Real Decreto-ley 6/2026, de 3 de marzo, por el que se modifica la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, sobre reconocimiento a favor de personas fallecidas o con lesiones incapacitantes por su actividad en defensa y reivindicación de la Democracia.

Muchísimas gracias, presidenta.

Buenos días, señorías. Que estemos hoy todos aquí, en este Pleno, libremente elegidos por un número de votos de ciudadanos y de ciudadanas de nuestra provincia, votos emitidos en unas elecciones libres, en sufragio universal y secreto; que podamos cada uno exponer cuál es nuestro punto de vista sin más limitación que el tiempo reglamentario; que podamos debatir con el Gobierno de España, cuyo presidente fue investido, a su vez, por la mayoría del arco parlamentario de este Congreso, no es fruto de una casualidad ni tampoco de un esfuerzo exclusivamente institucional. Se debe también al esfuerzo de miles y miles de conciudadanos y conciudadanas que pelearon, cada cual como pudo o como supo, en el trabajo político, en el sindical, en el de los movimientos sociales, estudiantiles, vecinales, feministas, incluso en el trabajo parroquial, para que hoy todos nosotros disfrutemos de un sistema democrático dejando atrás la ignominia de la dictadura. La deuda que este país tiene con esas personas, algunas de las cuales dieron su vida, su integridad física o, como poco, los mejores años de su vida o una pléyade de renuncias personales, es ―esto hay que decirlo―, desde el punto de vista económico, impagable. Es impagable desde el punto de vista económico porque esto no es una deuda económica, sino una deuda moral. A poco que uno o que una se sienta concernido o concernida por los valores de libertad, igualdad, justicia social y pluralismo político, que son los valores constitucionales, uno es entonces deudor de quienes trabajaron por esos valores contra el totalitarismo y la dictadura. Y, como digo, incluso muchos de ellos llegaron a perder su vida. Esa deuda hoy se va a saldar con más o menos indemnizaciones, y ―somos conscientes de ello― ni por la cuantía mayor o menor de estas, que es lo que regula hoy este decreto cuya convalidación debatimos, queda saldada la deuda. Pero es importante que hoy este real decreto ley se convalide. (Aplausos). Porque es cierto que regular bien las reparaciones ―en este caso económicas―, ampliar el abanico posible de beneficiarios, mejorarlas, dotarlas de una cuantía digna, ampliar los supuestos de indemnización y establecer que esas ayudas estén fiscalmente exentas nos debe acercar como país y como sociedad a dar el debido reconocimiento a quienes aquí nos trajeron, y se les reconoce en esa enorme dignidad que ellas y ellos mostraron a la vez que nos hace a nosotros ―entiendo― más dignos como herederos de lo que esa lucha nos reportó. Nos trajeron aquí, como digo, con esa lucha ―en muchos casos, clandestina, pero siempre notoria―, a un sistema democrático que, sí, seguramente es perfectible o perfeccionable, como todos los sistemas democráticos, pero que es a todas luces incomparablemente mejor que la ominosa dictadura que lo precedió. (Aplausos).

El Gobierno, señorías, trae a convalidación por esta Cámara el Real Decreto Ley 6/2026 de 3 de marzo, por el que se modifica la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, sobre el reconocimiento a favor de personas fallecidas o con lesiones incapacitantes por su actividad en defensa y reivindicación de la democracia. La razón de ser de este real decreto ley, en sus medidas y en la extraordinaria y urgente necesidad de su aprobación, hunde sus raíces en la Ley 52/2007, comúnmente conocida como ley de memoria histórica, precursora, pionera en la labor que hoy desempeña la Ley 20/2022, de Memoria Democrática. En aquella ya lejana Ley de 2007 se previó el derecho a una indemnización en favor de todas aquellas personas que perdieron la vida en defensa de la democracia y que no habían recibido hasta entonces la compensación debida. Se contempló dicho reconocimiento a favor de personas fallecidas en defensa de la democracia, pero solo durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1968 y el 31 de enero de 1977. Con aquella regulación, de cada cuatro solicitudes de indemnización presentadas una tuvo resolución favorable y las dudas sobre los supuestos de alcance de dicho régimen de indemnizaciones han estado presentes desde entonces y se han acrecentado hasta ahora considerando que la ley de 2022 extiende sus efectos hasta la entrada en vigor de la Constitución; esto es, hasta el 29 de diciembre de 1978. Ha quedado patente ―pues el tiempo es quien ha terminado demostrándolo― que el régimen de compensaciones de la ley de 2007 era insuficiente en los supuestos contemplados, además de tener menor calado que otras regulaciones de reparación pública a víctimas por hechos de otra naturaleza, como pudieron ser las de las víctimas del terrorismo.

Por ello, de acuerdo con la Constitución, que establece que el Gobierno dirige la política interior y exterior del país, damos hoy este paso adelante absolutamente necesario para que esta situación de injusticia tenga su fin. Y reconociendo ―que lo hacemos― que esto debió realizarse hace tiempo, que hoy al menos tenga su fin y que sea cuanto antes, como hicimos en el Consejo de Ministros y como entiendo debemos hacer hoy en el Congreso de los Diputados. De ahí la urgencia de este real decreto ley.

Estamos hablando de una deuda con personas por hechos acaecidos hace alrededor de medio siglo. Hablamos de personas afectadas o de sus familiares, si es que los afectados han fallecido, que hoy, como decimos en la exposición de motivos, estarán en la etapa final de su vida. Estamos hablando de personas, en definitiva, para las que se puede frustrar un resarcimiento directo si no se da una respuesta institucional adecuada. Pero quiero que quede claro que no estamos hablando de números o incluso de nombres y apellidos sobre un papel. Estamos hablando de vidas truncadas, estamos hablando de personas concretas, estamos hablando del sufrimiento sin fin de su familia.

La comisión de valoración establecida en el real decreto ley ya se ha reunido para abordar las primeras dieciocho solicitudes, que se refieren a doce causantes, y ya se han aceptado quince de esas dieciocho solicitudes. Y eso es, por ejemplo, hablar de Víctor Manuel Pérez, 23 años, asesinado en Portugalete con dos disparos por la espalda por el mero hecho de repartir octavillas en apoyo de una huelga. O es hablar de Amador Rey, que en marzo de 1972 dejó viuda y tres hijos cuando, junto a su compañero Daniel, fue asesinado por la actuación de la policía franquista durante una huelga en Ferrol. O, en diciembre de 1976, de Ángel Almazán, que murió en el hospital tras varios días ingresado a causa de los culatazos recibidos por agentes policiales al término de una manifestación. O, también, de Manuel José García Caparrós, andaluz, quien con 18 años fue asesinado de un disparo el 4 de diciembre de 1977, durante una manifestación en defensa de la autonomía de Andalucía. (Aplausos). O, por ejemplo, de Juan Gabriel Rodrigo Knafo, catalán, muerto por la represión policial de las protestas obreras en Tarragona en marzo de 1976. (Aplausos). Y permítanme acabar mencionando a Francisco Javier Núñez Fernández, que al volver de misa con su hija de 3 años se encontró con la represión policial contra una manifestación por la amnistía que se celebraba en Bilbao. Logró dejar a su hija en el portal, pero recibió una dura paliza por parte de la policía franquista. Al día siguiente, al ir a denunciar los hechos, fue torturado: se le hizo beber un litro de aceite de ricino y coñac, y murió trece días después en el hospital. Su mujer, María del Carmen, y su hija, Esperanza, hoy, aquí, tienen abierta la puerta de la esperanza a través de este real decreto ley. (Aplausos).

Ellas y ellos, todos los que he nombrado antes y los que quedan por nombrar, porque estamos tramitando expedientes, reclaman una acción de reconocimiento y reparación por parte de todos los que se autodenominan demócratas. Y eso es lo que hoy, aquí, es urgente. Ayer mismo, la comisión de evaluación vio otras treinta y una solicitudes que se quieren acoger a este real decreto ley, todos con sus nombres y apellidos, todos merecen el reconocimiento desde una democracia madura y asentada, que debe saber responder con dignidad a quienes bregaron, lucharon y dieron su sangre y su vida para recuperar la verdadera libertad.

Por tanto, señorías, entrando en el contenido concreto de la norma, con este real decreto ley y mediante la introducción de una disposición adicional nueva, la vigésima, en la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, actualizamos las cuantías de indemnización a las personas fallecidas o con lesiones incapacitantes por su actividad en defensa y reivindicación de la democracia y las homologamos a otros mecanismos reparadores hasta los 250 000 euros en caso de muerte, y ampliamos el periodo histórico de los hechos generadores de indemnización hasta el 29 de diciembre de 1978. El real decreto ley regula el reparto de las ayudas entre los distintos familiares de las víctimas, así como las compensaciones por la diferencia de cuantía a quienes ya percibieron ayudas con la ley de 2007, pero de modo inferior a las que ahora regulamos, actualizado con el interés legal del dinero. Con la norma para la que hoy les pido la convalidación recogemos igualmente las ayudas para los casos de lesiones incapacitantes, actualizadas a 180 000 euros para los casos de incapacidad permanente absoluta ―antes eran de 80 000 euros― y a 500 000 euros para los casos de gran incapacidad ―antes eran de 135 000―, regulando igualmente, como en el caso de muerte, el régimen de compensación por la diferencia para quienes ya hubieran percibido una ayuda con cargo a la legislación de la ley de memoria histórica. A unos y otros supuestos, mediante la oportuna modificación de la Ley 35/2006, Reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, les damos el trato fiscal justo que se merecen, el de la exención del impuesto. Y se modifica igualmente, conservando su rango parlamentario, el Real Decreto 1803/2008, que regulaba las condiciones de concesión de las indemnizaciones contempladas por la ley de memoria histórica, de modo que la comisión que evalúe las solicitudes contempladas por la Ley de Memoria Democrática se adapte a la actual estructura ministerial y de modo también a que el pago de las indemnizaciones se realice por la Dirección General de Atención a las Víctimas del ministerio que me honro en dirigir.

