Proyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución Española.

Gracias, presidenta. Señorías, subo a esta tribuna en representación del Gobierno de España sintiendo el orgullo de pertenecer a una larga cadena de mujeres poderosas, de mujeres feministas, de mujeres que han hecho avanzar este país. Algunas hoy están aquí compartiendo este importante debate. (Aplausos). Son mujeres que estuvieron antes, mujeres que están hoy, mujeres que se dejan, día a día, la piel para que este país siga avanzando. Lo hago, además, con la certeza de que estamos haciendo historia, porque estamos defendiendo un pilar esencial de nuestra democracia: la libertad de las mujeres para desarrollar plenamente su proyecto de vida. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).

Hoy, vengo a defender el derecho a decidir, la autonomía sobre nuestros cuerpos, la capacidad de vivir en igualdad, sin imposiciones ni tutelas, porque, cuando garantizamos esos derechos, fortalecemos nuestra democracia. Sé que no se trata de un debate nuevo ni de reconocer el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Estamos afirmando un consenso que la sociedad española hace tiempo consolidó. Lo que pretendemos alcanzar con esta reforma es que un derecho ya reconocido sea, por fin, un derecho plenamente garantizado.

La libertad de las mujeres para decidir sobre su maternidad no está en cuestión en nuestro país, afortunadamente. Se trata de un derecho plenamente integrado en nuestro ordenamiento jurídico y expresamente reconocido por el Tribunal Constitucional en repetida jurisprudencia y, más concretamente, en la Sentencia 44/2023, donde se deja claro que la dimensión de libertad, la dimensión individual del derecho de las mujeres, está reconocida en nuestra Constitución y conectada íntimamente con la dignidad de la persona humana, con el libre desarrollo de su personalidad y, en definitiva, con la integridad física y moral que reconocen los artículos 10, 14 y 15 de la Constitución. La dimensión de libertad del derecho, por lo tanto, no está en riesgo, pero sí lo está el ejercicio real y efectivo de la interrupción voluntaria del embarazo. La libertad no está en duda ―repito―, pero ¿de qué sirve si no podemos ejercerla en condiciones de seguridad, de igualdad y de plenitud en todo el territorio?

Señorías, los datos más recientes nos dicen que esa igualdad no se respeta en España. En 2024, casi el 80 % de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizaron en clínicas privadas y con diferencias territoriales muy sustantivas. En cuatro comunidades autónomas —C‌ antabria, Galicia, La Rioja y Navarra— el 75 % de las interrupciones voluntarias del embarazo se practicaron en la sanidad pública. Mientras que en once regiones y en las ciudades autónomas el porcentaje no llegó ni siquiera al 10 %. Por ejemplo, en Cataluña se alcanzó un 55 %, pero sorprenden las cifras particularmente bajas, por ejemplo, de Andalucía ―un 0,2 %― o de la Comunidad de Madrid ―un 0,4 %―, donde su presidenta, además, directamente manda a las mujeres a abortar a otro lado. Es más, señorías, lamentablemente, hoy hay mujeres españolas que siguen siendo obligadas a salir de nuestro país para poder interrumpir su embarazo. Según los datos del hospital público de Bruselas, en 2024 se practicaron allí cuarenta y cuatro abortos a mujeres españolas, y aproximadamente el 44 % de las que viajaron a esa ciudad proceden, curiosamente, de la misma comunidad autónoma. Hablamos de embarazos de más de veintidós semanas, con anomalías fetales graves, en los que la ley española permite la interrupción, pero que en la práctica dependen del aval de comités clínicos que, no en pocas ocasiones, rechazan estas solicitudes. Son mujeres que, queriendo ser madres, se ven en la durísima situación de tener que abortar por inviabilidad del nasciturus. De hecho, según la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo, en torno a un 40 % de estos casos son denegados en la sanidad pública de algunas comunidades, dejando a estas mujeres simplemente sin alternativa. Los responsables médicos de dicho hospital dicen que hay solicitudes de mujeres españolas que no han podido ejercer su derecho en su propio sistema sanitario y que no tienen más remedio que buscar amparo en otros países donde puedan ser convenientemente atendidas. No, no estamos hablando de los años cuarenta, cincuenta o sesenta del siglo pasado; es hoy, en España, con una democracia asentada, con un sistema público de salud que es la joya de nuestra corona todavía. Señorías, ninguna mujer debería verse obligada a pasar por una situación así cuando simplemente quiere ejercer su derecho. (Aplausos). Por eso, la reforma que proponemos es imprescindible para garantizar la libertad a la interrupción voluntaria del embarazo de una manera real y efectiva en todo el territorio y con los medios y prestaciones necesarios para garantizarlo. No se equivoquen, no cuestionamos el papel de las clínicas acreditadas, que han sostenido durante años una prestación que no siempre ha estado garantizada en el sistema público; muy al contrario, es justo reconocer que en muchos casos no solo han acompañado, sino que han protagonizado la lucha por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos en este país, pero su compromiso con las mujeres tiene que ser complementario al que ofrece la cartera de servicios de la sanidad pública. Un Estado social y democrático de derecho no puede permitir que haya mujeres de primera y de segunda; mujeres con derechos plenos y mujeres solicitantes de atención sanitaria en otros países; mujeres que superan esta situación en su domicilio, con su familia, y mujeres que la afrontan lejos de casa.

Señorías, terminar con esa desigualdad en el ejercicio del derecho es precisamente el objetivo esencial de esta reforma constitucional que hoy planteamos. Una reforma que se concreta en la incorporación de un nuevo apartado al artículo 43 de la Constitución, que reza, según indicaciones del Consejo de Estado, lo siguiente: Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios. Su significado jurídico es muy claro: convertir en mandato constitucional la obligación de garantizar el acceso efectivo al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en toda España y de forma equitativa; blindar, por tanto, su dimensión prestacional. En este sentido, no se modifica el modelo vigente ni se altera la regulación sustantiva del derecho; simplemente se protege su ejercicio en condiciones de igualdad. Y se hace con todas las garantías y con el aval por amplia mayoría del Consejo de Estado, que es claro cuando afirma ―y cito textualmente―: No se observa obstáculo jurídico alguno para esta reforma y que su tramitación pueda continuar.

Señorías, esta reforma garantiza que ninguna mujer vea limitado su derecho por razones geográficas y refuerza la igualdad real, aumentando la seguridad jurídica y protegiendo frente a posibles retrocesos. (Aplausos). Hoy, señorías, como todos ustedes saben, se votan dos enmiendas a la totalidad que no proponen texto alternativo alguno, solo la devolución al Gobierno. Y creo, sinceramente, honestamente, que no sería honesto hurtar al Parlamento de lo que constituye su esencia ―el diálogo, el debate de ideas, la exposición de múltiples puntos de vista―, especialmente, señorías, en un momento histórico en el que el enfrentamiento se ha adueñado del espacio público y donde el exabrupto nos aleja del sentir común, del interés general, que sí es posible alcanzar con diálogo y consenso. Por eso, señorías del Grupo Popular y señorías de VOX, les pido humildemente que retiren sus enmiendas a la totalidad y den paso al diálogo. La sociedad española tiene derecho a un debate riguroso y honesto sobre este asunto. Cuando una mujer, con independencia de su ideología, toma la decisión meditada y responsable de interrumpir su embarazo, lo hace desde su autonomía, pero, repito, fundamentalmente desde su responsabilidad, en el marco de una realidad probablemente compleja y de circunstancias diversas que no necesitan ser justificadas, sino simplemente respetadas. (Aplausos).

La interrupción voluntaria del embarazo, en no pocas ocasiones, es también la consecuencia de situaciones que podrían haberse evitado. Sí, podrían haberse evitado con más información, con más recursos y también con más y mejor educación sexual. Y es ahí, señorías, donde este debate exige honestidad, exige rigor, exige altura de miras. Si de verdad el objetivo es reducir el número de interrupciones voluntarias del embarazo, no basta con enunciarlo; es imprescindible actuar sobre sus causas. La respuesta no puede ser la restricción del derecho, sino la prevención. Una prevención que pasa necesariamente por la educación en igualdad entre mujeres y hombres, por el acceso a una información veraz y por una educación afectivo‑sexual rigurosa. Solo así se reducen los embarazos no deseados. Si de verdad queremos menos abortos, el camino es claro: más educación, más igualdad y más prevención. (Aplausos).

La educación afectivo‑sexual, señorías, no es ideología. Una amplia mayoría de la ciudadanía respalda el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, lo que evidencia que no estamos ante una cuestión controvertida en términos sociales, sino ante un derecho plenamente asumido y normalizado en nuestra convivencia democrática. Cuando existe un consenso social tan amplio y sostenido en el tiempo, la política tiene la responsabilidad de acompañar esa realidad, de traducirla en garantías efectivas y de reforzar su protección jurídica, asegurando que su ejercicio no pueda ser condicionado por factores externos o desigualdades territoriales. Así ha sucedido en países de nuestro entorno, como Francia o Luxemburgo, donde recientes reformas constitucionales han incorporado la garantía del derecho a esta interrupción voluntaria del embarazo en los propios textos fundamentales, en sus constituciones. Las reformas han contado con un respaldo parlamentario extraordinariamente amplio, que ha trascendido las divisiones políticas y ha cosechado apoyos de espacios ideológicos tradicionalmente contrarios a este derecho. En Luxemburgo, la reforma constitucional se ha aprobado con una amplia mayoría desde un enfoque jurídico y sanitario, como una garantía frente a posibles retrocesos. Y lo relevante no es solo el resultado, sino cómo se ha producido, sin una estrategia de bloqueo por parte de la derecha, que ha participado en todo momento en el debate con matices, pero sin convertirlo en un asunto de confrontación partidista. Lo mismo ha sucedido, señorías, en Francia: incluso posiciones políticas muy alejadas han entendido que hay debates que una democracia madura debe poder desplegar. Porque hay derechos que, una vez reconocidos y asumidos socialmente, deben situarse fuera de la confrontación partidista y pasar a formar parte del consenso básico que sostiene el sistema democrático. Fíjense, en ese contexto, incluso representantes de la derecha francesa han señalado que, más allá de sus posiciones de fondo, la constitucionalización responde a la necesidad de proteger el marco jurídico vigente frente a eventuales posibles retrocesos y de ofrecer una garantía adicional de estabilidad y de seguridad para las mujeres. La misma Marine Le Pen manifestó que no iba a oponerse a la inclusión del derecho en la Constitución, en la medida en que no alteraba la legislación existente, situando así el debate en el terreno de la protección jurídica y no en el del conflicto. Señorías, ese posicionamiento ilustra una idea que me parece especialmente relevante: incluso quienes no han sido impulsores de este derecho pueden reconocer que su protección forma parte de la consolidación democrática. Eso es precisamente lo que hoy les planteamos: demos una oportunidad al diálogo, veamos la conveniencia de incorporar a la Constitución el ejercicio de la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de equidad y de seguridad sanitaria en todo el territorio, para todas las mujeres.

Seamos claros, este es un debate que incomoda a algunos grupos políticos, especialmente a ustedes, señorías del Grupo Popular (el señor De los Santos González: Que no, que no), porque les sitúa ante una realidad social ampliamente asentada y ante posiciones que no siempre son homogéneas, ni siquiera dentro de su propio partido ni tampoco entre sus votantes. Precisamente por eso, esta reforma es también una oportunidad para el Grupo Popular. Una oportunidad para dejar atrás esa incomodidad, para dotarse de un marco estable que les permita no tener que reabrir permanentemente este debate ni verse obligados a tomar posición en términos de confrontación, sino a formar parte de un consenso democrático amplio que ya existe en la sociedad española. (Aplausos). Señorías del Grupo Popular, créanme, están a tiempo de volver a la senda de la defensa de los derechos de las mujeres. Debatamos esta propuesta, confrontemos ideas, busquemos acuerdos y avancemos. Retiren su enmienda a la totalidad. Sean, como lo han sido en otro tiempo, un partido de Estado. (Rumores).

Señorías, el reconocimiento de la libertad de las mujeres a ejercer su maternidad no nace en esta reforma, por supuesto, pues es heredera de la lucha del movimiento feminista, de la perseverancia de generaciones de mujeres que defendieron su libertad en contextos en los que ni siquiera estaba reconocida, de quienes abrieron camino cuando no había caminos, de quienes los consolidaron cuando aún eran frágiles y de quienes los defienden cuando se intentan retrocesos. Esta misma semana se homenajeaba aquí cerca a Carlota Bustelo, diputada en esta Cámara durante las Cortes Constituyentes. Desde esta misma tribuna, en el año 1978, ella defendió la legalidad de los anticonceptivos. Lo hizo en un momento en el que hablar de estos derechos suponía cuestionar inercias profundamente arraigadas, en el que la autonomía de las mujeres sobre su propio cuerpo ni siquiera formaba parte del debate público, y en el que dar ese paso exigía convicción profunda, claridad y determinación política. Carlota representa hoy a una generación de mujeres que entendió que la libertad no podía construirse dejando fuera el cuerpo de las mujeres, y que la libertad y la dignidad de la mitad de la población merecía la pena. (Aplausos). Aquel impulso no fue un gesto aislado, sino parte de un proceso más amplio de apertura democrática y de reconocimiento de libertades que hasta entonces habían sido negadas a las mujeres. Permitió empezar a situar los derechos sexuales y reproductivos en el lugar que les correspondía, dentro de nuestro sistema de derechos, dentro de nuestra calidad democrática. Su valentía no solo fue admirable, sino que también fue determinante para abrir una senda de libertad que hoy seguimos recorriendo. Como ella, muchas mujeres sostuvieron la conquista de los derechos sexuales y reproductivos en nuestro país con su compromiso y, en muchas ocasiones también, con un enorme coste personal. Fueron mujeres que se organizaron, que alzaron la voz cuando no era fácil y que defendieron la libertad frente al estigma. Gracias a ellas, hoy podemos hablar de nuestro derecho a decidir sobre nosotras mismas, sobre nuestro cuerpo y sobre nuestros proyectos de vida; también del derecho a interrumpir voluntariamente nuestro embarazo como una expresión irrenunciable de autonomía, de dignidad y de igualdad. Este recorrido tiene hitos claros, desde la ley de 1985 hasta la ley de 2010, pasando por la última reforma de 2023, pero también ―y más importante― tiene una dimensión social que va de las calles a las instituciones, de la movilización cívica a la acción legislativa, y desde el tren de la libertad hasta esta tribuna. En ese tren de la libertad, miles de mujeres y hombres llegados de todas partes fueron indispensables para el avance. Alzaron fuertemente su voz para gritar que ni un paso atrás en nuestros derechos. Fueron un latido compartido, una memoria viva de quienes habían luchado antes y una promesa hacia quienes vendrían después. Aquel movimiento llevaba consigo convicción, coraje y una certeza profunda de que los derechos de las mujeres no se negocian, no se recortan y no se someten a retrocesos, porque cada conquista lleva detrás una historia de lucha y cada intento de retroceso encontrará siempre una respuesta colectiva. (Aplausos). Señorías, en cada momento se han producido avances adaptados a las necesidades de una sociedad en permanente transformación. Esta es una apuesta de todas y de todos por la igualdad y la libertad.

