Proposición de Ley Orgánica en materia de multirreincidencia, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882.

Gracias, presidenta. Hoy volvemos a este debate con una posición de nuestro grupo que ha sido clara, coherente, contundente y, si me permiten decirlo, profundamente honesta durante todo este tiempo. No hemos participado en la elaboración de la ley ni en sus trámites y, evidentemente, ahora tampoco vamos a votar a favor de las enmiendas del Senado. Nos vamos a oponer cada vez que tengamos la oportunidad. Lo hicimos durante toda su tramitación, como digo, lo reiteramos hoy ante las enmiendas del Senado y lo seguiremos haciendo mientras este texto represente lo que representa: un giro reaccionario en la política criminal. Porque aquí hay algo que conviene decir sin ningún rodeo y es el hecho de que Junts per Catalunya haya insistido tantísimo en esta ley, presentándola como una pieza clave en su disputa de poder con Aliança Catalana. Eso nos da muchas pistas sobre la intencionalidad que hay detrás de esta ley. Cuando el marco de la discusión lo marca la extrema derecha, cuando el terreno de juego es el del miedo, el de la xenofobia y el del señalamiento, el resultado solo puede ser una cosa: más regresión en derechos y más degradación democrática.

Señorías, esta ley no nace para resolver problemas reales de seguridad, para nada, nace para alimentar relatos racistas, xenófobos, para competir con la extrema derecha en su propio terreno y para ver quién promete más mano dura contra los de abajo, y en esa competición siempre pagan los mismos y las mismas. Lo que aquí se está construyendo es un derecho penal selectivo, es un derecho penal que persigue con dureza al pequeño delito, al robagallinas, al que no tiene nada y al que está en los márgenes, pero que, por supuesto ―y eso lo sabemos perfectamente―, mira hacia otro lado cuando se trata de los verdaderos multirreincidentes de guante blanco y corbata. ¿Dónde está la urgencia legislativa para combatir la corrupción sistemática?, les pregunto yo, señorías de esta Cámara. ¿Dónde está el endurecimiento penal para quienes han saqueado lo público durante décadas? ¿Dónde está, señorías? Están hoy un poco dispersos y nadie me va a contestar a esto.

Hablemos claro, señorías. Ahí está la trama Gürtel, que es una red corrupta vinculada al Partido Popular que ha funcionado durante años saqueando nuestro dinero público. Ahí está la multirreincidencia de Ayuso, beneficiando siempre a sus familiares. Ahí están los papeles de Luis Bárcenas sobre una contabilidad paralela. Ahí están también los escándalos que afectan a los dirigentes de VOX, con una financiación opaca, sobresueldos, sanciones reiterativas y reincidentes del Tribunal de Cuentas y vínculos con intereses extranjeros. De verdad, ¿ustedes no van a hacer nada en esta Cámara contra los verdaderos multirreincidentes? Porque hemos soportado cómo nos han robado millones de euros de nuestro erario público, cómo han deteriorado nuestras instituciones y, por supuesto, cómo han precarizado la vida de la gente, porque ustedes apuestan por la austeridad, pero solamente para la clase trabajadora. Sin embargo, para vosotros y vosotras, para vuestros partidos políticos, ahí calladitos. Eso sí, cuando hay que votar la subida del SMI, por supuesto que no votan a favor aunque ustedes estén cobrando sobresueldos. Eso es lo que ponen ustedes por delante. Ustedes aluden siempre a que en la calle la gente reclama ―y eso lo hacen para amparar su racismo, por supuesto― que se condene la multirreincidencia. Pero ¿saben lo que la gente también pide en la calle? ¿Lo saben? Si no lo saben es porque hacen oídos sordos, pero piden que no salga ni un político de prisión hasta que no devuelva a las arcas públicas todo el dinero robado, hasta el último céntimo. Eso lo está pidiendo la gente en la calle. Se lo he escuchado a centenares de personas, pero a ustedes no les interesa; contra eso, contra la corrupción, no son en absoluto contundentes. Desde luego, aquí se va a prisión, pero no se devuelve ni un duro a las arcas públicas. Contra eso no se construyen relatos de alarma social, aunque nos arruinen y se queden con nuestro dinero; contra eso no se legisla con tanta urgencia. Esa doble vara de medir es profundamente indecente, porque mientras ustedes endurecen las penas para delitos menores, mientras agravan situaciones de exclusión, mientras señalan a personas migrantes, están dejando absolutamente intactos los mecanismos que permiten a los grandes corruptos seguir operando con bastante impunidad. Eso no es justicia, eso se llama clasismo punitivo, señores de Junts, señores del Grupo Popular y señorías de VOX.

Señorías, la seguridad no se construye criminalizando la pobreza, ni tampoco alimentando el racismo. La seguridad se construye garantizando derechos, se construye con políticas públicas que aseguren la vivienda, el empleo y la educación pública y se construye atacando las desigualdades, no profundizándolas como están haciendo ustedes con estas enmiendas y con esta ley. Lo que hacen con la ley y con estas enmiendas del Senado que nos traen hoy es, una vez más, justo lo contrario: consolidar un modelo que castiga la vulnerabilidad y que protege los privilegios, como siempre. Por eso, lo decimos con toda claridad: no vamos a ser cómplices de esta deriva, señorías de Junts. Nosotros no vamos a participar en esta competición por ver quién se parece más a la extrema derecha. Nosotras no. No vamos a legitimar un discurso que convierte a los más débiles en los chivos expiatorios de siempre. Hoy vamos a votar en contra de las enmiendas del Senado y lo vamos a hacer defendiendo una idea muy simple, pero profundamente democrática: que la ley debe ser igual para todos y todas. También para los poderosos. También para las poderosas. Una sociedad más segura no es la que más castiga, sino la que más cuida.

Muchas gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, presidenta. Eguerdi on guztioi. Señorías, debatimos las enmiendas introducidas en el Senado al texto remitido por esta Cámara sobre la proposición de ley orgánica en materia de multirreincidencia por la que se modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que ya adelantamos desde este momento inicial que nuestro grupo no apoyará, como tampoco lo hizo en el Senado y, como allí se dijo, por una razón muy sencilla, porque no se ha buscado nuestro apoyo ni en el Senado ni ahora en esta Cámara, rompiendo además el amplio consenso habido en esta Cámara respecto al texto remitido al Senado. Un consenso que tampoco, obviamente, pretendemos cincelado en piedra si se hubiera requerido nuestro apoyo para realizar modificaciones y, a nuestro juicio, hubieran sido atendibles. Sin embargo, señorías, no ha sido así. No se ha trabajado un nuevo consenso y, por tanto, no podemos apoyar las enmiendas remitidas por el Senado, sin perjuicio de que mantengamos nuestro apoyo activo, como también lo hemos hecho en el pasado, para reformar la legislación penal sustantiva y procesal respecto a autores reiterados de hurtos y estafas, donde estas últimas tienen un crecimiento exponencial a través de las redes y sistemas de información, a través del cibercrimen, afectando singularmente, como ya hemos dicho en esta Cámara, a ámbitos merecedores de la máxima protección, como las personas mayores y otras vulnerables, e incluso modificaciones para establecer, como así se hizo en esta Cámara, nuevos tipos agravados para el hurto de la telefonía móvil o de productos, herramientas y materiales de explotaciones agrarias y ganaderas. Señorías, como ya hemos manifestado ante este Pleno, para el Partido Nacionalista Vasco la seguridad es un aspecto fundamental para preservar el bienestar y el progreso de cualquier sociedad, la estabilidad y la confianza en las instituciones. Los comportamientos delictivos reiterados por algunas personas, cuando no tienen una respuesta efectiva e institucional, erosionan la percepción de seguridad en la ciudadanía; a su vez, generan desánimo en las fuerzas y cuerpos de seguridad cuando ven que su trabajo deteniendo a los infractores no tiene consecuencias reales, y producen, además, graves daños en la actividad económica y comercial y honda preocupación en los regidores locales de aquellos municipios singularmente más afectados por esta tipología delictiva que tensiona la convivencia y la seguridad vecinal, sin que la respuesta a esta situación pueda transgredir en ningún caso un adecuado escalonamiento de las penas, respetuoso tanto con el principio de proporcionalidad como con la distinta gravedad de los delitos que concurran en el historial del infractor, tal y como viene reclamando el Supremo. En fin, señorías ―y voy finalizando, presidenta―, nuestro grupo parlamentario del Partido Nacionalista Vasco mantiene el apoyo activo a dar adecuada respuesta penal a aquellas conductas delictivas reiteradas contra el patrimonio para las que hasta ahora la pena de multa resulta ineficaz y propicia una impunidad efectiva para buena parte de las personas multirreincidentes de hurtos y estafas sin olvidar, por supuesto ―y como ya viene señalando nuestro grupo ante esta Cámara y en distintos plenos―, que esta problemática necesita otras medidas sociales que acompañen a las medidas punitivas. Las unas y las otras constituyen en algunos casos ―repito, en algunos casos, que no en todos ni mucho menos― las dos caras de la misma respuesta. Nada más y muchas gracias.

