Proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal de inmuebles y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios.

Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. No podemos comenzar este Pleno como si aquí no estuviera pasando nada. Hoy hemos conocido una noticia de una gravedad trascendental: por primera vez en la historia de este país, la Audiencia Nacional ha imputado a un expresidente del Gobierno, acusado de estar vinculado al caso Plus Ultra. El señor Zapatero no es solo un expresidente del Gobierno, es el gurú de Pedro Sánchez, al que se llevaba por toda España y por todo el mundo en nombre del Gobierno de España, desde Waterloo hasta Venezuela. (Aplausos). Lo que se nos tiene que explicar es por qué algunos supuestamente pagaban dinero al señor Zapatero para que consiguiera cosas del Gobierno de España. Queremos saber qué cosas conseguía y quién se las daba, señorías. Eso es lo que queremos saber. (Aplausos). Y la respuesta del presidente del Gobierno no puede ser que van a limpiar la imagen de Zapatero, como quisieron limpiar la de Ábalos y la de Cerdán, porque es Ábalos, es Cerdán, es la mujer del presidente, es el hermano del presidente y es Zapatero. ¿Hasta dónde creen que los españoles vamos a aguantar la corrupción socialista? (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso). Porque hemos visto cómo desviaban dinero público, cómo pagaban orgías con dinero público, cómo pagaban mujeres prostituidas con dinero público, cómo estaban en casos de corrupción. ¡Basta ya! Es una exigencia ética, pero también es una exigencia democrática poner las urnas y que los españoles puedan votar. (Continúan los aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie, mientras corean: ¡Di‑mi‑sión!, ¡di‑mi‑sión!, ¡di‑mi‑sión!). España ni puede ni merece soportar más tiempo de un Gobierno y de un Partido Socialista que está hasta el cuello de corrupción, y no apelo solo al Partido Socialista con este llamamiento. Cada uno de los que está en la bancada que está sosteniendo al Gobierno tendrá que dar muchas explicaciones a los españoles. (Aplausos). Y sí, señorías, que hoy estemos teniendo el debate de la okupación también es otra anomalía democrática, porque este debate lo teníamos que haber tenido exactamente hace veinticuatro meses, que es cuando el Senado envió este texto a esta Cámara, pero la señora Armengol decidió guardar el texto en un congelador, en un claro ejercicio de totalitarismo antidemocrático. Ochenta y cinco ampliaciones de plazo lleva esta ley y, sí, esto es un secuestro al Parlamento. Lo repito: es un secuestro al Parlamento. Todos los que estamos en este Parlamento tenemos la obligación de defender la dignidad de esta institución, porque lo que se está haciendo con esto es hurtar a los españoles su derecho a la representatividad, es impedir que esta Cámara pueda debatir algo que no sea lo que quiere el Gobierno y cuando quiere el Gobierno. Esto es tener claro cuál es la función esencial del Parlamento, la función constitucional de legislar. Por eso, señorías, les digo que hoy tenemos la obligación democrática de tomar en consideración esta proposición de ley para abrir este debate. Por el camino, a lo largo de estos veinticuatro meses en los que la señora Armengol ha estado congelando esta ley, la okupación en España ha crecido de manera exponencial y con ella el desamparo de los españoles, que van a la justicia, pero es lenta y no les puede amparar; que ven cómo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no tienen herramientas para poderles defender; que ven que el Gobierno, en lugar de legislar a favor de la seguridad jurídica, se está poniendo del lado de los delincuentes, señorías. Esto es lo que está pasando y está pasando porque el Gobierno trata de banalizar la okupación. Nos dice que son solamente el 0,06 % de las viviendas de este país. Primero, es falso. Estamos hablando ya de que en España hay 79 000 viviendas okupadas y 21 000 inquiokupadas; en total, más de cien mil. Fíjese si esto es grave que, si juntásemos todas las viviendas okupadas en una ciudad, estaríamos diciendo que hay treinta y cinco capitales de provincia con menos población que la que tendría esta ciudad okupada. Y además de ser falso este argumento de que son solo el 0,06 %, es completamente ridículo. ¿O alguien podría defender, señorías, que como los homicidios solo son el 0,00072 % no hay que perseguirlos? ¿O alguien podría decir que como los secuestros son solo el 0,000025 % no hay que perseguirlos? El Gobierno tiene la obligación de perseguir los delitos y de garantizar la seguridad jurídica a los españoles. (Aplausos). Pero es que, además, cuando hablamos de la okupación no estamos hablando de un problema solo individual, estamos hablando de un problema social que deteriora la convivencia, que degrada los barrios y que genera conflictividad. Esa es una cuestión que nos debería preocupar, porque lo que vemos es cómo el Gobierno se está poniendo del lado de los delincuentes mientras está complicándole la vida a la gente, que ve cómo un jeta le pega una patada a la puerta de su vivienda, se cuela y además le tiene que seguir pagando el agua, la luz y el gas. Esto es directamente una insensatez.

Por eso nosotros traemos esta ley, una ley para sacar a los okupas en veinticuatro horas. Basta ya de impunidad. Una ley para aumentar las penas de los okupas, pero también de las mafias que los organizan y que los alientan. Una ley, señorías, para impedir que esos okupas encima se empadronen en la vivienda que han okupado. Porque estamos viviendo una realidad en este país en la que no solo el Gobierno consiente la okupación, sino que, además, van a los ayuntamientos y les estamos empadronando. Una ley para impedir que la gente que es víctima de la okupación además tenga que seguir pagando el agua, la luz y el gas. Todo esto, señorías, son medidas que se resumen en una cosa: puro sentido común. Esto es un clamor en España. Hay una mayoría social que quiere frenar la okupación. Hagan el favor de no boicotear y de no impedir esa mayoría social.

Todo esto, además, tiene una clara afectación al drama social de la vivienda. Porque, efectivamente, esta ley va de okupación, pero hay otro fenómeno muy importante que no podemos dejar de observar: la inquiokupación. Desde que Pedro Sánchez gobierna, se han retirado del mercado del alquiler 265 000 viviendas y eso es porque la gente tiene miedo a sacar su vivienda al alquiler. Y tiene miedo porque no sabe si se la van a okupar, porque no sabe si le van a dejar de pagar, porque no sabe si se la van a destrozar. Lo único que tienen claro es que el Gobierno de España no les va a defender. Por eso está habiendo este problema de oferta en la vivienda. Pero ¿qué pasa? Que eso supone una condena para generaciones enteras de españoles. Hoy vemos cómo en ciudades como Madrid o Barcelona, por cada anuncio de alquiler se están presentando más de cuatrocientas personas. Y eso es un casting, porque a la gente le piden las nóminas, le piden un seguro, le piden los contratos, y si ganan menos de 1800 euros, por supuesto, no se lo van a alquilar. Eso lo que está haciendo es que gente que lleva años preparándose para hacer la matrícula en la carrera que le gusta la tenga que rechazar porque no puede pagar el alquiler y no se puede mover de ciudad; que gente que lleva años preparándose para un trabajo tenga que rechazar una oferta de trabajo porque no hay quien pueda pagar el alquiler. Esto es lo menos progresista que hemos visto en este país, señorías.

Quítense ya la venda de los ojos y empiecen a ver la realidad. El problema de la okupación y de la inquiokupación no es un problema de los grandes tenedores ni de los fondos, es un problema que sufre la gente humilde y la gente trabajadora. Porque el 94 % nada menos de las viviendas que se están ofreciendo en España las están ofreciendo gente que solo tiene su vivienda y la que está sacando en alquiler. No tiene más. Y con eso complementa su renta, con eso complementa su pensión, con eso complementa su trabajo y con eso dignifica el salario y su vida. (Aplausos). No son fondos, señorías. Y a esa gente es a la que ustedes están obligando a tomar decisiones drásticas, como, por ejemplo, vender con un okupa dentro. Según los datos de Idealista, solo en su portal este año se han vendido 23 000 viviendas con okupa dentro. Porque la gente prefiere vender por la mitad de precio que lidiar con un Gobierno, con una Administración y con una justicia que no les da ninguna respuesta.

Por eso, señorías, yo les pido que apoyen esta ley, que se sumen al clamor social que pide echar a los okupas en veinticuatro horas, que se sumen a la gente que nos pide que le demos seguridad, que espera de nosotros un compromiso mayor con el mayor drama social que tiene este país: el drama de la vivienda. Nos estamos jugando el presente, pero sobre todo nos estamos jugando el futuro de generaciones enteras, que ven cómo se han esforzado durante años para no poder ir a una universidad porque no pueden pagar un piso, que se han esforzado durante décadas para tener un empleo que tienen que rechazar porque no pueden pagar un piso. Muchos jóvenes tienen que destinar, en el mejor de los casos, el 90 % de su salario a pagar un alquiler y la mayoría de ellos vivir hasta los 40 años en casa de sus padres porque ni con eso les llega. Eso no es una minoría; esa es la mayoría social, que está pagando el intervencionismo, el sectarismo, pero, sobre todo, la soberbia de un Gobierno sin escrúpulos, incapaz de sacar nada adelante y que, además, se mofa cuando en los casos de corrupción vemos cuál es su respuesta.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

Gràcies, presidenta. De verdad, con el Grupo Popular no sé si estamos en un debate parlamentario o en la promoción de la película que se han montado. En este caso sería El okupa 5: el regreso del terror, dirigida por sus compañeros y compañeras de VOX. Escuchándolos, parece que el gran problema sea que alguien baje a comprar el pan y a los cinco minutos le hayan okupado la casa. Señorías del Grupo Popular y también de VOX, no sé si ustedes lo saben, pero, para que te okupen una vivienda, primero debes tener una; si no, no te la pueden okupar. (Protestas y rumores). Y es que la edad media de acceso a la primera vivienda es de 42 años y mucha gente no puede tener hipoteca, lo que tienen son grupos de Telegram para ver si pueden alquilar una habitación porque su casero les está cobrando 600 euros. Ese es el problema de la gente. Pero, claro, ustedes prefieren el relato de la alarma okupa, con música de tensión, porque es mucho más cómodo inventarse enemigos pobres que señalar y mirar a los ricos que se están forrando. La mayoría de las viviendas okupadas son de bancos, de fondos buitres y de grandes tenedores, exactamente los mismos que okupan pisos y los mismos que hacen que se acumule la incertidumbre de nuestra gente más joven. Hablemos de los okupas que a nosotras nos inquietan de verdad: los que ocupan barrios enteros para especular, los que suben el alquiler el 30 o el 40 % cuando vence el contrato y los que han convertido nuestras ciudades en un Monopoly para millonarios. No tiene sentido. Es un escándalo que trece propietarios acumulen más de cien mil viviendas en su cartera. Pero, claro, ustedes hacen vídeos con música de terror no sobre esto, sobre otras cosas. Así que, señorías del Grupo Popular y señorías de VOX, menos Okupa 5 y más La deuda, de Daniel Guzmán. La verdadera película de terror que tenemos montada es intentar vivir dignamente en este país, en esta tierra, donde ustedes han convertido la vivienda en el paraíso de la especulación. Gracias. (Aplausos.―El señor Pérez López: ¡Ocho años gobernando, ocho años!).

Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenas tardes. Lamentablemente, los medios de comunicación mañana no hablarán de vivienda. Volverá una vez más la actualidad a los presuntos casos de corrupción que acechan al propio Partido Socialista y a su Gobierno, y en este caso concreto con un nuevo escándalo, nada más y nada menos que la imputación de un expresidente del Gobierno de España. Señorías, lo que sí han venido haciendo los últimos seis meses los medios de comunicación en la Comunidad Foral de Navarra ha sido evidenciar la triste realidad del tema que nos ocupa. (Muestra un recorte de prensa). Siete personas detenidas por los incidentes con okupas en Etxabakoitz y el casco viejo de Pamplona. (Muestra otro recorte de prensa). Vecinos de Buztintxuri reclaman solución a las okupaciones y el vandalismo. Es un horror vivir aquí. (Muestra otro recorte de prensa). Los okupas de la bajera de Azpilagaña vuelven a engancharse ilegalmente a la luz de la comunidad. (Muestra otro recorte de prensa). Tres detenidos por la okupación violenta de dos viviendas en Estella, tráfico de drogas y posesión de armas prohibidas. (Muestra otro recorte de prensa). Detenido en Navarra un okupa con 100 gramos de speed y 3000 euros en metálico dentro de la vivienda. (Muestra otro recorte de prensa). Pelea entre okupas en la bajera del río Alzania. (Muestra otro recorte de prensa). La pesadilla de los okupas en Burlada. (Muestra otro recorte de prensa). Okupación en la Rotxapea, el local de la discordia. (Muestra otro recorte de prensa). Cuatro detenidos en Pamplona tras el intento de okupación de una parroquia para crear un gaztetxe. (Muestra otro recorte de prensa). Vecinos de varios barrios de Pamplona entre la incertidumbre y el miedo por bajeras okupadas. (Muestra otro recorte de prensa). El okupa de la narcobajera en Pamplona sacó sus enseres escoltado por la Policía. Ya podemos respirar tranquilos en el barrio. Y no sigo, señorías, porque no tengo más tiempo. Para que luego vengan el Gobierno y sus socios diciendo que la ocupación ilegal no es un problema.

Señorías, los ciudadanos lo que demandan de su clase política es que aporten soluciones a los problemas que tienen, no que los generen.

Muchas gracias.

Buenas tardes, señorías. Estamos ante una toma en consideración. Significa esto que nada que se apruebe hoy va a entrar en vigor en unos días ni va a ser de obligado cumplimiento. Significa que se abre un trámite en el que podemos debatir, en el que podemos discutir, en el que podemos enmendar y modificar. Hay muchas cosas de esta proposición de ley que a nosotros no nos gustan. Empiezo por el asunto del empadronamiento. La invisibilidad administrativa no se puede siquiera considerar, la gente debe tener un lugar y tiene derecho a ser ayudada cuando lo necesita. Pero entre eso y mezclar la okupación con la morosidad, con las familias vulnerables y terminar por no hacer nada, no enfrentar nada y no resolver nada, me parece que algo podemos hacer si empezamos a hablar de lo que es estrictamente la ocupación ilegal, que sí existe, por mucho que se niegue. En Canarias yo conozco edificios okupados que gestionan mafias organizadas, mafias que les cobran, y les traeré algunos de los papelitos que les hacen firmar. Pagan mensualmente por estar ahí. Y todo esto pasa porque los procedimientos se eternizan y porque tenemos que disuadir y tenemos que resolver el problema de la vivienda, que no pasa por negar la existencia de la okupación, que perjudica a propietarios y a familias y vecinos. Este proyecto de ley puede también empezar a dar voz a las comunidades de vecinos que lo están viviendo y que lo están sufriendo. Insisto, hay muchas cosas que no me gustan, pero de lo que se trata hoy es de iniciar el trámite, de sentarnos, de enmendar, de corregir, de discutir. Ya llegará el momento de votar que no, pero no podemos seguir mirando a otro lado diciendo que la okupación no existe y no resolviendo nada en un debate ideológico que es lo que los ciudadanos en este momento no necesitan.

Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Hoy el Grupo Popular trae una proposición de ley sobre un tema de primera magnitud. Tan es así que las oficinas antiokupación que han montado ustedes en las comunidades autónomas se han convertido en chiringuitos fantasma: oficina antiokupación de Ávila y de Salamanca, cero consultas en seis meses; oficina antiokupación de Palma, seis consultas en seis meses; oficina antiokupación de Alicante, una consulta al mes, señor Sayas; oficina antiokupación de Madrid, cinco llamadas al día, de las cuales solo el 6 % han sido trasladadas a la Policía. ¡A esto es a lo que se dedica la derecha, a lo importante! Yo creo que hubiera sido mejor ser honestos con esta proposición de ley y poner al principio del todo como ponen en los posts de Instagram, señor Sayas: publi. Porque esta ley no tiene redactores, tiene patrocinadores. Esta ley está escrita al dedillo al servicio de Cerberus, de Blackstone, de CaixaBank y del Banco Santander. (Aplausos). Usted está engañando a la gente, mintiendo a la gente, porque la gente que ve sus vídeos, señor Sayas, no lo sabe, pero usted sí lo sabe. Está usted confundiendo la okupación con el allanamiento. En este país, si le entran a alguien en la casa en la que vive, señor Sayas, y lo sabe perfectamente, viene la Policía inmediatamente y lo saca, si es que eso pasara alguna vez, que, la verdad, no pasa. Pero ustedes no están hablando de allanamiento, están hablando de okupación, y para que una casa pueda ser okupada tiene que ocurrir una cosa: tiene que estar vacía. Vacía. El problema es que solo el 3 % de los propietarios en España tiene una vivienda vacía, porque la mayoría de la gente no puede ni siquiera pagar su vivienda, la que tiene en alquiler y la que tiene pagando una hipoteca a tipo variable, que se ha puesto por las nubes. Ustedes, con esta proposición de ley, están defendiendo a esos poquísimos propietarios que tienen una vivienda vacía, que, insisto, son Cerberus, Banco Santander, CaixaBank o Blackstone. Ustedes son lacayos de los ricos, ustedes trabajan para los que mandan sin presentarse a las elecciones.

Termino. Yo creo que con la que está cayendo ahí fuera, con la situación de la vivienda en España, bastante paciencia está teniendo la gente. Me parece que, si tú tienes a tu familia y no tienes dónde ponerla a cubierto ―creo, señor Sayas, que usted haría lo mismo si se viera en esa situación, si usted se viera durmiendo con su familia debajo de un puente―, claro que sí, hay que darle una patada a una vivienda vacía de un banco y hay que meterse dentro (protestas), porque por encima de los bancos y de la propiedad privada está la gente que tiene derecho a una vivienda. Los que entran a okupar una vivienda vacía de un banco están cumpliendo más con la Constitución que ustedes, señorías del PP.

Muchas gracias. (Aplausos).

Eskerrik asko, presidenta. Arratsalde on guztioi. Señorías, debatimos una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular que en buena parte no es nueva en esta Cámara. Como conocen, señorías, nuestro grupo parlamentario considera que la usurpación de viviendas e inmuebles es un problema grave para los propietarios y poseedores, que se ven perturbados de la tenencia y disfrute pacífico de aquellos bienes, y también afecta en ocasiones, como ha señalado el defensor del pueblo, a los vecinos de la finca. También hemos señalado en esta Cámara que el abordaje de esta problemática no puede hacerse desatendiendo las situaciones de vulnerabilidad que, en su caso, pudieran concurrir en los okupantes sin título, ni tampoco con acusaciones disparatadas al Gobierno de gestión criminal, como en ocasiones hemos oído desde esta tribuna, ni relacionando de manera xenófoba este problema con la inmigración irregular. Y tampoco, aun siendo un problema grave, que no lo negamos, que se diga que alcanza a centenares de miles de casos, haciendo creer además a la ciudadanía de manera maliciosa que estas okupaciones se refieren mayoritariamente a domicilios o segundas viviendas, es decir, a moradas de pequeños propietarios o inquilinos. Estos, señorías, literalmente se cuentan con los dedos de la mano y, cuando sucede, ya se ha dicho, se denuncia y policialmente se practica un inmediato lanzamiento con detención del okupante, atestado policial y denuncia de delito a los tribunales. Tampoco compartimos que se diga que la Fiscalía o las fuerzas y cuerpos de seguridad están pasivos ante este fenómeno. Simplemente, quiero recordar la Instrucción 1/2020 de la Fiscalía General del Estado, dando criterios de actuación para solicitar medidas cautelares en caso de usurpaciones y en el mismo sentido instrucciones policiales del Ministerio del Interior y también, en el caso del País Vasco, del Departamento de Seguridad respecto a la Ertzaintza.

