Proposición de Ley Orgánica de modificación del artículo 379.1 del Código Penal, sobre conducción a velocidad superior a la permitida reglamentariamente.

Presidenta, señorías, ciudadanía y entidades de víctimas que nos acompañan o que nos ven por el canal de televisión, muy buenas tardes.

La proposición que presentamos hoy salvará vidas o no; esta proposición castigará más a los conductores temerarios o no; se evitarán más siniestros viales o no. En sus manos está, señorías, pero todos sabemos que solo hay una opción válida: votar sí, que es votar por la vida. (Aplausos). Señorías ―en este caso me refiero al Grupo Popular y a VOX―, ¿estarán a favor de proteger la vida con la mejora de la seguridad vial?, ¿o solo son provida cuando les interesa?

Señorías del Grupo Popular y de VOX, ustedes la semana pasada votaron en contra de reducir la tasa de alcoholemia. No se equivoquen: «Si bebes, no conduzcas». Estamos hablando de proteger vidas: «Si bebes, no conduzcas». La mayoría de los grupos recibimos presiones de los lobbies de la venta y el consumo de bebidas alcohólicas. Señorías de la bancada de la derecha, ¿tuvo algo que ver en su voto? Ayer, en la comparecencia de las asociaciones de víctimas, casi no pudieron mantenerles la mirada, y no pudieron porque lo que hicieron no tiene justificación.

Señorías, esta proposición de ley es también el resultado de años de dolor y de lucha de víctimas y de asociaciones de víctimas. Podemos ponerle rostro y nombre a alguna de estas personas, como Pilar. Su hijo Josep, de 20 años, conducía su moto hasta que en una curva limitada a 70 kilómetros/hora vino un coche a más de 120 y lo embistió. El autor quedó sin castigo penal. Las penas actuales pueden ser humillantes para las víctimas. El debate de hoy es un avance para todas las víctimas, como Josep. En palabras textuales de Pilar: no es justo. Aprovecho para mandarles a todas las víctimas de siniestros viales y a sus asociaciones un saludo afectuoso en nombre de mi grupo y para darles las gracias por su inquebrantable compromiso con la seguridad vial. (Aplausos). Y también, cómo no, quiero saludar y darle las gracias a Pilar (dirigiéndose a la tribuna de invitados), que hoy nos acompaña con su marido, porque es una de las personas que, desde su terrible experiencia, más ha luchado por revertir los actuales límites penales de velocidad. Muchas gracias. (Aplausos).

Lo que hoy propone el Grupo Socialista es muy simple: si en una vía de 50 kilómetros/hora vas a más de 100, es delito; si en una vía de 90 vas a más de 160, es delito; y si en una autopista vas a más de 190, es delito. Prisión, multa o trabajos comunitarios. No estamos endureciendo las penas, son las que hay, pero queremos rebajar el umbral de la velocidad. Hoy estamos corrigiendo el punto a partir del cual la sociedad considera que una conducta deja de ser una infracción administrativa para convertirse en un delito. La modificación del Código Penal de 2007, con la introducción de los límites de velocidad, supuso un paso adelante decisivo en la lucha contra la denominada violencia vial, pero hoy, cuando cuatro de cada diez de las sanciones con pérdida de puntos en España son por exceso de velocidad y cuando más del 20 % de los siniestros mortales se debieron a una velocidad excesiva o inadecuada, el castigo penal de estas conductas, en cambio, es claramente insuficiente.

Señorías, estamos acostumbrados a escuchar en esta Cámara alarmantes datos estadísticos de criminalidad por parte de las derechas y sus medios de difusión de bulos, generalmente cuando esos datos pueden señalar a personas migrantes o extranjeras, ¿pero saben que casi un tercio de las condenas penales en España, año tras año, lo son por delitos contra la seguridad del tráfico? Es una barbaridad. Es el delito que más se comete en nuestro país, y lo peor es que no causa alarma en las bancadas de la derecha. Aquí no pueden azuzar el espantajo xenófobo. ¿Y saben cuántos de esos delitos contra la seguridad del tráfico lo son por exceso de velocidad? De los excesos que hemos visto que están en la mayoría de las infracciones con pérdida de puntos y entre las principales causas de siniestros viales, solo entre el 5 y el 10 % de las condenas por esos delitos son por velocidad. Algo falla, señorías. Y aquí no hablamos solo de la velocidad en abstracto, sino también de sus consecuencias, pues en este país hay homicidios que quedan impunes. Ahora hay muertes por exceso de velocidad que no siempre tienen condena penal, y eso, señorías, no es aceptable en una sociedad que aspira a cero víctimas. Nuestro objetivo, el objetivo del Grupo Socialista, es revertir esto. (Aplausos).

España es un referente internacional en seguridad vial. En ello han tenido un papel relevante este Cámara y la Comisión de Seguridad Vial creada en 2004. Una Cámara y una comisión que han sabido, entre otras cosas, escuchar a los expertos y a las víctimas. Las víctimas han convertido su dolor en un motor que impulsa la ayuda a otras víctimas, la concienciación ciudadana y la mejora permanente de la seguridad vial. Ayer, como antes he comentado, tres de estas asociaciones ―Stop Accidentes, AESLEME y P(A)T― nos interpelaron a todos en la comisión para recuperar el consenso en esta materia, a todos para volver a traer la reducción de las tasas de alcoholemia a esta Cámara. Y a los grupos que se opusieron a la proposición les expresaron tristeza, decepción, malestar, dolor, pena y sorpresa por una postura que no alcanzan a entender ―nosotros tampoco― y que solo se puede deber a intereses diferentes a los de la seguridad vial, a intereses diferentes a los de la protección de la vida.

Señorías, esto no es un juego. Con los votos en contra del Grupo Popular y del Grupo VOX perdió la ciudadanía. ¿Qué van a hacer hoy? ¿Vidas? ¿Negocio? Nuestro compromiso con las asociaciones de víctimas ―que les reiteramos ayer― es volver a traer la reducción de la tasa de alcohol cuanto antes.

Como he dicho, señorías, España es un referente en muchos ámbitos y un país digno de que nos sintamos orgullosos por los muchos logros que hemos conseguido también en seguridad vial. Ya ven que, mientras algunos se esfuerzan en no ofender, la mayoría de la ciudadanía española se esfuerza en ser mejor y en dar lo mejor de cada uno cada día. También somos un país que ha sabido salvar miles de vidas en sus carreteras. Hace treinta y siete años murieron más de 9000 personas en nuestras carreteras. El año pasado fueron 1119. Muchas aún, muchísimas. Por eso debemos seguir trabajando para que sean cero. Pero por el camino ya hemos conseguido salvar miles de vidas cada año gracias a políticas públicas de seguridad vial. Ese avance no ha sido casual, ha sido el resultado de decisiones valientes, basadas en la evidencia experta, en la escucha activa y en el consenso político. Nos fuimos marcando hitos que han transformado la seguridad vial en nuestro país: desde la obligación del casco protector en ciclomotores hasta el permiso por puntos o las zonas 30, pasando por la penalización de las tasas de alcoholemia o la introducción de los límites penales de velocidad, que hoy queremos modificar.