Moltes gràcies, senyora presidenta. Molt bon dia a tothom. 510 000 delictes cada any a Catalunya. Segons els Mossos, quatre de cada deu són furts; 15 270 detinguts, més de 1000 ho han estat entre quatre i sis vegades i més de 600, més de set vegades. La multireincidència s’ha multiplicat. No és un fet puntual, és conseqüència d’un sistema que no funciona. I, davant d’aquesta realitat, alguns de vostès es troben molt més còmodes qüestionant els qui actuem que no pas afrontant el que passa cada dia als nostres carrers. Aquesta llei és necessària, perquè la realitat no desapareix per molt que alguns de vostès decideixin ignorar-la. Aquesta no és una llei improvisada. S’ha treballat amb magistrats, fiscals, advocats i policies, amb el món local, col·legis professionals i associacions. A més, tots vostès saben que ha estat avalada per la Comissió contra la Multireincidència del Consell de l’Advocacia de Catalunya i això no és menor. És la millor garantia que es tracta d’una norma rigorosa, ponderosa i respectuosa amb els drets fonamentals. Però malgrat això, alguns prefereixen desacreditar-la, no rebatent el seu articulat ni millorant-la, directament desacreditant-la, que si feia tuf racista, «tufillo racista» en castellà com parla sempre, deia el senyor Rufián. Avui no hi és, no m’hi puc dirigir. Però una llei que consideren racista i no la votaran en contra? Una llei que consideren racista i no la votaran en contra? Nosaltres no ho faríem. Que si era d’extrema dreta, veritat? Tampoc hi és, el senyor Iñarritu, ens ho va dir a l’última intervenció. Senyora Velarde, diuen que el que cal és una llei «para los de guante blanco, para los poderosos». Doncs la facin, treballin, treballin i la registrin.

I la veritat és que tot plegat és irònic al final, perquè aquesta llei no diu res, absolutament res, sobre l’origen de ningú. No hi ha ni una sola línia que faci distincions per procedència i per identitat, ni una. I tot i així, alguns han decidit veure-hi això, sorprenent, absolutament sorprenent. Perquè quan algú veu racisme en un text que no en conté ni una sola lletra, potser el problema no és del text. Potser el problema és la seva mirada plena de prejudicis. Nosaltres no parlem d’orígens ni hem entrat en aquest debat. Parlem de conductes, de conductes delictives i reiterades, sigui qui sigui que les ha comès. Però alguns necessiten portar-ho aquí perquè és més fàcil fer acusacions buides, repetides mecànicament, com solen fer amb els seus mantres que argumentar. Assumir amb responsabilitat la complexitat ha desaparegut dels seus paràmetres. Prefereixen les reduccions simplistes, narracions emotives que desplacen qualsevol criteri racional.

Mentrestant, la realitat continua. Es pot delinquir una vegada i una altra, un dia, un mòbil, l’altre un patinet i l’altre la collita d’un pagès i no passa res. I tots ho sabem. Els jutges no tenen les eines que necessiten, per tant, no hi ha conseqüències. No hi ha límits, només hi ha impunitat, i això té efectes molt reals. I sí, la gent ho sap, la gent ho sap. Potser alguns de vostès volen fer veure que no passa res, però la gent ho veu: gent gran amb por quan va al caixer a treure diners o que els estafen amb trucades fent-se passar pel seu banc; comerciants que pateixen furts constants; pagesos que perden collites senceres, eines i instal·lacions; joves que surten de festa amb el mòbil i tornen sense i, sobretot, una sensació creixent que el sistema no respon. Alguns de vostès haurien de tocar més carrer i sortir del debat teòric. Els recomano que parlin amb els seus alcaldes, alguns eren aquí. Preguntin als que han de donar la cara cada dia davant dels seus veïns, perquè són ells, els nostres alcaldes, els que reben les queixes i escolten les pors, els temors i no els poden donar cap resposta. Preguntin-los si això és un debat ideològic o artificial o si necessiten eines reals per poder afrontar un problema ben real. Perquè quan s’és a peu de carrer, quan s’ha de respondre a la gent, les tonteries i els debats estèrils s’acaben ràpid.

Aquesta llei arriba per canviar això amb rigor, sense eslògans, amb tècnica jurídica i sentit comú. Es dota d’eines als jutges perquè puguin condemnar per furts i estafes multireincidents, per furts de mòbils i ordinadors, per connexions elèctriques fraudulentes. Es protegeix el món agrari dels furts que arrasen amb les seves collites. Es permetrà allunyar la multireincidència d’algunes zones o municipis concrets. Es donarà capacitat d’actuació als ajuntaments per impulsar aquests processos i es reforma el sistema judicial amb més jutges. Eines concretes per ajudar jutges, fiscals i policies, perquè puguin actuar, per evitar la reiteració, per posar límits als que han convertit el delicte en una forma de vida i malgrat això, alguns insisteixen a portar-ho al terreny ideològic i s’equivoquen.

La seguretat no és de dretes ni d’esquerres. Dir que defensar la seguretat és d’extrema dreta és una simplificació tan incoherent com irresponsable. Deixin d’abonar d’una vegada l’extrema dreta amb els seus arguments simplistes i abdicant de donar respostes que la gent reclama. La seguretat no és una ideologia, és un dret fonamental. És un dels drets reconeguts per la Declaració Universal dels Drets Humans en l’article tercer, que parla de tres drets essencials al mateix nivell: el dret a la vida, el dret a la llibertat i el dret a la seguretat. La Declaració Universal dels Drets Humans és de dretes? No, és la base sobre la qual es construeix qualsevol societat lliure i democràtica. Sense seguretat, les restes dels drets són paper mullat. La llibertat es converteix en pura teoria i la igualtat, en un privilegi reservat a qui es pot protegir a si mateix, abandonant a qui no.

I, escoltin, quan alguns ens assenyalen perquè treballem per millorar la seguretat, intentant que això ens defineixi ideològicament, s’equivoquen. El que fan és definir-nos com a diputats responsables i, de passada, fent-nos un favor, perquè probablement no ho pretenien fer, això. Perquè al final, més enllà de discursos i etiquetes, tot és molt més evident del que alguns voldrien. La gent no en vol saber res, de debats artificials ni d’excuses. Demana poder viure en tranquil·litat. I davant d’això, només hi ha dues opcions: continuar mirant cap a una altra banda o fer el que cal. I Junts per Catalunya, amb la nostra llei contra la multireincidència fem el que cal.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días a todo el mundo. Hay 510 000 delitos cada año en Cataluña. Según los Mossos cuatro de cada diez son hurtos. 15 270 detenidos, más de mil lo han sido entre cuatro y seis veces y más de seiscientos, más de siete vegadas. La multirreincidencia se ha multiplicado. No es casual, es consecuencia de un sistema que no funciona. Ante esta realidad, algunos de ustedes se encuentran mucho más cómodos cuestionando a los que actuamos que no afrontando lo que ocurre cada día en nuestras calles.

