Real Decreto-ley 4/2026, de 10 de febrero, por el que se garantiza la accesibilidad equitativa a bienes y servicios en situaciones de emergencia.

Con la venia, señora presidenta. Señorías, solo hay una cosa peor que tener un Gobierno de izquierdas, y es tener un Gobierno de izquierda populista. Solo hay una cosa peor que tener un Gobierno de izquierda populista, y es tener un Gobierno de izquierda populista que gobierne a golpe de decreto. Solo hay una cosa peor que tener un Gobierno populista de izquierdas que gobierne a golpe de decreto, y es tener un Gobierno populista de izquierdas que gobierne a golpe de decreto y a instancias de los titulares. Y solamente hay una cosa peor que tener un Gobierno de izquierda populista que gobierne a golpe de decreto e impulso de los titulares, y es tener un Gobierno de izquierda populista que gobierne a golpe de decreto e impulsado por los titulares, con un ministro de Consumo ocioso, necesitado de justificar su cartera. (Aplausos). Y, señorías, lamento informarles que, en esta serie de catastróficas desdichas, no cantamos línea, ni bingo, ni bote, sino que cantamos pleno al quince. El real decreto que el Gobierno trae hoy a esta Cámara para su convalidación tiene por objeto —‌como ya habrán tenido la posibilidad de escuchar— posibilitar la introducción de una limitación temporal de los precios máximos aplicables durante la vigencia de una situación de emergencia que altere de forma significativa las condiciones de oferta y demanda de un mercado concreto, a fin de proteger la equidad, la transparencia y la confianza de la ciudadanía, fijando como precio máximo de un bien o servicio el aplicable en un periodo de referencia y evitando así incrementos susceptibles de perjudicar gravemente a consumidores y usuarios. Y se justifica —‌como ya habrán oído en el lacrimógeno relato del señor ministro— en la necesidad de responder de manera contundente ante situaciones abusivas en transportes o alojamientos, como las denunciadas por varias asociaciones de consumidores con ocasión de catástrofes recientes, como el accidente de tren de Adamuz, introduciendo un instrumento para impedir que se pueda hacer caja en situaciones que exploten la vulnerabilidad del usuario. Empecemos por ello. ¿Fueron los hechos como se nos han contado o estamos ante el enésimo bulo del Gobierno del bulo? El pasado 20 de enero, apenas dos días después del fatídico accidente de Adamuz, el diario Público titulaba con su rigor habitual: Precios disparados tras el accidente de Adamuz. Así se lucran las empresas de transportes tras la tragedia. Mientras que El Periódico escribía: Los precios de los vuelos Madrid-Málaga se disparan. ¿A qué se debe? Titulares inquietantes que, sin embargo, se compaginaban francamente mal con el contenido de las respectivas informaciones, revelando que el señor Bustinduy es de aquellos que se deja deslumbrar por los titulares y luego no se lee la letra pequeña de los papeles. Lo que en un ciudadano normal es preocupante, en un ministro de Consumo es altamente preocupante. Y es que no hacía falta más que saltar de los titulares al cuerpo de la noticia para enterarse de que, si bien en un primer momento el sistema de precios dinámicos que todas las aerolíneas utilizan —e‌ mpleando algoritmos para ajustar el coste de sus vuelos a la demanda o incluso al perfil del usuario— había provocado una efectiva subida de las tasas aéreas, esta fue contrarrestada de manera inmediata —‌inmediata, 24 horas después—: primero, incrementando de manera sensible el número de frecuencias de vuelo entre Madrid y Sevilla y Málaga —36 000 plazas extras ofreció Iberia entre el día del accidente y el 2 de febrero, un incremento del 66 %, y no lo ha mencionado—; segundo, fijando un tope de 150 euros que al día siguiente se redujo a 99 euros en clase turista y por trayecto para los vuelos desde y hacia Sevilla, Granada, Almería, Málaga y Jerez; y tercero, cumpliendo escrupulosamente las compañías ferroviarias con la obligación contraída con los titulares de uno de sus billetes de ofrecerles, bien el reembolso íntegro del importe, bien un medio de transporte alternativo en condiciones comparables, sin coste adicional y garantizándoles el menor retraso posible. Y algo similar pasó con respecto de los vuelos Madrid-Barcelona en relación con la interrupción del tráfico ferroviario en la línea de alta velocidad que une estas dos capitales españolas, después del descubrimiento de su lamentable estado de conservación. Iberia no solo garantizó la conectividad entre ambas ciudades y ofreció una alternativa atractiva para los pasajeros que no podían desplazarse en tren, sino que también aplicó un precio máximo de 99 euros para los billetes de clase turista, que, por cierto, ha mantenido hasta el lunes de esta semana, 23 de febrero. ¿Me permiten otro ejemplo? Uno que con toda seguridad va a hacer las delicias de la señora Belarra. En marzo de 2023, el diario Público se hizo eco —t‌ambién con su rigor habitual— de las declaraciones del dueño de Mercadona, Juan Roig, afirmando que había subido los precios de sus productos una burrada. ¡Qué ser más despreciable!, ¿no es cierto? En realidad, lo que la multinacional valenciana había hecho durante el ejercicio anterior había sido, sí, incrementar sus precios en un 10 %, pero repercutir en un 12 % los pagos a proveedores y absorber la diferencia, que no es nada más y nada menos que 600 millones de euros, a partir de sus propios beneficios. Bueno, de las ayudas concedidas por Mercadona como empresa y por Juan Roig como empresario a las víctimas de la dana no hablaré, so pena de que la señora Belarra me empiece a contar entre los asalariados del señor Roig y el señor Trump se me ponga celoso por trabajar para dos patrones. (Aplausos).

¿Cuál es la moraleja de todo esto? De una parte, que ninguna empresa de este país tiene el más mínimo interés en ver dañada su imagen pública por tomar parte en prácticas abusivas que perjudiquen gravemente a los consumidores. De otra, que nada garantiza que el Consejo de Ministros vaya a ser más rápido, ni más generoso, ni más acertado en la determinación del precio de un bien o un servicio que aquellos que lo venden y aquellos que lo prestan a diario. Y tercero, que nada hace prever que concederle a este Gobierno —c‌ uyo presidente dijo que no gobernaría con populistas, que no pactaría con terroristas y que no amnistiaría a golpistas— una potestad como la que ahora demanda el señor Bustinduy a través de este real decreto ley no vaya a ser la antesala de una política generalizada de control de precios, lo que podría llevar a que la competencia del Estado para proteger a consumidores y usuarios del artículo 51 acabe convertida en punta de lanza para acabar con el derecho a la propiedad del artículo 33 y con la libertad de empresa del artículo 38.

