Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a los daños causados por diversos fenómenos meteorológicos adversos, de especial afectación en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura.

Buenas tardes, señora presidenta.

Señorías, comparezco ante ustedes en nombre del Gobierno para solicitar la convalidación del Real Decreto Ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a los daños causados por diversos fenómenos meteorológicos adversos de especial afectación en las comunidades autónomas de Andalucía y de Extremadura. Quiero comenzar expresando mi solidaridad y la del Gobierno de España con todas las personas, entidades y empresas afectadas, y asimismo el profundo agradecimiento a los servicios de emergencia y a todas las Administraciones públicas que desde el primer momento han trabajado para proteger a la población y restablecer la normalidad.

Hemos tenido el segundo mes de enero más lluvioso del siglo, un 85 % más que la media en la España peninsular, y febrero no fue menos. En lo que llevamos de año ha llovido el triple de lo normal en el centro y en el sur de la península. Hablamos, por tanto, de un fenómeno extraordinario de sucesión de distintas borrascas que propiciaron la activación de los planes autonómicos y territoriales de protección civil en varias comunidades autónomas. Fueron impactos singulares, como los más de 4400 litros por metro cuadrado de la sierra de Grazalema en apenas unas pocas semanas, o las más de 9500 incidencias de distinta índole en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura, con más de 12 400 personas desalojadas y 150 carreteras cortadas, que muestran la magnitud del impacto sufrido en esos territorios. Por tanto, hicimos un seguimiento estrecho y una evaluación de los daños y, por supuesto, como siempre, y es sin duda el ADN de este Gobierno, hemos estado al lado de las personas afectadas y, en particular, de agricultores, ganaderos, pescadores, familias y empresas, dándoles todo nuestro apoyo en colaboración con otras Administraciones públicas. Yo mismo tuve la oportunidad de visitar algunas de las zonas afectadas, escuchar a las personas interesadas y a las organizaciones representativas del sector y apoyar en todo lo necesario.

En definitiva, desde 2018 y ante una situación extraordinaria el Gobierno de España ha dado una respuesta extraordinaria, y este decreto ley es una muestra de ello. (Aplausos). Aprobamos en fecha 14 de febrero la declaración como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil. Una semana más tarde, el 17 de febrero, aprobamos el decreto ley cuyo texto les presento hoy para su convalidación por esta Cámara, por un importe global de 2874,1 millones de euros que, concretamente, aparece referido a 619 municipios afectados de Andalucía y de Extremadura. Y la parte sustantiva del contenido de esas cantidades, 2100 millones de euros, son precisamente las ayudas agrícolas, ganaderas y al territorio rural de los 566 municipios de Andalucía y 53 municipios de Extremadura afectados. Y además de estas ayudas agrarias y ganaderas, también hay otras referidas a la protección de las personas, a la recuperación del tejido empresarial, del empleo, la protección social, las infraestructuras y el derecho de los consumidores. En definitiva, una respuesta rápida y eficaz en relación con las necesidades y, como les decía hace un momento, en particular con, probablemente, los daños más importantes, que son los que se produjeron en explotaciones agrarias, ganaderas y acuícolas.

Les expongo brevemente el contenido. Primer bloque de medidas: las medidas en apoyo de materia de daños personales, vivienda, establecimientos industriales, mercantiles y de servicios o corporaciones locales y también por desalojos. Hemos cuadruplicado la suma prevista en la legislación vigente en relación con los daños personales y materiales. Esta legislación vigente es el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, y subrayo y repito que hemos cuadruplicado las cantidades máximas subvencionables.

Por lo que respecta a las entidades locales, se conceden subvenciones para reparación, mejora y ampliación de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal o provincial.

En segundo lugar, las referidas a la materia agraria, pesquera y acuícola, en la que se introducen ayudas extraordinarias para compensar la pérdida de renta. Es una cantidad muy importante, en total 2121 millones de euros, en los que quiero subrayar el hecho de que, como ocurrió ya con la dana de Valencia y con las ayudas en relación con los incendios del pasado verano, las ayudas se tramitan por parte del Gobierno, por parte de la Administración central del Estado de oficio, lo cual supone que los propios beneficiarios simplemente tienen que confirmar en la lista de beneficiarios y en las cantidades asignadas su consentimiento para recibir las ayudas del Estado. Es un sistema que nos va a permitir que podamos, antes de final del mes de abril, que el conjunto de los beneficiarios de Andalucía y de Extremadura puedan recibir las ayudas que les estoy indicando.

Se pagarán un mínimo de 5000 euros de ayuda y un máximo de 25 000 euros por persona o entidad beneficiaria. Les pongo dos ejemplos: una explotación de diez hectáreas de olivar de secano, que puede tener una producción bruta de aproximadamente 23 000 euros por la venta de sus productos, tendrá una ayuda de 6900 euros, y una explotación tipo de cinco hectáreas de cítricos, con una producción bruta de 50 000 euros, tendrá una ayuda de 15 000 euros; y todo ello, de forma, como les digo, rápida y eficaz.

Asimismo, hemos previsto también ayudas para quienes han suscrito un seguro agrario, que es un instrumento, como saben ustedes, magnífico de defensa, justamente en el manejo de la gestión de riesgos, que es pionero en Europa y en el mundo y que prácticamente todo el mundo trata de igualar este modelo que tenemos en nuestro país desde el año 1978. Para quien tenga suscrito un seguro agrario, hemos previsto dos ayudas complementarias a la indicada anteriormente: una ayuda para cubrir la franquicia ―n‌ o habrá franquicia en el caso de los asegurados en las zonas afectadas que reciban las ayudas― y, asimismo, llegar al tope de la ayuda comunitaria, que, como sus señorías saben, es del 70 % del coste de la prima y el máximo que nos permite la legislación europea para cubrirlas. Por tanto, tres ayudas en el caso de quien tenga un seguro agrario: la propia indemnización del seguro, lo que se refiere a la ayuda directa extraordinaria y estas dos ayudas complementarias que suponen, sin duda, un apoyo a nuestro seguro agrario. Y también la recuperación de la capacidad productiva a través de la restauración de caminos e infraestructuras por medio de TRAGSA y SEIASA, las empresas relativas a infraestructuras agrarias y también para reparar y acondicionar caminos rurales e infraestructuras de riego, con 600 millones de euros.

Hemos previsto una coordinación tanto con la Junta de Andalucía como con la Junta de Extremadura y también con las diputaciones provinciales para maximizar. Somos los que más dinero ponemos sobre la mesa, pero queremos además que pueda llegar a más lugares y a más actuaciones, por eso se va a coordinar en la orden que en su momento se dicte, a nivel provincial por parte de las subdelegaciones del Gobierno con las delegaciones de la Junta y las diputaciones provinciales, las actuaciones a efectuar.

