Proposición de Ley de medidas administrativas y procesales para la seguridad jurídica de la ordenación territorial y urbanística, el impulso del desarrollo urbano y la vivienda.

Señorías, mi grupo trae hoy a esta Cámara la toma en consideración de una de las leyes que, posiblemente, sea la más importante de esta legislatura, porque viene a dar solución al mayor problema que tienen los españoles: la imposibilidad del acceso a la vivienda para millones de personas. Esta ley ha pasado ya por el trámite en el Senado, pero creo que no hago ningún spoiler si les digo que su final volverá a ser el congelador de la señora Armengol. (Aplausos). Porque dentro de esta Cámara hay otra cámara frigorífica, donde la presidenta tiene congeladas más de cuarenta leyes. Ahí es donde también está nuestra ley antiokupación, que se aprobó en el Senado en el año 2023. Lleva ochenta y una prórrogas, ¡ochenta y una prórrogas!, retenida de manera indecente y antidemocrática por la señora Armengol. (Aplausos.—Un señor diputado del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso: ¡Qué vergüenza!). Y no lo decimos nosotros, lo dice el Tribunal Constitucional. ¡Basta ya, señora Armengol! ¡Basta ya de censurar al partido que ganó las elecciones! ¡Basta ya de censurar la voz de los españoles! Si no dimite por su relación con la trama Koldo, de la que no quiere hablar, dimita al menos por esta censura indecente en el Congreso de los Diputados. (Aplausos).

Hace ahora casi dos años, en mayo de 2024, me subía a esta Cámara para debatir sobre la ley del suelo. Minutos antes —a‌ lgo insólito— el presidente Sánchez retiró su ley porque sus propios ministros iban a votar en contra, los ministros y los diputados de SUMAR. Así es el Gobierno que nos desgobierna. Es incapaz de impulsar las leyes que necesita España e incapaz ni siquiera de traer los presupuestos generales del Estado. Si un Gobierno no saca los presupuestos, tiene que convocar elecciones, palabrita de Pedro Sánchez Pérez-Castejón. (Aplausos).

Hoy los grupos tendremos la oportunidad, por fin, de abrir este debate. Las medidas que traemos son fruto del diálogo y del consenso. Diálogo y consenso con todos los ayuntamientos, de todos los colores políticos. Diálogo y consenso con las comunidades autónomas, señora Rodríguez, también con las que gobierna el Partido Socialista. Les aseguro que se puede conseguir. Su falta de consenso es falta de voluntad y su necesidad de plegarse a las propuestas de Bildu y de SUMAR, radicales y enemigos de la Constitución. Esta ley también viene del consenso con las recomendaciones que nos hacen el Consejo General del Poder Judicial, el Banco de España, FEDEA o el Fondo Monetario Internacional. Y, sobre todo, del consenso con el sector, del que hemos asumido sus propuestas en decenas y decenas de reuniones en la Comisión de Vivienda, reuniones con APCE, con ASPRIMA, con los Afectados por la Ocupación, con el Consejo de Arquitectos y con los colegios profesionales, a los que hoy aquí les quiero dar las gracias por su trabajo compartido. (Aplausos). Reuniones que han pilotado de manera titánica mis compañeros: Paloma, Sergio, Juan Bravo, José Ramón, Isabel Borrego y todo el gran equipo de vivienda que tiene el Partido Popular. Gracias por dejarme debatir hoy esta importante ley.

La situación de la vivienda no puede esperar más. Ya hemos perdido ocho años con un Gobierno cuyo único interés ha sido usar el problema de la vivienda para enfrentar a los españoles: propietarios contra arrendatarios, alquilados contra los que compran y, por supuesto, unas comunidades autónomas contra otras. Un Gobierno que ha utilizado la vivienda como arma propagandística: 20 000, 50 000, 184 000 viviendas que prometen, elección tras elección, pero que nunca cumplen. Engaño tras engaño. Este Gobierno lleva ocho años buscando culpables —‌que si el Partido Popular, que si el turismo, que si el Partido Popular, que si los fondos, que si el Partido Popular— en vez de buscar soluciones. Lo que plantean no son salidas coherentes, son ocurrencias que pueden llegar a ser indignantes, como su teléfono de la esperanza o un vídeo para que compartamos pisos. Supongo que les habrá dado la idea el presidente Sánchez con su hermano en la Moncloa, pero lo cierto es que decenas de familias viven hacinadas en pisos compartidos. Mientras, los jóvenes están atrapados en una generación que solo puede heredar alquileres imposibles y expectativas pequeñas. Las familias más vulnerables lo son más y a los mayores cada vez les cuesta más pagar el alquiler con su jubilación. España necesita un Gobierno que no busque culpables, sino que dé soluciones. Eso trae hoy el Grupo Popular al hemiciclo: soluciones al problema de la vivienda.

Los perfiles de este enorme problema se pueden resumir con cuatro titulares: Con Sánchez la brecha entre la oferta y la demanda alcanza ya más de 700 000 viviendas, los pisos compartidos han subido un 22 %, la edad media de emancipación de los jóvenes es de más de 31 años y los alquileres siguen subiendo como la espuma al mismo ritmo que el mercado negro del alquiler.

Esta ley no es una varita mágica. El problema de la vivienda es complejo, poliédrico, diverso en cada territorio, pero hay algo elemental que es común a todos los territorios: no se soluciona sin construir viviendas. La receta es más oferta en el menor tiempo posible. Repito, esta ley no es una varita mágica, pero sí pone unos cimientos sólidos para comenzar a construir las soluciones y alcanzar el objetivo que mi grupo parlamentario, el Grupo Popular, se ha marcado: un millón de nuevas viviendas, como ha prometido nuestro presidente Alberto Núñez Feijóo; un millón de proyectos de vida, un millón de nuevos hogares.

Mi generación, los boomer, ha visto muchas veces cómo el sector de la construcción ha sido palanca económica y social en nuestro país, y lo volveremos a ver porque tenemos unas industrias y unas empresas fuertes, arquitectos e ingenieros y, sobre todo, una Administración que tiene que ser más ágil y eficaz para conseguir ese reto. Para ellos, a corto plazo, esta ley agiliza la construcción de viviendas. Se acabó eso de esperar más de un año para una licencia. Se acabó. Por eso, licencias en tres meses, excepto en edificios que sean catalogados como protegidos.

El Gobierno de Sánchez no es que solo no construya las viviendas que promete, es que ha conseguido aniquilar del mercado inmobiliario cientos de miles de viviendas, como si un terremoto hubiera pasado, el terremoto Sánchez. Esta ley devuelve la confianza y seguridad jurídica a los propietarios, inversores y promotores, porque sin confianza del propietario no hay mercado del alquiler. Por eso, derogamos las zonas de mercado tensionado, porque el control de precios no funciona (aplausos) ni en Escocia ni en San Francisco ni en Bilbao ni tampoco funciona en Cataluña, señorías de Junts, y lo saben. El señor Illa y el señor Collboni lo están aplicando y el resultado en Barcelona ha sido la reducción del 28 % de la oferta del mercado del alquiler, según el último informe de la propiedad urbana de hace tan solo dos meses. Señorías del Grupo Socialista, dejen de traernos informes que no se cree nadie, no se los cree nadie por más que los cocine el CIS.

Devolver la confianza es devolver las viviendas al mercado. Por eso, esta ley acaba también con la impunidad de la inquiokupación. El 83 % de los arrendadores son pequeños propietarios, han sido la hucha de las familias siempre, y queremos que lo siga siendo. A las familias vulnerables hay que protegerlas, por supuesto, pero desde la Administración pública.

A medio plazo, esta ley acaba con la inseguridad de los planeamientos, que no es otra cosa que el arte de diseñar las ciudades y el futuro de sus ciudadanos. Tenemos y necesitamos poner suelo finalista en el mercado lo antes posible con emisión de informes sectoriales de los diferentes ministerios, con un tiempo tasado, y centralizándolo en las delegaciones del Gobierno para ser más ágiles. También limitamos la nulidad de defectos formales, no puede volver a pasar lo que ocurrió en el planeamiento de Marbella o de Vigo: años y años y dinero de todos los españoles tirados a la basura para empezar de cero. Nosotros proponemos modificaciones parciales y terminamos con las nulidades en cascada. Una deuda pendiente, Ceuta y Melilla conseguirán… [Una señora invitada presente en la tribuna pública: ¡Diputados…! ¡Pase lo que pase, nos quedamos! ¡Hay que bajar el precio de los alquileres! ¡Ya está bien de subidas abusivas!—Varias señoras invitadas presentes en la tribuna pública lanzan pasquines al hemiciclo.—Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Mixto (Podemos)].

Señora Armengol, esto es lo que no se puede permitir en este Congreso. Esta es la falta de decoro de este Congreso, presidenta. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso). No es forma de presidir la

Cámara. Ni los diputados ni los españoles se merecen este tipo de espectáculos. (Rumores). Les decía que tenemos una deuda pendiente con nuestros hermanos de Ceuta y de Melilla y que esta ley…

Tenemos una deuda pendiente con Ceuta y Melilla y, por eso, recuperan con esta ley sus competencias urbanísticas, igual que el resto de las comunidades autónomas. Se lo debíamos. (Aplausos).

Esta ley es un punto de partida que tiene vocación de provocar, en el problema de la vivienda, un punto de inflexión. Sabemos que necesitamos pensar también a largo plazo, pero desde ya y con la incorporación del resto de los ministerios, porque tenemos que solucionar el problema de la mano de obra en la construcción, el problema de la subida de los costes de materiales, la falta de infraestructuras energéticas o intentar analizar la excesiva presión que tiene construir en España.

Muchos Gobiernos autonómicos han hecho sus deberes, como en Madrid con el Plan VIVE, que es referente internacional, o como en Andalucía —‌mi tierra— con el decreto de simplificación, con la LISTA y con la nueva ley de vivienda, que tiene como objetivo construir 20 000 viviendas de VPO. (Aplausos). Lo ha dicho el presidente Juanma Moreno: se dará solución habitacional a 200 000 familias con alquileres dignos y con rehabilitación de viviendas. Pero esto solo se puede conseguir si existe un Gobierno estable.

Señorías, esto no va de derechas ni de izquierdas, los ladrillos no tienen ideología. En ese abismo han caído los diputados del Grupo Socialista, —‌los damos por perdidos—, que se encuentran a la izquierda de la izquierda, a ver si rescatan algún voto debajo de las piedras para las elecciones andaluzas. El problema es que han vendido su alma a SUMAR y a Bildu, y así les va; bueno, mejor dicho, así nos va a los españoles.

A sus señorías de SUMAR, que cada vez suman menos, directamente los culpamos de la situación que vivimos. Los culpan los ayuntamientos y los culparán todos los españoles a los que van a enredar en una maraña judicial con su decreto del caos del alquiler. Me gustaría saber en qué espejo se están mirando, ¿en Cuba?, ¿en Venezuela?, ¿en el infierno que están viviendo nuestros hermanos de Venezuela? (La señora Martínez Barbero: ¿En serio?—Aplausos).

Señorías de Junts, señora Nogueras, clasistas y racistas les llamaba el otro día la señora Díaz. No se preocupe, nosotros estamos acostumbrados a este tipo de improperios desde el escaño de la vicepresidenta, incluso, a veces contesta imitando al gran Fernando Fernández Gómez. Pero, oiga, ofende el que puede y, a nosotros, esta señora no nos ofende. (Aplausos).

Señorías de Junts, les pido que sean coherentes con sus votantes, sean valientes y no defrauden a las asociaciones empresariales, a la Plataforma de Afectados por la Ocupación, a las empresas constructoras de su tierra. La situación en Cataluña es desesperada, porque es la única comunidad que está aplicando la ley contra la vivienda de Sánchez. Señorías de Junts, ¿hasta cuándo? ¿Cuántas okupaciones más? ¿Cuántos jóvenes catalanes van a tener que salir de su tierra porque no pueden independizarse en Cataluña? Permitan el debate que los catalanes se merecen.