Queridas compañeras feministas que hoy nos acompañáis (dirigiéndose a la tribuna de invitados), es un placer teneros con nosotras. Es un placer que nos reforcéis, que nos apoyéis y que estéis siempre en la lucha. Gracias por vuestra energía y por vuestra perseverancia, porque hoy podemos abordar este debate con la dignidad y la conciencia de que cada derecho que defendemos tiene detrás historias concretas, historias de valentía y de resistencia. A las que hoy estáis aquí y a todas las que nos sostenéis cada día en vuestra lucha y en nuestra lucha feminista, en tantos espacios, en tantas plazas y en tantas vidas, gracias. (Aplausos). Gracias por no rendiros. Gracias, porque si vosotras no os rendís, nosotras no nos rendiremos. Y gracias por seguir haciendo posible el avance, siempre hacia adelante, siempre avanzando en derechos. Durante demasiados siglos las mujeres hemos sido reducidas al rol de madres y no renunciamos a serlo, pero queremos elegirlo. A estas alturas de nuestra democracia es nuestra responsabilidad histórica blindar los derechos sexuales y reproductivos en la Constitución, con todas sus dimensiones, precisamente en un contexto internacional en el que los derechos sexuales y reproductivos están siendo cuestionados y están siendo la punta de lanza de la batalla ideológica. Una democracia sólida no puede esperar a que los derechos se cuestionen para defenderlos, sino que tiene que anticipar su blindaje y garantía.

Señoras y señores diputados, hoy no nos encontramos ante una votación cualquiera, pues estamos ante una decisión que habla de qué España queremos construir entre todas y todos y de qué responsabilidad estamos dispuestos a asumir para construirla. Los derechos de las mujeres no son patrimonio de una mayoría ni de un grupo político, sino una conquista social, una conquista colectiva construida con el esfuerzo de las generaciones pasadas y depositada en las generaciones que vendrán. Hoy les pido que estén a la altura de ese legado, que no cierren este debate antes de que pueda celebrarse y que permitan que esta Cámara haga su trabajo, que generalmente lo hace bien, con rigor, con serenidad y con capacidad de convicción. Votar en contra de las enmiendas a la totalidad no es un gesto partidista, créanme, sino un acto de lealtad democrática. Señorías, no se trata de nosotras y nosotros, no se trata de nuestros partidos, no se trata de las cuestiones que nos separan, que nos dividen. Se trata de las mujeres de este país, se trata de la inmensa mayoría de este país que conformamos las mujeres y que tenemos el derecho a ser libres y a que nuestra libertad sea respetada en todos sus términos. (Aplausos).

Hoy, señorías, tenemos en nuestras manos la responsabilidad de no fallar a las que nos precedieron, pero sobre todo de no fallar a las generaciones que vienen, y que vienen apretando fuerte. Tenemos la oportunidad de seguir construyendo democracia, de hacer un ejercicio de inteligencia colectiva, de generosidad colectiva. Sintamos el orgullo de estar a la altura de las mujeres de este país.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

Señor presidente, señorías, buenos días. La verdad es que no nos sorprende este proyecto ni esta demagogia que acabamos de escuchar, ni el modo en el que se ha tramitado, ni la intención apenas disimulada con la que se trae a esta Cámara, que no es en modo alguno blindar derechos, sino, antes bien, promover un debate artificioso en donde PSOE y aliados, en su uso habitual de la demagogia, pretenden obtener un puñado de votos (aplausos), de ahí que se tramite con toda la celeridad del mundo para que sus señorías socialistas y los demás puedan volver a convertir esta sala no ya en el templo del eufemismo, que también, sino sobre todo en un escenario más propio de un mitin que de un debate legislativo. La memoria explicativa de la reforma señala que la incorporación del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en el artículo 43 de la Constitución se justifica, literalmente, por la mayor sencillez y celeridad que ofrece la tramitación de la reforma constitucional del artículo 167 de la Constitución, lo cual favorece la viabilidad, dicen, política del acuerdo y permite culminar la reforma en un tiempo razonable, sin interrumpir el normal funcionamiento de las Cortes Generales. ¿A qué viabilidad se refiere usted? ¿Cuenta con los tres quintos de la Cámara, quizás? (Aplausos.―La señora ministra de Igualdad, Redondo García, hace gestos afirmativos). Son consideraciones espurias, de mero oportunismo, porque la reforma de cualquier artículo de la Constitución debería realizarse atendiendo al contenido material de la reforma y no a las necesidades de celeridad del Gobierno. Es una vergüenza que traigan la reforma del artículo 43. Si proceden de esta manera es sencillamente porque sus prioridades son de índole propagandística. En modo alguno pretenden otorgar ni blindar ningún derecho, sino traer a esta Cámara y tramitar, con toda la prisa del mundo, un asunto que les permite desplegar su habitual demagogia en un periodo de fracaso electoral como el que se avecina para ustedes. (Aplausos). La consideración del aborto como un derecho constitucional se pretende vincular a la reforma del artículo 43, que evita la tramitación por el procedimiento que determina el artículo 168 de la Constitución, por la sencilla razón de que quieren evitar una vía agravada, que exige una mayoría de dos tercios en esta Cámara y en el Senado, la disolución inmediata de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones. El dictamen del Consejo de Estado es especialmente relevante porque, aunque avala el fondo de la reforma, incluye advertencia sobre el posible fraude de ley al usar el artículo 43 para evitar un procedimiento de reforma agravado, y este fraude se estaría produciendo porque la materialidad del objeto de la reforma pretendida afecta a un derecho fundamental, que es el derecho a la vida, que ustedes se pasan por el forro. (Aplausos). Desde otra perspectiva, pudiéndose postular, como ya ha sucedido, además, que lo que se propone entraría en contradicción con los artículos 10 y 15 de la Constitución, una reforma tal debería adoptar las debidas reservas al tratar sobre un asunto en el que no existe ni puede existir consenso o ni siquiera acuerdo en la sociedad española, salvo que crean que su ideología es obligatoria para todo el mundo y a nosotros nos exterminen o algo así. (Aplausos).

No debería reformarse la Constitución de tal forma que se vulneren, sin decirlo, derechos claramente preferentes cuya infracción supone la destrucción del sistema de derechos fundamentales que debe ser respetado, o cuando menos, como decíamos, atrévanse a tramitarlo por el procedimiento del artículo 168. Sin embargo, en la exposición de motivos se vincula el derecho al aborto con el artículo 43, que reconoce el derecho a la protección de la salud. Ahora resulta que abortar es una cosa saludable. Recomiéndeles a las mujeres que aborten cada mes, porque es muy saludable. (La señora ministra de Igualdad, Redondo García, pronuncia palabras que no se perciben.―Rumores). Claro, es tremendo. Se ordena a los poderes públicos organizar la sanidad y fomentar la educación sanitaria y el deporte, esto es lo que dice el artículo 43. La innecesaria especificación de una determinada práctica médica, ya incluida bajo la norma general de proteger la salud, no tiene más alcance que si propusiera usted incluir en este artículo el derecho constitucional a ser operado de apendicitis. (Aplausos). Es decir, una cosa ridícula e innecesaria, si evacuamos el interés puramente electoralista de esta pretendida reforma. Ridícula porque es absurdo especificar cualesquiera prácticas sanitarias incluidas en el enunciado general e innecesaria porque nada cambia la realidad a la que se pretende supuestamente blindar con esta chapuza. Pero, en rigor, ustedes quieren incardinar en la Constitución esta especificación para otros efectos prácticos que tienen mucho más que ver, como hemos dicho, con la propaganda sectaria y con la ideología que con la protección real de un supuesto derecho. Con esta reforma constitucional, dicen, España avanza en su necesaria protección frente a dinámicas regresivas. En román paladino, tratan de restringir la futura posibilidad de que se legisle en un sentido ético, moral y político distinto, deslegitimando constitucionalmente dicho sentido, y, de paso, poner una espada de Damocles sobre los médicos a quienes su conciencia moral les impele a no realizar este tipo de prácticas. (Aplausos). Esto es absolutamente contrario al valor superior del pluralismo político reconocido en el punto 1.1 de la Constitución. La pregunta, ya en un terreno puramente práctico, es la siguiente: ¿Y esta modificación del artículo 43, en el improbable supuesto de que contara con tres quintos de los votos de esta Cámara, comporta alguna ventaja para las mujeres? ¿O lo que busca el Gobierno más bien es otra cosa? A nuestro juicio, esta modificación nada añade a la protección de las mujeres. Es un Gobierno que acorta la condena de violadores, devolviéndolos a las calles; que permite la llegada masiva de individuos procedentes de culturas que denigran a la mujer considerándola inferior al varón, a quienes luego regulariza sin mayor problema con nuestra oposición. Por cierto, un diputado del PSOE de la Asamblea regional de Madrid ha dicho que hay que partirle la cara a quienes se opongan a las regularizaciones masivas. Pues mire, aquí le espero picando el mortero, como dicen en mi tierra. (Risas.―Aplausos). Y si no se atreven, ahí tienen a sus amigos de Bildu, que son más proclives a este tipo de actuaciones. Un Gobierno que tiene por aliadas a teocracias en donde a las mujeres se las oculta en cárceles de tela, en calidad de ciudadanos de segunda. Un Gobierno formado por partidos que no han osado mostrar ni un mínimo de empatía con la lucha de estas mujeres por sus derechos civiles inexistentes en estas teocracias. Un Gobierno que fomenta la extensión en nuestra patria de costumbres contrarias a nuestro ordenamiento jurídico y especialmente incompatibles con su impostado feminismo, como el burka, la poligamia, el matrimonio infantil, etcétera, aberraciones que ya se producen en nuestro país. Un Gobierno que perjudica a los españoles, mujeres y hombres por igual, cuando les margina a la hora de ser atendidos en la sanidad pública o en el acceso a ayudas sociales, que ha destrozado la educación pública, convirtiéndola en una institución caduca, meramente asistencial, en donde, además de la viscosa ideología socialdemócrata, difunde unos contenidos elegidos por la comisión islámica o por el Gobierno de Marruecos. (Aplausos). Lo único que les falta a ustedes es poner en la enseñanza pública una asignatura cuyos contenidos sean determinados por sus aliados de Hamás. Es una vergüenza. Un Gobierno que defiende estas cosas no puede ser un aliado de las mujeres españolas, por muchos artículos de la Constitución que pretenda reformar. (Aplausos). Y solo puede perseguir un fin con esta reforma: ocultar su ineficacia y su escandalosa corrupción; colocar un trampantojo ideológico a la triste realidad que los españoles perciben cotidianamente cuando tienen que ir al médico o cuando necesitan ayuda de las instituciones; desviar la atención y practicar lo único que a este Gobierno parece dársele bien, que es la ocultación y la demagogia, aunque para tal fin tenga que violentar el procedimiento legal incurriendo en contradicciones insalvables y colando de matute una reforma que cuestiona un derecho fundamental protegido por la Constitución.

El PSOE y sus aliados constituyen la mayor amenaza para los españoles del presente, a los que se empeñan en empobrecer, en condenar a un invierno demográfico donde la natalidad se desploma y, como consecuencia, amenazan también la existencia de los españoles en el futuro. Y, en lugar de fomentar políticas que permitan a nuestros jóvenes formar familias priorizando su acceso a una vivienda asequible, en lugar de fomentar la natalidad, hacen todo lo contrario. A los recién llegados, de modo ilegal, les ofrecen sanidad, ayudas y prioridades; a los españoles ―a quienes diríase que odian―, sueldos menguados, precios desorbitados, inseguridad en las calles, aborto y eutanasia. (Aplausos). Y a las mujeres que se enfrentan a un embarazo problemático son incapaces siquiera de permitir que se les dé información, asistencia y posibles alternativas. Un Gobierno que obliga a las jóvenes trabajadoras a tener que compartir piso, a no poder construir una familia, que castiga a las emprendedoras con impuestos abusivos, que luego, en lugar de financiar debidamente la sanidad y la educación ―también saturadas por la inmigración―, engorda las cuentas corrientes de ministros y familiares del Gobierno, es enemigo de las mujeres españolas y, especialmente, de las mujeres del campo y de la España despoblada, a quienes abandona y arruina con sus políticas emanadas del fanatismo climático. (Aplausos).

En resolución, solicitamos la devolución de este proyecto de reforma trufado de trilerismo, y lamentamos que el Partido Socialista utilice las instituciones y el Poder Legislativo para hacer autopropaganda y mítines que no vienen al caso. Las mujeres y los hombres de VOX no vamos a caer en sus trampas, orientadas a hacer creer que ustedes son los defensores de las mujeres. En 2019 se denunciaron 1400 casos de violación en España y en seis años de gobiernos socialistas, podemitas, sumaritas y separatistas (rumores) ya son más de 5000. Si de verdad quisieran defender a las mujeres españolas reforzarían la seguridad en las calles; impondrían penas severas a criminales y violadores, en lugar de rebajarles las condenas; protegerían nuestras fronteras; evitarían la penetración de doctrinas que consideran inferior a la mujer; apoyarían la natalidad y castigarían con el máximo rigor penal la violencia contra las mujeres, en lugar de venir con puntos violetas inútiles e improbables reformas de carácter imprudente, fraudulentas en su trámite y contrarias a la protección de los derechos fundamentales. (Aplausos). El Gobierno de España no está al servicio del pueblo español, sino que está acelerando la destrucción de la unidad y de la identidad de nuestra nación.

Muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Muchas gracias, presidente. Señorías, ¿la Constitución se reforma para reforzar nuestra democracia o para rescatar a un Gobierno en caída libre? (Aplausos). Nuestra Constitución es el pilar que sostiene la estabilidad de nuestra democracia, no es patrimonio de ningún partido ni está al servicio de ninguna estrategia partidista. Es un pacto que nos dimos entre todos sobre la base del consenso, el diálogo y la renuncia mutua. (Aplausos). Por eso es de todos y por eso nadie, tampoco el señor Sánchez, puede utilizarla como una herramienta para sus intereses. Como toda Constitución, nació con vocación de permanencia: cuarenta y siete años ya. No es ajena, por supuesto, al poder de reforma democrático, pero esa reforma se tiene que hacer con acierto, con esmero, con mimo. El propio Consejo de Estado, en su doctrina, ha establecido cuatro criterios básicos que debe cumplir una reforma constitucional para que sea acertada. Son cuatro preguntas que hoy todos los que estamos sentados en estos escaños tenemos que hacernos y responder con honestidad: ¿esa reforma atenta contra el equilibrio interno de la Constitución? ¿Es fruto de una demanda social sólida y consolidada y de un problema ampliamente reconocido? ¿Está basada en el diálogo entre las fuerzas políticas y la sociedad? ¿Cuenta con un consenso asimilable al del pacto de 1978? Si respondemos con honestidad a estas preguntas, vemos que esta reforma no cumple ninguno de estos criterios. (Aplausos). Esta reforma es desacertada, es un error político y jurídico, no viene a fortalecer el pacto de 1978. Y, por último, su única finalidad es ser un instrumento para la supervivencia política del señor Sánchez y de su Gobierno. Nada más.

Veamos por qué. Primero, el equilibrio constitucional. La reforma que ustedes nos traen altera completamente el título I y, además, desnaturaliza el título X, que establece el sistema de reforma. (La señora ministra de Igualdad, Redondo García, hace gestos negativos). Sí, señora ministra, sí. Ustedes, en lugar de abordar la reforma en el artículo 15 como derecho fundamental (la señora ministra de Igualdad, Redondo García: En absoluto. No es así), lo que hacen es trasladar o desplazar de manera artificial al artículo 43, a un principio rector, esta cuestión. (Aplausos.―La señora ministra de Igualdad, Redondo García: En absoluto. No. En absoluto). Sí lo hacen, sí. Y no lo hacen por coherencia, sino por conveniencia. Si se tocara el ámbito del artículo 15, ustedes deberían acudir al procedimiento de revisión reforzado del artículo 168, que implica mayorías parlamentarias, disolución de las Cortes, convocatoria de nuevas elecciones y referéndum. Encajándolo en el artículo 43, cogemos el atajo del 167, que implica unas mayorías menos cualificadas y, por supuesto, no disolución de las Cortes. Ya se ha dicho aquí: ustedes expresamente justifican la elección por una mayor sencillez y celeridad, por la viabilidad política del acuerdo ―¿qué acuerdo?― y por evitar interferir en el calendario de las Cortes. ¡Viva la democracia! Es mera oportunidad política, oportunismo político. (Aplausos). El procedimiento deja de ser la consecuencia del contenido y pasa a ser su causa. Señorías, este es el paradigma del fraude de ley del artículo 6.4 del Código Civil. Un fraude autoconfirmado, como les ha dicho expresamente uno de los padres de la Constitución y miembro nato del Consejo de Estado, el señor Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. Así que cada vez que vayan ustedes a la Sala Constitucional y miren su retrato recuerden que van a ser ustedes responsables de cometer un fraude a la Constitución, un fraude autoconfirmado. (Aplausos). Alterar el equilibrio interno de la Constitución, si aceptamos esta operación de fraude constitucional que ustedes pretenden llevar a cabo, supone desvirtuar la función de garantía que el título X otorga a nuestra Constitución; supone romper la lógica reforzada de la protección de nuestros derechos fundamentales, y supone abrir la puerta a que en un futuro otra mayoría hipotética coja una materia sensible y la desplace también artificialmente hacia otro lugar de la Constitución para poner en riesgo o cuestionar valores, instituciones y derechos fundamentales de nuestro sistema constitucional. Sí, están abriendo la puerta a eso. (Aplausos). Esto supone un fraude constitucional con mayúsculas. La Constitución se puede adaptar, pero no se puede forzar; se puede perfeccionar, pero no se pueden burlar los sistemas de garantía que establece.

Ustedes hablan de que blindan un derecho en la Constitución. Mienten, no blindan nada ―ya se lo he dicho―, no blindan nada, no recogen ningún derecho sustantivo porque no reforman el artículo 15, que es donde la jurisprudencia constitucional ha anclado este debate. Una materia, además, que es derecho fundamental y que está sujeta a la reserva de ley orgánica. Lo que hacen ustedes es residenciarlo en el artículo 43, un principio rector; un principio rector. Fíjense lo que ocurre con el derecho a la vivienda, que no es exigible directamente en los tribunales, que no tiene recurso de amparo directo ante el Tribunal Constitucional y, además, su efectividad depende del desarrollo que haga de él una ley ordinaria. Repito, ley ordinaria. Entonces, ¿qué están haciendo ustedes? Lo que están haciendo en el sistema de fuentes es una degradación de la reserva de ley orgánica. (Aplausos). Es decir, no están blindando nada, están degradando y están creando un trampantojo no ideológico, sino un trampantojo jurídico de consecuencias imprevisibles. ¿Y quién va a pagar esas consecuencias? Como en el resto de sus chapuzas legislativas, ¿las van a pagar las mujeres? ¿Las van a pagar las mujeres? (Varias señoras y señores diputados: ¡Bravo!―Aplausos).

La dimensión sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo en este país no está en riesgo. No está en riesgo. Los poderes públicos ya tienen la obligación de garantizar todas las prestaciones del Sistema Nacional de Salud de acuerdo con los criterios de universalidad, gratuidad e igualdad. Dentro de ellos está la interrupción voluntaria del embarazo, como reconoce la Ley Orgánica 2/2010. Esa dimensión sanitaria no está en riesgo. Toda mujer española que se tenga que enfrentar a esa terrible decisión, a esa complicada decisión de interrumpir su embarazo, sabe que tiene al sistema sanitario público, que la va a atender y acompañar. Lo saben, sí. (Varias señoras y señores diputados: ¡Sí!―Aplausos). Y si hubiera algún desajuste, la solución no es esta reforma constitucional. Esta reforma constitucional no aporta nada. Lo que hacen es repetir, incluir un simple inciso, un simple apartado, el cuarto, que recoge lo mismo que incluye el apartado 2 de ese artículo 43. Su reforma es un brindis al sol que no ofrece ninguna garantía práctica nueva. Es un mero brindis al sol.

Además, ustedes confunden deliberadamente derecho y prestación. Supongo que para ganar algún titular. Yo no sé si ustedes son conscientes de que esto puede resultar engañoso para muchas mujeres. ¿De verdad les importa la protección de las mujeres? ¿De verdad les importa? España ha caído hasta el puesto veintisiete entre los mejores países para ser mujer: violencia sexual en aumento, violencia digital que no decrece, brecha salarial persistente. Hemos sufrido las consecuencias de leyes con una técnica legislativa pésima. Ahí está la ley del solo sí es sí y ahí sigue la mal llamada ley trans, cuyos efectos indeseables se niegan a revisar porque nunca han sido feministas de verdad. Nunca. (Varias señoras y señores diputados: ¡Bravo!―Aplausos). Esto es un fraude a todas las mujeres.

Segundo criterio: la existencia de una demanda social sólida y un problema reconocido. No se cumple, señora ministra, no se cumple. El Tribunal Constitucional ya ha avalado la Ley Orgánica 2/2010, ha constitucionalizado el sistema de plazos. No es necesario abrir la Constitución para esto. No es necesario. No hay una urgencia jurídica. Ustedes ni siquiera lo llevaban en su programa electoral. El último barómetro del CIS del señor Tezanos, que no es reaccionario, ni siquiera incluía esta cuestión entre las principales preocupaciones ni de los españoles ni de las españolas. La demanda social consistente existía cuando reformamos el artículo 49 de la Constitución. Ahí sí existía esa demanda social consistente. Aquí no. Aquí la única demanda consistente que hay es la de un Gobierno que intenta desplazar el foco de sus escándalos, de su corrupción y de su agenda judicial. Esa es la única demanda sólida que motiva esta reforma. (Aplausos).

Hay muchos principios rectores que preocupan a los españoles: el derecho a la vivienda, la protección de la juventud, la protección de la familia. Las familias hoy pierden poder adquisitivo, los jóvenes no pueden emanciparse y su Gobierno no puede traer a esta Cámara unos presupuestos generales. (La señora ministra de Igualdad, Redondo García, pronuncia palabras que no se perciben). No, no, se lo estoy diciendo: esos son los problemas que de verdad preocupan a los españoles. En lo que ustedes deben centrarse no es en traer una reforma que no tiene una demanda social sólida y sostenible detrás, sino en legislar para realmente resolver estos problemas que tienen los españoles. Por eso esta reforma también es un fraude a todos los españoles.

Tercer criterio: el diálogo. Discurso revelador. En lugar de buscar acuerdos, dicen que reforman la Constitución ante la eventualidad de que en un futuro cambien las mayorías parlamentarias. Pero la Constitución no se reforma por si acaso, ni de forma preventiva, ni para evitar escenarios hipotéticos y además imprevisibles, y menos para evitar dialogar y pactar con otras fuerzas políticas. La Constitución es nuestra norma fundamental. Establece los valores compartidos entre todos. No sirve para adaptarla a conjeturas hipotéticas o cálculos políticos. No está para eso.

Ustedes, además, presentan un proyecto cerrado, tramitado por urgencia. No deja de sorprender que el Tribunal Constitucional haya tardado trece años en dictar una sentencia en un asunto tan sensible y complejo y que ustedes pretendan liquidar esta reforma por un procedimiento de urgencia en trece días. Incomprensible. Incomprensible. (Varias señoras y señores diputados: ¡Muy bien!―Aplausos). Además, encajándole un calendario político a conveniencia del Gobierno, por supuesto, y luego acompañado de una estrategia: todo el que se oponga es reaccionario. Esto es utilizar la reforma de la Constitución como un instrumento de polarización. Nada más.

Cuarto: consenso comparable al del texto de 1978. Ustedes no están construyendo una reforma de país con la reforma que traen hoy a esta Cámara. Lo que están intentando es forzar un acuerdo bajo la amenaza de que el que no se pliegue es enemigo de los derechos de las mujeres. Esa es una lógica incompatible con el espíritu constitucional: o se construye entre todos o se degrada. Pero sí es compatible con el estilo Sánchez: o conmigo o contra los derechos. No hay más. No hay más. (Aplausos). No cuentan con consenso y traen a esta Cámara esta reforma en un ejercicio de confrontación y polarización. Esta es la principal razón por la que traen este proyecto: confrontar, dividir y quitar el foco de sus escándalos. Nada más. Su muro, como siempre; su muro.

Esta reforma es el último artificio de un Gobierno acorralado por la corrupción, debilitado por los escándalos y que tiene la confianza ciudadana erosionada. Además, tratan de hacerlo agitando una bandera feminista que no les pertenece. En esta Cámara tenemos hoy dos opciones: o avalamos una reforma que incumple descaradamente todos esos criterios de lo que tendría que ser una reforma acertada de nuestra Constitución, o defendemos la dignidad de todas las mujeres ante esta estafa y defendemos la dignidad de nuestro texto constitucional. (Varias señoras y señores diputados: ¡Muy bien!).

Señorías, por responsabilidad, mantenemos nuestro voto. Y, señoría, por esas consecuencias imprevisibles que pueden sufrir las mujeres de este país, yo le pido con humildad que retire esta reforma constitucional. (Varias señoras y señores diputados: ¡Muy bien! ¡Bravo, bravo!―Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie).

Presidente, señorías, subo a esta tribuna para defender, en nombre de mi grupo, el proyecto de ley de modificación del artículo 43 de nuestra Constitución para garantizar la ejecución efectiva del derecho al aborto; la ejecución efectiva, señorías. (Aplausos). Y lo hago con orgullo, lo hago con convicción y lo hago con emoción. Con orgullo, porque ha sido mi partido, el Partido Socialista Obrero Español, que tengo el honor de presidir desde hace nueve años, y lo ha hecho de la mano de los movimientos feministas; movimientos feministas que, junto con nosotros, han ido impulsando todas y cada una de las leyes que establecen derechos para las mujeres en nuestro país. Todas esas leyes, señorías, que el Grupo Popular votó en contra; todas y cada una de ellas. (Aplausos). Muy en particular, señorías, muy en particular todas las que se refieren al derecho al aborto; todas y cada una de ellas. El único fraude en esta Cámara son ustedes pretendiendo decir que defienden a las mujeres. (Aplausos.― Rumores). Lo hago con convicción, señorías, con convicción, porque creo firmemente en la necesidad de construir una sociedad más igualitaria, donde mujeres y hombres disfruten de los mismos derechos y respondan ante las mismas obligaciones como requisito ineludible de una democracia auténtica y de una sociedad más próspera y más feliz. (Rumores). Y lo hago con emoción, porque yo pertenezco a una generación de españolas que llegaron a la edad adulta mucho antes del final de la dictadura franquista y eso condicionó dramáticamente sus vidas en muchos aspectos. Algunas, incluso, perdieron su vida o su libertad… (continúan los rumores).

… por la consideración, entonces, del aborto como un delito punible con cárcel, lo que las obligaba a realizar la interrupción del embarazo, si tenían recursos, fuera de España, o aquí, en condiciones de clandestinidad, sin las mínimas garantías para su salud. Esa era la España de Franco que ustedes añoran. (Aplausos). Por eso, mi primer reconocimiento es para todas esas mujeres que tanto sufrieron a causa de aquellas normas tan injustas. Y también todo mi reconocimiento, en nombre propio y en el de mi grupo, a todas las mujeres feministas, muchas de ellas socialistas, que lucharon incansablemente contra la injusticia y consiguieron avances importantes ya en democracia, superando muchos obstáculos, no solo jurídicos, también culturales.

Justo estos días ―como ha recordado la ministra― hemos honrado la memoria de Carlota Bustelo, una magnífica representante de todas las mujeres valientes que consiguieron cambiar tantas cosas. (Aplausos). Y quiero agradecer hoy la presencia de mujeres feministas en la tribuna de invitados y reconocer su compromiso permanente y necesario, porque queda todavía mucho camino por recorrer para alcanzar la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Y no, no nos olvidamos de que gracias al Tren de la Libertad, aquella masiva movilización de mujeres, se consiguió evitar en 2014 el rotundo retroceso que quería llevar a cabo Ruiz‑Gallardón, ministro de Justicia del Gobierno de Rajoy. (Aplausos).

Señorías, hoy no hablamos solo de una reforma legal; hablamos de democracia, de libertad y de igualdad, porque sabemos que los derechos no son irreversibles, y lo vemos en el contexto internacional, en Estados Unidos, en Polonia, donde derechos que creíamos consolidados están debilitándose. Y los acuerdos del Partido Popular y VOX, aquí, en España, conllevan un futuro incierto, seguramente un futuro de retrocesos. Frente a esa amenaza no podemos mirar hacia otro lado.