Señorías, yo sé que hay algunas formaciones presentes en este hemiciclo que no es que no se sientan en deuda con quienes pugnaron por devolver la democracia a este país y lucharon contra el franquismo y sus estertores, sino que directamente manifiestan ―y aquí lo hemos escuchado― con mayúsculos bulos que España avanzaba con Franco. Sí, sí, España avanzaba con Franco ―esto es una ironía― en aplastar y demoler los derechos humanos; «avanzaba» ―comillas― en marginar a la mujer, que eso sí era real, y «avanzaba» ―comillas― para socavar a quien pensaba diferente. (Aplausos). Y sé que quienes afirman engañosamente que con Franco se avanzaba así se manifiestan ―y, digo bien, así se siente por quien recibe esas afirmaciones― porque parecen personas más identificadas con la dictadura y con su jerarca. Y habrá que comprender que a las personas que piensan y afirman así poco se les podrá exigir, porque es imposible sacarles de esa inexplicable, en democracia, ceguera autoritaria.

Pero hay otras formaciones aquí. Hay formaciones que piensan que el actual sistema democrático se debió más a una actuación institucional que a la labor incansable y callada de miles y miles de personas en las calles. Creo que esas formaciones yerran en eso, pero creo que hoy ―y me dirijo a su bancada― tienen una oportunidad política enorme para ponerse al día de manera valiente a la hora de respaldar cómo y por qué tenemos hoy una democracia como la que tenemos. Y sé también que hay otras formaciones políticas que han reclamado con respeto y lealtad más profundidad en las medidas contempladas en este real decreto ley. Nos han pedido más plazos de solicitud de las ayudas; nos han pedido contemplar más supuestos hasta años posteriores a 1978; nos han pedido otras cuestiones sobre las que hemos hablado y seguiremos hablando, que son perfectamente encajables y que seguro que trasladarán en el proceso de enmiendas en la posterior tramitación como proyecto de ley que puede tener este real decreto ley si hoy es convalidado.

El Gobierno ―y quiero ser claro― está dispuesto ―y lo manifiesto― a considerar todo lo que redunde en beneficio de las víctimas de la dictadura, a quienes así se les reconoce en la Ley 20/2022, de Memoria Democrática. Pero el primer paso, señorías, es convalidar este real decreto ley para el que les pido el voto favorable; un voto de dignidad ciudadana deudora de quienes dieron mucho, incluso su vida, para que hoy podamos estar aquí debatiendo.

Y concluyo. Lo que quiero decir, y no puedo ser más claro, es que hemos puesto ejemplos con nombres y apellidos. He hablado de decenas de solicitudes que han sido ya valoradas por la comisión de evaluación. Para que los familiares de estas personas fallecidas y las personas gravemente lesionadas puedan recibir esta reparación y el resarcimiento que en justicia se merecen es imprescindible que la mayoría de esta Cámara vote hoy sí a la convalidación de este real decreto ley. De lo contrario, señorías, se frustrarán sus merecidas esperanzas, las de estas personas víctimas. (Aplausos). Por tanto, no juguemos con eso.

A todos y a todas las personas presentes en este Congreso de los Diputados a las que les parezca de justicia lo que hoy presentamos, les pedimos su voto. En la tramitación como proyecto de ley mejoraremos todo lo que pueda ser mejorable.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

Grazas, señora presidenta. Moi bo día. As medidas que recolle de compensación que recolle este Real Decreto Lei son absolutamente necesarias. A cuestión é que xa, ao noso xuízo, deberían ter estado incorporadas na Lei de Memoria Democrática, unha lei que claramente ficou insuficiente por esta e por outras razóns, tal e como avaliaron a maioría das organizacións memorialistas e que fixo que infelizmente forzas políticas que tanto traballamos por ela, non puidésemos finalmente votala a favor. Con todo, hai algúns elementos que nos preocupan e por tanto tomamos, pois, a luva que o propio ministro lanzou aquí, sabemos que en relación con diversas forzas políticas coas que se estivo falando e negociando, de introducir modificacións posteriormente na tramitación como proxecto de lei. Preocúpanos, por exemplo, ese límite temporal de 1 xaneiro do 1968 até decembro de 1978. Efectivamente, datas que se arrastran da Lei de Memoria Histórica de 2007, mais que foi modificada por arriba, non por abaixo. Deixa fóra moitísimas persoas toda, por exemplo, toda a actividade de resistencia armada ao franquismo, a guerrilla, que foi moi importante na Galiza nos anos 40 cunha actividade fundamental e que aínda a partir de aí nos 50 nos 60, a pesar da orde de disolución do Partido Comunista, pois se mantivo de forma máis minoritaria, é verdade até que é 1965, en marzo de 1965 foi asasinado pola Garda Civil Xosé Castro Veiga, o «Piloto». Por tanto, cremos que é necesario modificar estes termos porque, entre outras cousas, moitísimas persoas que defenderon a democracia e a República ficarían fóra. Estou pensando, por exemplo, nos dirixentes nacionalistas Alexandre Bóveda ou Ánxel Casal, alcalde de Compostela, asasinados en 1936. E a ambigüidade e inconcreción dalgúns dos criterios que se incorporan a esta lei pode tamén deixar fóra outros se non é correxido. Efectivamente, neste período o ministro mencionaba a Amador e Daniel, para alén destes dous obreiros asasinados en Ferrol nese período podemos tomar en consideración Moncho Reboiras, asasinado en 1975, ou Xosé Humberto Baena e Sánchez Bravo fusilados en 1977. Pero eu quero lembrar que para o franquismo calquera actuación de loita pola democracia, de resistencia ou mesmo simplemente de autodefensa era considerada terrorismo. Por tanto, é preciso que estes termos queden suficientemente claros. E claro, a nós tamén nos preocupa o feito de que se establezan compensacións para as vítimas, pero continuemos sen poder xulgar os culpábeis. Por tanto, reclamamos máis unha vez que debeu estar incorporado á Lei de Memoria Democrática a derrogación do artigo 2.f) da Lei de Amnistía de 1977 para que os responsábeis desas atrocidades poidan tamén ser xulgados. E por último, creo que no ámbito das actuacións de memoria democrática para facer realidade ese principio de memoria, xustiza e reparación hai outros ámbitos en que tamén é preciso actuar. Recentemente houbo unha sentenza definitiva que confirma que Meirás, o Pazo de Meirás, pasa a patrimonio público, pero tamén esa sentenza establece que hai que indemnizar aos Franco porque a posesión era de boa fe. É absurdo, é unha cuestión que non ten absolutamente ningún sentido. En vez de que sexan eles quen teñan que indemnizar polo roubo dun patrimonio que non lles pertencía, resulta que agora a administración pública debe indemnizar os ladróns por ter roubado ese patrimonio. Cremos que o Estado debe pelexar xudicialmente para que os Franco non reciban nin un só euro e para que se recupere todo o patrimonio roubado, porque falta, por exemplo, confirmouse tamén as estatuas do Pórtico da Gloria, pero falta, por exemplo, a Casa Cornide na Coruña. E nós traballaremos para que ademais o Pazo de Meirás sexa cedido á Administración pública galega para centros de memoria no noso país. Moito obrigado.

Gracias, señora presidenta. Muy buenos días. Las medidas de compensación que recoge este real decreto ley son absolutamente necesarias. La cuestión es que, a nuestro juicio, ya deberían haber estado incorporadas en la Ley de Memoria Democrática; una ley que claramente es insuficiente por esta y por otras razones, tal y como han evaluado la mayoría de las organizaciones, y que, desafortunadamente, provocó que fuerzas políticas que tanto trabajamos por ella no pudiésemos finalmente votarla a favor. Sin embargo, hay algunos elementos que nos preocupan. Por lo tanto, hoy recogemos el guante que el ministro ha presentado. Hay diversas fuerzas políticas con las que se ha estado hablando y se ha negociado introducir modificaciones posteriormente, en la tramitación como proyecto de ley. Nos preocupa, por ejemplo, ese límite temporal del 1 de enero de 1968 hasta diciembre de 1978. Efectivamente, son cosas que se arrastran de la ley de memoria histórica de 2007, que se ha modificado por arriba y no por abajo y deja fuera a muchísimas personas. Por ejemplo, toda la actividad de resistencia armada al franquismo de la guerrilla, que fue muy importante en Galicia en los años cuarenta, con una actividad fundamental, y que a partir de ahí, en los cincuenta y los sesenta, a pesar de la orden de disolución del Partido Comunista, se mantuvo de forma más minoritaria, es verdad, hasta que en 1965, en marzo de 1965, fue asesinado Xosé Castro Veiga, el Piloto, por la Guardia Civil. Por lo tanto, creemos que es necesario modificar estos términos, porque, entre otras cosas, muchísimas personas que defendieron la democracia y la República quedarían fuera. Estoy pensando, por ejemplo, en dirigentes nacionalistas: Alexandre Bóveda o Ánxel Casal, alcalde de Compostela, asesinados en 1936. La ambigüedad y la concreción de algunos criterios de esta ley puede dejar fuera criterios si no se corrige. De hecho, en este periodo, el ministro mencionaba a Amador y a Daniel. Más allá de estos dos obreros asesinados en Ferrol en este periodo, podemos tomar en consideración a Moncho Reboiras, asesinado en 1975, o a Xosé Humberto Baena y Sánchez-Bravo, fusilados en 1975. Pero quiero recordar que, para el franquismo, cualquier acción de lucha por la democracia, de resistencia o incluso de autodefensa se consideraba terrorismo. Por lo tanto, es necesario que estos términos queden suficientemente claros. A nosotros también nos preocupa el hecho de que se establezcan compensaciones para las víctimas, pero que sigamos sin poder juzgar a los culpables. Por lo tanto, reclamamos que se incorpore a la Ley de Memoria Democrática la derogación del artículo 2.f) de la Ley de Amnistía de 1977, para que los responsables de estas atrocidades puedan también ser juzgados. Por último, creo que, en el ámbito de las actuaciones de memoria democrática, para concretar este principio de memoria, justicia y reparación, hay otros ámbitos en los que también es necesario actuar. Hace poco hubo una sentencia definitiva que confirma que Meirás pasa a ser patrimonio público, pero esta sentencia establece también que hay que indemnizar a los Franco porque la posesión era de buena fe. Es absurdo, es una cuestión que no tiene ningún sentido. En vez de que sean ellos los que tengan que indemnizar por el robo de un patrimonio que no les pertenecía, resulta que ahora la Administración pública debe indemnizar a los ladrones por haber robado este patrimonio. Por lo tanto, creemos que el Estado debe pelear judicialmente para que los Franco no reciban ni un solo euro y para que se recupere todo el patrimonio robado, porque también se han confirmado las estatuas del Pórtico de la Gloria, pero falta, por ejemplo, la Casa Cornide, en La Coruña. Nosotros trabajaremos para que, además, el pazo de Meirás sea cedido a la Administración pública gallega como centro de memoria en nuestro país. Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, presidenta. Buenos días, señor ministro. Hoy debatimos un real decreto que reconoce derechos y que dignifica a quienes se jugaron la vida por la democracia. No es suficiente, siempre lo decimos en memoria democrática, y además siempre llega tarde, porque este decreto reconoce a víctimas que llevan décadas y décadas esperando; personas que fueron asesinadas, que fueron perseguidas o que fueron gravemente heridas por defender las libertades de las que hoy podemos disfrutar. Como usted ha avanzado, ministro, para dar nuestro voto favorable, hemos negociado con su ministerio para que haya distintas propuestas que se incorporen en el trámite de la ley y que se incluyan por parte del ministerio. Una de ellas es que queremos que se modifique el periodo de aplicación. Ahora mismo el texto habla de que se aplique entre el 1 de enero de 1968 y el 29 de diciembre de 1978, y nosotras hemos propuesto que sea desde el 1 de enero de 1968 al 31 de diciembre de 1983, en coherencia con lo previsto en la disposición adicional decimosexta de la Ley 20/2022, que reconoce la existencia de vulneraciones de derechos humanos en ese periodo. Además, también le hemos propuesto que el reconocimiento de las indemnizaciones previstas en esta disposición no impida ni limite el ejercicio de las acciones judiciales ni del derecho a la tutela judicial efectiva de las víctimas, porque hay que evitar que la reparación económica sustituya al derecho a la justicia. También proponemos que en ausencia de las personas beneficiarias que están previstas puedan ser beneficiarias aquellas personas que acrediten una relación de especial vinculación o cuidados con la víctima, para evitar precisamente exclusiones injustas en contextos familiares que son complejos. Y también que se garantice una aplicación restrictiva y garantista de las causas de exclusión, que deberán interpretarse siempre conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, para que no se interpreten de manera extensiva.