Señorías del PNV, les pedimos la misma coherencia con sus votantes, con sus empresas y con su industria.

Al resto de los grupos solo les pido que levanten el teléfono y llamen a sus ayuntamientos, defiendan a sus territorios. Mostremos a los españoles que en el Congreso de los Diputados se puede seguir debatiendo, que hay esperanza para volver a la calidad democrática que Sánchez lleva ocho años intentando tirar por la borda. Mostremos a España que aquí, en el Congreso, trabajamos para resolver los problemas de los españoles y no estamos para resistir al margen de la ley, como aquellos que okupan una vivienda con una patada en la puerta. (Aplausos). Si la vivienda en España es un problema de Estado, demostremos en esta Cámara, en el Congreso de los Diputados, que somos capaces también de alcanzar soluciones de Estado.

Muchas gracias. (Aplausos.—Varios señores diputados: ¡Muy bien!).

Gràcies, presidenta. Bé, el que acabem de vore és gent desesperada que el que ens vol dir són coses com que «la vivienda nos cuesta la vida, hay que rebajar los preciós». Açò mos ho diu el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Madrid. I fan això perquè no tenen altres vies per a dir-nos als i les polítiques que necessiten solucions i les solucions, senyories del Partit Popular, no passen per la proposició de llei que vostès hui ens porten ací. Una proposició de llei en la que vostès parlen de seguretat jurídica, però el que volen és assegurar-se, jurídicament per a vostès i per als seus amiguets, que no canvia res, que no canvia res en una situació en la que el que sí que necessitem és una llei que en realitat sí que tracta la emergència. Vostès ens proposen seguretat jurídica i darrere d’això el que hi ha és menys control, més pressa i més facilitats per als de sempre, com si el problema fora que n’hi hagueren massa regles. I el problema, senyories del PP, és que hi han massa lladres. Vostès són massa lladres i ho estan demostrant en València amb els pisos de protecció pública en Alacant que s’han quedat per als seus amiguets. Per això la seua seguretat jurídica, per això a vostès, el que els molesta és que no puguen fer el negoci que sempre fan. Per això, la gent de les inquilines i els inquilins de Madrid han de vindre a dir-nos que no podem més, perquè les famílies estan sense casa, els joves no poden emancipar-se i els treballadors i treballadores ja no poden somniar en comprar una casa. Este és el seu model: gent sense casa i els seus amics peperos, acumulant vivenda pública pagada per tots i totes per a fer una urbanització de luxe. Gràcies, senyories del PP, però no, gràcies. No votarem a favor de la seua proposició de llei.

Gracias, presidenta. Bueno, lo que acabamos de ver es a gente desesperada (protestas), que lo que nos quiere decir son cosas como que (lee uno de los pasquines que se han lanzado al hemiciclo desde la tribuna pública) «La vivienda nos cuesta la vida. Hay que bajar los precios». Esto nos lo dice el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. (Aplausos). Y hacen esto porque no tienen otras vías para decirnos a los y las políticas que necesitan soluciones. Y las soluciones, señorías del Partido Popular, no pasan por la proposición de ley que nos traen ustedes hoy aquí, una proposición de ley en la que hablan ustedes de seguridad jurídica, pero lo que quieren es asegurarse jurídicamente, para ustedes y sus amiguitos, de que nada cambie. Una situación en la que lo que sí que necesitamos es una ley que trate realmente la emergencia. Ustedes nos proponen seguridad jurídica y tras ello lo que se esconde es menos control, más prisas y más facilidades para los de siempre. Como si el problema fuera que hubiera demasiadas reglas, y el problema, señorías del PP, es que hay demasiados ladrones. Ustedes son demasiado ladrones. Y lo están demostrando en Valencia con los pisos de protección pública en Alicante que se han quedado para sus amiguitos. (Aplausos). Por eso, su seguridad jurídica, y por eso lo que les molesta a ustedes es no poder hacer el negocio que hacen siempre. Por ello, las inquilinas e inquilinos de Madrid tienen que venir a decirnos que ya no pueden más, porque las familias están sin casa, los jóvenes no pueden emanciparse y los trabajadores y las trabajadoras ya no pueden ni siquiera soñar con comprarse una casa. Este es su modelo: gente sin casa y sus amigotes peperos acumulando vivienda pública pagada por todos y todas para hacerse una organización de lujo. Gracias, señorías del PP, pero no, gracias, no votaremos a favor de su proposición de ley. (Aplausos).

Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenas tardes. Una evidencia que nadie puede discutir es que la política de vivienda de este Gobierno ha fracasado; es un auténtico desastre. Fundamentalmente porque ha optado por buscar la confrontación y el enfrentamiento, en lugar del consenso y el entendimiento con las comunidades autónomas, los ayuntamientos, la iniciativa social. Pero es que, además, está persiguiendo y castigando al pequeño propietario como nunca se había conocido. Y además lo está condenando sin darse cuenta de que no es el responsable, sino parte de la solución. ¿Para qué queremos un ministerio que ha evidenciado su incapacidad? Como, señorías, ¿para qué queremos un departamento de vivienda en el Gobierno de Navarra cuando tenemos los peores resultados de la historia? Nada más y nada menos que 25 000 familias están esperando en Navarra una vivienda de protección oficial; tenemos la tercera peor tasa de emancipación juvenil de España; tenemos un 44 % menos de viviendas en alquiler en las zonas tensionadas. Además, los miembros y los socios de Gobierno, incluido Bildu, son los que están paralizando aquellos proyectos urbanísticos, como es el caso de la nueva estación del AVE en Pamplona, que permitirían la construcción de miles y miles de viviendas de protección oficial, que ya estarían construidas o en construcción. Pero el mayor desprecio, señorías, es que hace unos días fue el ministro Bustinduy a pasear por Pamplona y a alabar esta nefasta política.

Señorías, ni los navarros ni el resto de los españoles tienen por qué pagar la incapacidad y la inutilidad de una consejera y de una ministra que han evidenciado su falta de eficacia y eficiencia.

Muchas gracias.

Grazas, señora presidenta. Moi boa tarde. Aínda que o BNG partilla que certos aspectos da normativa de desenvolvemento urbanístico actual deben ser melloradas, temos claro que esta proposición de lei do Partido Popular non vai nesa liña, senón que é un instrumento máis ao servizo do lobby da construcción, do lobby inmobiliario e especulativo. O PP nisto non sorprende, sempre que pode situarse do lado dos poderosos, dos fondos voitre ou da especulación inmobiliaria, favorecendo sempre os seus, porque baixo a escusa da seguranza xurídica e a axilización, o que fai é promover un modelo urbanístico que invade competencias autonómicas e municipais; que pode favorecer prácticas especulativas en detrimento do interese xeral, debilita as garantías ambientais; limita a participación cidadá e a fiscalización democrática, por exemplo, pois a redución do ámbito de actuación da acción pública; desprotexe a vivenda como dereito social; derroga os limitados elementos de control da Lei 12/2023 como zonas de mercado tensionado, índice de prezos, controis de alugueiro e modifica a Lei de Axuizamento Civil e a LAU para facilitar o desafiuzamento de persoas vulnerables. O BNG rexeita, pois, a iniciativa por incompatíbel coas competencias da Galiza para o desenvolvemento dun modelo de ordenación territorial galego, planificado desde a realidade propia e tamén ao servizo da xente, das persoas que necesitan acceder a unha vivenda e non dos mercados. Defendemos calquera reforma do marco normativo básico pero que sexa consensuada coas comunidades autónomas e respecto ao autogoberno galego e aposte por un desenvolvemento urbanístico que priorice o interese xeral e a protección ambiental reforzada, a participación cidadá e o dereito social á vivenda, precisamente o que nos encontramos nesta proposición de lei do Partido Popular. Por tanto, o BNG, do lado de quen máis o necesita, votará en contra. Moito obrigado.

Gracias, señora presidenta. Buenas tardes. Aunque el BNG comparte que ciertos aspectos de la normativa de desarrollo urbanístico actual tienen que ser mejorados, tenemos claro que esta proposición de ley del Partido Popular no va en esa línea, sino que es un instrumento más al servicio del lobby de la construcción, del lobby inmobiliario y especulativo. El PP en esto nos sorprende siempre que puede, se sitúa del lado de los poderosos, de los fondos buitre o de la especulación inmobiliaria, favoreciendo siempre a los suyos, porque, bajo la excusa de la seguridad jurídica y la agilización, promueve un modelo urbanístico que invade competencias autonómicas y municipales, que puede favorecer prácticas especulativas en detrimento del interés general; debilita las garantías ambientales; limita la participación ciudadana y la fiscalización democrática con la reducción, por ejemplo, del ámbito de la actuación de la acción pública; desprotege la vivienda como derecho social; deroga los elementos limitados de control de la Ley 12/2023, como zona de mercado tensionado, índices de precios, controles de alquiler; y modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil y la LAU para facilitar los desahucios de personas vulnerables. El BNG rechaza, por lo tanto, la iniciativa, por incompatible con las competencias de Galicia para el desarrollo de un modelo de ordenación territorial gallego, planificado desde la realidad propia, también al servicio de la gente, de las personas que necesitan acceder a una vivienda y no de los mercados. Defendemos que cualquier reforma del marco normativo básico sea consensuada con las comunidades autónomas y respete el autogobierno gallego y apueste por el desarrollo urbanístico que priorice el interés general, la protección ambiental reforzada, la participación ciudadana y el derecho social a la vivienda, lo que precisamente no encontramos en esta propuesta de ley del Partido Popular. Por lo tanto, el BNG, del lado de los que más lo necesitan, vota en contra.

Gracias, presidenta. Señorías, hoy el Grupo Popular trae a esta Cámara una proposición de ley para el desarrollo urbano y la vivienda con algunas de las recetas de siempre y otras maldades de nuevo cuño. Entre las novedades está permitir que los bancos y los fondos buitre puedan echar a la gente de sus casas con juicios rápidos o subir los umbrales de vulnerabilidad para facilitar los desahucios. Con esta ley, por ejemplo, una familia con 900 euros de ingresos mensuales ya no se consideraría vulnerable y podría ser puesta en la calle. Ustedes ya ni disimulan para quienes trabajan. Son el partido de Blackstone, de Nestar, de Cerberus, y esta es otra ley al dictado de los intereses de los fondos buitre. Decía que esta ley incluye también las recetas de siempre, ahí está la desregulación de cualquier tipo de planificación urbanística y la barra libre a los pelotazos urbanísticos con la excusa de acabar con la burocracia. Esto ya lo hicieron ustedes con la ley del suelo de Aznar. El resultado fue la mayor burbuja inmobiliaria de la historia de España, más de 600 000 desahucios, cientos de suicidios y una crisis económica de la que hace poco pudimos salir. Todo eso mientras ustedes se repartían comisiones de bancos y de constructoras en sobres. Algunos ya lo sospechábamos, pero ayer lo confirmó el señor Bárcenas en sede judicial: el M.Rajoy de los papeles de la Gürtel era ¡oh, sorpresa! Mariano Rajoy. (Aplausos). El presidente del Gobierno y del Partido Popular era el jefe de una trama de sobornos. Ante eso, señorías del Grupo Popular, solo caben dos preguntas: una, ¿por qué Mariano Rajoy no está detenido a estas horas? Y dos, ¿cuántos sobres les han prometido de nuevo a las señorías del Grupo Popular para traer este tipo de ley? Porque tiene que valer mucha pasta el trabajo que ustedes les hacen a los fondos buitre. (Aplausos). Señorías, frente a esta ofensiva de la patronal inmobiliaria, la banca y los fondos buitre, solo hay una respuesta: intervenir el mercado de la vivienda para que tener techo sea un derecho y no un privilegio. ¿Y qué significa esto? Cinco medidas. Uno, limitar por ley el precio de los alquileres; dos, recuperar los cientos de miles de viviendas vacías con las que la banca sigue especulando; tres, usar el suelo público para construir viviendas de promoción 100 % públicas a precios que la gente pueda pagar; cuatro, acabar con los pisos turísticos donde no hay pisos para vivir; cinco, echar a los fondos buitre de España. Lamentablemente, el Plan Estatal de Vivienda que hoy ha presentado el Gobierno de España, más allá de los titulares, tampoco va en esa dirección. De hecho, incluye medidas que creo que firmarían ustedes, como, por ejemplo, los incentivos a los propietarios, las deducciones fiscales… todo antes de topar los alquileres. Señorías, si un Gobierno que se dice progresista y organiza muchas cumbres progresistas hace en una materia tan sensible como la vivienda las mismas políticas que la derecha, al final el resultado es que tarde o temprano llegan las derechas. Vuelven los de los sobres. Estamos a tiempo de remediarlo. Nada más y muchas gracias. (Aplausos).

