Pedro Ignacio Gallardo Barrena
Gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenas tardes a todos. Comparezco hoy ante esta Cámara para defender, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, una proposición de ley que corresponde a una necesidad urgente del campo español: adaptar el sistema de seguros agrarios a una realidad económica actual que muchos agricultores y también muchos ganaderos sufrimos. Una realidad marcada por una crisis de costes de producción, por el alza de los precios de los fertilizantes, por las consecuencias de las guerras, pero también muy claramente por las pésimas políticas de los Gobiernos socialistas. (Aplausos). Y no me voy a detener en exceso en la Ley 87/1978, de Seguros Agrarios Combinados, una norma que fue eficaz, relativamente sencilla, que ha sufrido pocas modificaciones a lo largo de su vigencia. Sin embargo, conviene recordar algo esencial, antes de su aprobación, los agricultores y los ganaderos estábamos prácticamente desprotegidos frente a riesgos de sequía, heladas o pedrisco. Tras años de pérdidas importantes, el Estado impulsó un sistema organizado que ha sido un referente. Nadie discute que el seguro agrario ha sido una herramienta clave para proteger la agricultura, la ganadería, el sector forestal y la acuicultura, que ha dado estabilidad a las explotaciones, ha evitado el abandono rural y, por supuesto, también ha sostenido la economía en los pueblos. Señoría, basta ver los datos de siniestralidad de los últimos años para entender su importancia porque hay cada vez más fenómenos extremos, más indemnizaciones y más presión sobre el sistema actual.
Señorías del Gobierno, mantener un sistema no es solo cuestión de gastar y aumentar el presupuesto, es, sobre todo, una cuestión de diseño. Conviene recordar que, en momentos muy difíciles de la crisis económica, derivada de la pésima gestión del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, España tuvo que hacer duros ajustes y, aun así, el sistema de seguros agrarios funcionó razonablemente bien, gracias a la gestión que hicieron entonces de Isabel García Tejerina y de Miguel Arias Cañete, siempre comprometidos con el campo como ninguno. (Aplausos). Sin embargo, hoy, asistimos a una situación muy distinta: el Gobierno presume de alcanzar 315 millones de euros de inversiones en seguros, pero llevamos años sin presupuestos generales del Estado por incompetencia del Partido Socialista. Señorías, no se trata de cuánto se gasta, se trata de si el sistema responde realmente a los riesgos reales que sufren los agricultores. Y la respuesta es muy clara: no.
El sistema actual, entre otros, cubre sequía, pedrisco y heladas, pero no cubre el principal riesgo del siglo XXI: la pérdida de ingresos de los agricultores y ganaderos. Un agricultor a día de hoy puede tener una buena cosecha como vemos por ejemplo en Alicante donde hay miles de toneladas de limones en los árboles y en el suelo y, aun así, por falta de precio, la cosecha no se vende; lo vemos también en el cereal, a pérdidas a día de hoy en miles de explotaciones porque el Gobierno ha sido incapaz de establecer líneas de ayuda a la volatilidad de los precios en los cereales. Señorías, se puede tener una buena cosecha y se puede perder dinero. ¿Por qué? Por la caída de los precios, por la volatilidad de los mercados, por los cambios en la demanda y por las perturbaciones internacionales. Y, señoría, esto no lo cubre el sistema actual, como reconoce esta proposición de ley.
Lo más grave es que esto no es nuevo. En el 38.º Plan de Seguros Agrarios de 2016 ya se contemplaba estudiar un seguro de ingresos. En 2017 y 2018 ENESA impulsó un grupo de trabajo, se realizaron modelos, se analizaron simulaciones, se estudiaron proyectos piloto y había una hoja clara de ruta. ¿Y qué ocurrió? Con la llegada del Gobierno socialista en 2018, se abandonó, se dio carpetazo a una reforma estratégica. ¡De vergüenza la soberbia del Gobierno!, ¡ocho años sin haber actuado, sin haber hecho nada! Y de haber tenido este seguro, muchos agricultores no habrían abandonado sus explotaciones. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!―Aplausos). Mientras tanto, Europa siguió avanzando y España se quedó parada. Desde 2009, se venía trabajando con instrumentos de gestión de riesgo, pero a partir de 2018 se refuerzan los mecanismos de estabilización de ingresos ante un contexto cada vez más incierto.
Hoy la PAC ya permite incorporar seguros de protección de ingresos, pero una vez más España llega tarde, y llega tarde porque este Gobierno no ha tenido ni visión ni ambición. Italia ha implementado de forma efectiva un seguro de instrumentos de estabilización de ingresos, aunque de alcance reducido, es cierto, pero se permiten compensar pérdidas cuando se superan algunos umbrales de la PAC. Francia también dispone de un sistema avanzado de seguros agrarios, con coberturas de riesgo climáticas y también de producción. No son perfectos, pero es algo por donde empezar.
Señorías, en el campo español nos encontramos ante un contexto cada vez más complejo. Las recientes crisis han puesto de manifiesto la fragilidad del sector primario: la pandemia, la guerra de Ucrania, el incremento de los costes de producción, la inestabilidad de los mercados y ahora la guerra de Irán y el alza de los combustibles y los fertilizantes. Todo ello ha demostrado que los riesgos ya no son solo climáticos, ambientales y sanitarios, sino que son también económicos. Y, frente a esto, el Gobierno no ha dado respuesta alguna.
Señorías, nuestra propuesta es asegurar la renta. Por eso presentamos esta proposición de ley, una reforma más que necesaria, seria y alineada con Europa. ¿Qué proponemos? Incorporar al sistema de seguros los ingresos y las rentas agrarias, cubrir las caídas de los precios, los problemas de perturbación de mercado y, por supuesto, la pérdida de rentabilidad. Además, adaptar la normativa nacional al marco europeo vigente, manteniendo el carácter voluntario, preservando el modelo público y privado y con el desarrollo siempre técnico y riguroso de ENESA.
