Proposición de Ley sobre la habilitación legal de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia como coordinador de servicios digitales en España.

Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenas tardes. «Duda cuanto quieras, pero no dejes de actuar». Esta afirmación de mi paisano guadalajareño Antonio Buero Vallejo explica muy bien la presentación de esta proposición de ley por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Esta iniciativa pretende agilizar la habilitación legal de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia como Coordinador de Servicios Digitales en España. Sin esta habilitación legal, los ciudadanos, especialmente los menores, están desprotegidos en sus vidas en el entorno digital. Así de claro, señorías. Es importante evitarlo, ¿verdad? Hoy podemos comenzar a hacerlo. El entorno digital ―y todos lo comprendemos― ha dejado de ser un espacio accesorio para convertirse en un ámbito central de nuestras vidas. En él se desarrolla la actividad económica, el acceso a la información, la interacción social y, en gran medida, el debate democrático. Estamos decidiendo si queremos hacerlo bien y proteger a los ciudadanos ante amenazas latentes o queremos desproteger a la población y quedarnos atrás respecto a Europa. Sí, esto es lo que decidimos hoy, aquí, en el Congreso de los Diputados. (Aplausos). Señorías, analicemos el contexto de esta proposición de ley. En 2022, el Parlamento Europeo aprobó el Reglamento 2022-2065, relativo a un mercado único de servicios digitales, más conocido por sus siglas en inglés DSA. Con esta norma, la Unión Europea pretendía crear un entorno digital más seguro y confiable protegiendo los derechos de las personas, respondiendo así a una importante demanda social que implica poner coto al incremento de riesgos que suponen para la ciudadanía prácticas como la difusión de contenidos ilícitos en línea, la desinformación, el diseño adictivo de determinadas aplicaciones o, incluso, la ciberviolencia. El Reglamento europeo DSA entró en vigor plenamente en nuestro país en febrero de 2024, hace ya más de dos años, y establece que los Estados miembros deben designar a autoridades competentes responsables de la supervisión de las obligaciones que el reglamento impone a los prestadores de servicios digitales. El Gobierno designó a la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, la CNMC, como coordinador de servicios digitales en España. Esto fue en enero de 2024, si bien, además de esta designación, es necesaria una habilitación legal para que este organismo pudiera desarrollar plenamente todas las competencias que la DSA le encomienda. Y aquí está lo relevante, señorías: sin habilitación legal, la CNMC tiene absolutamente limitadas sus actuaciones, especialmente aquellas que afectan a los prestadores de servicios establecidos en España.

Conscientes de la importancia de esto, el Gobierno de España incorporó esta habilitación legal, junto con otras iniciativas, en el Real Decreto Ley 9/2024, de 23 de diciembre. Pero, como todas sus señorías saben, esa norma no fue convalidada por esta Cámara y, por tanto, la habilitación de la CNMC decayó.

El segundo intento por cumplir con este requisito es el proyecto de ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y ordenación de los medios de comunicación, aprobado en el Consejo de Ministros del 29 de diciembre de 2025, que se encuentra en fase de tramitación. En este sentido, la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital lleva celebrando comparecencias desde el mes de diciembre, que se han centrado en la parte relativa a la gobernanza de los servicios digitales. Y la conclusión es unánime: la DSA es de vital importancia para garantizar los derechos digitales de la ciudadanía, pero el marco de protección que recoge no puede operar plenamente si cada Estado miembro no establece y dota a su coordinador nacional de plenos poderes para actuar en ese marco compartido, es decir, la necesaria habilitación legal de la que hoy hablamos y que refuerza la actuación de manera coordinada y eficaz.

Señorías, la sociedad española no merece menos protección en el ámbito digital que la de millones de ciudadanos europeos. Y la realidad es que hoy nuestra ciudadanía está más expuesta a las ciberestafas, a los discursos de odio, a la desinformación. Y lo están también nuestros menores, que acceden a redes sociales que, en muchos casos, no cumplen con exigencias como contar con las opciones de privacidad más elevadas activadas y desactivar las características que contribuyen al uso excesivo de las plataformas. Y lo está porque no contamos con un organismo que pueda controlar y sancionar adecuadamente este tipo de prácticas ilícitas.

Como diría el gran Buero Vallejo, «no dejes de actuar». La acción es lo único que permite avanzar. Y por eso hoy estamos aquí, porque este asunto es urgente y no puede esperar más. Traemos un texto solo con este asunto, como muchos grupos han manifestado. Por tanto, ya no puede haber excusas: debemos proteger a la ciudadanía y ―reitero― especialmente a los menores. (Aplausos).

La presidenta de la CNMC, doña Cani Fernández, en su comparecencia ante la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del pasado 11 de diciembre de 2025, manifestó con rotundidad que la falta de habilitación a la institución, a la CNMC, impide proteger a la ciudadanía con todas las herramientas, ya que no puede ejercer la mayor parte de las funciones dispuestas por el Reglamento DSA. En su intervención puso múltiples ejemplos de acciones que se están llevando a cabo en otros países europeos con coordinadores de servicios digitales que sí están habilitados y que nosotros no podemos hacer. No pueden abrir investigaciones ni expedientes, como sí hacen otros coordinadores nacionales de otros Estados. Por ejemplo ―lo contaba la presidenta de la CNMC en esa comparecencia en comisión―, en Alemania, el coordinador de servicios digitales ha llevado a cabo múltiples actuaciones para parar ciertos contenidos ilícitos y dañinos en redes sociales de adolescentes. Porque el peligro para nuestros menores no está solo en las grandes plataformas. Hay muchas redes sociales de ámbito más reducido que suponen un peligro para ellos, y si están establecidas en nuestro país, la CNMC ya podría estar actuando, pero en la actualidad no puede hacerlo. Pero, fíjense, corremos el riesgo de que plataformas indeseadas en otros países, en los que sí se actúa, quieran alojarse en nuestro país porque aquí no hay consecuencias. Preocupante. Yo creo que es muy preocupante, ¿verdad? Tenemos un marco normativo potente, pero sin esta habilitación la CNMC no puede supervisar y hacer cumplir todas las obligaciones aprobadas por la DSA, no puede actuar ni ejercer funciones plenas con todos los prestadores de servicios establecidos en España y tampoco puede designar a los alertadores fiables, a los órganos de resolución extrajudicial y, desde luego, no hay capacidad sancionadora. No puede llevar a cabo su papel de coordinación tanto con autoridades internacionales como con las nacionales. Hasta ahora lo que hay es solo cooperación, pero no una coordinación eficaz porque no hay capacidad sancionadora. Fíjense que la CNMC no puede tener personal dedicado plenamente al cumplimiento de la DSA sin esta habilitación legal de la que hoy hablamos. Desde luego, esta situación es preocupante, muy preocupante.

Señorías ―y me dirijo a los distintos grupos parlamentarios que han manifestado en reiteradas ocasiones la necesidad de habilitar a la CNMC como coordinador de servicios digitales; lo han dicho, lo han planteado, lo han manifestado y, desde luego, este es el momento, el actual―, esta proposición de ley recoge exclusivamente la habilitación requerida por Europa en el marco de la DSA y es de obligado cumplimiento.

Me dirijo ahora al Grupo Popular. Señor Mario Cortés, usted dijo en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital celebrada el pasado mes de diciembre ―así lo recoge el Diario de Sesiones―, al finalizar su intervención, dirigiéndose a mí: Por tanto, le lanzo de nuevo el guante, saque de aquí las competencias a la CNMC para la DSA. Señor Cortés, señoras y señores del Grupo Popular, señorías, aquí tienen una proposición de ley donde se recoge exclusivamente la habilitación legal a la CNMC. (Muestra un documento.—Aplausos). Señor Cortés, el Grupo Parlamentario Socialista ha recogido el guante. Ahora les toca a ustedes demostrar si esto les preocupa, si para ustedes es una prioridad o si solo eran palabras vacías. Creo que les preocupa; actúen en consecuencia.