Arratsalde on, jaun-andreok. Duela ia bi urte, 2024ko ekainean, lurzoru legea aldatzeko lege proposamena aurkeztu genuen Ganbara honetan, talde sozialistarekin batera, etxebizitza berrien beharrei aurre egiteko udalerrietan ezaguna zen oztopo nagusienetarikoari aurre egiteko, hau da, tramitazio urbanistikoen denborak murriztu eta segurtasun juridikoa bermatzeko. Nahiz eta aurkeztutako testua Alderdi Popularrak Senatuan beranduago erroldatuko zuenarekin antzekotasun handia izan, Alderdi Popularrak ezezko botoa eman zion tramitazioa hasiera emateari, ez testuari, tramitazioaren hasteari baizik. Eta bere hautua alderdiinteresengatik egin zuen. Ez zen interes publikoan egindako hautu politikoa izan, eta hori begi bistakoa da lurzoru legearen inguruan planteatzen dituen eta zituen proposamenak irakurrita. Duela urtebete eztabaidatu zen gure taldeak aurkeztutako lege proposamena. Ordu hartako eztabaida egun hauetan berrirakurri dut eta ondorio nagusi bat atera dut: Alderdi Popularreko bozeramaileari asko kostatu zitzaion testuari ezetza emateko pisuzko argudiaketa bat ematea, eta buruarekin baino tripetatik egin zuen lege proposamenaren inguruko irakurketa.

Buenas tardes, señorías. Hace casi dos años, en junio de 2024, presentamos en esta Cámara, junto con el Grupo Socialista, una proposición de ley para modificar la ley del suelo. Su objetivo era hacer frente al obstáculo más importante que tienen los municipios para responder a la demanda de nuevas viviendas; es decir, lo que se buscaba era reducir los plazos para la tramitación urbanística y garantizar la seguridad jurídica. A pesar de que el texto presentado guardaba gran similitud con el que el Grupo Popular posteriormente registraría en el Senado, el Grupo Popular votó no a iniciar la tramitación. No fue una negativa al texto, sino una negativa al inicio de la tramitación. Y lo hizo desde el interés partidista. Su posicionamiento político no estuvo motivado por el interés público. Y esto, señorías, es evidente a la vista de las propuestas que planteaba y plantea sobre la ley del suelo. Hace un año se debatió la proposición de ley presentada por nuestro grupo. Estos últimos días he vuelto a leer aquel debate y he sacado una conclusión clara: al portavoz del Grupo Popular le costó mucho dar un argumento de peso para justificar su no al texto. Diría que hizo una lectura de la proposición de ley más desde las tripas que desde la cabeza.

Hoy el Grupo Popular nos pide que demos paso al inicio de la tramitación de una proposición de ley de medidas administrativas y procesales para dar seguridad jurídica a la ordenación territorial y urbanística e impulsar el desarrollo urbano y la vivienda. Siendo la segunda ocasión en la que se debate sobre la necesaria modificación de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, tal y como ya he dicho, he releído la intervención que hace apenas un año realizó el portavoz del Grupo Popular en el debate anterior, que fue presentada por el Grupo Vasco y el Grupo Socialista. Su argumentación no fue sobre el fondo de la propuesta, sino que consistió en poner en cuestión a los proponentes, sin fundamentar con argumentos su voto en contra.

Nos han hecho perder un año en una cuestión que es crucial para la ciudadanía, como usted ha dicho, que en todas las encuestas aparece como primera preocupación. El Grupo Popular optó por rechazar una propuesta similar a la que hoy nos traen para la agilización de los trámites urbanísticos, solo porque no la presentaron ustedes, y ahora nos piden a los demás responsabilidad. En el Grupo Vasco llevamos tiempo reclamando acuerdos para hacer frente a la crisis habitacional, desde un análisis sin prejuicios y apriorismos. Sin embargo, y aunque todos lo reconocemos, la situación de la crisis de vivienda se impone al debate sosegado y pragmático, a la búsqueda de una solución conjunta a las posturas radicales y el recelo entre oponentes políticos. Porque hoy habrá también portavoces de grupos políticos que equiparen la planificación urbanística a la especulación. Eso es no tener argumento de peso y cargar contra el trabajo de tantos y tantos representantes públicos municipales que, tras más de ocho, nueve, diez e incluso doce años de negociaciones y de procesos de participación —‌que suponen un desgaste personal y también familiar—, ven cómo todo ese trabajo y acuerdos pueden quedar en saco roto, y pueden ser anulados, como sucede más veces de las deseadas, por defectos formales que son subsanables, al serles aplicada una interpretación estricta del régimen de nulidad. Y a ello, como señalábamos en su día, se une el efecto de nulidad en cascada sobre los planeamientos inferiores que desarrollan los anulados judicialmente. Por ello, y haciéndonos eco de la petición de alcaldes de todo signo, consideramos de gran importancia la modificación del artículo 55, sobre la nulidad y anulabilidad de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística y de los actos dictados a su amparo.

Es curioso, señorías del Partido Popular, que su texto tenga el mismo contenido que la modificación que nosotros defendíamos hace un año, también en relación con los límites de la acción pública, aunque su propuesta la limite más. Nos acusaron de parchear, pero la comparativa, para aquel que quiera hacerla, demuestra lo contrario. Como dijimos, nos hicimos eco de una petición refrendada por numerosos ayuntamientos y comunidades autónomas, recogida en el manifiesto suscrito en Santiago de Compostela, que pedía un cambio legislativo que les diera una mayor seguridad jurídica. La proposición de ley que plantea, sin embargo, amplía el foco a otras leyes, planteándose la modificación quirúrgica de su articulado, en algunos casos, o la derogación de parte del articulado, en otros. Estamos de acuerdo con la necesidad de modificar parte del articulado de algunas leyes, como en el caso de la Ley de Enjuiciamiento Civil o la Ley de Arrendamientos Urbanos —‌sobre todo en lo relativo al alquiler de temporada—, que está en tramitación en esta Cámara. Y, por lo tanto, si la toma en consideración se aprobara y se iniciara la tramitación de esta proposición de ley, desde el Partido Nacionalista Vasco realizaríamos nuestras propuestas vía enmienda.

En el Grupo Vasco creemos que desde lo público se puede y se debe invertir para garantizar la función social de la vivienda, pero también que esta intervención no debe traducirse en una constante acusación a los pequeños propietarios. La responsabilidad de asegurar el derecho a una vivienda digna debe recaer en la Administración pública, también desde la colaboración público-privada. Debemos asegurar, asimismo, que los propietarios de una vivienda puedan recuperarla de forma inmediata, con medidas concretas e incluso en un plazo predeterminado, cuando otra persona, sin su consentimiento y título para ello, la haya ocupado. Y si esta se encontrara en situación de necesidad o riesgo de exclusión social, sea la Administración competente quien proporcione una solución habitacional en el plazo prefijado.

En relación con modificar el porcentaje del IPREM para valorar la vulnerabilidad que proponen, les adelanto que no lo compartimos. Establecer el 1,5 nos parece no ser consciente de la realidad, y mucho menos si se armoniza esta consideración en todo el Estado. Son ustedes muy buenos administradores de la economía familiar, incluso magos, si con apenas 1000 euros creen que una familia puede acceder a una vivienda, pretender comer todos los días, vestirse y encender la calefacción. Nos tendrán que contar cómo y dónde lo hacen.

Para finalizar, el Partido Popular propone la derogación parcial de la Ley de Vivienda de 2023. Propone la derogación de varios artículos vinculados a las zonas de mercado tensionado, los índices de precios de alquiler, el control de precios y los instrumentos de protección a las personas arrendatarias. Hemos dejado constancia en esta Cámara, con nuestras enmiendas y manifestaciones, de las dudas en relación con esta ley por la erosión de competencias que ha conllevado y también sobre su eficacia, pues creemos que no está siendo todo lo efectiva que debiera ser para hacer frente a la crisis de vivienda. Hoy lo reconoce incluso algún grupo de aquellos que la aprobaron. Pero, dicho esto, tampoco creemos que pueda derogarse una ley sin presentar medidas sustitutivas que reviertan la realidad actual del acceso a una vivienda digna y asequible. Consideramos que en esta proposición falta un esfuerzo propositivo y, por ello, dudamos de la razonabilidad de una propuesta en los términos en los que se ha planteado.

Como ya saben, la postura del Partido Nacionalista Vasco no fue contraria a la intervención, sí al hecho de que fuera una decisión —‌me refiero a las zonas tensionadas— de este Congreso y no, en nuestro caso, del Parlamento Vasco o del de Nafarroa, donde está representada la soberanía del pueblo vasco, que son quienes tienen que decidir cuáles son los criterios y las medidas a adoptar, en todo caso.

Termino. Amaitzen dut. Eusko Alderdi Jeltzaletik, euskal taldetik, seriotasunez eta zuhurtziaz arituko gara, eta proposamen honek aurrera jarraituko balu, dagozkion proposamenak egingo ditugu, ez baitugu lege ekimen honek proposatzen duen guztiarekin bat egiten. Hala ere, ez dugu alderdikeriarekin jokatuko. Etxebizitza premiak, beharrak, gu denok inplikatzea behar duelako. Eta bide horretan proposatzen dugu Ganbara honetan dauden etxebizitzaren inguruko lege ekimen guztiak fundamentuz eta oinarriarekin aztertu ahal izateko lantalde bat osatzea edota, gutxienez, emendakinen epea ez ixtea. Gaiaren inguruko ponentzia-lanak amaitu aurretik, adituen proposamenak entzun eta aztertu ahal izateko. Ez baitu zentzurik emendakinen epea ixtea entzute aktiboa egin aurretik. Bide horretan, enegarrenez Gobernuari eta zuzenean ministroari adituen lantaldeetan jasotako ekarpenak taldeei banatzea eskatzen diegu. Milesker.

Desde el Partido Nacionalista Vasco, desde el Grupo Vasco, actuaremos con seriedad y sentido común. Y, si esta propuesta siguiera adelante, realizaremos las correspondientes propuestas, porque no nos sumamos a todo lo que esta iniciativa de ley propone, pero tampoco vamos a ser partidistas, porque la necesidad de vivienda requiere de la implicación de todos. En esa línea, proponemos que se constituya un grupo de trabajo para poder analizar con fundamento y rigor todas las iniciativas legales en materia de vivienda que se presenten en esta Cámara o, al menos, que no se cierre el plazo de enmiendas antes de que se concluyan los trabajos de ponencia sobre el tema, para poder escuchar y analizar las propuestas de los expertos. Y es que no tiene sentido cerrar el plazo de enmiendas antes de que se haga una escucha activa.