Vayamos por partes. El decreto ley que se nos invita a convalidar está llamado a poner en manos del Gobierno un instrumento idóneo para imponer un control de precios a todo tipo de bienes y servicios, incluso más allá de los casos en que se haya desencadenado una situación de emergencia. Una eventualidad que solo un indocumentado se atrevería a descartar. Porque, para empezar, el Gobierno ha aducido la subida de precios de los pasajes aéreos tras el accidente de Adamuz —‌subida que, como ya he dicho, no se produjo sino de manera puntual— como causa justificativa de la adopción de esta norma, a pesar de que, en el supuesto de que esta norma hubiese estado aprobada antes del accidente de Adamuz, no habría podido ser aplicada al caso del accidente de Adamuz por la sencilla razón de que nunca se declaró una emergencia de protección civil. (Aplausos).

Pero es que no constituye un secreto para nadie, señor ministro, que la ambición última suya y la de los ministros de SUMAR —‌como antes la de Podemos— es acabar con ese libre mercado que tanto le incomoda a usted, porque opera a su libre albedrío sin regulación o control de los poderes públicos, olvidando ―o más bien haciendo oídos sordos― al hecho de que ni nuestro modelo económico es el de Cuba ni nuestro modelo constitucional es el de Venezuela. No es un secreto que el control estatal de los precios constituye un paso decisivo en esa dirección, y que ese es el motivo por el cual su partido viene demandando desde hace lustros el control de los precios de la vivienda, el control de los precios de los alimentos, el control de los precios de la energía y ahora el control de los precios de los transportes. Blanco y en botella. (Aplausos).

El decreto ley que se nos invita a convalidar carece de justificación. Y carece de justificación porque nuestro ordenamiento jurídico cuenta ya con normas idóneas para paliar la situación a la que se pretende poner coto, como es el caso del artículo 13.2 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista o el 11.1 de la Ley sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio, que en este caso sí —‌a diferencia de lo que pasa con la norma que ahora nos proponen— reconocen el principio general de la libertad de precios, permiten la intervención solo en bienes de primera necesidad, la circunscriben a contextos de desabastecimiento o alteraciones graves del mercado, prescriben la audiencia previa de los sectores afectados y exigen que la intervención sea motivada y temporal; precauciones, todas ellas ausentes de su norma. Es inconstitucional, precisamente por no hallarse amparada en la existencia de una situación extraordinaria y urgente, debidamente acreditada, como requiere el 86.1 de la Constitución. Ha sido fraguado sin diálogo y, por lo tanto, sin consenso con los actores sociales afectados. A pesar de que el sector de la distribución le presentó, señor ministro, no hace mucho, una propuesta de protocolo de actuación ante situaciones de crisis, encaminado a garantizar el abastecimiento, asegurar la logística, garantizar las comunicaciones y proteger a las personas, su ministerio, señor Bustinduy, ha preferido, cómo no, la imposición.

Sienta las bases para la arbitrariedad y hasta para el abuso de poder por parte del Ejecutivo al regular con la más insoportable ambigüedad los supuestos habilitantes para activar el control de precios. Urgencia, riesgo, necesidad… vale, ¿pero otras circunstancias sobrevenidas que generen una alteración de la oferta y de la demanda?

Genera inseguridad jurídica al permitir una aplicación extensiva y desproporcionada de las restricciones que contempla, toda vez que estas son susceptibles de proyectarse no ya sobre bienes y servicios esenciales o de primera necesidad, sino sobre todos aquellos que determine el Consejo de Ministros.

Vulnera la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado consagrada por el artículo 38 de la Constitución al contemplar una intervención directa en la formación de precios que, aunque se halla motivada por una finalidad protegida constitucionalmente, entraña una restricción innecesariamente intensa de dicha libertad, especialmente grave ante la ausencia de mecanismos de ajuste.

Invierte la carga de la prueba al obligar al empresario que se vea obligado a incrementar el precio de sus bienes o sus servicios en los días posteriores a una catástrofe a ser él quien justifique las razones de dicho aumento.

Y conculca el derecho de la Unión Europea, toda vez que la intervención generalizada en la formación de precios que prevé no superará —‌ya se lo anticipo— el test de necesidad y proporcionalidad estricta exigidos por los artículos 9 y 15 de la Directiva de Servicios del Mercado Interior, al no haberse acreditado que sea la opción menos restrictiva para garantizar esa accesibilidad.

El decreto ley que se nos invita a convalidar, por último, demoniza a sectores enteros de nuestra economía. Usted lo ha hecho durante su intervención. Ninguna empresa en este país se atrevería a dañar su imagen pública llevando a cabo prácticas abusivas perjudiciales para sus clientes en situación de especial vulnerabilidad, pero con esta norma ya no es necesario cometer semejante torpeza para aparecer a los ojos de la opinión pública como la empresa o el sector más despreciable de España, puesto que habilita al Gobierno a anticipar culpabilidades, a diseminar sospechas y a erosionar credibilidades. Se lo ha dicho la patronal de la distribución, ANGED: sitúa a las empresas en una posición de vulnerabilidad y prejuzga su mala fe ante situaciones de crisis, cuando la realidad ha sido bien distinta, porque sectores como el de la distribución han garantizado siempre el abastecimiento seguro y la accesibilidad de bienes y servicios a toda la población en contextos muy complicados, como el COVID o la dana. También se lo ha denunciado la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos en relación con la aplicación de este decreto en los casos de Andalucía y Extremadura afectados por la borrasca Leonardo.

Comprendo, señor ministro, que, en plena guerra por el liderazgo de los restos del naufragio a la izquierda del PSOE ―a la que usted acude tarde y escaso de pertrechos―, ande usted necesitado de cobrarse alguna pieza con la que acreditar su buena puntería. Pero, señor ministro, no cuente con nuestros treinta y tres cartuchos para ello. Decía usted: No se me ocurren motivos para oponernos a este real decreto. Creo que ya tiene unos cuantos.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Nunca deja de sorprenderme el espíritu reaccionario de VOX. ¡Qué maldad con las personas que sufren y qué servilismo con los poderosos! (Aplausos). ¡Qué fácil es ponerse al servicio de los oligopolios!