Ministro, hemos llegado a un acuerdo respecto a todas estas cuestiones y entendemos que es un avance con relación al texto actual, pero sigue quedando pendiente que se evite el carácter restrictivo del concepto de víctima en este real decreto. Ya se ha reconocido en la legislación vigente y ese debería ser el siguiente paso, ministro. Porque, señorías del Grupo Socialista, no basta con aprobar una ley si luego no se despliega esa ley con ambición; no basta con anunciar avances si luego no se convierten en derechos efectivos. Y creo que todos y todas las que estamos aquí tenemos una deuda sangrante, que hoy tampoco vamos a abordar: ¿cuándo va a traer este Gobierno la ley integral de bebés robados? (Aplausos). La hemos firmado y trabajado de manera conjunta y con consenso prácticamente todos los grupos de esta Cámara. Como digo, es una deuda sangrante y esto debemos abordarlo ya. Hablamos de una de las mayores vulneraciones de los derechos humanos en nuestra historia reciente, y no podemos esperar más.

Señorías, la memoria democrática no puede ser selectiva, no se puede avanzar con parches y no se puede depender del calendario político. Esperemos, una vez aprobado este real decreto, que en su tramitación como ley podamos ampliar los derechos.

Muchas gracias. (Aplausos).

Eskerrik asko, presidenta. Egun on guztioi. Señorías, como conocen, la Ley 52/2007, de Memoria Histórica, resultó restrictiva en su alcance temporal y en las cuantías otorgadas, dejando fuera a víctimas producidas en el año 1978. La posterior Ley 20/2022, de Memoria Democrática, vino a repararlo simbólicamente, pero sin concretar la subsanación económica para este tramo final de la dictadura ni la actualización de los importes indemnizatorios habidos en el pasado, laguna, señorías, que consideramos adecuado colmar antes de que sea demasiado tarde para muchos afectados, dado lo avanzado de su edad y después de cincuenta años de aquellos hechos. Varias asociaciones de memoria histórica y de víctimas lo vienen reclamando por estimar que el esfuerzo reparador realizado en 2007 había sido insuficiente y desigual en comparación con otras víctimas, como por ejemplo las del terrorismo. Y es en este contexto, señorías, en el que debatimos sobre la convalidación del decreto ley para el reconocimiento de indemnizaciones a favor de personas fallecidas o que sufrieron lesiones incapacitantes por su actividad en defensa y reivindicación de la democracia, que se extiende en casi un año y mejora el régimen indemnizatorio prexistente con el objeto ―ya se ha señalado― de equiparar la protección de los defensores de la democracia con la previsión de la Ley de Memoria Democrática y con otras normativas de reparación. Señorías, en cuanto a las cuantías indemnizatorias por fallecimiento ―también se ha señalado―, se duplica aproximadamente la indemnización original fijada en la Ley 52/2007. Y con respecto a las lesiones incapacitantes, se crea un régimen indemnizatorio para quienes en el periodo 1968-1978 sufrieron lesiones gravemente incapacitantes en defensa de la democracia, régimen indemnizatorio que, a diferencia de las indemnizaciones por fallecimiento, tiene carácter personal e intransferible. Por otra parte, señorías, el decreto ley adapta el procedimiento regulado en el Decreto 1803/2008 a la estructura administrativa actual, estableciendo asimismo mecanismos de compensación complementaria a quienes ya hubieran recibido indemnizaciones bajo la normativa de 2007. Y, por último, en territorio común, establece un régimen de exención fiscal para estas indemnizaciones.

Por todo lo señalado, señorías, el Grupo Parlamentario Vasco valora positivamente la necesidad del decreto ley debatido en términos políticos, de justicia y sociales, que contribuirá, sin duda alguna, a la reparación material ―y también moral― de estas víctimas de la dictadura franquista, que son símbolo de la lucha por la democracia, permitiendo, entre otras finalidades, resarcir a los familiares de Germán Rodríguez, que murió el 8 de julio de 1978 durante los sanfermines por un disparo de la Policía Armada; resarcir a los familiares de Joseba Barandiaran, que murió días después por otra actuación policial en San Sebastián, en Donostia; o resarcir a los familiares de Efrén Torres, que murió el 24 de enero de 1978 en un control policial en Buya, Vizcaya. Y sin ánimo de ser exhaustivo en la cita de víctimas, tampoco podemos olvidar a los familiares de las víctimas de la masacre policial del 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz. A todas ellas, a las que han sido citadas por el ministro y los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra y a las que no se han podido citar aún por falta de tiempo vaya nuestro recuerdo. Y al Gobierno, ahora del Partido Socialista, le reclamamos, una vez más, la desclasificación de toda la documentación oficial sobre estos casos y otros muchos para que la verdad, la justicia y la reparación de todas las víctimas del franquismo sea plena, como recientemente se ha hecho con la documentación clasificada relativa al golpe de Estado del 23F.

Finalizo, presidenta, reclamando la tramitación de la reforma de la Ley sobre Secretos Oficiales, vigente desde el franquismo. Si no se puede realizar sobre el proyecto presentado por el Gobierno por falta de apoyos, inténtese sobre la iniciativa presentada por nuestro grupo parlamentario. Estamos convencidos de que, a buen seguro, tendrá mejor recorrido, sin perjuicio de las enmiendas que los distintos grupos parlamentarios tengan a bien presentar, y que seguramente negociaremos entre todos, para que esa rémora del franquismo ―como es la vigente Ley sobre Secretos Oficiales― sea sustituida por algo conforme al principio democrático y de transparencia y acorde con el contexto de las democracias plenas de nuestro contexto cultural.

Nada más y muchas gracias.

Gracias, señora presidenta. Señor ministro, egun on guztioi. Debatimos hoy un real decreto ley que es bienvenido porque supone una serie de avances en la reparación de las personas fallecidas o con lesiones incapacitantes por su actividad en la defensa y reivindicación de la democracia, con la mejora de indemnizaciones y un aumento de plazos. Pero también consideramos que es un decreto totalmente insuficiente en su alcance y en su amplitud, porque sigue sin recoger el reconocimiento de todas las víctimas de vulneraciones de derechos. Este decreto marca un periodo temporal, en el cual se recoge la posibilidad de ser reconocidas como víctimas, como se ha dicho aquí, entre el 18 de julio de 1936 y el 29 de diciembre de 1978, un periodo claramente insuficiente. Al igual que lo planteamos durante la tramitación de la Ley de Memoria Democrática en la anterior legislatura, tenemos muy claro ―la tozuda realidad así lo demuestra― que, mucho más allá del periodo franquista y posfranquista, hasta 1978, la sombra de los poderes que sostuvieron el franquismo se alargó; también en lo que ustedes denominan el periodo democrático. Porque, señor ministro, las víctimas del franquismo cuentan hoy con un reconocimiento y reparación gracias a la Ley de Memoria Democrática, sí, y nos alegramos por ello, pero aún son muchas las víctimas de vulneraciones de derechos posteriores al periodo estrictamente franquista a las que se les sigue negando ese reconocimiento y, en consecuencia, la justicia y la reparación. Aún hoy en día el Estado español tiene mucho, mucho que avanzar en el reconocimiento de la conculcación de derechos hacia miles de personas, también en los años posteriores al franquismo. Si queremos avanzar en la verdad, la justicia y la reparación se debe reconocer a todas las víctimas. Voy a aportar un ejemplo que nos puede ayudar a marcar el camino que planteamos. Me refiero a las leyes de memoria de la Comunidad Autónoma vasca y de la Comunidad Foral de Navarra. Estas leyes avanzan en el reconocimiento de todas las víctimas de violaciones de derechos humanos por motivación política; también de violencia política ejercida por el Estado, funcionarios públicos o grupos de extrema derecha. Porque estas, señor ministro, siguen siendo las víctimas olvidadas. En Navarra, hasta febrero de este año, 109 personas han sido reconocidas como víctimas, entre ellas casos como los de Mikel Zabalza, Germán Rodríguez o personas torturadas hasta 2009. En la Comunidad Autónoma vasca, de momento, se abarca hasta 1999, lo que ha supuesto el reconocimiento ya de 240 víctimas. Esta debería ser la guía para la mejora y la ampliación de la Ley de Memoria Democrática, que, repito, supuso un buen avance, pero aún es insuficiente.

