Proposición de Ley de modificación del Código Civil, para la protección de los menores tutelados en situación de desamparo.

Gracias, señor presidente. Permítanme, antes de nada, que salude a la Plataforma Nacional de Derechos Humanos, que hoy está aquí, y la felicite por su trabajo. Esta plataforma defiende a los niños tutelados y a sus familias. Gracias. (Aplausos). Esta es vuestra reivindicación y también es la nuestra. Bienvenidos. Nochebuena de 2019, en Mallorca. Una niña tutelada de 13 años es violada por seis adolescentes y un adulto. Semanas después nos enteramos de que dieciséis niñas han sido prostituidas. Meses después nos enteramos de que son más de veinte, más de treinta. Niñas y niños abusados bajo custodia de la Administración pública, en Mallorca, responsabilidad del Consejo Insular, concretamente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, el IMAS. Este mismo IMAS declaró desaparecida a otra menor, que se fugó de un centro, mientras que la trabajadora social seguía en contacto con ella sin informar a la Guardia Civil, que investigaba la desaparición. Ya se había fugado en otras ocasiones. Fue violada a los 12 años. Cuando se declaró desaparecida, siendo aún menor de edad, se fue a vivir con su novio y se quedó embarazada. Así lo relataba: Nosotros queríamos tener el bebé, pero el IMAS ―la Administración que tenía que protegerla― nos dijo que, si insistía en continuar con el embarazo, sería trasladada a la Península y no podría hacerme cargo del bebé. Por eso decidimos abortar. Nos recogió en casa una técnico de menores que nos acompañó hasta la clínica privada abortista. Coaccionada para abortar y pagado con dinero público. No solo han sido las decenas de casos de Baleares, no, sino que el horror sacude a toda España. En Cataluña, incontables casos. Voy a detenerme en uno lamentablemente conocido, el del terrible drama de Noelia Castillo, la chica ejecutada por un Estado que empezó a destruirla cuando pasó a depender de la tutela de la Generalidad de Cataluña cuando tenía 13 años. (Aplausos). Noelia pasó por varios centros de la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia, la conocida como DGAIA. Denunció que había sufrido agresiones sexuales. La DGAIA, una dirección general en manos de fundaciones vinculadas a Esquerra Republicana y que han sido denunciadas por la defensora del pueblo catalana, por la Oficina Antifraude y por la Sindicatura de Cuentas por, entre otras cosas, cobrar de la Generalidad por menores que no existen. Esta denuncia, además, trascendió cuando se supo que una niña de 12 años tutelada por la Generalidad había caído en una red de pederastas, que había sido repetidamente violada y que, a los 15 años, se le permitió que fuera a vivir con un novio diez años mayor que ella. Toda la izquierda y el separatismo callados, porque esta trama afecta directamente a Esquerra Republicana, así como al PSC por ocultarlo. En Andalucía, noticia del domingo: «Liberada una menor tutelada tras sufrir agresiones sexuales y ser engañada para estafar durante su retención en Huelva». En la Comunidad Autónoma vasca hace diez años varios menores del centro de menores tutelados de Sansoheta se prostituían a cambio de dinero u otros regalos, y el PNV y el PSOE lo taparon. En la Comunidad de Madrid salió la noticia de que existía un grupo de cerca de cuarenta individuos vinculados a bandas latinas que reclutaban a niñas entre 13 y 15 años en centros de tutela de la comunidad para violarlas y retenerlas drogadas en sótanos y viviendas, donde eran obligadas a mantener relaciones con miembros de la organización. En Canarias hace dos semanas nos enteramos de que una mujer guineana con enanismo de 32 años de edad logró ingresar en un centro de acogida para menas en Lanzarote haciéndose pasar por adolescente. Durante meses captó a niñas para introducirlas en una red de trata de seres humanos. Además de toda esta desgracia, por si fuera poco hay comunidades donde los menas comparten centros o pisos de tutela con menores tutelados. Cientos de casos en Valencia. El más escandaloso ha mandado a juicio a toda una exvicepresidenta de la Generalidad Valenciana, la señora Mónica Oltra, de Compromís, por haber encubierto los abusos sexuales realizados por su marido a una menor tutelada. Señorías, no tengo tiempo para citar todos los casos de abusos, pero en todos estos casos el que toma la decisión de separar a un menor de su familia es un trabajador social, los servicios sociales, no un juez. Son más de 1100 los menores tutelados por las autonomías los que han denunciado abusos sexuales desde el año 2019 ―¡más de 1100 los que han denunciado!―, sin añadir todos los que no denuncian. Es terrorífico. Vidas rotas. Familias destruidas.

Una madre de Mallorca, María: Se llevaron a una niña que iba a la escuela y que no decía una sola palabrota ni insultaba y me devuelven a una adolescente desgraciada de por vida, destrozada en el tema sexual. Se ha escapado al menos siete veces y nadie sabe adónde va. Desaparece a mediodía y no aparece hasta el día siguiente. Me llaman y me dicen que se ha ido, y se quedan tan anchos; yo, toda la noche sin dormir, asustada.