En agosto de 2025, una devastadora ola de fuego asoló los montes de Ourense y de León, provocando destrucción, muerte y desolación. También provocaron la interrupción del servicio ferroviario, dejando sin alternativa de transporte público a miles de personas durante muchos días. En esta situación de emergencia social, cuatro compañías aéreas aprovecharon la ocasión para enriquecerse. Un vuelo Vigo-Madrid que costaba 50 euros pasó a costar 500 euros; así, de repente, señorías de VOX. Las empresas aéreas se aprovecharon de la lógica perversa de las tarifas dinámicas para disparar los precios.

En octubre de 2025, la diputada por Pontevedra Verónica Martínez Barbero y yo mismo presentamos una denuncia pública sobre esta situación. Nos reunimos con la asociación patronal del sector para exigir rectificación y compensación a los pasajeros damnificados. Sin embargo, la Asociación de Líneas Aéreas nos dijo que no, que no iba a hacer nada, y utilizó el siguiente argumento: la ley las amparaba. Ante esta negativa, SUMAR presentó una demanda contra estas compañías ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Nos contestó diciendo que la ley amparaba a las empresas. El mismo argumento.

Señorías, hoy estamos aquí para corregir esa inaceptable situación, para hacer que la ley cambie de bando. (Aplausos). Este real decreto tiene como objetivo que la ley deje de estar del lado de los poderosos para ponerse al servicio de la ciudadanía; que la ley proteja a los consumidores y no blinde a los oligopolios. En este real decreto se establece una limitación de los precios máximos aplicables, señorías de VOX, en situaciones de emergencia, para evitar incrementos de los precios abusivos e injustificados. Es un cambio normativo absolutamente necesario, porque en enero hemos vuelto a sufrir la misma estafa legal después del accidente ferroviario de Córdoba. Con el servicio ferroviario paralizado, los precios de los vuelos de Málaga o de Sevilla a Madrid se incrementaron un 300 % casi de forma automática. También en Cataluña, porque las limitaciones al tráfico ferroviario han provocado que los precios de los billetes del puente aéreo se hayan duplicado.

El Gobierno reaccionó con determinación ante estas prácticas inaceptables. Con este real decreto que hoy convalidamos y una orden del Consejo de Ministros, se limitaron los precios de los hoteles y apartamentos de Grazalema y otros trece municipios de Andalucía y Extremadura afectados por las inundaciones, como bien ha dicho el señor ministro Bustinduy. Los resultados han sido positivos, demostraron que este es el camino, porque ―como ha dicho el ministro― se dio una solución a familias desesperadas, señores de VOX, que tuvieron que abandonar sus hogares. En esa situación de tragedia social, este decreto y la orden ministerial demostraron que esa es la forma de actuar. (Aplausos).

Hay más: esta limitación de precios ―lo dijo el compañero Bustinduy― actúa fundamentalmente sobre las plataformas tecnológicas multinacionales no sobre los pequeños hoteles o los pequeños empresarios de la hostelería. Esto es lo que nosotros defendemos aquí: proteger a la ciudadanía frente a los especuladores. Por eso, no se puede entender que ningún grupo que no sea extraordinariamente reaccionario vote en contra de estas medidas. Son una demanda generalizada de la sociedad, de la sociedad gallega y de la andaluza. Hasta sus presidentes han oído a sus ciudadanos. El presidente Rueda ―el presidente de mi país― mostró su preocupación por el aumento de los precios aéreos el verano pasado. La Junta de Andalucía se mostró tan preocupada por el incremento inaceptable de los precios que tuvo una idea extraordinaria, y es que el Gobierno central subvencione el 75 % del coste de los billetes de avión. Creo que el presidente Moreno Bonilla se preocupa por su ciudadanía, pero busca una solución extraña, puesto que no tiene ningún sentido que dejemos que especulen las líneas privadas y que el Gobierno central pague el 75 % de ese incremento. En todo caso, no se podría entender que el grupo del partido al que pertenecen Alfonso Rueda y Moreno Bonilla vote en contra de un real decreto que da respuesta a sus demandas. (Aplausos).

El real decreto que hoy votamos pone a las personas por delante de los especuladores. Es una norma que dice con claridad que, cuando Galicia o Andalucía sufren, cuando nuestros pueblos y ciudades quedan incomunicados por una catástrofe, nadie va a lucrarse con el dolor de la gente. Hoy vamos a terminar con estas prácticas inmorales. Hay algunas empresas que no lo entienden, están mal acostumbradas. Durante años, en España cuando una multinacional quería un cambio normativo para aumentar sus beneficios, ¿qué hacía? Lo compraba; así, sin complejos. Todos sabemos cuál era el procedimiento: primero iban al Ministerio de Hacienda a visitar a Cristóbal Montoro que les daba la dirección de su empresa privada de asesoramiento, Equipo Económico. Allí iba la multinacional que necesitaba una ley con el talonario preparado. Me imagino la escena, el ejecutivo de la compañía dirigiéndose a Equipo Económico formulando las siguientes preguntas: ¿Cuánto cuesta una ley?, ¿cuánto tenemos que pagar para que el Ministerio apruebe esa ley?, y, la última, ¿esto se paga con transferencia o directamente en sobres en B? A los que durante años compraron leyes y ministros, les resulta difícil aceptar ―como diría Bob Dylan― que los tiempos han cambiado.

A este Gobierno no se le puede comprar. (Aplausos.―Risas del señor De Olano Vela). Lo voy a decir con claridad, diputado Olano. A Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, no la puede chantajear la empresa Glovo (aplausos); a Pablo Bustinduy, el ministro de Derechos Sociales y Consumo, no le puede amenazar Ryanair (aplausos); a Mónica García, la ministra de Sanidad, no la puede comprar el Grupo Quirón. (Aplausos.―Rumores). Hay personas bienintencionadas que, a veces, delante de algunas noticias que salen en los periódicos, se preguntan por qué SUMAR sigue en el Gobierno. Aquí está la respuesta: porque somos un Gobierno que no se puede comprar, porque somos un Gobierno que, con sus limitaciones, legislamos a favor de la ciudadanía, que le da poder al pueblo frente a los oligopolios. (Aplausos).