Hoy votaremos a favor de este decreto porque, aun no compartiendo las limitaciones que se establecen, creemos que las víctimas del franquismo y las que ahora podrán ser reconocidas por esta limitada ampliación lo merecen, y no seremos nosotras quienes les privemos de ello. Pero, señor ministro, la necesidad de ampliar y abordar una visión inclusiva para todas las víctimas de vulneraciones de derechos sigue siendo una cuestión pendiente por la que seguiremos trabajando, y esperamos poder seguir avanzando.

Mila esker. (Aplausos).

Gràcies, presidenta. Bon dia, senyories. Bon dia, ministre. Debatem en aquest punt la convalidació del Reial decret 6/2026. que modifica la Llei de Memòria Democràtica —‌ens diuen— per millorar el reconeixement i la reparació econòmica de persones que van morir o que van patir lesions greus en defensa de la democràcia. Modifiquen una llei de memòria democràtica que el 2022 Junts per Catalunya no vàrem votar. La vàrem votar en contra, perquè consideràvem que era insuficient, que era continuista i incapaç de garantir justícia real per a les víctimes del franquisme. Així, la llei avui vigent, al nostre entendre, manté la impunitat dels crims franquistes i serveix per legitimar el sistema polític espanyol actual. Des de Junts en el seu moment, vàrem expressar i intentar esmenar les mancances i importants limitacions d’aquell text. Ho vàrem fer sense èxit, però ja ho sabem, va prosperar perquè els socis de govern d’aquell moment i els d’avui van conformar-se, dient que malgrat la norma era imperfecta, hi havia un avenç en el reconeixement de les víctimes del cop d’estat, de la guerra i de la dictadura. Un avenç que, malgrat haver-hi majories, va quedar insuficient. I aquí s’evidencia l’engany i es planteja un dels interrogants profunds que nosaltres no vàrem ni volem ignorar i que aquest reial decret llei no resol perquè diu que vol donar resposta a les persones mortes o amb lesions incapacitats per la seva activitat en defensa i reivindicació de la democràcia, víctimes d’una dictadura repressiva violenta, però no ho fa com es podria fer. Ho fa fent un salt endarrere, recuperant el punt 1 de l’article 10 de la Llei 52/2007 per ampliar terminis. Però no només toquen els terminis, hi fan un afegitó. Hi fan un afegitó que el ministre ha obviat i han obviat tots els portaveus que m’han precedit —‌i n’hi ha alguns que sempre ens volen donar lliçons de democràcia i de progressisme. Hi fan un afegit per excloure les persones que hagin format part de bandes armades, fent ús de la mateixa terminologia franquista per condemnar els opositors. Així, de facto, s’assenyalen i s’exclouen persones que van formar part de la resistència; certament, de la resistència armada, per combatre la violència del franquisme i defensar els valors democràtics. El gruix d’aquestes persones, doncs, resulten doblement exclosos: per la data i per ser guerrillers de moltes i variades ideologies antifranquistes. Parlem d’homes i dones que van continuar lluitant contra la dictadura de Francisco Franco, quan tota l’oposició política havia estat escombrada violentament, havia estat literalment aniquilada. Parlem de persones que van assumir riscos extraordinaris per combatre un règim feixista i autoritari i per defensar valors que avui reconeixem com a democràtics. Per això, considerem legítim preguntar-nos si pot una democràcia negar el reconeixement a aquells que van contribuir, encara que fos per mitjans armats, a combatre una dictadura. La llei opta per fer una definició restrictiva de víctima, excloent aquells vinculats a accions violentes contra el franquisme. Però aquesta definició aparentment neutra simplifica una realitat històrica molt més complexa. En contextos de dictadura la frontera entre víctima i resistent no sempre és clara. Molts maquis, per exemple, van ser simultàniament combatents i víctimes, perseguits, torturats, executats o obligats a anar a l’exili. Avui encara n’hi ha un de viu, en Joan Busquets, el Senzill. Ministre, també demana reparació. L’haurien d’escoltar, o almenys llegir el que diu. I els que sovint donen lliçons podran veure que ignorar la complexitat no només empobreix la nostra comprensió del passat, sinó que condueix a una memòria incompleta. Altres països del nostre entorn han afrontat aquest dilema de manera diferent. En alguns casos s’ha reconegut explícitament la legitimitat de la resistència armada contra règims autoritaris, com ho va ser aquí el de Franco. En altres s’ha optat per reconèixer el patiment d’aquestes persones sense negar la complexitat de les seves trajectòries. No estem dient, en cap cas, que s’hagi de legitimar tota forma de violència. La qüestió és si podem construir una memòria democràtica que exclogui aquells que van lluitar contra la dictadura, sovint en condicions molt extremes. Reconèixer els guerrillers no significa glorificar la violència. Significa entendre el context en què es van produir i reconèixer que, en absència de llibertats, la resistència pot adoptar formes que avui, en una democràcia, ni nosaltres ni els que la van utilitzar no consideraríem de cap manera acceptables. Però encara és més inadmissible, ministre, que, per una banda, a la lletra I del punt 1 de l’article 3 de la Llei de Memòria Democràtica 2022 s’inclogui com a víctimes antifranquistes els membres de la guerrilla i els que els van donar suport. I, per contra, aquest reial decret llei posterior reculi i els exclogui. Una memòria democràtica madura no ha de tenir por a la complexitat, ministre. Al contrari, ha d’incorporar-la per ser més justa, més completa i més fidel a la realitat històrica de la lluita per la llibertat. Mirin, a Junts volem una memòria democràtica, democràtica, àmplia i oberta i no ancorada a les voluntats del règim del 78.

Moltes gràcies.

Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, ministro. Debatimos en este punto la convalidación del Real Decreto Ley 6/2026, que modifica la Ley de Memoria Democrática para renovar la reparación económica de personas que murieron o que sufrieron lesiones graves en defensa de la democracia. Modifica una Ley de Memoria Democrática que en 2022 Junts per Catalunya no votó. Votamos en contra en aquel entonces porque considerábamos que era insuficiente, que era continuista e incapaz de garantizar justicia real para las víctimas del franquismo. Así, la ley hoy vigente, a nuestro entender, mantiene la impunidad de los crímenes franquistas y sirve para legitimar el sistema político español actual. En Junts en su momento expresamos e intentamos enmendar las deficiencias importantes de aquellas legislaciones. Lo hicimos sin éxito, pero, ya lo saben, prosperó porque los socios de Gobierno, de aquel Gobierno y de hoy, se conformaron. Pese a que la norma era imperfecta, había un avance en el reconocimiento de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra y de la dictadura, un avance que, pese a que hubo mayorías, quedó insuficiente. Y aquí se evidencia el engaño y se plantea uno de los interrogantes profundos que nosotros no quisimos ni queremos ignorar y que este real decreto ley no resuelve, porque dice que quiere dar respuesta a las personas fallecidas o con lesiones incapacitantes por su actividad en defensa y reivindicación de la democracia, víctimas de una dictadura represiva violenta, pero no lo hace como lo podría hacer. Lo hace dando un salto hacia atrás, recuperando el punto 1 del artículo 10 de la Ley 52/2007 para ampliar plazos, pero no solo hacen falta los plazos. Es un punto que han obviado el ministro y los portavoces que nos han precedido ―siempre hay quienes nos quieren dar lecciones de democracia y de progresismo― y hacen una adición para excluir a las personas que hayan formado parte de las actividades anteriores. Hacen uso de los términos franquistas para condenar a los opositores. De hecho, se excluye a personas que formaron parte de la resistencia ―desde luego, la resistencia armada― por combatir la violencia del franquismo y defender los valores democráticos, así que estas personas resultan doblemente excluidas, por las fechas y por ser guerrilleros de muchas y variadas ideologías antifranquistas. Hablamos de hombres y mujeres que siguieron luchando contra la dictadura de Francisco Franco cuando toda la oposición política había sido barrida violentamente; se la había aniquilado, literalmente. Hablamos de personas que asumieron riesgos extraordinarios para combatir un régimen fascista y autoritario y para defender valores que hoy reconocemos como democráticos. Por eso consideramos legítimo preguntarnos si una democracia puede negar el reconocimiento a quienes contribuyeron, aunque fuera por medios armados, a combatir una dictadura. La ley opta por hacer una definición restrictiva de víctima, excluyendo a quienes estaban vinculados a acciones violentas contra el franquismo, pero esta definición, aparentemente neutra, simplifica una realidad histórica mucho más compleja. En contextos de dictadura, la frontera entre víctima y resistente no siempre es clara. Muchos maquis, por ejemplo, fueron simultáneamente combatientes y víctimas, perseguidos, torturados, ejecutados u obligados al exilio. Hoy todavía hay uno que vive, Joan Busquets, el Sencillo. Ministro, él también pide reparación. Deberían escucharlo o al menos leer lo que dice. Y los que a menudo dan lecciones podrán ver que ignorar la complejidad no solo empobrece nuestra comprensión del pasado, sino que conduce a una memoria incompleta. Otros países de nuestro entorno han afrontado este dilema de manera diferente. En algunos casos se ha reconocido explícitamente la legitimidad de la resistencia armada contra regímenes autoritarios, como fue el de Franco aquí. En otros se ha optado por reconocer el sufrimiento de estas personas sin negar la complejidad de sus trayectorias. No estamos diciendo en ningún caso que se haya de legitimar cualquier forma de violencia. La cuestión es la siguiente: si podemos construir una memoria democrática que excluya a aquellos que lucharon contra la dictadura, a menudo en condiciones muy extremas. Reconocer a los guerrilleros no significa glorificar la violencia, significa entender el contexto en el que se produjo y reconocer que, en ausencia de libertades, la resistencia puede adoptar formas que hoy, en una democracia, ni nosotros ni los que la utilizaron la consideraríamos de ninguna manera aceptable. Pero todavía es más inadmisible, ministro, que, por una parte, en el punto 1 del artículo 3 de la Ley de Memoria Democrática de 2022 se incluya como víctimas del antifranquismo a los miembros de la guerrilla y a los que le dieron apoyo y, por el contrario, este real decreto ley posterior recule y excluya a esas personas. Una memoria democrática madura no tiene que tener miedo a la complejidad, ministro; al contrario, tiene que incorporarla para ser más justa, más completa y más fiel a la realidad histórica de la lucha por la libertad. En Junts queremos una memoria democrática amplia y abierta y no anclada en las voluntades del régimen de aquella época.