La realidad, señorías, es que en España no todas las mujeres tienen el mismo acceso a ejercer el derecho al aborto. Dependiendo de donde viva, las condiciones cambian. Hay territorios donde el acceso es limitado y donde las mujeres se ven obligadas a desplazarse. Sí, señorías, algunas seguramente tienen medios para practicar el aborto fuera de España; pero eso cuesta dinero, señorías. Y solo el 20 % de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizan en centros públicos en el conjunto del país. Pero ese es el porcentaje medio, porque en la Comunidad de Madrid ese porcentaje no alcanza el 1 %; el 0,3 % en el año 2024. La presidenta Ayuso, además, lo expresaba sin el menor complejo cuando afirmaba que las mujeres que quieran abortar que se vayan. (Rumores). Sí, señorías, su presidenta de la Comunidad de Madrid, que muestra así su absoluta falta de empatía. (Aplausos). Bueno, ya lo hizo con los más de siete mil ancianos que murieron encerrados en las residencias, sin atención hospitalaria, durante la pandemia. (Aplausos.― Protestas.―La señora Rodríguez Calleja: ¡Venga ya!). Palabras literales de la señora Ayuso: Total, se iban a morir igual. (Rumores). Esa es la presidenta del Partido Popular que tienen ustedes en Madrid.

La reforma que hoy defendemos quiere evitar desigualdades entre mujeres que viven en distintos territorios. Y lo que proponemos es algo tan sencillo como profundamente transformador: que la Constitución española garantice no solo el derecho, sino los medios para ejercerlo; que los poderes públicos estén obligados a asegurar que todas las mujeres, vivan donde vivan, tengan acceso a esta prestación en condiciones de igualdad y efectividad. Hablamos de convertir en mandato constitucional algo tan esencial como que la libertad de las mujeres no dependa de su código postal. Esta reforma no cambia el modelo, no reabre debates superados. El debate sobre la legalidad del aborto en España está cerrado; es un derecho reconocido y avalado por muchas sentencias del Tribunal Constitucional. Lo que hacemos ahora es dar un paso más, garantizar que ese derecho sea real, efectivo, asequible y accesible, algo que solo ofrece la sanidad pública.

Y vamos a hablar de las enmiendas de totalidad presentadas por VOX y por el Grupo Popular. Señorías, yo creo que, en un debate como este, lo mínimo que cabe esperar es que ustedes se lean el texto que estamos debatiendo. Porque el texto que estamos debatiendo no dice que en ese artículo pongamos el reconocimiento al derecho al aborto. (Rumores). No lo dice, señoría. ¿No se han enterado? ¿No lo han leído siquiera? ¿De verdad? (Aplausos). Ambas enmiendas tienen en común que se basan en esos votos particulares planteados frente al dictamen del Consejo de Estado. Señoría, seis votos particulares frente a diecinueve a favor del dictamen; un dictamen, por tanto, con una mayoría muy contundente.

Los votos particulares afirmaban que la propuesta del Gobierno suponía un fraude de ley ―se ha explicado aquí― porque no se planteaba la modificación del artículo 15, que hubiera requerido la disolución de las Cortes. Pero, señorías, en esas enmiendas, en esos votos particulares se eludía el hecho de que la redacción alternativa propuesta en el dictamen del Consejo se ajustaba perfectamente al artículo 43, dedicado a las obligaciones de los poderes públicos en relación con el derecho a la salud. Por tanto, señorías del Grupo Popular y de VOX, esa redacción alternativa, mayoritariamente votada en el Consejo de Estado, ¿creen ustedes que es inconstitucional, que no se ajusta a la Constitución? El Consejo de Estado, por mayoría, ha aprobado un texto y, miren, ese texto es el que hoy viene aquí, es el que se ha incorporado en el proyecto de ley.

Por lo tanto, señorías, señor Robles, señora Franco, pueden introducir todos los temas que quieran, la prioridad nacional, la inmigración masiva, la corrupción, pero es que de lo que estamos hablando aquí es del fondo y no tanto de la técnica jurídica (la señora Rodríguez Calleja: ¡Ah!, ¿no?). Ustedes han errado el tiro completamente; completamente. (Aplausos.―Rumores). Así que se lo pregunto a las señoras diputadas del Grupo Popular: ¿de verdad no creen que sería oportuna una reforma que garantizara mejor el ejercicio del derecho a abortar? (Rumores.―El señor De los Santos González: ¡No!). ¿De verdad que no lo creen? Desde luego, se lo pregunto a ustedes; no se lo pregunto a las diputadas de VOX, porque creo que no cabe hacerles esta pregunta: su partido niega el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, y así se deduce de su enmienda. Por cierto, una enmienda donde aprovechan para afirmar que el actual Gobierno es el Gobierno de la muerte, el Gobierno de la destrucción. ¿Están hablando de ese Gobierno o del Gobierno del señor Netanyahu, al que ustedes apoyan? (Aplausos).

Esta reforma también es una cuestión de dignidad, de proteger a las mujeres frente a situaciones de presión, de acoso y de obstáculos innecesarios. ¿Me van a negar que esos obstáculos existen todavía? ¿Me van a decir que no se intenta convencer a las mujeres antes de que practiquen el aborto delante de las clínicas? ¿De verdad eso no está sucediendo? Eso sucede, señorías.

En definitiva, es una cuestión de justicia social y también es una cuestión de país. España es referente en la ampliación de derechos y lo es a pesar del Partido Popular. (Aplausos). Lo fuimos con el matrimonio igualitario, con todas y cada una de las leyes de igualdad y lo somos en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Nos alineamos con las democracias más avanzadas de Europa ―Francia ha aprobado ya una modificación de su Constitución para blindar el derecho al aborto― y, sobre todo, enviamos un mensaje claro: aquí no queremos retroceder, aquí queremos consolidar derechos, protegerlos y ampliarlos. Hay generaciones de mujeres que no pudieron decidir, que vieron sus vidas condicionadas por leyes injustas, que pagaron un precio altísimo por algo tan básico como su autonomía, y hay generaciones actuales que no están dispuestas a renunciar a lo ya conseguido. Por ellas, por las que estuvieron antes y por las que vendrán, tenemos la responsabilidad de actuar. Tenemos que reforzar nuestra democracia, porque una democracia fuerte es aquella que protege a los más vulnerables, aquella que convierte la igualdad en realidad. Una democracia fuerte es la que confía en las mujeres. Hoy decimos exactamente eso: confiamos en las mujeres, en su capacidad para decidir, en su libertad y la defendemos.

Quiero terminar con las palabras de una de las grandes pensadoras del feminismo, Simone de Beauvoir: No se nace mujer, se llega a serlo. (Rumores). En ese camino, la libertad es imprescindible. Con esta reforma damos un paso más para garantizar esa libertad, porque sin libertad no hay igualdad y sin igualdad, señorías, no hay democracia.

Muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista y de la señora ministra de Igualdad, Redondo García, puestos en pie.―Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR).

Gracias, señor presidente. Señora Narbona, yo entiendo que la lógica no es lo suyo porque decir al mismo tiempo que no se refiere al artículo 43 y después decir que sí se refiere al artículo 43 se llama contradicción, sencillamente. (Aplausos). No sé si no han tenido suficiente con la demagogia anterior para tener que volver a hacer otro ejercicio demagógico a base de ideas fuerza: igualdad. ¿Igualdad en qué? Si no marca usted los parámetros, no sabemos de qué está hablando. Libertad, ¿libertad para qué o libertad de qué? En cuanto a la democracia, dice usted que el aborto supone un progreso y que nosotros queremos retroceder, cuando las prácticas abortivas son más viejas que el hilo negro. Lo que no puede ser es que el aborto sea considerado un método anticonceptivo. (Aplausos). Y lo que tampoco puede ser es que ustedes vengan aquí con la demagogia de unir el aborto con el derecho a la salud. Lo decía antes, ¿cómo se puede justificar que el aborto es una práctica saludable? Nosotros estaremos de acuerdo con una ley de supuestos. Fue la civilización la que puso coto a ese desmadre de aborto descontrolado como método anticonceptivo. Ustedes lo saben perfectamente, de manera que no vengan aquí hablando de progreso, que es otra idea fuerza que vienen aquí con ella no se sabe para qué. A veces es mejor regresar un poquito, sobre todo cuando uno está al borde del precipicio, como han puesto ustedes a la nación española, al borde del precipicio (aplausos), con una corrupción generalizada que afecta al presidente del Gobierno ―el ‘número 1’ según el señor Aldama―, al ‘número 2’ y al ‘número 3’, Ábalos y Koldo. La corrupción de este Gobierno no se puede camuflar por muchas leyes que ustedes traigan aquí, que, además, no van a salir. Ustedes saben perfectamente ―ya lo hemos dicho― que no tienen tres quintos de la Cámara en el mismo momento en el que el Grupo Popular y VOX presentan enmiendas a la totalidad. Saben que esta reforma no va a salir adelante. Además, son especialmente cobardes porque no se atreven a gestionar esta reforma por donde debería, por el artículo 168 de la Constitución (aplausos), ya que afecta a un derecho fundamental como es el derecho a la vida. ¿Existe o no existe el derecho a la vida como un derecho fundamental? Luego, nos acusa de retrógrados. Para retrógrados, los que justifican el aborto con una teoría completamente absurda, que es la teoría de la animación retardada que defendieron Aristóteles y santo Tomás. ¿Qué es eso de que a las trece semanas se puede abortar y a las catorce no? Si hay una continuidad ontogenética que ha descubierto la genética, ¿cómo se puede decir que hay un corte? Ese corte es ficticio. (Aplausos). Otra cosa es una ley de supuestos, sobre la cual estaríamos dispuestos a discutir. Ustedes que se llenan la boca de la ciencia ―¡oh, la ciencia!, ¡el cambio climático!, ¡los señores de VOX están en contra de la ciencia!―, ¿me pueden decir un argumento científico a favor de la discontinuidad en el proceso de ontogénesis?, ¿me pueden dar un solo argumento? ¡Uno solo! (Aplausos). Es que ya está bien; aquí los únicos que están aplicando criterios propiamente espiritualistas son ustedes. La teoría de la animación retardada dice que el

Espíritu Santo insufla el espíritu a las catorce semanas (rumores) y ustedes ponen derecho al aborto libre hasta las catorce semanas. Eso es muy moderno y progresista, ¿verdad? ¿Por qué?

El asunto está muy claro, a ustedes no les interesan ni las mujeres ni el aborto ni nada. A ustedes lo único que les interesa es mantenerse en el poder con la demagogia, con las insidias, con las falacias, con los insultos y con los discursos repletos de ideas fuerza que suenan muy bien: ¡igualdad!, ¡libertad!, ¡solidaridad!, ¡democracia! Pero de esas ideas ustedes no tienen ni la más remota idea de cuáles son sus fundamentos. La libertad hay que aclararla y la democracia hay que aclararla porque se usa de muchas maneras: no es lo mismo la democracia popular china que la nuestra. Son ideas fuerza que ustedes usan con un interés puramente electoralista y nada más.

Como todo el mundo sabe, esta propuesta de reforma de la Constitución ―que tiene todos los visos de que no va a salir adelante porque no cuenta con la mayoría necesaria― sencillamente es un ejercicio más al que nos tienen acostumbrados de demagogia, de falacias, de insidias, de mentiras y de insultos. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Gracias, presidente. Señora Narbona, en primer lugar, la felicito porque su formación política, su partido, lleva meses diciendo en ruedas de prensa que por fin van a constitucionalizar el derecho al aborto como un derecho fundamental, y usted ha reconocido aquí que no lo van a hacer. Por supuesto que nos hemos leído el texto. Les he dicho que ustedes están jugando a la confusión con el derecho sustantivo y la prestación sanitaria (la señora Narbona Ruiz muestra un documento), están jugando a la confusión constantemente y con eso están engañando a muchas mujeres. (La señora Rodríguez Calleja: ¡Muy bien!, ¡Claro que sí!). Se lo he dicho. Y ¿cómo es eso de que nadie nace mujer, que no nacemos mujeres? Ahora sí que no me extraña que ustedes no quieran revisar la ley trans (aplausos), ahora sí comprendo por qué ustedes no quieren revisar la ley trans; sí, señor. Ustedes después de este debate, se van a rasgar las vestiduras, van a armar mucho ruido y van a seguir diciendo que quien vote en contra o quien mantenga esta enmienda de totalidad va a estar en contra de que el derecho al aborto esté en nuestra Constitución… Lo van a decir sí o sí. Es algo que no hacen porque ustedes no tocan el artículo 15 porque no se atreven con el artículo 168, que es el que se debería aplicar a esa reforma constitucional. No lo hacen por puro oportunismo y por puro cálculo político, por nada más. Además, ya lo he dicho, su reforma es innecesaria. El acceso a la interrupción voluntaria del embarazo está garantizado en nuestro país, dejen de meter miedo a las mujeres. Lo que ustedes traen aquí es un triple fraude: un fraude a la Constitución, un fraude a las mujeres y un fraude a los españoles. Banalizan nuestras instituciones, nuestro sistema de reforma constitucional. Creen que la Constitución es una ley ordinaria que se puede cambiar así, sin más. Saben, además, que traen un texto que no va a salir adelante, porque en la Comisión de Igualdad, cuando la señora ministra presentó el anteproyecto, ya varios grupos políticos nada sospechosos de ser reaccionarios le dijeron que no iban a aprobar ese proyecto de ley. (El señor De los Santos González: Esquerra, Bildu y PNV.―La señora ministra de Igualdad, Redondo García, pronuncia palabras que no se perciben). Sí se lo dijeron, léase usted el Diario de Sesiones y verá cómo se lo dijeron. (Rumores.―Aplausos). Saben de sobra que esta reforma constitucional no va a salir adelante. Y eso es un fraude también. ¡Es un fraude! Díganme dónde tienen los 210 votos y qué van a hacer cuando no salga. ¿Rasgarse las vestiduras? ¿A qué juegan? Está claro: a desviar la atención de sus problemas y a confrontar. Es lo único que pretenden, lo único que les mueve, su muro. (La señora ministra de Igualdad, Redondo García, pronuncia palabras que no se perciben). No hay más. No hay más.