Señorías, voy a ponerles un ejemplo real de lo que está pasando en los territorios. Estamos viendo en comunidades autónomas como la andaluza episodios recientes de inundaciones con daños importantes. El Gobierno ―me voy a detener hoy aquí― saca una partida de 2122. A mí los cálculos no me salen. ¿Y quién lleva razón?, ¿Planas o Montero? ¿Quién traiciona de nuevo a los agricultores y a los ganaderos andaluces? (Muestra un recorte de periódico con la fotografía de la señora vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, Montero Cuadrado), ¿El ministro Planas o la ministra Montero? Porque aquí los números no cuadran. (Aplausos). Y, por cierto, hay una ayuda máxima de 25 000 euros por explotación. Vamos a poner un ejemplo: un pequeño agricultor de aguacates que cultiva dos hectáreas factura 28 000 euros. Tiene una cosecha de 14 000 kilos de aguacates, a dos euros el kilo, 28 000 euros. Ha gastado ya este año 30 000 euros. Va a ingresar del Gobierno 25 000 euros. O sea, va a perder 5000 euros teniendo cosecha y encima el año que viene no tendrá cosecha. Señoría, esto es demagogia, esto no es una ayuda, esto es condenar al agricultor. (Aplausos).
Otro ejemplo de poca o nula contratación de este Gobierno y de este ministerio. El Marco de Jerez, el consejo regulador más antiguo de España, cubre las condiciones por pedrisco en la viña. Después de treinta años de profesión, no conozco un solo año de pedrisco en Jerez, pero sí conozco el viento de Levante, que todos los años limita la producción. Y no hay cobertura contra el viento de Levante porque no han desarrollado una política de seguros adaptada al territorio. Ustedes el campo no lo pisan más que para hacerse fotos. (Aplausos).
Señores, otro ejemplo más, el del aguacate. ¿Me puede explicar, señoría socialista, por qué en la provincia de Cádiz no se pueden asegurar los aguacates frente a heladas y sí en provincias limítrofes como Málaga? ¿Es que ustedes, cuando van al Campo de Gibraltar, solo van a hacerse fotos? Porque, desde luego, los agricultores allí están desprotegidos con sus políticas. (Aplausos).
Habría muchos más ejemplos. Recientemente, tras el tren de borrascas, el propio presidente Juanma Moreno, a pie de campo y reunido con las organizaciones agrarias y con las cooperativas, sí ha conseguido una partida importante por decreto ley para agilizar medidas a los afectados, como declarar de interés de las comunidades las obras de caminos rurales, de cauces y de infraestructuras; aprobar una reducción del 100 % tanto del canon de regulación como de la tarifa de utilización de agua en las cuencas de su competencia. Esto quiere decir que los regantes no van a pagar nada. Sin embargo, ¿qué ha hecho la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, señorías socialistas? ¿Por qué no se lo preguntan? Porque hasta ahora nada, nada de nada. La Junta de Andalucía, con Juanma Moreno, ha decidido establecer exenciones temporales por la tasa de veterinarios al cien por cien, ha flexibilizado los requisitos de la PAC y también ha concedido ayudas directas por valor de 700 millones de euros para agricultores y ganaderos.
Pero volvamos a esta proposición de ley. Si no hacemos nada, las consecuencias van a ser muy claras: pérdida de competitividad, menor inversión, más despoblación rural y menor seguridad alimentaria. Eso España no se lo merece. Ya hemos perdido un 12,4 % de los agricultores desde el año 2020 al año 2023, 110 000 explotaciones se cerraron. Después, según el informe del portal IPYME, en solamente un año ―de 2024 a 2025―, 8524 explotaciones se cerraron. Esto no se lo merece. Yo se lo digo muy claramente: aquí no sobran agricultores, como dijo el ministro Planas, aquí necesitamos a todos los agricultores para producir. (Aplausos).
Frente a esta demagogia, las propuestas del Grupo Popular. No venimos aquí con eslóganes, venimos con propuestas concretas, con reformas legislativas claras, con instrumentos eficaces y con una visión de futuro. Desde luego, lo tenemos muy claro, es necesario incorporar el seguro de riesgos y de renta al sistema actual que tenemos. El riesgo de la pérdida de los ingresos como instrumento es necesario para la estabilidad de las economías agrarias. Es necesario, además, hacerlo ya, porque los agricultores―se lo digo muy claramente―, con estos precios, en muchas ocasiones ya no vivimos de lo que producimos, vivimos de lo que ingresamos. Y hoy estamos desprotegidos frente a esta casualidad. Señorías, proteger el campo español es proteger a los agricultores también.
Permítanme una reflexión final. Como agricultores, hemos vivido los obstáculos del sistema actual de seguros. Un sistema que, en la actualidad, lejos de ayudar en muchas ocasiones agrava los problemas, como bien saben los agricultores. Necesitamos actualizar el sistema, necesitamos llevarlo a un seguro de renta para que siga siendo una herramienta con eficacia, con referencia y para atender las necesidades del campo en un contexto de volatilidad y también de tensiones geoestratégicas. No podemos permitir más parches, como ha estado haciendo el Gobierno, ni decisiones alejadas de la realidad. Necesitamos medidas de estabilidad. Les pido a todos los señores de esta Cámara que se pongan en contacto con los agricultores y que reflexionen, que apoyen esta proposición de ley porque el campo la necesita.
Muchas gracias. (Aplausos).