Señorías, finalizo. Es urgente aprobar esta ley. Comencemos hoy con determinación tomando en consideración la proposición. Cada día que pasa sin este marco plenamente operativo es un día más en el que España está en una posición de debilidad en la supervisión de los servicios digitales, un día más en el que nuestros ciudadanos están menos protegidos, un día más en el que nuestras empresas compiten en un entorno menos equilibrado. Por eso, hoy apelo a todos los grupos parlamentarios. A todos. Apelo a su responsabilidad institucional, apelo a su compromiso con Europa y apelo sobre todo a su compromiso con la ciudadanía. (Aplausos). Señorías, les pido que no conviertan esta iniciativa en un campo de confrontación política. No toca en este ámbito. Hay cosas que deben estar por encima, y ustedes lo saben. Saben que este es un tema delicado, importante, que hay que llevar a cabo. Les pido que analicen esta proposición de ley con rigor, que aporten mejoras en el trámite parlamentario si lo consideran necesario, pero que no bloqueen su toma en consideración y tampoco su aprobación, porque es urgente y necesaria. Señorías, hoy tenemos la oportunidad de dar un paso decisivo. Sí, un paso decisivo. La ciudadanía lo espera, nos está observando, y como representantes públicos tenemos una responsabilidad. Creo sinceramente que no puede haber argumentos sólidos para situarse en contra de esta norma. No hay excusa. La votación indicará quién está dispuesto a dar soluciones y quién a dar problemas. Les pido sensatez, coherencia con lo que han manifestado a lo largo del trabajo que hemos realizado en la comisión y altura de miras. Pensemos en nuestros hijos; pensemos en nuestros nietos. Hagámoslo juntos.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gràcies, presidenta. Senyories. Hi ha una cosa que fem totes i tots cada dia, quasi sense pensar, i és que agarrem el mòbil i comencem a escrolejar continguts de forma totalment automàtica. I en eixe gest tan quotidià, aparentment innocent, ens juguem una part fonamental dels nostres drets. No triem només nosaltres el que veiem. Hi ha sistemes que ho ordenen abans que ens aparega. Diuen i pensen què ha d’aparèixer, què ha de multiplicar-se i què desapareix del nostre camp visual. No estan dissenyats per a informar millor, sinó per a retindre’ns més temps davant del mòbil. I per a fer-ho premien allò que impacta, que emociona, que ens indigna. El resultat és evident: el que és més extrem, el que està més simplificat, el que és més incendiari, acaba ocupant més espai en allò i no deixa espai en allò que és més important, que és la convivència democràtica. Quan això passa cada dia no parlem només ja de consum digital. Parlem de com es modela una mirada, de com es modelen les emocions i, fins i tot, dels límits d’una generació que hi ha qüestions que ja no es consideraven impensables i que ara sí que ho són. Quan persones com, per exemple Elon Musk, poden alterar les regles de les plataformes d’un dia per a un altre, ja no només parlem de tecnologia, estem parlant de poder. Estem parlant de qui controla canals d’informació, qui decidix allò que es veu i qui decidix allò que és sentit comú o no és sentit comú. La democràcia en estos moments ja no es juga només ací, al Congrés o en les urnes. Es juga cada dia en les pantalles, en els vídeos que consumixen els nostres joves, però també la gent que no és tan jove, en els missatges repetits fins que semblen veritat i en la frustració, la ràbia i el buit que alguns discursos saben explotar amb moltíssima precisió. I si baixem encara un esglaó més en tot este ecosistema, la diagnosi encara és molt més greu, perquè dins de l’engranatge s’han normalitzat discursos masclistes i profundament misògins, algoritmes que no només amplifiquen la polarització política, sinó que també amplifiquen estereotips, jerarquies i violències simbòliques contra les dones. Continguts que ridiculitzen la igualtat o reduïxen les dones a simples clixés. I ací apareix tot un univers que ja no podem ignorar: les comunitats incel, la coneguda manosfera i espais digitals on la frustració personal es transforma en odi col·lectiu, on es construeixen identitats basades en l’odi i es legitimen discursos que ataquen directament drets que nosaltres pensàvem que ja estaven consolidats. Sabem realment quantes comunitats d’odi cap a les dones operen hui, en estos moments, en Telegram, en Discord o en altres espais tancats? Quantes capes d’Internet existixen fora del control democràtic? Esta és la pregunta incòmoda que ens hem de fer.

No veiem la xarxa. Veiem només una part molt xicoteta de l’iceberg, que és molt més profund. Per això, aquesta llei és necessària i per això, òbviament, li donarem suport. Però no és suficient. Situar la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència al centre pot servir per vigilar mercats i empreses, però no és suficient per a garantir drets ni per a abordar problemes en tota la seua profunditat. Falten instruments amb una veritable mirada democràtica d’este problema.

Gracias, presidenta. Señorías, hay algo que todos y todas hacemos cada día casi sin pensarlo, y es que cogemos el teléfono y empezamos a hacer scroll de manera totalmente automática. Y este gesto tan cotidiano es aparentemente inocente, pero ahí nos jugamos una parte fundamental de nuestros derechos. No elegimos solo nosotros lo que vemos, hay sistemas que lo hacen antes de que nos aparezca; piensan qué tiene que aparecer, qué se tiene que multiplicar y qué tiene que desaparecer de nuestro campo visual. No están diseñados para informar mejor, sino para retenernos más tiempo delante del teléfono, y para hacerlo premian eso que impacta, que emociona, que nos indigna. El resultado es evidente: lo que es más extremo, lo que está más simplificado, lo que es más incendiario, acaba ocupando más espacio y no deja espacio a lo que es más importante, que es la convivencia democrática. Cuando esto ocurre cada día, no hablamos solo de consumo digital, hablamos de cómo se modela una mirada, de cómo se modelan las emociones e incluso de los límites de una generación, porque hay cuestiones que se consideraban impensables y que ahora sí lo son. Cuando personas como Elon Musk pueden alterar las reglas de estas plataformas de un día para otro ya no solo hablamos de tecnología, estamos hablando de poder, estamos hablando de quién controla canales de información, de quién decide eso que se ve y quién decide aquello que es sentido común o no lo es. La democracia en estos momentos ya no se juega solo aquí, en el Congreso o en las urnas, se juega también en las pantallas, en los vídeos que consumen nuestros jóvenes, pero también la gente que no es tan joven, en los mensajes repetidos hasta que parecen verdad y en la frustración, la rabia y el vacío que algunos discursos saben explotar con muchísima precisión. Y si bajamos un eslabón más en todo este ecosistema, el diagnóstico aún es más grave, porque dentro de este engranaje se han normalizado discursos machistas y misóginos, algoritmos que no solo amplifican la polarización política, sino que también amplifican estereotipos, jerarquías y violencia simbólica contra las mujeres, contenidos que ridiculizan la igualdad o reducen a las mujeres a simples clichés. Así, aquí aparece también todo un universo que ya no podemos ignorar: las comunidades incel, la conocida manosfera y espacios digitales donde la frustración personal se transforma en odio colectivo y donde se construyen identidades basadas en el odio y se legitiman discursos que atacan directamente derechos que nosotros pensábamos que ya estaban consolidados. ¿Sabemos realmente cuántas comunidades de odio hacia las mujeres operan en estos momentos en Telegram, en Discord o en otros espacios cerrados? ¿Cuántas capas de Internet existen fuera del control democrático? Esta es la pregunta incómoda que nos tenemos que formular. No vemos la red, vemos solo una parte muy pequeña de este iceberg, que es mucho más profundo. Por eso, esta ley es necesaria y, por tanto, la apoyaremos. Pero no es suficiente. Situar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el centro puede servir para vigilar mercados y empresas, pero no es suficiente para garantizar derechos ni para abordar problemas en toda su profundidad. Faltan instrumentos con una mirada verdaderamente democrática ante este problema. Y, señorías, aparte de esta cuestión, hoy la noticia la tenemos en Valencia. En Valencia otra vez, señorías del Grupo Popular, donde la Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias para investigar por lo penal a María José Catalá, la alcaldesa de Valencia, tras la denuncia de Compromís de que se habrían creado siete convocatorias a medida para personas afines al Partido Popular, personas que iban a ser despedidas tras la liquidación del Consorcio Valencia 2007, empresa pública para la gestión de la Copa América. La trama de colocación de peperos, al parecer, funcionaba de esta manera. (Rumores.— Protestas).