Esta ley es necesaria porque la realidad no desaparece por mucho que muchos de ustedes decidan ignorarla. Esta no es una ley improvisada, se ha trabajado con magistrados, fiscales, abogados y policías, con el mundo local, colegios profesionales y asociaciones. Además, todos ustedes saben que ha sido avalada por la comisión contra la multirreincidencia del Consejo de la Abogacía de Cataluña. Eso no es un dato menor, es la mejor garantía de que se trata de una norma rigurosa, ponderada y respetuosa con los derechos fundamentales. Pese a eso, algunos prefieren desacreditarla no rebatiendo su articulado ni mejorándola, directamente desacreditándola. Que si tiene un tufo racista, un tufillo racista en castellano, como dice siempre el señor Rufián. Hoy no está, no me puedo dirigir a él. Pero una ley que consideran racista, ¿no la votarán en contra? ¿Una ley que consideran racista y no votarán en contra de ella? Nosotros no lo haríamos. Que si era de extrema derecha, se decía, ¿verdad? Tampoco está el señor Iñarritu. Nos lo dijo en la última intervención. Señora Velarde, dicen que lo que hace falta es una ley para los de guante blanco, los poderosos. Pues háganla, trabajen. Trabajen y regístrenla.

La verdad es que todo al final es irónico, porque esta ley no dice nada, absolutamente nada, del origen de nadie. No hay ni una sola línea que haga distinciones por procedencia o identidad. Ni una. Aun así, algunos han decidido ver eso en ella. Es sorprendente, absolutamente sorprendente. Cuando alguien ve racismo en un texto que no contiene ni una sola letra de ello, quizás el problema no es del texto, sino de su mirada llena de prejuicios. Nosotros no hablamos de orígenes, ni hemos entrado en ese debate. Hablamos de conductas, conductas delictivas y reiteradas sea quien sea quien las ha cometido. Pero algunos necesitan traer eso aquí porque es más fácil acusar en vacío repetidamente con sus mantras en lugar de argumentar, asumir con responsabilidad. La complejidad ha desaparecido de sus parámetros. Prefieren reducciones simplistas, narraciones emotivas que desplazan cualquier criterio racional.

Mientras tanto, la realidad sigue. Se puede delinquir una vez y otra: un día un móvil, el otro un patinete y otro algo de un pagés y no pasa nada. Los jueces no tienen las herramientas que necesitan; por tanto, no hay consecuencias, no hay límites, solo hay impunidad. Eso tiene efectos muy reales. Y sí, la gente lo sabe, la gente lo sabe. Quizás algunos de ustedes quieren hacer ver que no pasa nada, pero la gente lo ve: gente mayor con miedo a salir a la calle, a sacar dinero, los estafan con llamadas que se hacen pasar por el banco, payeses que pierden sus posesiones, gente que sale con el móvil y vuelve a casa sin él, un sistema que no responde. Algunos de ustedes deberían tocar más la calle y salir del debate teórico. Les recomiendo que hablen con sus alcaldes, algunos estaban aquí. Son los que tienen que dar la cara ante sus vecinos porque son nuestros alcaldes los que reciben las quejas y escuchan los miedos, los temores y no pueden dar ninguna respuesta. Pregúntenles si eso es un debate ideológico o artificial o si necesitan herramientas reales para poder afrontar un problema que es muy real. Porque cuando se baja a la calle, cuando se tiene que responder a la gente, las tonterías y los debates estériles se acaban rápido.

Esta ley llega para cambiar eso con rigor, sin eslóganes, con técnica jurídica y sentido común. Se dota de herramientas a los jueces para que puedan condenar por hurtos y estafas multirreincidentes, por hurtos de móviles y ordenadores, conexiones eléctricas fraudulentas, se protege al mundo agrario por los hurtos de sus cosechas. También la multirreincidencia en casos en municipios muy concretos donde se da capacidad de actuación a los ayuntamientos para impulsar estos procesos y se reforma el sistema judicial con más jueces, más herramientas para ayudar a los jueces y policías para que puedan actuar, para evitar la reiteración, para poner límites a los que han convertido el delito en una forma de vida.

Pese a eso, algunos siguen llevándolo a un terreno ideológico. Ustedes se equivocan. La seguridad no es de derechas ni de izquierdas. Decir que defender la seguridad es de extrema derecha es una simplificación tan incoherente como irresponsable. Dejen de abonar de una vez a la extrema derecha con sus argumentos simplistas y abdicando de dar respuestas que la gente reclama. La seguridad no es una ideología, es un derecho fundamental. Es uno de los derechos reconocidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos en el tercer artículo, que habla de tres derechos esenciales al mismo nivel: el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la seguridad. ¿La Declaración Universal de Derechos Humanos es de derechas? No. Es la base sobre la que se construye cualquier sociedad libre democrática. Sin seguridad el resto de los derechos son papel mojado. La libertad se convierte en pura teoría y la igualdad en un privilegio reservado a quien se puede proteger a sí mismo abandonando a quien no puede.

Escuchen, cuando algunos nos señalan porque trabajamos para mejorar la seguridad, intentando que eso nos defina ideológicamente se equivocan. Lo que hacen es definirnos como diputados responsables y, de hecho, nos hacen un favor porque probablemente no pretendíamos hacer eso. Al final, más allá de discursos y etiquetas, todo es mucho más evidente de lo que algunos querrían. La gente no quiere saber nada de debates artificiales ni de excusas, pide poder vivir con tranquilidad y ante eso solo hay dos opciones: seguir mirando hacia otro lado o hacer lo que hace falta. Junts per Catalunya con nuestra ley contra la multirreincidencia hacemos lo que hay que hacer.

Muchas gracias.

