Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para la ampliación de los supuestos en los que se prevé la imposición de la pena de prisión permanente revisable.

Gracias. Quiero empezar saludando a Marisol Burón, que nos acompaña en la tribuna, y a Antonio del Castillo, que también está siguiendo la sesión, ambos familiares de víctimas de crímenes y que continúan reclamando justicia. (Aplausos del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso dirigidos a la tribuna del hemiciclo). Sois unos referentes de coraje y generosidad para todos por ser capaces de edificar sobre vuestro sufrimiento insoportable el impulso para que ninguna familia más pase por el dolor que vosotros estáis soportando. Gracias. (Aplausos). La pena de prisión permanente revisable se introdujo en el Código Penal en 2015 con el objeto de sancionar supuestos delictivos de excepcional gravedad. Esta medida, habitual en los países de nuestro entorno, contó con el aval de los españoles. Más del 80 % de las encuestas mostraban que se estaba a favor de esta medida, pese a la oposición furibunda de los partidos de la izquierda. Quienes entonces dieron la espalda lo siguen haciendo ahora. Hagamos un poco de memoria histórica. En 2018, cuando el PNV intentó derogar sin éxito la prisión permanente con el apoyo del PSOE y de otros grupos de la Cámara, nosotros propusimos una alternativa que ya incluía los supuestos de esta iniciativa. En 2022 contamos con el apoyo de UPN y otros grupos y se tomó en consideración, pero la izquierda bloqueó su tramitación y caducó la iniciativa. Agradecemos a Alberto Catalán muy especialmente que ahora también comparta esta causa. Señorías, en democracia es esencial fortalecer la confianza en la Administración de Justicia poniendo a su disposición un sistema legal que garantice resoluciones judiciales previsibles que, además, sean percibidas como justas, protegiéndonos a todos, impidiendo que salgan de prisión quienes no están en condiciones de reintegrarse y evitando que reincidan en sus actos y vuelvan a causar dolor y sufrimiento. Además, con la ampliación de los supuestos que hoy traemos a este Pleno, se busca no dejar sin respuesta contundente a los criminales que, además de robar la vida de sus víctimas, causan, con la ocultación de los cadáveres, un daño mayor a las familias. Se trata de incorporar hechos de extrema gravedad, los que mayor alarma y repulsa social merecen y para los que los ciudadanos exigen el mayor reproche penal. Nos acusaron en 2022 de pretender legislar en caliente. Lo recordaréis. Hoy no tienen esta excusa. Traemos esta reforma otra vez porque creemos que no hay que esperar a que vuelva a suceder otra tragedia para aprobar esta medida. Otros nos acusaron de que esta pena supone algo así como oficializar la venganza. Y otros grupos impulsaron la derogación por razones de su ideología humanista. Han oído bien. El PNV, que, junto con el PSOE, está excarcelando a centenares de asesinos terroristas, hablan de humanismo. Hipocresía sin parangón. Humanismo hacia los verdugos y desprecio a las víctimas. (Aplausos). Este es su patrón moral o, si lo prefieren, amoral. La prisión permanente cree en la reinserción y, por eso, es revisable. El Tribunal Constitucional, con ocasión del recurso que interpusieron el Partido Socialista y sus socios, concluyó que es una pena plenamente constitucional. Señorías, por todo ello, traemos de nuevo la modificación del artículo 140 del Código Penal para ampliar la pena de prisión permanente revisable en dos supuestos relacionados con el delito de asesinato: el primero, la ocultación de cadáver, porque, además de la devastación que el asesinato provoca en sus seres queridos, el hecho de que ni siquiera puedan enterrarlo supone un terrible ensañamiento; y, el segundo, la reincidencia en este tipo delictivo. Como ha dicho el presidente Feijóo, algo grave pasa en España cuando un condenado por secuestro, malos tratos y abusos a un menor sale de la cárcel y reincide con un crimen machista como el de Miranda de Ebro, que nos sobrecogió a todos la pasada semana. (Aplausos). La prisión permanente revisable es el instrumento más eficaz para lograr el castigo al delincuente en proporción al daño causado, para que el miedo al castigo disuada de la comisión de delitos, para que el delincuente se vea impedido de volver a delinquir mientras dure la pena y para que tenga un incentivo claro a colaborar con la justicia. Señorías, desde que Sánchez gobierna, los homicidios dolosos y los asesinatos en grado de tentativa han aumentado un 68 %. Los secuestros se han incrementado en más del 52 %. Los delitos contra la libertad e indemnidad sexual han aumentado un 81 %, con un incremento del 277 % en las agresiones sexuales con penetración. Este dato es singularmente espeluznante. Una vez más, el Ejecutivo ha humillado a las mujeres y las ha abandonado frente a los agresores sexuales. Los hechos lo confirman: ha habido fallos inaceptables en las pulseras antimaltrato; han aprobado leyes como la del solo sí es sí, que excarcela y devuelven a las calles a pederastas y violadores, y han llevado a acosadores y agresores sexuales investigados hasta la mismísima Moncloa e incluso hasta la cúpula de la Policía Nacional. (Aplausos). Por eso, hay que legislar para frenar esta tendencia. Tanto es así que queremos que esta proposición de ley permita ―vía enmienda― ampliar los supuestos que comportan prisión permanente revisable a depredadores sexuales y violadores reincidentes. Porque el insoportable incremento de estos delitos ha generado una enorme alarma social que merece la máxima pena, con fines preventivos y, cómo no, punitivos, para quienes los realicen.

Este histórico incremento de las agresiones sexuales y de las violaciones demuestra que hacen falta nuevas normas que reviertan el fracaso de la ley del solo sí es sí. La protección de las mujeres exige la máxima contundencia, y cuando una organización decide archivar denuncias internas ante comportamientos inaceptables o cuando pretende rehabilitar al supuesto agresor como si tal cosa, envía un mensaje devastador a las mujeres, como el caso Salazar, el del expresidente de la Diputación de Lugo o el del DAO, entre otros. Debemos evitar espacios de impunidad como los de la actual legislación procura a los delincuentes. La vida merece la máxima protección penal, y la libertad sexual es también un bien jurídico a proteger, especialmente cuando la agresión implica violencia extrema, tortura sexual, secuestro o retención, reincidencia del agresor o cuando las víctimas son especialmente vulnerables ―es decir, los menores―. Hay agresiones sexuales cuya gravedad es tal que la sociedad no pueda aceptar que el autor vuelva a la calle sin garantías suficientes de reinserción. El Grupo Popular está ahí y estará siempre del lado de las víctimas y sus familias, y por este motivo traemos esta iniciativa: para satisfacer la demanda de la inmensa mayoría de la sociedad.

Hoy, la izquierda de este hemiciclo repetirá sus habituales mantras. Lo cierto, señorías, es que la relación y el encaje moral de la izquierda hacia los delincuentes es bastante laxo y alejado del español medio. Nosotros no nos parecemos a esta izquierda de principios morales discontinuos, que gobiernan y llaman hombres de paz a los terroristas, que reciben el halago de quienes cometen masacres o que se ponen del lado de dictadores y asesinos de sus pueblos. Una izquierda tan carcomida de ideología que es incapaz de conmoverse, de empatizar con los que verdaderamente sufren. Pero aun así, por las familias de las víctimas, apelamos a su humanidad, a que voten a favor de esta iniciativa. El intento de deshumanizar al adversario político, el levantamiento de muros y la imposición del frentismo entre españoles de estos últimos años por parte de la izquierda ha generado un clima de desafección hacia la política que, lamentablemente, cada vez les aleja más a ustedes de sus representados.

Señorías, la persona es la base y el fin de la política. La política debe ejercerse con ética, cercanía y respeto absoluto por cada ser humano: sin muros, sin frentes, solo las personas. Por eso invocamos su apoyo para legislar pensando solo en las personas que están detrás de cada víctima de estos crímenes atroces, y les pedimos que hagan un ejercicio de empatía hacia ellas. ¿Pueden imaginarse el calvario por el que están pasando estas familias? ¿De verdad que pueden? En el Partido Popular, sea cual sea el resultado de la votación, seguiremos luchando para que esta medida sea una realidad. Porque es lo correcto, se lo debemos a las víctimas y a sus familiares. Porque lo demanda la sociedad en estos tiempos de criminalidad desbocada. Porque estamos comprometidos con la protección de las personas. Porque creemos firmemente que hay que respaldar con recursos y medios a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Porque creemos que hay que dotar a los jueces de leyes efectivas para hacer frente a los delitos más insoportables. Porque en el Partido Popular no tenemos ni peajes, ni favores, ni chantajes que pagar para llegar o mantenernos en el poder. Y porque para nosotros, los españoles, todos, son lo único importante.