Señorías del Grupo Popular, si no os gusta lo que estáis escuchando, no seáis corruptos y corruptas y no lo tendremos que explicar aquí, en la tribuna del Congreso de los Diputados. Decía que la trama de colocación de los peperos funcionaba de esta manera. En 2007 crearon una empresa pública para la gestión de un megaevento para pijos. La llenaron de trabajadores afines. En abril del 2024 se liquida el consorcio, donde ya trabajaba muchísima gente. La gente normal trabajadora es despedida y se va a su casa, pero el Gobierno de Catalá crea, simultáneamente y en ese momento, siete convocatorias de contratación de personal diseñadas específicamente para personas afines al Partido Popular. Para sorpresa de nadie, las dos personas cercanas al Partido Popular ganan el concurso de la Autoridad Portuaria de Valencia y el resto de las plazas se disuelven. Pero es que ustedes son tan cutres que hasta existe un acta notarial firmada por el resto de los trabajadores despedidos antes de resolverse los procesos en el que ya se anticipaba quién iba a ganar esas plazas con la Autoridad Portuaria de Valencia. Aquí lo que estamos viendo, como siempre, es el modus operandi del Partido Popular: utilizar las administraciones para darles trabajo a los suyos. Lo hemos visto hace nada con el enchufe de la mujer del presidente de la Generalitat y ahora lo vemos con María José Catalá ―por cierto, también está aforada en les Corts Valencianes, igual que Mazón―, que hace uso de su poder en el Ajuntament de València para colocar a personas concretas. Esto es lo de siempre, lo que hace siempre el Partido Popular. Ahora mismo, en el Ajuntament de València hay cinco concejales del Gobierno que están investigados. Son cinco: tres del Partido Popular y dos de VOX. Hay cinco personas investigadas en esta legislatura en el Gobierno del PP y de VOX. Así que, señorías del Partido Popular, lo que ustedes hacen no tiene ningún sentido. Váyanse a casa y dejen ya de corromper con nuestras instituciones democráticas.

Gracias. (Rumores.―La señora Montesinos de Miguel: Seguimos ganando, seguimos ganando). Hasta mayo de 2027, que perderéis el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat Valenciana por corruptos. (Aplausos.―Protestas).

Gracias, presidenta. Señorías, vivimos en una sociedad profundamente digitalizada. La educación, el ocio, la información y la socialización se articulan hoy en gran medida a través de plataformas digitales. Espacios como Google, Amazon, Meta, Instagram o TikTok ya no son simplemente herramientas, son auténticos entornos donde se configura la opinión pública, donde se construyen relaciones sociales y, sobre todo, donde crecen nuestros jóvenes. Esa transformación, que ha traído enormes oportunidades, también ha generado una exposición sin precedentes a riesgos que antes no existían o no tenían la escala actual. Nunca habíamos estado tan conectados y, sin embargo, nunca habíamos estado tan expuestos a la desinformación, a los discursos de odio, a la difusión de contenidos ilícitos, a la publicidad engañosa o a dinámicas diseñadas para captar la atención de forma adictiva. Son riesgos que afectan a toda la ciudadanía, sí, pero que golpean con especial intensidad a los menores, que pasan más tiempo en esas plataformas y cuentan con menos herramientas para protegerse. Para responder a esta realidad, la Unión Europea aprobó el Reglamento de Servicios Digitales. Es una de las normas más ambiciosas del mundo en materia digital y establece obligaciones muy claras para las plataformas: retirar contenidos ilegales, proteger a los menores, ser transparentes con sus algoritmos y ofrecer a los usuarios mecanismos reales para defender sus derechos. Pero este reglamento no sirve de nada si no se aplica y, para aplicarlo, cada país necesita una autoridad capaz de supervisar, investigar y sancionar. En España se designó a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia como coordinador de servicios digitales, pero se hizo sin darle las competencias necesarias. En la práctica, hemos tenido un coordinador sin capacidad de coordinar, un vigilante sin herramientas, una autoridad sin autoridad, y eso tiene consecuencias. No se han podido supervisar adecuadamente las plataformas, no se han podido investigar los incumplimientos y no se han podido imponer sanciones cuando era necesario. En definitiva, la ciudadanía ha estado menos protegida de lo que debería.

Conviene recordar que esta no es la primera vez que se intenta resolver esta situación. Durante meses se han buscado distintas vías ―lo ha dicho ya el portavoz socialista―, incluso mediante enmiendas en otras leyes, para dotar a la CNMC de las competencias necesarias, pero esos intentos no han salido adelante. Y lo digo con conocimiento de causa. En septiembre formulé una pregunta parlamentaria alertando de este vacío y de la urgencia de corregirlo, pero todo sigue igual. Pero seamos claros. Si no hemos llegado antes a un consenso no ha sido por el contenido, sino por la aritmética parlamentaria y por haber intentado meter esta medida en decretos ómnibus que no prosperaron. También porque algunos quizá están prestando más atención al contexto que al propio texto, esta es la realidad. El resultado es el que hoy conocemos: un incumplimiento en relación con Europa y una autoridad que hasta ahora no ha podido ejercer plenamente sus funciones.

Este retraso también ha tenido consecuencias fuera de nuestras fronteras. La Comisión Europea ha señalado a España por no haber completado la implementación del reglamento y, mientras tanto, la desinformación ha seguido circulando, los contenidos ilegales no han desaparecido y las dinámicas adictivas no se han reducido. Nuestros jóvenes han seguido navegando en un entorno que no siempre es seguro. La proposición de ley que hoy debatimos no es una opción más, es una necesidad y, además, es una vía más rápida para cumplir con Bruselas. El texto propone adaptar plenamente nuestro ordenamiento al reglamento europeo y dar a la CNMC las competencias reales de supervisión, investigación y sanción; refuerza a la Agencia Española de Protección de Datos para vigilar cuestiones esenciales, como la publicidad basada en datos sensibles o la dirigida a menores; establece un marco claro para que los jueces puedan ordenar la retirada de contenidos ilegales, incluso si la plataforma está en otro país, y atribuye a la CNMC la función de comunicar esas órdenes también al resto de Europa.

La norma también permite adoptar medidas provisionales cuando haya un riesgo grave de incumplimiento, como retirar temporalmente contenidos ilícitos o suspender un servicio; obliga a las plataformas a proteger los derechos fundamentales, combatir la desinformación, proteger a los menores, actuar frente a la ciberviolencia y la violencia de género y proteger la salud pública, y establece un método sancionador claro, con multas que pueden llegar hasta el 6 % del volumen de negocio anual de la empresa infractora. Todo ello se hace respetando un principio fundamental: proteger a los usuarios sin limitar derechos como la libertad de expresión o la privacidad, porque regular no es censurar, regular es proteger y garantizar derechos en un entorno nuevo.

Es cierto que llegamos tarde, es cierto que lo urgente se ha retrasado más de lo deseable, pero hoy tenemos la oportunidad de corregir este retraso, de pasar de las palabras a los hechos, de la intención a la acción y de la norma en papel a la norma aplicada. Señorías, no estamos hablando solo de tecnología, estamos hablando de derechos, estamos hablando de protección, estamos hablando del entorno en el que se están formando las próximas generaciones. No podemos seguir llegando tarde, no podemos permitir que las plataformas operen sin control y no podemos permitir que la ciudadanía esté desprotegida en el entorno digital. Por responsabilidad institucional, por compromiso europeo y por la defensa de los derechos de la ciudadanía, y sobre todo de los menores, nosotros vamos a votar a favor de esta proposición de ley.

Laburbilduz, lege honek oso gauza sinple bati buruz hitz egiten du, gure seme-alabak eta herritar guztiak gero eta denbora gehiago ematen dugun ingurune batean babesteaz. Plataforma handiek arauak bete ditzatela nahi dugu, ezin dezatela beste aldera begiratu eduki arriskutsuen aurrean, eta benetako indarra duen agintaritza bat egon dadila zerbait gaizki doanean jarduteko. Familiek jakin behar dute norbait zaintzen ari dela eta gure seme-alabak ez daudela bakarrik algoritmoen, publizitate inbaditzailearen edo eduki kaltegarriren aurrean. Gaur, mundu digitalean segurtasuna, erantzukizuna eta zentzuzko aldarrikapena bozkatzen ditugu. Horregatik babestuko dugu lege proposamen hau.