En este sentido, le pedimos por enésima vez al Gobierno y, de forma directa, a la señora ministra, que haga llegar a los grupos las aportaciones presentadas en el grupo de expertos.

Presidenta, señorías, buenas tardes. Nos trae el Grupo Popular hoy una proposición de ley que viene a ser sintética, concreta, compacta, podríamos decir: dos artículos, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales. Chimpún, se acabó. Ahora bien, no nos engañemos: siendo tan resumidita —‌bien podríamos hablar de economía procesal—, en este caso lo que esta ley trae es un ataque a toda la línea de flotación de las políticas de intervención pública en el mercado de la vivienda. (La señora Cruz-Guzmán García pronuncia palabras que no se perciben). Efectivamente. Me alegro de que lo haya entendido. Ustedes piden acabar con la intervención pública en el mercado de la vivienda: liberalismo puro en el sector que más se muestra con crueldad para la gente. Esa es su receta de justicia; no digo ya de justicia social, de justicia. Porque, fíjense, ustedes se plantean en esta iniciativa desregular y derogar la Ley de Vivienda a través de las zonas de mercado tensionado. Se plantean, además, consolidar la exclusión de cada vez más sectores de la sociedad con una lógica aplastante y redundante, porque lo que hacen es sacar a más gente de los niveles de protección que el Estado les puede brindar. Y eso tiene un nombre: aporofobia, que es el miedo al pobre. Ojo, no a la pobreza —q‌ ue les viene muy bien para seguir alimentando márgenes de beneficio—, al pobre, al que tiene la desgracia de ser pobre. Pero, además, yo creo que no hace falta que mientan. Usted dice que esta ley la han dialogado y consensuado con todos los ayuntamientos de todos los colores. ¿Han hablado con la primera fuerza en número de alcaldías de la Comunidad Autónoma vasca? ¿Han hablado, siquiera, con la primera fuerza en número de alcaldías de la Comunidad Foral de Navarra? Como mucho, han hablado con su fuerza homónima en la Comunidad Autónoma vasca, que tiene dos alcaldías; si acaso, con ellos. Con la primera fuerza, que cuenta con 106 alcaldías en la Comunidad Autónoma vasca y la primera fuerza en Navarra con 39 alcaldías, no han hablado, porque es Euskal Herria Bildu. Ustedes son una anécdota. Ustedes en nuestro país son una anécdota. Probablemente, eso les duele y les escuece, pero esa es la realidad a la que les está abocando la ciudadanía de Euskal Herria. Y cada vez lo va a hacer con más intensidad cuando ven propuestas que les dejan tan de lado y tan desprotegidos ante una realidad tan dura como es el acceso al mercado a la vivienda. Ustedes plantean que, derogando aspectos de la ley de vivienda como las zonas de mercado tensionados y endureciendo las condiciones para la gente que vive en vulnerabilidad, se van a arreglar las cosas. Pero, fíjense, en su propia exposición de motivos —n‌ o es un dato mío, es suyo porque viene en su propia exposición de motivos— dicen que los hogares con menor capacidad de gasto —e‌ s decir, los hogares que tienen más dificultad para gastar porque tienen menos recursos— tienen que destinar el 42,6 % para la vivienda. Quédense con este dato: el 42,6 %. Los hogares que tienen más capacidad de gasto, es decir, que tienen rentas mayores, solo destinan el 27 %. ¿Y qué se les ocurre a ustedes en esta iniciativa? Excluir a más gente de los niveles de protección social para que ese 42,6 % se convierta en un 50 %. Es decir, que la gente tenga que elegir entre tener techo y comer piedras o comer y vivir en la puñetera calle. Esa es la magnífica propuesta del Partido Popular. Y lo hacen en tres ámbitos, porque probablemente lo que con esta microiniciativa plantean —‌aunque en el fondo tenga gran calado— es modificar tres leyes. En primer lugar, la Ley de Enjuiciamiento Civil. ¿Y qué hacen? Volver a hablarnos de la okupación. En este caso, dicen literalmente en su iniciativa «el fenómeno okupa». Yo no voy a perder ni un minuto en explicarles qué es el allanamiento de morada, la usurpación y las deudas por morosidad, porque eso es de 1.º de EGB. Eso lo puede ver cualquiera en Google. Hagan el esfuerzo y verán que no es lo mismo. Si ustedes quieren seguir alimentando la teoría de un país lleno de okupas donde no se desahucia a nadie, se lo rebaten los datos del Consejo General del Poder Judicial, que dice que las gentes que son desahuciadas son muchísimas más que los casos de denuncia por okupación en allanamiento de morada, en usurpación o en deuda por morosidad. Pero voy más allá. Ustedes plantean —f‌íjense la caridad cristiana del el Partido Popular— que cuando se impide el lanzamiento, el desahucio, porque un juez entiende que la familia está en situación de vulnerabilidad, en lugar de dar un plazo de dos meses para que se busque una solución a esa realidad —‌uno entiende que con la caridad cristiana habría que trabajar para que en esos dos meses se le encuentre una solución—, al Partido Popular le parece que dos meses es mucho, proponen que sea uno y a la puñetera calle. Pero es más, si es una persona jurídica, ahora se dan cuatro meses, siempre con auto judicial mediante. Pues al Partido Popular también le parece mucho, y ahora dice que tienen que ser tres meses: de cuatro a tres, de dos a uno. ¡Esa es la mano tendida del Partido Popular hacia la gente que tiene dificultades para poder llegar a fin de mes y para poder tener una vida digna! Y, aunque ya se lo han dicho, también quiero referirme a eso: el IPREM ahora mismo está en 600 euros. En la actualidad el IPREM se establece para determinar qué persona está en situación de vulnerabilidad. Y en la ley se dice que si alguien no supera tres veces el IPREM, es decir 1800 euros, estaría en situación de vulnerabilidad. Y que si lo supera, aunque sea con 1801, ya no lo está y, por tanto, no tendría ese escudo social. Pues al Partido Popular esto también —‌caridad cristiana de la buena— le parece mucho. Decide que tiene que ser uno y medio en lugar de tres. Es decir, que quien tenga 901 euros de ingreso en toda su familia, juntando lo de toda la familia, ya no es una persona vulnerable. ¿En qué país viven? ¿Qué pretenden que haga la gente con 901 euros o con 905 euros? ¿Pagar una vivienda? ¿Comer? ¿Alimentarse? ¿Vestirse? ¡Es inaudito!

Pero van más allá, porque su caridad no conoce límites. Actualmente, para las personas que tienen discapacidad superior al 33 %, que tienen una enfermedad crónica incurable o que tienen una situación de alta dependencia, se establece que tienen que ingresar cinco veces el IPREM, porque esa realidad viene asociada a unos gastos muy elevados, que bien conoce quien tenga esa realidad o esa casuística en su propia familia. Ahora, se necesita superar cinco veces el IPREM —‌3000 euros, para que se me entienda— para estar fuera del ámbito de protección del escudo social, porque se entiende que uno que tiene recursos propios. Al Partido Popular cinco veces el IPREM también le parece mucho. O sea, 3000 euros le parece muchísimo. Y decide bajarlo a tres veces el IPREM, 1800 euros. ¿De verdad se atreven a decir esto? ¿Y se atreven a decírselo a la gente a la cara? Y luego nos vienen aquí llorando como plañideras, con no sé qué enfermedad o con no sé qué colectivo, diciéndonos que son ultra y altamente sensibles. (Aplausos). Lo suyo —‌y voy concluyendo—, es pura y dura aporofobia. Les da miedo el pobre, les disgusta el pobre, es más, odian al pobre. Y ustedes plantean… (La señora Rodríguez Calleja: ¡Mentira!—Un señor diputado chista pidiendo silencio). ¿Qué les molesta? ¿Que les digamos la verdad? (La señora Rodríguez Calleja: Que mientas.—Rumores).

¿Qué les molesta? (Rumores.—Aplausos). Eso antes, en estas Cortes Generales, igual podía servir para que yo me callara, pero ahora ya no. Esto es una democracia que hasta les ha pasado a ustedes por encima. (Aplausos).

Voy terminando. Ustedes quieren derogar la ley de vivienda y las zonas de mercado tensionado. ¿Qué han podido hacer en la Comunidad Autónoma vasca o en la Comunidad Foral de Navarra para impedir que cada vez más ayuntamientos se declaren zonas tensionadas con el apoyo de partidos diferentes de esta Cámara: el Partido Socialista, Euskal Herria Bildu, PNV y Contigo Zurekin, SUMAR o Podemos? Ustedes poco, porque son testimoniales, como les he dicho: dos alcaldías en todo Euskal Herria. Sí, sorprende, pero es así. (Rumores).

Termino ya. Ustedes plantean modificar la ley para derogar el tope de precios y para modificar la prórroga. La semana que viene tendrán que retratarse. Ojalá se traigan el tema más preparado por dignidad y por respeto a lo que ustedes dicen que tanto defienden. Porque ustedes han dicho que nosotros odiamos la Constitución. Entiendo —‌por pura conclusión— que ustedes la aman. Pues si la aman y señalan en su propia asociación de motivos los artículos 33 y el 47, recuerden que el artículo 33 dice que se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. Sí, pero también dice que la función social de estos derechos delimita su contenido de acuerdo a las leyes y que nadie podrá ser privado de sus derechos sino por causa justificada y de utilidad pública. Díganme que en el problema de la vivienda no hay una causa de utilidad pública.

Sean sinceros y, al menos, díganle a la gente que quienes no puedan pagarse una vivienda, a ustedes no les preocupan en absoluto. A ustedes les preocupa que los fondos de inversión sigan poniéndoles alfombras rojas para que la señora Ayuso o quien quiera pueda seguir haciendo amiguitos con ellos y, quién sabe si no, negocios y áticos.

Besterik ez. Mila esker. (Aplausos).

Moltes gràcies, senyora presidenta. Bona tarda, senyories. Guaitin, el dret urbanístic s’ha anat configurant amb el pas del temps com un sistema d’una complexitat enorme, resultat de la superposició de normes, procediments i controls sectorials que, tot i respondre a finalitats legítimes, han acabat generant un model tremendament difícil de gestionar i encara més d’aplicar.

El que havia de ser una eina per ordenar el al territori amb criteri i previsibilitat s’ha convertit massa sovint en un entramat que retrassa decisions, multiplica conflictes i erosiona la confiança en les institucions. I això té conseqüències. Té conseqüències concretes.

Els plans generals s’eternitzen durant més d’una dècada. Qualsevol que hagi estat al món local ho sap. Les modificacions puntuals es dilaten durant anys. Els informes sectorials no arriben o arriben tard i bloquegen procediments sencers. I mentrestant, plans vigents durant molt de temps acaben anul·lats al final, al cap de molts anys, per defectes formals que no eren ni essencials. Això no és només ineficiència. Això és una enorme inseguretat jurídica, perquè quan el sistema no és previsible, quan les regles no són clares o no s’apliquen amb estabilitat, el que es posa en risc és el conjunt del model, l’actuació pública sobretot, la iniciativa privada també, i també la protecció del dret de la propietat. I sense seguretat jurídica no hi ha inversió —‌això ho sabem tots— i no hi ha un desenvolupament ordenat del territori, tampoc. I sobretot, no hi ha una política d’habitatge capaç de funcionar.