Y termino. Nada mejor que Marisol Burón para expresar lo que quiero trasladarles sobre esta iniciativa: la frustración de la familia de una víctima por no poder velar su cuerpo. Y ella, Marisol, dijo: Es muy duro cerrar todas las noches la puerta de tu casa y saber que tu hija, o el cuerpo de tu hija, está en la calle. Yo me acostaba en la cama y no me arropaba. Quería pasar frío porque yo sabía que mi hija estaba a la intemperie. Pienso todos los días: ¿dónde estás, hija mía? Lleva 2320 días, con sus noches, con ese pensamiento, como los padres de Marta del Castillo, que llevan 6257 días, con sus noches, preguntándose dónde está Marta. Soy consciente de que es imposible acercarse a un sufrimiento semejante. Pero antes de subir aquí, piensen que en sus manos está salvar en parte este sufrimiento. No necesitan venganza; necesitan justicia y algo de paz. Por un momento, despréndanse de su ideología o de sus cálculos políticos. Y por ellos, por todos, apoyen esta propuesta. (Aplausos).

Y, por último, me dirigiré, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, a las familias de las víctimas: tenéis todo el respeto del Partido Popular, todo nuestro cariño y todo nuestro compromiso, porque vuestra causa es la nuestra.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie, dirigidos hacia la tribuna).

Gracias, señor presidente. Señorías, muy buenas tardes de nuevo. Dos cuestiones previas. La primera: aquí alguien ha obviado que hay en este momento miles y miles de españoles que, condenados por agresiones sexuales, no pueden ejercer la docencia. Eso que quede claro. Por lo tanto, no es ninguna novedad lo que nosotros planteamos. La segunda: ¡qué mala conciencia tiene, señora Pozueta!; ¡qué mala conciencia! Se le ha visto justificar lo injustificable. ¿Usted, lecciones de ética, comportamiento y trabajo a UPN? ¿Usted? Miren, lo primero que tienen que hacer es condenar los atentados de ETA. Lo segundo que tienen que hacer es no tener a terroristas en la dirección de su partido. (Aplausos). Lo tercero que tienen que hacer: no llevarlos en sus listas. Y lo cuarto: colaborar con la justicia. Mire, señora Pozueta: datos del Congreso de los Diputados. Isabel Pozueta, diputada por Navarra de Bildu: intervenciones, 83 durante esta legislatura; iniciativas, 31. Alberto Catalán, diputado por Navarra de UPN: intervenciones, 415; iniciativas, 2074. ¿Dónde ha estado usted, señora Pozueta? ¿Dónde ha estado usted? Trabaje un poquito más por Navarra y por los españoles. (Aplausos). Señorías, como se ha dicho por parte de la señora Montesinos, mi grupo también ha suscrito esta iniciativa. Agradecemos la oferta del Grupo Popular para sumarnos a una propuesta que consideramos de absoluta lógica, tanto desde el rigor jurídico como desde la sensibilidad humana. La figura se incorporó en el año 2015 al Código Penal español. Desde entonces, cuando se ha aplicado ha sido a causas muy limitadas, no a una generalidad, y sobre todo, como decía ella misma, para cuestiones graves. También es cierto que hubo una sentencia favorable a la medida del Tribunal Constitucional en el año 2021, que la ratificó. Diversas formaciones políticas se opusieron de forma radical y rotunda a esta medida. Incluso dijeron que, en cuanto tuviesen posibilidad, la iban a derogar. También dijeron que lo hacían porque la consideraban innecesaria, desproporcionada e incompatible con nuestro sistema constitucional. Evidentemente, el tiempo, la realidad y su aplicación han demostrado que estos ataques eran injustificados, totalmente injustificados. Además, señorías, muchos de los que entonces se oponían radicalmente a la norma, hoy callan. El sistema jurídico español y la sociedad española la han asumido perfectamente ya con absoluta normalidad. Si preguntamos a la sociedad, en la calle, cuál es su opinión, nos dirá que era una medida necesaria, oportuna y legítima. Como lo dirán ahora de esta propuesta que firmamos el Grupo Popular y Unión del Pueblo Navarro. (La señora Montesinos de Miguel: ¡Muy bien!). Porque lo evidente, señorías, es que al final en este tipo de cuestiones la sociedad lo que nos pide es firmeza. En ningún caso nos están pidiendo venganza, ¡en ningún caso! Lo que se propone es ampliar los supuestos para esta prisión permanente revisable; fundamentalmente, aquellos que tienen que ver con dos casos muy concretos y de mucha gravedad. El primer caso es la ocultación del cuerpo de la víctima por parte del asesino. ¡Imagínense el dolor de las víctimas; pongámonos, por una vez, en su situación humanamente, jurídicamente, legalmente, democráticamente! Nosotros también hacemos nuestra su propuesta y su dolor. Es evidente que, en ocasiones, los propios asesinos ocultan el cadáver para hacer más daño a las familias y, sobre todo, para intentar limitar el poder de la acción de la justicia. El segundo de los casos es la reincidencia en el asesinato…

Acabo ya, señor presidente. … la reincidencia en el asesinato, evidentemente. El asesino es condenado y vuelve a matar. No puede ser más de lo mismo. Por lo tanto, señorías, allá ustedes con su responsabilidad y, sobre todo, en esta cuestión ―como en la anterior―, con su conciencia. A las familias les transmitimos nuestro cariño, nuestra solidaridad, nuestro afecto. Su causa es la nuestra y no tengan ninguna duda de que la mayoría de los españoles piensa igual. Muchas gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, presidente. En primer lugar, quiero mostrar mi respeto, mi apoyo, mi cariño a las personas que hoy nos acompañan. Entiendo que el dolor tiene que ser tremendo. No obstante, también quiero decir que como diputada y como jurista yo vengo aquí a hablar de legislar, de hacer leyes, y justamente en eso me voy a basar. Me da mucho pudor, sinceramente, como diputada y como persona la utilización de las víctimas, de sus familias y de su dolor y, por lo tanto, desde luego, en mi espacio político no lo vamos a hacer. Hoy debatimos la propuesta del Grupo Popular para modificar el Código Penal español con el objetivo de ampliar los supuestos en los que se puede imponer la llamada prisión permanente revisable. Cuando hablamos de delitos gravísimos ―como es el caso― y del dolor de las víctimas y de sus familiares, todos y todas las que estamos aquí nos sentimos interpelados; todas en esta Cámara y también en la sociedad. Todo sentimos lo mismo: conmoción, rabia, indignación y tristeza, y sobre todo la necesidad de que exista justicia. (Rumores). Pero las leyes penales no pueden hacerse desde la emoción ni desde el impacto mediático, sino que tienen que hacerse desde la responsabilidad, desde la evidencia, desde el respeto a los derechos fundamentales. En Podemos entendemos que esta propuesta no mejora la seguridad de nuestra sociedad, pero sí profundiza en una deriva punitiva que no resuelve los problemas reales de la justicia penal. (Continúan los rumores).

Ya, es que es imposible.

Es imposible desde el principio.

Gracias, presidente. Decía que profundiza en una deriva punitiva que no resuelve los problemas reales de la justicia penal. La llamada prisión permanente revisable fue introducida por el Partido Popular en el ordenamiento jurídico en el año 2015 y, desde entonces ―también tengo que recordarlo―, ha sido objeto de un profundo debate social, político y jurídico. No es un debate casual, hablamos de una pena que tensiona los principios fundamentales de nuestro sistema penal recogidos en la Constitución española; aun así, no se ha reducido en ningún momento la criminalidad. Ustedes apuestan por un modelo penal basado cada vez más en castigos ejemplarizantes y en más titulares y cada vez menos en una justicia efectiva. Hay que recordar que España es uno de los países con menores índices de criminalidad de nuestro entorno; sin embargo, asistimos recurrentemente a propuestas que pretenden endurecer las penas, como si ese fuese el único camino que garantizara la seguridad. La evidencia criminológica ―no lo digo yo― demuestra que el aumento de las penas no reduce por sí solo la delincuencia. Lo que sí reduce la delincuencia es la prevención, que es de lo que tendríamos que estar hablando, de la inversión en políticas sociales, de la protección de la infancia, de la lucha contra la desigualdad, de un sistema judicial que cuente con los recursos suficientes, porque es lo que hace falta, es lo que le falta a la justicia para investigar los delitos y garantizar que haya justicia para las víctimas. Necesitamos una justicia que proteja a las víctimas, que persiga los delitos con eficacia, pero también que mantenga intactos los principios democráticos que sustentan nuestro Estado de derecho.