Eskerrik asko. En resumen, esta ley va de algo muy sencillo, de proteger a nuestros hijos y a toda la ciudadanía en un entorno donde pasamos cada vez más tiempo. Queremos que las grandes plataformas cumplan las reglas, que no puedan mirar hacia otro lado ante contenidos peligrosos y que exista una autoridad con fuerza real para actuar cuando algo falla. Las familias necesitan saber que alguien está vigilando y que sus hijos no están solos frente a algoritmos, publicidad invasiva o contenidos dañinos. Hoy votamos seguridad, responsabilidad y sentido común en el mundo digital. Por eso, vamos a apoyar esta proposición de ley. Muchas gracias.

Bona tarda. Gràcies, presidenta. Bé, el mateix PSOE que va intentar que ens empasséssim el seu projecte de Llei de governança de Serveis Digitals i d’Ordenació de Mitjans de Comunicació presenta avui la meitat del projecte embolicat com a proposició de llei, declarant la urgència a establir la CNMC com a coordinador de serveis digitals, perquè fa dos anys que incompleixen amb la Unió Europea. Aquesta és la situació. Volem deixar clar, abans que res, que Junts està a favor de facilitar l’aplicació del reglament europeu, que recordem no cal transposar, perquè no és una directiva. Però també volem deixar molt clar que la urgència no pot justificar de cap de les maneres que es doni via a la tramitació d’un text que centralitza i concentra competències, que ignora el català i les altres llengües cooficials i que evita els controls democràtics exigibles en la tramitació. No tot s’hi val. La iniciativa exclou completament les comunitats autònomes, ignorant les seves competències i menystenint la seva experiència. I això és greu, perquè tots som conscients que la CNMC tampoc no tindrà la capacitat operativa per implementar la DSA. Ho hem vist en la implementació de la Llei General de la Comunicació Audiovisual, però volen tornar a ensopegar, sembla ser, amb la mateixa pedra. De fet, es concentra la totalitat de funcions de supervisió del Digital Service Act en dos organismes estatals: la CNMC com a coordinadora de Serveis Digitals i l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Catalunya, amb organismes com el Consell de l’Audiovisual Català o les autoritats catalanes de la competència o de la protecció de dades, queden fora de qualsevol paper rellevant. És inacceptable, perquè l’article 49 del reglament europeu no imposa un model centralitzat. Repeteixo, l’article 49 del reglament europeu no imposa una situació de centralització. Parla d’autoritats competents, en plural, i permet que els estats amb estructures descentralitzades distribueixin funcions en diferents organismes. Ho ha fet, per exemple, Bèlgica. Però vostès aquí fa uns moments han parlat, una vegada més, de «coordinador nacional» i no, amb això, nosaltres no hi estem d’acord. Les comunitats autònomes, recordem-ho, tenen competències en matèria de consum audiovisual, comerç interior i protecció de dades pròpies i han de participar en el control i seguiment de l’aplicació d’aquest importantíssim reglament europeu. Vostès deixen fora els organismes autonòmics i això no és només una decisió tècnica. És una decisió política que menysté la realitat plurinacional de l’Estat. Cada cop que implementen un reglament recentralitzen competències. Sense oblidar que no hi ha ni una sola menció, ni una, a les llengües cooficials; en una llei —‌atenció— que regula l’espai digital. Això significa deixar desprotegides comunitats lingüístiques com la catalana davant dels biaixos dels algoritmes i dels sistemes de moderació. En tercer lloc, cal denunciar el procediment que fan servir. Aquesta cambra hauria de legislar amb rigor, amb informes, amb participació i amb garanties. És un precedent perillós validar per aquesta via, esquivant el dictamen del Consell d’Estat, la consulta pública i qualsevol avaluació d’impacte, una proposició de llei en un tema tan rellevant. Ja sé que em diran que aquest text parteix del projecte de llei i que han passat aquesta roda de control. Però, escolti’m, hem de ser molt conscients que assentar precedents així és temerari, perquè estem parlant de regular una matèria que afecta directament drets fonamentals de milions de ciutadans. La llibertat d’expressió, es regula la retirada de continguts, la protecció de dades, s’atribueixen poders d’investigació intrusius, el dret a la defensa, es regulen entrevistes obligatòries i el règim sancionador, la llibertat d’empresa s’estén l’àmbit de subjectes sancionables a tercers. Si analitzem el contingut, el règim sancionador és desproporcionat i castigarà especialment les petites i mitjanes empreses, mentre les grans plataformes podran absorbir l’impacte de les sancions. Els poders d’investigació que se li atorguen a la CNMC plantegen seriosos dubtes sobre drets fonamentals i la protecció de dades queda en un segon pla, subordinada a una lògica de mercat. I per acabar, aquesta, segons entenem nosaltres, és una llei sense ambició, perquè no crea nous mecanismes de protecció per a la ciutadania, no millora realment els drets digitals i no anticipa els reptes de la intel·ligència artificial. Aquest govern de nou va tard a l’hora d’alinear-se amb els temps actuals. Acabem de registrar avui, per exemple, una bateria de preguntes sobre l’impacte de la intel·ligència artificial en el mercat laboral i en les cotitzacions de la Seguretat Social, perquè aquest problema es veu a venir i perquè hem sabut que, mentre altres països de l’entorn europeu —‌França, Països Baixos, Alemanya— fa anys que treballen amb dades mesurables i comparables, vostès acaben de crear un grup de treball per començar a estudiar què pot passar amb la intel·ligència artificial en el mercat laboral i en les cotitzacions.

Tornant a la iniciativa d’avui, no podem avalar una llei que centralitza, que retalla garanties, que perjudica el nostre teixit empresarial i, sobretot, —‌i també que quedi molt clar— que ignora la nostra llengua. Per responsabilitat institucional, per coherència política i per defensa dels drets de la ciutadania de Catalunya, hem de votar en contra.

Buenas tardes. Gracias, presidenta. El propio PSOE, que intentó que nos tragáramos su proyecto de ley de gobernanza de servicios digitales y de ordenación de los medios de comunicación, presenta hoy la mitad del proyecto envuelto dentro de una proposición de ley utilizando la urgencia de establecer la CNMC como coordinador de servicios digitales, porque llevan dos años incumpliendo con la Unión Europea. Esta es la situación. Queremos dejar claro antes de empezar que Junts está a favor de facilitar la aplicación del reglamento europeo, que, recordemos, no es necesario trasponer porque no es una directiva. Pero también queremos dejar muy claro que la urgencia no puede justificar de ningún modo que se dé vía a la tramitación de un texto que centraliza y concentra competencias, que ignora el catalán y las otras lenguas cooficiales, y que evita los controles democráticos exigibles en la tramitación. No todo vale. La iniciativa excluye completamente a las comunidades autónomas, ignorando sus competencias y menospreciando su experiencia. Esto es grave porque todos somos conscientes de que la CNMC tampoco tendrá la capacidad operativa necesaria para implementar la DSA. Lo hemos visto con la implementación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual y quieren volver a tropezar en la misma piedra. De hecho, se concentra la totalidad de funciones de supervisión del Digital Services Act en dos organismos estatales: la CNMC, como coordinadora de servicios digitales, y la Agencia Española de Protección de Datos. Cataluña, con organismos como el Consejo del Audiovisual de Cataluña o las autoridades catalanas de la Competencia o de la Protección de Datos, queda fuera de cualquier papel relevante. Y esto es inaceptable, porque el artículo 49 del reglamento europeo no impone un modelo centralizado. Repito: el artículo 49 del reglamento europeo no impone una situación de centralización, sino que habla de autoridades competentes, en plural, y permite que los Estados con estructuras descentralizadas distribuyan funciones entre distintos organismos. Lo ha hecho, por ejemplo, Bélgica. Pero ustedes aquí, hace unos momentos, han hablado una vez más de coordinador nacional, y no, nosotros no estamos de acuerdo con esto. Las comunidades autónomas ―recordémoslo― tienen competencias en materia de consumo, audiovisual, comercio interior y protección de datos, y tienen que participar en el control y seguimiento de la aplicación de este importantísimo reglamento europeo. Ustedes dejan fuera a los organismos autonómicos y esto no es solo una decisión técnica, es una decisión política que menosprecia la realidad plurinacional del Estado. Cada vez que implementan un reglamento, recentralizan competencias, sin olvidar que no hay ni una sola mención ―ni una― a las lenguas cooficiales, y esto en una ley, atención, que regula el espacio digital. Esto significa dejar desprotegidas a comunidades lingüísticas como la catalana ante los sesgos de los algoritmos y de los sistemas de moderación. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia). En tercer lugar, es necesario denunciar el procedimiento que utilizan. Esta Cámara debería legislar con rigor, con informes, con participación y con garantías. Es un precedente peligroso validar por esta vía ―sorteando el dictamen del Consejo de Estado, la consulta pública y cualquier evaluación de impacto― una proposición de ley en un tema tan relevante. Ya sé que me dirán que este texto parte del proyecto de ley y que han pasado esta ronda de control, pero escuchen: tenemos que ser muy conscientes de que sentar precedentes así es temerario, porque estamos hablando de regular una materia que afecta directamente a derechos fundamentales de millones de ciudadanos. La libertad de expresión tiene mucho que ver en la retirada de contenidos; con la protección de datos se atribuyen poderes de investigación intrusivos; el derecho de defensa se regula en entrevistas obligatorias y el régimen sancionador; la libertad de empresa se extiende al ámbito de los sujetos sancionables y a terceros. Si analizamos el contenido, el régimen sancionador es desproporcionado y castigará especialmente a las pequeñas y medianas empresas, mientras que las grandes plataformas podrán absorber el impacto de las sanciones. Los poderes de investigación que se otorgan a la CNMC plantean serias dudas sobre derechos fundamentales y la protección de datos queda en un segundo plano subordinada a una lógica de mercado. Por último, esta, según la entendemos, es una ley sin ambición porque no crea nuevos mecanismos de protección para la ciudadanía, no mejora realmente los derechos digitales y no anticipa los retos de la inteligencia artificial. Este Gobierno, de nuevo, llega tarde a la hora de alinearse con los tiempos actuales. Acabamos de registrar hoy, por ejemplo, una batería de preguntas sobre el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral y en las cotizaciones a la Seguridad Social. Este problema vendrá y hemos sabido que, mientras otros países del entorno europeo como Francia, Países Bajos o Alemania hace años que ya trabajan con datos medibles y comparables, ustedes acaban de crear un grupo de trabajo para empezar a estudiar qué puede pasar con la inteligencia artificial en el mercado laboral y en las cotizaciones.