Abusos, agresiones, celdas de castigo, fugas y consumo de drogas fuera y dentro del centro de tutela, como ya han denunciado varios educadores. Niñas tuteladas, prostituidas, abusadas y drogadas, y también niños; lo más sagrado que hay, a los que más hay que proteger, y acaban siendo utilizados como mercancía para los objetivos más oscuros y espeluznantes que podamos imaginar. (Aplausos). Esto está sucediendo desde los años noventa. ¿Cómo es posible que nadie haya hecho nada? ¿Cómo es posible que Fiscalía, que el Poder Judicial no hayan hecho nada más que archivar sistemáticamente las denuncias? ¿De quién es la responsabilidad? ¿De quién? Pues yo se lo digo: De los Gobiernos, de la Administración Pública. ¿Hasta dónde llegan las implicaciones en el continuo escándalo de los menores tutelados? Elemento fundamental: la legislación actual permite que un trabajador de los servicios sociales pueda llevarse a los niños sin la autorización de un juez. Los declaran en desamparo y los arrancan de sus familias, de sus casas, sin la intervención de un juez. Sobre todo a partir de la aprobación de la ley orgánica de protección jurídica del menor, en 1996, las declaraciones de desamparo se multiplicaron y se creó una gran cantidad de empresas y de fundaciones, ONG, etcétera, que concertaron servicios con la Administración para atender a esta enorme cantidad de niños. Así emergió este negocio. Es que en España contamos con 52 000 niños tutelados, aproximadamente. El coste de cada menor tutelado es de 7000 euros al mes, de media, el doble de lo que nos costaría enviarlo a un internado de lujo en Inglaterra. En Ibiza, el coste de un niño llega hasta los 9800 euros al mes. Al mes, son 364 millones. Al año, son más de 4300 millones de euros ―¡cada año, 4300 millones!―. ¿Adónde va ese dinero? ¿Quién se está forrando? Yo se lo digo: Todo un entramado institucional y corrupto. (Aplausos).

Una familia con tres hijos en situación de pobreza podría vivir cómodamente con una ayuda de 1000 euros mensuales, pero no se ayuda a la familia. El sistema debería procurar que todo niño esté con su familia y, en el caso de que se demuestre, por las circunstancias que sea ―maltrato, abuso, drogas, salud mental―, que no puede estar con su familia, que no puede volver con ella, hay que ofrecerle que pueda estar con otra familia, pero no en un centro donde no hay control y se puede escapar. Servicios sociales con poder absoluto sobre los niños y sus familias. Todo el mundo cree o piensa que los niños solo pueden ser tutelados por razones objetivas graves, como maltratos, palizas, abusos, prostitución o abandono, pero cuando compruebas las razones por las que se arranca a los menores de sus familias ves que muchas de ellas son muy distintas. A un padre le retiran la tutela por negarse a que su hijo reciba educación sexual, por cuestiones de género o porque no va correctamente vestido (rumores), y ese niño acabará prostituido, drogado o siendo abusado. Pero les da igual, porque aquí lo que interesa es el negocio. Ya hay denuncias de familias por informes falsos, tergiversaciones, engaños. La ministra socialista Celaá dijo que los hijos no eran de los padres, sino que eran del Estado. Pues no fue un lapsus, no. Los padres no tienen posibilidades de reclamar a la Administración. Esa es la realidad que han montado ustedes. El sistema de protección de menores en España no protege al menor. Parece una trama criminal de secuestro, extorsión y malversación de caudales públicos. (Aplausos).

En 2020 salió el escándalo de las menores tuteladas prostituidas de Baleares, y lo denunciamos. No nos quedamos de brazos cruzados, sino que lo denunciamos. Fuimos los primeros, los únicos, en ir a la Fiscalía, y como la Fiscalía lo archivaba incluso aunque hubiera atestado de la Guardia Civil, nosotros denunciamos directamente en el juzgado, donde seguimos ejerciendo la acusación popular. También lo denunciamos en el Parlamento balear, y el PSOE, Més per Mallorca, SUMAR y Podemos se negaron sistemáticamente a crear una comisión de investigación. Hasta en cinco ocasiones se negaron; lo intentaron tapar y lo intentaron ocultar. Incluso el Gobierno balear de la señora Armengol tuvo la desfachatez de acusarnos a nosotros de crear el problema por denunciarlo. Esto es lo que pasó. Intentaron incluso que firmáramos un pacto de silencio para no seguir denunciando los continuos casos de abusos que salían a la luz, un pacto de la vergüenza. Lo firmaron todos ―desde el PP hasta Podemos―, menos nosotros. La señora Armengol, siendo presidenta de Baleares, hizo todo lo posible para ocultar el escándalo de las menores tuteladas prostituidas. No quisieron investigar, señorías. Tampoco aquí, en el Congreso, señorías del PSOE y de Podemos. Quien se empeña en ocultarlo, por algo es. Tuvimos que acudir al Parlamento Europeo.

Sí, le pido un segundo, señor presidente. Conseguimos que una misión del Parlamento Europeo viniera a Baleares a investigar. Intentaron también ocultarlo. El Parlamento Europeo nos dio la razón. Destacó la necesidad de la intervención judicial en la valoración y decisión del desamparo de las víctimas. Nos dio la razón frente a aquellos que nos acusaron de mentir. Por cierto, ¿dónde estuvieron las asociaciones feministas? ¿Dónde están las feministas? ¡Nunca se manifestó ni una! (Aplausos).