Me hablan del informe del Consejo de Estado. Yo no sé si ustedes se lo han leído con detenimiento, léanselo con detenimiento, no se queden con lo que me avalan las conclusiones. Léanselo con detenimiento (la señora Narbona Ruiz muestra un documento), porque hay muchos argumentos en ese informe en contra de esta reforma. Lo raro es que la conclusión sea favorable. Eso sí que es lo raro. Yo espero que ustedes se lo hayan agradecido con creces a la señora Carmen Calvo. (La señora Rodríguez Calleja: ¡Muy bien!―Aplausos). Porque se ha filtrado, se ha filtrado ―ha salido en los medios de comunicación―: cambios constantes, falta de acuerdo, anomalías, un texto final que algunos consejeros no querían… E incluso alguno ha llegado a hablar de ‘chapuza jurídica’, que este dictamen es una ‘chapuza jurídica’. Yo es lo que he visto en prensa, es lo que he leído en prensa. (Rumores y protestas.―Varios señores diputados: ¡Aaah!). En fin.

Hablan ustedes de modelos internacionales. Nos ponen de ejemplo Francia. (Continúan los rumores). Miren, yo no sé en qué momento la señora Marie Le Pen se ha convertido en una musa e inspiración del Partido Socialista Obrero Español. Se me escapa. (El señor De los Santos González: ¡Menuda paliza! ¡Bravo!―Aplausos). Se me escapa. La Constitución francesa no recoge el aborto tampoco como un derecho sustantivo, lo recoge como una libertad, que es jurídicamente un concepto un poco distinto. Además, no lo recoge en ningún elenco de derechos. Lo recoge en un título donde lo único que se hace es relacionar las materias que están reservadas a ley ordinaria. Y los constitucionalistas franceses criticaron esa reforma porque es, como la que ustedes pretenden, un brindis al sol. Porque la interrupción voluntaria del embarazo está garantizada en Francia creo que desde el año 1975. Un mero brindis al sol. No se reforma una Constitución por vientos que vienen… ¿de dónde? Olas reaccionarias que vienen… ¿de dónde? No, señores, no. La Constitución se reforma para garantizar esos valores comunes y se reforma con seriedad, no de acuerdo con miedos hipotéticos, escenarios hipotéticos. (Aplausos.―Varios señoras y señores diputados: ¡Muy bien!).

Ustedes se pasan el tiempo diciéndonos que el Partido Popular es VOX, VOX se pasa el tiempo diciendo que el Partido Popular es el PSOE. Miren, el Partido Popular es el Partido Popular, el único partido de Estado que queda en esta Cámara. (Aplausos.―Varios señores diputados: ¡Bien!―Rumores.―El señor De Olano Vela: ¡Silencio!―La señora ministra de Igualdad, Redondo García: VOX, VOX, VOX). El único partido que defiende el equilibrio de esta Constitución y que va a seguir defendiendo esta Constitución ante sus ataques. No rehuimos ningún debate. (Continúan los aplausos). Estamos a favor de los derechos de las mujeres. De lo que estamos en contra es de su fraude, el fraude que están cometiendo, así como en contra de todas esas chapuzas legislativas que han traído vestidas de progreso y que al final han sido una regresión, cuyas culpas han pagado las mujeres: ley del sí es sí…

… ley trans, todo lo que traen a esta Cámara, esa desprotección, los fallos de las pulseras… Ustedes no son feministas. ¡No son feministas! (Protestas).

Por favor, retiren este proyecto de reforma. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie.―Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX).

Señorías del Grupo Popular, aquí quien mete miedo a las mujeres (la señora Muñoz de la Iglesia: ¡Es Ábalos!) es una presidenta del Partido Popular que les dice que a abortar fuera de Madrid. (Aplausos). Esa sí que les mete miedo, esa. Y, en todo caso (rumores.―Varios señores diputados chistan pidiendo silencio), señorías, ustedes siguen sin quererse leer o aprobar o aceptar un dictamen que según ustedes es una chapuza, ¿de verdad? (Muestra un documento). O sea: diecinueve consejeros ―que pueden ver ustedes sus currículums y la enorme mayoría de ellos no son sospechosos de izquierdismo, señorías, la enorme mayoría―, ¿y ustedes dicen que este dictamen es una chapuza? (Muestra de nuevo el documento.―Un señor diputado: ¡Sí!). ¿Quién pone en cuestión las instituciones del Estado, señorías? Ahora están poniendo en cuestión el dictamen del Consejo de Estado. Debería darles vergüenza, señorías. (Aplausos).

En todo caso, señora Franco, ya sabemos que el feminismo del Partido Popular es el feminismo de VOX, lo ha dicho la señora Guardiola, lo ha dicho la señora Guardiola. (El señor De Olano Vela: Anda que…―Rumores.―Varios señores diputados chistan pidiendo silencio). Ustedes están aceptando adaptarse a la necesidad de pactar con la extrema derecha, aunque eso signifique, seguramente, retorcer sus propios principios. Porque, aunque ustedes han votado siempre en contra de los avances de las mujeres en este país ―siempre―, yo estoy convencida, señorías, de que ustedes ―y en particular las diputadas y las votantes del Partido Popular― en estos momentos no cuestionan el derecho al aborto, no lo cuestionan. Lo cuestiona el partido de VOX, que aquí ya ha sacado no sé cuántas historias. También se ve que para el partido de VOX lo de las sentencias del Tribunal Constitucional avalando la ley de plazos y avalando el derecho al aborto, es decir, el Tribunal Constitucional y el Consejo de Estado, todo eso para ustedes son chapuzas, ¿no? Son chapuzas. (Aplausos).

Y sí, señorías, claro que hay una ola reaccionaria. Pero si la están viviendo ustedes en sus carnes, ¿cómo van a decir que no hay una ola reaccionaria? Fuera de nuestras fronteras y aquí dentro, por desgracia. Así que más vale que se atengan a los datos. Y los datos son los que he dicho: solo el 20 % de las mujeres que practican el aborto en España lo hacen en centros públicos. ¿Por qué pasa eso, señorías? ¿Por qué se tienen que ir a las clínicas privadas o fuera de España? ¿No está fallando algo? Pues si está fallando algo, intentemos trabajar juntos y juntas (rumores) para resolver lo que tiene que ver con la libertad y con la igualdad de las mujeres, señorías. (Aplausos).

La señora Franco decía que el anteproyecto había sido criticado, pero es que el anteproyecto, señorías, cuando se ha transformado en proyecto de ley, ha incluido exactamente el texto del dictamen del Consejo de Estado, votado por una amplia mayoría de sus consejeros. Eso tampoco les parece una razón importante para retirar su enmienda a la totalidad. (El señor De los Santos González: No, no nos lo parece). Porque su enmienda a la totalidad se basa en eludir lo que ha dicho el Consejo de Estado y en eludir lo que ha hecho el Gobierno. Aquí, señorías, fraude, el de ustedes. (Aplausos).

Gràcies, president. Senyories, hui està en les nostres mans decidir si continuem el procés per a blindar els drets de les dones i reforçar la democràcia, o si, com hem vist, assistim a un xou reaccionari que l’únic que pretén és infantilitzar les dones. Perquè, senyories, estem en un context de rearmament del patriarcat i hi ha falsos discursos de llibertat que promocionen models de tradwife de postal que el que volen és romanitzar la submissió, per deixar‑nos ben clar a totes les dones quin és el lloc que ells volen que nosaltres ocupem: qualsevol que no qüestioni els privilegis de l’home blanc i heterosexual. I, senyories de PP i VOX, davant d’això, nosaltres diguem que nosaltres decidirem el lloc que volem ocupar. Les feministes ho farem i escolten molt bé, senyories del Partit Popular i de VOX: el dret a la interrupció lliure, voluntària i segura de l’embaràs és una línia roja democràtica, perquè es la sobirania de les dones sobre el nostre propi cos, sobre la nostra vida i sobre el nostre futur. I això no és negociable ni moralment ni políticament. I blindar el dret a l’avortament seria enviar un missatge tranquil·litzador i a la vegada un xicotet reconeixement a totes les dones que van morir quan no era segur, quan era clandestí i quan suposava un risc per a la seua vida. A totes les que encara avui no poden fer‑ho pel seu codi postal, per la seua renda o pel discurs culpabilitzador que les apunta amb el dit —v‌ ostès les apunten amb el dit— i a totes les que s’han sentit cohibits, ridiculitzades i coaccionades per les seues famílies o assenyalades violentament en les portes de les clíniques d’avortament. Per totes elles, hui hauríem d’obrir eixa trinxera.

Gracias, presidente. Señorías, hoy está en nuestras manos decidir si seguimos el proceso para blindar los derechos de las mujeres y reforzar la democracia o si, como hemos visto, asistimos a un show reaccionario que lo único que pretende es infantilizar a las mujeres. Señorías, estamos en un contexto de rearme del patriarcado (rumores) y hay falsos discursos de libertad que promocionan modelos de tradwife de postal que quieren romantizar la sumisión para dejarnos muy claro a las mujeres el lugar que quieren ellos que ocupemos: que no cuestione los privilegios del hombre blanco heterosexual. Ante esto, señorías del PP y de VOX, nosotros les decimos que seremos nosotras quienes decidamos el lugar que queremos ocupar. Las feministas lo haremos, y presten atención, señorías del PP y de VOX: el derecho a la interrupción libre, voluntaria y segura del embarazo es una línea roja democrática porque es la soberanía de las mujeres sobre nuestro propio cuerpo, sobre nuestra vida y sobre nuestro futuro y eso no es negociable ni moral ni políticamente. Blindar el derecho al aborto sería mandar un mensaje tranquilizador y, a la vez, un poco de reconocimiento a las mujeres que murieron cuando no era seguro, era clandestino y suponía un riesgo para su vida; a todas las que todavía hoy no pueden hacerlo por su código postal, su renta o por el discurso culpabilizador que las apunta con el dedo ―ustedes les apuntan con el dedo― y a todas aquellas que se han sentido ridiculizadas, cohibidas y arrinconadas por sus familias o señaladas violentamente en las puertas de las clínicas de aborto. Por todas ellas, hoy deberíamos abrir esa trinchera.

I senyories, i amb açò acabe, president. Sabem què passa quan no estan blindats els drets? Que primer els drets es qüestionen, que després els drets es debiliten i si no hi ha una resposta social i política, s’arrenquen i no permetrem que els nostres drets s’arrenquen, senyories de PP i VOX.

Ya termino, presidente. Señorías, ¿saben qué pasa cuando no se blindan los derechos? Que primero los derechos se cuestionan, después se debilitan y si no hay una respuesta social y política, se arrancan. Y no permitiremos que nuestros derechos se arranquen, señorías del PP y de VOX. (Aplausos).

Muchas gracias, señor presidente. Señorías, muy buenos días. Ya lo dijo Rodríguez Zapatero: Hay que tensionar la sociedad y hay que confrontar y hay que enfrentarla. Esa es la realidad, la triste realidad. El debate de hoy, señorías, señora ministra, es un debate falso porque el instrumento que ustedes están utilizando saben que no es el adecuado para conseguir el fin perseguido. Lo ha puesto de manifiesto la propia portavoz del Grupo Socialista a la hora de reconocer que lo que es importante es el fondo y no la forma. ¿Cómo en un sistema democrático, en un Estado de derecho donde la garantía jurídica es fundamental y la seguridad jurídica es algo esencial de respeto y de cumplimiento de la ley, lo único importante es el fondo? ¿El fin justifica todos los medios? Pues no, señorías, no y más en un tema como este: modificar la Constitución como se debe hacer y no aprovechando ningún atajo burdo y fraudulento. Señorías, a la hora de modificar la Constitución en cuestiones que no se están cumpliendo podríamos hablar de muchas cosas. Podríamos hablar de muchos derechos que tienen los ciudadanos y que no se están cumpliendo.

En este caso, señora ministra, hay que llenar los medios de comunicación y un titular tapa otro. Lamentablemente ―o al menos esa es la impresión que ha dado y que va a dar mañana por la mañana en los medios de comunicación―, es lo que ustedes pretendían: desviar la atención de aquellas cuestiones que les perjudican y que les molestan por otras para seguir enfrentando. Sabe que este Gobierno es un artista y un maestro a la hora del trilerismo puro y duro en política.

Muchas gracias.

Moito obrigado, señor presidente. Moi bo día. Do que se trata con esta proposta é de dar rango de dereito constitucional ao dereito das mulleres á interrupción voluntaria da gravidez, mais non como dereito fundamental. En todo caso, darlle rango como dereito constitucional, non só como unha derivada do dereito á integridade física e moral ou o dereito á saúde. Pero permítame que, digamos, nós temos un certo escepticismo en relación co efecto práctico desta teórica blindaxe constitucional. Para empezar porque se trata dunha constitución que non partillamos, pero sobre todo porque é unha constitución que actúa como un xustillo de ferro cando se trata de impedir dereitos democráticos, —e‌ specialmente dereitos colectivos como o dereito das nacións—, e actúa como un paxe de vimbio para recoller auga cando se trata de garantir dereitos individuais e non están aí, por exemplo, pois o dereito á vivenda ou o dereito ao traballo. É máis, nós estamos de acordo en que hai que impedir a presión, o asedio permanente a que organizacións ultras someten ás mulleres e que hai que garantir o dereito efectivo ao aborto na sanidade pública; o dereito a que as mulleres ademais poidan elixir libremente o método que queren sen presións, sen límites, sen condicionantes. Mais eu quero lembrar que xa hai normativa legal para iso e que a obriga do goberno é facela cumprir para que, efectivamente, as mulleres poidan abortar na sanidade pública. En todo caso, como expresión do dereito democrático, da vontade democrática da maioría, fronte á posición da ultra dereita e da dereita ultra, que despreza as mulleres e que quere limitar os seus dereitos, evidentemente, nós votaremos en contra destas emendas. Moito obrigado.

Gracias, señor presidente. Muy buenos días. De lo que se trata con esta propuesta es de dar rango de derecho constitucional al derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo, pero no como derecho fundamental. En todo caso, darle rango como derecho constitucional no solo como una derivada del derecho a la integridad física y moral, el derecho a la salud. Pero, permítanme que tengamos un cierto escepticismo en relación con el efecto práctico de este blindaje constitucional. Para empezar porque se trata de una Constitución que no compartimos y porque cuando se trata de impedir derechos democráticos ―especialmente derechos colectivos como el derecho de las naciones― la Constitución es una especie de parche cuando lo que queremos es garantizar derechos individuales como el de la vivienda o el derecho al trabajo. Es más, nosotros estamos de acuerdo con que hay que impedir la presión, el asedio, acoso permanente al que las organizaciones ultra someten a las mujeres; con garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública, y con que, además, las mujeres puedan elegir libremente el método que quieren sin presiones, sin límites y sin condicionantes. Pero quiero recordar que ya hay normativa legal para eso y que la obligación del Gobierno es que esa normativa se cumpla para que efectivamente las mujeres puedan abortar en la sanidad pública.

En cualquier caso, como expresión de la voluntad de la mayoría frente a la posición de la ultraderecha y de la derecha ultra que desprecian a las mujeres y que quieren cercenar sus derechos, nosotros votaremos en contra de sus enmiendas.