Sense un sistema que funcioni, no hi ha accés real a l’habitatge i quan no hi ha accés a l’habitatge, el que es trenca no és només el mercat. Es trenquen projectes de vida, es retarda l’emancipació dels joves, es cronifica la precarietat i es posa en risc el conjunt de la cohesió social. Ara bé, també cal dir-ho, i amb claredat, que aquesta situació no és fruit d’un sol govern. Quan el Partit Popular governava, va impulsar reformes sota la premissa que el mercat sense intervenció resoldria per si sol els problemes de l’habitatge. La realitat va demostrar que no va ser així. Aquell model va afavorir dinàmiques especulatives, va generar alguns desequilibris territorials importants i no va acabar garantint un accés efectiu i equilibrat a l’habitatge. Per això estem on estem. I el més rellevant per la proposta que ens fan avui aquí: que tampoc van abordar el problema estructural de la complexitat normativa ni procedimental. És a dir, que no va resoldre ni el problema de fons, ni va simplificar el sistema.

Però avui el govern del PSOE i SUMAR afirma que l’habitatge és la seva prioritat. Ho diu i ho repeteix i ho situa al centre del debat. Però entre el discurs i la realitat hi ha una distància gegant, perquè el que està marcant l’acció de l’actual govern és una visió excessivament ideologitzada, impulsada especialment pel sectarisme de SUMAR, que està arrossegant el conjunt de l’executiu cap a un model basat en limitar, sancionar i sobrerregular. I el més preocupant: no és només el model. És la resposta que estan tenint davant dels nefastos resultats que estem veient tots. Perquè quan les dades indiquen menys oferta, més tensió de preus i més dificultats d’accés, els socialistes no rectifiquen. Hi ha persistència, una persistència que no poden entendre com a fortalesa. És una incapacitat absoluta d’adaptació i aquesta rigidesa està deteriorant les expectatives de tota una generació sencera.

Però hi ha una altra qüestió que és sincerament incomprensible: si realment es vol actuar sobre el problema de l’habitatge, per què el govern socialista i de SUMAR no impulsa cap reforma estructural per reduir la burocràcia urbanística? Els municipis estan fent una crida de socors, no poden més. La tramitació és cada cop més complexa, més llarga, més incerta, i això afecta directament la capacitat de produir habitatge. I malgrat això, no s’ha adoptat cap mesura de simplificació real. I els diré més: per què no s’ha abordat també amb decisió el règim de la contractació pública? Per facilitar que els ajuntaments i les administracions puguin impulsar habitatge públic amb agilitat. Saben que es pot tardar set o vuit anys per part d’un ajuntament per poder fer una edificació, una construcció d’habitatge? Si no es pot contractar amb eficàcia, no es pot executar. Si no s’executa, no hi ha oferta, no hi ha pisos ni públics ni privats. No hi ha res ni del lloguer assequible ni de protecció oficial. Res. El que estan fent a l’actual govern és res. I aquí també la conclusió es fa evident: aquest govern no ha fet cap reforma de fons útil o amb impacte.

Per això, quan parlem de reformar el dret urbanístic no n’hi ha prou amb declaracions d’intencions. Amb aquesta proposició compartim alguns objectius: simplificar procediments òbviament, reduir les nul·litats en cascada i reforçar la seguretat jurídica, però això exigeix rigor. Cal delimitar amb precisió el règim d’invalidesa dels plans, evitant que defectes formals no essencials generin nul·litats absolutes amb efectes absolutament desproporcionats. Cal incorporar criteris clars de conservació dels actes i de modulació dels efectes de la nul·litat per evitar bloquejos sistemàtics. Cal reforçar la seguretat jurídica també en la fase d’execució, garantint estabilitat en les decisions i reduint els litigis que paralitzen, òbviament, els projectes sencers. I cal establir terminis efectius i conseqüències reals davant la inactivitat administrativa —‌que es produeix molt sovint— perquè sense resposta en temps, el sistema deixa de ser operatiu. Però també, i per Junts és essencial, cal respectar el marc competencial i no podem acceptar un excés de detall en la legislació bàsica que acabi incidint directament en la regulació material de l’urbanisme, buidant-nos d’algunes competències que són catalanes. Perquè reformar no ha de ser recentralitzar en cap cas i simplificar no és uniformitzar.

Senyories, en urbanisme, els errors durant dècades. Per això cal encertar. Cal filar molt prim, cal coherència, ser previsible i seguretat jurídica real. Perquè sense seguretat jurídica, sense protecció del dret de propietat, no hi ha confiança i sense confiança no hi ha ni inversió ni un projecte col·lectiu possible. El que realment està en joc avui, com tantes vegades que parlem d’habitatge, és el futur col·lectiu. I escoltin bé, senyories, quan la ideologia es converteix en l’únic pilar de les polítiques d’habitatge, com està passant per part d’una bancada, no es construeix ni un metre quadrat de futur.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, señorías. El derecho urbanístico se ha ido configurando con el paso del tiempo como un sistema de una complejidad enorme, resultado de la superposición de normas, procedimientos y controles sectoriales que, a pesar de responder a finalidades legítimas, han acabado generando un modelo tremendamente difícil de gestionar y todavía más de aplicar. Lo que tenía que ser una herramienta para ordenar el territorio, con criterio y previsibilidad, se ha convertido demasiado a menudo en un entramado que retrasa decisiones, multiplica conflictos y erosiona la confianza en las instituciones. Y eso tiene consecuencia; consecuencias muy concretas. Los planes generales se eternizan durante más de una década, todos lo sabemos. Las modificaciones puntuales se dilatan durante años, los informes sectoriales no llegan o llegan tarde y bloquean procedimientos enteros. Y mientras tanto, planes vigentes durante mucho tiempo acaban anulados, al final, por defectos formales no esenciales. Esto no es solo ineficiencia, es una enorme inseguridad jurídica, porque cuando el sistema no es previsible, cuando las reglas no son claras o no se aplican con estabilidad, el que se pone en riesgo es el conjunto del modelo, la actuación pública, sobre todo, la iniciativa privada también, y también la protección del derecho de propiedad. Sin seguridad jurídica no hay inversión —‌esto lo sabemos todos—, no hay un desarrollo ordenado del territorio tampoco, y sobre todo no hay una política de vivienda que funcione. Sin un sistema que funcione, no hay acceso real a la vivienda. Y cuando no hay acceso a la vivienda, lo que se rompe no es solo el mercado, lo que se rompe son proyectos de vida: se retrasa la emancipación de los jóvenes, se cronifica la precariedad y se pone en riesgo la cohesión social. Ahora bien, también hay que decirlo con claridad: esta situación no es fruto de un solo Gobierno. Cuando el Partido Popular gobernaba, impulsó reformas bajo la premisa de que el mercado sin intervención resolvería por sí solo los problemas de vivienda. La realidad demostró que no fue así: aquel modelo favoreció dinámicas especulativas, generó desequilibrios territoriales importantes y no terminó garantizando un acceso efectivo y equilibrado a la vivienda; y por eso estamos aquí. Y lo más relevante, por la propuesta que nos hacen hoy, tampoco se aborda el problema estructural de la complejidad normativa y procedimental; es decir, ni se resuelve el problema de fondo ni se simplifica el sistema. Pero hoy, el Gobierno del PSOE y SUMAR afirma que la vivienda es su gran prioridad. Lo dice, lo repite y lo sitúa en el centro del debate. Pero entre el discurso y la realidad hay una distancia gigante, porque la que está marcando la acción del actual Gobierno es una visión excesivamente ideologizada, impulsada especialmente por el sectarismo de SUMAR, que está arrastrando al conjunto del Ejecutivo hacia un modelo basado en limitar, sancionar y sobrerregular. Y lo más preocupante no es solo este modelo, es la respuesta ante los nefastos resultados que estamos todos presenciando, porque cuando los datos indican menos oferta, más tensión de precios y más dificultades de acceso, los socialistas no rectifican. Hay persistencia, una persistencia que no pueden entender como fortaleza; esto equivale a una incapacidad total de adaptación, y esta rigidez está deteriorando las expectativas de toda una generación entera. Hay otra cuestión que es, sinceramente, incomprensible: si realmente se quiere actuar sobre el problema de la vivienda, ¿por qué el Gobierno socialista y de SUMAR no ha impulsado ninguna reforma estructural para reducir la burocracia urbanística? Los municipios están haciendo un llamamiento de socorro, no pueden más. La tramitación es cada vez más compleja, más larga, más incierta, y esto afecta directamente a la capacidad de producir vivienda. A pesar de esto, no se ha adoptado ninguna medida de simplificación real. Les diré más, ¿por qué no se ha abordado con decisión el régimen de contratación pública para facilitar que los ayuntamientos —‌las Administraciones— puedan impulsar vivienda pública con agilidad? ¿Se pueden tardar siete u ocho años por parte de un ayuntamiento para construir vivienda? Porque si no se puede contratar con eficacia, no se puede ejecutar. Y si no se ejecuta, no hay oferta, no hay pisos públicos, ni de alquiler asequible, ni de protección, ni privados, ni de protección oficial; nada.

Ahora mismo lo que está haciendo el actual Gobierno es nada. Y aquí también la conclusión es clara: este Gobierno no ha hecho ninguna reforma de fondo con impacto útil.

Por eso, cuando hablamos de reformar el derecho urbanístico no basta con declaraciones de intenciones. Con esta propuesta, compartimos objetivos, simplificamos los procedimientos —o‌ bviamente—, reducimos las nulidades en cascada y reforzamos la seguridad jurídica. Pero esto exige rigor. Hay que delimitar con precisión el régimen de invalidez de los planes, evitando que defectos formales no esenciales generen nulidades absolutas con efectos desproporcionados; hay que incorporar criterios claros de conservación de los actos y de modulación de los efectos de la nulidad para evitar bloqueos sistémicos; hay que reforzar la seguridad jurídica también en la fase de ejecución, garantizando estabilidad en las decisiones y reduciendo la litigiosidad que paraliza proyectos enteros; y hay que establecer plazos efectivos y consecuencias reales ante la inactividad administrativa, que se produce muy a menudo porque, sin respuesta en el tiempo, el sistema deja de ser operativo. Pero también hay que respetar el marco competencial: no podemos aceptar un exceso de detalle en la legislación básica que acabe incidiendo directamente en la regulación material del urbanismo y vaciando competencias que son catalanas, porque reformar no tiene que ser recentralizar en ningún caso, y simplificar no es uniformizar.