Otro apartado importante es el relativo al ICO, a la línea ICO-MAPA-SAECA, que va a permitir bonificar tanto los préstamos que se soliciten como los avales para ello. Disponemos de 100 millones que en términos prácticos supondrán un impacto de aproximadamente 600 millones de euros para las entidades o personas beneficiarias; bonificamos el 15 % del principal y el 100 % del coste del aval.

Y en el ámbito pesquero, disponemos de 10 millones de euros para los armadores de buques pesqueros con puerto base en las provincias de Málaga, Cádiz y Huelva que faenan en el Golfo de Cádiz y Mediterráneo y en artes de arrastre de fondo, cerco y artes menores que se han visto afectadas. Aproximadamente son 1000 buques: unos 425 en Cádiz, otros 425 en Huelva y 250 en Málaga.

Tercer bloque de medidas, el apoyo a empresas y profesionales, lo referente al tramo de avales por cuenta del Estado para facilitar el acceso a la financiación, así como las ayudas directas para profesionales y empresas que se hayan visto afectadas por estos fenómenos meteorológicos.

Cuarto bloque fiscal, las exenciones del impuesto sobre bienes inmuebles para los inmuebles dañados y la reducción del impuesto sobre actividades económicas para el año 2026. Y, además ―‌no forma parte del decreto ley porque no puede ser así―, en lo relativo a la declaración del IRPF y de los módulos correspondientes a este año, anuncio en nombre del Gobierno que, lógicamente, se adoptarán las medidas correspondientes en relación con las zonas y los cultivos afectados.

Asimismo, debo decir que, como ministro de Agricultura, he hecho las gestiones pertinentes ante la Comisión Europea, y en colaboración con las comunidades autónomas de Andalucía y de Extremadura, para que en todo lo referido a las ayudas de la política agrícola común se considere, lógicamente, esta sucesión de borrascas como una fuerza mayor y se puedan flexibilizar aquellos extremos que, de no serlo así, llevarían a un incumplimiento de estas. Además, en este bloque fiscal se ha incluido la posibilidad de que los municipios que dispongan de superávit presupuestario en 2024 y 2025 también puedan, sin duda, utilizarlos para estos fines.

Quinto bloque en materia de empleo, los ERTE. Como ha ocurrido con anterioridad en otros eventos extraordinarios, el Gobierno establece la posibilidad no solo de que no se pueda despedir por causa de fuerza mayor, sino que también, efectivamente, exista un apoyo desde el punto de vista del seguro de desempleo y de la continuidad de la actividad productiva, que es absolutamente necesaria.

En sexto lugar, en materia de Seguridad Social, una prestación excepcional a la prestación por cese de actividad de autónomos y que aquellos que hayan debido cesar su actividad por causa directa, todos ellos puedan percibir una prestación extraordinaria sin acreditar el periodo mínimo de cotización y la existencia de fuerza mayor, porque evidentemente está ahí. Todo ello supone también una medida suplementaria de apoyo, evidentemente, para los afectados.

Séptima medida, la referente al dominio público e infraestructuras. Para la reparación de daños y protección del dominio público marítimo terrestre y del dominio público hidráulico, se concederán subvenciones a las entidades locales de las comunidades autónomas de Andalucía y de Extremadura para ejecutar los proyectos de obras de reparación, adecuación y adaptación al nuevo contexto climático en cauces públicos situados en zonas urbanas.

Y último bloque de medidas, el octavo, los derechos de las personas consumidoras. Es un tema muy importante y cotidiano para las familias y para las personas en situaciones como esta. Se suspenden los plazos para el ejercicio del derecho de desistimiento, así como los plazos para el ejercicio de derechos adicionales establecidos contractualmente.

Yo creo que todas estas ayudas, que son perfectamente compatibles entre sí y que he resumido para todos ustedes, suponen ―‌además, estando exentas de tributación, como ya ocurrió con las de la dana en la Comunidad Valenciana― sin duda un apoyo extraordinario ―‌yo diría que sin precedentes― en relación con una situación como la que hemos tenido que sufrir. Además, con las condiciones de agilidad en la gestión que he indicado anteriormente. Por tanto, señorías, este real decreto ley que tengo el honor de presentar ante esta Cámara configura un marco de respuesta integral ante una situación sobrevenida y de emergencia, una situación extraordinaria que ha tenido y tiene una respuesta extraordinaria del Gobierno de España. Pero yo creo que hay que afrontar la realidad, si me permiten, un poco más allá del decreto ley que presento hoy. Estamos realmente ante una situación derivada del cambio climático y el cambio climático tenemos que combatirlo, como lo está haciendo este Gobierno. Porque esta sucesión de borrascas no es un fenómeno ni normal ni aislado. Por tanto, negar el cambio climático y sus consecuencias es una auténtica temeridad. Fíjense ustedes, la última vez que presenté un decreto ley en esta Cámara fue en junio de 2023, y aquel decreto ley era en relación con medidas urgentes y extraordinarias consecuencia de la sequía. Hace escasamente dos años y medio. Por tanto, estos fenómenos extremos están aquí y tenemos, sin duda, que luchar contra ellos, al igual que en la actividad agraria, ganadera y agroalimentaria tenemos que saber adaptarnos y responder.

En función de todo ello, señorías, concluyo solicitándoles el voto favorable para la convalidación del Real Decreto Ley 5/2026 con el objeto de garantizar la continuidad de las medidas de apoyo y la pronta recuperación de las zonas afectadas.

Muchas gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, presidenta. Bienvenido, ministro, y gracias por su comparecencia. Hoy debatimos las medidas urgentes tras los daños muy graves provocados por fenómenos meteorológicos en Andalucía y en Extremadura. Y lo primero que nuestro grupo quiere hacer es algo que a veces se le olvida a esta Cámara: reconocer el sufrimiento de la gente por estos impactos meteorológicos, por las borrascas, por los desalojos y por los cortes de carretera. Daños sufridos como los que me tocan de cerca, en la sierra de Grazalema y en todo el territorio. Hay familias que lo han perdido casi todo o que han perdido sus casas; agricultores que han visto arrasadas sus cosechas; lo mismo exactamente los ganaderos; el sector pesquero también afectado en Huelva, en Málaga, en Cádiz, y también pequeños negocios, que no saben si podrán abrir su persiana otra vez o no. Ante esto, señorías, la política tiene que estar a la altura y este real decreto llega tarde e igual es insuficiente, pero lo más importante es que creemos que no llega a abordar el problema de fondo, porque no estamos solamente ante una emergencia puntual, sino que estamos ante una realidad, como es la crisis climática, que nos está aplastando y devastando. Y frente a eso, no bastan parches; hace falta prevención, inversión pública y unos servicios que sean fuertes.

