado convirtiendo miles de viviendas públicas en activos privados al cabo de unos años. Pero, sinceramente, el problema principal hoy no es solo quién recibe los pisos, sino que prácticamente no hay pisos públicos para adjudicar, y esta es la gran cuestión que vuelve a quedar oculta detrás de una PNL llena de formulaciones genéricas y muy enfocada hacia los escándalos que recientemente ha tenido el PP en Alicante y en otros municipios. Sí, es grave que haya adjudicaciones sospechosas, es grave que la vivienda pública pueda acabar en manos de personas que no cumplen los criterios de vulnerabilidad, pero el drama estructural es otro, y es que, después de ocho años de Gobiernos socialistas, el Estado sigue teniendo aproximadamente un 3 % de vivienda pública ―un 3 %―, cuando la media europea es del 8 % y los países que realmente consiguen influir en los precios del mercado privado, como Austria o Países Bajos, superan el 25 %. Por tanto, sí, hacemos procesos impecables, pero, si no tenemos vivienda pública suficiente, el debate acabará siendo absurdo. Es como discutir quién puede subirse a un autobús que no pasa por la parada. Lo que hay que hacer es ampliar masivamente el parque público; construir, comprar, rehabilitar y movilizar vivienda vacía, y hacerlo con una ambición que no vemos en esta PNL ni tampoco en el plan estatal de vivienda, porque el mismo plan estatal sigue moviendo cantidades totalmente insuficientes para la magnitud del problema: poco más de mil millones de euros anuales para todo el Estado, y solo una parte limitada destinada a ampliar el parque público. Eso es del todo insuficiente para revertir décadas de desmantelamiento. Y, mientras tanto, seguimos hablando muy poco de una realidad incómoda, a saber, que hoy gran parte de la demanda de vivienda ya no responde a la necesidad de vivir ahí. El 60 % de las viviendas se compran al contado. La concentración de la propiedad aumenta constantemente y solo una tercera parte de la demanda que habitualmente se presenta como demanda de vivienda corresponde realmente a la primera residencia. El resto es inversión, acumulación o especulación. Y aquí es donde echamos de menos la valentía política, porque regular la vivienda no es solo construir más. De hecho, negamos la mayor, que solo construyendo más acabaremos con el problema. Hay que entender que la vivienda es un bien esencial y hay que actuar en consecuencia. Hay que limitar la compra especulativa, regular los alquileres de temporada y habitaciones, actuar sobre la segunda residencia en zonas tensionadas y penalizar fiscalmente la acumulación de viviendas, mientras que facilitamos que los jóvenes y la clase trabajadora puedan acceder a una vivienda digna. Y ahí los ayuntamientos podrían hacer mucho más si este Estado les dejara actuar. Probablemente, esta es una de las grandes ausencias del debate. Los municipios conocen perfectamente las necesidades del territorio; conocen los barrios, las familias y la realidad local, pero después se encuentran atados de manos. Por eso, Esquerra Republicana hace tiempo que pide tres medidas muy concretas. Primera, que se permita invertir los remanentes de tesorería en vivienda. Es incomprensible que haya municipios con superávit, con superávits importantes, dispuestos a construir vivienda pública, a rehabilitar edificios, a comprar pisos y a ampliar el parque público y que la Administración del Estado siga impidiendo destinar recursos a una emergencia social como esta. Segunda, permitir a los ayuntamientos aplicar tipos diferentes del IBI, según el uso de la vivienda, porque no es aceptable que una familia pague proporcionalmente lo mismo que un fondo buitre o un gran tenedor que acumula decenas y decenas de pisos mientras que solo espera obtener rentabilidad. Tercera, que los municipios tengan más capacidad para definir los criterios propios de destino de vivienda pública adaptada a la realidad local, porque no es lo mismo un municipio que un gran centro urbano, rural, etcétera. Y, cuarta, respecto a la Sareb, SEPES o CASA47, hace años que hablamos de esos bienes inmovilizados que podrían formar parte del parque público y están bloqueados por cuestiones administrativas que no tienen sentido. Hace meses que se anunció un acuerdo de gestión con la Generalitat que ni tan solo hemos visto, y lo hemos pedido miles de veces. Este es el problema real del acceso a la vivienda. Claro que queremos más transparencia, claro que queremos que las viviendas públicas sean siempre públicas, pero, si no las tenemos, no las vamos a poder adjudicar.