Señorías, en urbanismo los errores duran décadas; por eso, hay que acertar. Hace falta coherencia, hay que hilar fino, hace falta visibilidad y seguridad jurídica real, porque sin seguridad jurídica, sin protección del derecho de propiedad, no hay confianza; y sin confianza no hay inversión ni un proyecto colectivo posible. Lo que realmente está en juego hoy, como tantas veces que hablamos de vivienda, es el futuro colectivo. Y escuchen bien, señorías, cuando la ideología se convierte en el único pilar de las políticas de vivienda, como está pasando ahora mismo por parte de una bancada, no se construye ni un metro cuadrado de futuro.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

Bona tarda. Gràcies, presidenta. Vull començar amb una dada, perquè m’ha donat la idea el company Matute: Quatre alcaldies a Catalunya de 947 municipis. No sé, com deia ell, si han parlat també amb el nostre país. En tot cas, avui aquesta proposició de llei que presenta el Partit Popular afirmant que és un tema tècnic, que el que vol és reforçar la seguretat jurídica, agilitzar els tràmits i facilitar l’accés a l’habitatge, nego la major que sigui una proposta tècnica. I sí, senyora Madrenas, va d’ideologia. És profundament ideològic com abordem el tema de l’habitatge. Hi ha dues maneres d’entendre aquesta crisi d’habitatge. Una que considera que el mercat es regula sol, que l’habitatge és un bé amb el que alguns es poden fer rics i una altra que assumeix que l’habitatge és un dret i que, per tant, necessita regulació, intervenció pública, límits clars a l’especulació, perquè, si no es regula des de l’administració, l’acaben regulant els fons voltor, que és el que està passant avui en dia. El Partit Popular torna a proposar exactament la mateixa recepta que aquest Estat ja ha aplicat durant dècades: construir més, accelerar processos urbanístics i reduir regulacions; construir més privadament, evidentment. En el fons, la mateixa lògica que va alimentar la bombolla immobiliària i que va acabar conduint-nos a la crisi del 2008. Construir més pot formar part de la solució global, sí, però construir més no és la solució al problema de l’habitatge. El problema no és només quants habitatges es construeixen. El problema és com funciona el mercat i de qui són i qui controla aquests habitatges. Avui una gran part del mercat immobiliari no està pensada per garantir el dret a l’habitatge, sinó per funcionar com un actiu d’inversió. Els seus propietaris no són les administracions públiques, sinó els grans fons voltor i els grans fons d’inversió. I aquesta proposició de llei, quan parla de construir més, en cap cas parla de fer més habitatge públic, sinó que ho facin els que ja tenen control del mercat i posin els pisos en venda a preus absolutament inassumibles per a la majoria de la gent. I això significa que fins i tot augmentant l’oferta, els preus continuaran pujant perquè la demanda especulativa absorbeix bona part d’aquesta nova oferta, perquè és l’única que pot pagar-la. España, de fet, és un dels països europeus que més habitatges ha construït durant les darreres dècades i, malgrat això, continua sent un dels llocs on l’accés a l’habitatge és més difícil per a la majoria de la gent. Aquesta dada els hauria de fer reflexionar sobre la simplificació que fan d’un debat que sovint es redueix a una sola idea, que és que, com deia, s’acaba construint més. Cada vegada hi ha més veus, més experts que assenyalen que el problema no només és la quantitat d’habitatges disponibles, sinó el funcionament del mercat i la concentració d’aquesta propietat.

Quan una part significativa del parc d’habitatges està en mans de grans tenidors a fons voltor, la dinàmica especulativa continua empenyent els preus cap amunt de forma constant. Per això, cada vegada hi ha més consens en una direcció molt diferent: construir per ampliar el parc d’habitatge públic. Sí, el parc d’habitatge públic, que res té a veure amb la proposició de llei que avui ens porta el Partit Popular. Però també rehabilitar, mobilitzar habitatges buits, posar a disposició els de la Sareb, incentivar el canvi de segones a primeres residències, treballar coordinadament amb fundacions o cooperatives d’habitatge sense ànim de lucre, regular els preus de lloguer i garantir que l’habitatge compleix la seva funció social. De fet, allà on s’han aplicat les mesures de regulació, per molt que s’entestin a dir que no és cert, comencem a veure alguns resultats. A Catalunya, els estudis més recents indiquen que, en les zones on s’ha aplicat la regulació dels lloguers, els preus es contenen. Creixen, però molt per sota dels nivells de la inflació i descaradament menys que en aquells mercats comparables i en alguns casos, fins i tot, han començat a baixar. I també s’està reduint l’ús abusiu dels lloguers de temporada gràcies a la regulació del mercat que es va fer al Parlament de Catalunya i que aquí totes les dretes estan bloquejant. És a dir, quan el sector públic intervé amb determinació, el mercat pot començar a corregir algunes de les seves disfuncions.

Però la proposta del Partit Popular va exactament en la direcció contrària. Aquesta llei planteja eliminar o debilitar els instruments que permeten intervenir al mercat de lloguer, com el control de preus o la declaració de zones tensionades. I al mateix temps diu que vol facilitar processos urbanístics, però el que fa és tenir menys garanties. Limita la capacitat de la ciutadania per recórrer decisions urbanístiques restringint l’anomenada acció pública en aquesta matèria; un tema que és especialment preocupant perquè és aquesta acció pública urbanística la que històricament ha estat una eina essencial per detectar irregularitats, abusos i casos de corrupció, per cert, pràcticament el cent per cent a mans del Partit Popular. En lloc d’exigir que l’administració actuï correctament des del principi, aquesta proposta rebaixa les exigències perquè els errors no tinguin conseqüències i això acaba generant exactament el contrari del que proclama: menys confiança en les institucions i més sensació d’impunitat.

Aquí, en aquest punt, també vull fer un incís en un tema que fa ben poc va sortir publicat al diari Público i que no en parlem massa. L’article explicava que determinades càtedres universitàries, finançades precisament per empreses immobiliàries, han contribuït a difondre estudis i informes on les conclusions, curiosament, coincideixen de manera molt convenient amb els interessos d’aquest mateix sector: menys regulació, més liberalització del mercat i més construcció. Tot això el que fa és anar contribuint a bastir un relat que els va molt bé sobre la liberalització màxima del mercat, que només afavoreix a aquells perfils que vostès volen afavorir, vostès, amb les seves polítiques de liberalització màxima, les dretes i les extremes dretes. I nosaltres neguem la major. El dret a l’habitatge no es pot deixar en mans del mercat. El mercat no es regula sol i si es regula sol no ho fa per a la majoria de la gent. Ja hem vist el que està passant amb aquest sistema que vostès proposen.

Per això, defensem polítiques públiques molt diferents: ampliar el parc d’habitatge públic, regular el mercat quan calgui mobilitzar habitatges buits i limitar la concentració especulativa; que, per cert, avui mateix el Consell de Ministres aprova el nou Pla Estatal d’Habitatge, un pla que, una vegada més, tampoc incorpora cap mesura per gravar de manera efectiva aquells que acumulen grans quantitats d’habitatges. I aquest és un dels grans debats pendents que, si realment volem abordar les causes estructurals de la crisi de l’habitatge, hem de tenir. I la prova, la suposada esperança blanca de l’esquerra europea i mundial pràcticament, que és el Partit Socialista. Potser abans de fer grans cimeres d’esquerres hauríem de revisar-nos una mica.

En definitiva, aquesta proposició de llei no posa al centre el dret a l’habitatge ni l’interès general. El que fa és prioritzar la flexibilització urbanistica i la desregularització absoluta del mercat, perquè els rics encara siguin més rics i els que no tenen casa segueixin patint cada dia per garantitzar-se un sostre.

Evidentment, nosaltres votarem en contra, avui i cada dia que presentin coses en aquest sentit. Moltes gràcies.

Gracias presidenta. Muy buenas tardes. Quiero empezar con una fecha, porque me ha dado la idea el compañero Matute: cuatro alcaldías en Cataluña de 947 municipios. No sé, cómo decía él, si han hablado también con nuestro país. En todo caso, hoy esta proposición de ley que presenta el Grupo Popular afirmando que es un tema técnico, que quieren reforzar la seguridad jurídica, acelerar los trámites y facilitar el acceso a la vivienda, niego la mayor de que sea una propuesta técnica. Y sí, señora Madrenas, va de ideología; es profundamente ideológico cómo abordamos el tema de la vivienda. Hay dos formas de entender esta crisis de vivienda: una considera que el mercado se regula por sí mismo, que la vivienda es un bien con el que algunos se pueden hacer ricos, y otra asume que la vivienda es un derecho y que, por tanto, necesita su regulación, intervención pública, límites claros a la especulación, porque si no se regula desde la Administración, lo acaban regulando los fondos buitre, que es lo que está ocurriendo ahora mismo.

El Grupo Popular vuelve a proponer exactamente la misma receta que este Estado ya ha aplicado durante décadas: construir más, acelerar procesos urbanísticos y reducir regulaciones; construir más privadamente, evidentemente. En el fondo, es la misma lógica que alimentó la burbuja inmobiliaria y que nos llevó a la crisis del 2008. Construir más puede formar parte de la solución global, sí, pero construir más no es la solución al problema de la vivienda. El problema no es solo cuántas viviendas se construyen, el problema es cómo funciona el mercado, de quién es y quién controla estas viviendas. Hoy, una gran parte del mercado inmobiliario no está pensada para garantizar el derecho a la vivienda, sino para funcionar como un activo de inversión; sus propietarios no son las Administraciones públicas, sino los grandes fondos buitre y los grandes fondos de inversión.

Esta proposición de ley en ningún caso habla de hacer más vivienda pública, sino de que ya tienen el control del mercado y se pongan pisos en venta a precios que son inasumibles prácticamente para la mayoría de las personas. Esto significa que, aumentando la oferta, los precios continuarán subiendo, porque la demanda especulativa absorbe gran parte de esta nueva oferta y porque es la única que pueden pagar. España, de hecho, es uno de los países europeos que más vivienda ha construido durante las últimas décadas y, a pesar de ello, continúa siendo uno de los lugares donde el acceso a la vivienda es más difícil para la mayoría de la gente. Este dato les debería hacer reflexionar sobre la simplificación que hacen de un debate que a menudo se reduce a una idea: se acaba construyendo más, como decía; cada vez ya hay más voces, más expertos que señalan que el problema no solo tiene que ver con la cantidad de viviendas disponibles, sino con el funcionamiento del mercado y la concentración de esta propiedad.

Cuando una parte significativa del parque de viviendas está en manos de grandes tenedores de fondos buitre, la especulación continúa aumentando los precios de forma constante, y por eso cada vez hay más consenso, una dirección muy distinta: construir para aumentar el parque de viviendas públicas sí, pero no tiene nada que ver con la proposición de ley que nos trae hoy el PP; también rehabilitar, movilizar viviendas vacías, ponerlas a disposición de la Sareb, trabajar coordinadamente con cooperativas de viviendas sin ánimo de lucro, regular los precios del alquiler y garantizar que la vivienda cumple con su función social. De hecho, allá donde se han aplicado las medidas de regulación, por mucho que se empeñen en decir que esto no es cierto, empezamos a ver algunos resultados. En Cataluña, los estudios más recientes indican que en las zonas donde se ha aplicado la regulación de los alquileres los precios se contienen, crecen, pero muy por debajo de los niveles de la inflación, y descaradamente menos que en aquellos mercados comparables; y en algunos casos han empezado incluso a bajar. También se está reduciendo el uso abusivo de los alquileres de temporada, gracias a la regulación del mercado del Parlamento de Cataluña, que aquí todas las derechas están bloqueando. Es decir, cuando el sector público interviene con determinación, el mercado puede empezar a corregir algunas de sus disfunciones.

Pero la propuesta del Grupo Popular va precisamente en dirección contraria. Esta ley plantea eliminar todos los instrumentos para el control de precios como, por ejemplo, la declaración de zonas tensionadas y, al mismo tiempo, dice que quiere facilitar procesos urbanísticos, pero lo que hace es ofrecer menos garantías, y limita la capacidad de la ciudadanía para recurrir estas decisiones restringiendo la acción pública en esta materia. Es un tema especialmente preocupante, porque es esta acción pública urbanística la que históricamente ha sido esencial para detectar irregularidades, abusos y casos de corrupción, por cierto, prácticamente el 100 % a manos del Partido Popular. En lugar de exigir que la Administración actúe correctamente desde el principio, esta propuesta rebaja las exigencias para que los errores no tengan consecuencias, y esto acaba generando exactamente lo contrario de lo que proclama: menos confianza en las instituciones y más sensación de impunidad.

En este punto, también quiero hacer un inciso sobre un tema que hace muy poco salió publicado en el diario Público y del que no hablamos mucho. En el artículo se explicaba que determinadas cátedras universitarias, financiadas precisamente por empresas inmobiliarias, han contribuido a difundir estudios e informes donde las conclusiones curiosamente coinciden de manera muy conveniente con los intereses de este mismo sector: menos regulación, más liberalización de mercado y más construcción. Todo eso contribuye a crear un relato sobre la liberalización del mercado que solo favorece a aquellos perfiles que ustedes quieren favorecer con sus políticas de liberalización máxima, las derechas y las extremas derechas. Y nosotros negamos la mayor. El derecho de la vivienda no se puede dejar en manos del mercado, no se regula solo y, si se regula solo, no lo hace por la mayoría de la gente. Ya hemos visto lo que está sucediendo en este sistema que ustedes proponen. Por eso defendemos políticas públicas muy diferentes: ampliar el parque de viviendas público, regular el mercado cuando sea necesario, movilizar viviendas vacías y limitar la especulación.