Muchas gracias.

Bon dia, presidenta. Senyories, abordem avui un reial decret que, efectivament, com s’ha dit, és una millora, però també senyor ministre, és un Reial decret que s’hagués pogut fer millor. Presenta alguns elements directament millorables i després em referiré a això —‌ho han fet alguns portaveus— i, a més a més, li he de dir, lamentant que un tema tan sensible com el de la memòria no fos consultat prèviament a alguns dels grups que més ens hem dedicat a aquesta qüestió. S’haguessin pogut evitar algunes incoherències manifestes del Reial Decret. Dit això, permetin-me una reflexió més gran sobre la qüestió de la Llei de memòria. Com vostès saben, el grup republicà va votar no a la primera llei de l’any 2007 i es va abstenir a la llei de l’any 2022. Com sempre recordava el company Joan Tardà, és una llei que serveix, però no serveix prou. No va prou al fons. i una mica el reial decret té el mateix mal, senyor ministre, parteix del mateix mal. Per exemple, la consideració de víctima és una qüestió central en les polítiques de memòria. És vacil·lant i ens trobem aquí en aquest problema. Recordi que el nostre grup fa poc va presentar una proposició de llei sobre el famós Patronato de Protección a la Mujer, que va durar, senyories del PSOE, fins l’any 1985, tres anys després que governés Felipe González, també diguem-ho tot. L’estatut de la víctima està en el centre de les polítiques de memòria, com l’Estatut del testimoni està en el centre de la narrativa de la memòria. I vostès, senyor ministre, a vegades legislen sense saber coses bàsiques de la teoria sobre la memòria col·lectiva, que fa molts anys que a França i que al Regne Unit i que als Estats Units se’n parla. A vegades sembla que descobreixin el Mediterrani, li dic cordialment. Bé, les víctimes són importants. Jo també em vull referir aquí a les víctimes, per exemple, Blanca Serra, activista independentista que fou torturada a Via Laietana i que, si bé la Fiscalia ha reconegut el seu estatut de víctima, ha dit que no podia fer res amb els responsables. Novament ens trobem amb una barrera, és a dir, tenim una llei de memòria que estableix qui és víctima i no identifica mai als victimaris. I això també és una mancança que hem de dir que afebleix la democràcia espanyola, aquesta democràcia que alguns s’omplen la boca dient que és plena. No serà tan plena, senyories. Una altra víctima torturada també, Jordi Carbonell, professor de català al qual se’l va torturar, sobretot perquè parlava en català, un altre nom de la ignomínia, senyories. O el gran lluitador activista senyor Miguel Núñez, que també fou torturat a Barcelona, lluitador antifranquista i comunista. Escoltin, tots aquests noms mereixen molt de respecte quan legislem. I acabo la referència, doncs, en el cas, per exemple, d’una família que si no corregim el reial decret, no es podria acollir tampoc als beneficis de les indemnitzacions, que és la família de Salvador Puig Antich. Em referiré també a aquest cas abans d’acabar. Senyor ministre, nosaltres sabem que vostè parteix de les bones intencions, però amb les bones intencions a vegades es cau en els gestos. Per exemple, no puc evitar una breu reflexió sobre el sentit d’aquesta commemoració que vostès van fer: «Cincuenta años, España en libertad». Bé, era per celebrar els 50 anys de la mort d’en Franco, però hem d’admetre que es van quedar curts. Hi ha hagut més pa que formatge, que diem en català. Un poco de aire, ministro. Lo hemos llenado un poco de aire todo esto, de gestos, de cancioncillas, però no hem anat al moll de l’os, senyor ministre. I aquí topem amb un gran tema que és el gran artefacte, Via Laietana. Via Laietana —I‌ em sap greu que no hi hagi aquí davant el ministre Marlaska— Via Laietana s’ha convertit per vostès en una mena de santuari d’una cosa que no es pot reconèixer, que és que va ser un lloc de tortura, un lloc d’ignomínia, un lloc de mort. I pel que sigui, per interessos corporatius, perquè els sindicats policials, perquè la ultradreta, pel que sigui, vostès no volen reconèixer una cosa que fins i tot a Argentina es va reconèixer: els catalans tenim una ESMA, una Escola Superior de l’Armada, de Mecànica de l’Armada, que és la Via Laietana, Prefectura. I nosaltres no ens cansarem, des del nostre grup, de dir que mentre Via Laietana no sigui retornat a les autoritats catalanes, les forces policials se’n vagin a una altra banda i sigui declarat museu i lloc memorial, això serà una vergonya per a qualsevol govern, també pel govern nomenat progressista del PSOE i de SUMAR. És així.

I bé, senyories del PP, vostès, amb això de la memòria, ja sabem que no ho toquen gaire, no fos cas que, com diuen sempre vostès, senyories del PP, no abramos heridas. Bé, doncs saben quina és la política de memòria del PP? Consisteix, per exemple, en organitzar des de la Comunidad de Madrid xerrades sobre ETA, en col·legis majors, perquè es veu, segons s’ha dit, que ETA és algo presente, no algo pasado. Sensacional la política de memòria del PP, és a dir, és a dir, senyories del PP, que veig que ara m’escolten —‌ho celebro— quan dic ETA es produeix un miracle: vostès escolten. Una paraula màgica. Senyories del PP, no tenen vergonya, perquè per vostès hi ha víctimes de primera i víctimes de segona. Per mi tots són víctimes: els assassinats per ETA i els assassinats pel franquisme. Aquesta és la diferència.

I bé, senyor ministre, estem contents de que vostè hagi acceptat un acord amb nosaltres per corregir realment alguns punts que, com han dit alguns companys, són millorables. Per exemple, l’ampliació de l’àmbit temporal de reconeixement d’indemnització. És estrany que no es pogués arribar fins al 31 de desembre del 1983. Entenem que vostè això ho recull i ho celebrem. També l’ampliació del termini per a la presentació de sol·licituds. Un any prorrogable és poca cosa. Nosaltres demanem com a mínim tres anys per poder-ho fer, senyor ministre. Entenem que vostè també ho recull.

Després, una revisió, senyor ministre, dels requisits i criteris d’accés, hem de filar molt prim per evitar exclusions injustificades de les víctimes. La qüestió de qui és víctima o no és víctima no és una qüestió que es pugui resoldre fàcilment en una comissió. Hem de filar prim i, per tant, els criteris, com deia el senyor Legarda, han d’estar claríssims, claríssims.

I, finalment, una garantia també d’interpretació pro víctima, I aquí entraria la qüestió també dels familiars de Salvador Puig Antich. No pot ser que fem aquest reial decret i la família de Puig Antich no es pugui acollir. Per tant, senyor ministre, hem d’anar per aquí.

Acabo amb una última reflexió, senyora presidenta, molt breu. Fa 50 anys hi va haver el cop d’estat a l’Argentina. Ho hem recordat fa poc. Quan nosaltres sortíem de la dictadura. Els argentins i les argentines entraven en l’horror de la junta militar. Els argentins ens han ensenyat dues coses: el valor de trencar el silenci contra l’horror i el valor de la memòria. Acceptem l’ensenyança dels nostres germans transatlàntics i, quan legislem sobre el passat, fem-ho de debò. No fem simulacres.

Gràcies.

Buenos días, presidenta, señorías. Abordamos hoy un real decreto que, efectivamente, como se ha dicho, es una mejora, pero también, señor ministro, es un real decreto que se podría haber hecho mejor. Presenta algunos elementos directamente mejorables, y después me referiré a eso, como han hecho algunos portavoces. Además, tengo que decirle algo, y es que lamentamos que un tema tan sensible como el de la memoria no se haya consultado con algunos de los grupos que más nos hemos dedicado a esta cuestión. Podríamos haber evitado algunas incoherencias manifiestas de ese real decreto. Dicho eso, permítanme una reflexión más amplia sobre la cuestión de la ley de memoria. Como ustedes saben, el Grupo Republicano votó que no a la primera ley del año 2007 y se abstuvo ante la ley del año 2022. Como siempre recordaba el compañero Joan Tardà, es una ley que sirve, pero que no sirve suficientemente, no llega suficientemente al fondo. Y el real decreto adolece de los mismos males un poco, señor ministro. ¿Por qué? Por ejemplo, la consideración de víctima es una cuestión central en las políticas de memoria, es vacilante, y aquí nos enfrentamos a este problema. Recuerde que nuestro grupo hace poco presentó una proposición de ley sobre el famoso Patronato de Protección a la Mujer, que duró, señorías del PSOE, hasta el año 1985, tres años después de que ganara Felipe González, digámoslo todo. El estatuto de la víctima está en el centro de las políticas de memoria, como el estatuto del testigo, que está en el centro de esa legislación de la memoria. Y ustedes, señor ministro, a veces legislan sin saber cosas básicas de la teoría de la memoria colectiva. Francia, Reino Unido o Estados Unidos hace años que hablan de ello. A veces parece que descubran el Mediterráneo, se lo digo con toda cordialidad. Bien, las víctimas son importantes, y yo también me quiero referir aquí a las víctimas. Por ejemplo, a Blanca Serra, activista independentista que fue torturada en Vía Layetana y que, si bien la Fiscalía ha reconocido su estatuto de víctima, ha dicho que no podía hacer nada con los responsables. Nuevamente nos encontramos con una barrera. Es decir, tenemos una ley de memoria que establece quién es víctima, pero no identifica nunca a los victimarios, y eso también es una falta ―tenemos que decirlo― que debilita la democracia española, esta democracia con la que algunos se llenan la boca diciendo que es plena. Pues no será tan plena, señorías. Otra víctima torturada es Jordi Carbonell, profesor de catalán. Se le torturó, sobre todo, porque hablaba en catalán; otra ignominia, otro nombre de la ignominia, señorías. O el gran luchador y activista Miguel Núñez, que también fue torturado en Barcelona; luchador antifranquista y comunista. Escuchen, todos estos nombres merecen mucho respeto cuando legislamos. Y termino la referencia con el caso, por ejemplo, de una familia que, si no corregimos el real decreto, no se podría acoger tampoco a los beneficios de las indemnizaciones, la familia de Salvador Puig Antich. Me referiré también a este caso antes de terminar.