Señorías, sé de lo que hablo: durante veintiún años fui agente de Policía local y una parte muy importante de esos años fui instructor de cientos de atestados de siniestros viales. Sé perfectamente lo que debe significar esta propuesta: salvar vidas. En un momento en el que el mundo vuelve a enfrentarse a conflictos e inestabilidad ―como estamos viendo estos días en Oriente Medio, con las tensiones en torno a Irán y sus consecuencias globales― uno esperaría, al menos, que en aquello que depende exclusivamente de nosotros ―salvar vidas en nuestras carreteras― fuéramos capaces de actuar con responsabilidad y consenso. Les propongo un ejercicio. Imaginémonos por un momento que un sí podría salvar una vida; 350 síes salvarían 350 vidas. (Aplausos).

Hoy el cálculo que nos interesa no es el número de votos a favor o en contra que va a conseguir cada opción, sino el número de vidas que vamos a poder ayudar a salvar. Señorías, en nuestras manos está luchar contra los excesos temerarios de velocidad, y confiemos que pronto también el perseverar en la lucha contra el consumo de alcohol en la conducción. El Grupo Socialista estará siempre en la lucha por la vida.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

Señorías, la seguridad vial no admite ambigüedades. Hoy estamos ante una cuestión de responsabilidad pública y política y ante nuestro compromiso de defender la vida, la seguridad de todos y de todas. Porque, señorías, hoy ―conviene recordarlo― no estamos hablando de pequeños despistes, hablamos de conductas que ponen en riesgo la vida de los demás; no hablamos de una mera infracción, hablamos de una actitud, de una conducta consciente. Estamos hablando, señorías, de que esa decisión consciente multiplica la violencia de un impacto y la hace letal e irreparable, con lo que la supervivencia se convierte en todo un milagro.

No se trata de castigar, se trata de proteger. Son millones las personas a las que debemos proteger por encima del castigo que pueda suponer a quien de manera consciente acomete un exceso de velocidad. Hablamos también de ciclistas, de niños, de niñas y de personas mayores, que son especialmente vulnerables y que transitan también nuestras carreteras o que ocupan los pasos de peatones y que, incluso, se convierten en víctimas yendo por la propia acera. En Canarias, en 2025, tuvimos ochenta y dos fallecidos. Estamos hablando de un 18 % más que el año anterior, el 50 % de ellos en tramos interurbanos, donde la velocidad era menor, pero el exceso sigue siendo igual de letal. Insisto, a más de 80 kilómetros por hora el impacto es irreparable.

Señorías, no estamos ante una medida aislada y no es desproporcionada. Desproporcionado es el dolor y el futuro de quienes sufren la mala cabeza y la irresponsabilidad de alguien que pisa el acelerador sin meditar sus consecuencias. En nuestro caso, la complejidad de las islas por su orografía, pues hay islas con carreteras francamente peligrosas o con grandes alturas, se combina con otros factores ―y quienes han estado en Canarias me van a entender perfectamente―, como los que ocurren en Fuerteventura, con unos tramos de recta de kilómetros y kilómetros que hacen que mucha gente se confíe al volante. Pero, además, tenemos millones de visitantes, lo que implica cientos de miles de coches de alquiler conducidos por personas que, en ocasiones, están de vacaciones, relajados, con un coche que no conocen, en carreteras que no conocen y, a lo mejor, después de haber comido o probado unos buenos caldos canarios. Además, tienen la conciencia, en muchas ocasiones, de que esa infracción difícilmente les va a llegar. Esto hace que la situación sea aún más grave, por lo que estamos plenamente convencidos de que debemos apoyar la propuesta que hoy se nos presenta y que viene, además, con el aval de víctimas y asociaciones de víctimas.

Tenemos que establecer límites claros a las conductas que ponen en peligro a personas inocentes. Tenemos que enviar un mensaje claro: superar la velocidad permitida tiene consecuencias muy muy serias. A las víctimas de ayer, a las de hoy y a las asociaciones de víctimas les debemos su preocupación, su desvelo y su lucha para que ninguno de nosotros tenga que vivir lo que ellos han vivido. Gracias a su esfuerzo y gracias a su lucha hoy estamos debatiendo esta proposición de ley.

Termino reafirmando nuestra posición, nuestro sí convencido. Gracias.

Eskerrik asko, presidenta. Arratsalde on guztioi.

Buenas tardes, presidenta. Muy buenas tardes a todas y a todos, señorías.

Señorías, hoy debatimos la toma en consideración de una proposición de ley orgánica de modificación del artículo 379.1 del Código Penal, sobre conducción a velocidad superior a la permitida reglamentariamente. Con esta modificación se pretenden reducir los umbrales de velocidad por encima de los cuales se considera que sobrepasarlos es delito. Y, desde el Grupo Vasco, tal y como está planteado el texto, no podemos tener una posición cerrada sobre esta proposición, pero sí creemos que merece ser debatida. Por eso, vamos a facilitar su toma en consideración.

Estamos hablando de seguridad vial y, cuando hablamos de seguridad vial, hablamos de salvar vidas. Eso, por sí solo, ya justifica que cualquier iniciativa en este ámbito se analice con mucha calma y en serio. Además, hablamos de una realidad que, aunque a veces no esté en el centro del debate político diario, sigue teniendo un impacto enorme en nuestra sociedad. Cada año seguimos teniendo cifras que nos recuerdan que queda mucho por hacer; y eso obliga a todas las instituciones a revisar constantemente si las herramientas que tenemos son las más adecuadas o si necesitan ajustes.

Ahora bien, también conviene no simplificar. La propuesta que se trae hoy modifica el Código Penal, y eso no es algo menor. Cada vez que toquemos el ámbito penal deberíamos hacerlo con cierto respeto y con cautela, sabiendo que estamos moviendo una línea delicada y que esa línea no se debería mover a la ligera. Porque cuando esa frontera se desplaza, no solo cambia la respuesta jurídica; cambia también el enfoque con el que tratamos determinadas conductas, y eso tiene consecuencias prácticas en los juzgados, en la actuación de las autoridades competentes en materia de tráfico y, en definitiva, en la percepción que la ciudadanía tiene del sistema.

