Carlos Cuerpo Caballero
GobiernoMinistro de Economía, Comercio y Empresa.Página 2Vídeo
Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Permítame, en primer lugar, y tal y como hizo el presidente del Gobierno ayer, que exprese toda nuestra solidaridad y afecto a los ciudadanos de las Islas Canarias, en particular a los de Gran Canaria, Tenerife y La Gomera, ante los devastadores efectos de la borrasca Therese. (Aplausos). También quiero, por supuesto, reiterar el compromiso del Gobierno, la movilización de todo el Sistema de Protección Civil y de los recursos necesarios para acompañar a los ciudadanos y empresas afectados. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia). Volviendo al objeto de mi intervención, comparezco ante ustedes, como saben, para solicitar su apoyo a la convalidación del Real Decreto Ley 7/2026, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. Estamos ante un paquete de medidas completo y ambicioso. De hecho, es el más ambicioso aprobado hasta la fecha en la Unión Europea, y que se puede resumir en dos palabras: proteger y preparar. En primer lugar, queremos responder a la urgencia de las consecuencias inmediatas para hogares y empresas protegiéndolos. En segundo lugar, queremos prepararnos ante futuros shocks, redoblando nuestra apuesta por nuestra soberanía energética a futuro, a través de la transformación de nuestro sistema energético. Por tanto, es un plan integral plenamente coherente con la línea que hemos seguido desde el Gobierno de manera sistemática en los últimos años y que, desde luego, constituye la experiencia en gestión de crisis que hemos desarrollado, por desgracia, entre todos, y a la que hemos venido respondiendo desde la mayoría de esta Cámara con el despliegue de un escudo social que es receta y marca España. Además, es una respuesta con características propias, como la rapidez en la protección, la focalización en los más afectados y expuestos y el dinamismo y flexibilidad para irse adaptando a la evolución de las distintas situaciones y circunstancias. Hemos ido aprendiendo de todas las crisis que hemos pasado y, tras cada una de ellas, hemos incorporado nuevas herramientas a nuestra respuesta. Por ejemplo, la protección del empleo a través de los ERTE, con el desarrollo del mecanismo RED; la provisión de liquidez para nuestras empresas a través del ICO o la necesidad de seguir incentivando la electrificación de nuestra economía. Señorías, esta experiencia nos ha permitido salir reforzados de las crisis anteriores, haciendo compatible la protección de hogares y empresas con la transformación de nuestra economía, y crecer de manera robusta y con responsabilidad en el ámbito fiscal. Además, hoy nos permite articular medidas, aquellas que mejor se adecúan a las necesidades de nuestra economía, hogares y empresas, y que, además, sabemos que son las más eficaces y que funcionan. Lo hacemos desde una posición de fortaleza estructural reconocida y que también se ha labrado a lo largo de estos años. Por eso, confío, señorías, en que esta Cámara pueda convalidar hoy este plan integral en beneficio de nuestras empresas y de nuestros ciudadanos hoy y, además, mirando al futuro. (Aplausos).
Antes de detallar el contenido del Real Decreto Ley, permítanme explicar un poco de contexto para entender mejor el porqué y el diseño de este plan. Como ya explicó el presidente del Gobierno ayer, no estamos ante cualquier conflicto. El estrecho de Ormuz es un cuello de botella energético donde convergen el 20 % del petróleo y del gas a nivel global. El ataque ilegal de Estados Unidos e Israel a Irán se deja sentir en un aumento acumulado de los precios, que alcanza cerca del 40 % en el caso del Brent y el 60 % en el caso del gas. Posiblemente, el efecto más visible para nuestros ciudadanos en nuestro país es el que observamos en los surtidores. Hasta el sábado, el día previo a la entrada en vigor de estas medidas, los surtidores reflejaban una subida de 32 céntimos por litro en la gasolina y de 51 céntimos por litro en el gasoil. Además, hemos observado un repunte en algunas materias primas como, por ejemplo, en el precio de los fertilizantes, para los cuales es también significativo el tránsito por el estrecho. Por ejemplo, el precio de la urea en nitrato amónico, que es un input clave para los fertilizantes nitrogenados, ha aumentado un 45 % desde el inicio del conflicto. A todos estos efectos se une el papel del estrecho a la hora de garantizar la seguridad alimentaria y las cadenas logísticas desde Asia. De hecho, las navieras reportan incrementos de fletes en las rutas Asia-Mediterráneo de un 25 o 30 % por el momento, puesto que, además, esperan que esto vaya a ir a más en las próximas semanas. Señalamos todos estos efectos económicos, por supuesto, sumados al drama humanitario que supone la guerra.