En definitiva, señorías, son medidas para restituir la posesión inmediata a los legítimos propietarios, pero la pregunta que hemos de hacernos, en el escenario descrito, es si los procedimientos judiciales existentes para la restitución de la posesión perturbada son hábiles a este fin con carácter cautelar inmediato, porque esto es, de verdad, lo que preocupa a los legítimos propietarios y poseedores. Ciertamente, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil realizada en 2018, en la que nuestro grupo parlamentario participó activamente, y conocida como ley del desahucio exprés, consagra un cauce procesal expeditivo, desde el punto de vista civil, que ampara y protege a los propietarios y poseedores legítimos de viviendas más inermes frente al fenómeno de la okupación, es decir, a las personas físicas con menos de diez viviendas, o a aquellas entidades sin ánimo de lucro o a instituciones públicas en relación con la vivienda social. Por ello, seguimos sin compartir el incluir en este cauce procesal exprés para la recuperación de viviendas a las personas jurídicas. Estas, normalmente grandes tenedores, ya cuentan con los cauces ordinarios para la recuperación de sus propiedades en la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin dejar de señalar que, dada su posición económica, normalmente cuentan con suficiente tiempo, dinero y abogados para defender sus intereses, cosa mucho menos frecuente en los pequeños tenedores, que son personas físicas particulares con menos de diez viviendas. Sin embargo, señorías, valoración distinta a la Ley de Enjuiciamiento Civil tenemos que hacer respecto a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que no cuenta con un explícito procedimiento cautelar inmediato para la recuperación de los inmuebles usurpados cuando no constituya morada de su propietario o poseedor legítimo. Y también quiero señalar que los vecinos de un inmueble tampoco cuentan en la Ley sobre Propiedad Horizontal con un procedimiento claro para hacer frente a las usurpaciones que perturben, con su comportamiento, la convivencia del inmueble. Estas son cuestiones que sí se abordan en la iniciativa debatida, aunque con las objeciones que luego señalaremos si tenemos tiempo; objeciones, sin embargo, que se tornan más radicales respecto a la definición de ocupación ilegal de inmueble a efectos de esta ley y la consiguiente habilitación a las fuerzas y cuerpos de seguridad para la recuperación cautelar de su propietario o poseedor al margen de procedimientos judiciales, sean estos civiles, como los de recuperación posesoria de la finca por impago de rentas, por término de contrato de arrendamiento o por extinción del precario, o simplemente por estar okupada sin el consentimiento del propietario o poseedor. Y también, al margen de procedimientos penales, esta recuperación por las fuerzas y cuerpos de seguridad para la recuperación de un inmueble usurpado cuando no sea delito flagrante. Además, también se señala en la iniciativa, con igual carácter orgánico, que el ocupante ilegal de una cosa inmueble no gozará de la protección de morada frente a la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad a requerimiento del propietario o, en su caso, del poseedor legítimo, obviando, señorías, que estas medidas solo pueden descansar exclusivamente en medidas judiciales cautelares. Señorías, ya señalamos en su momento, en esta misma Cámara y desde esta misma tribuna, que el legislador constituido no puede variar el concepto constitucional de morada o domicilio en los términos fijados por el Tribunal Constitucional a efectos de su inviolabilidad sin resolución judicial o consentimiento de su titular. Tampoco puede perturbarse el disfrute del morador, aunque lo sea sin título, a través de la interrupción de suministro o de lanzamiento por las mismas fuerzas y cuerpos de seguridad, a requerimiento de la comunidad de propietarios, cuando se realicen actividades dañosas o prohibidas en esta si no es mediante resolución judicial que lo autorice. Señorías, consideramos que las atribuciones que se pretenden a las fuerzas y cuerpos de seguridad resultan desproporcionadas. Velar por la convivencia ciudadana y la seguridad pública es obligación inherente a la actuación de los poderes públicos, pero ello no puede extenderse hasta involucrarlas, con carácter general, en la recuperación de la posesión de inmuebles okupados sin título cuando existen vías legales judiciales expresamente previstas o que pueden proveerse con leves modificaciones para restituir cautelarmente la posesión desde el inicio de un proceso.

Señorías ―y finalizo, presidenta―, saben que a nuestro grupo parlamentario lo encontrarán en el camino de hallar respuestas judiciales eficaces desde el momento inicial del proceso para recuperación inmediata de la propiedad usurpada, sin perjuicio, en su caso, de la intervención de los servicios sociales cuando el okupante se encuentra en situación de necesidad. Pero a nuestro grupo parlamentario no lo encontrarán en la atribución a otros poderes públicos, distintos del judicial, de facultades para la recuperación de la propiedad, salvo en el caso de delito flagrante, ni para la recuperación en caso de impago de rentas, expiración del contrato de arrendamiento o de precario, y mucho menos cuando constituyan morada del okupante sin título.

Nada más y muchas gracias.

Quiero empezar la intervención llamando la atención sobre una fecha: 13 de febrero del 2026. El 13 de febrero del 2026 es la fecha de publicación de este proyecto de ley, y es la misma fecha de publicación del proyecto de ley que discutimos hace tres semanas y que no tenía otro propósito, como aquí pudimos ver, que el de acotar o reducir la posibilidad de declarar personas vulnerables a quienes realmente son vulnerables, para así dejarles sometidos a los dictados del mercado o a la crueldad y a la fiereza de la voracidad de los mercados. Y no es casualidad que se hayan hecho porque tiene una perfecta correlación. Si en esa ley, la que discutimos hace tres semanas, se nos planteaba ―y así se decía, aunque se ocultaba― que la unidad familiar que cobrara más de 900 euros al mes ya no era considerada vulnerable y que, por tanto, podía ser desalojada o desahuciada, una vez que hemos conseguido reducir parte de la población a la que hay que proteger, ahora, con este proyecto de ley metido el mismo día que el anterior proyecto de ley, lo que planteamos es que, además, se pase a la ofensiva desde el poder público contra las personas vulnerables que aún puedan quedar porque no cobren siquiera ese 1,5 del IPREM que establecían ustedes para su proyecto de ley. Es exactamente la misma lógica. Ya les han hablado de películas. Esta es la segunda parte de lo que vimos, y segundas partes nunca fueron buenas, pero nadie se merece que sean tan malas, tan radicalmente malas como las que hoy traen aquí. Porque si en la anterior ocasión yo les hablaba de la aporofobia que destilaba su iniciativa, aquí ya hay sadismo. Hay sadismo y lo voy a intentar explicar en cosas concretas, porque ustedes suben aquí a hablarnos de generalidades, de vaguedades, de elementos que azuzan un miedo que ya veremos luego como en buena parte es infundado, para no entrar a lo real y a lo tangible de su iniciativa, porque esa sí que destila y desvela el sadismo con el que las construyen.

Ustedes nuevamente se plantean castigar a los más débiles utilizando al poder público y su capacidad legislativa, retorciendo las leyes a favor de los más poderosos. ¿Cómo lo hacen? Y aquí van los ejemplos claros y extraídos de su iniciativa, de su proposición de ley: plantean quitar instrumentos y capacidad a las entidades sin ánimo de lucro y a las Administraciones o instituciones públicas. ¿En dónde? En los tribunales, negándoles la posibilidad de juicio oral. Pero, qué casualidad, a la vez abren una puerta de atrás para que las personas jurídicas, que hasta ahora no podían hacerlo, sí puedan hacerlo. Es decir, bancos y fondos de inversión sí pueden acceder a la participación y, por tanto, saltarse cualquier criterio de vulnerabilidad que una Administración pública pudiera hacer, pero sindicatos, organizaciones no gubernamentales, Administraciones públicas o entidades sin ánimo de lucro no pueden hacerlo. Esa es su manera de intervenir: intervenir contra el interés general en beneficio del interés particular.

Plantean más cosas. Plantean un endurecimiento de penas, en concreto, del artículo 245 del Código Penal. Hasta hoy, el artículo 245 del Código Penal, el que distingue entre el allanamiento de morada y la usurpación, se basa y establece su lectura en dos puntos: lo que es allanamiento de morada y lo que es delito de usurpación. Ustedes plantean añadir cinco puntos más, y lo hacen, además, desde una lógica del endurecimiento de penas; la misma que siguieron con el IPREM hace tres semanas, ahora la siguen con el endurecimiento de penas. Tratan, una vez más, de equiparar el allanamiento de morada con el delito de usurpación; el allanamiento de morada a personas físicas o jurídicas con una vivienda en propiedad, que puede ser la primera, la segunda o la tercera, y el delito de usurpación, que generalmente se da contra fondos de inversión y bancos, porque son viviendas deshabitadas, lo que comúnmente entendemos como viviendas vacías.

Ustedes van más allá. Ustedes plantean que el actual sistema que establece todo un catálogo de multas, sea sustituido por penas de carácter privativo de libertad, es decir, sustituir las multas por la prisión. Quizás esta sea la fórmula de vivienda del Partido Popular: todos a la cárcel, al más puro estilo berlanguiano. Pero, cuando digo todos, digo todos, porque no se plantea solo que las personas que estén en una vivienda, ya sea bajo la forma del delito de allanamiento de morada ―muy pocas― o el de usurpación, puedan ir a la cárcel, sino que quienes instiguen o promuevan que alguna persona pueda entrar a una vivienda que no es suya porque es de un banco, un fondo buitre y está cerrada, también puedan ser juzgados con penas que sean de inhabilitación y de cárcel. Yo no sé si a alguna gente esto le va a funcionar, si le va a dar miedo. Algunos de nosotros y nosotras ya hemos pasado por ese camino de la búsqueda de la inhabilitación y de la cárcel por pensar lo que pensábamos. No lo consiguieron con la insumisión y no lo van a conseguir ahora. (Rumores.―El señor Sayas López pronuncia palabras que no se perciben). Se lo aclaro porque ya sé que no controla de lo que le estoy hablando; por eso, le hablaba de la insumisión.