Acabo, señor presidente. Señorías, con esta Proposición de ley de protección de menores tutelados pretendemos que se señale la falta de control de los servicios sociales, de organismos que dependen de las comunidades autónomas, y que se recupere el control judicial sobre las decisiones que actualmente adoptan los servicios sociales. Por eso proponemos la modificación del Código Civil…

… y la Ley Orgánica 1/1996. Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Muchas gracias, señor presidente. La verdad es que me he quedado absolutamente choqueada por el discurso de su señoría de VOX: o bien no conoce para nada cómo funciona el sistema de protección a la infancia, o bien miente sistemáticamente y sin ningún tipo de pudor. (Aplausos). Yo he tenido el orgullo de estar al frente de una consejería de derechos sociales en mi comunidad autónoma, entre cuyas competencias también estaba la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias, y le puedo asegurar que en ningún caso a las familias se les retira la tutela de un niño por cuestiones ideológicas o porque no queremos que se nieguen a que se les imparta educación afectivosexual o educación para la ciudadanía. La verdad es que ustedes mienten más que hablan, y no lo puedo decir de otra manera, porque es literal. Miren, para conocer de verdad cómo funciona el sistema de protección, además de mirar informes y estadísticas, lo primero que uno debería hacer es escuchar a la gente que está dentro de ese sistema de protección. Yo, por el desempeño de mis funciones, tuve la oportunidad de escuchar muchas historias, pero hubo una que me atravesó de manera muy significativa, la de una usuaria del sistema que ya se había convertido en una persona adulta, con un bebé, un trabajo a tiempo parcial y muchísimas dificultades para poder acceder al alquiler de una vivienda. La vida era muy difícil para ella. ¿Saben cuál era su mayor preocupación? Pues que su niño tuviera que pasar por el sistema que a ella no la protegió. Es verdad ―en parte le doy la razón― que hay que volver a pensar cuál es el sistema de protección que queremos para nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes, con el fin de acompañarlos y protegerlos y para que se sientan atendidos y, en vez de tener miedo de ese sistema, piensen que verdaderamente ese sistema les da seguridad. Esto que les contaba no es una anécdota, sino una alerta, y nos obliga a repensar el sistema, como les decía, a ver cómo lo podemos hacer más fuerte y lo suficientemente humano para la gente que, lamentablemente, acaba necesitando esa protección del sistema.

Ese debería ser el debate, señorías de VOX, pero la iniciativa que ustedes traen aquí está muy lejos de ser eso. No habla de cómo mejorar el sistema, de cómo acompañar mejor ni de cómo evitar historias como la que les contaba, sino que habla claramente de endurecer, de controlar y de introducir desconfianza. Eso sí, especialmente y una vez más, son los niños, las niñas y adolescentes extranjeros que están en desamparo familiar a los que ustedes, con su discurso de odio, han tratado de deshumanizar. Han sembrado dudas sobre ellos y han construido un relato basado en el miedo. Nosotros no se lo vamos a comprar, señorías de VOX, ni hoy ni nunca.

Se pueden hacer las cosas bien si de verdad quieren. En Canarias, cuando nosotras tuvimos esas responsabilidades, hicimos cosas tan sencillas como, por ejemplo, priorizar el acogimiento familiar y no tener a esos niños dentro de una institución, en centros. Por eso también priorizamos que los niños pudieran ser acogidos por las familias extensas. Muchas veces las abuelas, los abuelos, las tías y los tíos se querían hacer cargo de esos niños y, sin embargo, no podían por razones económicas. Pues algo tan sencillo como darles prestaciones económicas a esas familias hizo que pudieran ejercer la tutela o la guarda de esos menores. Esas son acciones muy sencillas que se pueden hacer y que permiten proteger y acompañar mejor a estos niños, que son los más vulnerables.

Lo que ustedes hacen es bien distinto: traen un enfoque que al final no solo está siendo un ataque terrible a los menores que están tutelados por las comunidades autónomas que no han nacido aquí, sino que también, de camino, están castigando a las menores que están protegidas por el sistema y que nacieron aquí. Por lo tanto, ustedes están golpeando doblemente. A mí me da igual dónde haya nacido un niño o una niña, pues mi principal responsabilidad y obligación es protegerlo, como así hemos hecho en Canarias.

Evidentemente, nosotras no vamos a votar a favor de esta iniciativa de VOX. Entendemos que hay que reformular el sistema y darle más recursos para que estos niños puedan tener mejores proyectos de vida en familias, ya sean familias extensas o ajenas. Es necesario que el sistema de protección cuente con los recursos suficientes en todos los ámbitos, ya no solo en el económico, sino también para que haya personal suficiente. Y hay una cuestión muy importante de la que se habla poco. ¿Qué pasa con los chicos y las chicas cuando cumplen 18 años y dejan de estar tutorizados por las comunidades autónomas? A nadie le entra en la cabeza, siendo madre o padre de un niño o una niña, que a los 18 años le pongas la maleta en la calle y le digas: Mira, chiquillo, búscate ahora la vida. Pues eso tampoco lo podemos hacer con los niños, las niñas y adolescentes que están protegidos por el sistema. Por tanto, hay que generar también una red para los extutelados de las comunidades autónomas. En eso se debería basar la iniciativa que presenta VOX, y ahí a lo mejor nos podríamos encontrar, pero estamos en posiciones antagónicas porque lo que ustedes vienen a hacer aquí, una vez más, es a sembrar el miedo, a contarnos bulos y a hacer, de cuestiones que son muy humanas, rédito político, para ustedes y para el sector de la población al cual se dirigen.

Evidentemente, señorías de VOX, no cuenten con nuestro apoyo. (Aplausos).