Termino. Cuando votemos este real decreto, se pondrá en evidencia al servicio de quién está cada uno de los grupos parlamentarios de la Cámara. Por un lado, los grupos que estamos al servicio de la ciudadanía, los grupos que tenemos la voluntad de servir al pueblo, de legislar para defender derechos, de aprobar leyes que dan más poder a la gente frente a los poderosos. En el otro lado se posicionarán los que llevan décadas al servicio de los oligopolios, los grupos parlamentarios que están a la orden de las empresas, como hoy hemos visto en la intervención de la ultraderecha, incluso al servicio de empresas que castigan, que se aprovechan del dolor del pueblo ante situaciones de emergencia. Hoy, ahora, ha llegado el momento de elegir bando, con la gente o con los especuladores. (Aplausos.―El señor Flores Juberías pide la palabra).

Con la venia, señora presidenta. Señorías, ¿a este Gobierno no se le puede comprar? Pero señoría, ¿en qué mundo vive usted?, ¿quién se cree usted que tiene interés en comprar este Gobierno formado por material de derribo, por desechos de tienta y por pares sueltos? (Aplausos). ¿Quién tendría interés en comprar este Gobierno? El problema no es que a este Gobierno no se le pueda comprar, el problema es que no hay manera de devolverlo (aplausos), no hay manera de devolverlo a toriles, que es lo que a los españoles les habría gustado hacer hace ya muchísimo tiempo. (Aplausos). ¿Quién tendría interés en comprar este Gobierno si, como todo el mundo sabe, alquilar es una opción muchísimo más económica? Este Gobierno está en alquiler. De entrada, los ministros de SUMAR están en alquiler del Partido Socialista porque le proporcionan ese plus de seguridad que necesita Pedro Sánchez para llegar no diría a fin de legislatura, se conformaría con llegar a fin de mes. Así que no, no se preocupe. No tenemos ningún interés en comprar a los ministros de SUMAR, pero si hay alguna manera, y todavía están en garantía de devolverlos, le agradecería que me lo dijese. La demagogia del ministro se ha quedado en poco en comparación con la demagogia de su compañero de partido. El viejo discurso de las grandes empresas multinacionales que especulan en contra del interés de los propios ciudadanos. Mire, representante del grupo de SUMAR, ya le digo yo, créame, que ni el señor Hilton ni el señor Ritz ni el señor Meliá estaban escuchando su discurso. Y si alguno de ellos por un casual lo hubiese escuchado, ya le digo yo que a ninguno de los tres le quitaría el sueño su pretensión de controlar precios. ¿Su medida sabe a quién afecta? Se lo voy a decir. La única aplicación de su decreto ley hasta el día de hoy ha sido, como bien ha reconocido el ministro, la congelación de precios de los servicios de hostelería en las localidades afectadas por la borrasca Leonardo en Andalucía y en Extremadura. ¿Sabe usted si hay algún Ritz en Grazalema?, ¿hay algún Hilton en Ubrique?, ¿hay algún Meliá en Cazorla? No, señor. A quien ustedes están controlando los precios es a La casa de la abuela Regina, a los apartamentos El Chico, a los apartamentos La Parra. (Aplausos). No a ninguna multinacional, sino a pequeños y medianos empresarios que ponen su dinero en pequeños y medianos negocios y a los que ustedes, para empezar, tachan de entrada de especuladores peligrosos. Antes he obviado la cita, pero ahora la voy a decir. Los establecimientos hoteleros han demostrado de forma reiterada su compromiso social ante emergencias, colaborando con las autoridades y poniendo a disposición recursos, instalaciones y personal para atender a las personas afectadas. Una limitación que pone el foco en el alojamiento no se ajusta al comportamiento ejemplar demostrado por el sector en contextos críticos. Señorías, su demagogia mata, mata negocios, mata empresas, mata pequeños emprendimientos de ciudadanos a los que ustedes recortan las posibilidades de sobrevivir. Su demagogia mata a la economía española, su demagogia comporta un desprecio a todo nuestro sector productivo y su demagogia no es sino la tapadera que oculta su voluntad de control. Lo he dicho y lo repetiré. No es casualidad que ustedes pidan ahora control de precios en el sector de la hostelería; ustedes ya han pedido controlar los precios en el sector de la vivienda, ya quieren controlar los precios en el sector alimenticio, ya quieren controlar los precios en la energía. Lo que me resulta muy llamativo es que en otros sectores ustedes estén dispuestísimos a que el Estado supla las carencias del mercado, pero en este caso no. Si hay una carencia de vuelos, ¿por qué no habilitan ustedes vuelos?, ¿por qué no es el Gobierno el que fleta aeronaves? Si lo hacen ustedes para trasladar inmigrantes de Canarias a la Península, ¿por qué no lo hacen para trasladar españoles de Málaga a Madrid? (Aplausos). Termino, señorías. Los doce minutos que he tenido antes y los cinco que tengo ahora para algo de tan poquísima enjundia como lo que el ministro nos ha traído hasta la fecha son más que suficiente. La pequeñez de su iniciativa no es sino el reflejo de la pequeñez del grupo al que representa y de la pequeñez de la aportación de esa extrema izquierda dogmática, venezolana y chavista al bienestar de los españoles, una rémora de la que haríamos bien en quitarnos de encima lo antes posible. Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Ha sido una intervención que no merece la seriedad de subir a la tribuna para responder a estas...

Quería decir dos cosas. La primera es que no dejan de sorprenderme los complejos y el servilismo de la extrema derecha. Cuando este diputado dijo que las grandes empresas no pueden comprar al Gobierno no se refería a que lo compraran ustedes (aplausos), pero como ustedes tienen ese complejo de servilismo, de ser los capataces, creen que cuando se habla de las grandes empresas estamos hablando de ustedes, y no es así.

La segunda idea me la recordó en el debate de pensiones. A mí, que ya tengo una edad, VOX me recuerda tanto el falangismo más rancio. Se les llena la boca de la palabra obrero, pero cada vez que hay una norma laboral, votan en contra. (Rumores). Se les llena la boca de la expresión propiedad de la vivienda, pero cada vez que hay que impedir que desahucien a una familia, votan en contra. (Aplausos). Se les llena la boca al hablar de nuestras personas mayores, pero hoy el señor Figaredo ha dicho que tenemos un sistema público de pensiones en quiebra (protestas.―Un señor diputado: ¡Ha dicho la verdad!) y que hay que bajar las pensiones en España.