Señor ministro, nosotros sabemos que usted parte de buenas intenciones, pero con buenas intenciones a veces se caen los gestos. Por ejemplo, no puedo evitar una breve reflexión sobre el sentido de esta conmemoración que ustedes hicieron: 50 años de España en libertad. Bien, era para celebrar los cincuenta años de la muerte de Franco, pero hay que admitir que ustedes se quedaron cortos; había más pan que queso, que decimos en catalán. Un poco de aire, ministro; hemos llenado con un poco de aire todo esto, de gestos, de cancioncillas, pero no hemos ido al meollo de la cuestión, señor ministro. Y aquí nos enfrentamos a un gran tema, el gran artefacto: Vía Layetana. Vía Layetana ―siento que no esté aquí el señor ministro Marlaska― para usted se ha convertido en una especie de santuario de algo que no se puede reconocer: que fue un lugar de torturas (aplausos), un lugar de ignominia, un lugar de muerte. Y, por lo que sea, por intereses corporativos, por los sindicatos policiales o por la ultraderecha, ustedes no quieren reconocer algo que en Argentina incluso se reconoció. Los catalanes teníamos una escuela superior de la Armada, una ESMA, en Vía Layetana. Y en nuestro grupo no nos cansaremos de decir que mientras Vía Layetana no sea devuelto a las autoridades catalanas, las fuerzas policiales se vayan a otro sitio y se declare museo y lugar memorial, eso será una vergüenza para cualquier Gobierno, también para el Gobierno supuestamente progresista del PSOE y de SUMAR, llamado progresista. (Aplausos).

Y bien, señorías del PP, ustedes, en eso de la memoria, ya sabemos que, bueno, no tocan mucho, no hacen caso. Ustedes dicen: No abramos heridas. Pues bien, ¿saben ustedes cuál es la política de memoria del PP? Consiste, por ejemplo, en organizar desde la Comunidad de Madrid charlas sobre ETA en colegios mayores, porque se ve ―según se ha dicho― que ETA es algo presente, no algo pasado. Sensacional la política de memoria del PP. Es decir, señorías del PP, que veo que ahora me escuchan, y lo celebro ―cuando hablo de ETA, es una palabra mágica, ustedes escuchan―, ustedes no tienen vergüenza, porque para ustedes hay víctimas de primera y de segunda. Para mí todas son víctimas, los asesinados por ETA y los asesinados por el franquismo; esa es la diferencia. (Aplausos).

Señor ministro, estamos contentos de que usted haya aceptado un acuerdo con nosotros para corregir verdaderamente algunos puntos que, como han dicho algunos compañeros, son mejorables. Por ejemplo, la ampliación del ámbito temporal de las indemnizaciones. Es extraño que no se haya podido llegar hasta el 31 de diciembre de 1983. Entendemos que usted eso lo recoge, y lo celebramos. También la ampliación del plazo para la presentación de solicitudes. Un año prorrogable es poca cosa; nosotros pedimos, como mínimo, tres años para poder hacerlo, señor ministro. Entendemos que usted también lo recoge.

Después, una revisión, señor ministro, de los requisitos y criterios de acceso. Tenemos que hilar mucho más fino para evitar exclusiones injustificadas de las víctimas. La cuestión de quién es o no víctima no es una cuestión que se pueda resolver fácilmente en una comisión. Tenemos que hilar fino y, por tanto, los criterios, como dice el señor Legarda, tienen que estar clarísimos, clarísimos.

Por último, una garantía también de interpretación de la víctima, y aquí entrarían los familiares de Salvador Puig Antich. (Aplausos). No podemos hacer que este real decreto no sea posible para que se acoja la familia de Salvador Puig Antich. Por lo tanto, tenemos que ir por ahí, señor ministro.

Y termino con una última reflexión, señora presidenta, muy breve. Hace cincuenta años se produjo un golpe de Estado en Argentina, lo hemos recordado hace poco. Cuando nosotros salíamos de la dictadura, los argentinos y las argentinas entraban en el horror de la junta militar. Los argentinos nos han enseñado dos cosas: el valor de romper el silencio contra el horror y el valor de la memoria. Aceptemos la enseñanza de nuestros hermanos transatlánticos y, cuando legislemos sobre el pasado, hagámoslo de verdad, no hagamos simulacros.

Gracias. (Aplausos).

Buenos días, señorías. Nos han dicho en el relato oficial de la transición que fue pacífica, que no hubo violencia y que fue fruto de consensos y de pactos entre esos grandes hombres de la historia. Ese relato es un mito fundacional de la democracia y, como todo mito, expresa una visión distorsionada para cimentar en el imaginario colectivo una serie de falsedades que promuevan una actitud acomodaticia y acrítica. Ese mito se está transmitiendo a las nuevas generaciones. Poco aparecen en los libros de texto las luchas vecinales, las luchas de las mujeres, las luchas por los presos o las huelgas. Sin embargo, fue ese empuje popular el que obligó a moverse a unas élites franquistas reacias a la apertura. La transición supuso el segundo gran proceso democratizador de nuestro país tras la Segunda República. (Aplausos). La violencia franquista fue vencida por personas humildes que se organizaron en sindicatos, en partidos de izquierda clandestinos, en asociaciones de vecinos. Eran los enemigos de la patria, de la policía y de las organizaciones terroristas ultraderechistas. Un mito fundacional de la democracia que también encubrió que no se depuraran los aparatos represivos del franquismo. Muestra de ello es la impunidad y condecoraciones con las que vivió hasta su muerte Billy el Niño. Muestra de ello es que sigue habiendo un Estado profundo heredero del franquismo, que interviene para intervenir en la voluntad popular de nuestro pueblo. (Aplausos). Y esto es así porque la democracia no fue fruto de una ruptura, sino de unos consensos que las fuerzas reaccionarias de hoy y de ayer no quieren respetar porque nunca se creyeron. Torturas y gatillo fácil, que quitaron la vida a los abogados de Atocha, pero también a otras víctimas como Miguel Vicente Basanta, en Zaragoza; Pedro Martínez; Francisco Aznar; Romualdo Barroso; José Castillo y Bienvenido Pereda Moral, en la matanza de Vitoria. También Carlos González, Ángel Almazán, Arturo Ruiz, María Luz Nájera, Vicente Cuervo, Ana Teresa Barrueta, Yolanda González, María José Bravo, el niño Juan Félix Domínguez y tantos y tantas otras, como Manuel José García Caparrós. Caparrós era un joven malagueño de familia humilde, de las Comisiones Obreras, que un 4 de diciembre de 1977 salió a las calles de Málaga a una manifestación bajo el lema: «Libertad, amnistía y estatuto de autonomía». Porque al pueblo andaluz nada nos ha sido regalado: ni las libertades, ni los servicios públicos, ni el autogobierno. (Aplausos). Un autogobierno está enterrando la derecha que hoy gobierna Andalucía, unos servicios públicos que hoy desmantela Moreno Bonilla. Porque el Partido Popular ha traicionado el espíritu del 4 de diciembre que puso a Andalucía en pie. En aquella manifestación del 4 de diciembre se rompió el guion de la transición. El plan era federalizar el norte y regionalizar el sur. El pueblo andaluz fue vanguardia y consiguió que se reafirmara como nacionalidad histórica, a la altura de Euskadi, de Cataluña y de Galicia. A Caparrós lo mataron aquel 4 de diciembre de 1977. El gatillo fácil del franquismo siempre estuvo presente y hubo décadas de silencio, de impunidad, de portazos a la verdad, de archivos cerrados a cal y canto a las hermanas Caparrós. Y, humildemente, desde Antonio Romero hasta el presente, varias generaciones de compañeras y compañeros de Izquierda Unida hemos acompañado en su lucha a Paqui, a Puri y a Loli (aplausos), desde la esquina de la calle Alemania cada 4 de diciembre hasta conseguir la documentación sin tachones en este Congreso de los Diputados, pasando por tantos y tantos pueblos. Hoy, con este real decreto ley, se extienden y mejoran las indemnizaciones a víctimas en defensa de la democracia hasta 1978 y se hace algo de justicia a Caparrós. Cada paso adelante lo vamos a apoyar, y más este que cuenta con nuestro empuje. Queda mucho por reparar, aunque con este decreto llega por fin la reparación a casos de ejecuciones extrajudiciales, quedan casos por reparar, como en el caso de Almería. Es imprescindible reparar también las ejecuciones sufridas por luchadores antifranquistas como Salvador Puig Antich. (Aplausos). Igual que no consentimos las ejecuciones en Irán, tampoco se consienten aquí. Quiero contar una historia. Era un 8 de mayo de 1981 cuando tres jóvenes residentes en Santander, Luis Cobo, Juan Mañas y Luis Montero, de 29, 24 y 33 años, salieron de allí hacia Almería a la comunión del hermano de Juan. Al día siguiente, el 9 de mayo a las 21:05, fueron detenidos en una tienda de Roquetas de Mar por la Guardia Civil, que los confunde con miembros de la ETA. Esto fue suficiente para ser torturados brutalmente, asesinados y calcinados en su Ford Fiesta. Ni estos ni tantos otros jóvenes están amparados por este real decreto porque sufrieron la violencia fuera de plazo. Y no son los únicos que, por diversas razones, no están bajo el amparo de este real decreto a efectos de indemnizaciones ni tampoco están reconocidos como víctimas del terrorismo. Por eso, queremos que este real decreto ley se tramite como proyecto de ley, para garantizar el reconocimiento y equiparación de víctimas de agentes del Estado, tal y como hemos registrado nosotras y nosotros desde el grupo parlamentario en una proposición no de ley. (Aplausos). Hay que equiparar a las víctimas de crímenes cometidos por agentes del Estado hasta 1983, que es cuando realmente concluye la Transición, una vez que se supera el golpe del 23-F de 1981 y se dan los últimos coletazos de esa violencia policial indiscriminada bajo la impunidad del franquismo. No puede haber víctimas de primera y víctimas de segunda. Caparrós sigue sin la consideración de ser una víctima del terrorismo. ¿Por qué las víctimas del terror franquista tienen que ser de segunda? Queremos dar una respuesta legal y contundente que modifique la ley de víctimas del terrorismo y la Ley de Memoria Democrática para incluir estos crímenes y garantizar derechos e indemnizaciones. Hacerlo es un ejercicio de compromiso democrático con todas esas personas humildes que empujaron la historia con sus manos y con sus vidas. Las políticas de memoria y de reparación han de ser constitutivas de la democracia, por lo tanto, bajo el mandato del nunca más, y han de servir para colocar a cada cual en su lugar en el pasado y en el presente. Hacerlo hoy tiene un sentido claro: entender que aquella lucha por la democracia continúa hoy. Continúa por quienes paran la Vuelta Ciclista a España para denunciar un genocidio. (Aplausos). Continúa por quienes ponen su cuerpo para evitar un desahucio. Continúa hoy la lucha por tantas mujeres afectadas por los cribados que salen a las calles a defender su sanidad pública. La lucha por la democracia continúa hoy desde muchos rincones de nuestro país.