Sabemos perfectamente que Andalucía y Extremadura son territorios especialmente castigados por estos fenómenos. Llevamos años viendo cómo las políticas del Partido Popular debilitan los servicios públicos, cómo se recortan plantillas y, además, cómo se infrafinancian las infraestructuras necesarias para prevenir y responder a la emergencia. Y esto, justamente, no tiene que ver con los fenómenos meteorológicos, sino con la política que hace el Partido Popular en estas comunidades autónomas. Esto tiene unos responsables directos y son ustedes. Porque muchas veces la gente en la calle o en las redes sociales confunde las competencias del Gobierno central con las competencias de las comunidades autónomas y a veces ustedes se van de rositas justamente por eso, porque la gente muchas veces confunde las competencias. Pero no, las competencias en Andalucía son suyas y las competencias en Extremadura son suyas, competencias que, además, ahora mismo están abandonadas completamente porque no llegan a un acuerdo con VOX. Y esto es lo que hacen ustedes con sus socios: crear incertidumbre a la población y dejar la política en suspenso.

El Partido Popular tiene responsabilidades claves en la gestión territorial y ustedes han priorizado durante años las bajadas fiscales a los más ricos frente a la inversión de lo común. ¿Cuál ha sido el resultado de esto? Falta de efectivos en servicios de emergencia; plantillas insuficientes en los servicios de protección civil; falta de medios y de efectivos en prevención de riesgos; bomberos y bomberas forestales, con los que nos hemos reunido muchísimas veces, que trabajan en condiciones precarias, sobre todo en Andalucía ―‌lo tengo que decir―, y a los que despiden cuando llega el invierno y luego pasa lo que pasa. Y unas Administraciones gobernadas por ustedes que llegan tarde y mal cuando más se las necesita. Lo hemos visto en Andalucía y en Extremadura, y no lo decimos nosotras, lo dicen los propios trabajadores y trabajadoras públicas que tenemos en esas comunidades autónomas, que denuncian que no pueden más, que denuncian que no dan abasto. Y también lo dicen los ayuntamientos que dependen de ustedes, que se ven solos ante catástrofes de esta magnitud. Eso es lo que dice la realidad, no lo estoy diciendo yo; lo dicen las trabajadoras y lo dice la realidad de nuestras tierras.

Señorías, no se puede gestionar una emergencia con estructuras que están debilitadas de manera permanente. No se puede pretender responder a inundaciones, a temporales o a sequías extremas, como nos pasa en nuestra tierra, cuando durante años han recortado en personal, en planificación y en inversión. Por eso este real decreto es muy necesario ―‌sigue siendo necesario―, pero se queda corto. Porque se centra en la reparación, pero no en la prevención; porque llega con ayuda, pero no con un cambio de modelo, que es lo que necesitamos; y porque intenta apagar incendios ―‌nunca mejor dicho―, pero sin reforzar el sistema que debe evitarlos o minimizar, por lo menos, sus efectos y su impacto.

Las ayudas tienen que llegar de forma ágil, suficiente y sin una burocracia asfixiante para los perceptores de esas ayudas. Y no puede ser que las personas afectadas tengan que enfrentarse al laberinto administrativo cuando lo han perdido todo. Es imprescindible también reforzar los servicios públicos: más efectivos, más medios, como he dicho antes, y más coordinación. Porque lo que ustedes ven como un gasto en nuestras tierras, señorías del Grupo Popular, nosotras lo vemos como una inversión para tener más seguridad y, por supuesto, para prevenir. Y para eso necesitamos un plan serio de adaptación al cambio climático, aunque con sus socios, que niegan que haya un cambio climático, veo muy complicado que ustedes lo hagan en mi tierra, y especialmente en territorios que son vulnerables, como Andalucía y Extremadura en este caso. Esto implica inversión, infraestructuras resilientes, gestión del agua, ordenación del territorio y protección de los ecosistemas; y todo esto frente a la cultura que ustedes tienen en mi tierra del pelotazo urbanístico, de construir en zonas inundables o a pocos metros de la playa, cerca del mar, o en zonas protegidas, como ha hecho Moreno Bonilla en Andalucía durante todo este tiempo con todas las políticas del pelotazo. Pero, ojo, también hay que abordar la desigualdad territorial, porque no todas las comunidades autónomas parten del mismo punto y no todas las comunidades autónomas tienen los mismos recursos para afrontar esta crisis. Y, sobre todo, no tienen estos mismos recursos porque, evidentemente, ustedes gastan los recursos en lo que los gastan: en bajar los impuestos a los ricos y en dar pelotazos urbanísticos cambiando las leyes de ordenación del territorio.

Por lo tanto, señorías, la política no puede limitarse a reaccionar cuando pasa algo, tiene que anticiparse. Eso exige algo que algunos y algunas de aquí parecen haber olvidado: la voluntad política. Porque cuando se bajan los impuestos a los ricos de mi tierra y a los de arriba, lo que se hace es, justamente, recortar por abajo siempre. Recortan en bomberos, en técnicos, en prevención, en servicios sociales y luego, cuando llega la catástrofe, se pide solidaridad. Pero la solidaridad, señorías del Grupo Popular, no puede sustituir la responsabilidad política y la responsabilidad pública que tienen. La vida de la gente, señorías, tiene que estar por encima de cualquier cálculo electoral y de cualquier interés económico. Se necesita un modelo que entienda que la emergencia climática no es el futuro, sino que ya nos está arrasando ahora, en el presente.

En definitiva, con políticas de recorte y de debilitamiento de lo público, estas situaciones se repetirán una y otra vez y, además, de manera cada vez más grave. Y entonces no bastará con estos decretos urgentes, sino que o hay un cambio profundo que ponga en el centro a las personas ―y‌ voy terminando―, que refuerce lo público y que entienda que la seguridad no va de política o de frontera, sino de tener servicios fuertes, territorios cuidados y políticas valientes, o no lo vamos a contar. Estamos a tiempo, pero vamos muy tarde, el tiempo se nos acaba. La pregunta es muy sencilla para todos ustedes en este hemiciclo: ¿vamos a seguir reaccionando tarde y mal o vamos a empezar a hacer lo que hay que hacer, señorías?