Muchas gracias. (Aplausos).

Buenas tardes, señorías. Hoy debatimos una PNL que cuenta algo difícil de digerir para cualquier ciudadano, y es que en plena emergencia habitacional cargos del Partido Popular se han repartido vivienda protegida. Al final va a resultar que el requisito para acceder a una VPO no es el nivel de renta, es tener el carné del Partido Popular. (Aplausos). Esta es la marca PP, la de Alicante. En Alicante veinte años sin grandes promociones de obra pública y, cuando aparece, se la reparten en el entorno político del Partido Popular. Señorías, la democracia está en crisis cuando la vivienda deja de funcionar como un mecanismo de seguridad, integración social y acceso al bienestar para convertirse en una fuente de desigualdad persistente. ¿Y por qué ocurre eso? Porque el artículo 47 de la Constitución española, que deja claro que se reconoce el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y establece que los poderes públicos deben hacer efectivo este derecho, impidiendo la especulación, choca con una realidad incontestable: el poder real del partido inmobiliario y financiero, que tiene muchos manijeros en ayuntamientos, comunidades autónomas y en el Congreso de los Diputados; manijeros como los del Partido Popular, que no han dudado en repartirse vivienda protegida. Este país arrastra un modelo, instaurado en el franquismo, que consiste en alimentar a una oligarquía rentista que vive del capital inmobiliario, y para eso la vivienda se tiene que considerar mercancía, y no derecho; y, como toda mercancía, proporciona más beneficios si se especula con ella. Y por eso el Partido Popular blindó esa especulación con la Ley del Suelo, de 1998, con Aznar; un modelo cuya aplicación colisiona con la Constitución española, desprotege a la mayoría social y erosiona la democracia. Y es aquí donde la ultraderecha encuentra su caldo de cultivo, en un malestar provocado por un modelo inmobiliario rentista que defienden a capa y espada. El rentismo del gran capital rompe barrios, rompe vidas, atrofia la economía familiar y rompe la confianza democrática. (Aplausos). VOX es el brazo político del partido inmobiliario y financiero y los escuadristas de Desokupa son su brazo armado. El Partido Popular y VOX no han dudado en castigar a la clase trabajadora de este país, a la orden de los grandes rentistas. Lo hicieron cuando votaron contra la prórroga de los alquileres, aplicando sadismo social. Votábamos un parche para evitar sufrimiento social, y ustedes eligieron a los grandes rentistas; no lo duraron. Por eso, frente a quienes tienen como prioridad la defensa del rentismo de la oligarquía financiera e inmobiliaria, frente a quienes son capaces de dejar a su hermana en la calle con tal de no molestar al patrón, nosotros vamos a intervenir, y tenemos un plan para que se cumpla el artículo 47 de la Constitución. Primero, vamos a volver a traer la prórroga de los alquileres. No vamos a cejar hasta que todas las familias que viven de alquiler puedan dormir tranquilas, y no preocupadas por abusos en el alquiler. (Aplausos). Frente a los fondos buitre vamos a defender cada hogar. Segundo, hay que incrementar el parque público de viviendas hasta en un millón y medio de viviendas públicas más en 2035. Y no queremos que quienes han sido parte del problema ahora hagan caja con la solución, con un modelo de colaboración público‑privada. Cada euro público tiene que convertirse en vivienda pública, no en dividendos privados. El Partido Socialista en esta PNL mezcla y confunde vivienda protegida con vivienda pública. La vivienda protegida no es pública, es vivienda privada subvencionada con dinero público. Por eso, es necesario garantizar que no se puede descalificar, pero, sobre todo, hay que apostar por un verdadero parque de vivienda pública de alquiler social. (Aplausos). En tercer lugar, queremos expropiar —‌repito, expropiar— viviendas en desuso de entidades bancarias y fondos de inversión, así como suelo en desuso en el mundo rural para incorporarlo al parque público de vivienda, porque las viviendas vacías de los fondos buitre tienen que servir al interés general. Y, cuarto, donde hay presión inmobiliaria, turística y especulativa hay que limitar la vivienda a compra para uso residencial. Hay que prohibir comprar para especular. Hay que hacer valer la función social de la vivienda, porque las ciudades no pueden ser un parque temático para inversores.