Por ejemplo, el cambio descrito en la proposición de ley orgánica en las carreteras interurbanas de Euskadi tendría el siguiente impacto. Tomando como referencia las cifras del año 2025, con el margen de exceso de velocidad de 80 kilómetros/hora en vía interurbana, tal y como está previsto en el artículo 379 del Código Penal, se cometieron nueve delitos. Con la medida de esta proposición de ley orgánica, reduciendo el margen de exceso a 70 kilómetros/hora en vía interurbana, los delitos se habrían más que triplicado, ascendiendo a veintiocho.

Es verdad, y nadie lo discute, que la velocidad sigue siendo un factor importante en muchos accidentes, especialmente en los más graves. También es verdad que la realidad del tráfico ha cambiado en estos años: más zonas urbanas con zonas de tráfico calmado, más convivencia entre vehículos y peatones y también más complejidad en la movilidad. Pero de ahí no se deriva automáticamente que la respuesta tenga que ser solo penal, porque a veces más penal no tiene por qué significar más eficaz. Esa es probablemente la principal duda que tenemos; no tanto el diagnóstico, sino la solución. Porque si algo sabemos en materia de seguridad vial es que no hay una única palanca; funciona también la vigilancia, funciona la educación, funciona el diseño de las vías, funcionan las campañas y también, por supuesto, funciona la sanción.

Por eso creemos que este debate no se puede resolver hoy con un sí rotundo o con un no tajante. La toma en consideración es solo el primer paso; es, en realidad, decidir si queremos abrir el melón o dejarlo cerrado. Y nosotros creemos que hay que abrirlo, no porque estemos convencidos del texto tal y como está, sino porque hay preguntas que merecen una respuesta mejor construida: ¿dónde ponemos el umbral entre infracción y delito? ¿Debe aplicarse la misma reducción en vías urbanas o en vías interurbanas? ¿Qué impacto real tendría este cambio? Ahí es donde debería estar el foco de la tramitación.

En el Grupo Vasco vamos a abordar ese proceso con una idea bastante simple: intentar que, si se cambia algo, se haga bien, con datos, con criterio y sin caer en respuestas automáticas. Y también, señorías, teniendo en cuenta algo que para nosotros es muy importante: que la seguridad vial no se construye solo desde el boletín oficial, sino también desde las políticas públicas que se aplican en el día a día, muchas de ellas desde el ámbito autonómico y local. En definitiva, optaremos por lo razonable: permitir que se tramite, permitir que se discuta y, a ser posible, que pueda ser mejorada.

Eskerrik asko.

Moltes gràcies, presidenta. Molt bona tarda a tothom. Com va dir la periodista Rosa Prieto, les pitjors ferides són les de l’ànima. No es curen, no desapareixen, es conviuen. Ho va escriure quan explicava que el 9 d’agost de 2020, en una carretera de Dumbría, un cotxe que circulava 116 km/h en una corba limitada a 70 va envestir la moto d’en Josep Boan. El seu pare anava al darrere i ho va viure tot. En un instant, vint anys de vida van quedar a l’asfalt. Tot es va acabar per una sola cosa, una maleïda decisió al volant. No va ser una fatalitat. Potser parlar d’accident ens tranquil·litza a tots, perquè sembla una cosa inevitable, però no ho és.

No podem seguir parlant d’accidents. Accident pressuposa que és irremeiable. Però aquí hi ha una conducta conscient de ser una amenaça. El que va ocórrer aquell 9 d’agost no va ser un accident. No va ser un fet fortuït. Va ser una decisió: la de pitjar a fons l’accelerador, molt més enllà del que està permès. Un cotxe en aquestes condicions és una màquina de matar. I qui decideix conduir així sap què està fent, sap que està incrementant de manera exponencial el risc de ferir i de matar. Aquesta decisió és només del conductor, no hi ha cap circumstància que l’hi imposi, no hi ha cap excusa que la justifiqui. I aquí és on falla la norma.

Durant massa temps, la nostra legislació ha tractat aquestes conductes com si fossin un mer incompliment més del codi de circulació, quan en realitat són una creació conscient de perill molt greu per a la vida de les persones. Avui, en un carrer dins de qualsevol dels nostres pobles en què la velocitat està limitada a 40 quilòmetres, no hi ha delicte si no se superen més els 100 quilòmetres. 100 quilòmetres dins d’un dels nostres pobles o de les nostres ciutats. Això no és un marge tècnic, és un llindar que, a més, envia un missatge ben equivocat: que fins aquí, fins a aquests límits, encara els tolerem. I aquest missatge és incompatible amb la protecció de la vida.

Maria Pilar Rosanes, Jesús Boan, avui sou aquí. Gràcies per ser-hi, sobretot gràcies per no haver acceptat els silencis de les lleis. Maria Pilar, el 18 de març de 2025, m’ho vaig mirar ahir, ens vam escriure per primera vegada, fa just un any. En aquest any he pogut conèixer millor en Josep, a través teu, és clar, i sobretot a entendre la dimensió del que esteu fent: convertir un dolor irreparable en una exigència concreta de canvi, de transformació. Mirin, perquè es facin una idea, la Maria Pilar té escrit al seu perfil d’X un poema d’Auden que ho explica tot. Diu: «Ja no desitjo cap estrella, apagueu-les totes, emboliqueu la lluna i desmantelleu el sol, buideu l’oceà i arraseu el bosc, perquè ja res del que passi podrà ser bo». I, tot i això, tot i aquest punt de foscor absoluta, ha decidit fer exactament el contrari: actuar perquè alguna cosa sí que pugui ser millor. Maria Pilar, la seva pèrdua i la de tants altres, i la seva lluita i la de tants altres, avui ha de tenir conseqüències en aquest hemicicle. La proposta que es vol tramitar neix de la seva esperança i amb la seva decisió que ningú hagi de viure el que ells han viscut.

L’estiu passat Junts per Catalunya acordàvem amb el Govern, mitjançant el diputat Manuel Arribas, que cal reduir els llindars de velocitat punible. Sabem que no és la proposta completa que defensa la Maria Pilar, ni les associacions de víctimes. Segur que cal ser més exigents i rebaixar encara més aquests límits, però és un inici, una presa de consciència per començar a corregir una desproporció absolutament immoral, perquè, quan algú condueix molt, però molt per sobre del límit establert, no estem davant d’una simple imprudència. Per això, la clau de penalitzar aquesta conducta no ha de limitar-se al resultat —s‌ i ha acabat causant ferits o fins i tot morts—, sinó a la pròpia conducta, a la decisió de generar un risc extrem. Si el sistema només reacciona quan el dany ja s’ha produït, arriba tard. El dret penal hauria de dissuadir abans, no només castigar després. Aquest és el sentit d’abaixar els llindars, per reconèixer que hi ha conductes que per si mateixes ja són absolutament intolerables.