Sí. Bon dia, diputats. Bon dia, diputades. No tenia cap intenció d’intervenir en aquest punt de l’ordre del dia, perquè les nostres posicions ja van quedar clares en el procediment d’admissió de la presa en consideració. I, per altra banda, perquè avui el que tocava era parlar de les esmenes del Senat, a les quals aprofito per dir que majoritàriament votarem en contra. I recordo, per cert, que el Senat té una majoria absoluta del PP. Per tant, tot el que d’allà passi diríem que com a mínim té el vistiplau de la dreta i moltes vegades el suport també de l’extrema dreta, malgrat que hi estan poc representats. Però em sembla que el to amb què ha sortit avui la diputada de Junts fa necessari que intervingui, perquè ens ha al·ludit en diverses vegades i, per tant, a casa meva teníem un principi que mantenim tota la vida, que és: cap agressió sense resposta, políticament i també parlamentàriament. Per tant, procedeixo a dir que probablement les polítiques de seguretat, efectivament, no són polítiques ni de dretes ni d’esquerres. És la manera com afrontes i defineixes la seguretat que és de dretes o és d’esquerres. Perquè al final resultarà, senyories, que no hi ha res que sigui de dretes i d’esquerres. A veure, l’únic element és que si ho fan ells estan bé, si ho fem els altres està malament i, per aquí, no hi penso passar. Respecte del criteri dels alcaldes, els recordo que la majoria dels alcaldes, en aquest cas la majoria del món municipalista, pertany a Esquerra Republicana de Catalunya i formen part del meu partit. El coneixement del territori em sembla que hem acreditat amb suficiència i m’agradaria respondre a un error que ha comès. Nosaltres no votarem en contra d’aquesta llei, nosaltres ens abstindrem i ens abstindrem, entre moltes altres coses, perquè encara que els catedràtics de dret penal que són d’esquerres, ens estan avisant de tots els problemes que aquesta llei que vostè diu que han fet amb tècnics de dret, no, senyora, no amb advocats en part i no amb la universitat, deia malgrat que nosaltres ens abstindrem, ho fem perquè precisament el relat interessat del que està passant als nostres carrers i del que està passant amb la justícia i del que està passant amb la delinqüència, ha fet —‌i això és lamentable i ens està passant amb tot allò que té a veure amb continguts que tenen a veure amb la protecció dels drets fonamentals o amb continguts que tenen a veure amb la vida de les persones— sí, sí, sí, és veritat: vostès han creat el relat, vostès han estès el relat i vostès han creat una sensació curiosa que totes les dades empíriques desmunten, però és que dato no mata relato, pero relato altera dato. Les dades detallades de victimologia darreres el que diuen és que ha baixat la delinqüència, però és igual, que les dades no els facin malbé un bon relat. Per tant, amb veu de tots els nostres alcaldes, amb veu de les nostres alcaldesses —a‌ lgunes de les quals, per cert, els hi fan mocions de censura així, d’aquella manera, amb gent que no s’ajuntarien ni per anar a sopar però vaja— deia, malgrat que hagin fet aquestes mocions de censura, a sobre els nostres alcaldes ens demanen que fem aquesta prova, que els escoltem, que estem al territori, que no els deixem sols i ho farem. Ho farem amb la convicció de que el que hem de desmuntar és el relat que vostès estan fent en el nostre territori, perquè és fals i perquè el fan perquè veuen que Aliança se’ls està menjant el seu territori. Però sap què passa? Que Aliança no es menjarà el nostre, perquè nosaltres mai, mai, hem confraternitzat amb l’extrema dreta i mai ho farem. I en qualsevol cas, jo no he dit mai que aquesta llei fos racista. Jo he dit que era errònia, que no servirà per res i que, a més a més, està mal enfocada. Això és el que jo he dit i el meu partit, quan surt aquí per parlar de justícia, facin cas del que diu el portaveu de Justícia, si us plau, i no em vagi assenyalant que això és que estan de P3, que fa fins i tot una mica feredat veure-ho. Segueixo. Per tant, ens abstindrem en aquesta llei. Votarem en contra de les esmenes, però ja que hi som, aprofito per dir que el pacte pel qual arribaran més jutges, que és l’autèntic drama de l’administració de justícia a Catalunya, el drama de no tenir prous jutges, el drama de no tenir prous lletrats de l’administració de justícia, el drama de no tenir una estructura de funcionaris cuidada perquè els recordo —‌i per cinquena vegada ho torno a dir— que no hem resolt el tema dels interins, que no hem resolt el tema dels advocats, dels jutges i fiscals substituts i que tot això està pendent. Per tant, davant d’una realitat que segons vostè, no ens permet sortir al carrer perquè ens atraquen, ens violen, ens fan de tot i, a més a més, tots són reincidents, davant d’aquest drama, el que nosaltres diem és que si l’administració de justícia funciona i té celeritat en la resolució d’aquests problemes, no hi haurà aquesta percepció d’impunitat. I, per tant, l’acord de posar-hi més jutges va en aquesta direcció. L’acord de tenir més funcionaris va en aquesta direcció. L’acord de resoldre els conflictes de la ciutadania, sense assenyalar vistes de dos, tres o cinc anys, va en aquesta direcció. I la solució és prou espoli fiscal, suficients dotacions a totes les institucions del nostre país i que la llei que ja es compleixi. Però el populisme punitiu no serveix de res. Estats Units, amb la pena de mort, segueixen tenint una quantitat de presos superior a tota la resta de països del món i no serveix de res i endureixin les penes, el que vulguin! Facin si volen…, és que ja no quedi, en els que suposadament són delinqüents abans d’una sentència. Però la multireincidència aplicada a gent que té tres sentències fermes, es dilatarà en el temps exactament igual que fins ara. I, per tant, porten un debat pervers, amb un relat fals a una cambra que està bàsicament manada per les dretes en quantitat, i això sempre ho guanyaran. Facin-s’ho, però sota la seva responsabilitat. No ens la imputin a nosaltres, perquè nosaltres ho faríem diferent. I, efectivament, amb una política d’esquerres pròpia sobre seguretat, és clar que sí, perquè és possible, és real i nosaltres el tenim, el model. El tenim. El que passa és que en aquest Estat no es pot aplicar i, entre moltes altres coses, per culpa seva.

Moltes gràcies.

Buenos días, diputados y diputadas. No tenía ninguna intención de intervenir en este punto del orden del día porque nuestras posiciones ya quedaron claras en el procedimiento de admisión de toma en consideración y, por otra parte, porque hoy lo que nos tocaba era hablar de las enmiendas en el Senado. Aprovecho para decir que votaremos en contra mayoritariamente. Recuerdo, por cierto, que el Senado tiene una mayoría absoluta del PP. Por tanto, todo lo que allí ocurre, como mínimo, tiene el visto bueno de la derecha y muchas veces también el apoyo de la extrema derecha, aunque haya pocos representantes. Pero parece que lo que ha dicho hoy la diputada de Junts hace necesario que yo intervenga, porque nos ha aludido en diferentes ocasiones y en mi casa teníamos un principio: no hay que dejar sin respuesta ninguna acusación políticamente y parlamentariamente. Por tanto, procedo a decir que, probablemente, las políticas de seguridad efectivamente no son políticas ni de derechas ni de izquierdas. Es la manera en que se afronta y se define la seguridad la que es de derechas o de izquierdas, porque, al final, resultará, señorías, que no hay nada que sea de derechas ni de izquierdas. El único elemento es que, si lo hacen ellos, está bien; si lo hacen otros o nosotros, no está bien. Y, por ahí, no pienso pasar. Y, en cuanto al criterio de los alcaldes, les recuerdo que la mayoría de los alcaldes, en este caso la mayoría del mundo municipalista, por tanto, Esquerra Republicana de Cataluña, forman parte de mi partido. El conocimiento del territorio me parece que lo hemos acreditado con suficiencia y me gustaría responder a un error que ha cometido. Nosotros no votaremos en contra de esta ley. Nosotros nos abstendremos, entre otras muchas cosas, porque, aunque los catedráticos de Derecho Penal, que son de izquierdas, nos están avisando de todos los problemas de esta ley que ustedes han hecho con técnicos de derechos, con abogados, y no con la universidad… Bueno, decía, pese a que nos abstendremos, lo haremos porque precisamente el relato interesado de lo que está ocurriendo en nuestras calles y de lo que está ocurriendo con la justicia y con la delincuencia ha hecho…, y eso es lamentable, y nos está ocurriendo con todo lo que tiene que ver con contenidos que tienen que ver con la protección de los derechos fundamentales o con contenidos que tienen que ver con la vida de las personas… Y sí, es verdad, ustedes han creado el relato, ustedes han extendido ese relato y ustedes han creado una sensación curiosa de que todos los datos empíricos desmontan, pero es que dato no mata relato, pero relato altera dato. Los datos de victimología lo que dicen es que ha bajado la delincuencia, pero, a ustedes, les es igual, que los datos no les estropeen un buen relato. Por tanto, con la voz de todos nuestros alcaldes y alcaldesas, y algunos les hacen mociones de censura de esa manera… Decía, aunque hayan hecho esas mociones de censura, nuestros alcaldes nos piden que hagamos esta prueba, que los escuchemos, que estemos en el territorio, que no los dejemos solos, y lo haremos. Lo haremos con la convicción de que lo que tenemos que desmontar es el relato que ustedes están haciendo en nuestro territorio, porque es falso. Y lo hacen porque ven que Alianza Catalana les está comiendo su territorio. Pero ¿sabe qué pasa? Que Alianza no se comerá nuestro territorio, porque nosotros nunca, nunca hemos confraternizado con la extrema derecha y nunca lo haremos. Y, en cualquier caso, yo no he dicho nunca que esta ley sea racista. He dicho que era errónea, que no servirá para nada y que, además, está mal enfocada. Eso es lo que yo he dicho. Y mi partido, cuando sale aquí a hablar de justicia, hace caso de lo que diga el portavoz de Justicia; y no me señale, es que, de verdad, es para revisárselo.