Sin duda, por lo tanto, es un conflicto muy grave, cuya incidencia estamos viviendo con especial virulencia, como he dicho, en los carburantes y en determinadas materias primas críticas, que exige una respuesta contundente, ambiciosa y temprana. Por ello, hemos reaccionado rápido, poniendo en marcha esta respuesta ambiciosa en tan solo veinte días tras el inicio del conflicto. Simplemente por hacer un poco de memoria, recordemos que el primer real decreto ley que pusimos en marcha tras el inicio de la guerra de Ucrania fue a los treinta y tres días desde su comienzo. Somos conscientes de que, hoy en día, además, persiste una enorme incertidumbre con respecto al alcance y al impacto final de esta guerra, que va a depender en gran medida, como todos sabemos, de su duración. De mantenerse en el tiempo esta interrupción del estrecho podría llegar a ser incluso, según algunos analistas, potencialmente el mayor shock de suministro energético de la historia moderna. De ahí la importancia en términos económicos que, como he dicho antes, se suman, por supuesto, a los humanitarios, de avanzar de manera inmediata hacia la finalización de la guerra y encauzar este conflicto a través de la diplomacia y el respeto al derecho internacional, tal y como ha defendido el Gobierno desde el principio. Frente a esta incertidumbre, me gustaría recordar que la respuesta del Gobierno se irá adaptando a la evolución del conflicto, como señaló el presidente el viernes pasado, para seguir haciendo frente al impacto en hogares y empresas conforme se vaya desarrollando.
No obstante, permítanme recalcar también —y esto es particularmente importante en las circunstancias actuales— que, ante esta realidad, España parte de una situación estructuralmente más fuerte de la que teníamos hace apenas unos años. Y esto no es casualidad, es fruto, por supuesto, de un esfuerzo consciente de transformación económica y energética que constituye hoy nuestro mejor escudo. Gracias a las medidas que hemos ido adoptando en los últimos años, podemos decir que nos enfrentamos a esta crisis con los deberes hechos. Muestra de ello, en primer lugar, es la fortaleza que atestiguan nuestros datos económicos, por ejemplo, en materia de crecimiento, con un crecimiento diferencial y con un liderazgo a nivel internacional. Esta misma mañana, el Instituto Nacional de Estadística confirmaba los datos para el año 2025 con un crecimiento del 2,8 %, aproximadamente el doble de la Unión Europea y de la zona euro. (Aplausos). Las perspectivas para los próximos años también son positivas. Además de las previsiones oficiales, por ejemplo, de la Comisión Europea o del FMI, que anticipaban un crecimiento para este año 2026 muy superior al de nuestros socios, el Banco de España elevó nuestro crecimiento potencial para los próximos años por encima del 2 %.