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, presidenta. Egun on, señorías. Hoy debatimos el apoyo al Real Decreto Ley 5/2026, una norma que responde a una situación extraordinaria provocada por fenómenos meteorológicos adversos que han causado graves daños en distintas comunidades autónomas, especialmente en Extremadura y Andalucía. Ante este tipo de circunstancias, las instituciones públicas tienen el deber de actuar con rapidez, responsabilidad y eficacia para proteger a la ciudadanía y facilitar la recuperación de las zonas afectadas. Y eso es precisamente lo que pretende este decreto ley, hacer posible una recuperación rápida, eficaz y equitativa tras una catástrofe natural, evitando que las personas, las empresas y los territorios afectados queden en situación de desprotección. Para lograrlo, como ya ha dicho el ministro, establece ayudas directas destinadas a que las familias puedan reconstruir sus viviendas y recuperar sus bienes en el menor tiempo posible. Asimismo, incorpora medidas de apoyo económico para empresas, autónomos, pequeños negocios, garantizando la liquidez necesaria para mantener la actividad y proteger el empleo. El texto también presta especial atención a sectores vulnerables, como el agrario y el pesquero, con ayudas específicas para compensar pérdidas y asegurar su continuidad. En el ámbito laboral, se incluyen mecanismos que permiten a las empresas adaptarse temporalmente sin recurrir a despidos, garantizando al mismo tiempo ingresos a los trabajadores. Por último, el decreto ley contempla inversiones para reparar infraestructuras y servicios esenciales, junto con medidas para agilizar los procedimientos administrativos, con el objetivo de restablecer la normalidad y la actividad económica y social lo antes posible. Además, queremos poner en valor un aspecto que consideramos especialmente relevante. Este decreto posibilita la utilización del superávit correspondiente al ejercicio de 2025 por parte de las comunidades autónomas y de las entidades locales para este tipo de catástrofes, una medida que mi grupo, el Grupo Parlamentario Vasco, ha defendido y reivindicado siempre, porque entendemos que en situaciones excepcionales los recursos disponibles en las Administraciones territoriales deben ponerse al servicio de la ciudadanía con agilidad y eficacia. Pues bien, creemos, señorías, que ese mismo criterio debe aplicarse también al paquete de medidas que el Gobierno está preparando para hacer frente a la crisis de Oriente Medio. Del mismo modo que se ha habilitado el uso del superávit para responder a daños catastróficos, debe habilitarse también a comunidades autónomas y entidades locales la utilización del superávit de 2025 para financiar actuaciones urgentes destinadas a mitigar el impacto económico y social que esa crisis puede provocar también en nuestros territorios. Porque cuando hablamos de emergencias, ya sean derivadas de catástrofes naturales o de crisis internacionales con efectos directos sobre nuestra economía y nuestra sociedad, las Administraciones deben contar con todas las herramientas posibles para dar una respuesta rápida y eficaz.

Por otro lado, tenemos que señalar que este decreto ley tampoco parte de cero, porque algunas de las medidas que hoy se incorporan responden a cuestiones que ya se plantearon en el decreto de enero, que no fue convalidado y que, por tanto, quedaron fuera, perjudicando a la ciudadanía. Nos referimos, por ejemplo, al refuerzo de determinadas ayudas directas o a mejoras en los instrumentos de apoyo a sectores especialmente afectados o a la agilización de procedimientos en zonas dañadas por episodios de la dana. Que hoy se recuperen estas medidas es positivo, pero también pone de manifiesto que había necesidades urgentes que no fueron plenamente atendidas en su momento. Por eso, además de valorar su inclusión, creemos que la respuesta pública tiene que ser mucho más completa y posible desde el inicio y eso obliga a negociar y a acordar, dada la aritmética parlamentaria que hoy tenemos en esta Cámara.

Señorías, tampoco podemos ignorar una realidad evidente: en estos últimos años estamos viviendo temporales más intensos, lluvias torrenciales, inundaciones que causan daños cada vez mayores. Muchos expertos relacionan estos fenómenos con el cambio climático, como así es, pero, incluso aunque algunos quieran discutir sus causas, lo que nadie puede negar es la realidad de los daños que sufren los distintos territorios por este motivo. Ante esta realidad, el deber de las instituciones no es entrar en debates ideológicos, sino proteger a la ciudadanía y actuar con responsabilidad. Cuando una familia pierde su casa, cuando un agricultor pierde su cosecha o cuando una carretera queda destruida por un temporal, lo que esperan de sus representantes no son discusiones, sino soluciones, apoyo y una acción pública eficaz. Por eso, desde una perspectiva política, creemos que apoyar este decreto supone reafirmar quizá un principio de solidaridad entre los territorios. Porque cuando un territorio sufre una catástrofe, corresponde al conjunto de las instituciones responder con recursos y medidas que permitan superar esta situación. Este compromiso demuestra, además, que las Administraciones públicas están al servicio de la ciudadanía y que ningún municipio queda desatendido en momentos de dificultad.

Jaun-andreok, errege lege-dekretu hau babesteak erantzun azkar koordinatu eta solidario bat bermatu behar dela larrialdi egoera baten aurrean esan nahi du. Kaltetutako pertsonak babestea, jarduera ekonomikoaren jarraipena bermatzea eta normaltasuna berreskuratzeko beharrezkoak diren azpiegiturak berreraikitzea esan nahi du. Eta baita ere sakoneko ideia bat onartzea esan nahi du, ezohiko krisien aurrean ezin ditugula baliabideak geldirik utzi, lurraldeek premiazko erantzunak behar dituen bitartean. Esate baterako, autonomia erkidegoek eta tokiko erakundeek 2025eko superabita erabiltzea horrelako hondamendietarako, dekretu honek egiten duen bezala. Horregatik, gaur ere hemendik 2025eko superabita ekialde krisiaren ondorioak arintzeko edo leuntzeko erabili ahal izatea eskatzen dugu.

Dekretu honen alde bozkatuko dugu, benetako premiazko behar bati erantzun diolako. Gaur egun fenomeno meteorologiko kaltegarri horien ondorioak jasan dituztenen alboan egon behar dugulako, neurri zehatzekin, baliabide nahikoekin eta erakunde erantzukizunarekin.

Eskerrik asko.

Señorías, apoyar este real decreto ley significa avalar una respuesta rápida, coordinada y solidaria ante una situación de emergencia. Significa proteger a las personas afectadas, garantizar la continuidad de la actividad económica y reconstruir las infraestructuras necesarias para recuperar la normalidad. Asimismo, significa asumir una idea de fondo: ante crisis extraordinarias, no podemos dejar recursos inmovilizados mientras los territorios necesitan respuestas urgentes, como permitir a las comunidades autónomas y entidades locales el uso del superávit de 2025 para este tipo de catástrofes. Por eso hoy también solicitamos desde aquí que se permita usar ese superávit para paliar la crisis de Oriente Medio.

Votaremos a favor de este decreto ley porque significa avalar una respuesta rápida, coordinada y solidaria ante una situación de emergencia. Debemos estar al lado de quienes sufren las repercusiones de estos fenómenos meteorológicos adversos. Debemos hacerlo con medidas concretas, con suficientes recursos y responsabilidad institucional.

Muchas gracias.

Buenas tardes, señorías. Quiero comenzar trasladando nuestro más sincero apoyo a esas poblaciones que han quedado tan afectadas. Y quiero decir que, una vez más, nuestra gente ha mostrado determinación, ha mostrado solidaridad, ha mostrado un profundo sentido de lo común y esta Cámara tiene que estar a la altura de ese esfuerzo y de esa dignidad que ha demostrado nuestra gente.