Eskerrik asko, presidente. Arratsalde on guztioi. Señorías, debatimos una iniciativa de VOX relativa a la modificación parcial del Código Civil y de la Ley Orgánica 1/1996, de protección de la infancia, para, entre otras cosas, eliminar de esta última cualquier referencia a la ideología de género y para la declaración de desamparo, que en realidad sería para la situación de riesgo. Empiezo por esta cuestión. Quiero recordar que eliminar cualquier referencia a la violencia de género es negar el hecho de que la violencia que se ejerce sobre las mujeres lo es por el hecho determinante de ser mujer, a la que no se reconoce libertad, respeto o capacidad de decisión. A esto lo llamamos machismo y a su violencia, violencia de género, no de sexo, señorías de VOX. Y esto no es criminalizar a los hombres, sino simplemente reconocer una triste realidad, y así también lo describe el Convenio de Estambul, Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud. En cuanto a la segunda motivación de la iniciativa para incluir en el Código Civil el principio preferente de acogimiento en la familia más próxima o extensa, he de señalar que es superfluo. Es un principio que ya se encuentra recogido en el Código Civil y en la Ley Orgánica 1/1996. Señorías, si finalmente, después de un procedimiento y de haber detectado previamente una situación potencialmente de desamparo, se hace esta declaración por ministerio de la ley, la tutela se atribuye a la Administración que hace esta actuación —‌repito— si no existen personas que, por sus relaciones con el menor u otras circunstancias, pudieran asumir la tutela en interés de este, que se encargaría de su acogimiento. Por tanto, señorías, esta reforma que se nos propone no cambia sustancialmente la situación jurídica vigente. Por último, en cuanto a la propuesta de judicializar desde el inicio el procedimiento de desamparo, consiguiente tutela y acogimiento del menor, se nos dice que de este modo ―leo literalmente, señorías, porque es bastante fuerte lo que se expresa― se evitaría un incremento de los casos de abuso y explotación sexual de menores tutelados y la corrupción sexual institucionalizada que sufren, que lo es como consecuencia de que la declaración de desamparo se realice administrativamente y la tutela se encomiende por ministerio de la ley a la Administración. Y todo ello amparado ―se dice― por la Ley Orgánica 1/1996 y la Ley 8/2021, que la precedió, y que además no es suficiente un control judicial revisor a posteriori del acto administrativo, como ahora sucede, ni para salvaguardar el principio de legalidad ni la tutela judicial efectiva ni para evitar potenciales abusos por parte de la Administración. Señorías, el control judicial revisor que también cumple el principio de tutela judicial efectiva es lo propio en relación con el actuar de la Administración, máxime porque esta sirve con objetividad al interés general definido por la ley, con sometimiento pleno a esta y al derecho, además de actuar de acuerdo con el principio de eficacia, según establece el artículo 103 de la Constitución. Y es el propio Comité de los Derechos del Niño, en su último informe para España del año pasado que supervisa el cumplimiento de la convención, el que recomienda que sea un juez el que adopte o revise ―repito, o revise― las decisiones sobre la separación de un niño de su familia. Y en nuestro modelo del Código Civil y la Ley Orgánica 1/1996 se ha encomendado esta función a la Administración a través de la declaración de desamparo, la tutela ex lege supletoria y el acogimiento, y ello en pos de la inmediatez y la agilidad de los procedimientos de protección del menor en los supuestos de desprotección grave del mismo para que este no quede desprotegido e indefenso en ningún momento, evitando así perjuicios innecesarios que pudieran derivar de la rigidez de procesos judiciales y, por qué no decirlo, también de su lentitud, incrementándose a cambio las facultades del Ministerio Fiscal y de su superior vigilancia, a lo que, por su propio estatuto, corresponde la representación de menores e incapaces que carezcan de representación legal. En definitiva, la tutela y el acogimiento se ejercen bajo la vigilancia del Ministerio Fiscal, que actúa de oficio, a instancia de los tutelados o de cualquier interesado. Y los actos de la Administración y sus procedimientos deben ser comunicados a este y a los familiares del menor a efectos de su participación y también de recursos bien para la oposición a la declaración de desamparo, la asunción de la tutela o incluso cuando cambian las circunstancias. Y también hemos de recordar, señorías, que la materia regulada en el artículo 39 de la Constitución, en cuanto a principio rector —‌que no derecho fundamental—, se articula a través de la legislación, sin un contenido esencial garantizado constitucionalmente, y que su ejercicio ante los tribunales ha de hacerse de acuerdo con lo que dispongan las leyes que lo desarrollen, y no con invocaciones genéricas a la tutela judicial efectiva o al de legalidad.

Y, en cuanto a la tutela en favor de la Administración por ministerio de la ley, he de recordar que esta tutela es supletoria, transitoria y no total, y por ello no es inscribible en el Registro Civil, pues se realiza cuando no existen personas que pudieran asumirla en interés del menor y que se encargaran de su acogimiento. Es en tránsito en tanto que el menor no vuelva con su familia o se dé en adopción, ante la imposibilidad del retorno a esta. Además, no suspende totalmente el ejercicio de la patria potestad respecto a los actos patrimoniales de sus progenitores en representación del menor que le puedan beneficiar.