Volviendo a la iniciativa de hoy, no podemos avalar una ley que centraliza, que recorta garantías, que perjudica nuestro tejido empresarial y, sobre todo ―que quede muy claro―, que ignora nuestra lengua. Por responsabilidad institucional, por coherencia política y por defensa de los derechos de la ciudadanía de Cataluña tenemos que votar en contra.

President, senyories, bona tarda. Senyories del PSOE, no ens facin triar. No ens facin triar, perquè Esquerra és un partit europeista amb noranta-cinc anys d’història i avui vostès, tarde y mal, porten això aquí i ens venen a dir: «Si són europeistes i, a més a més, tenen consciència de la protecció dels vulnerables, votin això a favor». És el que ens venen a dir, però no val. No s’hi val a fer aquesta trampa. Sap per què? Perquè la seva proposició de llei fa una cosa que no està bé: recentralitza per la porta del darrere. Sí, sí, ja sé que vostès no ho veuen. És que vostès estan tan acostumats, senyories del PSOE, a recentralitzar que no se n’adonen, perquè per vostès és: «El mundo tal como es, el mundo normal». El mundo normal és que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia s’ho quedi tot i, per tant, això és profundament recentralitzador. I aleshores, per això els hi dic: no ens facin triar entre ser europeistes o ser el que som, que és un partit on el nostre centre de gravetat és Catalunya. Per tant, malauradament ens haurem d’abstenir, senyories del PSOE. Ens haurem d’abstenir i la responsabilitat és de vostès per haver fet les coses malament, perquè no són formes. Miri, l’entorn digital és realment un entorn ple d’amenaces, ple de reptes, on ens trobem amb desproteccions i amb dificultats, no només la infància, sinó la veritat. Em permetran, senyories del PSOE i senyories del PP, que faci una breu excursió cap a la qüestió de la veritat. El problema de la digitalització és que rebenta la veritat des de la seva base, però no la veritat en un sentit metafísic o filosòfic, sinó la veritat factual, els fets. I, evidentment, quan ens trobem amb una realitat que es carrega la factualitat de la vida estem preocupats i compartim aquesta preocupació. Però això no hauria de servir per a qualsevol cosa. Per entendre’ns, senyories del PSOE... Presidente, señorías, buenas tardes. Señorías del Grupo Socialista, no nos hagan elegir; no nos hagan elegir porque Esquerra es un partido europeísta con noventa y cinco años de historia y hoy ustedes, tarde y mal, traen esto y nos dicen: Si ustedes son europeístas y tienen conciencia de la protección de los vulnerables, voten a favor de esto. Es lo que nos dicen aquí, pero no vale hacer esa trampa. ¿Sabe por qué? Porque su proposición de ley hace una cosa que no está bien: recentraliza por la puerta de atrás. Ya sé que ustedes no lo ven; están tan acostumbrados, señorías del Grupo Socialista, a recentralizar que no se dan cuenta porque para ustedes es el mundo tal como es. El mundo normal es que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se lo quede todo, es lo normal. Eso es profundamente recentralizador. Por ello, les digo: no nos hagan elegir entre ser europeístas o ser lo que somos, un partido en el que nuestro centro de gravedad es Cataluña. Por tanto, desafortunadamente tendremos que abstenernos, señorías del Grupo Socialista. Nos tendremos que abstener y la responsabilidad es de ustedes por haber hecho las cosas mal, porque estas no son formas. El entorno digital verdaderamente está lleno de amenazas, de retos. Nos encontramos con desprotecciones y dificultades no solo para la infancia, sino para la verdad. Permitirán, señorías de los grupos Socialista y Popular, que haga una breve digresión hacia la cuestión de la verdad. El problema de la digitalización es que revienta la verdad desde su base, pero no la verdad en un sentido metafísico o filosófico, sino la verdad fáctica, los hechos. Evidentemente, cuando nos encontramos ante una realidad que se carga la factualidad de la vida, estamos preocupados y compartimos esa preocupación, pero eso no debería servir para cualquier cosa. Para entendernos, señorías del Grupo Socialista…, … aprovechando que el Pisuerga digital pasa por que Europa nos urge, vamos a recentralizar, y que se jodan los catalanes y los demás. Doncs no. Doncs no, sap per què? Perquè hi ha autoritats autonòmiques que tenen competències i perquè a Espanya, a menys que vostès en diguin el contrari, és un estat compost. L’Estat autonòmic es basa en el principi de subsidiarietat. El que pot fer una instància no la fa la superior. Si allunyem el regulador de la proximitat a l’usuari, estem fent un mal favor. Si en comptes d’atribuir a qui ho hauria de fer l nostre parer, que és el Consell de l’Audiovisual o l’Autoritat Catalana de la Protecció de Dades, si no ho fan aquests i ho fa la CNMC, no sé què estem fent. Estem vulnerant un principi bàsic de l’estat compost. Per tant, estem actuant de manera indeguda.

Mirin, hi ha moltes formes de centralitzar. I vostès, senyories del PSOE, comparteixen amb les senyories del PP una tendència a centralitzar. Sí, no, no s’estranyin. I a vegades la comparteixen tant que no se n’adonen. I avui els sorprèn que els estem dient una obvietat. Resulta que els grups catalans a la cambra estem descobrint una obvietat i a vostès això els escandalitza. Doncs no s’escandalitzin tant. Un altre dia ho pensin. Perquè avui, repeteixo, no som nosaltres menys europeistes i menys responsables que vostès, pel fet de abstenir-nos. No. Pensin per què un grup responsable europeista com Esquerra Republicana s’abstindrà. Pensin això, posin-se a les nostres sabates avui. Pensin per què hem de fer això. Senzillament perquè no podem anar contra l’estat compost que vostès també comparteixen. No podem anar contra l’autonomia catalana. No podem deixar desprotegit el Consell de l’Audiovisual de Catalunya ni l’Autoritat Catalana de Dades, perquè no ens podem carregar l’autonomia, perquè resulta que Europa ens apressa i això ja ho hauríem d’haver fet fa temps.

