Irene Garrido Valenzuela
Gracias, presidenta. Debatimos hoy la moción derivada de la interpelación urgente del Grupo Popular sobre las medidas del Gobierno para paliar el impacto de la guerra en Irán sobre familias y empresas españolas. Explicaré cómo los acontecimientos últimos confirman la necesidad de esta moción. Tras semanas sin actuar, el Ejecutivo ha aprobado el Real Decreto Ley 7/2026, no por anticipación, sino forzado por la realidad. Pero ya antes las familias venían sufriendo una pérdida de poder adquisitivo: precios acumulados al alza ―los alimentos más del 41 % y en otros productos básicos ha habido subidas más fuertes―, mayor presión fiscal ―2,1 puntos de PIB frente a la caída de la presión fiscal en la Unión Europea― y una caída del salario neto real del 1,2 % desde 2018. Y, a mayores, en este contexto, han tenido que asumir el encarecimiento de la energía, el transporte y los bienes esenciales. En definitiva, pagar más por todo, mientras que el Gobierno permanecía inactivo y, eso sí, aumentaba la recaudación. Si observamos lo ocurrido en España, podemos extraer una primera conclusión. Primero, en cuanto a Europa, la mayoría de los países europeos han actuado con anticipación para hacer frente al impacto económico de esta crisis. Algunos países como Italia o como Portugal pusieron en marcha medidas de control de los precios energéticos y ayudas directas que paliaron mucho antes los efectos de la inflación, y ofrecieron una mayor estabilidad tanto a familias como a empresas. Sin embargo, en España la situación ha sido diferente. Aquí la respuesta llega tarde, con medidas que entraron en vigor hace apenas tres días, cuando los efectos de la crisis ya llevaban tiempo siendo evidentes, lo que reduce la eficacia de las ayudas porque hemos dejado durante más tiempo a familias y empresas sin el apoyo necesario. La respuesta, el Real Decreto 7/2026, es, ante todo, insuficiente y una mala copia de las medidas que el Partido Popular viene planteando desde el inicio de la crisis. (Aplausos).
Este es el problema, porque el real decreto ley no incluye decisiones que tendrían un impacto real e inmediato en la economía de las familias. No hay una adaptación del IRPF a la inflación que incluya los tres primeros tramos, los mínimos personales y que duplique los mínimos por descendientes para ayudar más a las familias con hijos. Es necesario devolver parte del esfuerzo fiscal realizado por las familias españolas en los últimos años e impedir que paguen más sin haber ganado más. En su lugar, el Gobierno vuelve a recurrir a su esquema tradicional: medidas parciales, muchas de ellas diferidas, combinadas con instrumentos financieros que trasladan el problema hacia adelante, pero que no resuelven el presente. Se actúa tarde y con una intensidad claramente insuficiente.
Ahora bien, si el contenido del real decreto resulta limitado, como estoy demostrando, la forma en que se ha aprobado es aún más reveladora. Lo que ocurrió en el Consejo de Ministros el pasado viernes solo podemos calificarlo de esperpento. (Aplausos). Ha sido una ópera bufa, impropia de una democracia seria. Fue un Consejo de Ministros que ni siquiera pudo arrancar porque parte del Gobierno no quería sentarse mientras no se atendiesen sus exigencias, y que obligó a la negociación a última hora y que nada tenía que ver con la urgencia económica que realmente tenían que abordar. El resultado fue una solución improvisada: dividir la respuesta en dos reales decretos, el 7 y el 8, y no por razones de coherencia, sino para tapar una crisis interna. Lo más preocupante, además del drama vivido, ha sido cómo lo despachó el presidente Sánchez, calificándolo de salseo. Señorías, lo que Sánchez llama salseo es, en realidad, un Gobierno bloqueado ante una crisis económica. (Aplausos). Y todo esto ocurre porque el presidente no puede ejercer como tal. Es el primer caso en el que un presidente del Gobierno no puede cesar a sus ministros, porque sabe que, si destituye a los rebeldes de SUMAR que le plantaron cara y quisieron desafiarlo, arriesga su propia continuidad. Ni nombró ministros ni puede cesarlos. Es un presidente capaz de todo menos de irse. Es capaz de llevar tres años sin presentar presupuestos generales del Estado, tres años en abierta rebeldía constitucional, incumpliendo de forma consciente y reiterada una de las obligaciones más básicas y despreciando a esta Cámara y a todos los españoles. (Aplausos).
La respuesta fragmentada a la que llegó el Consejo de Ministros con el segundo real decreto, al que no me he referido todavía, el 8/2026, crea una situación de gran inseguridad jurídica, porque ese segundo real decreto introduce medidas como la prohibición de despidos hasta junio de 2026 o la prórroga automática de los contratos de alquileres en el ámbito de la vivienda, que pueden tener una vigencia muy reducida, algo más de treinta días. Por lo tanto, son unas medidas que nacen con fecha de caducidad, porque todo apunta a que ese real decreto no será convalidado en esta Cámara. Y eso genera incertidumbre, desprotección y una enorme inseguridad.
Frente a esta forma de actuar, hay otra manera de hacer política, la que mi grupo ha defendido desde el inicio, con medidas para reducir de forma inmediata la escalada de los precios energéticos, de apoyo a la industria y de devolver el poder adquisitivo a las familias, reduciendo la carga fiscal, adaptando el IRPF a la inflación y articulando ayudas directas que lleguen con rapidez a quienes más lo necesitan. No se trata, señorías, de una cuestión ideológica, sino de eficiencia; de entender que, en un contexto como el actual, cada día cuenta y cada día de retraso tiene consecuencias reales en la economía de las familias y en la actividad de las empresas.
Por eso, esta moción sigue siendo necesaria, porque no basta con reaccionar; hay que hacerlo a tiempo, con coherencia y con la intensidad adecuada. Se ha registrado una enmienda de VOX, que, por su extensión, bien merece que la presenten como una iniciativa independiente. No podemos aceptarla porque desvirtuaría nuestra moción.
Termino, el balance es que, después de varias semanas de inacción, el Gobierno aprueba dos reales decretos leyes; tarde, dividido y a medio camino. Tarde porque los españoles ya llevan semanas pagando la crisis, dividido porque ni siquiera han sido capaces de ponerse de acuerdo entre ellos y a medio camino porque han evitado incluir medidas que realmente aliviarían a las familias. Ese es su modelo, reaccionar cuando no queda más remedio y hacerlo sin llegar hasta el final. Una vez más, el Gobierno llega tarde y quienes acaban pagando son los de siempre, los españoles.
Muchas gracias. (Aplausos).