Sofía Acedo Reyes
Muchas gracias, señora presidenta. Definitivamente, ¡qué frivolidad la del Partido Socialista! Subir a esta tribuna a hablar de los cristianos perseguidos… ¡qué pena! Ha sido lamentable escucharle, señoría. Me gustaría decirle a la señoría de SUMAR que la he notado muy tensa hablando de Arabia Saudí. Sin embargo, no la veo tan incómoda apoyando al Gobierno que más armas le vende a Arabia Saudí. (Aplausos). La hipocresía es total. Centrándome en lo esencial, hoy venimos aquí a exigirle al Gobierno de España que renuncie, de manera inmediata, al proyecto de regularización masiva que pretenden imponer sin garantías, sin planificación y sin respeto a los compromisos europeos en materia migratoria. Le pedimos al Gobierno de España que ejecute de forma real y efectiva las órdenes de retorno, porque un Estado que no hace cumplir sus propias resoluciones se debilita a sí mismo. Le instamos a que revise y refuerce los acuerdos con los países de origen y tránsito, para que la cooperación migratoria sea útil, sea efectiva. Y les exigimos que tramiten y ejecuten la expulsión de quienes cometen delitos graves o reinciden, porque la seguridad de los españoles no puede depender de la improvisación ni del cálculo político. Señorías, estas no son exigencias ideológicas, no lo son. Son exigencias de sentido común, son cuestiones de Estado. La regularización masiva del Gobierno es una mera operación política, improvisada y profundamente irresponsable, que va contra la propia seguridad nacional, como aseguran los informes y los análisis de riesgo elaborados por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, que el Gobierno ha pretendido, ha intentado ocultarnos a todos los españoles. El Gobierno pretende regularizar a centenares de miles de personas sin poder precisar ―la ministra no pudo precisarlo― cuántas personas serán realmente. Sin embargo, la Policía asegura que serán en torno a 1,3 millones de inmigrantes, entre reagrupaciones familiares y efectos derivados. No existe memoria económica para esta regularización. Tampoco existe previsión administrativa. Se va a hacer sin haber evaluado el impacto sobre los servicios públicos. Y lo que es más grave aún, es inaceptable: se va a llevar a cabo esta regularización sin garantizar la ausencia de antecedentes penales y policiales. (Aplausos). Y no, señorías, no. Señorías del Grupo Socialista, no. Los españoles no vamos a aceptar que ustedes, por conveniencia política, regularicen a miles de delincuentes en nuestro país. Pero ¿esto qué es, señorías? ¿Esto qué es? Sí. ¿Esto qué es? Sin acreditar antecedentes penales y policiales. Y la ministra no fue capaz de desmentirlo porque era verdad. Es verdad. Hablan de integración mientras ignoran deliberadamente la presión que ya sufren nuestros servicios públicos: el sistema sanitario, el sistema educativo, el mercado de la vivienda o la atención social. No puede ser que en España entrar irregularmente tenga premio. Este efecto llamada tiene consecuencias. Tiene consecuencias en los países de origen, tiene consecuencias en las rutas migratorias y en nuestras fronteras. Fíjense si las tienen, fíjense las consecuencias que tienen. Mientras el Gobierno anuncia regularizaciones masivas desde los despachos de Madrid, en la frontera sur la realidad es absolutamente distinta. Solo en el mes de enero, 426 personas entraron ilegalmente en Ceuta y únicamente cinco ―cinco personas― fueron devueltas. De 426, cinco devoluciones. En apenas dos meses, las entradas superaron las 1200 personas, multiplicando las cifras del año anterior y tensionando al límite la capacidad de la ciudad, la de sus servicios y la de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que garantizan nuestra protección, exponiendo su propia integridad en la mayoría de los casos.
Esto no es un dato aislado; es el reflejo de una política migratoria que ha renunciado a ejercer el control que exige cualquier Estado serio. Cuando las entradas ilegales se disparan y las devoluciones se reducen a cifras testimoniales, no falla el sistema administrativo; falla la voluntad del Gobierno de hacer cumplir la ley. (Aplausos). Falla la voluntad del Gobierno de hacer cumplir la ley. Y quienes pagamos esa falta de voluntad somos territorios como el mío, como Ceuta y Melilla, como Andalucía, como Baleares, como Canarias; al fin y al cabo, todos pagamos las consecuencias. Pero esa primera línea de presión migratoria no tiene los medios suficientes y, además, tampoco cuenta con el respaldo político del Gobierno de España; y no, no lo merecemos.
Señorías, España es un país solidario, sí, pero la solidaridad sin orden ni control es una absoluta irresponsabilidad que favorece a las mafias que trafican con personas, desincentiva la inmigración legal y erosiona la confianza de los ciudadanos en las instituciones. También sitúa a España en una posición de debilidad dentro del espacio europeo. Es que hemos asumido compromisos claros en el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo: control de fronteras exteriores, responsabilidad compartida y retornos eficaces. Ustedes, señorías socialistas, el Gobierno también —señorías de SUMAR― están haciendo exactamente lo contrario a lo que han pactado, exactamente lo contrario, y han convertido a España en el eslabón más débil de la política migratoria europea. No solo actúan contrariamente a lo que defendían con fervor hace unos meses, sino que actúan contra sus propios actos. Ustedes no están siendo arrastrados por el populismo de la izquierda radical. No, no, no. Ustedes son ya los mayores populistas de la izquierda radical, señorías socialistas. (Aplausos).
Por cierto, señorías de Podemos, con esta regularización pretendían sustituir a los españoles, y los españoles los están sustituyendo a ustedes en las urnas.
Hace mucho tiempo que ustedes han renunciado a gobernar, han renunciado a proteger el interés general para proteger los suyos propios y los de sus colaboradores necesarios. Pero este grupo, el Grupo Parlamentario Popular, además de darle la batalla política, también vamos a ofrecer la alternativa a los españoles: la de una política seria, una política migratoria firme, ordenada y humana; una política migratoria que combata a las mafias, no que le dé alas, que garantice la inmigración legal, que ejecute los retornos y que proteja la seguridad y la cohesión social en nuestro país. Por eso decimos no, no a la regularización masiva sin control, y sí a la legalidad, sí a la cooperación internacional eficaz, sí a una política migratoria seria que piense en el presente y en el futuro de España.
Señorías socialistas y del Gobierno, dejen de hipotecar el futuro de todo un país para pagar las facturas de su debilidad y de su incapacidad para gobernar. Ustedes no tienen mayoría suficiente para hacer esto. Escuchen y cumplan con el mandato de esta Cámara, dejen de pisotear la voluntad mayoritaria de los españoles y abandonen de una vez esta deriva antidemocrática en la que están instalados.
Muchas gracias. (Varios señores diputados: ¡Bravo!―Aplausos).