Mirin, els hauria de servir el cas concret que està passant amb aquesta proposició de llei per entendre una cosa molt clara: no ens vinguin amb urgències. No ens vinguin amb urgències, perquè nosaltres no som un jòquer disposat a votar qualsevol cosa. Tenim un centre de gravetat, nosaltres, que és l’interès de la societat catalana. Per nosaltres, com a Esquerra Republicana, el més important són els interessos dels catalans i les catalanes. Aleshores no ens facin triar, perquè entenem que la millor manera de ser europeistes és exactament complir amb els interessos de la societat catalana. És així.

I, a més, estic segur, senyories del PSOE, que vostès comparteixen l’estructura de l’estat autonòmic. I vostès saben que recentralitzar en la Comissió Nacional del Mercat de la Competencia és afeblir l’autonomia. És afeblir l’autonomia objectivament. Ja sé que vostès no m’ho admetran en públic, però és així. Fixin-se: els grups catalans ho hem detectat. No és una cosa gratuïta. No és un caprici. No és una cosa que ens ve de gust fer perquè sí. Torno al que deia, senyories: la proximitat. La proximitat és bàsica en qualsevol administració, i més quan es tracta d’una qüestió tan sensible com és la protecció d’infants i adults, el respecte a la veritat i qualsevol cosa que té a veure amb la vida digital. La vida digital és la vida nostra, és la nostra vida del segle XXI i, per tant, el regulador ha d’estar ben a prop. El regulador ha de ser aquell que coneix més la realitat. ¿Qui farà millor la regulació, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya, que coneix la realitat catalana, l’Autoritat Catalana de Dades, que coneix la societat catalana, o la Comissió Nacional del Mercat de la Competència, que ha d’atendre tot l’Estat i té una mirada molt gran? És de sentit comú el que li estic dient.

Per tant, com a europeistes i com a responsables, ens haurem d’abstenir. Moltes gràcies. Pues no. ¿Sabe por qué? Porque hay autoridades autonómicas que tienen competencias y porque España, a menos que ustedes digan lo contrario, es un Estado compuesto. El Estado autonómico se basa en el principio de subsidiariedad: lo que puede hacer una instancia no lo hace la superior. Si alejamos al regulador de la proximidad al usuario, estamos haciendo un mal favor. Si en lugar de atribuir esto a quien debería hacerlo ―a nuestro parecer, el Consejo Audiovisual o la Autoridad Catalana de Protección de Datos― lo atribuyen a la CNMC, ¿qué estamos haciendo? Estamos vulnerando un principio básico del Estado compuesto. Por tanto, estamos actuando de manera indebida. Hay muchas formas de centralizar. Ustedes, señorías del Grupo Socialista, comparten con las señorías del Grupo Popular una tendencia a centralizar. (Rumores). Sí, no se extrañen. Y a veces la comparten tanto que no se dan cuenta de ello. Hoy, les sorprende que les estamos diciendo una obviedad. Los grupos catalanes en la Cámara les están descubriendo una obviedad, y ustedes se escandalizan. No se escandalicen tanto y otro día piénsenselo, porque hoy ―lo repito― no somos nosotros menos europeístas y menos responsables que ustedes por el hecho de abstenernos, no, piensen por qué un grupo responsable, europeísta, como Esquerra Republicana se abstendrá. Piénsenlo. Pónganse en nuestros zapatos hoy. Piensen por qué tenemos que hacer eso. Pues sencillamente porque no podemos ir contra el Estado compuesto que ustedes también comparten. No podemos ir contra la autonomía catalana. No podemos dejar desprotegido el Consejo Audiovisual de Cataluña ni la Autoridad Catalana de Protección de Datos. Porque no nos podemos cargar la autonomía porque resulta que Europa nos mete prisa, y eso deberíamos haberlo hecho ya hace tiempo.

Miren, debería servirles el caso concreto que está pasando con esta proposición de ley para entender una cosa muy claramente. No nos vengan con urgencias; no nos vengan con urgencias porque nosotros no somos un joker, un comodín, dispuestos a votar cualquier cosa. Nosotros tenemos un centro de gravedad, a saber: el interés de la sociedad catalana. Para nosotros, como Esquerra Republicana, lo más importante son los intereses de los catalanes y las catalanas. Por tanto, entonces, no nos hagan elegir, porque entendemos que la mejor manera de ser europeístas es exactamente cumplir con los intereses de la sociedad catalana. Es así.

Y, además, estoy seguro, señorías del PSOE, de que ustedes comparten la estructura del Estado autonómico y lo saben. Saben que recentralizar en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia es debilitar la autonomía; es debilitar la autonomía, objetivamente. Ya sé que ustedes no me lo van a admitir en público, pero es así. Y, fíjense, los grupos catalanes lo han detectado. No es algo gratuito, no es de un capricho, no es algo que nos apetezca hacer porque sí. Vuelvo a lo que decía, señorías: la proximidad. La proximidad es básica en cualquier Administración, y más aún cuando se trata de una cuestión tan sensible como es la protección de niños y adultos, el respeto a la verdad y cualquier cosa que tenga que ver con la vida digital. La vida digital es nuestra vida del siglo XXI y, por tanto, el regulador tiene que estar muy cerca. El regulador tiene que ser aquel que conozca mejor la realidad. ¿Quién hará mejor la regulación: el Consejo Audiovisual de Cataluña, que conoce la realidad catalana; la Autoridad Catalana de Protección de Datos, que conoce la sociedad catalana; o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que tiene que prestar atención a todo el Estado y tiene una mirada muy grande? Es de sentido común lo que le estoy diciendo.

Por tanto, como europeístas y como responsables, nos tendremos que abstener. Muchas gracias. (Aplausos).

Esta proposición hará por fin plenamente operativo el Reglamento de Servicios Digitales Europeos, cuyo fin es ordenar el espacio digital. Este reglamento se construye sobre valores europeos como los derechos fundamentales, la protección de las personas consumidoras, la libertad de expresión e información y la no discriminación. El reglamento obliga a las plataformas digitales a actuar de forma diligente y responsable para que el entorno en línea sea seguro. Esto significa proteger a menores, evitar estafas, impedir publicidad abusiva y exigir transparencia.

El desarrollo y aplicación del reglamento choca con quienes entienden Internet como un espacio sin reglas y llaman censura a cualquier control democrático. Choca con quienes defienden que el beneficio empresarial debe primar sobre cualquier otro valor. Esta ideología ha ganado fuerza con la Administración Trump, que ha llegado incluso a sancionar al excomisario Breton por haber impulsado la regulación europea del espacio digital. Es un ataque sin precedentes y alcanza a más valores centrales del proyecto europeo, como el derecho y la justicia internacional, y que amenaza a quienes los hacen posibles, como la relatora de Naciones Unidas, Francesca Albanese, o los miembros del Tribunal de Justicia Internacional, sancionados también por Trump. Desde aquí les enviamos nuestra solidaridad.

La proposición que discutimos viene a resolver el retraso en el despliegue completo del reglamento europeo en nuestro país, adaptando nuestra legislación para que haya supervisión, investigación y sanciones en el espacio digital. Con este fin, la proposición da cobertura legal a la CNMC como coordinador de servicios digitales y se atribuye a la Agencia Española de Protección de Datos las competencias en materia de publicidad basadas en datos sensibles y en el perfilado de menores. Esta regulación es importante porque Meta, TikTok, Instagram y el resto de redes sociales tienen millones de usuarios y una capacidad inmensa para ordenar la conversación pública, captar datos, dirigir la publicidad, influir en el acceso a la información y condicionar hábitos de consumo y conducta, especialmente entre los jóvenes. Asimismo, esta regulación es importante porque pone coto a los abusos de las plataformas, que no son una excepción. Como botón de muestra, el Instituto Madrileño de Estudios Avanzados detectó que Meta utilizaba un mecanismo oculto en dispositivos Android para rastrear la navegación web de los usuarios sin su consentimiento, y un juzgado de Madrid acaba de condenar a Meta a pagar 479 millones por competencia desleal.