Gracias, presidente. Señorías, no ha tenido otra brillante idea el Grupo Parlamentario de VOX que salir a defender que las mujeres no podemos decidir sobre nuestros propios cuerpos sacando a esta tribuna a un auténtico ‘señoro’ (aplausos.―Protestas), a un ‘señoro’. ¡Basta ya, saquen sus sucias manos de nuestros cuerpos y de nuestros derechos! (Rumores). Las mujeres españolas, las feministas, les vamos a plantar cara en esta tribuna y también en las calles. (Aplausos). Nosotros pensamos que el aborto debe estar garantizado en la Constitución, señorías, pero no así, como propone el PSOE. Voy a tratar de explicar rápidamente por qué. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ya sitúa el derecho al aborto dentro del derecho fundamental a la integridad física y moral que está recogido en el artículo 15. Esto quiere decir que el aborto ya goza de una protección reforzada y, por tanto, no estamos ante un vacío que haya que rellenar, sino mucho más ante un derecho que hay que explicitar. El problema, señorías del PSOE, es que su reforma le da al derecho al aborto una patada hasta el artículo 43 de la Constitución, en el derecho a la salud, y ese cambio no es menor. Supone sacarlo del ámbito de los derechos fundamentales para ubicarlo en el de los principios rectores de la política social y económica, que no son directamente exigibles en el Tribunal Constitucional. Eso, por tanto, implica rebajar su nivel político y de protección jurídica y hacerlo más vulnerable a los posibles recortes de la derecha y de la extrema derecha. Lo diré de manera simple: si vamos a proteger el derecho al aborto como se protege el derecho a la vivienda en este país, señorías, apaga y vámonos. (Aplausos). Este es un gravísimo error porque el derecho al aborto está amenazado. Sí, la derecha quiere que solo las ricas se puedan ir a abortar a Londres como hacían nuestras madres y nuestras abuelas. (Rumores). Se van a acosar a las mujeres a las puertas de las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo. Sí, están atacando el derecho al aborto y poniendo en riesgo a las mujeres, pero la manera de combatir eso es haciendo cumplir la nueva ley del aborto que impulsó Irene Montero y obligando a las comunidades autónomas a que la gente y las mujeres puedan abortar (aplausos), puedan interrumpir sus embarazos en el centro público más cercano a su domicilio; que ese derecho, ministra, no está garantizado. Obliguen a la Comunidad de Madrid, pero obliguen también, ministra, a Castilla‑La Mancha, que también tiene el 99 % de sus abortos en clínicas privadas. Frente a la ofensiva reaccionaria, que ya está aquí, creo que no valen medidas simbólicas. El derecho al aborto tiene que blindarse, pero tiene que blindarse de verdad haciendo cumplir la ley. Muchas gracias. (Aplausos).

Egun on guztioi. La primera cuestión que suscita este proyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución española presentado por el Gobierno es la de su oportunidad y, una vez resuelta esa cuestión, si la propuesta responde a la necesidad de blindaje constitucional de un derecho o, por el contrario, solo utiliza los derechos de las mujeres para incidir en una confrontación ideológica con la derecha y la ultraderecha. Lo cierto es que alimenta una incertidumbre en torno a un tema de gran importancia para las mujeres, y lo hace de forma irresponsable porque la legislación vigente ya garantiza los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Los avances en este sentido comenzaron en 1985 con la despenalización de determinados supuestos de interrupción voluntaria del embarazo y, posteriormente, con la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, reformada en febrero de 2023, que blindó un marco legal y jurídico sólido. Aquella reforma fue recurrida por el Partido Popular. Sin embargo, el Tribunal Constitucional reforzó ese blindaje, elevando el derecho al aborto a rango constitucional. Así, la doctrina actual del Tribunal Constitucional vincula hoy el aborto con el derecho de la mujer a decidir libremente su proyecto de vida como parte del derecho fundamental a la integridad física y moral, vinculándolo al artículo 15 de la Constitución. A su vez, este derecho guarda conexión directa con el artículo 43, que recoge el derecho a la protección de la salud y apunta el deber del Estado de garantizar la realización del aborto en las condiciones médicas adecuadas. Es decir, el aborto voluntario está blindado jurisprudencialmente al máximo nivel.

Por ello, volvemos a la cuestión inicial, a la pregunta que todas nos hacemos. ¿Es necesaria una reforma constitucional semejante? Más aún, ¿lo es en el contexto político actual? ¿De verdad cree el Gobierno que existe un riesgo real de que ese derecho se limite y se derogue como para reabrir un debate que ya estaba superado? Porque eso también tiene un riesgo, el de poner en duda derechos que ya están consolidados, ministra. Si así fuera, el Gobierno estaría obligado a reformar el artículo 15 de la Constitución, que es donde debería residir el aborto como derecho fundamental. Sin embargo, se limita a introducirlo en el artículo 43, solo como un principio rector. Por tanto, no se blinda el derecho en sí, sino que refuerza la obligación positiva de los poderes públicos a ofrecer el servicio de forma accesible y suficiente, pero esa no es la venta que ustedes han hecho a la ciudadanía. El Gobierno nos indica un objetivo y nos propone una medida que no va en la línea del objetivo propuesto, es decir, del blindaje constitucional. La vía de la reforma pretendida parece un atajo para evitar el procedimiento agravado del artículo 168, reservado a los derechos fundamentales, que implicaría disolución de las Cortes y referéndum, incluso lo llega a decir en la exposición de motivos. Sin embargo, la vía de reforma elegida, la del artículo 43, tampoco tiene visos de prosperar, y lo saben, ya que al igual que la otra requerirá de una mayoría de tres quintas partes de ambas Cámaras; eso sí, en este caso no conllevaría la disolución de las Cortes Generales, pero sí un referéndum, si se pidiera.

Por tanto, tenemos un derecho legalmente reconocido y la jurisprudencia lo ha blindado al más alto nivel, pero el Gobierno nos presenta una reforma aguada, que además sabe que no tiene visos de prosperar. Entonces, ¿qué se busca? El hecho de que el Gobierno haya optado por la vía del artículo 43 prueba que la reforma es más simbólica y oportunista políticamente que sustancial. Si verdaderamente se considera la necesidad de blindarlo en la Constitución, hubiera sido mejor y más responsable trabajar en un contexto de mayor consenso y abordar los derechos sexuales y reproductivos y la interrupción voluntaria del embarazo como derecho fundamental, con todas sus consecuencias, y no abrir falsos debates que puedan generar una opinión contraria a un derecho ya consolidado legal y socialmente.

Dicho esto, quiero manifestar que nuestro grupo no va a apoyar las enmiendas a la totalidad presentadas por VOX y el Grupo Popular, porque el Partido Nacionalista Vasco apoyó la ley de 2010 y la reforma de 2023. Nos pareció un buen campamento base para garantizar la libertad de las mujeres a su salud sexual y reproductiva y a la interrupción voluntaria del embarazo y, por tanto, en ese momento podíamos estar más que satisfechas, porque la ley orgánica recuperaba la posibilidad de abortar a las menores de dieciséis y diecisiete años y también se eliminaban los plazos de reflexión. Desde entonces, ¿qué ha pasado, ministra? Reconocemos que los derechos no son perennes ni inmunes a los cambios y que los primeros derechos que se cuestionan siempre son ―¡qué casualidad!― los de las mujeres. Por ello, si se quiere blindar este derecho, tal y como se dice, la reforma deberá dirigirse en ese sentido y no buscar atajos interesados y, en todo caso, garantizar que no se produzca ningún retroceso, y eso ustedes hoy por hoy no lo pueden garantizar.

Por ello, pese a las reservas que nos producen el oportunismo político de la propuesta y los riesgos jurídicos que habría que mitigar, prevalece nuestro compromiso con el derecho de las mujeres a decidir libremente, para que la Constitución consagre lo que es legal y socialmente ya una realidad. En consecuencia, votaremos, como he dicho antes, en contra de las enmiendas a la totalidad.

Laburbilduz, benetan uste du Gobernuak arriskua dagoela eskubide hau mugatzeko? Gaindituta zegoen eztabaida bat berriz irekitzeko? Hala balitz, Gobernua behartuta egongo litzateke Konstituzioaren 15. artikulua erreformatzera, bertan kokatzen baita oinarrizko eskubide gisa. Hala ere, 43. artikuluan sartzera mugatzen da, eta hor printzipio gidari gisa baino ez da sartzen eskubideren exekuzioan, ez aitorpenean. Egin nahi den erreformaren bidea lasterbide bat da. Erreforma sinbolikoa da, konfrontazio politikoa bilatzen duena, besterik ez.

Aitortzen digu eskubideak ez direla iraunkorrak, ezta aldaketekiko immuneak ere, eta zalantzan jartzen diren lehenengo eskubideak emakumeek lortutakoak direla. Horregatik, proposamenaren oportunismo politikoak sortzen dizkigun zalantzen gainetik, emakumeekiko dugun konpromisoa gailentzen da, askatasunez erabakitzeko dugun, guztiak dugun, eskubidearekin. Ondorioz, gure taldeak ez ditu babestuko Vox eta Alderdi Popularrak aurkeztutako osoko emendakinak.

Mila esker.

En resumen, ¿el Gobierno de verdad cree que existe el riesgo de que se limite este derecho? ¿Es necesario reabrir un debate ya superado? Porque, en ese caso, estaría obligado el Gobierno a reformar el artículo 15 de la Constitución, donde se acoge el aborto como derecho fundamental. Sin embargo, se limita a incluirlo en el artículo 43, donde solo se incluye como principio rector. La vía de la reforma que se presenta parece un atajo, una reforma simbólica que busca confrontación política.

Reconocemos que los derechos no son permanentes ni inmunes a los cambios y que los primeros derechos que se cuestionan siempre son los logrados por las mujeres. Por ello, a pesar de las dudas que nos genera el oportunismo político de la propuesta, se impone nuestro compromiso con las mujeres, con nuestro derecho a decidir libremente. En consecuencia, nuestro grupo no va a apoyar las enmiendas a la totalidad presentadas por VOX y el Grupo Popular.

Muchas gracias.

Gràcies, president. El dret a la interrupció voluntària de l’embaràs està plenament —‌plenament— reconegut en la legislació vigent, tant en la Llei orgànica 2/2010, del 3 de març, de salut sexual i reproductiva, com en la Llei orgànica 1/2023 que va modificar l’anterior per garantir l’avortament lliure i gratuït a la sanitat pública i com s’ha dit —‌i com s’ha dit— també està garantit de manera constitucional. A Catalunya, és un dret consolidat que rep un suport total i indiscutible perquè deriva directament de la dignitat i l’autodeterminació de la dona, però sabem —‌sabem— que no és així a tot arreu. Per tant, solidàriament ens posem al costat de qualsevol dona que s’hi vulgui acollir, a aquest dret, sigui d’on sigui, sigui on sigui. Hem d’evitar, entre totes, qualsevol retrocés en aquesta matèria. La totalitat de VOX ho seria. Votarem que no, però també votarem que no a la totalitat del PP. Però abans d’analitzar arguments dels populars, cal deixar clar que tot plegat és fum. Ni sortiran endavant, com hem dit, les totalitats de VOX o del PP, ni té recorregut, no té cap recorregut la reforma constitucional del PSOE. Un govern Sánchez que no té majoria simples per aprovar lleis, com ens vol fer creure que busca majories de tres cinquenes parts per canviar la Constitució?

Estem davant d’un nou espectacle electoralista i s’ha de denunciar, però els hem dit que analitzaríem arguments d’uns i altres. El PSOE proposa garantir constitucionalment, dins de l’article 43, diu: «El dret de les dones a la interrupció voluntària de l’embaràs mitjançant les prestacions i serveis necessaris i en condicions d’igualtat efectiva». Aquesta modificació, com s’ha dit, és dins del capítol dels principis rectors de la política social i econòmica, que informa del funcionament i de les prioritats dels poders públics de manera orientativa. No toca matèria —‌i això és rellevant— que requereixi el procediment agreujat de l’article 168. Però el PP no hi està d’acord. Considera que la reforma hauria de fer‑se, en tot cas, dins de l’article 15, que afecta drets fonamentals, com ho és el de la integritat i la salut i, per tant, sí que requeriria el procediment del 168 cosa que mai no ha passat.

Recordem: suport de dos terços al Senat i Congrés, la dissolució de les Corts i la convocatòria d’eleccions generals i, un cop constituïdes les noves cambres, tornar a aprovar la reforma amb dos terços tant a la cambra baixa com a la cambra alta. Ah, i per reblar‑ho tot al final, al final de tot plegat, un referèndum. Ara em sembla que s’entén perfectament per què la Constitució espanyola només s’ha modificat tres vegades en cinquanta anys i mai arribant als 168. La Constitució és gairebé irreformable. La seva rigidesa contrasta amb la flexibilitat d’altres textos constituents. Per exemple, Alemanya ha modificat el seu text seixanta vegades per adaptar‑lo a la modernitat d’un estat federal que respecta les competències dels länder. Però també hi ha els casos de Bèlgica, de França, d’Itàlia i de molts altres països de la Unió Europea, que tenen clar que la Constitució no són les taules de la llei que Déu li va lliurar a Moisès.

Però la Constitució sempre és una bona excusa per a uns i per altres, per socialistes o per populars. L’amnistia és un bon exemple. Ens deien que no tenia encaix a la Constitució, que era impossible. Catedràtics emèrits de clar signe polític defensaven amb vehemència que degradaria les institucions espanyoles, que seria, ens deien, un assalt a la democràcia, fins que va ser necessària i aritmèticament possible. Amb l’aval de la Comissió de Venècia, es va fer justícia, una justícia que neguen encara en alguns despatxos de l’alta judicatura que no han sabut pair el triomf del legislatiu. És per això que, arribats a aquest punt, vull acabar amb una reflexió. Tenim l’enemic dels qui defensem el somni d’una Catalunya lliure maquinant en despatxos on encara ressona el soroll de sabres que va acompanyar els moments més foscos de la transició. Davant d’aquesta realitat es fa molt difícil, molt difícil, entendre com alguns gosen convertir aquest faristol, aquest, en un escamot d’execució.