Por su parte, el mercado de trabajo también mantiene su dinamismo, con una afiliación a la Seguridad Social que alcanza cifras récord. De hecho, sabemos que a mediados de marzo se alcanzaron los 21,97 millones de afiliaciones en términos desestacionalizados. Supone una aceleración, además, con respecto al comportamiento en febrero, terminando con fuerza este primer trimestre del año. A todo ello, además, se le suman datos de inflación en el entorno del 2 % ―el objetivo del Banco Central Europeo―, con una inflación moderada con un 2,3 % en febrero. Este dato es especialmente relevante, porque atestigua una situación diferencial con respecto a febrero del 2022 ―justo antes de la invasión de Ucrania―, en que teníamos un crecimiento de los precios del 7,6 %. Esta moderación de los precios, junto con el buen comportamiento de nuestro mercado de trabajo, se traduce ―además, de manera relevante― en una mejora del poder adquisitivo de nuestros trabajadores y de nuestros hogares. Una mejora que, asimismo, es más intensa que en todos los grandes países de la Unión e incluso que en la media del G7, de las siete principales economías mundiales. Esta mejora se acentúa particularmente en los deciles más bajos de renta, traduciéndose en una reducción de la pobreza y de la desigualdad. A ello se suma la mejora en materia de competitividad y, como he dicho antes, la responsabilidad fiscal que hemos demostrado en los últimos años, que ha permitido generar el espacio fiscal adicional que empleamos en su momento ―a partir del año 2020― para paliar el impacto de la pandemia. Como digo, es una fortaleza económica diferencial.
A ella se le une también otro vector de resiliencia y es nuestra apuesta decidida por las renovables y la electrificación de nuestra economía, un seguro de vida con el que contamos hoy en día. (Aplausos). El incremento de la presencia de renovables en nuestro mix energético ―se acerca hoy al 60 %― se ha traducido en una fuente de competitividad para nuestras empresas. Desde la guerra de Ucrania, de hecho, el precio de la electricidad para nuestras pequeñas y medianas empresas ha estado un 20 % por debajo del de las empresas de nuestros principales socios en Europa. Este incremento de la presencia de renovables, además, es una fuente de atracción de inversiones y generación de actividad económica en nuestro país. Entre los años 2018 y 2025, España ha sido el sexto destino mundial en materia de inversión extranjera directa en nuevos proyectos, lo que se conocen como greenfield projects, y el segundo a nivel mundial entre el 2018 y el 2025 si nos fijamos solo en los proyectos en materia de energía renovable. Como hemos dicho, es una fuente de competitividad, una fuente de atracción de inversión y, por lo tanto, de generación de actividad. Pero la apuesta por las renovables también es una fuente de soberanía y, por lo tanto, un escudo frente a los shocks en materia energética, como el shock en los precios del petróleo y del gas que se está produciendo hoy día.
España es el país de la Unión Europea que más ha reducido su dependencia de importaciones de combustibles fósiles desde el año 2019 gracias, por supuesto, a nuestra apuesta por la eólica y la solar. La potencia instalada ―lo dijo el presidente del Gobierno ayer― ha crecido desde el 2019 en un 150 %, gran crecimiento de nuestra potencia en renovables. Este 150 % se contrapone de manera muy clara al modelo previo, puesto que en el periodo inmediatamente anterior apenas creció un 3 %. En el año 2019, el gas era la tecnología que determinaba el precio de la luz en el 75 % de las horas, en tres de cada cuatro. En el año 2025, gracias al avance en energías renovables, este 75 % pasó a ser un 19 %. En lo que llevamos de 2026, el gas solo ha fijado el precio de la luz en un 16 % de las horas. Así, podemos ver los efectos ya mismo en cuanto a la observación del impacto en la electricidad del incremento de los precios del gas y cómo estamos consiguiendo que estos no se trasladen de la misma manera que lo hacían en épocas anteriores. Desde el inicio de la guerra de Irán, en esta última semana por ejemplo, podemos ver cómo el precio del pool se ha situado de media en los 34 euros por megavatio hora, incluso está por debajo de los 46 euros de los primeros meses del año antes del estallido de la guerra y muy por debajo, desde luego, de los más de 200 que se observaban en el momento equivalente tras el inicio de la guerra de Ucrania; 34 frente a 200.