Y, señorías, en cuanto a lo que consideramos el centro de gravedad de la iniciativa en todos los sentidos, cuando se señala que la corrupción de menores está institucionalizada en centros públicos de acogida, se dice que se encuentra agravada porque la declaración de desamparo y la tutela por ministerio de la ley lo agravan. Señorías de VOX, esta relación de causalidad, dicho llenamente, no tiene ni pies ni cabeza. Los casos de abuso y explotación nada tienen que ver con quién realice la declaración de desamparo ni quién decrete la tutela supletoria, sino quizá con medidas del propio acogimiento y la propia situación de los menores en desamparo. Señorías, no olvidemos que son menores altamente vulnerables, y por ello se declara su situación de desamparo, ni que su situación viene de antes de la declaración y la constitución de la tutela y que, en función de su vulnerabilidad, más acentuada según unos casos u otros, son buscados por sus agresores. Son menores que han incorporado una baja autoestima a nivel psicológico, de abandono y de trauma. Señorías, nada influiría en la disminución de estos casos que la declaración de desamparo y constitución de la tutela se realizase judicialmente.

Muchas gracias.

Buenas tardes, presidente. Señorías, nosotros nos hemos estudiado la ley que ustedes proponen ―esto es una ley―, pero, de verdad, escuchando la caterva de bulos que han soltado, me dan ganas de pasar aquí los siete minutos desmontando las barbaridades que ustedes, señorías de VOX, han expresado. Han dicho barbaridades. Han dicho que se retiran tutelas en este país por llevar camisetas, por tener educación sexual, es decir, una serie de barbaridades que no son dignas de esta Cámara parlamentaria. Dejen de mentir con temas tan importantes. (Aplausos). Cuando nuestro grupo ha visto esta proposición de ley de VOX ha pensado que por fin la extrema derecha, las derechas traen temas sociales a esta Cámara. Pero, no, después de leer la ley, se nos ha pasado rápidamente la ilusión, porque esta proposición de ley no va de proteger mejor a la infancia, sino de hacer lo que VOX hace siempre, que es convertir la Administración pública en enemiga, sembrar sospechas sobre los servicios sociales, atacar a las comunidades autónomas, borrar la violencia de género y utilizar casos gravísimos de menores tutelados para hacer guerra cultural. Una vez más, señorías de VOX, ustedes cogen una herida real, una herida dolorosa, una herida que exige verdad, justicia y reparación y la convierten en munición ideológica, sin ningún tipo de escrúpulos. ¡Saquen sus manos del dolor de miles de familias! (Aplausos). Claro que hay que investigar los abusos contra menores tutelados; claro que hay que depurar responsabilidades, reforzar inspecciones y escuchar a las víctimas; claro que hay que proteger a cada niño o niña frente a cualquier forma de violencia, pero ustedes en esta ley no traen eso. Ustedes no traen más medios, no traen más profesionales, más psicólogos, más educadoras sociales, más trabajadores sociales, más recursos para centros; no traen más acompañamiento para las víctimas, no traen reparación. Lo que traen es judicialización, sospecha, guerra cultural, y traen el viejo manual reaccionario de siempre: menos Estado, menos servicios públicos, menos feminismo y un concepto de familia como dogma, que queda muy antiguo.

Y es que el núcleo de esta ley es muy claro: ustedes proponen que la declaración de desamparo y la asunción de tutela dejen de ser una resolución administrativa de la entidad pública competente y pasen a depender de una resolución judicial previa. Pero el propio informe del Ministerio de Infancia lo dice claramente: judicializar el procedimiento de declaración de desamparo no resuelve ningún procedimiento de abuso. Lo que hay que hacer es aplicar con rigor las medidas de prevención, protección, reparación, inspección y supervisión que ya contempla nuestro ordenamiento jurídico, y, sorprendentemente, ustedes lo dicen cuando ahora mismo están gobernando en comunidades autónomas y vienen dando apoyo a Gobiernos del Partido Popular. Por tanto, ustedes deberían vigilar por los menores, y no venir aquí a dar lecciones.

Y aquí viene una pregunta fundamental: ¿Se protege mejor a la infancia haciendo que el Estado llegue más tarde? ¿Se protege mejor a una niña o a un niño en riesgo convirtiendo cada decisión urgente en un laberinto judicial, tal y como está la justicia ahora mismo? ¿Se protege mejor a un menor que puede estar sufriendo violencia o abuso diciendo a los servicios sociales que esperen, que no actúen todavía, que pidan turno? No, señorías, una garantía que impide proteger a tiempo deja de ser garantía y se convierte en riesgo, y eso es lo que ustedes no quieren reconocer. Lo que ustedes no quieren reconocer es que lo que necesita nuestra sociedad, las familias, los niños y las niñas es más gasto social y más inversión pública, porque ustedes hablan mucho de proteger a los menores, pero, cuando hay que votar gasto social, votan en contra; cuando hay que reforzar servicios públicos, votan en contra; cuando hay que sostener políticas de infancia, igualdad, salud mental, educación pública, dependencia o vivienda, votan en contra. Y hoy mismo, mientras que vienen aquí a decirnos que les preocupan los menores y las menores vulnerables, están votando en contra de la prórroga de alquileres. (Aplausos). Hoy, mientras que se llenan la boca de prioridad nacional, votan contra de una medida que da tranquilidad a millones de personas que viven en alquiler, a miles de niños y de niñas, porque para ustedes la prioridad nacional nunca es que una familia pueda quedarse en su casa, nunca es que una madre no tenga miedo a que le suban el alquiler, nunca es que un niño pueda seguir durmiendo en su habitación, nunca es que una trabajadora social o un educador social tenga recursos, nunca es que un centro de menores tenga más profesionales y nunca es que la infancia vulnerable tenga protección real, como hacemos nosotros y nosotras. Para ustedes, la prioridad nacional siempre acaba siendo lo mismo: banderas, propaganda y recortes. La patria en la boca y el casero en el BOE: esta es su prioridad nacional. (Aplausos).