A la presidència: dimarts no vàrem demanar la paraula, malgrat que hi va haver al·lusions directes, amb noms i cognoms dels set diputats de Junts. Ens van fer un «a por ellos», que em va recordar les llistes d’altres temps. Ens van assenyalar —e‌ n castellà, per cert— perquè els catalans no eren el seu públic objectiu. No vàrem demanar paraula perquè no formem part d’aquest circ dels que embruten la política. Mirin, els de Junts venim aquí a anar per feina. Volem legislar des del rigor i sense oblidar mai que som aquí per Catalunya i pels catalans. Per responsabilitat, d’aquest hemicicle no poden sortir falses promeses. Per responsabilitat, Junts mai no farà seguidisme d’iniciatives que no resolen les necessitats socials, però que alguns converteixen en titulars d’un dia. No estar d’acord amb les polítiques que ens volen imposar no hauria de portar a qüestionar la nostra integritat moral ni a ser objecte d’un assenyalament que pot portar conseqüències.

Les paraules tenen molt poder. Les que s’escriuen, les que es diuen i, fins i tot, aquelles que encara mantenen forma de pensament. S’ha de tenir molta cura perquè un mal pensament pot portar a una paraula terrible i una paraula terrible pot portar a una acció repugnant. La companya Marta Madrenas va ser perseguida per un home, potser amb la intenció d’agredir‑la, i que la va acabar escopint mentre ella en fugia. I això ens pot passar a qualsevol dels set diputats de Junts assenyalats dimarts al més pur estil VOX. Han estat dies difícils per a molts de nosaltres, però també plens de mostres de suport nascudes en l’empatia i també en un dels valors més fonamentals de la democràcia: el respecte a la dissidència. Som una llista de set, amb una capitana de deu. I ho dic: una llista de set amb una capitana de deu.

Gràcies, Míriam Nogueras, una capitana de la que ens sentim tan orgullosos com ella de nosaltres.

I acabo amb una dita catalana que té molt del karma budista i que diu: Tal faràs, tal trobaràs.

Gracias, presidente. El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo está plenamente ―plenamente― reconocido en la legislación vigente, tanto en la Ley orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva, como en la Ley orgánica 1/2023, que modificó la anterior para garantizar el aborto libre y gratuito en la sanidad pública. También, como se ha dicho, está garantizado de manera constitucional. En Cataluña es un derecho consolidado que recibe un apoyo total e indiscutible, porque deriva directamente de la dignidad y la autodeterminación de la mujer, pero sabemos que eso no es así en todos lados. Por lo tanto, por solidaridad, nos ponemos al lado de cualquier mujer que quiera acogerse a este derecho, sea de donde sea, esté donde esté. Tenemos que evitar, entre todas, cualquier retroceso en esa materia, y la enmienda a la totalidad de VOX lo sería. Por tanto, votaremos que no, pero también votaremos que no a la de totalidad del Grupo Popular. Antes de analizar argumentos de los populares, hay que dejar claro que todo es humo: ni saldrán adelante, como hemos dicho, las de totalidad de VOX o del Grupo Popular ni tiene ningún recorrido la reforma constitucional del PSOE. El Gobierno de Sánchez, que no tiene mayorías simples para aprobar leyes, ¿cómo quiere hacernos creer que busca mayorías de tres quintas partes para cambiar la Constitución? Estamos ante un nuevo espectáculo electoralista, y tenemos que denunciarlo. Pero les hemos dicho que analizaríamos los argumentos de unos y otros. El PSOE propone garantizar constitucionalmente, dice que dentro del artículo 43, el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo mediante las prestaciones y servicios necesarios y en condiciones de igualdad efectiva. Esta modificación, como se ha dicho, está dentro del capítulo de los principios rectores de la política social y económica que informan del funcionamiento y las prioridades de los poderes públicos de manera orientativa. No toca materia, y eso es importante, que requiera el procedimiento agravado del artículo 168, pero el Grupo Popular no está de acuerdo. Considera que la reforma debería hacerse, en cualquier caso, dentro del artículo 15, que afecta a derechos fundamentales, como lo son la integridad y la salud, y, por lo tanto, sí que requeriría el procedimiento del 168, cosa que nunca ha pasado. Recordemos: apoyo de dos tercios del Senado y del Congreso, la disolución de las Cortes, la convocatoria de elecciones y, una vez constituidas las nuevas Cámaras, volver a aprobar la reforma con dos tercios, tanto en la Cámara Alta como en la Baja, y para rematarlo, al final de todo habría que hacer un referéndum. Ahora creo que se entiende perfectamente por qué la Constitución Española solo se ha modificado tres veces en cincuenta años y nunca se ha llegado a tocar el 168. La Constitución es prácticamente irreformable. Su rigidez contrasta con la flexibilidad de otros textos constituyentes; por ejemplo, Alemania ha modificado su texto sesenta veces para adaptarlo a la modernidad de un Estado federal que respeta las competencias de los länder, pero también están los casos de Bélgica, Francia, Italia y otros países de la Unión Europea, en los que tienen claro que la Constitución no son las tablas de la ley que Dios entregó a Moisés. Pero la Constitución siempre es una buena excusa para unos y para otros, para socialistas o para populares, y la amnistía es un claro ejemplo. Nos decían que no encajaba en la Constitución, que era imposible. Catedráticos eméritos de claro signo político defendían con vehemencia que degradaría las instituciones españolas y nos decían que sería un asalto a la democracia, hasta que fue necesaria y aritméticamente posible. Con el aval de la Comisión de Venecia se hizo justicia, una justicia que niegan todavía en algunos despachos de la alta judicatura, que no han sabido digerir el triunfo del

Legislativo. Es por eso por lo que, en este momento, yo quiero terminar con una reflexión: tenemos al enemigo de quienes defendemos el sueño de una Cataluña libre maquinando en despachos donde todavía resuena el sonido de sables que acompañó los momentos más oscuros de la Transición. Ante esta realidad se hace muy difícil, muy difícil, entender cómo algunos osan convertir este atril, este, en un pelotón de ejecución.

A la Presidencia: el martes no pedimos la palabra, a pesar de que tuvimos alusiones directas con nombres y apellidos a los siete diputados de Junts. Nos hicieron un «a por ellos» que me recordó las listas de otros tiempos; nos señalaron ―en español, por cierto― por no ser los catalanes el público objetivo. No solicitamos la palabra porque no formamos parte de este circo de los que ensucian la política. Miren, los de Junts venimos aquí para ir al grano, queremos legislar desde el rigor y sin olvidar jamás que estamos aquí por Cataluña y por los catalanes. Por responsabilidad, de este hemiciclo no pueden salir falsas promesas. Por responsabilidad, Junts jamás hará seguidismo de iniciativas que no resuelven las necesidades sociales, pero que algunos convierten en titulares de un día. No estar de acuerdo con las políticas que nos quieren imponer no debería llevar a cuestionar nuestra integridad moral ni a que seamos objeto de un señalamiento que puede traer consecuencias. Las palabras tienen mucho poder, las que se escriben, las que se dicen, incluso las que todavía tienen forma de pensamiento. Hay que tener mucho cuidado, porque un mal pensamiento puede convertirse en una palabra terrible, y una palabra terrible puede llevar a una acción repugnante. La compañera Marta Madrenas fue perseguida por un hombre, quizá con la intención de agredirla, que terminó escupiéndola mientras ella huía. Eso nos puede pasar a cualquiera de los siete diputados de Junts señalados el martes al más puro estilo VOX. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). Han sido días difíciles para muchos de nosotros, pero también han estado llenos de muestras de apoyo nacidas de la empatía y de uno de los valores más fundamentales de la democracia, el respeto a la disidencia. Somos una lista de siete con una capitana de diez ―lo repito: una lista de siete con una capitana de diez―. Gracias, Míriam Nogueras, eres una capitana de la que nos sentimos tan orgullosos como ella de nosotros.

Termino con un dicho catalán que tiene mucho de karma budista y que dice ―traducido al español―, tal harás, tal encontrarás.

Bon dia, presidenta. Bon dia, diputats. Bon dia, diputades. Mirin, hi ha temes que són fonamentals, fonamentals en la ideologia, fonamentals de la ideologia del partit, fonamentals de l’acció política i que no m’agrada barrejar amb altres temes, però lamentablement —‌perdonin, si us plau, sobretot des de les graderies— he de començar amb una altra història. Aquest matí hem sabut que Israel ha detingut més d’una vintena d’embarcacions, a part de la flotilla que pretenia trencar el bloqueig d’ajuda humanitària a Gaza després de gairebé tres anys de genocidi. Des d’Esquerra volem condemnar, una vegada més, la violació del dret internacional d’Israel, que ha detingut embarcacions que no han comès cap crim en aigües internacionals i que transportaven coses tan bàsiques com aigua, aliments o medicaments. Exigim l’alliberament immediat de totes les persones detingudes, entre les quals n’hi ha de catalanes i també de basques, i que en cap cas es prenguin represàlies judicials contra els membres de la flotilla. I exigim també que el Govern espanyol i la Unió Europea es posicionin clarament contra les accions d’un estat clarament embogit. Moltes gràcies. I ara aniré al tema. I aniré al tema, abans n’he parlat amb la ministra. Mirin, fa uns mesos estàvem en una comissió d’igualtat i va comparèixer la ministra i ens va anunciar que volien portar aquesta iniciativa i des d’uns quants partits que estàvem allà li vam dir: «Ministra, no, ministra, no». Parlem‑ne abans, perquè nosaltres el que creiem és que, després d’una sentència del Tribunal Constitucional, que ha trigat tretze anys a arribar, però que garanteix, vinculat a drets fonamentals, el dret a l’avortament, no és oportú obrir en l’article 43 —‌principis rectors, com sap tothom— la situació, és a dir, l’encaix constitucional del dret a l’avortament. Perquè, segons com, que este país es muy raro, suposarà un endarreriment en la protecció de l’avortament. I, per tant, no ens ho podem permetre. I no ens ho podem permetre per tres motius. El primer, perquè des del meu partit, des de la meva pròpia convicció i crec que representant la convicció de gran part de la nostra gent, mirin, avortament lliure i gratuït, uno. Dos, les dones parim, les dones decidim. Tres, els drets sexuals i reproductius són drets humans i, per tant, no malbaratin el que ja tenim.

Fa molts mesos que l’extrema dreta està utilitzant l’avortament com a arma llancívola contra els drets de les dones. Fa molt de temps. De fet, és: feminismes, immigració i pobresa, si m’apuren, els tres arguments, els tres cavalls de batalla que aquesta extrema dreta ens planteja cada dia aquí en el Parlament. I obrir un camp on podem perdre —‌ni que sigui així— de drets és una temeritat. És una temeritat en un hemicicle on tenim majoria absoluta el dia que votem tots els que donem suport a la investidura, però tres cinquenes parts? Tres cinquenes parts per posar a l’article 43 —‌ja ho he dit, principis rectors— que no garanteixen l’empara davant del Tribunal Constitucional, que no garanteixen el recurs en els tribunals ordinaris, de veritat? De veritat? Amb l’informe del Consell d’Estat que ens hem mirat per activa i per passiva, de veritat?

Si el que vostès volen és debatre sobre l’avortament i sobre els drets sexuals i reproductius —‌que s’ha de fer— fem‑ho sense posar en perill res, a no ser que sigui la intenció de demostrar que hi ha una part de la bancada que està en contra de l’avortament. La pregunta és: això ens surt a compte? La major part de les dones del meu país pensen —‌i tenen raó— que l’avortament està garantit, que l’avortament és un dret fonamental, que no han de donar explicacions a ningú, que són mestresses del seu propi cos. És en aquests moments oportú introduir el dubte sobre si això és així? Sobre si està suficientment garantit amb la sentència a les mans del Tribunal Constitucional? Jo li pregunto, perquè si es tracta només d’un tema electoral —‌elecciones de Andalucía d’aquí a trenta dies, María Jesús Montero contra Moreno Bonilla, dient‑li: «Ustedes son unos machistas»— pues bueno, me bajo del faristol, ja s’arreglaran. Tothom sap el que pensem i no donarem ni un pas enrere.

Si en realitat hi ha alguna intenció de tirar endavant aquest debat, l’han encarat malament. I encarar‑ho malament en un moment d’ultradreta desbocada, amb el control de les xarxes, és tornar‑nos a condemnar a les dones de ser en el terreny simbòlic, el nostre cos, el terreny simbòlic on es fan les batalles democràtiques de l’Estat. Vostès comprendran amb una certa facilitat que respecte de la modificació de la Constitució, home! Miri, jo li diré: és que aquesta Constitució no me la sento meva. Això ho sap tothom. Jo, és que aquesta Constitució, francament, de sortida d’aquesta transició, doncs li dono el valor democràtic que li dono, que és tirant a poquet. Jo és que aquesta Constitució, fins que no contingui el dret d’autodeterminació dels pobles, per mi, facin el que vulguin amb ella. Però sí que hi ha elements que permeten la garantia d’alguns drets fonamentals i posar‑ho en risc, em sembla —‌i ho torno a repetir— una temeritat política de conseqüències impensables, si és que per algun motiu la gent de la dreta més o menys normal, que tampoc els agafés per votar a favor. Perquè recordi que els tribunals diuen que quan un dret està denominat en algun dels articles que estan continguts en els principis rectors, amb els elements rectors, dels principis econòmics i socials perden el seu blindatge de dret fonamental. I vostès ens diuen: «No, no, és que no ens estan entenent». Nosaltres no parlem del dret, parlem d’execució dels drets. Miri, vostès tenen un problema administratiu. La llei ja no és que permet, és que garanteix que es pugui avortar farmacològicament i quirúrgicament a tots els hospitals públics. Facin‑la complir! Si per votar ens van fer un 155, doncs per l’avortament, facin alguna cosa amb les comunitats díscoles! Perquè nosaltres ja ho vam fer al nostre país. Ja vam introduir‑ho. Madrid té un problema, sí, Madrid té un problema i aquest problema es pot estendre a tot l’Estat com guanyin. Estem d’acord amb això?

Per tant, estan d’acord en això, votarem en contra de les dues totalitats, malgrat que l’anàlisi jurídica que fan el compartim i votarem en contra perquè, de nou simbòlicament, volem que quedi molt clar el nostre suport absolut, que forma part indestriable de la nostra manera de fer política, al dret de les dones al seu propi cos, al dret a l’avortament, al dret als drets sexuals i reproductius, com els seus propis noms indiquen, i al dret a efectuar‑ho quan nosaltres vulguem. Ningú, ningú té cap dret a interferir en la voluntat i en l’ús que la dona fa del seu cos. Si us plau, no ho posin més en perill.

Moltes gràcies.