En definitiva, por nuestra parte, nosotras creemos en una justicia que sea más eficaz, más garantista y esté más acorde con los valores democráticos de nuestro país.

Muchas gracias. (Aplausos).

Eskerrik asko, presidente. Arratsalde on guztioi. Buenas tardes, señorías; también a los familiares y amigos de las víctimas, que hoy nos acompañan. Como conocen, el Grupo Vasco se opuso a la aprobación de la prisión permanente revisable en 2015. Firmamos el recurso de inconstitucionalidad con otros senadores y diputados, y, desde su aprobación, hemos presentado iniciativas para su derogación en muchas legislaturas y nos hemos opuesto a otras que pretendían ampliar los supuestos. Por eso, en congruencia con nuestra posición ante la prisión permanente revisable, votaremos en contra de su toma en consideración. Para el Grupo Vasco siguen vigentes las razones de oposición a la prisión permanente y, con más razón, a que esta se extienda a dos nuevos supuestos, por graves que estos sean, que ciertamente lo son, sin perjuicio de que quizá pudiéramos estudiar en lugar distinto a la prisión permanente revisable la consideración penal de estas conductas ilícitas. Señorías, ya hemos dicho ante este mismo Pleno que la prisión permanente revisable es una manifestación del derecho penal del riesgo, de la peligrosidad, del derecho penal del miedo, que se nutre del crecimiento exponencial del miedo en la sociedad, producido por el uso que hacen determinadas fuerzas políticas, desde nuestro punto de vista de manera espuria, de una ideología penal preferentemente retributiva y del sensacionalismo de algunos medios de comunicación. Y esta situación alcanza su máxima extensión cuando al miedo de la sociedad se anuda el dolor de las víctimas, abonando así la politización del derecho penal como satisfacción a la impaciencia del público, que reclama castigos cada vez más severos. Como ya he recordado, señorías, el Grupo Vasco se opuso desde su aprobación, y hoy lo reiteramos, a la prisión permanente revisable por considerarla un ejemplo del derecho penal exagerado, que rompe el consenso constitucional, que optó por una respuesta penal garantista, regido por el principio de humanización de la pena y plasmado en el artículo 25 de la Constitución, además de no existir, a nuestro juicio, razones de política criminal que reclamen esta pena. Señorías, vivimos en una sociedad relativamente segura. Nuestras penas privativas de libertad son notablemente severas y de cumplimiento íntegro en muchos casos, a lo que se anuda una población reclusa con edades que pueden superar los 70 años. Estos datos en materia de política criminal justifican que los expertos, mayoritariamente en esta política pública, no reclamen para nuestro derecho, para nuestro Código Penal, esta pena. Por otra parte, como ya se nos ha recordado, el Tribunal Constitucional, hace ahora casi cuatro años y medio, validó la pena de prisión permanente revisable. Sin embargo, señorías, les tengo que decir que el debate que corresponde a esta Cámara es sobre la oportunidad de la prisión permanente revisable en nuestro ordenamiento jurídico. Es un debate de política criminal, sobre si esta pena es necesaria, idónea, proporcional; sobre si es una medida que necesitamos, dada la criminalidad y tipología con las que nos enfrentamos. El Grupo Vasco considera que la prisión permanente revisable no es una pena adecuada en ese sentido. Tengo que recordar también que los dos votos particulares formulados por tres magistrados en la sentencia constitucional llegan a la misma conclusión que yo les he comentado cuando manifiestan que la prisión permanente revisable es un empobrecimiento de nuestro sistema jurídico democrático y un ejemplo de regresión civilizadora, que lo convierte en una anomalía histórica del actual sistema constitucional —q‌ ue somete las penas privativas de libertad al mandato de humanización—, y que se aleja de los principios y libertades en el cumplimiento de las penas y, muy especialmente, del que garantiza la dignidad de la persona. Voy finalizando, presidente, con las mismas palabras que utilicé en el último Pleno en que abordamos la cuestión de la prisión permanente revisable. El derecho penal, señorías, no se construye olvidando el dolor de las víctimas, lo tiene en cuenta, pero lo pone en relación con la situación de la criminalidad y con otros valores civilizatorios que han permitido la evolución en sociedades democráticas avanzadas. Nos solidarizamos, cómo no, con el dolor de las víctimas, pero, al regular la respuesta penal, lo trascendemos en aras de una mejor tutela del interés general. La prisión permanente revisable, señorías, consideramos que no es una buena ley, no hace de nuestra sociedad una sociedad mejor, no añade eficacia a la evitación de los delitos graves y, como han señalado ―vuelvo a recordar― los votos particulares de tres magistrados del Tribunal Constitucional, comporta un riesgo significativo para nuestros valores básicos y rompe con el compromiso de cada generación por reforzar y perfeccionar los derechos fundamentales y profundizar en el avance de la tarea humanizadora. Por estos motivos, señorías, no daremos nuestro apoyo a la iniciativa debatida.

Nada más y muchas gracias.

Presidente. Señorías. La pregunta clave esta tarde es si la propuesta que trae hoy el Grupo Popular mejora la justicia penal y si hace de la sociedad una sociedad más segura, y la respuesta es que no. Esta reforma que ustedes proponen no dota de mayor seguridad a la sociedad de este Estado y, además, hace perder calidad democrática en aras de esos parámetros que existen en las democracias occidentales. Decía el portavoz de UPN —‌que una vez más parece que no se ha preparado muy bien la cuestión— que la gente ya no pone en duda la ley que se aprobó en 2015 sobre la prisión permanente revisable. Yo le animo, ya que no lo ha hecho, a que revise el manifiesto que firmaron el 80 % de los catedráticos de Derecho Penal ―que, no sé si, según ustedes, son todos de izquierdas, son inmorales― diciendo que no es efectiva. Es más, la portavoz del Grupo Popular nos ha explicado —e‌ lla misma— por qué no es efectiva esta medida; ha señalado que hay un incremento de los delitos más graves desde que gobierna el Partido Socialista. Si esto fuera así ―y en su propuesta señalan que esto va a favor de la prevención general y de la prevención especial―, si se han incrementado, ¿de qué ha servido esta medida? Es absurda, no sirve para el objetivo que se han fijado. (Rumores). Creo que no se ha dado cuenta a la hora de explicar su iniciativa. Y la realidad es que una vez más, y lo veíamos en la iniciativa anterior, se peca de populismo punitivo. En este caso, si cualquier crimen nos revuelve, nos indigna, aquellos que implican un dolor añadido, un sufrimiento añadido para las víctimas nos revuelven y nos indignan aún más socialmente, es cierto, y tienen por ello un eco mediático mayor. Menos mal que la señora portavoz del Grupo Popular decía que no hay que legislar en caliente, pues ha sacado a colación un terrible crimen de la semana pasada. (La señora Montesinos de Miguel: La iniciativa ya estaba registrada). ¿No es eso intentar legislar en caliente? No, si lo ha dicho usted, no yo. (La señora Montesinos de Miguel: Estaba ya registrada). No, pero lo ha sacado a colación para intentar calentar el ambiente político y mediático. Obviamente, es lo contrario a lo que debe hacer una Cámara parlamentaria. Lo contrario. Les desarrollo tres ideas. En primer lugar, no se puede legislar desde la emoción ni ante aquellos crímenes que nos indignan especialmente por su salvajismo. Pero es que, además, esta medida decía usted que va en los parámetros de los Estados vecinos, pero no. La cadena perpetua desapareció en España en 1928; ustedes la reintrodujeron, por este eufemismo, en 2015. Es cierto que otras democracias europeas la heredan, son víctimas de haber heredado un sistema penal, pero incluso en esos casos —‌y tenemos a Francia, por ejemplo, donde sí existe la cadena a perpetuidad—, en el caso de cumplir la cadena a perpetuidad, la pena más alta es menor que en el caso de revisión que hay en España. Se ha desarrollado una medida que va en contra del sentido común y que va en contra del mismo espíritu constitucional que ustedes mencionan tanto y que han mencionado otros portavoces al hablar de la reinserción. Y mencionaban al Tribunal Constitucional, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es cierto, porque en otros sistemas europeos hay situaciones parecidas, pero no llegan al nivel de pena que hay en España. Y ustedes caen en otra contradicción. Cuando presentaron esta medida hace ya doce años decían que era para casos excepcionales. Hoy piden una reforma para ampliarla. Es de lógica que si es para casos excepcionales y ustedes proponen ir ampliándola ante situaciones ―ya digo― terribles, aquello que era excepcional se convierte en algo normal, en algo del día a día, y no estaba prevista teóricamente para ello.