Sigo. Ustedes plantean una cosa que es realmente la más divertida de todo el proyecto de ley, y es que hay que dar y conferir poderes especiales a los presidentes de comunidades de vecinos. Plantean que puedan ir a un juzgado a denunciar a una persona si ese vecino tiene conductas incívicas ―¡pues anda que no van a tener curro en algunos lugares!―, pero, además, si esta persona que tiene conductas incívicas está incurriendo en un delito de usurpación o en un delito de allanamiento de morada, que el presidente tenga las facultades para, con el juzgado y con la Policía ―como le señalaban antes―, proceder a desalojarlo. Pero hay más, y es que plantean que incluso poniéndose en contacto con el propietario de la vivienda ―sea persona física o jurídica―, este pueda tapiar la vivienda. Pero ¿no se da cuenta usted de que esto ni en los sueños más húmedos de Antonio Recio era posible? (Risas). Pero ¿usted qué quiere hacer en política?

Voy todavía más allá. En su literatura plantea que hay que defender al propietario, porque todo propietario lo es de una vivienda en claves de posesión legítima y pacífica. ¿A todas las gentes que han desahuciado los bancos se lo han hecho con una posesión legítima y pacífica? Porque usted hablaba de datos, y vamos a hablar de datos, porque no hay nada mejor para aterrizar en la verdad que centrarnos en los datos reales, no en los figurados o en los deseados, que eso es lo sádico, que se desee que sean tan malos. Porque, vamos a ver, en el año 2025 hubo 31 416 desahucios por ejecución hipotecaria. Los desahucios por alquileres, incluso pese a la prórroga o a pesar de la prórroga, fueron 25 540. Sumen unos y otros, del orden de 57 000 desahucios. ¿Sabe cuántos delitos o cuántas denuncias hubo por delitos de lo que ustedes llaman okupación? Hubo 14 875. Todo esto en el año 2025. Por supuesto que se trata de proteger a todo el mundo; por supuesto que se trata de que no se cometan delitos, pero estaría bien que al menos una vez en su vida probaran lo que es tener empatía con el que menos tiene y dejaran de ser serviles con los que lo tienen todo. Porque ustedes también señalan la lógica de la pobrecita persona a la que le allanan la morada. Es duro y hay que protegerla, pero no quiere decir que más del 80 % de las viviendas que ustedes catalogan como okupación sean delitos de usurpación. Podríamos seguir con más datos, pero hay uno que es absolutamente demoledor para su estrategia, se lo tengo que decir. Usted habla de un panorama catastrófico, de un panorama donde la okupación no para de crecer. Cójase los datos del 2025 y compárelos con los de 2024; verá que ha descendido en un 10 %. Si las leyes no sirvieran, no descendería, porque, hasta donde yo sé, en el Estado español viven cincuenta millones de personas y hay veintiséis millones de viviendas. Las unidades familiares cada vez son más disgregadas y de más variada tipología. Por tanto, parece evidente que, si la ley no funcionara, las okupaciones se multiplicarían y no descenderían un 10 % de un año para otro.

Se me ha acabado el tiempo. Podría seguir con alguna cosa más. Pero, en definitiva, usted, aquí, otra vez ―y no es la primera―, ha hecho algo que suelen hacer mucho, que es no decirle la verdad ni al médico. Es más, usted probablemente no le dice la verdad ni al médico y, tiempos atrás, tampoco le decía la verdad a su propio partido, porque entonces era su propio partido.

Eskerrik asko, mila esker. (Aplausos).

Moltes gràcies, presidenta. Molt bona tarda, companys i companyes. El debat d’avui és important. I ho és, sobretot, perquè durant massa temps alguns han intentat convertir el fenomen de les okupacions en un debat fals, o bé negant el problema o bé utilitzant‑lo des del populisme penal més simplista. I nosaltres no participarem ni d’una cosa ni de l’altra. A Junts per Catalunya no negarem mai la realitat que viuen molts ciutadans, barris i comunitats de veïns. No participarem del relat interessat de l’extrema esquerra, que fa anys que intenta presentar qualsevol preocupació sobre les okupacions com si fos una exageració o una obsessió ideològica. No, les okupacions existeixen, generen conflictes reals, inseguretat jurídica, degraden comunitats i en molts casos alimenten activitats delictives organitzades. I negar aquesta realitat no és ser més progressista. És irresponsabilitat. Catalunya, lamentablement, i potser per això no són gens sensibles, lidera les dades d’okupacions de l’Estat. Segons dades de la Conselleria d’Interior —‌socialista, per cert—, l’any passat es van produir 7110 intents d’okupació, dels quals 5044 es van acabar consumant. Les okupacions continuen tenint una incidència molt superior a Catalunya que en altres territoris, i això preocupa la ciutadania, els ajuntaments, les policies locals catalanes i els Mossos d’Esquadra. Ara, també vull deixar clar que solucionar les okupacions en cap cas resoldrà la crisi de l’habitatge. Nosaltres no farem demagògia amb això. La crisi de l’habitatge té causes molt més profundes: manca d’oferta, dèficit estructural en la construcció, burocràcia excessiva i incapacitat, sobretot, incapacitat dels poders públics per desplegar polítiques eficaces. Però que les okupacions no siguin la causa principal del problema no vol dir que no s’hagin d’abordar, perquè aquí també parlem de convivència, de seguretat jurídica i de responsabilitat pública. Garantir l’accés a l’habitatge és responsabilitat de les administracions públiques, no d’uns particulars que acaben suportant individualment situacions que l’Estat és incapaç de gestionar. I això és el que alguns no volen entendre. Perquè és molt fàcil fer grans discursos morals des d’aquesta tribuna, mentre són els veïns dels barris més vulnerables els que conviuen durant anys i anys amb okupacions conflictives, en alguns casos narcopisos o amb connexions fraudulentes o amb degradació dels espais comuns. I aquesta és la realitat. I també és veritat, i nosaltres no ho amagarem, que la immensa majoria de denúncies no afecten domicilis habituals. I això és així. I nosaltres no alimentarem discursos alarmistes ni fake news. La majoria dels casos corresponen a usurpacions d’habitatges buits, però això no fa el problema menys greu, perquè avui les okupacions s’han convertit també en un negoci criminal. Hem vist xarxes que okupen habitatges per vendre’n les claus, per cobrar‑ne lloguers, 3000 euros, il·legals o explotar persones vulnerables. Hem vist barris suportant situacions absolutament insostenibles. I davant d’això, els poders públics tenen l’obligació d’actuar. Ara bé, també direm clarament que la proposició del Partit Popular ens genera dubtes importants, perquè nosaltres no defensem la resignació davant les okupacions, en cap cas, però tampoc legislacions passades de volta. Junts per Catalunya fa més d’un any que té admès a tràmit en aquesta cambra una proposta legislativa elaborada conjuntament amb els Il·lustres Col·legis d’Advocats de Barcelona, de Màlaga, de Madrid i amb experts de l’Institut I+Dret. Una proposta tècnicament solvent, moderada i respectuosa amb els drets fonamentals i centrada en allò que realment funciona: el desallotjament ràpid. La majoria dels països del nostre entorn disposen de mecanismes molt més àgils que els d’aquí per recuperar la possessió davant d’okupacions il·legals. I això és el que nosaltres defensem. Menys simbolisme penal, més eficàcia. Perquè, quan el desallotjament és ràpid, les màfies deixen de tenir negoci. En canvi, quan una okupació es pot allargar, com és el que passa durant anys, apareixen intermediaris, estructures criminals que exploten la vulnerabilitat. Per això ens preocupa la tendència d’aquesta proposició a incrementar penes i ampliar alguns tipus penals. Nosaltres no creiem en la suprapenalització com a resposta automàtica a tots els problemes socials. I també ens preocupen algunes formulacions jurídicament molt discutibles. Algunes les ha apuntat el company Legarda, amb qui coincideixo. Les lleis no es poden redactar des de l’eslògan, sinó amb moltíssim rigor jurídic. El tema de les comunitats de propietaris, el tema de les coaccions quan puguin ser, en certs casos, extorsives de debò.

En tot cas, Junts creiem que el debat s’hauria de centrar en allò que és important: garantir que el titular legítim pugui recuperar la possessió de forma ràpida i efectiva. Perquè el problema no és qui està legitimat per actuar. El problema és que el sistema continua sent massa lent, i el més sorprenent és que, mentre avui debatem aquesta iniciativa, la proposta de Junts continua bloquejada en un calaix del Govern socialista i els seus socis. Més d’un any. Més d’un any bloquejant una reforma tècnica moderada i útil. Però després alguns vindran aquí a donar lliçons de sensibilitat social. Miri, sensibilitat social també és defensar les famílies treballadores que conviuen durant anys amb okupacions, les que siguin conflictives. Sensibilitat social també és protegir la gent gran que veu degradada la seva comunitat i no sap com solucionar‑ho. Sensibilitat social també és impedir que les màfies facin negoci amb la vulnerabilitat i evitar que alguns facin negoci també amb la desesperació de molts propietaris que veuen constantment els seus drets limitats. I sensibilitat social també és deixar de fer demagògia cada vegada que algú planteja abordar aquest problema amb sentit comú.