En definitiva, señorías, los datos avalan la política energética y económica que ha seguido este Gobierno, atestiguan el éxito de nuestras recetas y validan la apuesta estratégica que se inicia en el año 2018. Una apuesta que se acelera a partir de 2022 gracias ―entre otras cosas― al plan de recuperación y que nos permite decir hoy que la economía española se enfrenta a esta crisis en Oriente Medio con unas bases más sólidas. Señorías, es una experiencia adquirida y una situación reforzada que han nutrido el diseño de este plan de respuesta que vamos a debatir hoy y que bebe también ―me gustaría recordarlo― de un amplio proceso de diálogo, y quiero aprovechar para agradecerlo a todos los actores. Creo sinceramente que el intercambio que hemos tenido con agentes sociales, grupos parlamentarios, expertos y analistas ha contribuido a que este texto refleje las necesidades reales que ha generado el conflicto. Hemos contado con sus aportaciones y también, por supuesto, con las de los sectores más expuestos a este shock, con quienes nos hemos reunido varios integrantes del propio Gobierno: desde el sector del transporte y logística, el agroalimentario, el energético, representantes de la industria, sectores electrointensivos ―como la siderurgia, el acero automovilístico, el sector de la cerámica― hasta incluso el sector turístico.
De este proceso de diálogo me gustaría resaltar un primer mensaje claro, que es la necesidad de proteger a los sectores especialmente expuestos y vulnerables, que además tienen un papel esencial y determinante en nuestras cadenas de suministro y pueden acabar actuando como canal de transmisión, de propagación de los impactos de este shock a medio plazo. Son sectores donde tenemos que actuar también de manera preventiva. Déjenme darles algunos ejemplos ilustrativos. El 60 % del gas natural que se consume en España lo consume la industria. Entre el 40 y el 50 % de la urea comercializada internacionalmente y casi una cuarta parte de todos los fertilizantes nitrogenados, como he dicho antes, pasan por el estrecho de Ormuz. Esto es clave para el sector agrario, que está afectado también en particular por los precios de los carburantes. Los inputs energéticos determinan el 35 % de la estructura de costes del sector de transportes. El segundo mensaje que nos llega de los sectores afectados es la necesidad de mantener la visión transformadora, la visión de largo plazo, que viene además, en este caso, de las reuniones que estamos teniendo los ministros de la Unión Europea, incluso, de la reunión de líderes, y de las conclusiones del Consejo Europeo de hace apenas una semana. Estas conclusiones identifican la transición energética como la vía más eficaz para lograr la autonomía estratégica, con una energía más limpia, más abundante, más barata, y además generada dentro de la Unión, para alimentar nuestro crecimiento económico. Me parece importante subrayar esta conclusión del Consejo, que nuevamente avala la estrategia que ya venimos desarrollando en nuestro país.
Señorías, entro ya en el contenido del real decreto ley. Sobre la base de este punto de partida que acabo de describir y de las aportaciones recibidas, hemos actuado en dos frentes: proteger y preparar. Nada sorprendente, como decía al principio, porque esta es la tónica de la actuación del Gobierno en los últimos años: un escudo social para proteger y acompañar a los afectados de la mano de la transformación, de la modernización de nuestra economía. Empecemos por el primer apartado, el coyuntural. ¿En qué se está materializando esta protección? Tal y como anunció el presidente del Gobierno, ponemos en marcha un paquete de 5000 millones de euros de apoyo directo para ofrecer una respuesta inmediata. Me gustaría señalar que a estos hay que sumar además la movilización de 2000 millones de avales para el sector del transporte, tal y como recoge la memoria de impacto normativo, que comentaré en un momento. Me gustaría detallar el contenido del real decreto ley no refiriéndome a las medidas una a una, sino al impacto que estas van a tener en los hogares y en los sectores en España.