En segundo lugar —‌segunda idea—, otro asunto es el de la proporcionalidad. Ante un hecho tan grave como es un asesinato, un sufrimiento añadido como es la ocultación de un cadáver no puede llevar a considerar que sea equiparable a subirlo a otro delito de pena aún mayor, porque el hecho grave en sí es el asesinato. El sufrimiento añadido está y lógicamente es un agravante, por eso esos casos tienen esa repulsión y ese eco mediático que nos indigna a todos y a todas, pero un sistema penal debe velar por la proporcionalidad. Decían ustedes también que esto va de cara a la prevención especial. Ya hay más de cincuenta personas condenadas a prisión permanente revisable, ¿y saben cuál es la realidad? Que la inmensa mayoría de esos asesinos, de esas asesinas, cometieron esos terribles hechos sin antecedentes penales. Por tanto, respecto a aquello que nos decían de la prevención especial, los datos de la criminología nos dicen que tampoco sirve para evitarlo. Por lo cual, estamos única y exclusivamente ante un intento de, por vía del populismo punitivo, buscar titulares.

Para ir acabando, en tercer lugar —‌tercera idea—, las penas más largas no dan mayor seguridad. Aquellos Estados de Europa, de Occidente, más seguros no son aquellos que tienen mayores penas, no; son aquellos que tienen instituciones mejores, que desarrollan una prevención más eficaz y que tienen sistemas penales orientados a la reinserción. Esta medida y la prisión permanente revisable son todo lo contrario; como ya dijimos en 2015 e insistimos ahora, no va enfocada a un Estado más garantista, a una justicia más eficaz y más proporcional, por eso votaremos en contra.

Muchas gracias. (Aplausos).

President, senyories, bona tarda. També molt bona tarda als familiars i a les persones amigues de les víctimes que avui ens acompanyen. Exactament la mateixa iniciativa que avui ens ocupa, exactament, ja va ser objecte de debat de presa en consideració la legislatura passada, concretament el 29 de març del 2022, ara fa quatre anys. Per tant, em podria remetre al diari de sessions d’aquella data i donar per reproduït el que llavors ja vaig dir: si considerem que la presó permanent és una barbaritat contrària a tots els principis de l’estat de dret penal, necessàriament hem d’estar en contra que hi hagi més supòsits en què aquesta presó permanent revisable es pugui aplicar. No obstant, val la pena aprofitar per fer algunes consideracions sobre la instrumentalització irresponsable del dret penal per a fins polítics i partidistes. Mirin, fa unes setmanes parlàvem de revertir la reforma de la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional de 2015, una iniciativa del Partit Nacionalista Basc. Fa uns minuts, parlàvem de la llei expansiva del Codi Penal espanyol en la reforma de 2015, de la judicialització de la llibertat d’expressió o del terrorisme a la carta, que ha estat sistemàticament utilitzat per criminalitzar un moviment pacífic i democràtic com l’independentisme. I ara parlem de la pena de presó permanent revisable, un invent precisament introduït en aquella reforma de 2015 per la majoria absoluta del Partit Popular. Doncs bé, resulta que n’hi ha uns, n’hi ha uns, que són els que més criden i que reivindiquen sense complexos totes aquestes reformes, que són evidentment, els diputats del Partit Popular, i que són els que reivindiquen, evidentment, les reformes que va aprovar la seva majoria absoluta: la reforma del Codi Penal, del Tribunal Constitucional, de la Llei mordassa, etc., i que fins i tot volen anar encara més enllà, ho hem vist fa uns minuts i ho tornem a veure ara, volen anar més enllà. Però també n’hi ha uns altres, i em refereixo, naturalment, al PSOE, que des del 2018 estan governant i que durant anys han tingut una majoria alternativa per revertir les salvatjades del PP, i què han fet? Doncs és molt fàcil. No han fet absolutament res. Bé, una cosa sí que han fet: utilitzar de forma més callada els recursos del dret penal de l’enemic i donar continuïtat a l’estat d’excepció iniciat pel Partit Popular. Màniga ampla al lawfare, espionatge polític amb Pegasus i ús del Ministeri de l’Interior per perseguir-nos més i millor. I també, per cert, bloquejar la Comissió Operació Catalunya, perquè tot això quedi ben tapadet. I també han fet una altra cosa, encara que no siguem gaire convenciment, sinó simplement perquè els hi vam obligar. El que han fet —‌que realment val la pena i els felicito per això— és aprovar una Llei d’Amnistia, que és l’única llei estructuralment democràtica que s’ha aprovat els darrers anys, que reconeix l’existència d’un conflicte polític entre l’Estat espanyol i Catalunya, i que posa a zero els excessos comesos per la judicatura espanyola, portant-los allà on toca: als estàndards europeus, on queden en evidència i més que hi quedaran.

Dit això, la proposta que avui debatem no és res més que una ampliació de la reforma penal del 2015, que va introduir la presó permanent revisable a l’ordenament jurídic espanyol. És una ampliació del que ja existeix. I nosaltres pensem que les decisions polítiques d’especial transcendència, com ho és aquesta, no s’haurien de plantejar des de l’emotivitat, i menys en l’àmbit penal. I no diguem ja que no s’haurien de plantejar des del periodisme d’escombraries o des de les xarxes socials, que viuen precisament de furgar en el dolor de les víctimes. La iniciativa que avui se’ns presenta fa exactament això: aprofitar-se del dolor de les víctimes i de la legítima indignació popular per uns crims repugnants, per afegir dos casos més als supòsits de la presó permanent revisable, l’ocultació de cadàver i la reincidència en el delicte d’assassinat, que, més enllà de més retribució, penalment no aporten res. L’argumentari, de fet, de la iniciativa és ben pobre. L’únic que hem pogut trobar en aquesta proposició és l’afirmació d’una «Honda preocupación para la Sociedad», segons uns estudis demoscòpics que, per cert, són els mateixos de fa quatre anys i que confirmarien el suport de la societat espanyola a la proposta.

Doncs bé, des de Junts per Catalunya creiem que la política penal és prou important perquè no es faci des dels estudis demoscòpics. Perquè em pregunto, i si un estudi demoscòpic digués que hi ha una àmplia majoria a favor, no sé, de l’aplicació del delicte d’odi o de terrorisme als ciutadans que exerceixen la llibertat d’expressió o el dret de protesta quan tinguin una determinada ideologia o color de pell o per la llengua que parlen? De fet, estic fent broma perquè això ja està passant. I, si no, que li preguntin a Josep Valtònyc o Pablo Hasél, encara a la presó. O, si no, que ho preguntin també als centenars de ciutadans, activistes, advocats, periodistes, que han estat perseguits amb falses acusacions per delictes que ni sabien que existien. I tot això gràcies a la reforma del Codi Penal operada per la majoria absoluta parlamentària del Partit Popular el 2015. I també, i també, gràcies que així ho ha volgut mantenir el PSOE des de l’any 2018, sense ni tan sols plantejar la possibilitat de canviar el Codi Penal quan ha tingut les majories per fer-ho. En tot cas, en aquesta manera de legislar, a nosaltres no ens hi trobaran. Nosaltres creiem en la política i en la responsabilitat de tots nosaltres per prendre decisions fonamentades que responguin, no a les emocions o a tendències demoscòpiques, sinó a l’objectiu d’avançar cap a una societat democràtica que, en matèria de dret penal, s’acosti més als estàndards europeus que no a Turquia.