Perquè, al final, escoltant‑los a tots, aquí només s’ofereixen dues opcions: o neguem el problema o competim per veure qui endureix més el Codi Penal. I nosaltres no compartim cap dels dos extrems. Defensem rigor, seguretat jurídica, convivència i respecte pels drets fonamentals. I defensem que les administracions públiques assumeixin les seves responsabilitats. I també defensem que aquesta cambra, d’una vegada per totes, deixi de bloquejar la proposta legislativa de Junts per Catalunya i permeti, d’una vegada per totes, afrontar aquest problema amb seriositat, eficiència i sentit comú.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. El debate de hoy es importante, y lo es, sobre todo, porque durante demasiado tiempo algunos han intentado convertir el fenómeno de las okupaciones en un debate falso: o bien niegan el problema o bien lo utilizan desde el populismo penal más simplista. Y nosotros no participaremos ni de una cosa ni de la otra. En Junts per Catalunya no negaremos nunca la realidad que viven muchos ciudadanos, barrios y comunidades de vecinos. No participaremos en el relato interesante de la izquierda extrema, que hace años que trata de presentar cualquier preocupación sobre las okupaciones como si fuera una obsesión ideológica, una degradación. No, las okupaciones existen, generan conflictos reales, inseguridad jurídica, degradan comunidades y, en muchos casos, alimentan actividades delictivas organizadas. Y negar esta realidad no es ser más progresista; es irresponsabilidad. Cataluña, lamentablemente ―y quizás para eso no hay mucha sensibilidad―, lidera los datos de okupación del Estado. Según datos de la Consejería de Interior socialista, hubo 7112 intentos de okupación. Una buena parte se consumaron. Las okupaciones continúan teniendo una incidencia muy superior en Cataluña con respecto a otros territorios, y eso preocupa a la ciudadanía, a los ayuntamientos, a las policías locales catalanas y a los Mossos d’Esquadra. Pero también quiero dejar claro que solucionar las okupaciones en ningún caso resolverá la crisis de la vivienda. Nosotros no haremos demagogia con eso. La crisis de la vivienda tiene causas mucho más profundas: falta de oferta, déficit estructural en la construcción, burocracia excesiva, incapacidad, sobre todo de los poderes públicos, para desplegar políticas eficaces. Pero que las okupaciones no sean la causa principal del problema no quiere decir que no se tengan que abordar, porque aquí hablamos de convivencia, de seguridad jurídica y de responsabilidad pública. Garantizar el acceso a la vivienda es responsabilidad de las Administraciones públicas, no de unos particulares que acaban soportando individualmente situaciones que el Estado es incapaz de gestionar. Y eso es lo que algunos no quieren entender, porque es muy fácil dar grandes discursos morales desde esta tribuna mientras los vecinos de los barrios más vulnerables son los que viven durante años y años con okupaciones conflictivas, en algunos casos narcopisos, o conexiones fraudulentas o degradaciones de los espacios comunes. Esta es la realidad.

También es verdad ―no lo negaremos― que la inmensa mayoría de las denuncias no afectan a domicilios habituales, eso es así. Nosotros no alimentaremos discursos alarmistas ni fake news, la mayoría de los casos corresponden a usurpaciones de viviendas vacías, pero eso no hace el problema menos grave, porque hoy las okupaciones se han convertido también en un negocio criminal con redes que okupan viviendas para dar las claves, cobrar alquileres de 3000 euros, aprovecharse de personas vulnerables. Hemos visto barrios con situaciones absolutamente insostenibles y, ante eso, los poderes públicos tienen la obligación de actuar.

También queremos decir claramente que la proposición del Grupo Popular nos genera dudas importantes, porque nosotros no defendemos la resignación ante las okupaciones, en ningún caso, pero tampoco pasarse de la raya. Junts per Cataluña hace más de un año tiene admitida a trámite en esta Cámara una propuesta legislativa elaborada junto con los ilustres colegios de abogados de Barcelona, de Málaga, de Madrid y además con institutos de derecho. Una propuesta solvente técnicamente, moderada, respetuosa con los derechos fundamentales y centrada en lo que funciona de verdad: el desalojo rápido. La mayoría de los países de nuestro entorno disponen de mecanismos mucho más ágiles que los de aquí para recuperar la posesión ante las ocupaciones ilegales, y eso es lo que nosotros defendemos: menos simbolismo penal y más eficacia, porque, cuando el desalojo es rápido, las mafias dejan de tener negocio. En cambio, cuando una okupación se puede alargar ―como es lo que ocurre― durante años, aparecen intermediarios, estructuras criminales que explotan la vulnerabilidad, por eso nos preocupa la tendencia de esta proposición a incrementar penas y ampliar algunos tipos penales. Nosotros no creemos en la sobrepenalización como respuesta automática a todos los problemas sociales y también nos preocupan algunas formulaciones jurídicamente muy discutibles, y algunas las ha apuntado el compañero Legarda, con quien coincido. Las leyes no se pueden redactar desde el eslogan, sino con muchísimo rigor jurídico: el tema de las comunidades de propietarios, de las coacciones, cuando en algunos casos puedan ser extorsionadoras de verdad.

En cualquier caso, en Junts creemos que el debate debería centrarse en lo importante, a saber: garantizar que el titular legítimo pueda recuperar la posesión de forma rápida y efectiva. El problema no es quién está legitimado para actuar, sino que el sistema sigue siendo demasiado lento, y lo más sorprendente es que, mientras hoy debatimos esta iniciativa, la propuesta de Junts sigue bloqueada en un cajón del Gobierno socialista y de sus socios. Llevan más de un año bloqueando una reforma técnica, moderada y útil, pero después algunos vendrán aquí a dar lecciones de sensibilidad social. Miren, sensibilidad social también es defender a las familias trabajadoras que conviven durante años con okupaciones conflictivas. Sensibilidad social también es proteger a los mayores que ven cómo se degrada su comunidad y no saben cómo solucionarlo. Sensibilidad social también es impedir que las mafias hagan negocio con la vulnerabilidad y evitar que algunos hagan negocio también con la desesperación de muchos propietarios que ven constantemente sus derechos limitados. Y sensibilidad social también es dejar de hacer demagogia cada vez que alguien plantea abordar este problema con sentido común.

Al final, escuchándonos a todos, parece que solo hay dos opciones: o negamos el problema o competimos para ver quién endurece más el Código Penal. Nosotros no compartimos ninguno de esos dos extremos; defendemos el rigor, la seguridad jurídica, la convivencia y el respeto por los derechos fundamentales, y defendemos que las Administraciones públicas asuman sus responsabilidades. También defendemos que, en esta Cámara, de una vez por todas, se deje de bloquear la propuesta legislativa de Junts per Catalunya y se permita, de una vez por todas, que se aborde este problema con seriedad, eficiencia y sentido común.

Muchas gracias.

Bona tarda. Gràcies, presidenta. Aquesta proposició de llei és una obra de teatre dolenta, caducada, que pretén convèncer‑nos que el principal problema en relació amb la crisi de l’habitatge no és que el preu de compra d’un pis de segona mà de dues habitacions hagi passat en tan sols una dècada de costar 130 000 euros a costar 200 000 euros, no és que una de cada quatre famílies hagi de dedicar més del 70 % dels seus ingressos a pagar les despeses d’habitatge, i tampoc és que prop del 15 % de tots els habitatges estiguin buits. El Partit Popular avui ens vol convèncer que això no és tan important, que el que és important de veritat és poder tallar‑li l’aigua i la llum a una família que acabi vivint en un pis okupat, o assegurar‑nos que aquesta família no la deixaran empadronar a l’Ajuntament. Senyories del Partit Popular, sens dubte hi ha casos d’okupacions que són problemàtiques i cal buscar‑hi solucions. Cal treballar‑hi perquè la justícia sigui més ràpida per trobar solucions efectives i perquè els propietaris puguin recuperar els seus pisos. De fet, per això ara Esquerra Republicana va aconseguir que hi hagués 180 jutges més a Catalunya en dos anys, per enfortir la justícia i perquè aquests processos puguin ser més ràpids. Però pretendre fer passar això pel principal problema en l’àmbit de l’habitatge és d’un cinisme inacceptable. Mirin, dades de Catalunya, l’Agència Catalana de l’Habitatge diu que hi ha 32 800 pisos buits en mans de grans tenidors, fons voltor i fons d’inversió, enfront d’un parc de 3,9 milions de pisos. Això representa gairebé un 1 % del parc d’habitatge. Saben quin és el percentatge d’habitatge públic a Catalunya? El 2 %. Vol dir que el 50 % dels pisos en mans de grans tenidors, fons d’inversió i dedicats a l’especulació és el 50 % del parc públic a Catalunya. Dades dels Mossos d’Esquadra sobre okupacions. El 2025 es van fer 7110 denúncies, han baixat un 20 %. Per tant, aquest discurs catastrofista que ens okuparan el pis quan sortim a prendre’ns un cafè és fals de totes totes i, a més a més, cada vegada ho és més. De fet, aquest any un 20 % més fals. El 96 % de les okupacions són fetes en pisos buits i el 80 % d’aquestes okupacions propietat de grans tenidors, fons voltor i fons d’inversió. I —‌això dades dels Mossos d’Esquadra, com deia— que, a més a més, afirmen que els casos d’entrada a primera residència —t‌extual— són pràcticament inexistents. Però tot això, tot i així, vostès, per interès i per arreplegar quatre vots del veí que té por, giren el discurs sobre una okupació que realment no està afectant la gent, està afectant els més poderosos, els que vostès representen. Són vostès uns mentiders i uns demagogs. Estem vivint una situació d’emergència greu i extraordinària. Si ho comparem amb la majoria dels països del planeta, l’Estat espanyol, que és un país ric, malgrat això, la gent no té cobertes les necessitats més bàsiques de l’ésser humà: tenir un sostre on aixoplugar‑se, tenir una casa on resguardar‑se, on construir una família i un projecte vital. Però, senyories del Partit Socialista, aquest cinisme no és exclusiu del Partit Popular, perquè els seus discursos no són tan esperpèntics, evidentment, com els del PP, però les seves accions i sobretot les seves omissions els delaten. En una situació tan dramàtica com la que acabem d’exposar, només preveuen mil milions d’euros l’any per tot l’Estat per construir habitatge. No és que sigui insuficient, és que és ridícul. Espanya ja ha tingut 500 000 desnonaments la darrera dècada, més de 27 000 només l’any passat, malgrat semblar que són cosa del passat. Durant els últims dos anys, el preu de l’habitatge ha pujat un 80 %, mentre l’increment dels salaris no ha arribat ni al 8 %. I, després de vuit anys de governs socialistes, el parc públic d’habitatge a l’Estat és tan sols del 3 %; mentre que la mitjana europea gairebé el triplica, i hi ha exemples com Països Baixos i Àustria que es troben per sobre del 25 %.