Por tanto, nos abstendremos con esta ley. Votaremos en contra de las enmiendas, pero, ya que estamos, aprovecho para decir que con el pacto llegarán más jueces, que es el auténtico drama de la Administración de Justicia en Cataluña, el drama de no tener suficientes jueces, el drama de no tener suficientes letrados de la Administración de Justicia, el drama de no tener una estructura de funcionarios cuidada. Porque, se lo recuerdo, por quinta vez lo digo, que no hemos resuelto el tema de los interinos, de los jueces y fiscales sustitutos. Y, por tanto, ante una realidad que, según ustedes, no nos permite salir a la calle porque nos atracan, nos violan, nos hacen de todo, si todo el mundo es reincidente, ante ese drama, lo que nosotros decimos es que, si la Administración de Justicia funciona y tiene celeridad en la resolución de estos problemas, no habrá esta percepción de impunidad. Y, por tanto, el acuerdo de poner más jueces va en esa dirección, el acuerdo de tener más funcionarios va en esa dirección, el acuerdo de resolver los conflictos de la ciudadanía, sin señalar dos o tres años, va en esta dirección. Y la solución es: basta de expolio fiscal, suficientes dotaciones a todas las instituciones de nuestro país y que la ley que ya se cumple, pero por populismo punitivo, no sirve para nada. En Estados Unidos, la pena de muerte sigue, no obstante, teniendo una cantidad de presos superiores al resto del mundo. Y no sirve de nada y endurece las penas. Hagan lo que quieran… Es que ya no sé qué decir con los que se supone que son delincuentes antes de una sentencia. Pero la multirreincidencia aplicada a gente que tiene tres sentencias firmes se dilatará en el tiempo, exactamente igual que hasta ahora. Y, por tanto, llevan adelante un debate perverso, un debate falso, a una Cámara que está básicamente bajo el mando de las derechas. Háganlo, si quieren, pero bajo su responsabilidad, pero no nos lo imputen a nosotros, porque nosotros actuaríamos de forma diferente. Y, efectivamente, con una política de izquierdas propia sobre seguridad. Claro que sí, porque es posible, es real y nosotros tenemos el modelo. Lo que pasa es que en este Estado no se puede aplicar, entre muchas otras cosas, por culpa de ustedes.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, señora presidenta. Tras impedir que se sancione a quienes conducen bajo efectos del alcohol, el pasado martes, el Partido Popular y VOX se oponían a medidas de prevención de la conducción a velocidad temeraria, a sancionar los delitos de riesgo y la temeridad. El PP y VOX, cada día más ultras, desprecian la prevención. Prefieren castigar, sin diferenciar entre reparación del daño y venganza. Aznar introdujo penas de hasta 40 años de cárcel y Rajoy la prisión permanente revisable, la cadena perpetua que, junto a la pena de muerte, había eliminado la Segunda República. Ahora, con acuerdo del PP, VOX, Junts y Grupo Socialista y la abstención de Esquerra Republicana, el Congreso acordó endurecer las penas por hurtar un teléfono móvil. Hasta seis años de cárcel, más que por corrupción. Y ya presentamos una ley anticorrupción que Junts, PP y VOX hundieron en esta Cámara. La semana pasada, Partido Popular, VOX, UPN y Coalición Canaria votaron a favor de incrementar los supuestos de cadena perpetua. Populismo punitivo, puro integrismo. Al año, una plaza de prisión nos cuesta 24 000 euros, mientras que una de Formación Profesional poco más de 6000. Sin embargo, en los centros públicos de comunidades autónomas gobernadas por la derecha no hay plazas de Formación Profesional para muchos jóvenes que las necesitan para salir de las calles, mientras que no hay limitación de plazas en las cárceles. Llega del Senado, aún más endurecida, la proposición de ley que incrementa las sanciones por hurto. Y, así, no se va a acabar con los hurtos. Lo que se va a hacer es multiplicar la población penitenciaria. No compartimos que fuerzas democráticas y de izquierdas permitan, con sus votos o sus abstenciones, que las políticas punitivas de la ultraderecha se abran paso. Contra el autoritarismo ultraderechista, pie en pared, en defensa de los valores democráticos, y ni un paso atrás. (Aplausos). Siempre defenderemos que el derecho sancionador sea restaurativo, orientado a la reintegración del infractor, especialmente cuando las infracciones devienen de situaciones de exclusión social. Permitir que este proyecto saliera del Congreso y llegara al Senado ha abierto la puerta a que la derecha y la ultraderecha, PP, VOX y Junts, lo utilicen fraudulentamente ahora para tratar de impedir que los extranjeros accedan a derechos básicos. A la ultraderecha les das la mano para incrementar penas y te cortan el brazo, aniquilando los derechos humanos conquistados.

Vincular reincidencia delictiva con los permisos de residencia de extranjeros es una repugnante falsedad para asentar el relato de que inmigración es igual a delincuencia. Díganselo a Mansur, el joven que llegó en patera a Málaga y salvó a una mujer de morir durante un temporal, o a Mohamed, en situación irregular, que salvó la vida, en Bilbao, a un anciano que cayó a la ría. (Aplausos). Los inmigrantes son más víctimas que responsables de delitos y, especialmente, son carne de victimización mientras están en situación de irregularidad: víctimas de delitos de explotación y abusos laborales y sexuales; víctimas de la vulneración de derechos básicos, como el acceso a la vivienda. La derecha quiere que no puedan denunciar por el miedo a ser detenidos o deportados. No olvidamos al exconcejal del Partido Popular de Pozo Alcón, Jaén, después dirigente de VOX, quien arrojó en la puerta de un centro de salud a un trabajador inmigrante, que murió mientras trabajaba sin papeles en su finca.

El clasismo y el racismo del PP, VOX y Junts solo contempla deberes; ningún derecho para quienes son más pobres o más oscuros que ustedes. Reiteramos la estrofa de La Internacional: No más deberes sin derechos, ningún derecho sin deber. (Aplausos). Han despreciado el esfuerzo de setecientas mil personas que construyeron con sus firmas la ILP para la regularización de extranjeros, apoyados por organizaciones sociales, por la Cruz Roja, por la Conferencia Episcopal, por los empresarios, y ahora intentan un fraude legislativo para impedir que los extranjeros, ya con infinitos deberes, tengan algún derecho.

Quieren acabar con las pocas excepciones legales a la presentación de certificados de penales. Las excepciones contemplan a los países que no expiden certificados de antecedentes por incapacidad o para castigar a sus propios nacionales. ¿Se imaginan a un cristiano sudanés que escapó de una persecución, a una afgana huida de su país, a una iraní luchadora por los derechos de la mujer, a un ruso opositor teniendo que pedir antecedentes penales a sus países para regularizarse en España? ¿Creen ustedes que sus países iban a librar esos certificados y que, si los libraban, iban a ser negativos? Al PP, a VOX y a Junts les importan los cristianos de Sudán, las mujeres iranís o afganas o los opositores rusos lo justito para poder atacar al Gobierno. Vamos a votar en contra de todas sus enmiendas porque incrementan el punitivismo y prescinden de la racionalidad y proporcionalidad que debe existir en el Código Penal y porque son un fraude para impedir la regularización de extranjeros.

VOX propone que los entes pertenecientes al sector público local se dediquen a perseguir hurtos, como la empresa de vivienda de Madrid, que, por orden del PP, vendió sus viviendas públicas a precio de saldo a fondos buitre, que desahuciaron a las familias y ahora han dado un pelotazo vendiéndolas diez veces más caras de su valor. Robar a los pobres para dar a los ricos. Los entes públicos deben dedicarse a garantizar el derecho a la vivienda, no a hacer de fiscales.

El Grupo Socialista propone una enmienda que ignora la prohibición de penalizar la misma conducta dos veces. Incrementar dieciocho meses de cárcel las penas por traficar con marihuana cultivada en inmuebles es precisamente lo mismo que llevan tiempo pidiendo las compañías eléctricas que se pasean por el Congreso haciendo lobby para conseguir esa penalidad, mientras que, desde hace cuatro años, tienen cortada la luz a las familias que viven en la Cañada Real. (Aplausos). Pero la máxima estupidez legislativa es la propuesta de VOX, que pide que los extranjeros condenados en España cumplan sus condenas de cárcel en otros países. ¿Cómo lo van a conseguir? ¿Bombardeando como en Irán o pagándoles como hace Trump con Bukele?