Acabo. El 2022, la posició oficial del Govern espanyol sobre la derogació de la presó permanent revisable era, segons la ministra de Justícia en aquell moment, la següent: la societat no mereix que el Govern reobri aquest debat, perquè genera incertesa i el Tribunal Constitucional ja s’ha pronunciat. És a dir, el Govern socialista renunciava a fer política i posava el Tribunal Constitucional a fer de legislador. Si el Constitucional avala una llei, doncs ja no cal tocar res més. Una dimissió política de calaix. Perquè si sempre féssim així, no canviaríem mai res. I més tenint en compte que en el cas concret hi havia un vot particular, com s’ha esmentat a les intervencions anteriors, molt contundent contra la presó permanent revisable. Més enllà del debat sobre aquest tema en concret, això és el PSOE: un partit que sempre que ha pogut ha renunciat a revertir les lleis regressives en drets i llibertats. La reforma penal de 2015, la Llei mordassa, la Llei de secrets franquistes i tantes altres. Si no se’l força, el PSOE mai fa res contra aquestes lleis regressives, perquè en realitat ja li interessa que aquestes lleis siguin vigents quan governa.

Moltes gràcies.

Presidente, señorías, buenas tardes. Muy buena tarde a los familiares de las víctimas, que nos acompañan hoy.

Exactamente la misma iniciativa que nos ocupa hoy ―exactamente― ya fue objeto de debate y de toma en consideración en la legislatura pasada, concretamente el 29 de marzo de 2022, hace ahora cuatro años. Por lo tanto, podría remitirme al Diario de Sesiones de aquella fecha y decir lo que dije entonces. Si creemos que la prisión permanente es una barbaridad contraria a todos los principios del derecho penal, necesariamente tenemos que estar en contra de que haya más supuestos en los que esta prisión permanente revisable se pueda aplicar.

No obstante, voy a aprovechar para hacer algunas consideraciones sobre la instrumentalización irresponsable del derecho penal para fines políticos y partidistas. Hace unas semanas hablábamos de revertir la reforma del Tribunal Constitucional de 2015, una iniciativa del Partido Vasco. También hablábamos de la ley expansiva del Código Penal español en la reforma de 2015, de la judicialización de la libertad de expresión o del terrorismo a la carta que están utilizando sistemáticamente para criminalizar un movimiento pacífico y democrático como el independentismo. Y ahora hablamos de la pena de prisión permanente revisable, un invento precisamente introducido en aquella reforma de 2015 por la mayoría absoluta del Partido Popular. Pues bien, resulta que hay unos que son los que más gritan y reivindican sin complejos todas esas reformas, que son evidentemente los diputados del Partido Popular, que reivindican las reformas que se aprobaron con su mayoría absoluta, como la del Tribunal Constitucional y otras, etcétera, y que quieren ir incluso más allá —‌como hemos visto hace unos minutos y lo volvemos a ver ahora—, pero también hay otros, me refiero naturalmente al PSOE, que desde 2018 están gobernando y que durante años han tenido una mayoría alternativa para revertir las salvajadas del PP y ¿qué han hecho? Pues es muy fácil: no han hecho absolutamente nada. Bien, hay una cosa que sí que han hecho: utilizar de forma más callada los recursos del derecho penal del enemigo y dar continuidad al estado de excepción que inició el Partido Popular: manga amplia al lawfare, Pegasus y uso del Ministerio del Interior para perseguirnos más y mejor. Y también, por cierto, bloquear la Comisión operación Cataluña para que todo esto quede bien tapadito. Y también han hecho otra cosa, aunque no sea con mucho convencimiento, sino porque les obligamos. Lo que han hecho ―que realmente vale la pena y les felicito por ello― ha sido aprobar una ley de amnistía, que es la única ley estructuralmente democrática que se ha aprobado en los últimos años, que reconoce la existencia de un conflicto político entre el Estado español y Cataluña y que pone a cero los excesos cometidos por la judicatura española, llevándolos adonde corresponde: a las instancias europeas, donde quedan en evidencia y más que quedarán.

Dicho esto, la propuesta que debatimos hoy no es más que una ampliación de la reforma penal de 2015 que introdujo la prisión permanente revisable en el orden jurídico español; es una ampliación de lo que ya existía. Nosotros creemos que las decisiones políticas de especial trascendencia como esta no deberían plantearse desde aquí y menos en el ámbito penal; y no digamos ya que no deberían plantearse desde el periodismo basura y las redes sociales, que viven precisamente de hurgar en el dolor de las víctimas. La iniciativa que se nos presenta hoy hace precisamente eso: aprovecharse del dolor de las víctimas y de la legítima indignación popular por unos crímenes repugnantes para añadir dos casos más a los supuestos de la pena de prisión permanente revisable: la ocultación del cadáver y otro. Y, más allá de más retribución, penalmente no aportan nada. De hecho, el argumentario de la iniciativa es bien pobre. Lo único que hemos podido encontrar en esta proposición es la afirmación de una honda preocupación para la sociedad según unos estudios demoscópicos, que, por cierto, son los mismos de hace cuatro años y que confirmarían el apoyo de la sociedad española a la propuesta.

Pues bien, en Junts per Catalunya creemos que la política penal es suficientemente importante como para que no se haga desde estudios demoscópicos. Porque me pregunto: ¿y si un estudio demoscópico dijera que hay una amplia mayoría a favor ―no sé― de la aplicación del delito de odio o del terrorismo a los ciudadanos que ejerzan la libertad de expresión o el derecho de protesta cuando tengan una determinada ideología, color de piel o por la lengua que hablen? De hecho, estoy bromeando, porque esto ya está pasando, y, si no, que se lo pregunten a Josep Valtònyc o a Pablo Hasél, que todavía está en la cárcel; o que se lo pregunten también a los centenares de ciudadanos ―activistas, abogados, periodistas― que han sido perseguidos por falsas acusaciones de delitos que ni siquiera sabían que existían. Todo eso gracias a la reforma del Código Penal operada por la mayoría absoluta parlamentaria del Partido Popular en 2015. Y, también, gracias a que así lo ha querido mantener el PSOE desde el año 2018, sin tan siquiera plantear la posibilidad de modificar el Código Penal, cuando ha tenido las mayorías para hacerlo. En cualquier caso, con esta forma de legislar no nos van a encontrar a nosotros. Nosotros creemos en la política y en la responsabilidad que tenemos todos para adoptar decisiones fundamentadas que respondan no a las emociones o a las tendencias demoscópicas, sino al objetivo de avanzar hacia una sociedad democrática que en materia de derecho penal se acerque más a los estándares europeos y no a Turquía.

Acabo. En 2022, según la ministra de Justicia por aquel entonces, la posición oficial del Gobierno español sobre la ampliación de la pena de prisión permanente revisable era la siguiente: La sociedad no merece que el Gobierno reabra este debate, porque genera incertidumbre y el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado. Es decir, el Gobierno socialista renunciaba a hacer política y ponía el Tribunal Constitucional a hacer de legislador: si aprueban una ley, ya no hay que tocar nada más. Una decisión política de calado, porque si siempre lo hiciéramos así, nunca cambiaríamos nada, sobre todo teniendo en cuenta que en ese caso concreto había un voto particular ―como se ha mencionado en intervenciones anteriores― muy contundente contra la prisión permanente revisable. Más allá del debate sobre ese tema en concreto, eso es el PSOE, un partido que siempre que ha podido ha renunciado a revertir las leyes regresivas en derechos y libertades: la reforma penal de 2015, la ley mordaza, la de secretos franquistas, etcétera. Si no se fuerza al PSOE, nunca hace nada contra esas leyes regresivas, porque en realidad le interesa que estas leyes estén vigentes cuando gobierna.

Muchas gracias.

Gràcies, president. Bona tarda, diputats. Bona tarda, diputades.

Gracias, presidente. Buenas tardes, diputados; buenas tardes, diputadas.

Buenas tardes a las familias que están aquí (dirigiéndose a la tribuna de invitados). Les quiero expresar que, aun siendo incapaz de saber cuál es la dimensión de su dolor, que debe ser profundísimo, siendo incapaz de acompañarlos en este duelo y siendo incapaz de hacer nada para aligerarlo un poco, he quedado muy impactada por su presencia aquí esta tarde. Y he quedado muy impactada porque, más allá del uso que creo que deben hacer o están haciendo de su dolor, nos sitúa en un estadio de una cierta pornografía emocional por la que me cuesta mucho transitar. Es decir, a mí lo que me sale vitalmente es abrazarlos, llorar con ustedes, decir que lo siento muchísimo, rezar para que no me pase nunca a mí y poner todos los medios que tenga para impedir que esto vuelva a pasar. Y lo que me sale también es decir, sinceramente, que son ustedes (dirigiéndose hacia los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso) unos ruines por hacernos ver esto esta tarde así. (Aplausos). Y les digo más, ellos tienen todo el derecho a pedir de nosotros que hagamos el favor de hacer lo que creen que es conveniente, pero ustedes son legisladores, no son familiares. Son responsables del efecto que van a crear, son responsables de lo que se va a hablar en la calle y son responsables de modificar las percepciones de la gente y de aminorar su dolor, no de regocijarse en ellos y de utilizarlo como materia de lanza. (Aplausos.―La señora Montesinos de Miguel: Y tú). No me haga estos gestos, porque en otro momento usted pensaría exactamente lo mismo que yo. Y esto es tan así que mi respeto se expresa, entre otras cosas, en que hablo en este idioma... (Rumores). Bueno…, «que se calle»... A mí ya me da lo mismo, porque para lo que escuchan y para lo que entienden, me da lo mismo... (Rumores).