Estamos aquí por eso, para debatir un real decreto de medidas urgentes frente a un fenómeno climático de tremendas dimensiones. Por tanto, esta es una nueva normalidad, la crisis climática ya está aquí. Y frente a esta crisis climática hay dos caminos: el de las derechas reaccionarias, que niegan la crisis climática o pretenden que la pague la clase trabajadora, y el de la izquierda, que es el que nosotros defendemos: afrontar la realidad con una transición justa. Eso significa invertir en servicios públicos, bomberos, emergencias, protección civil. Significa planificar el territorio con regulación pública para no construir en zonas de riesgo, para recuperar ecosistemas que nos protegen. Y significa decir algo muy claro: ni negacionismo climático ni capitalismo verde para que unos pocos sigan haciendo negocio. La adaptación al cambio climático tiene que servir para proteger a la gente, para proteger el territorio, para proteger a la gente trabajadora. (Aplausos).

Señorías, vivimos en tiempos de crisis ―‌de crisis climática, de crisis geopolítica, de crisis del capitalismo neoliberal― y eso trae incertidumbre, trae inseguridad a la gente. Y cuando vienen mal dadas, el pueblo solo tiene una protección real: un estado del bienestar fuerte y unos servicios públicos fuertes que no dejan a nadie atrás. Por eso hay que proteger, hay que poner orden frente a los especuladores y hay que reforzar el Estado social. Pero la ultraderecha y la derecha seguidista de Feijóo tienen otras prioridades: debilitan el Estado social, privatizan la protección y abandonan al campo. Para VOX y Abascal, que hoy tampoco ha podido acompañarnos, los trabajadores y trabajadoras del campo son un mero decorado. Para nosotros y nosotras, son personas con derechos y con dignidad que merecen la protección pública. Eso son para nosotros y nosotras.

Gran parte de este decreto tiene medidas dirigidas al sector agrícola y al mundo rural. Y quiero decirlo con claridad: el negacionismo climático desprotege al campo, lo deja más expuesto y más vulnerable. Sin embargo, este Gobierno de coalición ha demostrado que sí se puede ser eficaz y sí se puede ser rápido, movilizando más de 7000 millones de euros para atender a familias, infraestructuras y proteger empleos. Incluye ayudas directas a personas desalojadas, indemnizaciones multiplicadas por cuatro, pagos anticipados y exenciones para que los afectados puedan reconstruir su vida sin esperar meses o años a que las burocracias se muevan. Así que hay que dejarlo claro: para que el Estado proteja, necesita recursos, no más privilegios fiscales a los más ricos.

Y en tiempos de crisis hace falta más justicia fiscal, pero, como siempre, ante cada catástrofe, las derechas reaccionarias vienen aquí a tocar la misma canción: bajar impuestos beneficiando a los más ricos en lugar de ayudar a quien más lo necesita. Este Partido Popular, que tumba decretos con los que podríamos evitar desahucios, que tumba decretos con los que podríamos topar los precios, ¿qué ha hecho donde gobierna ante unas borrascas que han arrasado los campos? En Extremadura y en Andalucía los Gobiernos del Partido Popular han demostrado lentitud y falta de compromiso, sus ayudas llegan tarde y son insuficientes. Un Moreno Bonilla que ha corrido con las botas de agua puestas a echarse la foto mientras mantiene en la precariedad a las emergencias del 112 y al INFOCA y que, junto a María Guardiola, se ha negado a una quita de deuda tan necesaria hoy para la reconstrucción. (Aplausos). Incluso en la catástrofe, la prioridad del Partido Popular está en Génova 13.

Este real decreto contempla medidas fundamentales para la recuperación: un fondo de 2000 millones de euros para los ayuntamientos; un plan de empleo de 50 millones; y exenciones y ayudas específicas para agricultura, pesca y ganadería. Entre estas medidas destacan la reducción de peonadas de 35 a 5, una línea de avales por más de 100 millones y la reparación de caminos e infraestructuras que se ha evidenciado que los Gobiernos del Partido Popular tenían abandonadas. Este Gobierno vuelve a dar oxígeno al tejido productivo y vuelve a proteger a quienes más dependen de la tierra y de su esfuerzo diario.

La reducción a 5 peonadas es una medida histórica, pero queremos ir más allá. Se tiene que actualizar la cuantía de desempleo agrario, vinculándolo al salario mínimo interprofesional en lugar de al IPREM; se debe equiparar a mayores de 52 años a la situación de quienes reciben el antiguo subsidio agrario, y se tienen que ampliar los topes de ingresos, porque es de justicia proteger a los jornaleros y jornaleras, asegurar estabilidad, seguridad y dignidad y reconocer el valor real de su trabajo. Y tampoco podemos olvidar al sector apícola, absolutamente estratégico para nuestra agricultura y nuestra biodiversidad. Un tercio de nuestra producción depende de las abejas. Sin embargo, muchas de estas explotaciones apícolas han sufrido pérdidas severas. Por eso también tienen que poder acceder a ayudas extraordinarias. Para proteger a la agricultura, hay que proteger a las abejas, a la apicultura.

Una catástrofe que ha vuelto a evidenciar que los ayuntamientos rurales son los grandes maltratados financieramente en nuestro país. Mientras alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas estaban al pie del cañón protegiendo a su gente ―‌los primeros en actuar―, hemos visto cómo necesitan recursos. Urge una reforma de la financiación local que sea justa, que reconozca su esfuerzo y la centralidad de los ayuntamientos en la defensa de lo común. Y nos queremos atrever a mirar más lejos. Hay que avanzar hacia una renta universal agraria que aporte seguridad, que fije la población al territorio y que proteja a quienes sostienen el campo. Del mismo modo, hay que abrir también el debate sobre una seguridad social alimentaria, porque asegurar condiciones justas para los productores es también garantizar el derecho de toda la sociedad a una alimentación de calidad, sostenible y accesible.

Señorías, la crisis climática ya está aquí, el cambio climático es innegable y es especialmente duro con algunos sectores y con algunos territorios. Tenemos la obligación de protegerlos. Quien niega esta realidad y quien se opone a invertir en prevención, en protección y en reconstrucción, rema en contra de los intereses de la gente y rema a favor de esos pocos que siempre quieren hacer caja con la desgracia y la catástrofe de todos. Por eso nuestra apuesta es clara: más estado del bienestar, más protección social y más compromiso con Andalucía, con Extremadura y con el mundo rural. (Aplausos).