Por eso, frente a la ola reaccionaria que amenaza lo conquistado, no basta con recordar, hay que tomar partido porque la democracia no fue un regalo, fue una conquista colectiva, y el antifranquismo no pidió permiso, sino que ocupó las calles y abrió el camino a las libertades. Y esas conquistas las tenemos que hacer nuestras. Las hacemos nuestras y defendemos hoy, en cada una de las luchas de nuestro país, esas luchas por la democracia. Esa es la mejor manera de honrar a Caparrós y a tantos y tantas otras, no solo recordando, sino continuando su lucha democrática. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).

Muchísimas gracias, señora presidenta. La izquierda y los separatistas no quieren justicia, quieren imponer su relato, hacerlo oficial y castigar a los que no lo aceptamos. Como la izquierda y los separatistas no tienen propuestas para resolver los problemas reales de los españoles, se inventan una historia e intentan dividir a los españoles. El Gobierno trae hoy un real decreto ley que contempla indemnizaciones, dentro del marco de la Ley de Memoria Democrática, en el periodo que va de 1968 a 1978. Por tanto, estamos ante un nuevo episodio de su mentira histórica (aplausos), y este nuevo episodio consiste en que la izquierda y los separatistas trajeron la democracia a España y que estaban deseosos de traer las libertades. Pero mientras el Gobierno se ufana y presume hoy de entregar indemnizaciones de hasta medio millón de euros a familiares de personas que dicen que lucharon por la democracia, indemnizan con muchísimo menos dinero a las víctimas de la tragedia de la dana y de Adamuz. (Aplausos). Señorías, nosotros nos oponemos frontalmente a este real decreto ley porque escarba, ahonda en la nefasta, infame y nunca suficientemente condenada Ley de Memoria Democrática. Una ley que dice quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos; una ley que dinamita libertades esenciales como la de asociación o la de cátedra, y una ley al dictado del Partido Socialista y que hace de la memoria de los socialistas, de los comunistas y de los separatistas memoria oficial del Estado. (Aplausos). Como todos sabemos, la inmensa mayoría de la llamada oposición antifranquista ―de inspiración socialista o de inspiración comunista― no luchaba en esos años por la democracia liberal ni por el pluralismo político, tal cual se contempla hoy en el texto constitucional de 1978. Y nada que lo abrazaron lo hicieron por necesidad. El Partido Socialista y el Partido Comunista eran partidos revolucionarios, uno marxista y el otro marxistaleninista. El Partido Socialista se fundó como un partido marxista en 1879, es decir, como instrumento de la ideología más totalitaria y antidemocrática que ha visto Europa en todo el siglo XX. (Aplausos). Además, precisamente el Partido Socialista es el partido de la violencia extrema durante la Restauración, durante la Segunda República y durante la última Guerra Civil. Eso sí, se llenaron de carguitos durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Es bien conocido cómo Felipe González renunció a la Secretaría General del Partido Socialista en 1979 porque la inmensa mayoría del socialismo histórico quería seguir abrazando el socialismo marxista y no la socialdemocracia. (Protestas). Es también muy conocido cómo Alfonso Guerra, en el Congreso de las Juventudes Socialistas, en julio de 1975 en

Portugal, dijo que no se podía ser socialista sin defender la dictadura del proletariado. ¡Oh, qué casualidad!, la dictadura del proletariado, tal cual se definía la Unión Soviética en la Constitución de 1936, en su artículo segundo, más conocida como la Constitución de Stalin. ¡Menudo demócrata! Tan demócrata como son unas urnas vigiladas por Koldo o por Santos Cerdán. (Aplausos.―Rumores). Sí, no se rían, señorías, que su camarada Javier Pradera lo escribió en su libro La Transición española y la democracia, en el que dijo que ninguno de ustedes estaba por entonces a favor de la democracia representativa, sino que querían la democracia revolucionaria.

También sabemos perfectamente, señorías, que ustedes quieren que estas indemnizaciones las recojan las izquierdas y los separatistas, por mucho que no lucharan a favor de la democracia. Porque hace escasas semanas aquí, en el Congreso de los Diputados, ustedes homenajearon a personas de la banda terrorista ETA por su lucha antifranquista. (Aplausos.―El señor vicepresidente segundo, Bermúdez de Castro Fernández, ocupa la Presidencia). Pero, señorías de la izquierda, les recordamos que un socialista como Julio Álvarez del Vayo fue presidente de la banda terrorista FRAP y que los comunistas montaron el GRAPO, que dejó casi un centenar de personas asesinadas en España. (Rumores). También sabemos, señor ministro, que estas personas no recibirían indemnización porque pertenecían a organización terrorista, en cambio para todos ustedes sí que recibirían esta indemnización por luchar por la república popular socialista y marxista cuando nada tenía que ver con la democracia. (El señor Mayoral de Lamo pronuncia palabras que no se perciben). Ustedes consideran que la lucha antifranquista equivale a la democracia, y no fue así en el PSOE ni en el Partido Comunista ni en la Organización Revolucionaria de los Trabajadores ni tampoco en la Liga Comunista Revolucionaria. De hecho, estos últimos entendían la democracia apedreando, apaleando o tirando cócteles molotov contra las manifestaciones de la derecha o contra la policía. (Aplausos). De hecho, los regímenes políticos que ustedes defendían por entonces cometían verdaderas barbaridades y atrocidades contra manifestantes, como en Novocherkask, por ejemplo, o en Polonia en 1970 o sus amigos del PRI, que asesinaron a más de trescientos manifestantes en la Plaza de las Tres Culturas, en México.

Así que, señorías del PSOE y del Gobierno, no cuela, a ustedes no les interesa nada la democracia ni la libertad ni las personas que lucharon por ello. (Rumores.―La señora Crespín Rubio: A ti sí). De verdad que no. Desde luego, nosotros en VOX sí que respetamos la memoria de todas las víctimas y de sus familiares (Risas), pero lo que nosotros jamás haríamos sería negociar con la banda terrorista ETA, con sus herederos, con los que jamás han condenado el terrorismo o con los que justifican lo que pasó. (Aplausos). Nosotros jamás, jamás lo haríamos. Ustedes prefieren eso antes que honrar con hechos concretos a las víctimas del terrorismo de España, que esas sí que murieron todas por España y muchísimas de ellas por la democracia. Luego, eso sí, dicen que todos los que queremos recordar a las víctimas del terrorismo, todos aquellos que queremos el cumplimiento estricto de las penas por parte de los terroristas no hemos pasado página. Recordemos que hay casi cuatrocientos asesinatos de la banda terrorista ETA sin resolver. Menuda forma de entender la memoria tiene el PSOE: hay que olvidar lo de ayer, en cambio hay que legislar sobre lo que ocurrió hace noventa años. (Aplausos).

En definitiva, estamos ante un acto perverso más del Gobierno y del Partido Socialista, crueles con las víctimas del terrorismo de hoy y con su justicia, amnésicos con sus corruptelas de hoy y, en cambio, arqueólogos militantes para retorcer nuestro pasado. ¡Menuda patraña!

Muchísimas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Muchas gracias, presidente. No quería comenzar con esta intervención sin contestar a esta cantidad de faltas de respeto a la verdad y a la historia. (La señora Ruiz Solás: Las tuyas). Si hay democracia en nuestro país hoy es gracias a miles de personas que lucharon por que llegara ―y ninguno proviene de su familia política, más bien al revés―, lucharon contra lo que hoy ustedes representan, contra esa forma de pensar tan intolerante. (Aplausos). Y lo han demostrado ustedes aquí hoy. (El señor Robles López: ¿Pero qué dices?). Sí, fascismo premium el que hemos visto aquí hace escasos minutos. Hoy es el día en el que podemos empezar a saldar una deuda. No una deuda presupuestaria ni económica, sino una deuda moral. La más exigente de las deudas, porque no se salda con una transferencia ni se cancela con el paso del tiempo. Al contrario, cuanto más tiempo pasa, más pesa sobre la conciencia de nuestro país y de nuestra democracia. España tiene deuda aún con muchos hombres y muchas mujeres que, cuando la democracia no existía aún, decidieron pelear por ella. Y lo pagaron caro, muchos con la cárcel, otros con la tortura y hay, incluso, quien lo pagó con su vida. Ha hecho el señor ministro mención a muchos de ellos, pero me van a permitir que recuerde ―por mi origen y por lo que simboliza para los andaluces― a uno de ellos: José Manuel García Caparrós. Tenía dieciocho años cuando un 4 de diciembre de 1977, durante una manifestación junto a miles de andaluces por las calles de Málaga, fue asesinado. Reclamaban ―fíjense― democracia y autonomía para Andalucía. (Aplausos). Por eso lo asesinaron, por gritar democracia y autonomía plena para Andalucía. Casi cincuenta años después seguimos aún sin saber quién apretó el gatillo, pero sí sabemos que acabaron con su vida por su compromiso con la libertad, con la democracia y con nuestra tierra, Andalucía.

Caparrós nunca recibió desde las leyes de memoria democrática el reconocimiento como víctima de su lucha contra el franquismo, y con este real decreto podremos hacerlo. Lo hace el presidente Pedro Sánchez, pero necesitamos el respaldo de esta Cámara para hacerlo posible. Y no solamente con él, con otros muchos, con otras muchas, porque son compatriotas todos ellos, convecinos nuestros, porque la lucha contra el franquismo y por la democracia se libró en cada rincón, en cada pueblo y en cada barrio de nuestro país, y hay muchos de ellos que tienen pendiente todavía ese reconocimiento. Si con la reforma de hoy no queda satisfecho haremos todo lo que esté en nuestra mano para volver a modificar lo que sea necesario para que no haya ningún ciudadano que luchara por la libertad sin su reconocimiento. (Aplausos).