... pero les digo que esta situación para mí es inaceptable. Dit això ―también se lo quiero decir―, nuestro partido siempre ha estado, siempre se ha posicionado en contra... (Rumores). ¿Vamos a seguir o quieren seguir hablando ustedes, para variar? Decía que nuestro partido siempre se ha mostrado en contra de la prisión permanente revisable y lo va a seguir haciendo. Por tanto, vamos a votar que no a esta adición de un supuesto nuevo. I ara passaré a explicar quin és el nostre posicionament polític. És obvi que no compartim la presó permanent revisable. És evident, vam votar en contra el 2015. Però, en canvi, sí que crec que cal incorporar la crítica que s›ha fet al Partit Socialista, que no ha modificat, podent fer-ho i tenint les majories suficients i necessàries, ni a l’antiga legislatura ni a l’actual, aquestes lleis que a vostès també els semblaven malament. Per assentiment, per negligència, de vegades és pitjor que per acció. És millor obrir les lleis i modificar allò que podem que deixar que lleis evidentment injustes segueixin estant en el marc normatiu. I això és el que han fet i, des de la meva perspectiva, és greu. Parlàvem dels principis de dret penal i dels principis de dogmàtica criminal, i parlàvem dels principis de prevenció general i especial, i parlàvem dels principis retributius. Vostès creuen, les dretes, en un principi de dogmàtica criminal, de retribució dels quebrantamientos legals? Ja ho sabem, es venganza, es castigo, es quien la hace la paga, qui la fa la paga. I això s’està estenent per tot arreu. I en això ens estan guanyant tot el relat, i ens estan guanyant perquè no som capaços d’explicar que la prevenció general i la prevenció especial, que la rehabilitació, que la reinserció, que la reeducació són els elements i les pedres angulars del sistema legal espanyol, del sistema de Codi Penal espanyol. I és una de les poques coses que realment l’any 1978 demostraven que es tractava d’una Constitució, en això sí, relativament avançada. Després, tot això ha caigut, s’ha desmoronat, han utilitzat el dret penal de l’enemic que comentaven. Però, en canvi, amb els delictes que no tenien a veure amb la ideologia, havien mantingut un sistema penal relativament democràtic, avançat i que funcionava. Ja no sabem com dir-ho. Al començament, quan els explicàvem els temes de violència masclista, vostès reien, i no ens compraven els arguments. Però s’està demostrant que n’hi havia molts més dels que es deien i que cal l’impacte transformador de les polítiques legislatives en matèria de dret penal perquè tothom prengui consciència que les dones no som propietat de ningú, i que tenim els mateixos drets humans que els homes, i que les relacions que es donaven entre parelles en l’àmbit públic no eren justes i no eren igualitàries. I això és la gènesi de molts dels assassinats que veiem.

Per tant, quines són les eines realment que funcionen? La presó? Estats Units és el país amb més presos del món. I no estan baixant les taxes de criminalitat, estan pujant. Els catedràtics de dret penal que abans al·ludien ho tenen claríssim: una política penal de populisme punitiu no serveix per a res més que per fer creure a la societat que hi ha molts més crims del que hi ha i molt més greus. I per fer sentir aquesta inseguretat, aquesta por, aquest «On vas?, amb qui vas?, dona’m el telèfon, et vaig trucant». És això el que volen? Una societat atemorida tots els dies del món? Una societat on les noies joves, les dones de mitjana edat, les dones grans estan atemorides sistemàticament? I l’única resposta és incrementar penes. I l’única resposta no és posar-los a la presó, perquè ja hi són, és per a tota la vida. Si fan una enquesta, ara que parlàvem de les dades demoscòpiques, últimament s’està demostrant, preguntin per la pena de mort, que gràcies a vostès torna a estar en boca de molta gent. És això el que volen?

Doncs, com he dit abans, avui també tenim un pack de retrocessos en la llei penal que ens donen una petita mostra del que ens ve a davant, del que ens ve al damunt, del que passarà si vostès manen. I l’únic prudent és parar-los a tot arreu, a tota hora i com sigui.

Moltes gràcies.

Y ahora voy a pasar a explicar cuál es nuestro posicionamiento político. Es obvio que no compartimos la presión permanente revisable, es evidente, porque votamos en contra en 2015; pero, en cambio, sí creo que hay que incorporar la crítica que se ha hecho al Partido Socialista, que, pudiendo hacerlo teniendo las mayorías suficientes y necesarias, ni en la antigua legislatura ni en la actual han modificado estas leyes que a ustedes también les parecían mal. A veces es peor por asentimiento o por negligencia que por acción. Es mejor abrir las leyes y modificar lo que podemos modificar que dejar que leyes evidentemente injustas sigan estando en el marco normativo. Eso es lo que se ha hecho y que a mí me parece muy grave.

Hablábamos de los principios de derecho penal y de dogmática criminal, hablábamos de los principios de prevención general y especial, y hablábamos de los principios retributivos. ¿Ustedes, las derechas, creen en un principio de dogmática criminal de retribución de los quebrantamientos legales? Ya lo sabemos: es venganza, es castigo, es quien la hace la paga y eso se está extendiendo por todas partes, y en eso nos están ganando todo el relato. Y nos están ganando porque no somos capaces de explicar que la prevención general, la prevención especial, la rehabilitación, la reinserción y la reeducación son los elementos y piedras angulares del sistema legal español, del sistema de Código Penal español. Es una de las pocas cosas por las que realmente en el año 1978 demostrábamos que se trataba de una Constitución ―en eso sí― relativamente avanzada. Luego todo esto ha caído, se ha desmontado y se ha utilizado el Código Penal del enemigo que comentábamos. En cambio, con los delitos que no tenían que ver con la ideología habíamos mantenido un sistema penal relativamente democrático, avanzado y que funcionaba. Ya no sabemos cómo decirlo. Al principio, cuando explicábamos los temas de violencia machista, ustedes se reían y no nos compraban los argumentos, pero se está demostrando que había muchos más de los que se decían y que necesitamos el impacto transformador de las políticas legislativas en materia de derecho penal para que todo el mundo tome conciencia de que las mujeres no somos propiedad de nadie y de que tenemos los mismos derechos humanos que los hombres, y de que las relaciones que se daban entre parejas en el ámbito público no eran justas y no eran igualitarias. Esa es la génesis de muchos de los asesinatos que vemos.

Por lo tanto, ¿cuáles son las herramientas que realmente funcionan? ¿La prisión? Estados Unidos es el país con más presos del mundo y no están bajando las tasas de criminalidad, sino que están subiendo. Los catedráticos de derecho penal, a los que hacían alusión antes, lo tienen clarísimo: una política penal de populismo político no sirve nada más que para hacer creer a la sociedad que hay muchos más delitos de los que hay y mucho más graves, y para hacer sentir esa inseguridad, ese miedo, ese: ¿a dónde vas?, ¿con quién vas?, dame el teléfono y te voy llamando. ¿Es eso lo que quieren?, ¿una sociedad atemorizada cada día del mundo?, ¿una sociedad donde las chicas jóvenes, las mujeres en general y las mujeres mayores estén atemorizadas sistemáticamente? ¿Y la única respuesta es incrementar las penas?, ¿la única respuesta no es ponerlos solo en la cárcel, porque ya están allí, sino ponerlos para toda la vida? Ahora que hablaban de los datos demoscópicos, si hacen una encuesta, pregunten por la pena de muerte. Se está demostrando últimamente que, gracias a ustedes, vuelve a estar en la boca de mucha gente. ¿Eso es lo que quieren?