Miren, son otras las reformas del Código Penal que necesitamos. Por ejemplo, la que deroga los delitos que sanciona la libertad de expresión; una proposición que lleva tres años esperando en este Congreso y que cuenta con mayoría suficiente para ser aprobada. Espero que la aprobemos rápido. Mientras tanto, nosotros votaremos en contra de esta.

Gracias. (Aplausos).

Con la venia, señora presidenta. Señorías, el infierno está empedrado de buenas intenciones, dejó dicho Samuel Johnson. Y, en efecto, a menudo emprendemos acciones inspiradas por los más nobles sentimientos que, sin embargo, acaban generando resultados desafortunados. Estoy seguro de que todos ustedes en este hemiciclo tendrán en mente un ejemplo de alguna norma que, ideada con la mejor de las intenciones, pero desarrollada con una mala técnica legislativa o sustentada en una comprensión equivocada de la realidad o confrontada con una coyuntura social cambiante, acabó generando resultados catastróficos.

Pero, si no se les ocurre ninguna, déjenme que yo les refresque la memoria. ¿Qué tal la Ley Orgánica 3/2021, de eutanasia, ominosamente votada en esta Cámara el 18 de marzo de 2021? Una ley ideada para aliviar el sufrimiento de ancianos o enfermos terminales en los últimos compases de su vida y que hoy va a ser utilizada para [ejecutar] 1 a una muchacha de 25 años. (Aplausos). La próxima vez que suban a esta tribuna para hablarnos de derechos humanos, de que los derechos no se debaten, de que los derechos no admiten retroceso; la próxima vez que se suban a esta tribuna, señora Velarde, señor Legarda, señora Nogueras, señora Vallugera, señor Santiago, para hablarnos de dignidad, recuerden que hoy, en España, va a ser [ejecutada] 2 una muchacha de 25 años, gracias a la ley que ustedes votaron. (Aplausos). Pero estense tranquilos que no es este el caso.

Esta no es una mala ley surgida de una iniciativa bien intencionada, sino todo lo contrario. Esta es una buena ley fruto de intenciones bastardas. Porque, en efecto, si la intención de quienes la han propuesto ―los diputados de Junts― y de quienes la han secundado ―los del Grupo Socialista― hubiese sido la de incrementar la seguridad de nuestras calles, la de proteger a nuestros ciudadanos, la de reforzar el principio de autoridad y la de garantizar el derecho de propiedad, unos y otros se habrían sumado a las medidas que con este objeto ha venido proponiendo el Partido Popular y VOX en las dos últimas legislaturas y habrían apoyado ―no lo hicieron― la proposición de reforma del Código Penal en relación con la agravante de multirreincidencia en el delito leve de hurto, que VOX trajo a esta Cámara, pero que fue rechazada el 24 de junio de 2022. Si su intención hubiera sido la de incrementar la seguridad en las aguas del Estrecho, la de proteger a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la de asegurar nuestras fronteras y la de poner contra las cuerdas al narcotráfico, unos y otros habrían apoyado ―y tampoco lo hicieron― la proposición de reforma del Código Penal al objeto de tipificar penalmente el transporte y almacenamiento de combustibles líquidos predeterminados al narcotráfico, presentada por VOX y rechazada por esta Cámara el 17 de junio de 2025. Con eso habríamos ganado cuatro años en la lucha contra las mafias del hurto y un año, doce meses, en la lucha contra las mafias del narcotráfico.

Señorías de Junts y del Partido Socialista, según los datos del Ministerio del Interior, en el año que ustedes decidieron rechazar la iniciativa de VOX para agravar el tratamiento penal de la reincidencia, se cometieron en España 642 000 hurtos, 86 000 robos con fuerza en el domicilio y 34 000 robos con fuerza en establecimientos, con un incremento del 30 %, del 14 % y del 15 %, respectivamente, respecto del año anterior; 1760 hurtos al día, 70 cada hora, con cuatro localidades catalanas ―El Prat, Barcelona, Salou y Sitges― en el top ten del país.

¿Qué ha pasado para que esta vez sí que se hayan dignado a abordar el problema que cuatro años atrás ignoraron? No descarto que el de la portavoz de Junts fuera uno de los 3500 bolsos o que el de su esposo fuera uno de los 1000 relojes o que el de su hijo fuera uno de los 5000 móviles que el pasado año fueron robados en las calles de Barcelona. El de mi hijo fue uno de los robados el año pasado en las calles de Valencia. Pero, más bien, me inclino a pensar que en su cambio de posición hayan pesado otras razones más relacionadas con la seguridad de su escaño que con la seguridad en las calles de Barcelona y del resto de España. Vienen elecciones y no son pocos los alcaldes que, desde sus despachos, ven peligrar su puesto a manos de quienes de verdad pisan la calle, pulsan las inquietudes de los vecinos y proponen medidas para atajar sus preocupaciones. De modo que toca hacer como los malos estudiantes, que es conjurar en una sola noche la indolencia de todo un curso.

¿Y qué decir de las intenciones del Partido Socialista? Pues justo lo que hace siete días escribía El País ―cito―: Tras la ruptura con Junts del otoño pasado, transigió con reactivar esta ley para recuperar esos siete votos clave para el bloque de investidura. De modo que si el proyecto defendido por Junts cogió aire fue por la precariedad parlamentaria del Ejecutivo. Electoralismo, tacticismo, intenciones bastardas (aplausos), pero al menos es una buena ley, aunque desde luego no tanto como habría podido serlo si sus señorías hubiesen incorporado a su texto algunas de las innovaciones que nuestro grupo propuso en su día o que ha puesto sobre la mesa durante su actual tramitación parlamentaria, como la supresión, por ejemplo, del arraigo como límite a la expulsión del delincuente del territorio nacional. Pero sí es lo suficientemente cercana a nuestras posiciones como para que la saludemos con moderada esperanza.

1  Palabra retirada por la Presidencia, de conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento de la Cámara. 2  Palabra retirada por la Presidencia, de conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento de la Cámara.

La ley sacará de las calles y castigará con penas de prisión a los autores de un delito de hurto que ya hayan sido condenados ejecutoriamente por otros tres delitos menos graves; agravará las penas por el hurto de móviles y ordenadores; extenderá las previsiones en materia de multirreincidencia a los delitos de estafa; permitirá imponer cautelarmente al delincuente la prohibición de acudir a determinados lugares, barrios, municipios, provincias o comunidades autónomas; reconocerá la legitimación de las autoridades locales para ejercer la acción penal en delitos de hurto; y castigará con pena de prisión el llamado petaqueo. De aprobarse las enmiendas introducidas por el Senado a instancias de los grupos Popular, VOX y Socialista, no solo los ayuntamientos, sino también los entes pertenecientes al sector público local ―como el Metro de Madrid o la EMT de Valencia― podrían instar acciones, ampliar las plantillas del Ministerio Fiscal y obligar al Gobierno a suscribir acuerdos con otros Estados y a promover en la Unión Europea la adopción de las normas necesarias para que la expulsión de delincuentes reincidentes en el territorio español y su entrega a jurisdicciones extranjeras lleve consigo el cumplimiento en dichas jurisdicciones de las penas a las que les hubiesen condenado los tribunales españoles. Derecho internacional, señor Santiago, se llama derecho internacional.

He dicho podría. Miento, no podrá, y no podrá porque este Gobierno cobardón y sujeto con alfileres, este Gobierno, que acude a cada sesión del Parlamento como quien visita a un dentista, este Gobierno, que afronta cada votación con más miedo que un bacalao en Cuaresma, acaba de vetar ―y la mansa Mesa de esta Cámara acaba de transigir en ello― la tramitación de dos de esas enmiendas con la peregrina excusa de que requerirá un incremento en el gasto público. El Gobierno, que tiene dinero para traer inmigrantes de Canarias a la Península, no tiene dinero para llevarse criminales de la Península a sus países de origen (aplausos); el Gobierno, que tiene dinero para alojar a menas en hoteles de cuatro estrellas, no tiene dinero para convocar plazas de nuevos fiscales; el Gobierno, que es pródigo con los de fuera, es tacaño con los de dentro.

