Idoia (GV (EAJ-PNV)) Sagastizabal Unzetabarrenetxea
Gracias, presidente. La proposición no de ley que presentamos hoy parte de una realidad que nadie puede negar: la industria del acero atraviesa uno de los momentos más delicados de las últimas décadas, en un contexto internacional marcado por la inestabilidad geopolítica, la volatilidad energética, la presión sobre las cadenas logísticas y un entorno comercial cada vez más hostil para los productos europeos. Esa presión se ha intensificado en los últimos meses por la combinación de dos factores que se retroalimentan: la inestabilidad geopolítica en Oriente Medio con las tensiones del estrecho de Ormuz y la política arancelaria endurecida de Estados Unidos bajo la Administración Trump. Ambos elementos están alterando de manera profunda los mercados energéticos, las cadenas de suministro y el comercio internacional del acero. Y lo están haciendo con un impacto directo sobre las empresas y sobre miles de trabajadores que dependen de un sector estratégico para la economía y para el tejido industrial. En los debates parlamentarios recientes ―incluidos también los celebrados en el Senado― quedó claro que todos los grupos reconocen la gravedad del momento. Nadie discute que la siderurgia es estratégica, que sostiene miles de empleos y que es esencial para sectores como la automoción, la energía, la construcción o las infraestructuras. Nadie discute que Europa debe reaccionar ante un mercado global que se ha vuelto mucho más hostil y nadie puede discutir tampoco que la industria electrointensiva soporta un coste eléctrico final superior al de sus competidores europeos, no por el precio de la generación ―porque, efectivamente, el precio mayorista en España es hoy de los más bajos en Europa gracias al peso de las renovables―, sino por los peajes, cargos y costes regulados que se acumulan en la factura y que acaban convirtiéndola en una de las más caras de todo el continente. Por eso, nuestra proposición no de ley se sitúa exactamente donde creo que se debe situar una propuesta responsable: en las soluciones. Soluciones que refuercen la competitividad de nuestras empresas, que protejan el empleo industrial y que permitan que sectores estratégicos como el acero no queden atrapados entre la volatilidad energética, las guerras comerciales y la falta de mecanismos de defensa eficaces. En este sentido es imprescindible que Europa recupere instrumentos que ya han demostrado ser eficaces. Esto es exactamente lo que pedimos en nuestra propuesta en sus puntos 1 y 5: reforzar las medidas de defensa comercial ―incluidas las salvaguardas al acero― y acelerar la plena aplicación del CBAM para evitar que el mercado europeo siga absorbiendo excedentes procedentes de terceros países. No podemos competir en desigualdad dentro del mismo mercado europeo, por eso reclamamos una defensa ante la Unión Europea, para que esta actúe con la misma contundencia que exige a sus empresas. Asimismo, tenemos que decir que la propuesta de esta iniciativa en el ámbito energético y fiscal ha sido recogida por el Gobierno en el decreto anticrisis derivado de la situación en el Oriente Medio, y lo valoramos. Pero también es evidente que se queda corta. La reducción del impuesto a la generación eléctrica se ha incluido, sí, pero de forma temporal, y nosotros creemos que hay que ir más allá. Este impuesto nació en 2012 para tapar el déficit de tarifa, un problema que ya está prácticamente resuelto y que hoy no penaliza a las eléctricas, sino que penaliza a la industria. Lo vimos en la crisis anterior, derivada de la guerra de Ucrania: cuando se redujo a cero, las facturas bajaron y eso benefició a la industria, a las empresas y a los consumidores. Por eso, cuando alguien afirma que suprimirlo es regalar dinero a las eléctricas demuestra que desconoce cómo funciona ese tributo. Porque no grava beneficios, grava ingresos, y ese 7 % se repercute íntegramente en el precio del mercado eléctrico y, por lo tanto, en la factura final. Ni siquiera beneficia la generación renovable, que también lo soporta y también lo trasladan al precio. Y mientras aquí seguimos discutiendo si eliminarlo es regalar algo, Portugal ya lo ha suprimido, dejando nuestra industria en clara desventaja dentro del mismo mercado ibérico.