Y por eso hay que decirlo claro: no se puede proteger a la infancia votando en contra del gasto social. No se puede decir que te preocupan los menores tutelados y oponerte a los recursos que sostienen los servicios públicos que los protegen. No se puede decir que así apoyas a los profesionales del sector ―a quienes desde aquí mando un abrazo grandísimo; a todos los colegios de educadores sociales, trabajadores sociales, psicólogos y tantos profesionales que se dejan la piel diariamente y que ustedes criminalizan—, cuando lo que necesitan es más recursos y más apoyo institucional. (Aplausos). Porque, en el fondo, esta ley dice a los profesionales que no nos fiamos de ellos, que no nos fiamos de su valoración técnica, que no nos fiamos de los equipos de infancia, que no nos fiamos de los servicios sociales, que no nos fiamos de quienes están en primera línea tomando decisiones dificilísimas, cuando lo que necesitan son recursos. Y claro que debe haber control judicial, claro que debe haber fiscalía y garantías, pero una cosa es controlar democráticamente a la Administración y otra muy distinta es lo que proponen ustedes para incapacitarla.

Ustedes vienen a destruir lo público, buscan criminalizar el Estado, y nosotras y nosotros defendemos justamente lo contrario, apoyar con recursos a quienes más necesitan de ellos. La infancia tutelada no necesita menos Estado, necesita mejor Estado; no necesita menos servicios sociales, necesita servicios sociales más fuertes, necesita prestaciones como la universal por crianza, medida que venimos apoyando y vamos a apoyar hasta el final tanto en el Gobierno como en esta Cámara legislativa. (Aplausos). Y en su ley, si la leen detenidamente —‌y yo lo he hecho—, en su obsesión contra el feminismo, ustedes sustituyen la violencia de género por violencia doméstica. Ustedes quieren borrar del texto legal la especificidad de la violencia machista. Y el informe del ministerio también lo dice: La supresión de referencias a la violencia de género es contraria al artículo 14 de la Constitución, que reconoce las medidas de protección integral para mujeres, hijos y víctimas de esta violencia. No es una cuestión técnica, sino política. Donde hay violencia machista ustedes quieren ver solo conflicto doméstico. Donde hay estructuras de poder ustedes quieren ver una discusión familiar. Donde hay víctimas ustedes quieren borrar la causa de la violencia. Pero borrar la violencia de género no borra la violencia; borra a las víctimas y también a sus hijos e hijas, que no son espectadores de esa violencia, sino víctimas directas.

Y acabo como he empezado. Dejen de utilizar el dolor para sacar beneficio político. Dejen de usar el sufrimiento que ha habido en mi tierra con los centros de menores para criminalizar políticamente y hacer cálculo electoral, atacando injustamente a Mónica Oltra, cuando se ha demostrado, y lo han dicho la propia Fiscalía y la propia instrucción, que no tiene nada que ver con este caso.

Ustedes están utilizando el dolor para hacer política, y nosotros y nosotras vamos a apoyar siempre a las personas inocentes que mejoran los servicios sociales.

Gracias. (Aplausos).

Gracias, presidente. Señor Campos, un violador es un violador, independientemente de su nacionalidad. Se olvidó de un caso, Huércal; el concejal de VOX, en Almería. Anótelo. (Aplausos). Comenzaré la intervención recordando a quienes realmente protegen a los menores en situación de desamparo en este país: a Sara, a Tomás, a María José, trabajadores sociales, educadores, psicólogos, personal de equipo de menores, profesionales que llevan décadas construyendo un sistema desde la vocación y el rigor; un sistema mejorable en algunos aspectos, pero que merece nuestro reconocimiento político. A todos vosotros os digo que este grupo parlamentario os escucha y defiende, y no vamos a permitir que os conviertan, como hace esta proposición, en sospechosos, en sospechosos según un partido que no permitió que el Estado investigase abusos cometidos en el seno de la Iglesia. ¿Cuántos son? ¿Tendrá usted el dato, señoría? ¿Podrá contarlo? Lo que hacen ahora es darnos lecciones morales. Pero no se lo vamos a permitir. (Aplausos). Señorías, ante esta propuesta cualquier persona puede pensar dos cosas: o bien que VOX no ni tiene idea de cómo funciona el sistema de protección de menores o que, en realidad, le dan igual los menores, las familias y cualquier persona que no pertenezca a su estatus social, y cualquiera de las dos opciones es válida. Vamos con la primera. Ustedes deben saber, señorías de VOX, que el actual procedimiento conlleva informes técnicos especializados y que ofrece el derecho de las familias a poder recurrir. Además, entiendo que saben que el modelo actual de protección está sometido a una doble garantía de control y supervisión externa, aparte de la administrativa, por la que el Ministerio Fiscal tiene atribuida por ley la función superior de vigilancia de la tutela, el acogimiento y la guarda de los menores y que comprobará al menos semestralmente la situación de estos y promoverá las medidas de protección que estime necesarias. Usted lo sabe, ¿verdad, señor Campos? Es decir, aunque la declaración de desamparo sea una medida administrativa, está plenamente garantizada jurídicamente. Sin embargo, yo no puedo pararme a explicarle aquí su funcionamiento en siete minutos, porque su texto lo que hace es exigir una resolución judicial previa para cada acto de protección de menores, y pretenden sustituir un sistema administrativo que es especializado, con capacidad de intervención inmediata y que ofrece una atención adaptada tanto al menor como a su entorno por un sistema judicial que no está preparado para dar una respuesta de urgencia social, lo que podría generar actuaciones que resultarían innecesarias y que probablemente traerían un perjuicio adicional al menor. Por tanto, no confundamos mejorar con sustituir, porque es evidente que no conocen aquello que están pretendiendo reformar.