Así las cosas ―termino ya―, no puedo decir que mi grupo se considere satisfecho con esta reforma legislativa. Como en su día y desde esta tribuna dijera mi camarada Juanjo Aizcorbe, esta es una reforma penal necesaria pero no suficiente, que brinda soluciones parciales para un problema complejo cuyas raíces sus señorías siguen sin querer reconocer. Efectivamente, poco avanzaremos mientras ustedes no sean capaces de admitir que la causa principal de este tipo de delincuencia es la inmigración descontrolada que nuestro país padece, que su elemento acelerador es el caos en las políticas migratorias de nuestros sucesivos Gobiernos y que su remedio no se hallará sino en el reforzamiento de la autoridad del Estado, en la adopción de una política exterior valiente y en el control efectivo de nuestras fronteras. En suma, en la recuperación de nuestra soberanía como nación...

... aspiración esta con la que, mucho me temo, no creo que podamos contar de ninguna de las maneras con quienes aún siguen creyendo que es buena idea poner altares a las causas y patíbulos a las consecuencias.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Muchas gracias. Buenas tardes. Señorías de VOX, les molesta y votan en contra de que una mujer pueda ejercer su derecho libre al aborto y les molesta que alguien pueda ejercer su derecho a morir dignamente y en paz. Señorías de VOX, el infierno en la tierra son ustedes. (Aplausos). ¡Qué uso más lamentable! A lo que vamos: con esta son cincuenta y ocho las leyes aprobadas en esta legislatura. Nada mal para una legislatura acabada, agotada e inestable, nada mal para un Gobierno de coalición en minoría parlamentaria. Parece que este Gobierno y este grupo estamos empeñados en trabajar, en acordar, en negociar y en pactar. Sí, estamos tercamente empeñados en hacer avanzar este país y en llevarle la contraria a su líder (señala los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), el señor Feijóo. Ya sabemos todos que no es presidente porque no quiere.

Señorías, hoy vuelve del Senado la proposición de ley en materia de la multirreincidencia con las enmiendas allí aprobadas. Hace dos meses llegamos a la conclusión de que era una buena ley. Hoy estamos muy cerca de tener una herramienta útil para luchar contra este fenómeno; una herramienta legislativa que se suma a las acciones policiales, de convivencia y a la mejora de la planta judicial necesaria impulsada por el Ministerio de Justicia. Después de este debate, después de hoy, se publicará en el BOE y entrará en vigor antes de Semana Santa.

Avui tornem a parlar d’una llei que hem construït entre molts. Per això, vull tornar a agrair un cop més la feina feta pels alcaldes i alcaldesses socialistes que han estat a primera línia des del primer minut, demanant aquests canvis legislatius. Sí, no facin gestos, senyories de Junts, perquè ho saben.

Hoy, volvemos a hablar de una ley que hemos construido entre todos. Por eso, quiero volver a encomiar el trabajo hecho por los alcaldes socialistas, que han estado en primera línea desde el primer minuto pidiendo estos cambios legislativos. (Aplausos). Sí, no hagan gestos, señorías de Junts, porque lo saben.

Porque esta ley nace de una realidad que ha sido largamente solicitada por alcaldes y alcaldesas sobre todo de nuestros municipios. Ellos conocen mejor que nadie que la multirreincidencia es un problema de seguridad ciudadana que tiene especial incidencia en Cataluña, que requería de este impulso legislativo. También saben, como sabemos los progresistas, que este fenómeno ni podía ni puede ser objeto de un titular mediático sensacionalista, ni mucho menos de un eslogan político para incitar el odio al diferente o alentar el racismo.

Señorías, con la multirreincidencia estamos hablando de delitos que individualmente son ―digamos― menores, con penas menos graves, pero la reiteración delictiva, la reincidencia múltiple, hace que el modus vivendi que hacen los delincuentes de este tipo de delitos sea relevante. Además, son delitos que se cometen sobre todo en zonas turísticas, ejes comerciales o medios de transporte. Esto requiere que se aborde de manera integral, con medidas legislativas como esta, pero también de seguridad ciudadana y de justicia. Como dije hace un mes y medio, el compromiso del Gobierno, del ministerio y de este grupo es firme para seguir avanzando en las medidas que logren atajar el fenómeno de la multirreincidencia, y se ha de hacer sin fiarlo todo al punitivismo y sin entrar en los discursos racistas y xenófobos de la ultraderecha.

Ante esta realidad caben dos respuestas. La primera es la fácil, la que vende, la del miedo convertido en eslogan, la del discurso de quienes confunden seguridad con represalia y delincuencia con origen. Ese camino ya sabemos a dónde lleva, a una sociedad más asustada, más dividida y sin un solo delito menos. La segunda respuesta es la difícil ―la nuestra―, la que exige rigor, paciencia y valentía política; la de quienes creemos que se puede y se debe hacer política de seguridad desde la izquierda sin traicionar sus valores, porque seguridad y derechos no son opuestos, son la misma cosa. (Aplausos).

Señorías, permítanme hablar un momento de lo que significa legislar de verdad. Legislar no es reaccionar, no es subirse a la ola de indignación y aprobar lo primero que calme la alarma social; eso no es legislar, eso es gesticular. Legislar es transformar una necesidad ciudadana en una norma que funcione, que sea aplicable, y esta ley lo hace porque da respuestas reales a problemas reales con medidas concretas. Les diré una, la de mi grupo en el Senado, que ataca la defraudación eléctrica vinculada a la financiación de actividades delictivas, un paso en la lucha contra la delincuencia organizada que se camufla detrás de infracciones aparentemente menores. Política útil. Pero también hemos visto enmiendas de la derecha en el Senado que asimilan delincuencia e inmigración. Y yo les digo alto y claro ―en este grupo lo decimos alto y claro―: no confundiremos nunca la lucha contra el delito con la sospecha sobre el inmigrante. (Aplausos).

Señorías, vivimos un momento de incertidumbre global que exige liderazgo, en un mundo donde las certezas se tambalean y se necesitan Gobiernos que sepan lo que son y lo que defienden. España hoy lidera en Europa la respuesta ante la guerra. España hoy es referente de la ética y la paz. Este Gobierno, a diferencia del de Aznar en Irak, es un Gobierno que no se mueve por el vasallaje. No más pies en la mesa. Más manos para la paz. (Aplausos). Por eso, en tiempos de incertidumbre, la democracia no se sostiene sola. Se sostiene con ciudadanos que participan, con instituciones que funcionan y con representantes que defiendan de verdad. Aquí hay quien viene a destruir, quien viene a bloquear; otros venimos a construir. Porque legislar bien es gobernar bien.

Acabo, señorías, con una reflexión. Hannah Arendt nos recordó que el poder verdadero no es la capacidad de hacer daño, sino la de actuar en común; que el poder genuino surge cuando las personas se ponen de acuerdo para resolver lo que les afecta. Así entendemos nosotros el poder, no el poder del más fuerte, sino el poder de los que pactan para resolver problemas, especialmente cuando afectan a sectores muy vulnerables.

Acabo. Pese a los agoreros de una Legislatura fallida y corta, unos están en la oposición y otros estamos en el Gobierno y gobernando. Porque, señorías, hacer las cosas bien, aunque cueste, siempre merece la pena.

Muchas gracias. (Aplausos.―La señora Mínguez García: ¡Muy bien!).