Però, més enllà de totes aquestes dades, es fa evident que el veritable problema de l›habitatge és que depèn del model especulatiu, que s’ha deixat de considerar l’habitatge com un dret per convertir‑lo en un actiu financer. Un model que té responsables, com vostès, i que té conseqüències molt concretes sobre la vida de la gent. I posaré dos exemples. Recentment, en Mariano, a Madrid, on governa la senyora Ayuso, un jubilat de 60 anys, ha estat expulsat de casa seva després d’haver‑hi viscut tota la vida, des del seu naixement. El desnonament es va executar al cinquè intent, amb un desplegament desproporcionat de vuit furgons policials, gairebé un centenar d’agents, bombers i efectius del Samur. I tot perquè la congregació religiosa propietària de l’immoble va decidir apujar‑li la quota, una quota que ell no podia assumir. Aquesta és la cara més cruel del sistema, que protegeix la propietat especulativa per sobre de la dignitat de les persones. De veritat, vostès pensen que en Mariano és un delinqüent? De veritat? Aquest model especulatiu també es perpetua per la manca d’ambició política d’aquells que no s’atreveixen a plantar cara als especuladors. El Partit Socialista parla molt d’habitatge, però massa sovint ens trobem que no passa als fets. Recentment, hem conegut un altre exemple dramàtic, el de la Trinidad Cruzado, veïna de Cornellà, una dona de 56 anys que viu sola en un pis pel qual paga 600 euros, i que ha començat a patir problemes quan la gestió de l’habitatge ha passat a mans d’un administrador de finques. Darrere de cada operació immobiliària, de cada expedient immobiliari, hi ha persones que veuen trencada la seva seguretat, la seva estabilitat i el seu projecte de vida. I és aquí on la política ha de decidir en quin costat està. Per això, mentre vostès debaten sobre tallar‑li els subministraments a en Mariano o la Trinidad, i evitar empadronaments de persones vulnerables, nosaltres continuarem treballant per combatre l’especulació i garantir el dret a l’accés a un habitatge assequible per a tothom, que aquest és el veritable problema.

Moltes gràcies.

Buenas tardes. Gracias, presidenta. Esta proposición de ley es una obra de teatro mala y caducada que pretende convencernos de que el principal problema en relación con la crisis de la vivienda no es que el precio de compra de un piso de segunda mano de dos habitaciones haya pasado en solo una década de 130 000 euros a 200 000 euros; no es que una de cada cuatro familias tenga que dedicar más del 70 % de sus ingresos a pagar los gastos de vivienda, y tampoco es que casi el 15 % de todas las viviendas estén vacías. El Grupo Popular hoy nos quiere convencer de que eso no es tan importante, de que lo importante de verdad es poder cortarle el agua y la luz a una familia que termine viviendo en un piso okupado o asegurarnos de que no dejarán que esta familia se empadrone en el ayuntamiento. Señorías del Grupo Popular, sin duda hay casos de okupaciones que son problemáticos y hay que buscarles solución y trabajar para que la justicia sea más rápida para encontrar soluciones eficaces y para que los propietarios puedan recuperar sus pisos. De hecho, por eso ahora Esquerra Republicana ha conseguido que haya 180 jueces más en Cataluña en dos años, para reforzar la justicia y para acelerar esos procesos, pero pretender hacer pasar eso como el principal problema en el ámbito de la vivienda es de un cinismo inaceptable. Miren, les voy a dar datos de Cataluña. La Agencia de la Vivienda de Cataluña dice que hay 32 800 pisos vacíos en manos de grandes tenedores, fondos buitres y fondos de inversión, con un parque de 3,9 millones de pisos. Eso representa casi un 1 % del parque de vivienda. ¿Sabéis cuál es el porcentaje de vivienda pública en Cataluña?: el 2 %. Es decir, que el 50 % de los pisos en manos de grandes tenedores, fondos de inversión dedicados a la especulación, es el 50 % del parque público en Cataluña. Son datos de los Mossos d’Esquadra sobre okupaciones. En 2025 se presentaron 7110 denuncias; han bajado un 20 %. Por tanto, este discurso catastrofista de que nos okuparán el piso cuando salgamos a tomar un café es falso de todas todas, y, además, cada vez es más falso. De hecho, este año hemos tenido un 20 % más de falsedad. El 96 % de las okupaciones se realizan en pisos vacíos, y el 80 % de estas okupaciones son propiedad de grandes tenedores o de fondos buitres o de inversión. De nuevo son datos de Mossos d’Esquadra, que, además, dicen textualmente que los casos de entrada a primera residencia son prácticamente inexistentes. Pero, a pesar de todo eso, ustedes, por interés y para arañar cuatro votos del vecino que tiene miedo, hacen que el discurso gire en torno a una preocupación que realmente no afecta a la gente, sino a los más poderosos, a los que ustedes representan. Son ustedes unos mentirosos y unos demagogos.

Estamos viviendo una situación sumamente grave y extraordinaria. Si lo comparamos con la mayoría de los países del planeta, en el Estado español, pese a que es un país rico, la gente no tiene cubiertas las necesidades más básicas del ser humano: tener un techo bajo el que cobijarse, una casa en la que refugiarse o donde construir una familia y un proyecto vital. Pero, señorías del Grupo Socialista, este cinismo no es exclusivo del Partido Popular, porque, aunque sus discursos no son tan esperpénticos como los del PP, sus menciones y omisiones les delatan. En una situación tan dramática como la que acabamos de exponer, solo prevén mil millones de euros al año en todo el Estado para construir vivienda. No es que sea insuficiente, es que es ridículo. En España ya ha habido 50 000 desahucios en la última década y un porcentaje muy grande en el último año pese a que parezca que es cosa del pasado. En los últimos dos años, ha habido un aumento del 80 % en el precio de la vivienda, mientras que el aumento de los sueldos no ha llegado ni al 8 %. Después de ocho años de Gobierno socialista, el parque público de vivienda es tan solo del 3 %, mientras que la media europea lo triplica, y hay ejemplos, como Países Bajos y Austria, en los que está por encima del 25 %.

Más allá de todos estos datos, se hace evidente que el verdadero problema de la vivienda es que depende del modelo especulativo. Se ha dejado de considerar que sea un derecho para convertirla en un activo financiero. Esto tiene responsables y consecuencias muy concretas en la vida de la gente, y les doy dos ejemplos. Recientemente, en Madrid, donde gobierna la señora Ayuso, Mariano, un jubilado de 60 años, ha sido expulsado de su casa después de haber vivido en ella toda la vida, desde su nacimiento. El desahucio se ejecutó con un despliegue de ocho furgones policiales y cientos de efectivos de bomberos y del SAMUR, y todo porque la congregación religiosa propietaria del inmueble decidió subirle la cuota, una cuota que él no podía asumir. Esta es la cara más cruel del sistema que protege la propiedad especulativa por encima de la dignidad de las personas. ¿De verdad ustedes piensan que Mariano es un delincuente? ¿De verdad? Este modelo especulativo también se perpetúa por la falta de ambición política de quienes no se atreven a plantar cara a los especuladores. El Partido Socialista habla mucho de vivienda, pero, con demasiada frecuencia, vemos que no pasa a los hechos. Recientemente, hemos sabido de otro ejemplo, el de Trinidad Cruzado, de Cornellá, de 56 años, que paga 600 euros por el piso y ha empezado a sufrir problemas cuando la propiedad ha pasado a un gestor de fincas. Detrás de cada expediente inmobiliario hay personas que ven cómo se rompe su seguridad, su estabilidad y su proyecto de vida, y es aquí donde la política tiene que decidir de qué lado está. Por eso, mientras ustedes debaten sobre cortarles suministros a Mariano o a Trinidad y evitar empadronamientos de personas vulnerables, nosotros seguiremos trabajando para combatir la especulación y defender el derecho a una vivienda asequible para todos. Ese es el verdadero problema.

Muchas gracias. (Aplausos).

No quiero comenzar sin que se vuelva a decir una vez más en esta Cámara, alto y claro: libertad a todos los activistas de la flotilla secuestrados ilegalmente por el Ejército de Israel, libertad para los presos políticos palestinos, sanciones y ruptura de relaciones comerciales inmediatas con Israel, movilización permanente para parar el genocidio. ¡Viva Palestina Libre! (Aplausos).

Hoy, el Grupo Parlamentario Popular nos presenta como mágica una propuesta que en el fondo busca lo de siempre, que es hacerles el juego a los grandes especuladores y criminalizar y estigmatizar a quienes pueden perder su vivienda o ni siquiera pueden acceder a una. Qué atrevidos, qué valientes, señorías. Pero, sobre todo, qué descaro venir a esta tribuna a dar lecciones cuando son los principales responsables de la emergencia habitacional que tenemos entre nosotros. ¿Por qué, me dirán ustedes? Pues veamos: en 1998, José María Aznar, como presidente del Gobierno, decide que todo el suelo será urbanizable. Los grandes especuladores salivan pensando en sus beneficios estratosféricos. Y tal cual, en algo más de cinco años, el precio de una vivienda nueva pasa de 1089 euros por metro cuadrado a 2095. Brillante, ¿no? Pero no acaba ahí. En 2013, Ana Botella, mujer de Aznar, alcaldesa de Madrid, vende 1806 viviendas públicas de alquiler social, de gente trabajadora, de gente vulnerable, al fondo buitre Blackstone. Genial. Al mismo tiempo, Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, vende 3000 más a los mercados financieros. El resultado: incrementos brutales de los alquileres y la expulsión de miles de vecinos y vecinas de sus barrios. Puros estadistas.