Y termino. Hablan de proteger a las mujeres; un grupo que no solo niega la violencia machista, sino que incluso la practica. (Protestas).

Muchas gracias. (Aplausos).

Señorías, buenas tardes. Señor ministro, hay un refrán que dice que mientras unos lloran, otros venden clínex. A nosotros nos preocupan más los que lloran que aquellos que ven la oportunidad para ganar más dinero. Nadie trata de que pierdan, aquí no estamos hablando de que alguien pierda, estamos hablando de que hay momentos en los que no toca ganar más. (Aplausos). Señorías, Canarias es especialmente sensible a la subida de precios en situaciones de emergencia. Hace muy poco lo vivimos: volcán de La Palma, aeropuerto cerrado; la gente abandonando sus viviendas, desalojados; algunos las vieron desaparecer, otros no han podido volver todavía hoy, y los alquileres se dispararon de una manera tremenda. Además, el problema de la lejanía, de ser archipiélago, nos lleva a encontrarnos con que hay días en los que el barco no puede atracar en El Hierro o en cualquiera de las otras islas para descargar mercancías. Cualquier problema meteorológico, cualquier emergencia importante que nos desconecte del continente hace vivir en Canarias más caro de lo que es vivir con normalidad. A nosotros nos parece una buena idea que trabajemos en esta medida, pero queremos hacerlo como proyecto de ley. Para nosotros es fundamental que ese proyecto de ley sea compartido, participado, trabajado por todos los grupos y, además, que recoja ―señor ministro, le pido que ponga la mirada en ello― la singularidad de la única región ultraperiférica que tiene el Estado español, que está amparada, reconocida, legislada en la Constitución Española y en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Le pido que tengan en cuenta que las medidas para Canarias tienen que estar adaptadas a lo diferente y a lo vulnerable que es nuestro territorio. Termino. Apoyamos este decreto, pero queremos que se tramite como proyecto de ley y que se recoja especialmente la singularidad de nuestra región ultraperiférica. Gracias. (Aplausos).

Grazas, señora presidenta. Moi boa tarde xa. O Real Decreto Lei 4/2026 ven introducir unha reforma lexislativa que limita a suba de prezos dos bens e servizos, quer en caso de declaración de situación de emerxencia civil —‌o que se coñece como declaración de zona catastrófica—, quer en caso de accidentes ou outro tipo de acontecementos que poidan derivar nunha situación de necesidade para a poboación; a xuízo do goberno que debe adoptalo por acordo do Consello de Ministros, como foi o caso de accidente de Adamuz, para o que se aplica de forma inmediata a normativa.

Non dubidamos da necesidade da medida, se ben a aplicación a partir da data de publicación do Real Decreto non permitiu actuar, por exemplo, sobre as subas de días anteriores, no caso do accidente ferroviario de Adamuzn en que todas constatamos como aproveitando o fechamento do tráfico ferroviario o resto de servizos de transporte utilizaron a escaseza de prazas para subir de forma desorbitada os prezos e facer negocio á conta do desastre, da desgraza de moitos. Algo que xa acontecera cando no verán pasado, como consecuencia dos incendios, se cortou a liña ferroviaria en Ourense. Unha combinación de privatización do transporte e dinámica de mercado que resulta desastrosa e letal para as clases populares. Privatización do transporte porque, quero lembrar aínda que pareza distante os que temos algún ano algúns anos xa o lembramos perfectamente, que aquí houbo unha liña aérea pública que o Partido Popular privatizou para favorecer os intereses dos seus.

Porén, a pesar da importancia da cuestión, a incorporación pola vía Real Decreto furta o debate na cámara. Si, a medida podería ser máis ambiciosa. Lembremos que o BNG e outras forzas políticas demandamos durante os meses da grande inflación, topar os prezos dos alimentos e de produtos básicos. O mesmo aconteceu cos prezos das hipotecas debido ao forte incremento dos xuros. E agora pedimos medidas efectivas para limitar unha suba dos prezos dos alugueres. Agardamos, se cadra inxenuamente, esperemos que non, que de saír adiante a tramitación como proxecto de lei, non sexa este un máis deses que quedan definitivamente no caixón sen que se feche nunca o prazo de emendas e que poidamos, por tanto, achegar propostas para melloralo porque é absolutamente necesario.

Moito obrigado.

Gracias, señora presidenta. Buenas tardes. El Real Decreto Ley 4/2026 introduce una reforma legislativa que limita la subida de los precios de bienes y servicios, ya sea en caso de declaración de situaciones de emergencia civil ―lo que se conoce como declaración de zona catastrófica― o en casos de accidentes u otro tipo de acontecimientos de los que puedan derivarse situaciones de necesidad para la población; el límite a juicio del Gobierno, que debe adoptarlo por acuerdo del Consejo de Ministros, como fue el caso del accidente de Adamuz, para el que se aplica inmediatamente la normativa. No dudamos de la necesidad de la medida, aunque la aplicación a partir de la fecha de publicación del real decreto no permitió actuar, por ejemplo, sobre las subidas de los días anteriores, en el caso del accidente ferroviario de Adamuz, en el que todas constatamos cómo, aprovechando el cierre del tráfico ferroviario, el resto de servicios de transporte utilizaron la escasez de plazas para aumentar desorbitadamente los precios y hacer negocio gracias al desastre y la desgracia de muchos; algo que ya había ocurrido con los incendios cuando se cortaron las líneas ferroviarias en Ourense. Es una combinación de privatización del transporte y de dinámica de mercado que resulta desastrosa y letal para las clases populares. Privatización del transporte, porque quiero recordar ―aunque quede lejano, pero nosotros que tenemos unos años nos acordamos― que aquí hubo una línea aérea pública, que el Partido Popular privatizó para favorecer los intereses de los suyos. Sin embargo, a pesar de la importancia de la cuestión, la incorporación por la vía del real decreto roba el debate en esta Cámara. Así, la medida podría ser más ambiciosa. Recordemos que el BNG y otras fuerzas políticas pedimos durante los meses de gran inflación topar los precios de los alimentos y los productos básicos. Lo mismo ocurrió con el precio de las hipotecas por el aumento de los intereses. Y ahora pedimos que se limite el aumento de los precios de los alquileres. Esperamos que, si sale adelante la tramitación como proyecto de ley, no sea este uno de esos decretos que se quedan indefinidamente en plazo de enmiendas y que no se cierre nunca ese plazo y que se puedan enviar propuestas para mejorarlo, porque es absolutamente necesario. Gracias.