Mirin, el que avui discutim no és una xifra, és si acceptem o no que algú pugui decidir conscientment posar en perill la vida dels altres sense que suposi cap resposta penal. Això és el que vol canviar aquesta reforma. No ho resol tot, però canvia el missatge, i el missatge sí que importa. Importa per a qui condueix, òbviament, i importa també per a qui passeja, per a qui pedala, per a qui va en moto, importa sobretot als més febles de la circulació. Importa especialment per a qui encara no sap que un dia veurà destruïda la seva vida i la dels seus estimats per culpa d’una nefasta decisió aliena abans d’afrontar una corba.

Per a mi, aquesta llei serà la llei Boan, i no per simbolismes, sinó perquè hi ha una vida concreta darrere d’aquest canvi, i perquè hi ha una mare que ha decidit que aquesta vida no quedi en el buit. Tal com ella defensa, si aquesta reforma aconsegueix que una sola persona aixequi el peu de l’accelerador abans d’entrar en una corba, haurà valgut la pena. I això és el que avui hem de protegir. Perquè cada vegada que algú s’asseu al volant pren una decisió que no és només seva, decideix per tots els que es creuaran en el seu camí. Aquesta reforma és una advertència jurídica. Hi ha conductes individuals que no són acceptables i que no podem tolerar. Perquè cap societat digna pot assumir com a inevitable que algú decideixi posar en risc voluntàriament la vida dels altres. Avui fem un pas petit, és cert, però és un primer pas perquè això deixi de ser així.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todos. Como dijo la periodista Rosa Prieto, las peores heridas son las del alma; no se curan, no desaparecen; se convive con ellas. Lo escribió cuando explicaba que el 9 de agosto de 2020, en una carretera de umbría, un coche que circulaba a 116 kilómetros/hora, en una curva limitada a 70, embistió la moto de Josep. Sus padres iban detrás y lo vieron todo, lo vivieron todo. En un instante, veinte años de vida quedaron en el asfalto. Todo sucedió por una sola cosa: una maldita decisión al volante. No fue una fatalidad. Tal vez hablar de accidente nos tranquiliza a todos porque parece algo inevitable, pero no lo es. No podemos seguir hablando de accidentes. Un accidente presupone que es algo irremediable, pero aquí hay una conducta consciente de ser una amenaza. Lo que ocurrió ese 9 de agosto no fue un accidente, no fue un hecho fortuito. Fue una decisión, la de apretar a fondo el acelerador, mucho más allá de lo que está permitido. Un coche en estas condiciones es una máquina de matar, y quien decide conducir así sabe lo que está haciendo; sabe que está aumentando de forma exponencial el riesgo de herir y de matar. Esta decisión es solo del conductor. No hay ninguna circunstancia que se lo imponga; no hay ninguna excusa ni nada que lo justifique. Ahí falla la norma. Durante demasiado tiempo nuestra legislación ha tratado estas conductas como si fueran un mero incumplimiento más del Código de Circulación, cuando en realidad son una creación consciente de peligro muy grave para la vida de las personas. Hoy, en una calle de cualquiera de nuestros pueblos, donde la velocidad está limitada a 40 kilómetros, no hay delito si no se superan los 100 kilómetros; 100 kilómetros dentro de uno de nuestros pueblos o ciudades. Esto no es un margen técnico; es un umbral que, además, envía un mensaje muy equivocado, y es que, hasta esos límites, lo toleramos. Y este mensaje es incompatible con la protección de la vida. María Pilar, Rosana, Jesús, Juan, hoy estáis aquí. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias, sobre todo, por no haber aceptado los silencios de las leyes. María Pilar, en marzo de 2025 ―lo miré ayer― nos escribimos por primera vez; hace justamente un año. En este año he podido conocer mejor a Josep ―a través tuyo, evidentemente― y, sobre todo, entender la dimensión de lo que estáis haciendo: convertir un dolor irreparable en una exigencia concreta de cambio, de transformación. Miren, para que se hagan una idea, María Pilar tiene un poema de Auden en su perfil que lo explica todo. Dice: Ya no deseo ninguna estrella; / podéis apagarlas todas; / podéis desmantelar el sol; / podéis vaciar el océano o arrasar los bosques, / porque nada de lo que pase puede ser bueno. Y, a pesar de eso, a pesar de ese punto de oscuridad absoluta, ha decidido hacer absolutamente lo contrario: actuar para que algo sí pueda ser mejor. La pérdida de María Pilar y la de tantos otros, su lucha y la de tantos otros, hoy debe tener consecuencias en este hemiciclo. La propuesta que se quiere tramitar nace de su esperanza, con su decisión de que nadie tenga que vivir lo que ellos han vivido. El verano pasado, en Cataluña, acordábamos con el Gobierno, con Manuel Arribas, el diputado, que hay que bajar los umbrales aceptables. Sabemos que no es la propuesta que defienden María Pilar ni las asociaciones de víctimas. Hay que ser más exigentes y rebajar esos umbrales. Pero es un inicio, una toma de conciencia para empezar a corregir una desproporción absolutamente inmoral, porque cuando alguien conduce muy por encima del límite establecido no estamos ante una simple imprudencia. Por ello, banalizar esta conducta no debe traducirse simplemente en el resultado de heridos o muertes, sino en la propia conducta, con la decisión de generar un riesgo extremo. Si el sistema solo reacciona cuando el daño ya se ha producido, llega tarde. El derecho penal debería actuar antes y no solo castigar después. Este es el sentido de bajar el umbral para reconocer que hay conductas que de por sí son absolutamente intolerables. Miren ustedes, lo que discutimos hoy no es una cifra, es si aceptamos o no que alguien pueda decidir de forma consciente poner en peligro la vida de los demás sin que ello tenga una respuesta penal. Esto es lo que quiere cambiar esta reforma. No lo resuelve todo, pero cambia el mensaje y el mensaje es importante, sí importa. Importa para quien conduce, evidentemente; importa también para quien pasea, para quien pedalea, para quien va en moto; importa, sobre todo, para los más débiles de la circulación; importa muy especialmente para quien todavía no sabe que un día verá destruida su vida y la de sus seres queridos por culpa de una nefasta decisión ajena antes de afrontar una curva. Para mí, esta ley será la ley Boan, y no por simbolismos, sino porque hay una vida concreta detrás de este cambio. Y porque hay una madre que ha decidido que esta vida no quedará en el vacío. Como ella defiende, si esta reforma consigue que una sola persona levante el pie del acelerador antes de entrar en una curva, habrá valido la pena. Y eso es lo que hoy tenemos que proteger. Porque cada vez que alguien se sienta al volante, toma una decisión que no es solo suya; decide por todos los que se van a cruzar en su camino. Esta reforma es una advertencia jurídica. Hay conductas individuales que no son aceptables y que no podemos tolerar. Porque ninguna sociedad digna puede asumir como inevitable que alguien decida poner en riesgo voluntariamente la vida de los demás. Hoy damos un paso pequeño, es cierto, pero es un primer paso para que esto deje de ser así.