Esta es, señoría, la política de vivienda del Partido Popular, de Rajoy y de Aznar. Pelotazos urbanísticos, remate del parque público, corrupción a punta pala, como en la Gürtel, como en la Púnica. Pero, eso sí, el único presidente imputado es José Luis Rodríguez Zapatero. ¡Qué vergüenza y qué impunidad! (Aplausos). Pero va bien recordarlo, porque nos ayuda a entender lo que está pasando aquí. España acoge una paradoja llamativa, que es la de tener millones de viviendas vacías y, al mismo tiempo, millones de personas que no pueden adquirir su primera vivienda ni pagar un alquiler. ¿Cómo puede ser? Pues la razón es sencilla, porque hay grupos organizados, bandas, podríamos decir, que retienen viviendas vacías para que el precio del alquiler aumente. Y no son inquiokupas, como dicen el Partido Popular y VOX, son otro tipo de okupas. Los fondo‑okupas, los banco‑okupas, que retienen vivienda vacía o que hostigan a sus inquilinos para echarlos y poder aumentarles el alquiler. Blackstone, los amigos de Trump, 222 000 pisos retenidos; Cerberus, 150 000; Longstar, 77 000, y algunos con centenares de viviendas y apellidos muy españoles sobre los que el PP y VOX no dicen jamás nada, ni un solo reproche, ni una sola ley, ni una sola medida. ¿Por qué? Bueno, porque ustedes, señorías, son crueles, efectivamente, con las familias que quieren probar a poder quedarse en un piso pagando un alquiler digno y, en cambio, agachan las orejas con los bancos okupas, con los fondos okupas, que son los que quieren echar a esas familias para multiplicar el precio por tres o por cuatro. Por eso, nos presentan hoy una ley que habla de desalojos en veinticuatro horas, de cortar el agua y la luz sin que sea delito, de impedir el empadronamiento, es decir, el acceso a sanidad, a educación, a servicios sociales, a familias en situación de extrema necesidad. ¿Por qué? Porque lo que les importa no es el derecho a la vivienda, sino convertir la pobreza en delito y asegurar la impunidad total de los especuladores. Y he aquí una pregunta.

Què farà Junts, senyora Madrenas? Perquè aquí s’ha de prendre partit. Demà mateix, dimecres, el fons New Amsterdam Developers pretén desnonar a Barcelona l’Olalla i els seus tres fills. Vol buidar l’edifici per llogar habitacions a 900 euros, i que és el mateix que vol fer a altres blocs. Què és el que vostès faran? Perquè tot és complicat, senyoria, però aquí s’ha de prendre partit. Demà, o amb l’Olalla i els seus tres fills, o amb els fons voltor que els volen fer fora de casa nostra. Aquí es decideix qui és patriòtic i no.

¿Qué hará Junts? Porque aquí hay que tomar partido. Mañana mismo, el miércoles, el Fondo New Amsterdam pretende desnonar en Barcelona a la Olalla y a sus tres hijos. Quiere vaciar el edificio para alquilar habitaciones a 900 euros, que es lo mismo que quiere hacer en otros bloques. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Porque todo es complicado, señoría, pero aquí hay que tomar partido: mañana, o bien con Olalla y sus tres hijos, o con los fondos buitre que quieren echarlos de casa. Aquí se decide quién es patriótico y quién no. (Aplausos).

Porque las alternativas existen. Existen en Suecia, existen en los Países Bajos, en Austria, en el Sudeste Asiático, en China y en otros sitios. Escojan el que quieran. Y ese modelo alternativo al que plantea el Partido Popular parte de un presupuesto básico, que la vivienda es un derecho y que no es un negocio, y que eso tiene una tradición práctica: regular los alquileres para contener o bajar los precios, luchar contra los pisos turísticos, expropiar casas vacías en manos de grandes tenedores, adoptar medidas concretas contra la especulación, reforzar el parque público de vivienda. Obviamente, ninguna de estas políticas ha caído del cielo, han sido producto de movilizaciones populares, de presión social y sindical y de valentía institucional. Por eso, tenemos un problema con la derecha rentista. Pero también, desgraciadamente, lo tenemos, a veces, con el Partido Socialista, que muy a menudo mira con un ojo a su base popular y con el otro a los grandes lobbies del partido inmobiliario financiero. ¿Cómo es posible, si no, que el Partido Socialista de Jaume Collboni en Barcelona presione para que se elimine la reserva del 30 % de vivienda protegida para nuevos desarrollos urbanísticos? ¿Cómo es posible que mientras en Alemania y ahora en el Reino Unido se abren camino los contratos indefinidos de alquileres, los ministerios de Vivienda, de Hacienda y de Economía no hayan hecho más por impulsarlos? ¿Y la prohibición de las compras especulativas que existe en Ámsterdam, que la ministra Rodríguez dice avalar ahora, pero que tiene sobre su escritorio desde hace meses?

Señorías, los sindicatos de inquilinas, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, los colectivos de barrio, los que se han partido la cara poniendo nombre a los especuladores y a los fondos buitres nos exigen que actuemos. Por lo tanto, que su determinación y su fuerza moral nos muevan a la acción, pero que nos muevan a la acción ya, porque la justicia tardía no es justicia, porque hace tiempo que vemos que ellos tienen algunos jueces con mucho poder, pero nosotros tenemos las leyes y necesitamos leyes que defiendan a los que más las necesitan; porque la reforma urbana, igual que la reforma agraria, son la vía más eficaz para minar a los poderes neofranquistas que amparan y que financian a la ultraderecha; y porque si se cree que la vivienda no es un negocio, sino un derecho, hay que tener el coraje, aquí y ahora, de plantar cara a quienes querrían que fuera su cortijo como la tierra y tratar a la mayoría social como si fuéramos siervos feudales.

Muchas gracias. (Aplausos).

Muchísimas gracias, señora presidenta. Ni un solo español indefenso en su hogar, ni un solo español con miedo en su barrio. Mientras los españoles trabajan para tener un hogar, este Gobierno trabaja por los okupas, en vez de construir para que los españoles sean propietarios. (Aplausos). Señorías, hay imágenes que describen la decadencia: la anciana que vuelve del hospital y se encuentra su casa okupada, el trabajador español que, después de treinta años pagando su hipoteca, se encuentra que el okupa tiene más derechos que él mismo, o el joven que no puede alquilar porque el Gobierno ha hecho que los propietarios retiren inmuebles del mercado por miedo a no recuperarlos jamás. Esa es la España del Partido Socialista, la España donde el honrado tiene que pedir permiso y el okupa y el delincuente exigen derechos. (Aplausos). Y no, señorías, esto no es una exageración. Según los datos oficiales, en España se okupan más de cuarenta y cinco viviendas al día. Estamos hablando de más de dos viviendas okupadas a la hora. Por tanto, sus discursos demuestran la distancia sideral entre los discursos de la izquierda y los problemas reales de los españoles. Porque ―que no se nos olvide― la izquierda siempre acaba destruyendo todo aquello que dice querer proteger. Es más, ese es su negocio. Por eso les preguntamos por la falta de sensibilidad social que tienen ustedes con la anciana que pierde su vivienda y la falta de sensibilidad social con los barrios obreros españoles, que están hartos de las mafias de la okupación, de la delincuencia y de la inmigración. (Aplausos). Porque quienes sufren todo esto no son las señorías de la izquierda ni las élites progresistas que viven en urbanizaciones vigiladas, sino que son los jubilados españoles, los trabajadores españoles, las madres solteras, los jóvenes y los miles de potenciales inquilinos que no son capaces de alquilar porque se les exigen avales, fianzas y nóminas por la inseguridad jurídica que la izquierda ha provocado en España. Hoy, en nuestra nación, una persona tarda más o menos entre treinta y treinta y cinco años en pagar su hipoteca. En cambio, en cuarenta y ocho horas es capaz de perderla por culpa de la okupación y, encima, el Estado exige al propietario que pague los impuestos, la comunidad y los suministros. A esto llama progreso la izquierda; nosotros lo llamamos la demolición del Estado de derecho. Basta con mirar a otras naciones para ver cómo la izquierda ha convertido España en el paraíso de los delincuentes. En Francia, por ejemplo, la ley Kasbarian‑Bergé, del año 2023, expulsa al okupa de manera inmediata; en Italia también hay desalojo inmediato para el okupa y se han incrementado las penas hasta siete años en determinados casos de okupación, y en Alemania y en Estados Unidos nadie se puede creer que, encima de que te okupan la casa, el propietario tenga que pagar los suministros, los impuestos y la comunidad.

Señorías del Grupo Popular, esta iniciativa va en la buena dirección. Nos alegramos profundamente de ello. Desde que VOX nació en el año 2013 siempre ha querido atacar la okupación ilegal y ha defendido la propiedad privada. Pero mientras VOX exigía esto, el Partido Popular gobernaba con mayoría absoluta en el Gobierno de Mariano Rajoy, en el año 2015, y modificaba el Código Penal reduciendo las penas de la llamada okupación no violenta, cuando por entonces en España existían más de 10 000 okupaciones al año. (Aplausos). Además, hemos tenido que ver también, para desgracia de los españoles, cómo en nada que el Gobierno o el Partido Socialista presionan un poco al Partido Popular, el Partido Popular dejaba indefensos a miles de propietarios modestos; no a los fondos de inversión extranjeros, sino a las familias trabajadoras, a las madres solteras o a los jubilados, votando que sí año o tras año a los decretos leyes del Gobierno de Pedro Sánchez.