Y termino, señorías, diciendo algo muy sencillo. Un país donde muchas familias tienen miedo a perder su casa, donde la juventud no se puede emancipar es un país con la democracia quebrada. La gran disputa de nuestro tiempo es entre democracia o especulación, entre ciudades para vivir o ciudades para hacer negocio, y nosotros lo tenemos claro: la vivienda es un derecho y vamos a defender el derecho de las familias trabajadoras a quedarse en sus barrios y a vivir con dignidad, porque nosotros y nosotras defendemos a quien madruga, a quien trabaja, a quien levanta este país con su esfuerzo. Y, como vemos, la derecha y la ultraderecha tienen otra prioridad, la defensa de quienes especulan desde los consejos de administración.

Gracias. (Aplausos).

Gracias, señor presidente. En 2004 Zapatero promete 180 000 viviendas de precio asequible al año —c‌ uatro años de Gobierno, 720 000 casas—; en 2007 Montilla promete 50 000 viviendas protegidas nuevas y 100 000 viviendas asequibles rehabilitadas para la legislatura en Cataluña, es decir, 150 000 casas más en total; en 2008 Zapatero promete 1 500 000 viviendas sociales; en 2023 Sánchez promete 184 000 viviendas públicas y asequibles; en 2024 Illa promete 50 000 viviendas sociales en Cataluña; en 2025 Illa promete 100 000 viviendas adicionales protegidas más en Cataluña: casi tres millones de viviendas anunciadas. Esa es su historia, la historia de la vivienda prometida y nunca entregada, nunca construida y nunca entregada. (Aplausos). Este es el balance real del Partido Socialista, un partido que debe a los españoles casi tres millones de viviendas sociales en solo veinte años; el partido de las casas del PowerPoint, del urbanismo de render y de las infografías de colorines; el partido de las emancipaciones frustradas, el partido del hacinamiento y las familias que alquilan por habitaciones; el partido que tuvo el año pasado, según el INE, a 3 200 000 personas buscando casa, sin encontrarla —‌insisto, a 3 200 000 personas—; el partido que se ríe de los españoles sin casa en su cara, porque es tan raquítico lo que ustedes han hecho, tan ridículo en términos materiales que el año pasado hubo más denuncias por usurpación y allanamiento de morada que viviendas protegidas entregaron sus Administraciones. Y no será, desde luego, porque falte dinero para acometer un gran plan de vivienda protegida; claro que no, lo que falta es patriotismo, sentido del deber y responsabilidad. (Aplausos). Dinero desde luego que no falta. Anualmente las Administraciones, sus Administraciones recaudan en nuestro país más de 52 000 millones de euros asociados a la vivienda; 52 000 millones de euros e invierten 4000. Con 52 000 millones de euros se podía haber hecho medio millón de viviendas protegidas de 80 metros cuadrados al año, también se podía rehabilitar medio millón de fachadas de bloques enteros o renovar energéticamente más de cinco millones de viviendas. Pero nada de eso les interesa: toda su política ha ido orientada a sustituir la España de propietarios por la España de los precarios sin casa. Hace veinte años el objetivo era comprar un piso, después pasó a alquilarlo y ahora para muchísimos jóvenes la meta simplemente está en poder llegar a ser algún día inquilino. Esta es la evolución material de su modelo de vivienda. Este es su legado y esta es nuestra decadencia: un país en el que la incertidumbre y la desposesión son la norma, en el que lo común son las mudanzas que nunca terminan, los jóvenes con la casa a cuestas, las familias que no pueden tener niños y la gente que no echa raíces.