Lo mismo ocurre con la medida relativa a la compensación del 25 % de los ingresos en las subastas de CO2 para cubrir los costes indirectos. Valoramos que el decreto anticrisis incorpore un suplemento adicional que acerca al Estado a ese umbral, pero no es suficiente. Hay que llegar a ese 25 % completo, que es el máximo que permite Europa y que ya aplican otros Estados miembros. No podemos pedir a nuestra industria que compita en desigualdad dentro del mismo mercado europeo. Si Europa permite llegar al 25 %, debemos llegar a ese 25 %. No hay margen para medias tintas cuando hablamos de sectores que están luchando por sobrevivir en un contexto marcado por la volatilidad energética y por un mercado internacional, como he dicho, cada vez más tensionado.
Si hay un ejemplo que demuestra hasta qué punto el actual contexto internacional está golpeando a nuestra industria es el caso de la empresa Tubos Reunidos, en Aiaraldea. La compañía está sufriendo un doble shock que escapa completamente a su control. Por un lado, el incremento desorbitado de los costes energéticos derivado de la inestabilidad de Oriente Medio y, por otro, un mercado internacional profundamente distorsionado por aranceles, barreras comerciales y desvíos de producción que afectan de lleno a su producto, el tubo sin soldadura, que constituye el núcleo de su actividad exportadora. Esta combinación está estrangulando su competitividad y, desde luego, reduciendo su margen de maniobra en un momento muy crítico. Por eso, desde aquí pedimos algo muy concreto que creemos perfectamente razonable: la reestructuración de la deuda con SEPI mediante la adaptación del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas a la realidad actual. No se trata de crear nuevos instrumentos ni de abrir vías excepcionales, sino de actualizar un mecanismo que ya existe para que responda a una crisis industrial marcada por tensiones geopolíticas, costes energéticos desbocados y un mercado global alterado. No lo pedimos como un fin en sí mismo, sino como la condición imprescindible para que Tubos Reunidos pueda atraer a un socio industrial sólido y desplegar un plan de viabilidad realista que incluya, efectivamente, la diversificación de mercados y también de producto.
La realidad es clara: hoy, aproximadamente el 75 % de la facturación de Tubos Reunidos depende del gas y del petróleo, y su principal destino, precisamente, es Estados Unidos. Son estos sectores los que sostienen su actividad, su carga de trabajo y, en consecuencia, el empleo que todos decimos defender. Por eso, la coherencia industrial también nos exige no demonizar el gas, el petróleo o el upstream mientras al mismo tiempo pedimos salvar a una empresa cuya actividad depende mayoritariamente de ellos. La transición energética es necesaria, pero no puede construirse tampoco negando la realidad de partida. Precisamente por eso Tubos Reunidos deberá seguir impulsando las líneas vinculadas a energías limpias para transformarse y diversificar su actividad, pero esa transformación solo será posible si la empresa sobrevive al impacto actual. No estamos pidiendo un rescate, estamos pidiendo que el Estado utilice los instrumentos que ya existen, como he dicho, adaptándolos a un contexto que ha cambiado de forma drástica.
Ez dugu erreskate bat eskatzen. Estatuak dauden tresnak erabiltzea eskatzen dugu, baina modu drastikoan aldatu den testuinguru batera egokituta, hain zuzen ere, Tubos Reunidosi arnasa emateko, bazkide industrial bat bilatzeko eta bideragarritasun plan bat zabaltzeko, merkatu eta produktuen dibertsifikazioa barne hartuta. Enplegua, industria-sarea eta autonomia estrategikoa babestu nahi baditugu, orain jardun behar dugu eta horretarako SEPIrekiko zorra berregituratu behar da.
No estamos pidiendo un rescate, estamos pidiendo que el Estado utilice los instrumentos que ya existen, adaptándolos a un contexto que ha cambiado de forma drástica para dar un respiro a Tubos Reunidos y permitirle buscar un socio industrial y desplegar un plan de viabilidad que garantice su futuro y que tenga en cuenta la diversificación de mercados y productos. Si queremos preservar empleo, tejido industrial y autonomía estratégica, debemos actuar ahora. Y actuar pasa, necesariamente, por la reestructuración de la deuda con la SEPI.
Señorías, si todos coincidimos en el diagnóstico, también es el momento de coincidir en las soluciones. La industria del acero no puede esperar más.
Gracias. Eskerrik asko.