Muchísimas gracias, señora presidenta. Señorías, el Gobierno ha convertido cada tragedia en una simple operación de propaganda. Cada tragedia, una foto; cada desastre, un titular; y cada promesa, una nueva mentira. Señorías, hoy el Gobierno trae al Congreso de los Diputados la convalidación de un real decreto ley que es la respuesta del Gobierno a las inundaciones producidas el pasado mes de enero y febrero en una gran parte de Andalucía y también de Extremadura. Pero si bien hoy el Gobierno reclama a bombo y platillo estas medidas, todavía hay miles de españoles esperando las medidas que ustedes proclamaron hace mucho tiempo. Por ejemplo, ahí tenemos a los habitantes de La Palma, descansando en barracones, y también a nuestros compatriotas de Valencia, que están atrapados en el barro de su burocracia. (Aplausos). Señorías, el Gobierno está acostumbrado a llegar tarde, a anunciar mucho y a cumplir poco. Cuando se apagan los focos de las cámaras, desaparecen y dejan a los españoles solos, solos limpiando el barro y reconstruyendo sus negocios. Señorías, nosotros queremos hablar hoy de tres cuestiones muy claras: de los españoles que están sufriendo en el terreno, de los graves errores y las enormes carencias que tiene este real decreto ley y también de cómo el Gobierno vuelve a jugar y a estafar al conjunto de los españoles. En primer lugar, los españoles que están sufriendo en el terreno son, en este caso, los de la España rural, los que llevan décadas abandonados por su Gobierno, los que están hartos y asfixiados por los impuestos, las multas y la burocracia. Porque sí, señor ministro, los agricultores y ganaderos tardan más en rellenar los formularios que ustedes les imponen que en trabajar directamente sus explotaciones agroalimentarias. (Aplausos). Estamos hablando, señor ministro, de españoles de azadón y escardilla, que tienen la tierra y el sol metidos en el alma, que se levantan antes del amanecer, que conocen perfectamente la incertidumbre de cada temporada y que son los guardianes de un modo de vida que ha sido sostén del porvenir de esta nación y que ustedes se quieren cargar. Señorías, hablamos también de autónomos que están hartos de sus impuestos, de sus cargas y de su burocracia, que han sobrevivido incluso a una epidemia y que ven cómo los precios de los alimentos y el precio de la vivienda se encarecen por la gestión de su Gobierno. Y que encima ven que, mientras les dan a ellos migajas, ustedes destinan millones de dinero público a la inmigración y que ahora quieren convertir España en el hospital del planeta. (Aplausos). En segundo lugar, como decía, este real decreto ley tiene graves errores, enormes carencias. Por ejemplo, en la exposición de motivos dicen que la culpa de estas inundaciones es del cambio climático producido por la acción del hombre. Nunca la culpa es de ustedes, siempre hacen cero autocrítica. Nada de la prevención ni del mantenimiento de nuestras obras hídricas, hidráulicas, nada de construir más. No, así hacen ustedes con todo. ¿Que el precio de la vivienda se encarece? La culpa, según ustedes, es del pequeño propietario. Arruinan a nuestros agricultores, ganaderos y pescadores, y les dicen que la culpa es del contexto internacional. Y ahora España sufre fenómenos atmosféricos con terribles consecuencias, y para ustedes el problema o los culpables son nuestros antepasados, que contaminaban demasiado. Señorías, también dicen en la exposición de motivos que la península ibérica, por su situación geográfica, va a sufrir más olas de calor, más sequías y también más lluvias torrenciales. Yo no digo que no, porque esto ha ocurrido en nuestra nación siempre, durante toda la vida. Pero si ustedes creen esto, ¿por qué no aprueban un plan nacional del agua con interconexión de todas las cuencas hidráulicas? (Aplausos).

¿Por qué no mantienen nuestras presas precisamente para mitigar los riesgos? ¿Por qué ustedes no dejan limpiar los montes a nuestros agricultores, a ganaderos, a la gente del campo, precisamente para paliar las catástrofes que puedan venir este verano con los incendios? Es ahora cuando se cuida el monte para prevenir los incendios del futuro, señor ministro.

España tiene más de 1300 grandes presas. Esto sirve para agricultura y ganadería, para generar energía, para mitigar las sequías. Pero esto a ustedes les da exactamente igual. El Gobierno siempre está en soplar y sorber al mismo tiempo. Por un lado, la Agencia Estatal de Meteorología decía que este invierno iba a ser más seco de lo normal, y ahora se lo dicen ustedes a las personas afectadas por las inundaciones, cuyos municipios incluso han tenido ahora más riadas que en los últimos veinte años. (Aplausos).

Además, este decreto ley es sumamente arbitrario e injusto porque deja fuera de su ámbito de aplicación a miles de personas y a comarcas enteras. ¿Y esto por qué, señor ministro? Por ejemplo, en la sierra norte de Sevilla, en la Alpujarra de Granada, en La Siberia extremeña o en la sierra de Huelva. ¿Señor ministro, cómo explican usted y este Gobierno que a ellos, que también han sufrido estas inundaciones, los dejan fuera de la aplicación de este real decreto ley?

Por último, señor ministro, ustedes sacan mucho pecho y cacarean que las personas que cobran el salario mínimo interprofesional van a estar exentas del impuesto de la renta de las personas físicas. Bueno, en el fondo ustedes lo que hacen es una deducción, es decir, que en la próxima declaración de la renta en el año 2027 esas personas van a recibir un dinero. Eso es una deducción en el impuesto. ¡Qué casualidad, justo durante la futura campaña electoral o en las puertas de esta! Señor ministro, ustedes siguen sin la prevención, han olvidado nuestras infraestructuras, dejan fuera a miles de afectados. Eso es lo que siempre hacen ustedes, confunden la justicia social, que es sumamente legítima, con el marketing político.