La plena aplicación del reglamento europeo ayudará, en primer lugar, a impedir la venta en Internet de productos ilegales, falsificados o peligrosos. En segundo lugar, a combatir prácticas de manipulación a través de interfaces confusas, consentimientos engañosos y suscripciones o diseños dirigidos a explotar la vulnerabilidad de los usuarios. En tercer lugar, también servirá para poner coto a la publicidad abusiva, especialmente cuando afecta a menores o se apoya en datos especialmente sensibles como la salud, la religión o la ideología. En cuarto lugar, el reglamento también sirve para obligar a transparentar cómo los algoritmos de las plataformas deciden qué vemos, qué se amplifica y qué se invisibiliza, pues esto afecta al pluralismo, al debate público y al derecho a recibir una información veraz y completa. Y, en quinto lugar, evita la indefensión del usuario frente a las publicaciones retiradas sin explicación o a las cuentas suspendidas sin posibilidad de discutir la decisión. El reglamento introduce la obligación de motivar las decisiones y establecer mecanismos internos de reclamación y vías de resolución extrajudicial.

Pero, señorías, para que este reglamento europeo se aplique ―más allá del cambio promovido por esta proposición de ley, que es muy oportuna y que vamos a apoyar― se necesitan, en primer lugar, medios humanos, técnicos y presupuestarios para la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, para que tenga capacidad inspectora, analítica y de sanción frente a las gigantescas tecnológicas que tienen recursos ilimitados. En segundo lugar, se requieren protocolos claros de coordinación entre la CNMC, la Agencia de Protección de Datos, los órganos judiciales y las demás autoridades sectoriales y autonómicas. En tercer lugar, necesitamos canales de reclamación accesibles, el reconocimiento efectivo de alertadores fiables, la certificación de órganos de resolución extrajudicial y una transparencia real y no meramente cosmética. Y, por último y más importante, necesitamos una CNMC que de verdad ejerza el papel que le tiene asignado la ley con todas sus consecuencias y con coherencia, porque hasta ahora no siempre ha sido así. La CNMC no ha denunciado ni combatido la inflación de beneficios generada por las empresas de energías y alimentación tras la pandemia. Ha sostenido la falacia de que tener menos bancos no afecta a la competencia del sector bancario y no ha intervenido cuando subió el coste de las hipotecas mientras se mantenía estancada la remuneración del ahorro a la vista de los hogares.

Permítanme una reflexión final para terminar: la debilidad de los supervisores públicos en el ejercicio de sus competencias es otro síntoma más de la subordinación del interés general al interés de unos pocos. (Aplausos). Esta subordinación ha impedido, entre otras cosas, desplegar una planificación estratégica estable en nuestras economías, que es la razón del éxito económico de China en la actualidad, y de Japón, Corea del Sur, Singapur y hasta de Estados Unidos en el pasado.

Salud y república en esta fecha tan señalada. (Aplausos).

Gracias, presidente. Hoy, el Grupo Socialista nos presenta esta proposición de ley para allanar el camino al Gobierno en su intención de poner fin a la libertad con la que los españoles pueden opinar y quejarse en las redes sociales y para poner fin a la libertad que tienen los periodistas que trabajan en medios digitales independientes. (Aplausos). Lo hace con esta proposición de ley, con esta excusa, con la excusa de la aplicación del reglamento europeo que regula el ecosistema digital y también con la excusa de defender a los menores. Con esta iniciativa el Grupo Socialista nos demuestra, una vez más, que no trabaja en esta Cámara para garantizar el bienestar de los españoles, sino para garantizar el bienestar de Pedro Sánchez, y también para su mantenimiento en el poder, porque saben que para que se mantenga en el poder es necesario que el Gobierno controle y limite el debate público. La aplicación de este reglamento europeo podría ser una herramienta buena, pero en realidad, en manos de este Gobierno, va a ser una herramienta para hacer el mal. No es la primera vez que el Gobierno utiliza el Congreso para legitimar una operación de control de la opinión pública. Lo hizo en 2024, en mitad de la dana, cuando aprobó un decretazo para apoderarse del Consejo de Administración de Radiotelevisión Española, y desde entonces, todos sabemos lo que ha ocurrido: han politizado todos los programas de la cadena pública, desde los programas de información hasta los programas de entretenimiento. Otra forma que está utilizando el Gobierno para controlar la opinión pública es la publicidad institucional. Para este año 2026, ya tiene previsto gastar 270 millones de euros, consiguiendo de nuevo que el Gobierno sea el mayor anunciante que hay en nuestro país. Y otra forma de control de la opinión pública que está utilizando este Gobierno son las subvenciones a la cultura y al cine; eso sí, siempre que tengan un guion ideológico marcado por el Partido Socialista. (Aplausos). Pero ¿qué ocurre cuando algo no está controlado por el Gobierno? Que reina la libertad; a los españoles les gusta cada vez más la libertad y al Gobierno le disgusta cada vez más esa libertad. Por eso, la película más taquillera de los últimos años en España es una película que no ha recibido subvenciones, y por eso los españoles cada vez se entretienen, se informan y forman parte de la opinión pública desde las redes sociales y no en los canales oficiales del Gobierno ni tampoco en los medios de comunicación que son subvencionados a través de la publicidad institucional.

Ahora bien, Pedro Sánchez ha decidido controlar las redes sociales, y muchos españoles se preguntan si la misión de un Gobierno es controlar a sus ciudadanos en las redes sociales. Claro que no. Lo que debería hacer Pedro Sánchez es controlar su partido, en el que los últimos secretarios de organización están en la cárcel por corrupción. Lo que debería hacer el Gobierno es controlar las fronteras, donde se están colando cada vez más yihadistas y delincuentes. También debería controlar a los violadores que están sueltos por la reducción de penas, por las leyes que han redactado y votado ustedes. Y, puestos a controlar, lo que deberían controlar no son las redes sociales, sino las calles, que cada vez están más llenas de delincuentes, okupas y ladrones.

No obstante, el Partido Socialista y el Gobierno lo que quieren ahora es controlar las redes sociales, porque se han convertido en una plaza pública incómoda para el Gobierno. ¿Y cómo lo quieren hacer? Con verificadores de información y con alertadores de odio. Y la pregunta que se hacen muchos españoles es: ¿dónde estaban las verificadoras de información cuando se las necesitaba? Es decir, ¿dónde estaban las verificadoras cuando en Televisión Española se dijo que nueve de cada diez violadores en España son españoles, cuando precisamente la tendencia es la contraria? ¿Dónde estaban las verificadoras cuando Óscar Puente mintió sobre los detalles del accidente de tren que causó la muerte de cuarenta y seis españoles? ¿O dónde estaban las verificadoras cuando Pedro Sánchez dijo en esta misma tribuna que VOX estaba sumergido en la corrupción cuando VOX tiene cero casos de corrupción y cero condenas por corrupción? (Aplausos). Y los españoles también se preguntan dónde están los alertadores de odio del Gobierno cuando se les necesita. Es decir, cuando Irene Montero hace unos días dijo que hay que sustituir a los españoles que no votan a Podemos por extranjeros. O cuando el señor Rufián preguntó a una youtuber —‌a ‘soy una pringada’, así se llama la susodicha― qué hay que hacer con VOX y dijo que lo que hay que hacer es matarlos; y Rufián no se escandalizó y publicó íntegramente la entrevista. O ¿dónde están los alertadores de odio en Radiotelevisión Española cuando dicen en sus programas que los votantes de VOX y del Partido Popular son unos idiotas?

Vivimos en una España con grandes problemas, donde los jóvenes tienen trabajos precarios aun habiendo completado su formación universitaria con sobresalientes, donde los trabajadores destinan más de la mitad de su sueldo a pagar el alquiler en un piso compartido o en una hipoteca, una España donde todos hemos sufrido alguna vez un robo ―en una ocasión o en varias―, donde las mujeres viven peor y más inseguras que antes de la llegada de Pedro Sánchez, y donde los hospitales están colapsados gracias a que el Gobierno ha convertido a los hospitales españoles en los hospitales de todo el mundo. Y, sí, los españoles tienen derecho a quejarse de todo ello y a señalar a los culpables. Y por eso es importante defender la libertad de expresión y ejercerla. (Aplausos). En VOX animamos a los españoles a que no tengan miedo a expresar su opinión, a que no tengan miedo al Gobierno y a que no se autocensuren. VOX defenderá a los españoles que sean perseguidos por decir la verdad y vamos a defender su libertad de expresión.