Señorías, hay algo que millones de españoles ven cada día, pero que parece que el Congreso de los Diputados dice no enterarse, y es que la okupación y la inquiokupación tienen una estrecha relación con las mafias de la okupación y con la inmigración. Esto, desde luego, sí que lo dice VOX, pero también lo señalan los datos. Según datos del Ministerio del Interior, más del 50 % de las okupaciones que se producen en España están producidas por extranjeros. Incluso en algunas regiones españolas, como en Cataluña, el 60 %. ¿Y esto qué significa? Que han convertido España en el paraíso de las mafias de la okupación. Otro récord para Pedro Sánchez, porque desde que llegó al Palacio de la Moncloa, en el año 2018, las okupaciones por parte de extranjeros se han incrementado en más de un 1000 %, y encima les llenan de ayudas sociales, les empadronan y les regalan la regularización para quedarse.

Esto es para nosotros una absoluta traición a los españoles, y VOX lo dice sin miedo, y por eso mismo también decimos sin miedo que para el extranjero que sea condenado por okupación es necesaria la deportación y la expulsión inmediata de España. (Aplausos).

Como decía, esta iniciativa del Grupo Popular va en la buena dirección, pero se queda corta. Se queda corta porque hay que aumentar más las penas en los casos de allanamiento de morada o usurpación ilegal de inmueble; se queda corta porque hay que expulsar al extranjero que cometa un delito de okupación, y también se queda corta porque, como hemos llegado a acuerdos en Extremadura y Aragón, es necesario que el que sea condenado por okupación no pueda percibir una vivienda pública ni tampoco ayuda social en materia de vivienda.

Señorías del Grupo Popular, es necesaria la prioridad nacional para acabar con la ocupación, porque una nación seria no abandona a quien cumple la ley ni protege al que la vulnera. Solo así iremos avanzando para que no haya miedo en los barrios y ni un español se sienta indefenso en su hogar.

Muchísimas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Gracias, presidenta. Señorías, todos sabemos que la inviolabilidad parlamentaria no garantiza la honestidad de quien se vale de ella. Usted, señor Sayas, es un buen ejemplo de ello, porque tiene tela que precisamente una persona que es un tránsfuga, además en contra de los derechos de los trabajadores, salga aquí a dar lecciones de limpieza política. ¡Tiene tela! y, sobre todo, tiene mucha incoherencia. (Aplausos). Señorías, a nosotros no nos van a engañar. Esta proposición de ley no tiene nada que ver con erradicar la okupación y, desde luego, no tiene nada que ver con el hecho de intentar mejorar la convivencia vecinal. Esta proposición de ley tiene un objetivo claro, que es blanquear su estrepitoso fracaso en la política de vivienda allí donde gobiernan, donde no aplican la herramienta que puede acabar con la espiral prevaricadora que vacía de vecinos nuestros pueblos y ciudades para llenar el balance contable de fondos millonarios, banca de inversión y otros especuladores del montón. A estos últimos sí, señor Sayas, a estos últimos sí que se dirige esta proposición de ley, porque no sirve para proteger al pequeño propietario. Esta proposición de ley sirve para proteger al gran especulador, y por eso ustedes eliminan el delito de coacciones para los fondos buitre que cortan el agua, el gas o la electricidad, sin embargo, suben la pena a los inquilinos, que no pueden pagar no porque no quieran, sino porque no pueden, haciendo que un especulador pueda aún más rápido cumplir su objetivo: dejar sin vivienda a los más vulnerables y llenarlo todo de alquiler de temporada. Negocios a cambio de derechos. Es una barbaridad que nosotros, señores del Grupo Popular, no vamos a tolerar. (Aplausos). Los veo, además, especialmente quejosos. Señor Sayas, le veo especialmente quejoso a usted con trámites de intendencia parlamentaria, pero ¿por qué no han presentado esta proposición de ley aquí en este mismo Congreso desde el año 2024, que dicen que está parada? ¿Por qué no lo han hecho? Yo creo que solamente puede deberse a dos cuestiones. Por un lado, porque saben que este es como su pavo de Navidad, algo que ustedes tienen que inflar porque saben que estamos ante un tema residual, como las políticas que pactan con VOX, claramente residuales; o bien porque quieren seguir dando trabajo a los socios de sus socios, a los de las mafias de desokupación. Así que, como estos demuestran en cada intervención que la evolución no es un proceso obligatorio para todo el mundo, tiene que ser lo primero, que saben ustedes que la okupación es un problema, sí, pero que tienen ustedes que magnificar su dimensión, porque son los electrolitos en su eterna carrera donde Coyote Feijóo nunca alcanza a Correcaminos Abascal. Y es mucho más probable que todos los que estamos aquí, y los que nos estén escuchando, tengamos cerca un caso de personas o familias enteras con dificultades para acceder a una vivienda o para poder seguir pagando su vivienda que personas o familias en riesgo de que okupen su propiedad. Por tanto, señores del Grupo Popular, ¿a quiénes se deben ustedes? Y, sobre todo, ¿por qué no aportan en la proposición de ley ni un solo dato que atestigüe la enorme crisis social que dicen ustedes que provoca la okupación ilegal? Nuevamente, tiene que ser una de dos: o porque este dato no existe, o, sinceramente, porque este dato les deja a ustedes en evidencia. ¿Cómo olvidar aquella oficina antiokupación que ustedes desplegaron desde la Junta de Castilla y León que, más que una unidad administrativa, parecía el despacho de Abascal en una jornada laboral? ¡Cero por ciento de trabajo diario! ¡Ni una llamada al día tenía su oficina antiokupación, señorías del Grupo Popular! (Aplausos). Este complejo debate solamente puede abordarse, señorías del Grupo Popular, bajo el prisma de dos dimensiones: o con la estadística real, o a través del onírico mundo de lo sensacional. Y, sí, evidentemente, a quien sufre una okupación tenemos que ayudarle.

Tenemos que ayudarle a través de la mejora de la respuesta administrativa y de la respuesta judicial, porque quien lo sufre, evidentemente, tiene un problema grande, pero no es un gran problema social, que es lo que tratan de regular hoy aquí con esta proposición. La okupación en España afecta al 0,061 % de las viviendas; sin embargo, los españoles creen que afecta al 51,3 %. Su respuesta ante todo: el populismo punitivo y el populismo fiscal, ¡como si alguna vez los hubieran hecho funcionar! Pero no, el aumento penológico no tiene mayores efectos preventivos generales en la comisión de un delito, porque a un okupa no le da por leerse el Código Penal o la Ley de Enjuiciamiento Criminal antes de delinquir. Subir las penas, señorías del Grupo Popular, no va a posibilitar ni evitar que se cometa ni una okupación. Ustedes lo saben bien, pero les da igual. Ustedes, con su propuesta, van a dar la misma respuesta punitiva a quienes entran a una vivienda vacía de un fondo de inversión, que probablemente no sepan ni que la tienen, que obligar a presenciar actos sexuales a un menor de 16 años. ¿Pero ustedes dónde dejaron la ratio puniendi, señores del Grupo Popular? Probablemente, con la moderación de Feijóo, que un día floreció y todos los demás se marchitó.

No es la única aberración jurídica que ustedes cometen. En sus filas hay bastantes juristas; sin embargo, todos ellos están opacados hoy por un discurso macarra que igual le sienta bien al señor Tellado, pero que desde luego hace y arrastra al Partido Popular a presentar iniciativas sin solvencia jurídica; un pobre cascarón que desde luego no tiene ningún tipo de seguridad ni de rigor técnico. Pero levantando el velo de estas y otras aberraciones jurídicas que plantean en esta proposición, lo que aparece es el suelo de esta proposición, que no es ni justicia ni protección, es el viejo privilegio de siempre que ustedes llevan defendiendo desde antes de la democracia: torcer la mano del humilde para entregarle todo al que más puede, proteger al gran tenedor para sumir en el terror a quien vive angustiado con el riesgo de perder su morada. Se entiende perfectamente por qué ustedes eliminan el factor y la función social de la propiedad en esta proposición y, sobre todo, por qué ustedes no paran de pervertir el lenguaje para tratar por igual al jeta que entra y okupa que al padre o madre de familia que lleva años pagando religiosamente su alquiler y ahora está en dificultades no porque no quiera, sino porque no puede pagar su renta (aplausos); miles de ciudadanos que con la renta de su trabajo no consiguen superar la voracidad especuladora de los fondos buitre, a quienes ustedes brindan todas sus políticas de vivienda y blindan hoy en esta ley. Legislar para que un fondo de inversión tenga más fácil hacer que una familia pueda perder su casa no es proteger al pequeño propietario, señores del Grupo Popular, es pura violencia social consciente. Criminalizan a quien no supera el estándar de elitismo, que tan bien defiende el Partido Popular. El otro día votaron para dejar en riesgo de desahucio a miles de ciudadanos y hoy votarán para ponérselo aún más difícil a los que aún luchan por permanecer en sus pueblos y ciudades.

Acabo, presidenta. Señorías del Grupo Popular, jamás han mostrado la más mínima sensibilidad para atender a las causas de los impagos ni para que la decisión judicial que acabe en lanzamiento venga acompañada de una respuesta social. Por eso proponen hoy una ley que criminaliza al vulnerable, al migrante, al nacional currante, al que quieren que les trabaje de sol a sol pero que a las ocho de la tarde huya del centro de las ciudades, donde no tiene derecho a habitar; que vivan, pero que no convivan con nosotros; que salgan de casa a trabajar, pero que no tengan un hogar al que regresar. Criminalizan también al trabajador pobre, ya que no solamente votan en contra del salario mínimo interprofesional, de las becas o de las pensiones, sino que ahora también quieren dejarle sin solución habitacional. Pero les diremos algo: entre quienes quieren hacer de los derechos un negocio y quienes solo piden vivir con dignidad, los socialistas tenemos claro a quién nos debemos y con quién estar.

Muchas gracias. (Aplausos).