Ese, desde luego, no es el país que conocimos; es un país extraño, ajeno, arisco, desagradable. Heredaron ustedes, todos ustedes el mayor sistema de vivienda protegida de Europa, el que levantó siete millones de viviendas en cincuenta años, entre los años 1950 y 2008; el que permitió al hijo del albañil y al hijo de la peluquera ser propietario. Y hoy, en la España hija de sus políticas, el hijo del médico y el hijo de la profesora hacen turnos con desconocidos para entrar al baño, para ver la tele o para cocinar. (Aplausos).

Por todo eso, escuchar hoy al Grupo Socialista dar lecciones sobre vivienda protegida produce entre estupor y vergüenza ajena, porque tanta destrucción no ha podido ser casual, ha de ser fruto de un plan, porque el problema no es solo lo que prometieron construir y nunca construyeron, es también lo que unos y otros han hecho con el parque público existente: entregarlo a fondos, adjudicarlo a dedo a amiguetes o familiares ―unos en Alicante, otros históricamente en Andalucía― o relegar a los españoles en la adjudicación de viviendas gracias a un sistema diseñado explícitamente para beneficiar a los recién llegados. Han decidido vaciar España de españoles, y eso pasa en primer lugar por vaciar sus hogares. El resultado es el único esperable, el único previsible: un parque raquítico, degradado, guetificado, mal gestionado, sometido a impagos crónicos e incapaz de satisfacer las necesidades habitacionales de millones de españoles.

Y a esos compatriotas, a esos millones de españoles hay que darles una respuesta: la primera, la certeza de que recibirán el abrazo colectivo, que volveremos a inundar España de bloques de vivienda protegida, y, la segunda, la garantía de que las casas serán para ellos, para los nuestros, que habrá prioridad nacional, porque los españoles sin casa no pueden seguir pagando ni la vivienda ni la fiesta a sus amigos, a los fondos ni a los pobres de medio mundo. La vivienda social en España tiene que ser para los españoles.

Gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Gracias, presidente. Hay que tener cuajo para presentar una iniciativa sobre vivienda supuestamente para reforzar la transparencia y los mecanismos de control en los procesos de adjudicación; ustedes, los del Partido Socialista Obrero Español, los mismos cuyo portavoz ha intervenido hace un momento con muy poca vergüenza y ha difamado al familiar de una diputada que no puede defenderse, y, además, fue el único que concurrió, y usted lo sabe. (Aplausos). Frente a sus falsas imputaciones —‌que lo son—, están las verdaderas imputaciones, que son las de los jueces, sí, y de eso ustedes saben mucho. El Gobierno —¡no van a saber!—, cuyo presidente tiene a su mujer tetraprocesada, a su hermano camino del banquillo, a su número dos, Ábalos, en prisión y a Cerdán en libertad provisional: los que durante la pandemia se dedicaban a mercadear con prostitutas, a celebrar orgías por toda España y a repartirse comisiones mientras morían los españoles. Y, finalmente, la guinda, su faro ideológico, su referente, su amigo, su padrino, el ínclito expresidente Zapatero, hoy mismo imputado por pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental y no sabemos de momento de cuántos delitos más. El primer presidente imputado de la democracia. (Prolongados aplausos.—Varias señoras y señores diputados: ¡Muy bien!―El señor Ibáñez Hernando: ¡Vergonzoso!). Señorías del Grupo Parlamentario Socialista, en su exposición de motivos, en vez de la retahíla que han expuesto, deberían haber hablado de las VPO que construyeron en Navarra y que acabaron adjudicadas a empresas vinculadas a la trama de Cerdán (el señor De Olano Vela: ¡Vaya!), o de la vivienda alquilada a las amigas de Ábalos (el señor De Olano Vela: ¡Vaya!), o del patrimonio del amigo de Montero, a quien colocó en la SEPI. (Aplausos). Sí, de esos 10 millones que no pueden justificar o del plan supuestamente dotado con 7000 millones de euros, de los cuales solo el 40 % es para construir vivienda, es decir, 2800 millones se dedican a construir. (El señor De Olano Vela: ¡Vaya!). En cinco años salen 560 millones al año, es decir, van a hacer falta sesenta y cinco años para cumplir con las 183 viviendas que se han comprometido para esta legislatura. (Aplausos). ¡No tienen vergüenza ni la conocen! O también podrían haber hablado de la ejecución real de los fondos europeos, que en 2025 no llegó al 11 % en vivienda, o de que sus socios de Gobierno pidieron la dimisión de la misma ministra de Vivienda.