Querría empezar por los hogares. Veinte millones de hogares verán reducida su factura mensual en un 15 % de media, o un 25 % si se trata de hogares vulnerables, gracias al refuerzo del bono social eléctrico. Esto se hará a través de la combinación esencial de tres medidas fiscales: supresión del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, impuesto especial a la electricidad al 0,5 % y el IVA al 10 %. Además, la rebaja del IVA al 10 % en los carburantes, combinada con la reducción del impuesto de hidrocarburos al mínimo que nos permite la normativa europea, se traducirá en una rebaja que puede llegar hasta los 30 céntimos por litro dependiendo del carburante, lo que supone un ahorro de unos 20 euros por depósito para un coche medio. (Aplausos).
Para garantizar que esta rebaja impositiva en los carburantes se traslada íntegramente al consumidor y no a mayores márgenes, hemos reforzado la transparencia, la monitorización y el control del mercado de carburantes, reforzando los poderes de supervisión y sanción de la CNMC, también para garantizar la competencia efectiva en este ámbito. Estamos realizando en paralelo, como saben, una monitorización diaria del impacto tanto de la situación en los mercados de crudo como de los efectos de las ayudas. Este control y vigilancia exhaustivos que se están llevando a cabo gasolinera a gasolinera, día a día, está permitiéndonos monitorizar el precio en tiempo real de cada una de las estaciones de servicio en nuestro país. Esto es lo que me permite señalar que, a día de hoy, las estaciones de servicio han trasladado ya en torno al 90 % de las rebajas fiscales a los precios de los combustibles. Por lo tanto, se está consiguiendo este objetivo perseguido. Estas rebajas se están produciendo, además, de manera acompasada en todas las provincias y en todos los tipos de gasolinera, desde los grandes grupos a las independientes o más pequeñas, así como en todos los tipos de carburante. Por lo tanto, por el momento, podemos decir que no se observan comportamientos anómalos ni hemos detectado nada que indique que las empresas no trasladan estas rebajas fiscales al precio final. No obstante, ante la legítima preocupación que estas situaciones de fuertes variaciones en los precios pueden causar en los ciudadanos, este real decreto ley establece que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia elaborará un informe acerca del funcionamiento efectivo de este mercado en estas semanas. Lo hará con especial atención al comportamiento de los márgenes a lo largo de toda la cadena de valor, y también con recomendaciones sobre los cambios regulatorios que considere necesarios en su caso. El buen funcionamiento de los mercados es esencial para el crecimiento económico y la estabilidad de precios y además tenemos, por supuesto, la obligación no solo de garantizar que sea así, sino de transmitir a los ciudadanos la tranquilidad de que existen los mecanismos adecuados para asegurarlo. Reforzar la credibilidad en el correcto funcionamiento de los mercados, especialmente en estas situaciones excepcionales, es también una obligación de los poderes públicos para evitar la erosión de la credibilidad en nuestras instituciones.
Paso ahora a hablar de la industria. Las medidas contenidas en este real decreto ley van a aliviar la carga de las empresas más intensivas en consumo energético. A modo de ejemplo, si pensamos en una fábrica de papel o en una fábrica de cartón de tamaño medio que pueda estar, por ejemplo, en el País Vasco o Cataluña, que consuma unos 50 gigavatios hora al año, el 80 % de reducción de peajes le supone un ahorro de entre 400 000 y 480 000 euros. La bajada del impuesto especial sobre la electricidad le supone un ahorro adicional de 50 000 euros. Además, hemos dotado con 300 millones adicionales la partida correspondiente a las ayudas de costes indirectos de CO2, con el objetivo de poder compensar adecuadamente a los sectores que están más expuestos a la fuga de carbono, como el siderúrgico, refino, aluminio, zinc, la química, el sector papelero o el sector cerámico, entre otros. (Aplausos).