Gracias, presidenta. Buenos días, señor ministro. Hoy debatimos el Real Decreto Ley 4/2026, que introduce mecanismos interesantes de control de precios para situaciones de emergencia y que se podrían haber utilizado en el caso de la dana o en el reciente accidente ferroviario de Adamuz. Esta es una medida que, básicamente, reconoce algo que siempre hemos dicho en Podemos y es que el Estado sí puede y sí debe intervenir en los precios del mercado cuando hay condicionamientos sociales y de interés general que así lo justifican.

Los partidarios del libre mercado suelen decir que oferta y demanda se ajustan automáticamente y que cualquier intervención del mercado conduce ―como diría el malo de Hayek― a un camino hacia la servidumbre, pero voy a poner algunos ejemplos que contradicen completamente esto. Tras el accidente de Adamuz y con la circulación ferroviaria interrumpida, el precio de un billete de avión entre Málaga y Madrid subió de media de 37 a 147 euros, es decir, un 300 % más. Tras la erupción del volcán de La Palma ―me lo recordaba mi diputada―, los precios del alquiler aumentaron en torno a un 100 %, pasando de un alquiler de 300 o 400 euros a uno de 600 a 800, en medio de la tragedia. Bueno, pues esa es la mano invisible, un puño de hierro que golpea a las familias y que no entiende de solidaridad ni de patriotismo ni de los derechos de la ciudadanía.

Tengo que decir también, señor ministro, que este real decreto quizá llegue tarde y quizá llegue con algunos límites. Porque, señor ministro, si es perfectamente posible controlar los precios para proteger a la población ante un accidente o ante una catástrofe natural, ¿cómo es que no se puede hacer nada para controlar los precios ante una emergencia estructural que vive nuestro país como es la emergencia habitacional?

Señorías del Gobierno, la crisis de la vivienda también podría responder al título de este real decreto, porque es una situación de emergencia y responde a una subida desproporcionada de precios derivada de la alteración de la oferta y de la demanda. Entonces, la pregunta clave es por qué se deja fuera.

Esta semana, señorías socialistas, hemos conocido una noticia, que Manuel Borrego, que es senador y jefe del PSOE en Badajoz, ha comprado cuatro pisos en dos años; repito, cuatro pisos en dos años. ¿Qué PSOE quiere ser hoy? ¿El PSOE que dice que hay que combatir la especulación, aunque lleven tres años sin hacer nada, o el PSOE que se apunta al carro de la especulación con la vivienda?

Señorías, en Podemos creemos que los derechos sociales y económicos no pueden ser una excepción, algo que se reivindica tímidamente ante una catástrofe natural o ante un accidente, sino que debe ser algo que está protegido sistemáticamente; también el derecho a la vivienda.

Hoy las familias trabajadoras ―parece que lo decimos mucho, pero no hacemos nada― tienen que dedicar el 60 % de sus ingresos a entregárselo a rentistas, a fondos de inversión que están determinando, casi en régimen de oligopolio, los precios del mercado. Esa lucha de precios es la nueva variante de la lucha de clases. La nueva extracción de plusvalías, la más grave que se hace hoy, ya no es tanto en la fábrica, sino también en la vivienda. La inacción de este Gobierno, su posicionarse siempre con el mercado y con los grandes propietarios, es gasolina para la extrema derecha, hay que decirlo.

En definitiva, este decreto compra tiempo y protege a los consumidores ante catástrofes muy concretas, y Podemos no va a ser un impedimento para aprobarlo. Pero también subimos a esta tribuna a exigir, con la misma determinación, que transfiramos esta lógica ―que hoy se demuestra que es posible en otras situaciones de emergencia― a la lucha contra la especulación con los alimentos de primera necesidad, el acaparamiento de vivienda por parte de rentistas y fondos buitre, la imposibilidad de millones de personas para acceder a una vivienda. Señorías socialistas, es pura lógica socialdemócrata; pero algunos parecen todavía instalados en la tercera vía.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, señora presidenta. El debate que hoy abordamos parte de una idea sencilla, pero esencial: en una emergencia grave los precios de bienes y servicios básicos no pueden dispararse. Creo que ese es el objetivo del Real Decreto Ley 4/2026. Señorías de VOX, no acabo de entender un turno en contra a no ser que sea por protagonismo. Es difícil de entender cuando se jactan ustedes de defender a familias y trabajadores. Es muy curioso el concepto de defensa que tienen ustedes. Cuando llega una emergencia, les dicen: «Que pague quien pueda». Cada vez afrontamos más situaciones extraordinarias: temporales de gran intensidad, inundaciones, incendios, incidentes que paralizan infraestructuras estratégicas. Cuando ocurre algo así, miles de personas necesitan lo mismo al mismo tiempo: un transporte alternativo, un alojamiento, un servicio básico. Y cuando la demanda se dispara y la oferta se reduce, los precios pueden subir de forma brusca. A veces es la propia lógica del mercado; pero en una emergencia, la gente no compra por comodidad, sino porque no tiene otra opción. Quien debe desplazarse por motivos médicos, laborales o porque ha sido evacuado, no puede esperar a que el mercado se reequilibre, necesita una respuesta inmediata.

En estos momentos, señorías, no hablamos de teoría económica; hablamos de personas que están asustadas, que no saben dónde dormirán esa noche o cómo llegarán a un hospital; personas que no pueden permitirse que un algoritmo decida que su necesidad vale el doble o el triple que unas horas antes. Por eso esta norma no fija precios de manera permanente ni interviene el mercado en condiciones normales. Lo que establece es algo razonable: mientras dure la emergencia, el precio no podrá superar el que se aplicaba antes de comenzar esta situación excepcional. Y aun así se permite subirlo si hay un aumento real de costes o si es necesario introducir nuevos servicios que ayuden a aliviar la situación. No se obliga a nadie a vender a pérdidas; se evita que haya subidas desproporcionadas en momentos críticos.