Pero resulta que para ustedes todo el problema de la vivienda en España radica en la Comunidad Valenciana, y, en concreto, en Alicante. Pero no; por cierto, podían haber mencionado también la vivienda que le tocó a la alcaldesa de Cuart de Poblet, socialista (aplausos), o al hijo de la teniente de alcalde de Cuart de Poblet, socialista de pro. (Continúan los aplausos). Pero de eso no hablan. (El señor Camino Miñana: ¡Qué cara más dura!). ¡Ay, la familia! ¡Siempre la familia socialista! Lo primero para ustedes, la familia socialista, ¿verdad? (Aplausos).

Pero hablemos de la vivienda protegida de Alicante, que es sobre la que quieren escuchar. Cronología de los hechos: la venta de suelo municipal se inicia en 2016 con un alcalde socialista. (Varias señoras y señores diputados: ¡Oooh!). La cooperativa de vivienda se constituyó en 2018 con el Botànic: PSOE más Compromís. (Varias señoras y señores diputados: ¡Oooh!). La calificación provisional fue en 2022, es decir, número de viviendas, metros cuadrados, piscinas, calidades. Todo eso recogido en el decreto ley del Botànic: PSOE y Compromís. (Rumores). Dicen que eran viviendas de lujo a precio protegido. Pues bien, todo el proyecto ―la calificación y el precio de 2200 euros/metro cuadrado― lo establece su decreto ley, el del PSOE y Compromís. (Varios señores diputados: ¡No!―Aplausos). Toda, absolutamente toda la gestión del proyecto y adjudicación se hizo con las reglas del PSOE y Compromís. Decreto Ley 68/2023, por si lo quieren repasar. Todos los adjudicatarios estaban en el registro de demandantes, el mismo registro que, según dicen ustedes en la proposición no de ley, evitaría los problemas. Bien, todos estaban allí.

Si se hubiese adjudicado con el Decreto 180/2024, del Consell del PP, habría sido más transparente, porque nunca ha habido tantos controles automáticos, digitales y cruzados como ahora. (El señor Camino Miñana muestra un carné del Partido Popular). Con su decreto ―y verá usted la comparativa― se eliminaron los principios de igualdad, publicidad y concurrencia del procedimiento de adjudicación; con el decreto actual, de Mazón, se recuperan. Con ustedes el visado podía ser presencial o telemático; con nosotros el visado cien por cien telemático, verificado por notarios y registradores, a diferencia de ustedes ―PSOE y Compromís―, que lo limitaron a un funcionario, al que ustedes promocionaron y cuya gestión hoy está siendo investigada por la justicia. (Aplausos.―Protestas). Con su decreto la autorización para comprobar datos era voluntaria; ahora obligatoria. La documentación la aportaba solo el solicitante; ahora se cruza automáticamente con Hacienda, Registro de la Propiedad, Catastro y la plataforma autonómica. Por tanto, esta promoción por la que ahora se rasgan las vestiduras se ha hecho con sus reglas, las del Botànic.

Señorías, desistan en su empeño.

Ustedes protegen a los corruptos, como Ábalos, al que aplaudían e incluyeron en las listas, a diferencia de nosotros. Se lo digo de modo muy clarito: frente a su nulo compromiso con la Comunidad Valenciana ―cero viviendas en ocho años―, nosotros seis mil en una legislatura.

Termino ya, presidente.

Los hechos desmienten sus relatos… (Rumores).

… como la verdad y el cambio que se aproxima les arrollará en las próximas elecciones. Y los españoles, como dijo mi compañera Cayetana en esta Cámara, les dirán en las urnas: ¡Non Plus Ultra!

Muchas gracias (Varios señores diputados: ¡Bravo! ¡Muy bien!―Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie).