Margarita Martín Rodríguez
Gracias, presidenta. Hoy debatimos aquí una proposición de ley que, en apariencia, habla de mejorar nuestra legislación sobre reproducción asistida, pero que, en realidad, habla de algo mucho más relevante. Habla de libertad, de igualdad, de autonomía y, sobre todo, de la capacidad de las mujeres para decidir sobre su propia vida reproductiva (aplausos), y eso, señorías, no es un asunto menor. Este país ha avanzado mucho en los últimos años en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. Lo hemos hecho ensanchando libertades, corrigiendo desigualdades históricas y situando a las mujeres en el centro de decisiones que, durante demasiado tiempo, fueron tomadas por otros, condicionadas por otros o directamente limitadas por otros. Por eso, este debate no es un debate aislado. Este debate forma parte de una trayectoria política clara, de una manera de entender la democracia y de una convicción feminista muy sencilla pero muy poderosa: a las mujeres nos corresponde el pleno reconocimiento y ejercicio de todos los derechos. (Aplausos). También cuando hablamos de maternidad, de fertilidad, de reproducción asistida, de interrupción del embarazo o de preservación del material reproductivo. Si esta es la convicción que inspira nuestra legislación en materia de salud sexual y reproductiva, también es la convicción que debe inspirar nuestra legislación en materia de reproducción asistida, y eso es lo que venimos hoy a corregir. La reproducción humana asistida es uno de los hitos más relevantes de la ciencia moderna. Ha ampliado oportunidades y ha permitido desarrollar proyectos familiares antes imposibles. Ha ofrecido respuestas clínicas eficaces y ha transformado profundamente la realidad de miles de mujeres y de familias de nuestro país. Y España ha sido pionera en este ámbito. Esto no es un tema marginal, no es un fenómeno residual. En España, durante el año 2023, las técnicas de reproducción asistida dieron lugar a 39 555 nacimientos. Es decir, estamos ante una realidad consolidada, cotidiana y estructural de nuestra sociedad. Sin embargo, precisamente porque la ciencia ha avanzado tanto, porque la práctica clínica ha cambiado tanto, porque las formas de vivir la maternidad y la reproducción son hoy mucho más diversas, nuestro marco legal necesita actualizarse para seguir estando a la altura de esa realidad, y eso es lo que pretende esta proposición de ley. Esta iniciativa plantea, en el fondo, algo tan razonable como profundamente justo: reforzar la capacidad de decisión de las mujeres sobre sus ovocitos y abrir el camino para abordar también con seriedad la situación de los preembriones crioconservados. Porque hoy la legislación vigente contiene una asimetría que ya no se sostiene ni desde el punto de vista técnico, ni desde el punto de vista jurídico, ni desde el punto de vista de la igualdad.
La ley actual establece que la crioconservación de ovocitos puede prolongarse hasta que responsables médicos, con dictamen favorable de especialistas independientes y ajenos al centro de conservación correspondiente, consideren que el receptor ya no reúne los requisitos clínicamente adecuados para someterse a una técnica de reproducción asistida. Dicho de otro modo, la voluntad de la mujer no basta. La mujer no puede decidir por sí sola poner fin a la conservación de sus ovocitos. Su decisión queda condicionada a una valoración externa. ¿Por qué una mujer no puede decidir libremente sobre sus ovocitos en los mismos términos que sí se permite decidir a los hombres sobre sus gametos? (Aplausos). ¿Por qué cuando hablamos de reproducción seguimos encontrando en el ordenamiento jurídico rastros de desconfianza hacia la capacidad de decisión de las mujeres?
Señorías, esto no es una cuestión neutra. No estamos ante un simple ajuste técnico, estamos ante una decisión política muy clara: o seguimos sosteniendo una lógica de tutela sobre las mujeres o damos un paso más en la lógica de los derechos. Nosotros creemos que ha llegado el momento de dar ese paso, porque el feminismo ha sido, entre muchas otras cosas, una impugnación radical de la idea de que las mujeres necesitan que otros decidan por ellas. Ha sido una reivindicación permanente de la libertad para vivir, para elegir, para proyectar la propia vida y también para cambiar de opinión cuando cambian las circunstancias. Y eso vale, por supuesto, en el ámbito de la reproducción.
La autonomía reproductiva no puede entenderse de manera fragmentada, tiene que incluir también el derecho a decidir sobre su continuidad, sobre sus efectos en el tiempo y sobre el destino de los ovocitos y preembriones crioconservados. Porque la vida no es estática, los proyectos de vida cambian y las circunstancias personales, familiares, emocionales y de salud cambian. Una mujer puede preservar su fertilidad en un momento determinado y años después decidir legítimamente que ya no desea mantener esa conservación. Una mujer puede iniciar un tratamiento con una expectativa y más tarde revisar su decisión. Y una democracia adulta no puede responder a esa complejidad con paternalismo, sino con derechos. Aquí conviene decir una idea central de este debate: la voluntad de las mujeres no queda congelada cuando se congelan sus ovocitos o sus embriones. (Aplausos). No se congela su libertad, ni su autonomía, ni su capacidad para decidir, ni su derecho a cambiar de opinión. No se congela su derecho a cerrar una etapa de su vida. Esto es precisamente lo que esta proposición de ley quiere reconocer.
La reforma del año 2023 de legislación sobre salud sexual y reproductiva representó un avance muy importante, porque consistió en una idea fundamental: que las decisiones reproductivas corresponden a las mujeres y que el Estado no está para sustituir su voluntad. Ese mismo principio debe iluminar este debate. No puede haber una concepción avanzada de la salud sexual y reproductiva cuando hablamos de interrupción voluntaria del embarazo, de educación sexual o de derechos menstruales, y una concepción restrictiva cuando hablamos de ovocitos y de preembriones crioconservados. No puede haber una defensa cerrada del derecho de las mujeres a decidir en unos ámbitos y una desconfianza estructural en otros. No puede haber, en definitiva, una política feminista a tiempo parcial.
Por eso, la toma en consideración de esta proposición de ley es importante porque no cierra el debate, sino que lo abre donde debe abrirse, en sede parlamentaria, con rigor, con serenidad y con una voluntad clara de actualización normativa. Votar a favor es reconocer que existe un problema real, que existen incoherencias entre normativas y que esta Cámara tiene la obligación de discutirlas y corregirlas.
Además, señorías, esta iniciativa cuenta con el apoyo de las principales sociedades científicas del sector, singularmente, con la Asociación para el Estudio de la Biología de la Reproducción y la Sociedad Española de Fertilidad, que hoy nos están acompañando desde la tribuna. Queremos agradecerles todo su apoyo técnico y toda su ayuda. (Aplausos). Este apoyo es importante subrayarlo, porque acredita que no estamos ante una propuesta voluntarista ni desconectada de la realidad clínica, sino ante una reforma que responde, ante el criterio experto de quienes conocen de primera mano la evolución de estas técnicas, a las necesidades de las pacientes y a las incoherencias que persisten en la regulación vigente.
Los datos demuestran que esta problemática existe. El registro nacional de actividad del 2023 muestra que ese año se vitrificaron 65 805 ovocitos con la finalidad de preservar la fertilidad, un 13 % más que en el 2022. A fecha 31 de diciembre de 2023, había en España 510 305 ovocitos y 915 130 embriones almacenados. De estos embriones, 675 880 llevan almacenados dos o más años.
Por tanto, no estamos ante una hipótesis teórica, sino ante una realidad actual, masiva, estructural y sostenida en el tiempo. Estos datos tienen una doble lectura: por una parte, reflejan el éxito técnico y clínico de nuestro sistema de reproducción asistida y, por otra, reflejan que la realidad ha desbordado el marco normativo vigente y, cuando esto ocurre, la respuesta no puede ser la inercia, tiene que ser la política. Señorías, la política sirve precisamente para esto: para adaptar las normas a la vida real, para remover obstáculos injustificados, para ampliar derechos y para corregir desigualdades que se perpetúan bajo la apariencia de la normalidad.
Esta proposición de ley plantea varias cosas valiosas: primero, equipara la regulación de los ovocitos a la del semen, eliminando una diferencia injustificable; segundo, refuerza la seguridad jurídica; tercero, elimina requisitos que, lejos de proteger, limitan la autonomía de las mujeres, y, cuarto, incorpora una disposición adicional que mandata al Ministerio de Sanidad en el plazo de doce meses a revisar la Ley 14/2006 para adecuarla a los conocimientos científicos y técnicos actuales y para abordar la excesiva acumulación de preembriones en los bancos de los centros de fertilidad.
Esta última cuestión es especialmente importante, porque sería un error pensar que el debate termina con los ovocitos. No termina ahí, la acumulación de preembriones plantea también interrogantes jurídicos, éticos y de gestión que no pueden seguir aplazándose. No se trata de analizar decisiones complejas, se trata de reconocer, precisamente, su complejidad y, por ello, garantizar que sean las mujeres quienes puedan afrontarlas con libertad, con información y con respaldo legal suficiente. No se trata de reducir garantías, se trata de trasladar el centro de gravedad desde la tutela hasta la autonomía. No se trata de abrir incertidumbres, se trata de cerrarlas con una ley más coherente, participada, más moderna y más feminista.
Hay debates que revelan con mucha claridad el modelo de sociedad que defendemos, y este es uno de ellos: o creemos en una legislación reproductiva coherente con los avances feministas o aceptamos que persistan contradicciones injustificables; o creemos que el derecho debe ponerse al servicio de la libertad de las mujeres o permitimos que siga operando como límite allí donde debería ser garantía. Nosotros elegimos lo primero. Por eso, señorías, les pido el voto favorable a la toma en consideración para abrir un debate donde corresponde, para mejorar el texto durante la tramitación, para adecuar la ley a la realidad científica y social de nuestro tiempo, para reforzar la coherencia de nuestro ordenamiento en materia de salud sexual y reproductiva y, sobre todo, para dar un paso más en algo que debería ser incuestionable en una democracia avanzada, es decir, el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su proyecto de vida reproductiva.
Muchas gracias. (Aplausos).