En tercer lugar, el sector agro y la pesca. El sector agro, como he dicho anteriormente, merece una consideración especial, ya que se está viendo doblemente afectado por el precio de los fertilizantes y también de los combustibles. Hay estudios ―como, por ejemplo, el análisis del Servicio de Estudios de La Caixa― que estiman que un aumento transitorio en los costes para nuestros agricultores puede acabar repercutiéndose también, al menos en parte al cabo de unos ocho o doce meses, en un aumento en el precio de los alimentos. Por eso, las ayudas a los fertilizantes, 500 millones de euros, y al gasóleo agrario, unos 54 millones de euros, son tan relevantes particularmente ahora, en época de siembra. (Aplausos). Estimamos, señorías, que una explotación de unas 20 hectáreas de regadío, con un consumo de unos 1000 litros mensuales de gasóleo en sus tractores y vehículos, puede alcanzar un ahorro mensual de unos 200 euros en gasóleo y recibir una ayuda por fertilizantes de 1100 euros. Con un consumo eléctrico de unos 1500 kilovatios hora al mes, la reducción de IVA en el impuesto de la electricidad supone otro ahorro adicional de en torno a unos 50 euros. Acompañamos, además, todas estas medidas de la activación de las líneas ICO-MAPA-SAECA por un importe récord de apoyo de 225 millones de euros. En cuanto al sector pesquero, esperamos que los barcos puedan ahorrar hasta un 20 % de su consumo de combustible a través de ayudas que pueden llegar incluso a los 137 000 euros, dependiendo del caladero en el que faenen los mismos.
Sector del transporte. Cabe destacar, en primer lugar, las ayudas al gasóleo profesional, 400 millones de euros, que implican un descuento de 20 céntimos para distintos tipos de vehículos. Déjenme darles algunos ejemplos: un camión de una masa máxima autorizada de unas 40 toneladas, que recorre unos 120 000 kilómetros anuales, va a tener un ahorro mensual de en torno a unos 700 euros; un autocar con más de 55 plazas, que puede recorrer 75 000 kilómetros anuales, tendrá un ahorro mensual de en torno a unos 375 euros; un taxi que recorre 60 000 kilómetros anuales puede tener un ahorro mensual cercano a los 70 euros en el carburante. Además, y de manera novedosa en este caso, atendiendo a las necesidades que nos señalaron desde el sector en las reuniones que tuvimos, ICO va a otorgar reavales sobre los avales bancarios emitidos por las entidades financieras, autónomos y pymes del sector del transporte para la cobertura de tarjetas de crédito para combustible por un importe máximo de hasta 2000 millones de euros. Por supuesto, los servicios de transporte marítimo y armadores también contarán con un esquema de ayudas de 30 y 25 millones respectivamente.
Déjenme pasar ahora a la segunda parte de este real decreto, la de la prevención o transformación. El segundo ámbito, como digo, busca profundizar en la soberanía energética. Esta vía nos hace resilientes ante crisis como la que estamos viviendo hoy día, y nos va a permitir serlo aún más frente a las que vendrán. Por ello, este real decreto ley incluye medidas estructurales en tres elementos clave. En primer lugar, cuenta con medidas que buscan continuar impulsando e incentivando la eficiencia energética, la transición a las renovables y la electrificación de nuestra economía, de tal forma que esta sea cada vez más atractiva para hogares, empresas y municipios. Se incluyen una serie de incentivos fiscales de unos 600 millones adicionales, cuantificados en la memoria del real decreto ley a través de deducciones, medidas para impulsar el autoconsumo, comunidades energéticas y también el refuerzo de la capacidad de los territorios rurales y pequeños municipios. Se incluye también un impulso a la movilidad eléctrica, a través de deducciones por adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila de combustible, y deducciones a la instalación de los puntos de recarga. Hay algunos beneficios fiscales adicionales, como la libertad de amortización en el impuesto sobre sociedades, con el objetivo de fomentar la sustitución de hornos y calderas fósiles.