Muchas gracias.

Gràcies, presidenta. Bona tarda, diputats i diputades. Debatem avui una modificació del Codi Penal que aparentment pot semblar tècnica, però que en realitat és profundament política. Parlem de quin model de mobilitat volem. Parlem de com protegim la vida. I, sobretot, parla de si posem al centre les persones, o si hi posem la velocitat. Aquesta proposició de llei modifica l’article 379.1 del Codi Penal per reduir els llindars a partir dels quals l’excés de velocitat esdevé un delicte: de 60 a 50 quilòmetres per hora en vies urbanes, i de 80 a 70 en vies urbanes. La pregunta és clara: té sentit? És necessari? Les dades ens diuen que sí El 22 % dels accidents mortals tenen la velocitat com a factor determinant, i darrere d’aquest percentatge no hi ha números, el que hi ha és vides trencades i hi ha famílies, sobretot famílies, trencades. Hi ha víctimes que massa sovint formen part del col·lectiu més vulnerable: vianants, ciclistes, gent gran o infants; víctimes amb noms i cognoms, com el de Josep Boan Rosanes, que avui ens acompanya aquí la seva família, que l’estiu del 2020 van perdre la vida dalt d’una moto a causa d’un conductor que, superant el límit de velocitat permès, va envair el seu carril amb un resultat fatal. Per tant, reduir la velocitat no és només una qüestió normativa, és una qüestió de vida i és una qüestió de justícia, perquè qui més pateix les conseqüències de la inseguretat viària no és qui més corre, sinó qui està més exposat. I, en aquest sentit, reconeixem que aquesta iniciativa va en la bona direcció: reduir els llindars pot tenir un efecte dissuasiu i contribuir a reduir la sinistralitat. Però senyories, i ho hem de dir clar, no n’hi ha prou amb el Codi Penal, perquè el risc és evident. Pensar que amb una reforma penal resoldrem el problema no és cert, perquè el problema és un problema estructural, i la seguretat viària no es construeix només amb sancions, no es construeix només amb un càstig, es construeix amb polítiques públiques integrals. I parlem d’infraestructures segures, parlem de carrers pensats durant dècades per prioritzar el vehicle privat, parlem de la manca de transport públic eficient, especialment fora de les grans àrees urbanes; parlem de desigualtats territorials que obliguen molta gent a agafar el cotxe cada dia. I, per això, des d’una perspectiva d’esquerres, creiem que aquesta reforma hauria d’anar acompanyada de quatre grans eixos. Primer: prevenció i educació. Cal reforçar la seguretat viària des de la base i invertir en formació, en campanyes de conscienciació i en responsabilitat col·lectiva. Segon: l’urbanisme i les infraestructures. Necessitem ciutats i pobles més segurs, zones 30 reals, pacificació del trànsit, carrils bici protegits, entorns escolars segurs. Perquè, quan el disseny és segur, la velocitat baixa per si sola. Tercer: alternatives al vehicle privat. Sense transport públic digne, accessible i ben connectat, estem exigint responsabilitat individual, sense oferir alternatives col·lectives. I quart i important: acabar amb la precarietat dels conductors professionals, com les furgonetes d’última milla, els riders. Massa hores a contrarellotge, massa hores mal pagades, massa pressió per entregar aquell paquet que no pot arribar un minut més tard, quan a vegades els hi va la seva vida i la vida de la gent que en aquell moment passa pel carrer. I també volem fer una advertència important: el dret penal hauria de ser sempre l’últim recurs. Cal garantir que aquesta reforma s’aplica amb proporcionalitat i justícia, evitant que acabi penalitzant més aquells que no tenen alternatives, especialment en territoris amb menys serveis i amb jornades i feines precàries. Dit això, senyories, no farem demagògia, nosaltres no obstaculitzarem la tramitació d’aquesta proposició de llei. No ho farem perquè entenem la urgència, i no ho farem perquè darrere aquest debat hi ha vides humanes. I no ho farem perquè la seguretat viària no pot quedar atrapada en bloquejos polítics de no poder tramitar una llei. Però això no és un xec en blanc, perquè presentarem esmenes, perquè es pot modificar moltíssim i es pot fer pensant en la vida de tothom. Esmenes en pro de la seguretat viària real, amb voluntat de millorar el text i d’anar més enllà del que avui se’ns proposa. Podem anar més enllà perquè, sincerament, el que avui porten aquí fa la sensació d’una regulació feta a trossos, de posar pedaços: ara modifiquem una cosa, ara modifiquem una altra. I el que cal és una visió integral.

Sense valentia legislativa, costarà molt poder acabar amb la seguretat viària, perquè, si de veritat volem reduir la sinistralitat, cal lideratge polític, cal una coherència i cal una estratègia per evitar aquests accidents. I ens tornarem a trobar en la negociació, senyories, seran més valents ara? O tornaran a deixar aquest projecte de llei un any aturat, sense parlar amb ningú, sense esperar res, sense fer res? Perquè la seguretat viària no va de titulars, no va de gesticulació; va de polítiques serioses, coherents i sostingudes en el temps. Nosaltres hi serem. Clar que sí que hi serem, però per millorar la seguretat viària, per garantir que serveixi per a allò que realment importa. Perquè, quan modifiquem una llei, s’ha de fer per salvar vides, salvar-les totes. Perquè la vida, senyories, és el bé més preuat que tenim i, per tant, s’ha de preservar.

Moltes gràcies.