Por cierto, hoy el Consejo de Ministros aprueba el nuevo plan estatal de vivienda; un plan que, una vez más, tampoco incorpora ninguna medida para gravar efectivamente a aquellos que acumulan grandes cantidades de vivienda. Y este es uno de los grandes debates pendiente, que, si realmente queremos abordar las causas estructurales de la crisis de la vivienda, tenemos que llevar a cabo. La prueba, la supuesta esperanza blanca de la izquierda europea y mundial, es el Partido Socialista. Puede ser que, antes de hacer estas grandes cimas de izquierdas, debiéramos revisarnos un poco.

En definitiva, esta proposición de ley no pone en el centro el derecho de la vivienda ni el interés general. Lo que hace es priorizar la flexibilización urbanística y la desregularización absoluta del mercado para que los ricos sean más ricos y los que no tienen casa sigan sufriendo cada día para garantizarse un techo.

Evidentemente, nosotros votaremos en contra hoy y cada día que presenten cosas en este sentido. Gracias. (Aplausos).

Moltes gràcies, presidenta. Señorías, tenemos un problema grave si somos capaces de llamar polarización a que un diputado que declara cinco pisos, una casa, dos estudios, una finca rústica, tres plazas de aparcamiento, dos locales y más de 700 000 euros juega a ser Tejero y nos parece normal y cuatro personas que no llegan a final de mes tiran un pasquín (muestra uno de los pasquines que se han lanzado al hemiciclo desde la tribuna pública, que dice: «¡Diputados! ¿El día 28 de qué lado vais a estar? ¿Vecinas o rentistas?) y nos parece algo profundamente peligroso. (Aplausos). Señorías, sé que se acuerdan (muestra la fotografía de una hoja contable y la apoya en la tribuna), hace mucho tiempo de los asientos de la caja de su partido (dirigiéndose al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), garabateados por Luis Bárcenas. Miren, aquí hay entradas y salidas de dinero. Hemos hablado mucho de salidas. (Un señor diputado: ¡A la cuestión!). Tengo que decir que en algún caso ha sido muy difícil, profundamente costoso, porque sabíamos que un plato es un plato, que los vecinos eligen al alcalde, pero no alcanzábamos a pensar quién era M. Rajoy. Hoy, sabemos que M. Rajoy es Mariano Rajoy. (La señora Aguirre Gil de Biedma: A la cuestión, presidenta). Pero, fíjense, hoy no vamos a hablar de salidas —d‌ udo que anuncien la salida del señor Arenas del grupo del Senado—, hoy vamos a hablar de entradas, de por dónde entraba el dinero. Y es que, si seguimos las migas de pan de su ley, podemos rellenar perfectamente las entradas de dinero B de la financiación ilegal de su partido. ¿A quién beneficia esta ley? Constructoras, bancos y fondos buitre. Traduzcan y verán a quién y cómo. (Aplausos). Dicho de otra forma: su ley beneficia a quienes les financiaron en el pasado, no sabemos si en el presente, pero, sin duda, a quienes ustedes defienden. Y es que ustedes, con esta ley, declaran la guerra a la mayoría social, declaran la guerra a aquella gente que no puede llegar a final de mes. Y lo hacen en nombre de no sé exactamente qué seguridad, porque ustedes hablan de seguridad cuando en su proyecto proponen eliminar los informes de impacto ambiental de la Ley del Suelo. Y entenderán que eso, a aquellos que hemos vivido la dana, nos duela en el alma, porque eso no es seguridad, eso es favorecer que se puedan ahogar nuestras hijas. Y ese es su modelo: construir más donde haga falta, silencio positivo y sin informe ambiental. Señorías, ¿saben qué? En el pasado, ya construimos más que Alemania, Italia e Inglaterra juntos y el precio nunca bajó, porque ustedes y a quienes ustedes defienden acaparan más, más y más y la gente normal no puede. Pero hay otra cosa importante: ustedes no solamente benefician a constructoras y la cultura del pelotazo que tanto les gusta; ustedes benefician, sobre todo, a fondos buitre y a bancos. Y aquí sí que me quiero detener, porque aquí es donde ustedes exponen su guerra, una lucha de clases que van ganando, pero no les va a salir. En su propuesta, ustedes plantean dos cosas que son salvajes, que son crueles. Primero, frente a nuestra propuesta que decía que un fondo buitre, que una sociedad o que un banco no puedan comprar un derecho como una casa, ustedes dicen que no solamente lo van a poder comprar, sino que hay que desahuciar a la gente vulnerable que esté en un fondo buitre o en un banco con un juicio rápido oral sin garantías. Esa es su propuesta, y les digo una cosa: solamente tenían que hacer caso a Trump en una cosa —¡‌en una!—, que era que las corporaciones y las empresas no tienen que comprar casas, porque las casas son para la gente y no para las empresas. Y justo en eso es en lo único que ustedes no hacen caso a Trump. ¡Ya es mala suerte! Pero lo segundo, y creo que es lo más grave, es que ustedes rebajan la protección a aquellas familias que tengan ingresos por debajo de los 900 euros al mes.

Miren, este fin de semana estaba en el cumpleaños de una amiga de mi hija y hubo un momento de tensión, porque una madre dijo que no le parecía bien que no sé quién percibiera ayudas sociales. Y entonces explicó que ella, que curraba mucho y cobraba una mierda, no podía y que, en cambio, la vecina estaba empadronada donde no tocaba, en un apartamento en la playa, para poder tener la beca de comedor, y esto generó un momento de tensión social. Imagínense si llega a haber racismo por el medio. Nuestra propuesta —‌hasta en esta situación de pura tensión social— es una prestación universal por crianza, el no hacer confrontar por cuestiones administrativas a aquella gente que no tiene nada y a aquella gente que, cobrando un salario, se queda sin nada, porque nosotros defendemos tanto a los muy pobres como a los trabajadores a los que les cuesta llegar a final de mes. ¿Saben cuál es su propuesta? Continuar enfrentando, pero ir más salvajemente. ¿Usted de verdad me puede mirar a la cara —‌señora Cruz, míreme— y decirme esto? ¿Usted de verdad cree que una familia entera con 900 euros al mes puede vivir? (La señora Acedo Reyes: Llevan ocho años gobernando). ¿Puede?

Yo entiendo que les hierva la sangre. (Rumores.—La señora Acedo Reyes, mientras se da palmaditas en la mejilla con la mano: Sí, sí…). A mí me hierve la sangre cuando leo sus leyes. Mire, señora, yo le ruego que esto (se da palmaditas en la mejilla con la mano) se lo ahorre. (La señora Acedo Reyes pronuncia palabras que no se perciben). Harás lo que quieras, no, porque aquí hay unas normas. (Protestas). ¿Y sabe qué?

Que aunque usted venga de cuna de oro, aquí es tan diputada como yo, no más, ¡y me va a tener que escuchar!; ¡me va a tener que escuchar! (Aplausos). Pero, sobre todo, va a tener que escuchar a los miles de personas que van a ir a las sedes del Partido Popular a decirles lo siguiente: ¿Con quién están, con los fondos buitre, con los bancos y las constructoras que financiaban ilegalmente a su partido o con la gente? ¿Ustedes van a ir a los barrios? ¿Ustedes van a ir a decirle a la gente que con 900 euros se puede vivir, que no hacen falta ayudas? (Rumores.—El señor Sayas López: ¡Si gobiernan ustedes!). Es más…

Señora presidenta…

Gràcies, senyora presidenta. Decía que con 900 euros es imposible vivir. Pero ustedes, que se manifiestan en nombre de la familia, no solo han recortado —‌como explicaba el diputado de Bildu— a las personas con discapacidad, sino que, en la ley actual, cuando tienes diferentes hijos, la prestación es mayor, por proteger a la infancia, por fomentar lo de la familia; y ustedes esto lo quitan, los de la familia. Porque ustedes son provida antes de que nazcan, pero, una vez nacen, les es absolutamente igual si viven bajo un puente o no. (Aplausos). Y le digo una cosa: usted, yo y espero por el bien de la humanidad que los 350 diputados de aquí, entre que nuestras hijas vivan bajo un puente o impagar a un fondo buitre o a un banco que rescatamos con nuestros impuestos, seguiríamos sin pagar a los bancos y a los fondos buitre, porque lo contrario no es humanidad. Lo contrario en absoluto representa —‌y yo sé que ustedes están ahora reñidos con la Conferencia Episcopal, la Iglesia les parece demasiado roja, comunista y woke— esos valores que están en la Constitución; esta ley no los representa.

Termino. Lo que hoy se vota aquí no es otra cosa que declarar una guerra a todos los trabajadores y trabajadoras, a los autónomos, a los pequeños y medianos empresarios que, si algún día sus empresas van mal, van a necesitar la ayuda pública. En cambio, lo que votaremos la semana que viene aquí es proteger a la gente. Así que quedan siete días no solo para pedir la prórroga de alquileres —‌que hay que pedirla—, sino que quedan siete días para ver si aquellos que el domingo van al confesionario para purgar sus pecados y sus lamentaciones son capaces de repensar y apoyar a la mayoría social.

Moltes gràcies. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario SUMAR, puestos en pie).

Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Hoy venimos aquí a hablar de algo que los españoles viven en su propia carne cada día: la imposibilidad de tener una vivienda digna, de formar una familia y de no tener que elegir entre pagar el alquiler o llenar la nevera. El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una proposición de ley que por fin reconoce lo que VOX lleva denunciando desde hace años: que la Ley 12/2023 del sanchismo, de Pedro Sánchez, del Partido Socialista, ha sido un auténtico desastre. Ha reducido la oferta, ha disparado los precios, ha convertido al propietario en un enemigo y ha premiado al okupa. Resulta que aquí montan numeritos con respecto a un proyecto de ley, pero el Gobierno prometió 200 000 viviendas —‌el señor Pedro Sánchez, apoyado por SUMAR, por Podemos, por toda la izquierda y por los separatistas— y llevan ejecutadas 10 000 viviendas. Me imagino que esos panfletos serían en contra del Gobierno de España, que está apoyado por toda esta gente de la izquierda radical y el secesionismo en contra de la nación española. (Aplausos). Señorías del Grupo Socialista y de sus socios, enhorabuena, han conseguido que haya menos viviendas en el mercado y que cada vez más españoles se queden sin casa. (Aplausos). Pero no seamos hipócritas, porque además de que no hacen viviendas —‌esas viviendas que ustedes prometen—, no se puede hablar de crisis de vivienda sin hablar de la inmigración masiva que fomentan todos ustedes; regularizaciones que han impulsado todos ustedes y un efecto llamada que también han impulsado todos ustedes. Según los datos oficiales del INE de 2024, recién publicados, llegaron a España 1 288 562 personas del extranjero que establecieron su residencia aquí. De ellas, 1 144 227 tenían nacionalidad extranjera, es decir, el 88,8 % del total. Solo 144 335 eran españoles que regresaban a su patria. Casi 1,3 millones de personas en un solo año. Eso es una demanda absolutamente desbocada, señorías. Infla los precios de los alquileres, lo que provoca hacinamiento en los hogares de renta baja y media baja, de las clases trabajadoras, de las clases populares que dicen ustedes defender y que aplastan constantemente con su demagogia (aplausos); también desplaza a los españoles en la adjudicación de viviendas sociales y viviendas públicas y permite que compradores extranjeros no residentes se lleven los pisos a tocateja. Hace exactamente un año, el Grupo Parlamentario VOX trajo al Congreso una iniciativa pidiendo solo un informe, que se estudiara el impacto de esta inmigración desbocada de la que hablamos —‌de la que saca ahora los datos el INE— con relación al impacto de esta inmigración en el mercado de la vivienda. Solo pedíamos datos, que nos dieran datos, y el Partido Popular se negó en este caso a este informe; no solo a debatir soluciones, sino a reconocer siquiera que existe ese problema de la inmigración masiva con relación a la vivienda. Dijeron que la inmigración era fundamental para el crecimiento económico y para llegar a pagar las pensiones. Exactamente lo mismo que dicen Pedro Sánchez, la patronal, los sindicatos de clase o Luis de Guindos. (Aplausos). Es decir, ¡todos ustedes dicen lo mismo! Están ustedes en contra de la mayoría social, porque todas las encuestas en España dicen que están hartos de esa regularización masiva. Y ustedes, no, están en contra de la mayoría social. Nos estigmatizaron cada vez que dijimos que no se puede hablar de vivienda sin hablar de exceso de demanda. Nos dijeron que el problema se resolvía solo construyendo, sin importar cuántos millones de inmigrantes ilegales llegaban. Pues bien, señorías del Grupo Popular, llegan tarde y se quedan cortos, porque ustedes gobernaron en varias legislaturas, y en la de Mariano Rajoy, por ejemplo —‌que también se ha hablado de él en esta sesión en varias ocasiones—, fue patética la ejecución de viviendas por parte del Partido Popular, solo unos pocos miles de viviendas sociales en toda una legislatura. Y ahora, en Madrid, con el modelo de la señora Ayuso, la vivienda es absolutamente prohibitiva para los jóvenes españoles; los precios se han disparado; los fondos especulativos extranjeros compran a mansalva y los españoles de carne y hueso no pueden acceder a una vivienda en su propia capital, en la capital de España. (Aplausos). Eso no es solución, es rendición ante la dictadura del número y del capital. Tampoco queremos el modelo de Ada Colau, de Pedro Sánchez y de esa extrema izquierda radical que se reunió el otro día en Barcelona con dictadores, con gente liberticida (rumores) y toda esa izquierda neocomunista. No queremos la okupación descontrolada y la intervención brutal que plantean ustedes, que ha destrozado el acceso a la vivienda, por ejemplo, en Barcelona, y ha convertido barrios enteros en zonas de inseguridad y degradación.

VOX defiende un modelo propio al margen de ambos modelos que plantean ustedes (señalando a los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso) y ustedes (señalando a los escaños del Grupo Parlamentario Socialista). Ni el modelo especulativo de Ayuso, ni el intervencionismo neocomunista de Colau, Pedro Sánchez y todos los dictadores que se reunieron este sábado en Barcelona. Queremos un modelo que ponga en el centro al español de a pie, prioridad absoluta para los… (Aplausos).

Señora presidenta, voy a continuar a pesar de que la libertad de expresión para la presidenta del Congreso de los Diputados parece que no se respeta de manera constante. Se respeta el incumplimiento de las normas por gente que tira pasquines, pero para los diputados de VOX y de otros partidos, pues no se respeta. (Aplausos).

La vivienda, como digo, no es solo un techo. La vivienda es el hogar donde se proyecta el hombre sobre sus cosas, donde la familia echa raíces y donde se construye la estabilidad de una nación como España. Queremos una España de propietarios. Aspiramos a que la vivienda sea del que la vive, no del que especula de manera anónima ni del que la okupa. Por eso debemos pasar a que el esfuerzo del español le permita acceder de verdad a la propiedad de su hogar de forma rápida, estable y digna. La propiedad privada es el atributo más elemental del ser humano, la proyección directa del hombre sobre lo que le rodea. Lo que la destruye es el intervencionismo absoluto y totalitario de un Estado absolutamente desequilibrado o el capitalismo desbocado de los grandes fondos de los trusts que se concentran en pocas manos, arrasando la pequeña propiedad y la dignidad de las familias. Nosotros no venimos aquí a defender a los especuladores ni la intervención total; venimos a defender al inquilino español y al comprador español, venimos a defender la propiedad privada como derecho constitucional y como pilar de la dignidad familiar, venimos a defender que una familia pueda tener un hogar fijo y estable.

Esta ley es un primer paso, pero VOX va más allá. Nosotros proponemos desahucios exprés, fin inmediato de las zonas tensionadas, libertad real para construir, prioridad absoluta de los españoles en la vivienda protegida y en el acceso a la propiedad, control de fronteras y propiedad para que la poca vivienda que se construye sea para quienes realmente son de aquí. Señorías, los jóvenes españoles están hartos de problemas y de promesas vacías; están hartos de que les digan que la vivienda es un derecho mientras les dejan sin posibilidad de ejercerlo. VOX no viene a gestionar la decadencia, venimos a revertirla. Apoyaremos esta ley en lo que avance porque, además, consideramos que España no se arregla con virajes electorales de última hora por parte del Partido Popular; España se arregla con valentía, con sentido común y con poner a los españoles y a su propiedad en el centro de todas las políticas nacionales.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie.—Varios señores diputados: ¡Muy bien!).

Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Permítanme comenzar hoy con algo personal. Era yo la delegada de Urbanismo en Marbella cuando el Tribunal Supremo declaró nulo el plan general del 2010. No le deseo esa experiencia a nadie, de verdad, ni siquiera a ustedes, señorías del Grupo Popular, que lejos de arrimar el hombro, pusieron zancadillas. Cuando cae un plan general, cae la base del desarrollo de una ciudad. (Aplausos). Y en 2015 tuvimos que volver a 1986, en una ciudad donde el urbanismo ha significado durante años especulación, interés particular y corrupción, gobernada primero por Gil y luego por el Partido Popular. Señorías, los planes generales no son un documento más; definen cómo vive la gente, cómo crecen los barrios, dónde se puede construir y dónde no. Somos conscientes de que son documentos enormemente complejos, que cualquier rendija puede servir para provocar su nulidad. Controlar y evitar que un error menor signifique la caída de todo supongo que será algo en lo que todos podríamos estar de acuerdo. Por eso, el Grupo Socialista y el Grupo Vasco planteamos una reforma de la ley del suelo con un objetivo claro: dar seguridad jurídica a los municipios para evitar que errores formales tumben planes enteros y permitir su corrección sin destruir años de trabajo. (Aplausos). ¿Y qué hizo el Grupo Popular? Votar en contra. Y ahora vienen aquí diciendo que quieren arreglarlo, pero no. Su propuesta deja claro cuál es su verdadero modelo: la especulación en detrimento de lo público. Señorías, proponen poder construir más con menos control. ¿Les suena? Esto ya lo hemos vivido. Es el modelo de la ley del suelo de 1998 de Aznar: liberar suelo, facilitar recalificaciones y dejar el urbanismo en manos de la especulación. Esto, además, no sirvió para bajar el precio de la vivienda. ¿Qué ocurrió? Lo recordarán, una burbuja inmobiliaria descomunal y después el rescate a la banca. Señorías, su modelo ya fracasó. Para construir vivienda hace falta suelo, sí, y hace falta una normativa ágil también. Pero eso no se consigue con lo que traen aquí hoy, proponiendo derogar la ley de vivienda, ni tampoco abriendo la puerta a la especulación. Lo que hay que hacer es justo lo contrario, evitar que los intereses particulares tumben planes enteros y permitir que las Administraciones corrijan errores sin que todo salte por los aires. Eso era lo que proponíamos: una reforma técnica, jurídica y sensata, con plazos, con garantía, con seguridad; y ustedes, señorías del Grupo Popular, votaron en contra. El urbanismo no es solo aprobar planes, es tener un modelo de ciudad y pensar en el interés general. Ahí es donde fallan ustedes. Su objetivo es claro, señorías del Grupo Popular: privatizar lo público y repartir entre sus familiares las VPO. (Aplausos). El modelo del Gobierno es el de la protección indefinida para las promociones públicas, con esa clasificación de vivienda protegida con carácter permanente, tal como indica el nuevo plan estatal de vivienda aprobado hoy. Otra ventana para las comunidades autónomas para trabajar por la vivienda pública. Señorías, ¿saben qué hizo el Gobierno de Mazón meses antes del terrible incidente de la dana? Modificar la ley para que las VPO pudieran venderse como libres y flexibilizar los requisitos de acceso para poder repartirlas entre familiares y amigos del Partido Popular. Aquí hay alguna diputada del PP que lo puede explicar un poco mejor. Ese es su modelo, señorías del Grupo Popular, y no es aislado. (Aplausos). En Málaga hay sitios en los que quieren adjudicar simplemente por el orden de inscripción. ¿Y el modelo del Gobierno? Procurar que esto no ocurra con las VPO con una cláusula antifraude para que las viviendas protegidas se asignen como deben, con transparencia y criterios objetivos. Eso también lo propone el plan estatal de la vivienda aprobado hoy. Vuelvo a Marbella. Esta es la gestión de lo público que se hace allí, les pongo ejemplos reales de privatización de suelo público. (Muestra un recorte de prensa). Estadio de Marbella, equipamiento deportivo, ahora privatizado por el Partido Popular. (Muestra otro recorte de prensa). Residencia tiempo libre, equipamiento social público; propiedad, por cierto, de la Junta de Andalucía, ahora privatizado para hotel —‌ahí está Juanma Moreno con la alcaldesa de Marbella, ambos del PP— en vez de usarse para hacer vivienda asequible. Otro caso (muestra otro recorte de prensa): suelo público para un colegio privado, porque, según dicen, colegios públicos no hacen falta. (Aplausos). Equipamientos deportivos privatizados, equipamientos sociales privatizados, equipamientos escolares privatizados y venta de parcelas residenciales a privados que podían usarse para vivienda pública. Esto no es un caso aislado, es el ADN del Partido Popular. Por eso, cuando hablan de urbanismo, hablan de desarrollos a la carta alejados del interés general. Lo peor es que esto abarca a más ámbitos, como la sanidad en Andalucía, con el deterioro de lo público, de todo lo público: listas de espera disparadas y decisiones que priorizan intereses privados. Señorías del Grupo Popular, han colapsado la sanidad pública en Andalucía, la comunidad con más lista de espera para operarse.

Por cierto, en el otro lado, nuestro modelo. Este año se cumplen cuarenta años de la Ley de Sanidad de Ernest Lluch. Sirva esto para acordarnos de él (Aplausos). El mismo abandono en educación, un golpe directo a la igualdad de oportunidades.

Sean realistas, ustedes ni quieren hacer vivienda pública ni quieren escuchar nada que tenga que ver con lo público, porque, señorías, el negocio no lo es todo. ¿Saben por qué no quieren la ley de vivienda? Porque los pone a gestionar en las comunidades autónomas. Hay que estudiar si hay zonas tensionadas, proponer soluciones, hay que regular y controlar las viviendas turísticas… Es decir, hay que trabajar la vivienda pública, señorías, y hay que ejercer sus competencias por el bien de la gente. Por eso les digo: antes de proponer derogar partes de la ley de vivienda, intenten ponerla en marcha y trabajen con el Plan Estatal de Vivienda, porque quienes trabajen con ambos documentos podrán recibir fondos para vivienda para la gente. Hay casi 1200 millones de euros posibles para Andalucía. Pero no lo harán. De hecho, Ayuso ya lo ha rechazado. ¿Qué hará Juanma Moreno? (Rumores). Ya sabemos cuál es su modelo. Ahora, más que nunca, en el PSOE tenemos que trabajar para defender lo público, y en Andalucía, sin duda, lo hará María Jesús Montero.

Muchas gracias. (Aplausos).