Como he dicho antes, hoy tenemos un pack de retrocesos en la ley penal que nos dan una pequeña muestra de lo que se nos viene encima, de lo que va a pasar si ustedes mandan, y lo único prudente es pararlos en todas partes, a toda hora y como sea.

Gracias. (Aplausos).

Señor presidente, señores y señoras diputadas, en primer lugar, nuestra solidaridad con las familias de las víctimas del deleznable crimen de asesinato y desaparición forzada. Llevamos años persiguiendo este delito ante la desidia del Partido Popular, pero esto es otra cosa. Esto es una propuesta más, una propuesta MAGA, más seguidismo a los aires que vienen de Estados Unidos. Si el Partido Popular gobernara, no dudaría en enviar a nuestros soldados a morir a Irán para complacer a su emperador. Y ahora, tras los seis años de cárcel por hurtar un teléfono móvil, el Partido Popular nos trae otra medida trumpista. Proponen que España adopte el modelo penal de las sectas protestantes estadounidenses: hree strikes out, tres delitos y prisión de por vida. Esta versión es incluso más punitivista, bastan dos veces para acordar la prisión permanente revisable y amplían la cadena perpetua a dos supuestos más que nunca serán retroactivos, es decir, nunca evitarán el dolor de las víctimas.

La propuesta desprecia la concepción rehabilitadora de la pena, que es una seña de identidad de la cultura jurídica europea, radicalmente contraria al ultrapunitivismo que el extremista Trump ordena a sus partidos sucursales, como el Partido Popular y VOX, imponer en todo el mundo. Otra vez, utilizan a las víctimas para traer a España el sistema penal de Bukele: llenar las cárceles, arrojando a ellas de por vida a cuantas más personas, mejor. Un modelo vengativo que niega la segunda oportunidad al que cometió un grave error.

El Partido Popular lleva años practicando el populismo punitivo y no ha servido para acabar con los graves delitos que pretendía acabar. Aznar introdujo en 2003 penas de hasta cuarenta años de cárcel que están en el Código Penal, y Rajoy, la prisión permanente revisable, la cadena perpetua de siempre, retrotrayendo a España al antiguo régimen. Y sin ningún pudor, tras justificar el genocidio en Gaza, asesinatos masivos de mujeres y niños, traen una propuesta incompatible con los valores antiautoritarios de los grandes juristas europeos como Hans Kelsen, Radbruch o Luis Jiménez de Asúa. El humanismo penal es un signo de civilización, de fortaleza institucional, una herramienta para aislar y reducir la violencia social. El Partido Popular se suma a la política de romper los consensos que permitieron que Europa se reconstruyera sobre la garantía de los derechos fundamentales de la persona tras la destrucción moral y material causada por el nazifascismo. Y, en una democracia, el sistema penal reconoce que la violencia no se combate con venganza, sino con prevención, y la pena tiene que ser compatible con la dignidad de la persona. (Rumores).

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas afirma que cualquier pena de reclusión que exceda veinte años puede calificarse como cruel o degradante, incompatible con los fines de reintegración que la sanción tiene en una democracia. Los tratos inhumanos, la tortura, se expulsaron del sistema penal con la llegada de la Ilustración. Es un avance incluso anterior a las revoluciones socialistas y obreras, y son conquistas que deberían respetarse por una derecha que se llame democrática. Son unos avances incompatibles con penas de cuarenta años de prisión o con la ampliación de los supuestos de prisión permanente revisable. Y miren…(Rumores).

Gracias, presidente. El ascenso del fascismo y su posible llegada al Gobierno de la mano del Partido Popular nos trae de vuelta el derecho patibulario de la Inquisición. Ya saben, mortificar los cuerpos para sanar las almas. Lo siguiente ¿qué va a ser?, ¿volver a la tortura como procedimiento de confesión o a la pena de muerte? Hay derechos que son contra mayoritarios, los que decía el señor Pagés. En palabras del teórico Dworkin, en democracia ni siquiera una mayoría puede restringir ni eliminar derechos esenciales como la vida, la integridad o la libertad. Y frente a esta deriva autoritaria hay que tomar partido. Podemos invertir más en cárceles que en escuelas, como Bukele, encerrar de por vida a cualquier desgraciado que carezca de la debida defensa ―cuarenta años de cárcel o cadena perpetua o prisión permanente revisable es lo mismo― o podemos hacer viable la reincorporación a la sociedad de los infractores.

De aprobarse esta propuesta, ¿cuántas veces creen que se va a aplicar? Se va a aplicar una vez, dos como mucho, cada lustro. Ustedes no están proponiendo una reforma del Código Penal. Lo que están proponiendo es implantar un modelo de sociedad autoritario y punitivista. Lo que están proponiendo es acabar con los derechos humanos y enterrar los valores éticos sobre los que se sustenta la democracia, sustituyéndola por el autoritarismo que precede siempre a las dictaduras. Si ahora no lo paramos, las generaciones futuras son las que van a sufrir las consecuencias de estas irresponsables propuestas, que claro que están apoyándose en el dolor irreparable de las personas cuyas familias han padecido horribles crímenes. Pero, obviamente, esta no es la vía para sanar el dolor ni para conseguir que aparezca ningún desaparecido. Votaremos que no en nombre de la democracia.

Gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, señor presidente. Todo el respeto y cariño a todas las familias afectadas que están aquí hoy y nos acompañan. Cuando una familia pierde un ser querido en un asesinato, el dolor es insoportable, pero hay algo aún más difícil de aceptar: que quien ha cometido el crimen oculte el cuerpo de la víctima o se niegue durante años a decir dónde está. Ese silencio prolonga el daño, mantiene a la familia en una incertidumbre permanente, insufrible e impide cerrar el duelo mientras el asesino sigue ocultando la verdad y en realidad el delito no ha terminado de producirse. Ese es uno de los supuestos que aborda la reforma que hoy debatimos mediante la modificación del artículo 140.1 del Código Penal, que amplía los casos en los que puede imponerse la pena de prisión permanente revisable: el asesinato acompañado de la ocultación del cadáver o de la negativa a revelar su paradero. El segundo supuesto que incorpora esta modificación es igualmente grave: el caso de quien habiendo sido ya condenado por asesinato vuelve a cometer ese mismo delito. Ante situaciones así, el legislador debe responder con un principio básico: proteger a la sociedad y reconocer la gravedad excepcional de estos delitos. (Aplausos). La prisión permanente revisable se incorporó a nuestro ordenamiento mediante la Ley Orgánica 1/2015 su constitucionalidad fue confirmada por el Tribunal Constitucional en la sentencia 169/2021, de 6 de octubre. Conviene recordarlo porque durante años se afirmó que esta pena era incompatible con nuestro marco constitucional. No lo es. El Tribunal Constitucional dejó claro que la existencia de un mecanismo de revisión garantiza que la pena mantenga una perspectiva de reinserción y respete los principios de nuestro sistema penitenciario. El artículo 25.2 de la Constitución establece que las penas privativas de libertad deben orientarse hacia la reeducación y la reinserción social; pero sería un error interpretarlo como si la reinserción fuese el único fin de las penas. Por encima de la reinserción están la justicia y la protección de una comunidad política. (Aplausos). Un Estado no puede desentenderse de su obligación de proteger a los ciudadanos frente a quienes han demostrado una maldad y perversión extrema en el desprecio debido a la vida humana. Durante demasiado tiempo el debate penal en España ha estado condicionado por un clima ideológico que analiza el delito casi exclusivamente desde la posición del delincuente y sus expectativas de beneficio. En ese ambiente ha llegado a resultar casi incómodo afirmar algo tan elemental como que la sociedad tiene derecho a defenderse. Incluso la subcomisión del derecho penitenciario del Consejo General de la Abogacía Española ―de nuestro Consejo, de los que somos letrados― defendió en su día la supresión de la prisión permanente revisable por considerarla contraria a la Constitución, con argumentos ideológicos más propios de ciertos debates académicos que de un análisis jurídico riguroso, como bien demostró el Tribunal Constitucional más tarde. Ese enfoque ha estado influido por determinadas corrientes difundidas desde organismos internacionales ―muy particularmente Naciones Unidas― que, con frecuencia, han promovido políticas no solo absurdas, sino incluso suicidas, basadas en ese progresismo ingenuo que muchos invocan permanentemente, aunque sus efectos reales disten mucho de servir a la justicia o a sus víctimas. Pero el derecho penal no puede construirse sobre planteamientos teóricos y dogmas ideológicos. Su función es proteger el orden jurídico y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

La reforma que hoy se plantea no rompe el equilibrio de nuestro sistema penal, simplemente incorpora dos supuestos que reflejan una gravedad excepcional. La ocultación del cadáver o la negativa a revelar su paradero introduce un sufrimiento añadido especialmente cruel para las familias, que quedan atrapadas en una incertidumbre que se prolonga durante años y no les permite encontrar descanso. El daño no termina con la muerte de la víctima. Hay algo más. Cuando el autor del crimen mantiene ese silencio, cuando ese monstruo se niega a revelar dónde está la víctima, no estamos solo ante un hecho pasado, está prolongando el daño, está persistiendo prácticamente en el delito. En esas condiciones, cabe preguntarse qué sentido tiene hablar de reinserción. Difícilmente puede hablarse de reinserción cuando no hay ni siquiera un gesto mínimo de colaboración o de arrepentimiento. ¿La reinserción evita el delito previo, como se intenta aquí acusar, y previamente con lo que se está ahora programando y se está ahora votando? Pues no, no vengan ustedes con poesías que ni siquiera prometen.