Gracias, presidenta. Muy buenas tardes, diputados y diputadas. Debatimos hoy una modificación del Código Penal que aparentemente puede parecer técnica, pero que en realidad es profundamente política. Hablamos de qué modelo de movilidad queremos, hablamos de cómo proteger la vida y, sobre todo, hablamos de si ponemos en el centro a las personas o la velocidad. Esta proposición de ley modifica el artículo 379.1 del Código Penal para reducir los límites, a partir de los cuales de 60 a 50 kilómetros/hora en vías urbanas y de 80 a 70 en vías interurbanas. La pregunta es clara: ¿tiene sentido?, ¿es necesario? Los datos nos dicen que sí. El 22 % de los accidentes mortales tienen la velocidad como factor determinante y detrás de este porcentaje no hay números, lo que hay son vidas rotas. Hay familias ―sobre todo, familias― destrozadas, hay víctimas que forman parte del colectivo más vulnerable: niños, víctimas con nombres y apellidos, como Josep Boan Rosanes, cuya familia hoy está aquí, y que en verano de 2020 perdió la vida con una motocicleta por un conductor que, superando la velocidad, invadió su carril con un resultado fatal. Así que reducir la velocidad no es solo una cuestión normativa, es una cuestión de vida y es una cuestión de justicia, porque quien más sufre las consecuencias de la inseguridad viaria no es quien más corre, sino quien está más expuesto. En este sentido, reconocemos que esta iniciativa va en la buena dirección. Reducir los límites puede tener un efecto disuasorio, pero, señorías, tenemos que decirlo claro: no hay bastante con el Código Penal, porque el riesgo es evidente. Pensamos que con una reforma penal resolveremos el problema, pero no es cierto, porque el problema es un problema estructural y la seguridad viaria no se construye solo con sanciones, no se construye solo con un castigo; se construye con políticas públicas integrales. Y hablamos de infraestructuras seguras; hablamos de calles pensadas durante décadas para priorizar el vehículo privado; hablamos de la falta de transporte público eficiente, especialmente fuera de las grandes áreas urbanas; hablamos de desigualdades territoriales que obligan a mucha gente a coger el coche cada día. Por eso, desde una perspectiva de izquierdas, creemos que esta reforma debería ir acompañada de cuatro grandes ejes. Primero, prevención y educación. Hay que reforzar la seguridad viaria desde la base, invertir en formación, en campañas de concienciación y en responsabilidad colectiva. Segundo, el urbanismo y las infraestructuras necesitan ciudades y pueblos más seguros: zonas 30 reales, pacificación del tráfico, carriles bicicleta protegidos, entornos escolares seguros, porque cuando el diseño es seguro, la velocidad baja por sí sola. Tercer punto, alternativas al vehículo privado. Sin transporte público digno accesible y bien conectado, exigimos responsabilidad individual sin ofrecer alternativas colectivas. Y cuarto punto, importante, terminar con la precariedad de los conductores profesionales, como las furgonetas de la última milla, los riders, con demasiadas horas contrarreloj, mal pagadas, con presión para entregar ese paquete que no puede llegar un minuto más tarde, cuando a veces su vida está en juego y la vida también de las personas que pasan en ese momento por la calle. Y queremos hacer otra advertencia importante: el derecho penal debería ser siempre el último recurso. Hay que garantizar que esta reforma se aplique con proporcionalidad y justicia, evitando que acabe penalizando más a aquellos que no tienen alternativas, especialmente en territorios con menos servicios y en jornadas y trabajos precarios. Dicho esto, señorías, no vamos a hacer demagogia, no vamos a obstaculizar la tramitación de esta proposición de ley. No lo vamos a hacer porque entendemos la urgencia y porque entendemos que tras este debate hay vidas humanas, y sabemos también que la seguridad no puede quedar bloqueada con bloqueos políticos de no poder tramitar una ley, pero esto no es un cheque en blanco. Vamos a presentar enmiendas. Se puede modificar mucho y se puede hacer pensando en la vida de todo el mundo. Enmiendas en pro de la seguridad vial real, con la voluntad de mejorar el texto y de ir más allá de lo que se nos propone. Podemos ir más allá, porque, sinceramente, lo que hoy traen aquí da la sensación de una regulación hecha con parches ―ahora modificamos esto, luego aquello― y lo que necesitamos es una visión integral.

Sin valentía legislativa va a costar mucho poder mejorar la seguridad vial. Necesitamos un liderazgo político, coherencia y estrategia para evitar estos accidentes. Y vamos a volvernos a encontrar en la negociación, señorías. ¿Van a ser más valientes ahora o van a seguir dejando este proyecto de ley parado, sin hablar con nadie, sin esperar nada, sin hacer nada? Porque la seguridad vial no va de titulares, no va de gesticulación; va de políticas serias, coherentes y sostenidas en el tiempo. Nosotros estaremos ahí ―evidentemente, sí―, pero para mejorar la seguridad vial, para garantizar que sirva para lo que realmente importa, porque cuando modificamos una ley hay que hacerlo para salvar vidas, salvarlas todas, porque la vida, señorías, es el bien más preciado que tenemos y, por consiguiente, hay que preservarla.

Muchas gracias. (Aplausos).

Hoy venimos a buscar consenso y a defender en esta Cámara la seguridad vial, una de las principales preocupaciones de la sociedad civil. Pero no solo está preocupada, también está comprometida con la seguridad vial. De hecho, la Carta Europea de la Seguridad Vial, impulsada por la Comisión Europea, cuenta con el apoyo de más de mil entidades que constituyen el 25 % del total en toda la Unión Europea. Venimos con la responsabilidad compartida, pero también con la humildad de trasladar el consenso social de la pacificación, un movimiento que busca que nuestras calles y nuestras carreteras sean espacios seguros. Venimos a reclamar un sistema de movilidad que aglutina personas, infraestructuras y vehículos, y cuyas interacciones protejan a todos. Cada una de esas personas que ejercemos el derecho a la movilidad o que la utilizamos para ejercer otros derechos nos merecemos ese sistema seguro. No olvidamos que el movimiento es inherente a la vida, pero implica un riesgo y ese riesgo se puede minimizar y prevenir. En 2025 fallecieron 1119 personas en siniestros de tráfico en vías interurbanas. Hoy está en nuestras manos hacer viable el debate de esta modificación del Código Penal para reducir los umbrales que se consideran delito. Dado que en 2024 un 22 % de los siniestros mortales se debieron a una velocidad excesiva o inadecuada, anunciamos ya nuestro voto favorable a la toma en consideración de esta iniciativa, que puede contribuir a salvar vidas. (Aplausos).

Hemos vivido otras reducciones de velocidad. La que tuvo lugar en 2011 estableció como límite 110 kilómetros por hora en autovías durante cuatro meses. En esa ocasión fue en relación con el ahorro económico y energético y la reducción de nuestra dependencia del petróleo. Ahorramos 450 millones de euros. Repito, han oído bien: 450 millones de euros. Además, se redujeron un 15,5 % los accidentes en comparación con el mismo periodo del año anterior. Y es que ahora es más importante que nunca que busquemos ese tipo de medidas, que reforcemos la salud vial. Menos combustible quemado equivale a menos gases tóxicos para cuidar nuestra salud vial. Además, con esto nos unimos a decir no a la guerra, no a las guerras. (Aplausos).

La Agencia Internacional de la Energía ha alertado ya de un escenario muy grave y ha pedido que se rebajen tanto los límites de velocidad como el uso de los vehículos a motor. Según esta agencia, una rebaja de tan solo 10 kilómetros/hora permitiría rebajar notablemente el consumo de combustible en todo el mundo, para transporte profesional, comercial, pero también para el particular. La evidencia técnica y las recomendaciones de conducción eficiente muestran que, al moderar la velocidad, se mejora la eficiencia energética y se reduce el consumo de combustible, insisto. Además, respetar esos límites más bajos y mantener una velocidad uniforme puede contribuir a una menor utilización de carburante y a una reducción de las emisiones contaminantes. Cerremos ese círculo.