¿Qué hemos hecho con este real decreto ley? Corregimos el ámbito temporal y lo hemos llevado hasta el 29 de diciembre de 1978, fecha en la que entró nuestra Constitución en vigor. Hemos actualizado las cuantías por una cuestión de igualdad, para equiparar a las víctimas del franquismo y a las víctimas del terrorismo, y hemos establecido mecanismos de compensación para quienes ya recibieron antes indemnizaciones de carácter menor. Porque la justicia no es solo reconocer, es también corregir lo que se hizo insuficientemente.

Y permítanme ahora ser directo y dirigirme a las señorías del Grupo Popular. ¿Qué van a hacer ustedes hoy? (La señora presidenta ocupa la Presidencia). ¿Votarán que no, como suelen hacer cada vez que traemos aquí asuntos de memoria democrática y de reconocimiento de quienes lucharon por las libertades? ¿Se pondrán de perfil y se abstendrán? ¿Votarán que sí? Miren, el señor Moreno Bonilla se pone la blanca y verde cada 4 de diciembre en memoria de Caparrós y este decreto ley permite que reconozcamos a Caparrós como luchador de la democracia. (Aplausos). ¿Qué van a hacer? ¿La moderación les dura solo lo que dura el tiempo que está conectada la cámara que apunta al señor Moreno o es real y es sincera y van a juntarse con el pueblo andaluz para que reconozcamos a Caparrós de una vez por todas? Dejen de fingir. Hoy tienen una prueba para demostrar si son creíbles o no los 4 de diciembre, cuando cogen la blanca y verde. ¿Lo hacen de forma utilitarista o sincera? Demuéstrenlo. Porque votamos el 17 de mayo en Andalucía gracias a que hubo gente como Caparrós que se mojó para que el pueblo andaluz tuviera autonomía plena. ¿Lo van a reconocer o no? (Aplausos). Hoy es el momento de decidirlo, señorías.

De VOX podemos esperar poco. El corazón político de la ultraderecha ya sabemos dónde está: en la caja fuerte de Abascal. De ustedes quienes creemos en la democracia no esperamos nada. Ustedes, por Netanyahu y por Trump, lo que sea, aunque tiren bombas en las escuelas donde mueren niños. Por ellos, lo que sea. Ahora, por los españolitos que lucharon para que en este país hubiera libertad y una democracia que les permite a ustedes sentarse ahí, no moverán un dedo, porque esa es su deplorable escala de valores, señorías.

Al resto de la Cámara le pido, en nombre de quienes lucharon por la democracia, por la libertad y que no han sido reconocidos hoy, el voto favorable para convalidar el real decreto ley.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

Gracias, señora presidenta. Señorías, debatimos una vez más un decreto ley del Gobierno que es un despropósito jurídico, una aberración histórica y una deslegitimación constitucional. (Rumores). Señorías, en democracia y en un Estado de derecho, las formas y los procedimientos son parte esencial del ejercicio público. Por desgracia, el Gobierno de Sánchez nos trae de nuevo una reforma legislativa que en ningún caso se puede justificar por urgencia, tal y como corresponde a un decreto ley de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional. Leo: el concepto de extraordinaria y urgente necesidad no constituye una expresión vacía de significado dentro del cual el margen del Gobierno se mueve libremente, sino que es un verdadero límite jurídico a la actuación mediante decretos leyes. Pues bien, señorías, difícilmente el pago de unas indemnizaciones por hechos sucedidos hace cincuenta años se puede considerar un supuesto de urgente y extraordinaria necesidad. Podrían haber tramitado un proyecto de ley ordinario, incluso traerlo por lectura única, pero no, tenían que traer otro decreto ley. Por lo tanto, estamos ante otro fraude procedimental del Gobierno y un nuevo desprecio al ejercicio ordinario de la función legislativa por las Cortes Generales. (Aplausos).

Señorías, el franquismo fue un régimen básicamente personal, y por eso muchos consideran que muerto Franco se acabaron el franquismo y la Dictadura. De hecho, ese fue el argumento del Gobierno y del señor ministro para justificar sus fastos de cincuenta años de libertad por la muerte de Franco. Bueno, en parte es así. Pero, si somos estrictos desde el punto de vista histórico ―y sobre todo jurídico―, se puede decir que el certificado de defunción de la Dictadura fue la Ley para la Reforma Política, aprobada a finales de 1976. Señorías, esa ley fue el instrumento que permitió, en el contexto de la transición española, la eliminación de las estructuras de la Dictadura desde un punto de vista político y jurídico, dando paso de manera imparable a un sistema democrático. La consecuencia inmediata de la aprobación de la Ley para la Reforma Política fue la celebración de elecciones generales en junio de 1977, señor ministro, elecciones igual de libres que las que tenemos hoy, exactamente igual de libres. (Aplausos). Fíjense, señorías, si fueron libres, que es imprescindible recordar el resultado de esas elecciones para que no perdamos el sentido de la realidad. Votaron 18 millones de españoles, hubo una participación del 79 %. Obtuvieron representación doce fuerzas políticas. La suma de los partidos que hoy conforman el Gobierno y sus aliados representaban el 48,5 %; hoy son poco más del 49 %, más o menos lo mismo. Por lo tanto, señorías, nadie en su sano juicio, nadie con un mínimo de rigor histórico y con un mínimo de decencia puede defender que, desde la Ley para la Reforma Política, y especialmente desde las elecciones de junio de 1977, en España no había democracia ni libertad. Quien defienda eso estará calificando como cómplices de la represión a los 118 diputados que entonces tenía el PSOE, los 20 del Partido Comunista, los 6 del PSP, los 11 del Pacto Democrático por Cataluña y los 8 que entonces ―no 5, sino 8― tenía el PNV. Esto también es historia, señor ministro. (Aplausos).

Señorías, reconocer indemnizaciones por fallecimiento o graves lesiones bajo el paraguas de la ley de memoria por hechos posteriores a noviembre de 1976, y especialmente después de junio de 1977, es más que un fraude jurídico o una barbaridad histórica, es un ataque directo a la base fundacional de nuestra democracia, es un paso más en ese claro camino de deslegitimación de la Transición y de la Constitución de 1978, lo cual no nos extraña en absoluto porque es en lo que está la izquierda desde hace mucho tiempo y el Partido Socialista en concreto desde José Luis Rodríguez Zapatero. (Una señora diputada: ¡Eso es!)

Señorías, han hablado algunos de la trágica muerte por un disparo de Manuel José García Caparrós y, sin duda, aquello fue algo deleznable, inaceptable e injusto. Sin duda, su muerte mereció reconocimiento, desagravio y compensación, pero no olvidemos ciertos hechos: su muerte se produjo como consecuencia de un disparo en diciembre de 1977. Ya no existía Franco, ya no existía la Dictadura, España ya contaba con un Parlamento democrático elegido en elecciones generales libres, señor ministro, y lo que se reivindicaba en aquella época ya no era libertad o democracia, sino descentralización. Así que, señorías, la muerte de García Caparrós ―insisto― fue un trágico e inaceptable suceso, pero no se puede abordar en ningún caso desde la perspectiva de ley de memoria, sino desde la de la responsabilidad patrimonial del Estado por daños policiales. Ese es el marco en el que ustedes debían haber actuado. Lo que no se puede hacer, señor ministro, es usar la ley de memoria como un cajón de sastre para dar salida a situaciones que legalmente no son viables simplemente por la imposibilidad de abordarlo desde las víctimas del terrorismo o ante la dificultad que ustedes han tenido para buscar una fórmula al amparo de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana o la de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, mismo fraude que hicieron, por ejemplo, con algún que otro palacete.

Señorías, el portavoz de Esquerra Republicana ha dicho que ellos sí se acuerdan de todas las víctimas. Falso. Yo no le he oído nunca preocuparse por los policías nacionales incapacitados que recibieron adoquines por los salvajes independentistas en su momento. (Aplausos). Por lo tanto, vergüenza la suya, señor portavoz. Lo que ocurre es que es muy fácil recurrir a la ley de memoria porque ayuda al relato. Fíjense, señorías, permítanme que les lea dos comunicados de ETA de octubre de 1977 ―ya había Cortes democráticas― y de septiembre de 1979 ―ya había Constitución―; comunicados para justificar sus asesinatos: ETA considera que su acción no puede desestabilizar la democracia porque no existe. Antes los partidos políticos eran ilegales, ahora son legales, pero anulados por el temor de la derecha. Los atentados son la respuesta de la maniobra del abrazo de la Moncloa con nuevas formas de dominación imperialista con apariencia democrática. Por tanto, señorías, hoy el PSOE, a través de la ley de memoria, ha comprado el mismo relato que escupía ETA para justificar sus asesinatos. (Aplausos). Han blanqueado ustedes, señorías, a Bildu y ahora también quieren blanquear a un juez prevaricador como Garzón para que presida una totalitaria y distópica Comisión de la Verdad. Señorías, por ahí no vamos a pasar, porque no vamos a ser cómplices de su proceso de deconstrucción constitucional y de su proceso para ensuciar el origen de nuestra democracia.

Así que, señores del Gobierno y señores del Grupo Socialista, su obsesión por levantar muros y por la propaganda les ha llevado, como hizo ETA en aquella época, a considerar franquistas, traidores e imperialistas a Felipe González, Alfonso Guerra, Marcelino Camacho, Carrillo, Pasionaria, Tierno Gabán, Xabier Arzalluz o Jordi Pujol, que eran diputados de esta Cámara en unas elecciones libres desde junio de 1977.

Muchas gracias. (Un señor diputado: ¡Muy bien!―Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie).

Muchas gracias, presidenta.

Sin ánimo de entrar en el debate… (El señor Hernando Fraile: Sí, claro, a ver.―Rumores).

Ante las intervenciones de grupos políticos que han hablado de ampliación de plazos, de mejorar el texto y también de otras cuestiones propondré al Parlamento, si hoy se convalida este real decreto ley que, en un periodo de tiempo corto de tres o cuatro semanas, se puedan presentar las enmiendas para su tramitación como proyecto de ley. (Aplausos).