Muchísimas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Hoy estoy aquí en doble calidad, de alcaldesa y de parlamentaria. Soy alcaldesa desde hace quince años de un municipio ubicado en la Sierra de Grazalema, concretamente de El Gastor, zona terriblemente afectada por este temporal. Subo a esta tribuna hoy con muchísima responsabilidad, a la vez que con mucho orgullo. Sirvan estas primeras palabras para mostrar todo mi apoyo y solidaridad a los afectados por el temporal (aplausos), a cada uno de los municipios que ha sido afectados y a sus alcaldes y alcaldesas, porque sin duda han estado a la altura de las circunstancias. Señorías, tengo que decirles que lo hemos pasado muy, muy mal. Poblaciones incomunicadas, carreteras cortadas, con cortes de luz y de agua, dificultades de nuestros vecinos y vecinas para trasladarse a hospitales y centros de salud. Decir a los vecinos la verdad, sin bulos, sin mentiras, era una de las tareas que teníamos como alcaldes y alcaldesas; que no salieran de sus casas. Como saben, en las zonas rurales no abundan los recursos. Cuando se inunda un colegio, cuando un polideportivo queda destrozado, al final no hay otra infraestructura que lo reponga. Y a los alcaldes y alcaldesas nos duele el haber visto a niños y niñas, con lágrimas en los ojos, presenciar cómo se destruían infraestructuras que apenas acababan de inaugurar. (Aplausos). Esta tribuna me da la oportunidad hoy de expresar lo que vi con mis ojos: el dolor, el sufrimiento de quienes lo han perdido todo o han estado a punto de perderlo. Tuve la oportunidad de acompañar al alcalde de Grazalema el día del desalojo y en la retina siempre tendré a Pepe, un vecino de 94 años que no sabía si volvería de nuevo a su casa. En el Hotel Fuerte, de Grazalema vi el terror, el miedo de un pueblo entero que no sabía cómo iba a terminar este tema. Así que, señorías, tenemos que aprender mucho de lo vivido. En estos dramáticos días, tengo que decir que me siento orgullosa de mi país, porque no cabían los colores políticos ni sacar tajada de esa situación ni pensar en votos ―c‌ omo sí hemos tenido que soportar los socialistas en otras catástrofes―. Aquí, desde el minuto uno, hemos ido de la mano, el alcalde del PP de Ronda con el del PSOE de Grazalema; la Junta con los subdelegados, y los delegados de la Junta luchando juntos por atender a nuestras demandas. ¿Es tan difícil de entender que esto es lo que piden los ciudadanos y las ciudadanas cuando nos vienen mal dadas? Pues quiero decirles que cuando se mira a la cara a ciudadanos y ciudadanas que lo han perdido todo y que salen de su casa con lo puesto como ocurrió estos días en la sierra de Grazalema los representantes políticos tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Por eso pido hoy un punto de inflexión. Y, sí, gracias, ministro; gracias al presidente Pedro Sánchez; gracias a María Jesús Montero (aplausos) por poner sobre la mesa esos más de 7000 millones de euros para que la recuperación llegue a nuestros municipios cuanto antes en sectores estratégicos como la agricultura, la ganadería, la pesca. Desde el minuto uno se nos pidió por parte del Gobierno lealtad, unión, ayudar a las personas en dificultades; se nos pidió colaboración con todas las Administraciones porque lo importante eran las personas ―s‌ í, señorías― y porque nosotros no somos iguales. Todo nuestro partido ha estado unido en los problemas de nuestra gente. Ni una mala palabra, ni un mal gesto como así nos tienen acostumbradas las señorías del Partido Popular. (Aplausos). No quería hoy dejar de dar las gracias a los miles de voluntarios y de vecinos de otras localidades que acogieron en sus casas, dieron comida o abrigo a los vecinos que tuvieron que ser desalojados. Quería también dar las gracias a Protección Civil, a los sanitarios del 061 y a Emergencias de Andalucía. A todos los servidores públicos, gracias por salvar la vida de tantos y tantos afectados. Porque, señorías, el temporal ha dejado más de 10 000 incidencias. De ellas 2000 en mi provincia, en Cádiz. En la comunidad andaluza la borrasca dejó más de 2400 desalojados. Es verdad que unos municipios han sido más afectados que otros, pero todos necesitábamos una respuesta y esa respuesta la ha dado nuestro Gobierno, el Gobierno de Pedro Sánchez. Muchas gracias. (Aplausos).

Señorías, siempre lo digo, esa es la política útil al servicio de la gente, al servicio de los que más nos necesitan. El Grupo Parlamentario Socialista destacamos que este real decreto ley muestra una vez más que, cuando hay una emergencia, este Gobierno actúa y actúa con rapidez, con justicia territorial y con un claro compromiso social. Este decreto, sin duda, es un importante escudo social y económico porque se amplían ayudas personales y materiales con anticipos del 50 % a las familias y el cien por cien a ayuntamientos. En el sector agrario y pesquero ya el ministro ha detallado cada una de las ayudas; ayudas importantes directas de entre 5000 a 25 000 para nuestros agricultores, para autónomos, para las empresas, para miles de personas desalojadas; ayudas directas a las familias, en excepciones de IVA, en el IAE, con los ERTE, además de ese escudo social importante para las empresas y para los trabajadores. Por tanto, señorías, este real decreto es la prueba de que el Gobierno de España protege, acompaña y reconstruye, y de que el Gobierno socialista seguirá defendiendo que nadie se quede atrás en esta recuperación. Así que quiero detenerme en la importancia de la respuesta institucional que hoy debatimos. Por cierto, mientras que el Gobierno ya tiene instaladas las oficinas itinerantes para ayudar a los vecinos, todavía no sabemos cómo se van a articular las ayudas anunciadas por la Junta de Andalucía.

Para terminar, quiero deciros que el real decreto es una herramienta imprescindible para reparar daños reales, para acompañar a quienes lo han perdido todo, para sostener a nuestras comarcas en momentos difíciles; un decreto para Andalucía y para Extremadura, pero sobre todo para mi provincia, para Cádiz, que ha sido una de las más castigadas. Quiero cerrar con un mensaje que nace de lo que viví en mi sierra de Grazalema. A quienes han sufrido tanto, a quienes han visto su casa o su campo inundados, sus negocios destruidos quiero decirles con toda la fuerza que da esta tribuna que no están solos, que este Grupo Parlamentario Socialista y este Gobierno progresista van a seguir trabajando para que la recuperación llegue cuanto antes.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, presidenta. Señorías, es injustificable que la señora ministra María Jesús Montero no esté en el debate donde se tienen que aprobar las ayudas a los vecinos andaluces, (aplausos) a los vecinos de Cádiz, a los vecinos de Huelva, de Málaga y de Extremadura. No está la ministra que anunció a bombo y platillo estas medidas. Es injustificable que aquella persona que se quiere presentar a las elecciones andaluzas hoy abandone a aquellos andaluces que estaban casi ahogados en las lluvias. No es concebible que no esté la ministra María Jesús Montero defendiendo estas medidas. (Aplausos). Pero yo me voy a quedar con la parte positiva de los andaluces y extremeños que hemos vivido estas desgracias, porque también es bueno resaltar aquellos comportamientos que han dado certidumbre y reconfortado a los vecinos. Ver a la Junta de Andalucía trabajar codo con codo con las diputaciones, con los ayuntamientos; ver a la Junta y al ayuntamiento, por ejemplo de Ronda, volcándose con los vecinos de Grazalema, ver a una alcaldesa del Partido Popular ayudando a un alcalde del PSOE, que se unen para dar certidumbre a sus vecinos en los momentos más difíciles; ver al alcalde de Torre-Alháquime decir que la presidenta de la diputación, del Partido Popular, ha estado a su lado en todo momento, eso hoy emociona a todos los andaluces. (Aplausos). Ese es el formato que queremos para Andalucía. La Andalucía de la convivencia, la Andalucía de la estabilidad, la Andalucía del futuro. Y es que el balance de la Junta de Andalucía y de esta Administración es abrumador: 11 500 andaluces protegidos y desalojados, 4400 familias puestas a salvo, 13 700 emergencias resueltas por un sistema que hoy es el orgullo de España, porque hubo más de cuarenta ríos en nivel rojo, más de ciento cincuenta carreteras afectadas y en reconstrucción.