El segundo supuesto, la reincidencia en el asesinato, plantea una cuestión igualmente evidente. Cuando una persona ha sido condenada por asesinar y vuelve a hacerlo, el legislador no puede ignorar lo que ese hecho revela. Nada de eso significa renunciar a los principios del Estado de Derecho. Incluso el peor de los criminales conserva esos derechos, precisamente porque por eso la pena es revisable y está sometida al control de los tribunales. Pero tampoco debemos olvidar que en el centro de este debate están las víctimas, sus familias y la sociedad que el derecho debe proteger. Una comunidad política existe, entre otras cosas, para proteger la vida y la seguridad de quienes la integran. Cuando esa vida es destruida de la forma más deliberada y grave posible, el ordenamiento jurídico debe responder con firmeza.

El castigo no es venganza, como se ha pretendido decir aquí. Una sociedad que renuncia a defenderse frente a los crímenes más atroces corre el riesgo de olvidar su primer deber, proteger la vida de los suyos y la dignidad de una sociedad. Nos lo dijo el gran diputado de estas Cortes españolas, Ramiro de Maeztu: «Ser es defenderse». Pues, de eso se trata. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Muchas gracias, presidente. Sean mis primeras palabras para mandar un afectuoso y cordial saludo del Grupo Parlamentario Socialista a las víctimas que hoy nos acompañan y a todas las personas que han sido víctimas de estos delitos tan atroces. Señora Montesinos, la voy a citar varias veces hoy, pero quiero señalar una palabra que ha dicho usted que es espeluznante. Después de toda la perorata que ha soltado sobre la violencia de género, me sorprende muchísimo que ustedes sigan poniéndose del lado del agresor en el Ayuntamiento de Móstoles. (Aplausos). No sé, señora Montesinos, si ustedes acompañan sus palabras con hechos. Voy a empezar con una obviedad, señorías: hoy es martes, 17 de marzo. Ustedes registraron esta iniciativa el día 18 de octubre del año 2025. Han pasado muchos días, así que me surgen tres preguntas, señorías del Grupo Popular y de UPN ―que hoy hace doblete―. La primera, ¿por qué el 18 de octubre? Yo, señorías, les podría relatar todas las efemérides de ese día, pero la señora Montesinos me ha dado una idea cuando estaba hablando. He buscado qué pasó ese 18 de octubre. (El señor De Olano Vela: ¡Qué frivolidad!). El 18 de octubre murió asesinada una mujer en La Rioja. Tenía 39 años. Cuando asesinaron a esa mujer, ya habían asesinado a otras 48 mujeres. Antes de ayer fue asesinada otra mujer en España, en Cantabria. En lo que va de año han sido asesinadas 13 mujeres, 1356 desde el año 2003. Señora Montesinos, viene usted aquí a darnos clase de protección a las víctimas, cuando van a firmar pactos con VOX en comunidades autónomas, van a dejar entrar en sus Gobiernos a un partido que claramente ―vamos a decirlo suave― no protege demasiado a las mujeres. (Aplausos). La segunda pregunta, señorías, es ¿por qué debatimos esto hoy? Porque, según afirman en su proposición, leo textualmente: Hay dos fenómenos de honda preocupación para la sociedad española en relación con este delito. ¿Cuáles son? La ocultación del cadáver y la reincidencia en el delito de asesinato. Oigan, si fuera tan profunda la preocupación, si el problema fuera tan grave, ¿por qué traen hoy a debate esta proposición, 150 días después? Señorías del Grupo Popular, han tenido nueve oportunidades, nueve plenos, así que la conclusión es clara: esta proposición ni es tan urgente ni tan trascendente para ustedes. Señora Montesinos, ustedes ya no legislan en caliente, legislan en diferido.

Eso nos lleva a la tercera pregunta: ¿cuál es el verdadero propósito que tienen ustedes con esta iniciativa? ¿Buscan un beneficio social o el rédito político? ¿Buscan mejorar nuestro sistema penal o buscan conservar intacta su moralidad?

Señorías del Grupo Popular y de UPN, lo que hoy volvemos a ver aquí ―ya los conocemos demasiado bien con estas iniciativas― es que usan el Código Penal como instrumento de confrontación política. Una vez más utilizan a las víctimas, al horror y al rechazo social que provocan crímenes de este calado como herramienta de confrontación política. No estamos ante un sistema penal débil, como ustedes quieren hacer creer hoy; no estamos ante un Código Penal incapaz de responder a los crímenes más graves, y no vivimos en un país inseguro. (Aplausos).

La prisión permanente revisable existe desde el año 2015 y se aplica a los delitos más atroces. Por lo tanto, el debate hoy no es si el Estado debe responder con firmeza ante los crímenes más graves ―esa respuesta ya existe―, el debate hoy es para qué quiere el PP ampliar la pena más extrema sin que exista un problema jurídico real que lo justifique. Hoy, señorías del Grupo Popular, lo difícil es ser responsable y lo fácil es deslizarse por la ladera de la demagogia, porque el Código Penal ya permite castigar con contundencia el delito de asesinato y porque, además, ustedes saben que convertir automáticamente la desaparición del cadáver en motivo para imponer la prisión permanente revisable rompe principios jurídicos básicos. Aquí está lo grave de hoy, señorías del Grupo Popular, que están generando falsas expectativas a todas las víctimas de estos delitos tan execrables, señorías. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).

Al escucharlos hoy, da la impresión de que el Partido Popular tiene una receta fabulosa para resolver todos los problemas que tienen que ver con la criminalidad en nuestro país, puesto que cada vez que hay un crimen se propone una reforma del Código Penal, como si esto fuera un marcador político. Pero la seguridad de los ciudadanos, señorías, no se construye así. La seguridad se construye con más policías y guardias civiles, 46 706 plazas creadas por este Gobierno; se construye reforzando el acceso a la carrera judicial, con 700 plazas más, y se construye con investigaciones eficaces y con leyes bien pensadas y hechas desde la serenidad del legislador.

Señorías del Grupo Popular, no podemos reformar el Código Penal a brochazos porque, cuando se legisla a brochazos, se corre el riesgo de ensuciarlo todo. Cuando un sistema penal empieza a utilizar siempre la brocha más grande ocurre algo muy sencillo: se pierden los matices, se pierde la precisión y se pierde la proporcionalidad del sistema. El derecho penal no puede funcionar a base de impulsos ni de titulares, funciona con reglas claras, con proporcionalidad y con buena técnica jurídica. El Constitucional lo dejó claro en el año 2021: La prisión permanente revisable es constitucional, precisamente porque es una pena excepcional, revisable y limitada a supuestos muy concretos. Por eso, señorías, porque es excepcional, no puede ampliarse cada vez que alguien quiere dar una respuesta política rápida a un problema complejo.

Señorías, todos y todas compartimos la indignación ante los crímenes más crueles. Todos queremos que se castigue a los que cometen esos delitos, pero nuestra posición hoy es defender un Código Penal equilibrado, proporcionado y coherente. Si ustedes quieren utilizar el derecho penal para competir políticamente con otros grupos políticos, allá ustedes. Lo responsable no es ampliar sin más la pena más grave del sistema, porque un sistema penal fuerte no es el que castiga más, es el que se rige por la justicia y el rigor. Señorías del Grupo Popular, dejen de confundir las penas con la justicia.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista votará en contra de la toma en consideración de esta proposición.

Muchas gracias. (Aplausos).