Este decreto, además, se suma a la reforma aprobada en noviembre de 2024 tras lo sucedido con la dana en Valencia, cuando vimos cómo determinados servicios con precios automatizados podían multiplicar sus tarifas en cuestión de minutos. Aquella modificación legal prohibió expresamente subidas abusivas en situaciones de emergencia, de protección civil, precisamente porque en estos contextos la persona consumidora actúa desde la urgencia, desde el riesgo o desde la necesidad. Una reforma que fue el primer paso para frenar prácticas que, aunque minoritarias, generaron una enorme sensación de indefensión.

El decreto ley que hoy debatimos amplía y completa ese marco. Si la reforma de 2024 actuaba sobre servicios con precios personalizados y dinámicos, esta norma establece un criterio general para todos los bienes y servicios esenciales cuando se declara formalmente una emergencia; un instrumento coherente con la experiencia reciente y con la necesidad de contar con reglas claras en momentos de tensión extraordinaria. Algunos sectores han expresado dudas y han recordado con razón que en muchas emergencias han actuado con responsabilidad y solidaridad.

Durante la pandemia, en incendios o inundaciones, muchas empresas pusieron recursos a disposición de las autoridades y de las personas afectadas, ofreciendo instalaciones, apoyo logístico e incluso servicios de manera gratuita, y esa colaboración también merece un reconocimiento. Pero esta norma no señala a nadie ni acusa a ningún sector, no está pensada contra nadie en particular; se aplica a todos los bienes y servicios y solo cuando el Gobierno declara formalmente una situación de emergencia. Precisamente por eso aporta seguridad a la ciudadanía, que sabrá que no pagará precios desorbitados en momentos límites, y a las empresas, que contarán con reglas claras, temporales y proporcionadas para actuar en circunstancias excepcionales.

También se ha planteado que las políticas de protección del consumidor deben construirse desde la cooperación con los sectores implicados. La regulación no debe generar desconfianza, sino seguridad jurídica; creo que este decreto ley va en esa dirección. No presume de comportamientos abusivos, pero sí prevé que puedan producirse en momentos de tensión extrema, y lo hace con criterios objetivos, verificables y limitados en el tiempo.

Jaun-andreok, merkatuarekiko konfiantza indartu egiten da herritarrek emergentzia egoeretan distortsioak saihesteko mekanismoak daudela dakitenean. Larrialdi baten garraio, ostatu edo funtsezko zerbitzu baterako eskuratzea ezin da soilik berehalako ahalmen ekonomikoaren mende egon. Ekitateak askatasun ekonomiarekin batera joan behar du zirkunstantziak apartekoak direnean. Errege lege-dekretu hau tresna zuhurra, zentzuzkoa, da neurrizko eta aparteko uneetarako pentsatuta. Merkatua egonkortzen du gehien behar denean. Ez du enpresa jarduera zigortzen, eta jarduera hori gizarte oreka eta konfiantzako esparru batean garatzea bermatzen du. Erantzukizunagatik, sen onagatik eta, batez ere, larrialdi baten aukeratu ezin dutenen pertsonekiko errespetuagatik, aldeko botoa emango dugu.

Señorías, la confianza en el mercado se fortalece cuando la ciudadanía sabe que existen mecanismos para evitar distorsiones en situaciones límite. En una emergencia, el acceso a un transporte, a un alojamiento o a un servicio esencial no puede depender exclusivamente de la capacidad económica inmediata. La equidad debe acompañar a la libertad económica cuando las circunstancias son excepcionales. Este real decreto ley es una herramienta prudente, proporcionada y pensada para momentos extraordinarios. Estabiliza el mercado cuando más falta hace, no penaliza la actividad empresarial y garantiza que esta se desarrolle en un marco de equilibrio y confianza social.

Por responsabilidad, por sentido común y por respeto a aquellas personas que durante una emergencia no pueden elegir, votaremos a favor.

Muchas gracias.

Mahaiburu andrea, ministro jauna, jaun-andreak, larrialdi bat dagoen bakoitzean izan dana bat, sute bat edo istripu larri bat edo beste edozein, jendearen onena eta oinarrizko beharrizanak negozio bihurtzen dituen sistema ekonomikoaren txarrena ikusten dugu. Izan ere, larrialdi batek jendearen bizitzan eragiten duenean, oso zehatza den zerbaitetan eragiten du: oinarrizko eskubideak eskuratzeko aukeran. Ostatu duinerako, horniduretarako funtsezko zerbitzuetarako edo mugikortasunerako eskubideak. Eta, une horietan, prezioek gora egiten badute, biderkatu egiten da. Dena ez da kostu ekonomikoa bakarrik, hori ere bai, noski. Baina gainera eta, batez ere, desberdintasuna da biderkatu egiten dena, egoera horiek ez baitiete pertsona guztiei berdin eragiten. Baliabide gutxien dituzten pertsonak, ahulenak, prekarietatean bizi direnak, horiek dira ondorioak gehien eta bortitzen pairatzen dituztenak. Norbere etxea utzi behar duten familiak, dena galdu duten pertsonak, pertsona txikituak beren gertukoenak galdu dituztelako, ingurukoei laguntzera joateko desesperatuta dauden pertsonak, horiek dira gehien galtzen dutenak. Eta egoera latz horretan, nola erantzuten du merkatuak? Garraioetan edo ostatuetan prezioak % 400 igoz. Besterik gabe, norbaitek erabaki duelako jendearen tragedia, mina, sufrimendua eta etsipena aprobetxatzea aukera ona dela mozkinak biderkatzeko, espekulatzeko. Jaunandreok, ezin da zitalago jokatu, doilorrago edo makurrago.

Señora presidenta, señorías, señor ministro, cada vez que nos enfrentamos a una emergencia, ya sea una dana, un incendio o un accidente grave, sale a relucir lo mejor de la gente y también lo peor de un sistema económico que convierte en negocio las necesidades básicas. Y es que cuando una emergencia afecta a la vida de la población, incide en algo muy concreto, como es la posibilidad de acceder a derechos fundamentales, ya sea el derecho a una vivienda digna, a suministros, a servicios esenciales o a la movilidad. Y si en ese momento los precios aumentan, lo que se multiplica no es solo el coste económico ―aunque también, por supuesto―, sino, sobre todo, la desigualdad ya que esas situaciones no afectan igual a todas las personas. Las que tienen menos recursos, las más vulnerables, las que viven en una situación de precariedad, son precisamente las que más sufren las consecuencias y las sufren de manera más violenta. Las familias que deben abandonar su hogar; las personas que lo han perdido todo; las personas destrozadas por haber perdido a sus allegadoa; las personas desesperadas por acudir en ayuda de quienes les rodea, esas son las que más sufren. Y, ante una situación tan dura, ¿cómo responde el mercado? Aumentando el precio del transporte o del alojamiento hasta un 400 %, sencillamente porque alguien ha decidido que la tragedia, el dolor, el sufrimiento y la desesperación de la gente se puede aprovechar porque es una buena oportunidad para multiplicar beneficios, para especular. Señorías, no existe un comportamiento más canalla, más miserable.