Recordemos que el atropello, como indicaba la diputada Granollers, continúa siendo el principal riesgo para las personas que caminan. En 2024, 207 peatones fallecieron atropellados en vías urbanas y el 65 % de los fallecidos tenían más de 65 años. Necesitamos que nuestros mayores puedan caminar sin riesgo a ser atropellados. El respeto a los límites de velocidad es fundamental. Por lo tanto, vamos a seguir enfocando las medidas en la prevención. Un descenso en la velocidad mejora también la visibilidad, al reducir el efecto túnel en la conducción, y aumenta el margen de respuesta ante cualquier situación inesperada. Nuestro entorno es pionero en estas reducciones de velocidad. Así, no es que hagamos lo que tendrían que estar haciendo los ayuntamientos, sino que respondemos a lo que los ayuntamientos ya han implementado. En Zaragoza se incluyó en la ordenanza de movilidad en 2019. Y todos los estudios indican que esto ha reducido la velocidad media en las ciudades. Por lo tanto, es el momento preciso para ir más lejos. Para recordarnos que nuestros pueblos y ciudades no son solo para desplazarnos, sino también para disfrutar. Son espacios de vida y de convivencia. Porque otro de los efectos cuando reducimos la velocidad es que estamos minimizando el impacto del ruido del tráfico y sus emisiones, fomentando un uso más responsable y un trasvase modal que aumente el uso del transporte público, la bicicleta y caminar, que son los transportes más seguros, los que nos cuidan y los que usa la mayoría social. (Aplausos).

Ayer, en la Comisión sobre Seguridad Vial, escuchamos a las principales asociaciones de víctimas, a las familias de esas víctimas, a las que de nuevo agradecemos su gran labor. Y es que tenemos la sociedad civil más comprometida, fuerte y amplia de la Unión Europea. Por lo tanto, les ponemos en el centro para construir esa corresponsabilidad compartida, capaz de cuidar a través de una movilidad segura, sostenible, saludable y accesible. En esa defensa de la pacificación, solo les pido acelerar dos elementos que para mí son fundamentales. Uno es que esta medida no puede esperar, que es urgente; y el segundo es el compromiso para analizar los resultados de la implementación de esta medida y seguir ampliando esa pacificación a todas nuestras ciudades y en todas nuestras carreteras. Nos jugamos todo.

Por último, como parte del ecosistema ciclista, asistí emocionada a una de las últimas reformas del Código Penal y espero poder compartir de nuevo esa emoción con las familias de las víctimas. Que se apruebe y se difunda la reducción de los límites de velocidad considerados delito y, siempre con la vista puesta en el horizonte, que acabe con la impunidad de la velocidad que limita la vida. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).

Gracias, presidenta. Buenas tardes. Hoy el Gobierno viene aquí casi vestido y hablando como la abuelita del lobo feroz, pero la realidad es que estamos ante un ejercicio de hipocresía y trilerismo. A ustedes no les importa la vida. A ustedes no les importan las víctimas. No les importan las víctimas y no me voy a ir muy lejos: esta mañana mismo ha salido la etarra asesina Anboto (mostrando una fotografía en la que se ve su imagen), que ustedes han puesto en libertad; con casi ochocientos años de cárcel y no ha cumplido más que cinco años. (Aplausos). ¿Qué les dicen ustedes a sus víctimas? A ustedes les importan poco las víctimas, cuando esta mañana hemos conocido que, gracias a su gestión (mostrando una fotografía), cinco jóvenes murieron por no mantener en condiciones una pasarela. A ustedes no les importan las víctimas cuando aquí han votado la ley del sí es sí, que ha dejado en la calle a más de mil violadores y agresores sexuales. (Aplausos). A ustedes no les importan las víctimas, porque no hicieron la obra de las presas y la limpieza del barranco del Poyo, con más de doscientas víctimas. A ustedes no les importan las víctimas, porque hace pocos días los españoles tuvieron que enterrar a cuarenta y seis personas por el accidente de Adamuz, por su nefasta gestión. (Aplausos). A ustedes no les importan las víctimas, cuando aquí hace unos días estaban los padres que tenían los cuerpos de sus hijos sin aparecer. Llevan años pidiendo que aparezcan esos cuerpos y los condenan a una muerte en vida. ¿Y ustedes qué hicieron? Votaron en contra de esas víctimas. ¿Por qué? Porque ustedes ―izquierda, extrema izquierda, terroristas, proterroristas, separatistas, golpistas― votaron que la venganza no puede ser, que no puede ser que se suban las penas a los violadores, a los terroristas o a los delincuentes. Y eso es lo que han hecho ustedes durante toda la legislatura en este Congreso. Todas las iniciativas que traen ustedes, el Grupo Socialista, tienen dos objetivos: uno, recaudar; y, dos, responsabilizar siempre como único responsable de todos los accidentes al conductor. Sin embargo ―se lo dice el fiscal de Seguridad Vial― (muestra una fotografía), uno de cada tres accidentes ―uno de cada tres accidentes― es por el mal estado de las carreteras. Hay 13 500 millones de déficit. Por lo tanto, ustedes son los responsables de las muertes que se producen en uno de cada tres accidentes. (Aplausos). La inversión en carreteras: 13 500 millones de déficit. (Muestra una fotografía). Le puedo contar la experiencia vivida por muchísimos conductores, desde Despeñaperros, por ejemplo, hasta Córdoba: la cantidad de reventones, salidas de vía y demás, precisamente por el estado de las carreteras. Para esto no hay dinero, ¿verdad? Por no hablar de las señales caducadas (muestra una fotografía), que también están diciendo que están produciendo puntos negros con salidas de vía y donde hay muertes. Ustedes, lo único que hacen es meter la mano en el bolsillo.

No hablan del parque móvil, cuando podrían salvar muchísimas vidas si realmente los españoles no tuviésemos el parque móvil más viejo de Europa (muestra una fotografía), con una media de quince años, lo que impide que puedan llevar sistemas de ADAS que evitarían muchos atropellos. Eso sí, la ministra y candidata para Andalucía (muestra una fotografía), señores, 40 000 millones, 40 000 millones del sector del automóvil. ¿Dónde está ese dinero? Ayer, las víctimas también preguntaban dónde estaba el dinero de las multas: 500 millones (muestra una fotografía), 500 millones de recaudación de multas. De momento, ya sabemos dónde hay 25 000 euros (muestra una fotografía): imputado el director de carreteras por 25 000 euros. Para eso quieren ustedes el dinero: no para hacer políticas que salven vidas, sino para chanchullos y para tener gente en la cárcel como Koldo, Cerdán o Ábalos, como ha pasado con el tren. (Aplausos).