En segundo lugar, en este ámbito estructural, se establecen medidas para el diseño del despliegue de las renovables buscando una planificación más inteligente y una tramitación más ágil. Incluye, por ejemplo, la definición de las zonas de aceleración renovables, áreas preferentes para el despliegue renovable, como elemento de previsibilidad. También se crean los proyectos energéticos preferentes, que contarán con una tramitación más ágil y sencilla, y los proyectos de excelencia social y territorial para priorizar aquellos proyectos que acrediten un elevado nivel de implicación social y excelencia ambiental en su diseño.
El tercer ámbito es el de las medidas estructurales, que están destinadas a facilitar el acceso y el uso eficiente de la red eléctrica para reconciliar la congestión identificada en determinados puntos de red con la elevada demanda de proyectos, dado el atractivo inversor de nuestro país. (Aplausos). En concreto, se ha previsto un acceso preferente para proyectos prioritarios, como puede ser el caso de la vivienda o servicios esenciales, así como una prestación económica a cargo de quienes reservan capacidad de red sin utilizarla, especulando. Así, se facilita el acceso a la red a los proyectos de mayor interés mientras se penaliza a aquellos que lo paralizan u obstruyen sin justificación. Precisamente, no quiero dejar de destacar que este real decreto ley incorpora medidas que reconocen que la transición energética no tiene unas condiciones homogéneas en todo el territorio, con especial atención a nuestras islas. Es el caso, por ejemplo, de la actualización de la tasa de retribución financiera para la producción de electricidad en los territorios no peninsulares. Además, se simplifica la autorización de instalaciones temporales de emergencia y se incorpora un mecanismo para asegurar que se liquidan adecuadamente los costes adicionales que supone la producción en los territorios no peninsulares. Todo ello para fomentar la seguridad del suministro, con particular atención a las islas Canarias.
Se añade, además, una partida para ayudas directas al transporte marítimo de 10 millones de euros, que permitirá atender de manera específica las necesidades de comunicación marítima interinsular de las islas Canarias. También es el caso de la autorización simplificada de instalaciones temporales de emergencia, necesarias para asegurar el suministro energético de las islas en el corto plazo.
Y termino ya, señorías, invitando a los grupos, como no puede ser de otra manera, a votar a favor de este real decreto ley y convalidar sus medidas y, con ello, convalidar el apoyo de este Congreso a nuestros hogares y empresas. En definitiva, señorías, tienen la oportunidad de convalidar un paquete de medidas que busca proporcionar alivio ante un contexto complejo y dar mayor certidumbre a nuestros ciudadanos; un plan para aliviar la factura de la luz a millones de hogares, reducir el coste de llenar el depósito de combustible, garantizar la viabilidad y el futuro de miles de autónomos, pequeñas empresas y explotaciones agrarias. Es un plan que busca consolidar, además, una apuesta estructural por la transición energética, que ―como les decía― se ha convertido en nuestro mejor seguro de vida.
Para su definición hemos contado ―como les he señalado―, en primer lugar, con la experiencia adquirida en gestión de crisis, apostando por instrumentos contrastados y que nos han permitido sortear crisis pasadas y salir reforzados de ellas. En segundo lugar, hemos contado también con las propuestas y aportaciones de agentes sociales, sectores afectados y también de los grupos parlamentarios. Mi agradecimiento por la buena disposición y la generosidad en el diálogo.
Por supuesto, vamos a seguir trabajando para monitorizar de cerca la evolución de los acontecimientos y su impacto, así como de las medidas que estamos poniendo en marcha, para poder reaccionar si es que ello fuera necesario, siempre, por supuesto, bajo la misma premisa que viene caracterizando todas nuestras actuaciones y que también está presente en este real decreto ley: proteger a nuestros ciudadanos y transformar y modernizar nuestra economía.
Si me permiten, señorías, hoy lo que toca es estar a la altura de las circunstancias y dar luz verde a este plan integral, apoyando con ello a nuestras empresas y hogares. Cuento con ustedes, señorías.
Muchas gracias. (Aplausos).