Señorías, gobernar no es montarse en el helicóptero, bajarse a escondidas para hacer una foto rápida y volverse a marchar cual galgo de Paiporta. (Aplausos). Gobernar es tomar decisiones y adoptar soluciones para mejorar la vida de las personas. Es aquí donde la ministra Montero, embajadora del Gobierno sanchista y su máxima representante, falla estrepitosamente.

Estamos ante una respuesta tardía, insuficiente y exclusivamente burocrática. En Extremadura hubo 900 personas desalojadas, 300 familias puestas a salvo, 1076 emergencias atendidas, 100 carreteras afectadas y en construcción, 30 kilómetros de fibra óptica afectados. Extremadura no esperaba quedarse fuera de este decreto, esperaba mucho más de él. El real decreto es necesario, pero vuelve a demostrar la falta de diálogo del Gobierno, su ineficacia para atender a los ciudadanos y sus necesidades después de estar gravemente afectados. Fue la ministra Montero la que dijo que iba a impulsar la reconstrucción. Señora Montero, su impulso a la reconstrucción es actuar a espaldas del Gobierno andaluz y del Gobierno extremeño con deslealtad institucional y con un real decreto que no refleja la realidad territorial de los daños. Fallan los modelos de evaluación del reconocimiento de los daños y castiga a Andalucía y Extremadura a través de un mapa de exclusión territorial que deja fuera a 13 comarcas de Andalucía ―‌Almería, Huelva, Sevilla, Granada―, lo que supone dejar fuera a más de 223 municipios andaluces. Además, este decreto solo incluye a 53 municipios de los 388 de Extremadura, de modo que el 87 % del territorio extremeño queda fuera de este decreto. Comarcas con daños graves como La Serena, La Siberia, Campiña Sur o Vegas del Guadiana en Extremadura no existen para este Gobierno. La señora Montero y el Gobierno socialista obligan a ayuntamientos a soportar nuevas cargas financieras. El Gobierno central exige a los ayuntamientos una aportación municipal del 50 % para acceder a las ayudas de recuperación. Para la señora Montero la reconstrucción es pagar cada año a Puigdemont 1500 millones que quita a los andaluces para meterse en la Moncloa. Vuelve a usar la vía del real decreto para contentar a sus socios. Los 1500 millones de euros anuales que el Estado adeuda a Andalucía son más necesarios que nunca para afrontar estas catástrofes. Para Rodalies, sí; pero para que a Málaga lleguen los trenes, no. (Aplausos). Señora ministra, es injustificable.

Frente al Gobierno de Sánchez y Montero hubo la respuesta impecable, eficaz y humana de su presidente Juanma Moreno y de un Gobierno andaluz que estuvo a pie de cauces, escuchando a vecinos, arropando, acompañando y planificando la mejor manera de ayudar para recuperar y reconstruir todo lo perdido. Los andaluces saben quién ha estado a su lado, apoyándolos, escuchándolos y dándoles soluciones, y quiénes solo han acudido corriendo a ponerse en la foto a codazo limpio. Y la prueba la tienen hoy, la prueba está aquí: no está la ministra que teóricamente ha vendido a bombo y platillo en Andalucía que tenía medidas para los andaluces que se estaban ahogando. No ha sido capaz de venir a defenderlo. (Aplausos). Como digo, los andaluces saben quiénes han estado al lado de los vecinos.

Mientras ustedes sobreviven en un Gobierno de parálisis y escándalos, con cuarenta leyes en el Congreso paralizadas, en Andalucía hay un Gobierno que ha sacado adelante más de treinta leyes, que ha aprobado treinta y dos decretos por urgencia para que Andalucía no se detenga y, lo más importante, que ha aprobado siete presupuestos. ¡Siete presupuestos en Andalucía! Esa es la estabilidad que necesitaba Andalucía, la que nunca pudieron darle los socialistas porque estaban demasiado ocupados con sus propios problemas jurídicos. (Aplausos). Montero y los socialistas escondieron 500 000 pacientes en los cajones de la sanidad pública para maquillar las listas de espera, despidieron a 7700 sanitarios y recortaron 1500 millones de nuestra sanidad pública. (Un señor diputado: ¡Si sois vosotros! ¡Sois vosotros!). Ahora el eslogan de la ministra que se presenta a la Junta de Andalucía es que defendamos la sanidad pública, cuando esa misma persona ha destrozado la sanidad pública. No es justificable. (Aplausos). El Gobierno, del que era parte la señora Montero, defraudó 680 millones de euros de los ERE. Hubo cien subidas de impuestos que asfixiaron a las familias andaluzas, mientras en su entorno se gastaban los impuestos en mordidas, en fiestas, en cocaína y en contratar señoritas por catálogo. Tengan muy presente la señora Montero y los socialistas que, cuando un ciudadano de Grazalema, de la Sierra de Cádiz, de Jerez o de cualquier punto de Extremadura que ha sufrido, y mucho, las inundaciones se acerque estos días a la gasolinera y pague el 44 % de impuestos de la señora Montero, se va a acordar muy mucho de los socialistas y de la ministra socialista. (Aplausos).

Frente a la catástrofe, Andalucía marca el paso, actúa y da respuestas. Los andaluces tenemos un Gobierno estable con Juanma Moreno, que acompaña y reacciona rápido dentro de sus competencias para llegar hasta el último afectado por las borrascas y para que nuestra tierra vuelva a la normalidad, activando todos los mecanismos de protección civil, coordinando las emergencias y dando un paso más con un paquete de medidas fiscales, apoyando a las pymes, a los autónomos, al campo y a los ayuntamientos y movilizando los recursos. El Gobierno andaluz cumple su palabra con sensibilidad social, empleando cada euro de la renta fiscal en proteger a las familias, los autónomos, los agricultores y los ayuntamientos. Frente a la política de eslogan y fango del Gobierno socialista, Andalucía camina con paso seguro, estabilidad y políticas útiles que funcionan. Andalucía y Extremadura cumplen y gestionan con rigor y responsabilidad. Los andaluces lo saben. Por eso, siguen confiando ampliamente en su presidente, Juanma Moreno, y se lo van a dejar muy claro a la ministra María Jesús Montero más pronto que tarde.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie).

Muchas gracias, señora presidenta.

Simplemente, unas palabras de cortesía. He escuchado todos los discursos, he tomado buena nota de ellos en nombre del Gobierno de España y solicito el voto positivo de la Cámara para la convalidación de este decreto. (Aplausos).