Buenos días, presidenta. Buenos días, diputados. Buenos días, diputadas. Hay temas que son fundamentales en la ideología del partido, en la acción política, y no es que me guste mezclar con otros temas, pero lamentablemente ―perdónenme, por favor, sobre todo desde las graderías― tengo que empezar con otra historia. Esta mañana hemos sabido que se han detenido más de veinte embarcaciones, parte de la flotilla que iba a romper el bloqueo en Palestina ―¡tres años de genocidio!―. Queremos denunciar una vez más que se han detenido en aguas internacionales embarcaciones que no han cometido ningún crimen. Transportaban cosas tan básicas como agua, alimentos o medicamentos. Exigimos la liberación inmediata de todas las personas detenidas, entre las que hay catalanas y también vascas, y que en ningún caso se tomen represalias judiciales contra los miembros de la flotilla. Asimismo, exigimos que el Gobierno español y la Unión Europea se posicionen claramente contra las acciones de un Estado claramente enloquecido. Muchas gracias. (Aplausos). Y ahora voy al tema. Miren, hace unos meses estábamos en una sesión de la Comisión de Igualdad en la que compareció la ministra y nos anunció que querían traer esta iniciativa y desde uno de los partidos que estuvimos allí le dijimos: Ministra, no, ministra, no; hablemos de ello antes. Nosotros creemos que después de una sentencia del Tribunal Constitucional que ha tardado trece años en llegar, pero que garantiza vincular los derechos fundamentales al derecho al aborto, no es oportuno abrir el artículo 43 ― principios rectores, como sabe todo el mundo― para la situación, es decir, para el encaje constitucional del derecho al aborto, porque según cómo, pues este país es muy raro, supondrá un aplazamiento, un atraso en la aplicación del aborto. Y no nos lo podemos permitir, por tres motivos. Uno, porque, desde mi partido, desde mi propia convicción, que representa a gran parte de nuestra gente, el aborto es libre y gratuito; dos, porque las mujeres parimos y las mujeres decidimos; tres, porque los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. Por lo tanto, no deshagan lo que ya tenemos, no lo estropeen. Hace mucho tiempo que la extrema derecha está utilizando el aborto como arma arrojadiza contra los derechos de las mujeres. Feministas, inmigración y pobreza, esos son sus objetivos, los tres argumentos, los tres caballos de batalla que esta extrema derecha nos plantea aquí cada día en el Parlamento. Y no podemos perder ni esto (junta las puntas de los dedos índice y pulgar) en derechos. Abrir esa puerta es una temeridad. En este hemiciclo tenemos mayoría absoluta el día que votamos todos los que damos apoyo a la investidura, pero ¿tres quintas partes, y para ponerlo en el artículo 43, en los principios rectores, que no están garantizados por el amparo del Tribunal Constitucional, que no garantizan el recurso a los tribunales ordinarios? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Con el informe del Consejo de Estado, que nos hemos mirado por activa y por pasiva? ¿De verdad? Si lo que ustedes quieren es debatir sobre el aborto y sobre los derechos sexuales y reproductivos, que hay que hacerlo, hagámoslo sin poner nada en peligro, salvo que la intención sea demostrar que hay una parte de la bancada que está en contra del aborto. La pregunta es si eso nos merece la pena, si nos sale a cuenta. La mayor parte de las mujeres de mi país creen, y tienen razón, que el aborto está garantizado, que el aborto es un derecho fundamental, que no tienen que dar explicaciones a nadie, que son dueñas de su propio cuerpo. ¿Es oportuno en estos momentos incluir la duda de si esto es así, si está suficientemente garantizado con la sentencia que tenemos del Tribunal Constitucional? Yo se lo pregunto porque, si se trata solo de un tema electoral ―elecciones de Andalucía de aquí a no sé cuántos días, María Jesús Montero contra Moreno Bonilla diciéndole: Ustedes son unos machistas―, me bajo del estrado y ya se las arreglarán. Todo el mundo sabe lo que pensamos y no damos ni un paso atrás, ¿vale?

Si en realidad hay alguna intención de impulsar este debate, lo han encarado mal, y encararlo mal en un momento en que la ultraderecha está desbocada con el control de las redes es volvernos a condenar a las mujeres a estar en el terreno simbólico de nuestro cuerpo, al terreno simbólico donde se libran las batallas democráticas del Estado. Ustedes entenderán con una cierta facilidad, con respecto a la modificación de la Constitución, que esta Constitución no la siento mía, como ya sabe todo el mundo; que a esta Constitución, francamente, saliendo de esa Transición, le doy el valor que le doy, que es más bien poco; que mientras que no contenga esta Constitución nada de la autodeterminación de los pueblos, por mí hagan lo que quieran con ella. Pero lo que sí que es verdad es que hay elementos que permiten la garantía de algunos derechos fundamentales, y poner en riesgo eso me parece ―vuelvo a repetirlo― una temeridad política de consecuencias impensables, si es que por algún motivo a la gente de la derecha, más o menos normal, que poco, le diera por votar a favor, porque recuerden que los tribunales dicen que, cuando un derecho está nombrado en alguno de los artículos contenidos en los principios rectores, los principios económicos y sociales, pierde su blindaje de derecho fundamental. Y ustedes nos dicen: No, no, es que no nos están entendiendo, nosotros no hablamos del derecho, hablamos de la ejecución de los derechos. Miren, ustedes tienen un problema administrativo. No es que permita, sino que la ley garantiza que se pueda abortar farmacológica y quirúrgicamente en todos los hospitales públicos. Hagan que se cumpla. A nosotros ya nos aplicaron el 155, pues hagan algo con las comunidades díscolas respecto al aborto; nosotros ya lo hicimos en nuestro país, ya lo introdujimos. Madrid tiene un problema, sí, Madrid tiene un problema, y ese problema se puede extender a todo el Estado como ganen. ¿Estamos de acuerdo en eso?

Por tanto, estando de acuerdo en eso, votaremos en contra, a pesar de que el análisis jurídico que hacen lo compartimos, y votaremos en contra porque, una vez más, simbólicamente queremos que quede muy claro nuestro apoyo absoluto, nuestra manera de hacer política, el derecho de las mujeres a su cuerpo, el derecho al aborto, el derecho a los derechos sexuales, como su nombre indica, y el derecho a hacerlo cuando queramos nosotras. Nadie ―nadie― tiene ningún derecho a interferir en la voluntad y en el uso que hace la mujer de su cuerpo. Por favor, no lo pongan más en peligro.

Muchas gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, presidenta. Señorías, el aborto no es una invención reciente, no nace de lo que la ultraderecha llama ideología de género, sino que acompaña a la humanidad desde sus orígenes, igual que el intento de controlar nuestros cuerpos. La historia del derecho al aborto es la historia de la emancipación de las mujeres, la historia de las luchas feministas, de cómo hemos ido conquistando paso a paso la capacidad de decidir: primero, la educación, después el voto, la cuenta bancaria, el divorcio, la sexualidad no sometida a la reproducción. Nada de esto fue regalado, todo fue conquistado. El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo forma parte de esa misma trayectoria y es una pieza central del reconocimiento de la dignidad (aplausos), la integridad física y moral y la autonomía de las mujeres. Precisamente por eso estamos aquí, porque el derecho al aborto necesita protección, necesita garantía y blindaje. Pero bueno, tampoco podemos decir que hayamos llegado a este debate por inercia, ¿no? SUMAR planteó hace dos años que el derecho al aborto debía estar en la Constitución y se nos dijo que no era el momento, y no fue la derecha quien lo dijo. Hoy estamos aquí porque nosotras no nos detuvimos y seguimos trabajando, llevando propuestas a los grupos parlamentarios y abriendo diálogo con expertas, con la sociedad civil, con organizaciones feministas y sindicales ―algunas de ellas están hoy aquí―. Hicimos lo que había que hacer entre todas cuando se trata de derechos: empujar. (Aplausos). Por eso, señorías, quiero empezar reconociendo el trabajo de todas las que han mantenido viva esta causa durante años, de tantas mujeres del movimiento feminista, pero también tengo que reconocer el trabajo de nuestras ministras y, sobre todo, el del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, el de Aina, el de Esther, el de Engracia, el de Alda, el de Júlia, el de Tes, el de Candela, el de Viviane, el de Laura, el de Mar y el de todas las de nuestro equipo técnico. Enhorabuena, compañeras, porque lo hemos conseguido. (Aplausos).

Señorías, este debate va de avanzar en derechos, va de ampliar la democracia. Por eso, señorías del Partido Popular, no hagan trampas, no pretendan reducirlo a una discusión técnica, que, además, no se sostiene y que corresponde, en todo caso ―en todo caso, señorías―, a otro momento procesal. Hablan ustedes de fraude constitucional, y lo hacen sin rigor. Se lo resumo. El Tribunal Constitucional ya ha establecido con claridad que el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo se articula sobre tres pilares: la dignidad, la integridad física y moral y la protección de la salud, artículos 10, 15 y 43 de la Constitución. Esta es la arquitectura constitucional de este derecho. No es uno, son tres. En nuestro sistema, la protección de un derecho no depende únicamente de su ubicación formal, sino de su contenido material y de su vinculación con estos valores superiores. Por eso, incorporar el derecho en el artículo 43 es constitucionalmente válido y jurídicamente coherente; además, evita algo que ustedes parecen querer reabrir, de la mano con VOX: el falso marco de colisión permanente con el derecho a la vida. No estamos ante un conflicto de derechos, señorías, estamos ante el reconocimiento del derecho de las mujeres y de las personas gestantes a decidir libremente sobre su propio cuerpo.

Señorías, asistimos a una ola reaccionaria que pretende limitar, cuando no acabar, con derechos conquistados. En Estados Unidos, después de que la Corte Suprema, con mayoría trumpista, anulara la sentencia Roe versus Wade, hemos visto cómo numerosos Estados han prohibido o restringido el aborto hasta hacerlo inaccesible. En Argentina, Javier Milei ha vaciado la ley, sin necesidad de derogarla: recortes, retirada de medicamentos, abandono de programas públicos. En Polonia el aborto está prácticamente prohibido, obligando a miles de mujeres a salir del país o a recurrir a procedimientos peligrosos e inseguros. En Italia, Giorgia Meloni aprobó que grupos antiabortistas pudieran acceder directamente a las clínicas. En Hungría, Orbán impuso la ley del latido, que obliga a escuchar el sonido fetal antes de decidir. Las mismas estrategias, los mismos argumentos, los mismos aliados y, si no lo impedimos, los mismos resultados. ¿Y qué mejor ejemplo de todo esto que la enmienda de VOX? Es una enmienda que directamente niega el derecho. Para VOX, cuantos menos derechos tengamos las mujeres, mejor, tanto es así que hoy estamos aquí hablando de autonomía de las mujeres y sale por VOX un ‘señoro’. (Aplausos). Señorías de VOX, su España, la de la tutela, la del miedo, la de las mujeres sin autonomía, ya no existe ni va a volver. Para eso están y estamos aquí las feministas.

El Partido Popular ha decidido no confrontar con VOX, ni siquiera para defender los derechos más básicos de las mujeres, nuestra dignidad y nuestra integridad. Es más, ha decidido seguir a VOX, asumir sus ideas y blanquearlo, paso a paso, intervención a intervención, Gobierno a Gobierno. Así, señorías, es como avanzan las regresiones. No hacen falta grandes anuncios, basta con que discursos como los de VOX dejen de escandalizar y que alguien los recoja, los suavice y los traiga a esta Cámara disfrazados de debate técnico. Los derechos, señorías, no desaparecen de un día para otro, se erosionan, se vacían y se dificultan hasta que dejan de ser reales. Hoy, el Partido Popular, con esta enmienda, está haciendo exactamente eso, blanquear y legitimar el retroceso. Que sobra este debate, dicen. Que sobra, ¿verdad? Señorías, ¿saben que el aborto sigue siendo delito en España? ¿Esto les parece lógico en el año 2026? ¿De verdad les parece razonable que en el siglo XXI una persona pueda enfrentarse a penas de cárcel por decidir sobre su propio cuerpo? (Aplausos). ¡Sobra el debate! ¡Este debate sobra! A nosotras no. Nos parece profundamente injusto. Nos parece profundamente incompatible con una democracia que se tome en serio la libertad.

Señora Franco González —q‌ ue ni está para escucharme—, el derecho al aborto no está garantizado. (Protestas.―Varias señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso señalando hacia los escaños situados en la zona alta del hemiciclo, a la derecha de la tribuna de oradores: ¡Sí! ¡Sí está!). No está… (La señora Franco González: ¡Aquí! ¡Estoy aquí!). De acuerdo. Antes estaba sentada en otro escaño (señalando hacia la parte central se los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso). Bien, pues escuche lo que le tengo que decir: el derecho al aborto no está garantizado en España. (Rumores.―La señora Franco González: ¡No es así!). Ya que está, escuche: No está garantizado. Incluso cuando es legal, persisten barreras al derecho al aborto en nuestro país; barreras administrativas, barreras por el origen, por los papeles ―por tenerlos o no―, barreras territoriales. Y de esto saben mucho; pensemos en Andalucía. (Rumores.―Una señora diputada: ¡Sí, Ceuta y Melilla!). Su partido no solo ha destrozado la sanidad. (Protestas). En Andalucía, de casi 20 000 interrupciones voluntarias del embarazo, solo 41 se hacen en hospitales públicos. (Aplausos). Y hay algo que duele aún más, señoría. Sí, en Jaén ya no hablamos de derivaciones; en Jaén es imposible abortar. (Protestas). Y eso tiene un nombre, se llama vulneración de derechos. Ese es su modelo, lo saben ustedes: romper el sistema público por dentro para que los derechos dependan de otras cosas, del dinero, de los enchufes... Ustedes nunca han querido evitar los abortos. ¡No quieren eso! Han querido decidir quién puede abortar sin problemas y quién tiene que sufrir acoso por ello. (Aplausos). Sí, acoso en las puertas de las clínicas.

Termino ya, señora presidenta. Compañeras diputadas del Grupo Popular, me hago cargo de lo difícil de vuestra posición. (Varias señoras diputadas del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso: ¡Nooo!). Y yo afirmo que no hay mujer demócrata en esta Cámara que quiera votar en contra de que el derecho al aborto esté en la Constitución. (Fuertes protestas). Sí, y, sin embargo, es lo que les está exigiendo su grupo. Por eso, señorías, diputadas, compañeras, hoy lo que toca es valentía; valentía para votar a favor de lo que sabemos que es justo; valentía para no aceptar que otros marquen el límite de nuestros derechos. Del debate de hoy se recordará quién estuvo a la altura y quién eligió mirar hacia otro lado. Se recordará qué sociedad decidió cada uno que teníamos que ser, si una que avanza en derechos o una que retrocede. En SUMAR lo tenemos claro: el derecho al aborto debe estar expresamente en la Constitución… (Varios señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso: ¡El tiempo!).

…por nosotras y por las que vendrán. Muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Plurinacional SUMAR y de la señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, puestos en pie.—Aplausos del Grupo Parlamentario Socialista).