Bella Verano Domínguez
Señor presidente, señorías, si queremos hablar con rigor de política hidráulica en España hay que empezar por una realidad que es incómoda: el Gobierno no está ejecutando sus propios planes. España tenía previstas inversiones superiores a 36 000 millones de euros en planificación hidrológica y, sin embargo, según los últimos datos oficiales disponibles, el grado de ejecución apenas alcanza el 6 %. No estamos, por tanto, ante un problema de diagnóstico: los proyectos existen, las necesidades están identificadas, las prioridades están fijadas; lo que falla es la ejecución. Cuando falla la ejecución en una política estructural como esta, falla la capacidad de un país de garantizar su seguridad hídrica, su desarrollo económico y su equilibrio territorial. Porque el agua no es un debate sectorial: es un elemento vertebrador.
Precisamente por eso, señorías, desde hace años el presidente Alberto Núñez Feijóo viene planteando la necesidad de un pacto nacional del agua. Un pacto de Estado que permita anticipar, planificar y garantizar una gestión equilibrada de los recursos hídricos en todo el país frente a la improvisación y a la falta de ejecución que estamos viendo con este Gobierno. Y, además, señorías, con un agravante: España necesita, según los propios análisis del sector, más de 104 000 millones de euros en la próxima década para hacer frente a sequías y a inundaciones. Es decir, el Gobierno sabe qué es lo que hay que hacer, sabe cuánto cuesta y, aun así, no está actuando. Hasta el punto de que en el Grupo Parlamentario Popular hemos tenido que presentar un plan de emergencia para garantizar la seguridad de nuestras presas.
Pero si ese incumplimiento es grave a escala nacional, en Andalucía es sencillamente inaceptable, porque Andalucía hoy vive una paradoja que ningún responsable público puede ignorar: cuando llueve ―porque en Andalucía llueve―, no podemos almacenar y, cuando no llueve, no tenemos agua. Eso no es una fatalidad climática, es una consecuencia directa de no haber hecho las infraestructuras que estaban pendientes. Infraestructuras que no son opcionales; son, en su gran mayoría ―y digo en su gran mayoría― obras de interés general del Estado. Es decir, señorías, son una obligación legal del Gobierno de España. Y, sin embargo, ahí siguen: paralizadas, retrasadas o directamente olvidadas desde el año 2018. Más de cien infraestructuras hidráulicas pendientes en Andalucía. No estamos hablando de proyectos nuevos, no es así; estamos hablando de obras comprometidas, planificadas y no ejecutadas. Y cuando falta el agua eso tiene consecuencias, porque limita la agricultura, la industria, la minería, el turismo o el abastecimiento a miles de familias. Pero también consecuencias cuando sobra, cuando llueve mucho, porque sin infraestructuras no hay capacidad de regulación y sin regulación lo que hay es riesgo (aplausos): riesgo de inundaciones, riesgo para municipios y ciudades enteras. Señorías, no queremos volver a lamentar situaciones que ya hemos vivido en otros puntos de España.
Y otro elemento que no podemos obviar es que España ha contado con una oportunidad histórica con los fondos europeos Next Generation y, sin embargo, hoy la realidad es que no estamos más preparados ante futuras sequías o inundaciones. Porque el diseño del propio plan de recuperación nunca estuvo adaptado a las necesidades reales de nuestro país. Estamos ante un problema de prioridades y de gestión de este Gobierno. El Gobierno que a sí mismo se califica como el más verde, el más ecologista y el más comprometido con la lucha contra el cambio climático; y ni es tan verde, ni es tan ecologista, ni está luchando absolutamente nada, porque la mejor política climática no son los discursos: son las infraestructuras. Y mientras el Estado no cumple, Andalucía sí está respondiendo. El Gobierno andaluz lleva años invirtiendo, planificando y ejecutando, incluso asumiendo actuaciones que no son de su competencia porque sabe que, si no lo hace, nadie lo hará. Y vuelvo a repetir que esto es cuestión de prioridades: de prioridades que tiene este Gobierno. Cuando un Gobierno decide no ejecutar lo que está obligado a hacer, está tomando una decisión política, y Andalucía no puede seguir siendo la consecuencia de esa decisión.
Voy a poner algunos ejemplos de estas cien infraestructuras hidráulicas porque no tengo tiempo de nombrarlas a todas. En Almería, desaladoras como la del Bajo Almanzora, Carboneras o el Campo de Dalías, entre otras, diecisiete infraestructuras pendientes, sin contar, además, con los efectos que están sufriendo de los recortes constantes al trasvase Tajo‑Segura. En Cádiz, infraestructuras vitales como la presa de Gibralmedina, el recrecimiento de las presas de Guadalcacín o la de Guadarranque, entre otras, hasta dieciséis actuaciones pendientes. En Córdoba, actuaciones claves como la conexión Puente Nuevo‑Sierra Boyera, la segunda fase de las zonas regables del Genil‑Cabra o la remodelación del canal del Guadalquivir, entre otras, de un total de nueve actuaciones pendientes. En Granada, infraestructuras esenciales como las canalizaciones de la presa de Rules, el canal de Castril o la presa de Velillos, entre otras, dentro de un total de once actuaciones sin ejecutar en la provincia de Granada. En Huelva, presas como la de Alcolea, La Coronada, Pedro Arco, Corumjoso; el desdoble del túnel de San Silvestre ― dos veces han puesto la primera piedra en el desdoble y no han hecho absolutamente nada― o la impulsión de Bocachanza; hasta quince obras pendientes en la provincia de Huelva. En Jaén, canalizaciones de la presa de Siles, la presa de Cerrada de la Puerta o la balsa de Cadimo, entre otras, con siete actuaciones pendientes aún. En Málaga, presas en ríos como el Ojén, Alaminos o Cerro Blanco junto a las desaladoras, las dos desaladoras de la costa del Sol, entre otras. Dieciocho infraestructuras que siguen esperando en la provincia de Málaga. En Sevilla actuaciones como el canal del bajo Guadalquivir, la presa de San Calixto o el abastecimiento de la Sierra Norte, entre otras, de siete obras pendientes en la provincia de Sevilla.
La misma realidad en toda Andalucía. Toda Andalucía está afectada. Esto, señorías, son años en los que se ha mirado hacia otro lado mientras se acumulaban necesidades y se ponía en riego el desarrollo de toda una tierra. Por eso, hoy no venimos a pedir nada extraordinario. Venimos a exigir algo mucho más simple: que se cumpla lo que ya está previsto, que se ejecute lo que ya está comprometido y que se respete lo que Andalucía necesita. (Un señor diputado: ¡Muy bien!).
Termino, señorías. Si hay algo que esta situación demuestra es que, frente a la parálisis de algunos ―la parálisis de este Gobierno― hay Administraciones que sí están tirando del carro de este país. Por eso, compañeros, siéntanse orgullosos de nuestras comunidades autónomas porque son ellas las que están planificando, las que están ejecutando y las que están respondiendo.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.―Varios señores diputados: ¡Muy bien!).