Presidenta, señorías, buenos días. Señor Aranda, bienvenido al club. ¡Qué entusiasmo! ¡Con todo lo que ha bloqueado su grupo, una ley como esta! (Aplausos.―El señor Aranda Vargas: No, no, no). Señorías, permítanme por un momento volver al 11 de junio de 2024. En esta misma tribuna les presentaba para su consideración la iniciativa del Grupo Popular registrada en abril de ese año, y señalé: con esta iniciativa pretendemos mejorar la respuesta penal frente a profesionales reincidentes que hacen de ello su modo de vida. Porque no tiene consecuencias, porque no tiene precio lo que hacen, pero sí tiene coste para los demás. Casi dos años después de su registro y de su bloqueo injustificable en esta Cámara, llegamos a la aprobación de una norma necesaria. Quiero recordar hoy lo que alcaldes catalanes de muy diverso signo político nos demandaban el pasado 11 de febrero antes del Pleno: Por favor, ayúdennos. Esto no es ideológico. Necesitamos esta norma para mejorar la seguridad de los ciudadanos en nuestros municipios. Señorías, que no les engañen discursos desconectados de la realidad como los que hemos escuchado esta mañana. Los mismos que en su día negaban que los hurtos y estafas reiterados o el petaqueo fueran un problema porque quieren ignorar que están promovidos por organizaciones criminales que extienden sus tentáculos para hacer de la inseguridad su negocio y del miedo y el deterioro de nuestras ciudades o de las costas su particular paraíso sin ley, hoy hablan todavía de una norma para robagallinas. Hemos trabajado escuchando a las fuerzas de seguridad; hemos escuchado a alcaldes, a comerciantes, a víctimas, al Tribunal Supremo, a la Audiencia Nacional, a procesalistas, a la academia, a abogados y fiscales para, con proporcionalidad, cerrar la puerta a esa impunidad creciente y asfixiante en muchas zonas de hurtos, estafas, del petaqueo colaborador del narcotráfico y ahora también a la defraudación del fluido eléctrico para el cultivo de droga. Señorías del Grupo Socialista, nosotros no somos como ustedes o como el Gobierno y primamos el interés del ciudadano frente al oportunismo político (aplausos), pero también sabíamos que debíamos reforzar las plantillas de jueces de adscripción territorial porque siempre defendimos que no bastaba con la reforma penal, del mismo modo que sin ella contribuíamos a la desesperanza, y lo acordamos. Aunque faltaba incrementar el número de fiscales, especialmente en las zonas tensionadas, tal y como reiteradamente nos venían reclamando. Del mismo modo, hay que seguir cuidando a los policías y guardias civiles que nos acompañan, que trabajan en primera línea como profesión de riesgo, condición que este Gobierno sigue bloqueando. (Aplausos). Hoy, casi dos años después, señorías, escribiendo recto con renglones torcidos por el trilerismo gubernamental, alérgico a un Parlamento independiente y activo, podemos felicitarnos de ganar al menos un peldaño relevante con una ley construida con aportaciones de muchos en el Parlamento y por los parlamentarios. Pero la alegría no es completa gracias a un Gobierno empeñado en seguir poniendo palos en las ruedas. Sepan, señorías, que en la recta final de la tramitación de esta ley, de nuevo, el Gobierno, con la inestimable colaboración de su mayoría en la Mesa del Congreso, ha hecho efectivo, en contra de la doctrina constitucional, a sabiendas, a pesar de la advertencia de nuestros compañeros y en contra del juicio técnico del propio letrado (muestra una fotografía), el veto extemporáneo a dos enmiendas de mi grupo aprobadas por el Senado. Hoy nos impiden a todos nosotros, los únicos con potestad constitucional para ello, ratificar con el voto de este Pleno dos enmiendas con normas útiles para la seguridad de los ciudadanos a los que representamos. Señores del Gobierno, con su miedo a la democracia la están interviniendo y degradando. (Aplausos). Con su alergia y rechazo al Parlamento lo amordazan. Con su extralimitación constante en el recurso a un malentendido veto presupuestario, a pesar de las reiteradas y cada vez más frecuentes sentencias del Tribunal Constitucional que les sacan los colores anulando una y otra vez acuerdos sobre sus vetos, solo ponen al descubierto su autoritarismo y sus mentiras. (Aplausos). Este es un veto antidemocrático, abusivo e intempestivo a enmiendas ya aprobadas por otra Cámara, eliminando nuestra capacidad de voto. No es posible hacerlo porque vulnera la Constitución. (Aplausos).

¿Y qué han bloqueado? Se oponen, por un lado, a tener más fiscales, a que por ley quede fijado el compromiso de incrementar a lo largo de los próximos dos años la plantilla de fiscales, señalando legalmente criterios objetivos para planificar ordenadamente las dotaciones conforme reiterada y desatendida petición de la carrera fiscal. Por otro lado, tumban una reforma en la ley de extranjería que con claridad meridiana define procedimientos rigurosos que garantizan la comprobación de los antecedentes penales o policiales para poder residir legalmente en España.

Hoy, señorías, podría ser un buen día para ofrecer una ley más completa y útil a los ciudadanos, más eficaz contra la delincuencia, que mejore las condiciones de seguridad de los españoles, de quienes nos visitan o de quienes quieren convivir y trabajar en paz con nosotros. Su bloqueo y su torpe argumentación para evitar la reforma de la ley de extranjería pone al descubierto que, efectivamente, quieren una regularización sin control alguno. La declaración irresponsable de no tener antecedentes penales será ―ya no queda ninguna duda― un cheque en blanco, mientras pisotean los derechos de los ciudadanos.

Pero en su empeño de bloquear en lugar de trabajar por las mejores soluciones, realmente se les ha visto el plumero, la verdadera intención. Ese proyectado decreto de regularización es un trágala sin controles ni garantías. Tenían la oportunidad de demostrar lo contrario. Ustedes saben y quieren ―lo que es peor― que se mire para otro lado, y eso incrementará la inseguridad. De nada servirá, entonces, tener buenas leyes penales. Ya saben que para el Partido Popular quien viene a trabajar y cumple la ley es bienvenido, pero no queremos alfombra roja para la delincuencia. (Aplausos). Si esto no fuera tan grave y tan trágico, sería para que esta Cámara rompiera en una sonora carcajada. ¡Cómo! ¿Un veto presupuestario de un Gobierno que en toda esta legislatura no ha presentado ni un solo presupuesto? Tanto que se les llena la boca de la soberanía popular y hoy anulan a la soberanía popular ―la quinta vez― con el mismo argumento, con el mismo veto imposible. Esto sí que es una reincidencia culpable.

Pero, señorías, parece claro que no es el veto presupuestario, porque desde que registramos nuestras enmiendas (rumores.―Varios señores diputados: ¡Tiempo, tiempo!) ―termino enseguida― el ministro Bolaños corrió a hacerse una foto inmediatamente con la fiscal general del Estado. Ahí sí que podía prometer doscientas plazas de fiscales para este año.

Señorías, ya no tenemos un Gobierno, tenemos un grupo de presión, un grupo de conveniencia. Si quieren trabajar, trabajen con nosotros, trabajen con los parlamentarios serios.

Concluyo. (Protestas). No se preocupen, he pedido tiempo por un problema en la garganta. Quiero dar las gracias a aquellos grupos que han venido a trabajar, a quienes se han esforzado por este objetivo, especialmente a Marta Madrenas y a mis compañeros ponentes, Ana Vázquez y Santi Rodríguez. A pesar de todo, señorías, será un buen día para el trabajo parlamentario.

Termino recordando lo que dice Serrat: Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien.

Gracias. (Aplausos.―El señor Santiago Romero pide la palabra).

Quería pedirle la palabra por el artículo 71 del Reglamento, puntos 1 y 3.

Este grupo, desde luego, no defiende y menos aún aplica la pena de muerte; de hecho, se opone. La eutanasia es un derecho aprobado en esta Cámara... (protestas.― Aplausos).

… y no son quiénes para cuestionar la decisión de Noelia. Ya han alargado su sufrimiento sádicamente dos años con infinitos recursos… (Protestas.―Aplausos).

… todos rechazados por la jurisdicción ordinaria, por la jurisdicción constitucional, por la jurisdicción europea. Respeten la libertad de Noelia. Y, por favor, retire del Diario de Sesiones los insultos vertidos al menos a este grupo parlamentario...

... al que ha llamado asesino el portavoz de VOX. (Aplausos.― Protestas).