Y, como les decía, la segunda opción es la del sinsentido en el texto, porque es más sutil, bastante más sutil. Les pido que escuchen con atención, ya que define perfectamente la farsa de esta iniciativa. Su propuesta convierte tanto al menor como a las familias en delincuentes. Ya sabemos, señor Campos, que no pretende proteger a los menores ni a las familias, pero también que pretende otra cosa más grave que la ignorancia, que es la maldad, escondida tras la mentira. Con la nueva redacción del Código Civil que proponen, el juez deberá priorizar siempre ―repito, priorizar siempre― la reintegración del menor a su familia de origen o, en su defecto, a su familia extensa. Bien, para un menor español, el principio opera hacia adentro y se busca a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos y a su familia extensa. Sin embargo, para un menor no acompañado ese principio opera hacia afuera. Su familia de origen está en Marruecos, en Senegal o Guinea y su familia extensa también. Verán que en la proposición no se menciona en ningún momento a los menores no acompañados. No se necesita hacerlo, porque solo con inscribir en el Código Civil la consideración de prioridad de la familia de origen ya se produce exactamente el resultado que VOX pretende continuamente, la deportación como solución ordinaria; una deportación disfrazada de protección, bajo la mentira de la apariencia neutral, con efectos perfectamente dirigidos, y que ustedes, señorías del Grupo Popular, comparten y han apoyado en la Comunidad Autónoma de Extremadura. (Aplausos). Como dirían en mi tierra, vamos aviados con la Consejería de Desregularización, Servicios Sociales y Familia.

Señorías, no hay manera de vestir todo esto bajo un lenguaje jurídico para que deje de ser lo que es, una farsa nacional. Y quien lo apoye quedará retratado para el futuro con lo que haya decidido votar hoy aquí. Y, afortunadamente, ante esta sin razón, encontramos el lado opuesto: un sistema que protege, que cohesiona y ayuda a las familias que lo necesitan; una creación del Partido Socialista a lo largo de muchos años trabajando para progresar y proteger bajo un paraguas público. Y voy a puntualizar que este Gobierno ha aprobado el ingreso mínimo vital, que ha aumentando cada año el salario mínimo interprofesional, que tenemos el CAPI y que queremos mejorar las ayudas para el alquiler, medidas que alivian las situaciones de riesgo en las familias, porque la mejor política para proteger a los menores es la que evita que un niño llegue a estar en riesgo, y los servicios sociales son nuestra herramienta más poderosa, aquellos que en su día consolidó el Estado del bienestar, capaz de hacer pasar de la beneficencia al bienestar social actual. Cambiar este modelo por uno exclusivamente judicial no elimina riesgos y sí introduce uno muy caro, el de llegar tarde. (Aplausos).

Este grupo votará en contra de la toma en consideración de esta proposición. Los menores no merecen ser utilizados por quienes quieren seguir avanzando en una cruzada del odio y la exclusión. Señorías de VOX, ustedes compran discursos sociales sin tener en cuenta el daño moral que hacen. Saben que no tienen capacidad para llevar a cabo las acciones que manifiestan. Sin embargo, engañan, manipulan las esperanzas de las personas que muestran sufrimiento y dolor. El Grupo Parlamentario Socialista está para proteger, para tender la mano y hacer las cosas bien, consciente de que el sistema necesita un debate serio sobre la protección de menores. Y ese debate merece rigor, escucha a todos los profesionales, aprender bajo la evidencia científica y rectificar respecto de los errores del pasado. Tengan ustedes muy presente que nuestra prioridad siempre será la de la justicia social y los derechos sociales.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Quiero empezar con una frase que no es mía. Se la acabo de escuchar a la diputada socialista que me ha precedido en el uso de la palabra. Abro comillas: «Un violador es un violador, independientemente de su nacionalidad». Totalmente de acuerdo. Pero un violador también es un violador, independientemente de con quién esté casado. (Aplausos). Y eso los diputados valencianos parecen negarlo y ocultarlo. Se ha hablado aquí de mentir, un concepto muy negativo. ¿Pero no es igual de negativo, señorías de SUMAR, el verbo ocultar? Y eso es lo que hizo Mónica Oltra, siendo vicepresidenta y consellera de Igualdad (aplausos); en teoría, la máxima defensora de los menores valencianos, que dejó que fueran agredidos sexualmente por el entonces marido, ¡marido!, y después, ya siendo exmarido, ocultó el caso. (La señora Martínez Barbero y el señor González López hacen gestos negativos). Lo pueden decir como quieran, pero así es. Esa es la auténtica verdad. (Rumores). Se ha hablado aquí de los abusos de la Iglesia católica, que nosotros apoyamos que se investiguen. ¿Pueden decir lo que hicieron ustedes cuando el Grupo Parlamentario Popular presentó aquí la solicitud de comisión de investigación de todos, absolutamente todos los casos de agresiones sexuales? (Aplausos). Una vez más, falsedad e hipocresía: votar en contra de la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular. Y ¿saben por qué? ¿Saben simplemente por qué? Porque les íbamos a investigar a ustedes, a gente que gobernaba en ciertas y respectivas comunidades autónomas. Una de ellas, a quien esperaba hoy tener aquí, detrás de mí, no está. Desconozco el motivo por el que no está la señora que normalmente preside el Congreso. (Protestas.―La señora Martínez Barbero: Se llama presidenta, un poco de respeto a la institución).

Gracias, presidente. (Continúan las protestas). Tranquilas, que aún me quedan cinco minutos. (Protestas). Vamos a ello. La señora que la semana pasada defendiéndose llamó cobarde a mi secretario general, ¿hoy no está aquí?, ¿y me dicen que no se puede defender, cuando llamó cobarde en el Pleno de la semana pasada a Miguel Tellado? (Aplausos). ¿Eso es de ser cobarde? ¿Eso es tener indefensión? Bueno, aquí el Reglamento de la Cámara cada uno lo coge como quiere, y está claro que ustedes lo cogen de esa manera. Hablan ustedes de derechos sociales, de banderas sociales. ¿Ustedes?, ¡que aprobaron la ley del solo sí es sí! (La señora Martínez Barbero: ¿Tiene algo que decirle al señor proponente?). Sí, ustedes. ¿Ustedes vienen a hablarnos a nosotros de derechos sociales? ¿Hablan ustedes del caso de las pulseras para mujeres, cuando los agresores han estado al lado de sus víctimas? ¿Hablan ustedes de eso? Lo que tenían que sentir es una vergüenza enorme, y, por lo menos, deberían hablar con propiedad. (Aplausos). Déjense ya de decir que vigilan y protegen a los menores. Por donde han pasado han dejado su huella. Miren, hablamos de mi tierra, de la Comunidad Valenciana, y hablamos de Cataluña. Por cierto, los dos grupos independentistas catalanes no han tomado la palabra. ¿Por qué será? Ni Junts ni el Grupo Republicano. Casos de pederastia, prostitución, violaciones grupales a niñas de 12 años ―oigan, 12 años― (rumores), tuteladas por la Generalitat de Cataluña. Negocio más que turbio en las residencias de menores, con plazas fantasma y pagos irregulares que iban bajo este concepto de hasta 167 millones de euros. Eso ha hecho la izquierda catalana. ¡167 millones de euros! El caso de Mallorca, el caso de Baleares, más que clarificados, al igual que el caso de la Comunidad Valenciana. (Rumores). Pero, miren, yo no vengo a hablar de los alquileres, no vengo a hablar del ingreso mínimo vital, porque aquí cada uno ha escurrido el bulto por donde ha podido. Hablemos de la iniciativa. Y, efectivamente, la iniciativa que presenta hoy VOX tiene aspectos positivos. Se habla de la prioridad en el entorno familiar, mejor en la familia que en un centro; totalmente de acuerdo. Revisión de las medidas de protección cada dos años; totalmente de acuerdo. Carácter prioritario en el interés superior del menor; ¡faltaría más! Se amplían, detallan y concretan las situaciones de riesgo; totalmente de acuerdo. Mayor participación de progenitores y menores; absolutamente de acuerdo. Es cierto que existe un movimiento cada vez más creciente de familias ―y aquí tenemos algunas― que piden eso, que sea un juez, y no los servicios sociales quienes decidan. Por cierto, aquí se ha acusado de atacar a los servicios públicos, pero ¿hay mayor servicio público en España que la justicia, que nos hace iguales a todos ante la ley? ¿Eso no es servicio público? Bien, como decía, movimiento creciente de familias a favor del juez frente a la Administración. Es verdad y comprendemos que el juez da un toque más de garantía, si bien resta agilidad, cuestión que también hay que tener en cuenta a la hora de tomar esas decisiones.

Pero, efectivamente, también hay aspectos negativos, y se lo debo decir. Hay que estudiar, hay que analizar mucho; no es cuestión simplemente de tratar en un documento si el juez o los servicios sociales. Hay que saber baremar, valorar y buscar un punto intermedio entre la agilidad, la eficacia y la garantía. Y, hablando de la justicia, no se ha pensado en el Ministerio Fiscal, que podría suplir alguna de las carencias de las que estoy comentando. No se tiene en cuenta a los profesionales de estos servicios ―me refiero a los centros tutelados, a los centros de menores, etcétera―, ni siquiera sus reivindicaciones laborales o sobre seguridad, y acordémonos del caso de Extremadura. Solamente se trata el sistema de acceso a estos servicios, pero no de los centros tutelados, sin mencionar, por supuesto, sus mejoras y necesidades, y ni siquiera sus recursos. Y tampoco se ha tenido en cuenta a las que realmente deben gestionarlo, como usted muy bien ha dicho, que son las comunidades autónomas.

Finalizo, señor presidente. Por tanto, cuando sea para trabajar, para mejorar servicios como este que consideramos fundamentales, aquí estaremos, pero bien hecho. Todo lo demás ―todo lo demás, insisto― es hipocresía, mentiras y, algo que a ustedes les gusta mucho, bulos.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.―Varios señores diputados: ¡Muy bien!).