VOX defenderá también a los periodistas y comunicadores independientes que se verán sometidos a esta nueva legislación que pretende dificultar su trabajo. En realidad, todos los periodistas deberían estar en contra de esta iniciativa, pero no todos se quejarán, porque muchos saben que sus jefes están de acuerdo con esta iniciativa porque han firmado acuerdos publicitarios con el Gobierno. Pedro Sánchez quiere un periodismo domesticado mediante la publicidad institucional, donde lo importante no sea la verdad, sino recibir las palmaditas del poder político en el hombro ―como ocurrió hace unas semanas en Televisión Española, donde Óscar Puente, después de una entrevista, dijo: Así da gusto―, y donde en las portadas de los periódicos y de los informativos no se dé protagonismo a los problemas reales de los españoles y sí a los dimes y diretes y a los debates artificiales de los políticos.

VOX alerta de que la aplicación de esta proposición de ley, que hoy es presentada con palabras bonitas y buenas intenciones por parte del Grupo Socialista, no será otra cosa que una trampa más de este Gobierno para que en España se recorte aún más la libertad y para que Pedro Sánchez pueda perpetuarse en el poder. El tiempo nos dará la razón.

Termino con una frase de una de nuestras novelas más internacionales: La libertad, Sancho, es uno de los preciosos dones que a los hombres dieron los dioses. Hoy, VOX, diciendo no a esta iniciativa, dice sí a la libertad. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Gracias, presidente. Debatimos hoy una propuesta para habilitar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia como coordinador en cumplimiento del Reglamento Europeo de Servicios Digitales, dando a este órgano regulador nuevas y amplísimas atribuciones para controlar al sector digital en España. Y a pesar de que llevamos un retraso de dos años ―por eso me hace gracia escuchar ahora al portavoz del Grupo Socialista hablar de la urgencia―, más de dos años de retraso desde que entró en vigor, el Grupo Socialista —‌siempre tramposo— lo trae por un procedimiento que se salta todos los informes preceptivos y ni siquiera trae memoria económica. ¿Quién piensa que nuevas competencias para la CNMC no van a costar más dinero? Pues ahí tienen, no existe memoria económica. Es decir, vamos a aprobar una norma que controla el sector digital, pero sin el más mínimo control legal necesario; mal empezamos, señores socialistas. Porque fíjense la importancia de lo que debatimos hoy: quieren que la CNMC pase de ser solo un organismo que supervisa el derecho a la competencia a empezar a supervisar derechos fundamentales. Y permítanme una reflexión inicial, señorías: ¿quién define lo que es ilícito? ¿Y lo que es dañino? ¿Y qué es un discurso de odio y qué es desinformación? Porque en el momento en que dejemos que esta definición pase a manos de un órgano administrativo que puede estar controlado por el Gobierno estaremos abriendo la puerta a convertir la supervisión en una censura política. (Aplausos). El espíritu del reglamento europeo es noble: proteger a los usuarios, asegurar la transparencia de las plataformas digitales y evitar los abusos de las grandes plataformas, pero lo que este proyecto hace es otra cosa. Aquí no se trata de forzar libertades, sino de dar a un órgano administrativo la capacidad para ordenar la retirada de contenidos, suprimir cuentas y exigir el acceso a datos personales y algoritmos, es decir, herramientas que afectan directamente a la libertad de expresión, al pluralismo digital y, en definitiva, a la democracia. Por eso, señorías, no podemos ser ingenuos. No podemos fiarnos de que el Gobierno no tenga la tentación de controlar políticamente la CNMC y de usarla como instrumento de censura. ¿Quién se fía ya del Gobierno más tramposo, sectario e intervencionista que ha tenido la historia de la democracia? (Aplausos). Y no lo hacemos porque, precisamente, la experiencia reciente nos enseña que este Gobierno no ha parado de intentar corromper los organismos independientes y sustituir su función técnica por un servilismo político. ¿Acaso no vimos cómo el CIS pasó de ser un centro demoscópico respetado a un instrumento de propaganda y manipulación al servicio del Partido Socialista? O TelePedro, donde la neutralidad y la independencia han dejado paso a contratos con productoras amigas y a hacer contenido exclusivamente del agrado y del interés del Gobierno. (La señora Montesinos de Miguel: ¡Muy bien!). ¿Y qué decir de la Fiscalía General del Estado? Pues eso. Incluso la AIReF, donde el Gobierno ha nombrado un alto cargo del Ministerio de Hacienda ―atentos― para supervisar las cuentas del Ministerio de Hacienda. ¿Alguien cree que va a encontrar alguna irregularidad? Lo han hecho, creo yo, para que la señora Montero no tenga que seguir dando explicaciones como, por ejemplo, si va a dejar el escaño, que entiendo que es ese que está vacío ahí. ¿De qué tiene miedo la señora Montero? ¿Va a dejar o no va a dejar el acta? Nos interesaría que nos lo dijera. (La señora Montesinos de Miguel: ¡Muy bien!). No nos dejemos engañar por esta proposición de ley. En junio se renovarán los consejeros y el presidente de la CNMC, ¿de verdad creen que es casualidad que la ampliación de los poderes digitales llegue justo antes de esta renovación cuando llevamos, como digo, más de dos años de retraso y hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos ha abierto un expediente sancionador de 90 000 euros diarios? (Aplausos.—La señora Montesinos de Miguel: ¡Muy bien!). Señores socialistas y amigos del Gobierno, ya lo tienen todo planeado. ¡Si hasta ya suena el nombre del marido de Teresa Ribera para presidente de la CNMC! Piensen que este señor, que todo lo que tiene se lo debe al señor Sánchez, manejará conceptos jurídicos indeterminados como el contenido ilícito o discurso cívico, que pueden emplearse con una elasticidad muy peligrosa. Dicen ustedes que se usará contra la desinformación o los discursos de odio, pero podrían servir para expulsar de las redes sociales a quien critica al Gobierno, a quien cuente los delitos que se le imputan a la mujer y al hermano del presidente, a quien cuestione sus políticas o, simplemente, a quien piense distinto. No hace falta imaginarlo, vemos diariamente cómo ministros y portavoces socialistas señalan a medios de comunicación, periodistas o incluso jueces; también a redes sociales, pero qué curioso que siempre son las redes sociales estadounidenses, no sea que se le chafen los negocietes al señor Zapatero. (Aplausos).

Otro hecho preocupante es que este reglamento, como ya se ha dicho, prevé el sistema de alertadores fiables, que son unas entidades que tienen el cometido de avisar si hay ―llamémoslo― contenido no conforme, que las plataformas tendrán que retirar, y ya les garantizo que no lo van a discutir porque se enfrentan a sanciones millonarias. El riesgo es evidente: el Gobierno, a través de la CNMC, podrá acreditar solo aquellas entidades afines que determinen cuando les interese hacer sellos discretos de censura. Así, la retirada de contenidos políticamente incómodos se viste de técnica, neutralidad y cumplimiento del reglamento europeo.

Por todos estos motivos que les digo, en el Partido Popular defendemos que cualquier autoridad nacional de supervisión digital debe tener una composición verdaderamente plural e independiente, con un presupuesto y recursos humanos adecuados y suficientes. No nos oponemos a esta proposición de ley, faltaría más. Nos hemos pronunciado públicamente en esta casa y, además, en distintas comisiones, pero no vamos a permitir que esto sea el caballo de Troya para construir una censura encubierta. Tampoco tenemos problema alguno con que existan alertadores fiables, son necesarios para abordar con garantía los millones de contenidos que hay en la red, pero sí con que su elección se transforme en un mecanismo de control ideológico. Queremos una CNMC fuerte, queremos servicios digitales seguros y proteger a nuestros menores en la red, pero no queremos un ministerio de la verdad escondido tras un acrónimo, porque cuando el poder político comienza a decidir qué puede decirse o qué puede leerse, la línea entre la democracia y la manipulación simplemente se borra.

Señores del Grupo Socialista, si quieren nuestro voto final para aprobar esta ley, renueven, en primer lugar, de forma plural e independiente, la CNMC ―tienen ustedes algo más de un mes― y luego démosle las competencias para aplicar el Reglamento de Servicios Digitales, porque nuestras democracias, nuestras libertades son demasiado valiosas para dejarlas en manos de un Gobierno cercado por la corrupción, mentiroso y desesperado.

Muchas gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!―Aplausos).

PROPOSICIONES NO DE LEY:

— DEL GRUPO PARLAMENTARIO REPUBLICANO, SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE LAS VÍCTIMAS DEL PATRONATO DE PROTECCIÓN A LA MUJER. (Número de expediente 162/000742).