Señorías, ustedes no pueden venir aquí a dar lecciones, porque este país necesita menos Código Penal y más alquitrán. Eso sí es salvar vidas. Y le quiero dejar una reflexión: ¿de cuántos Adamuz en las carreteras son responsables ustedes después de todos estos años que llevan sin invertir el dinero que le pide la Fiscalía de Seguridad Vial? ¿De cuántos y cientos de muertes son responsables ustedes por su negligente gestión? ¿De cuántos?

Señorías, dejen de perseguir como culpables de todos los males a las personas que tienen coche. Bueno, no a todas. Hay algunos que llevan coche a los que ustedes los ponen en Gobiernos, los ponen a educar a nuestros hijos y les dan poder, los hacen socios. ¿Saben quiénes son? Los que ponían los coches bomba. Esos son a los únicos a los que no persiguen ustedes.

Gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, ¡basta ya de utilizar la figura de la proposición de ley en lugar del proyecto de ley! En democracia, las formas son esenciales: se empieza despreciando lo formal y se acaba devaluando la calidad de las instituciones. (Aplausos). Estamos viendo cuál es el sentido de la frase de Pedro Sánchez el viernes pasado: bienvenidos a la política del siglo XXI. En su laico Viernes de Dolores adelantado, los españoles presenciamos atónitos cómo los partidos de la coalición de Gobierno no se pudieron poner de acuerdo durante dos horas en medidas esenciales para los ciudadanos. Ahora entendemos por qué el Grupo Socialista elude constantemente presentar sus iniciativas legislativas utilizando la figura del proyecto de ley, que necesita el consenso dentro del Consejo de Ministros. Consenso que no tienen ustedes, ya que el Palacio de la Moncloa es una continua guerra cada viernes, un ring de boxeo, una pelea entre ministros; en definitiva, un auténtico bochorno. (Aplausos). Así pues, optando por la proposición de ley, no solamente eluden los consensos internos, sino que perjudican la calidad de los textos que presentan, ya que evaden sistemáticamente escuchar, por ejemplo, al Consejo de Estado, al Consejo General del Poder Judicial o al Consejo Fiscal, que deberían participar en la elaboración de estas leyes. ¿No les parece oportuno conocer el dictamen, por ejemplo, del Consejo Fiscal o del Consejo General del Poder Judicial? ¿Por qué les molesta recurrir a los expertos? También han eludido el informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia. Además, no traen a este debate ningún informe sobre cuál es la opinión de la Fiscalía de Seguridad Vial sobre la reforma del Código Penal. Que yo sepa, no hay instrucción alguna y, al no haber informe del Consejo Fiscal, probablemente nadie pida esta opinión. Señorías del Grupo Socialista, si hubieran ustedes atendido a los expertos, se hubieran dado cuenta de los errores que tiene esta proposición de ley en el epígrafe segundo de la exposición de motivos. En el texto, ustedes hacen referencia al artículo 172 del Código Penal. ¿Saben lo que regula el artículo 172 del Código Penal? Las coacciones. No tiene nada que ver con las imprudencias con resultado de muerte, ni tiene nada que ver con el artículo 379 que ustedes quieren modificar. Utilizan erróneamente el artículo 172. (Aplausos). Es bastante vergonzoso e irrespetuoso con las víctimas no saber siquiera qué artículo es el aplicable. Al menos, corríjanlo; es que ni lo han mencionado. Tampoco es conforme a la jurisprudencia en materia de seguridad vial, atendiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en la que el artículo 142 ―el que tenían que aplicarse ustedes, no el 172― establece una presunción iuris et de iure, es decir, que no acreditan prueba en contrario. Y no lo ponen en relación con el 379. ¡Pero qué chapuza legislativa es esta! (Aplausos). ¿Es que quieren, encima, que esta Cámara trague con ruedas de molino? ¿Qué respeto tienen ustedes a las víctimas presentando una proposición de ley con graves defectos formales y de fondo? No han tenido en cuenta ni siquiera la jurisprudencia del Tribunal Supremo ni los informes de los fiscales de Seguridad Vial.

Miren, modestamente, les digo que en mi calidad de magistrado ―ahora en servicios especiales― he presidido muchísimos juicios de este tipo, en los cuales el Ministerio Fiscal ha determinado clarísimamente la relación entre el 142 y el 379. Y nada de lo que ustedes dicen en su preámbulo es cierto. Por tanto, no sé quién les ha redactado esto, pero han subido aquí sin modificar absolutamente nada de lo que habían dicho.

Además, ustedes establecen esta reforma sin tener en cuenta otras medidas de carácter complementario. Miren, la Fiscalía del Supremo, en materia de seguridad vial, está diciendo que son necesarias medidas complementarias. Por tanto, es necesario escuchar a los fiscales, cosa que ustedes no han querido hacer. Por ejemplo, hay que tener en cuenta todo lo relacionado con las fotografías de los cinemómetros. ¿Por qué no lo han tenido en cuenta? La educación, la educación vial, la concienciación de las víctimas, la concienciación de los conductores, eso también es trabajo para eludir la siniestralidad en los delitos de seguridad vial. Ustedes no dicen nada de esto. No han trabajado para nada las medidas que ayer, en la Comisión de Seguridad Vial, plantearon las víctimas. Había que incluir también medidas de carácter complementario, y ustedes no traen aquí ninguna medida. Por tanto, jurídicamente es un error lo que ustedes plantean. No atienden a lo que dicen las víctimas. No atienden a lo que dicen los expertos. Presentan una proposición de ley, no un proyecto de ley. Vienen aquí, suben y encima alardean de que hay que atender a las víctimas. ¡Claro que hay que atender a las víctimas! Para nosotros, para el Grupo Popular, cada muerte en materia de tráfico es un drama. Y eso lo tenemos que decir así. Es un drama. (Aplausos). Pero hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien. Hay que dar seguridad. No podemos llevar al BOE una ley que luego traiga frustración a las víctimas. Hay que hacerlo bien. No pueden subir aquí y presentar únicamente una proposición sin haber escuchado a nadie, con errores tanto formales como de fondo. Sigan la jurisprudencia del Tribunal Supremo y los criterios de la Fiscalía. Hay que hacerlo bien porque a las víctimas no hay que frustrarlas, hay que apoyarlas, escucharlas, y ustedes no lo han hecho. (Aplausos).

Señorías, subir a esta tribuna y hablar del dolor de las víctimas es muy fácil. En la pasada sesión del Pleno, todos ustedes escucharon a una madre que, entre lágrimas, pedía que se aprobara una reforma legal para ampliar los supuestos de la prisión permanente revisable, pero ustedes, fríamente, votaron en contra. (Aplausos). Eso es tener poca empatía con las víctimas. Nosotros estamos con todas las víctimas. Ustedes, depende de con qué tipo de víctimas, porque hay víctimas de primera y víctimas de segunda.

Muchísimas gracias. (Aplausos).