Como decía en euskera, ¿cómo responde el mercado a estas situaciones trágicas? Con precios que aumentan hasta en un 400 % en transportes o en alojamientos, simplemente porque alguien ha decidido que aprovechar la tragedia, el dolor, el sufrimiento y la desesperación de la gente es una buena oportunidad para multiplicar beneficios, para especular. Señorías, no se puede actuar de un modo más ruin, más mezquino, más miserable.

En este contexto, establecer mecanismos que impidan incrementos abusivos de precios en alojamientos, transporte u otros servicios esenciales no es una medida ideológica; es, sencillamente, una medida de protección social. En este sentido, el real decreto ley reconoce algo que durante años algunos han negado en esta Cámara: reconoce que el mercado no es neutral, que no es justo, que no se autorregula y que, cuando los poderes públicos no lo regulan, castiga a quienes menos tienen. Valoramos positivamente que se reconozca la necesidad de una intervención pública cuando el mercado genera distorsiones que ponen en riesgo el acceso equitativo a derechos básicos, porque, como ya hemos dicho, la experiencia demuestra que sin regulación las situaciones de emergencia pueden convertirse en escenarios de desigualdad aún mayor.

Evidentemente, estamos de acuerdo en que se limiten los precios abusivos en situaciones de emergencia. Es una cuestión de sentido común y de justicia social. Nadie debería poder enriquecerse a costa del sufrimiento ajeno. Por lo tanto, apoyaremos la convalidación del real decreto ley. Pero también debemos decir que la regulación no puede ser una herramienta que solo se activa cuando hay una emergencia excepcional, una catástrofe, porque, por desgracia, la emergencia está ahí todos los días. Hay familias que no pueden pagar el alquiler, aunque no haya una dana de por medio; porque hay jóvenes expulsados de sus pueblos por la turistificación permanente; porque hay personas que no pueden permitirse comer carne, pescado, fruta o verduras frescas y porque hay personas que no pueden calentarse en invierno. Por lo tanto, la cuestión no es si debemos intervenir en situaciones excepcionales, que por supuesto que debemos, la cuestión es por qué no intervenimos de forma estructural cuando los precios de la vivienda están subiendo sin control o cuando determinados sectores estratégicos funcionan como oligopolios.

Euskal Herria Bildu defiende y defenderá que los derechos sociales no pueden depender del ánimo del mercado. La vivienda, el alojamiento en situaciones críticas, la energía, el transporte o los alimentos son derechos básicos, y los derechos se garantizan con regulación, con un sector público fuerte y con límites claros al beneficio cuando este choca con la dignidad humana. Señorías de derechas, regular en defensa de la gente no es extremista, no es radical, pero sí lo es permitir que la desigualdad aumente exponencialmente en los momentos más vulnerables, mientras alguien hace negocio con la desesperación de quien lo ha perdido todo. Denle una vuelta, señorías.

Esaten ari nintzen moduan, eta amaitzeko, kontua ez da salbuespenezko egoeretan esku hartu behar den ala ez, jakina esku hartu behar dela. Galdera da ea zergatik ez dugun estrukturalki esku hartzen etxebizitzaren prezioak kontrolik gabe igotzen ari direnean edota hainbat sektore estrategiko oligopolio moduan jokatzen ari direnean.

Euskal Herria Bildun argi daukagu eskubide sozialek ezin dutela merkatuaren gorabeheren menpe egon. Etxebizitza, larrialdietarako aterpea, energia, garraioa eta elikagaiak oinarrizko eskubideak dira, eta araudi eraginkorrekin, sektore publiko sendo batekin eta irabazi asmoari muga argiak jarriz bermatu behar dira.

Eskuineko jaun-andreak pertsonak babesteko erregulatzea ez da muturrekoa, inondik ere. Muturrekoa eta onartezina dena da pertsona zaurgarrienen kontura negozioa egitea baimentzea. Besterik ez.

Mila esker.

Voy terminando. Como decía, el tema no es si intervenir o no en situaciones excepcionales, porque claro que hay que intervenir. La pregunta es por qué no intervenimos estructuralmente cuando los precios de la vivienda están aumentando sin control o cuando algunos sectores estratégicos están actuando como oligopolios.

En Euskal Herria Bildu lo tenemos claro, los derechos sociales no pueden estar sujetos a los vaivenes del mercado. La vivienda, el refugio de emergencia, la energía, el transporte o los alimentos son derechos básicos que deben garantizarse con normativas eficaces, un sector público sólido y poniendo límites claros al ánimo de lucro.

Señores de derechas, regular para proteger a las personas no es algo extremo; lo que es extremo e inaceptable es permitir hacer negocio a costa de las personas más vulnerables. Nada más.

Muchas gracias. (Aplausos).

Moltes gràcies, presidenta. Senyor ministre, és evident que en determinades situacions excepcionals es poden donar elements suficients per tal que algú aprofiti el patiment de les persones per obtenir uns beneficis exagerats. Per tant, cal disposar dels mecanismes necessaris per protegir la nostra societat de les situacions extremes? Sí, sense cap mena de dubte. Ara bé, aquest reial decret és el camí per encarar aquesta necessitat? Doncs no, també, sense cap mena de dubte. Amb tots els antecedents que tenim de la discrecionalitat amb què actua aquest Govern, amb totes les evidències de la seva manca d’ètica a l’hora de menystenir les altres forces polítiques, amb acusacions com les que hem vist avui que, fetes fora d’aquest hemicicle, correrien el risc d’acabar en el jutjat. Però ep! Després necessiten els nostres vots per poder fer prosperar les seves iniciatives. Quina llàstima! Deia, amb tots els incompliments sistemàtics dels acords polítics el que els governa arriba, vostès no poden pretendre venir avui aquí i que, sense més, els hi deleguem sense límit la capacitat d’intervenir al mercat. No poden pretendre que aquesta cambra els doti de tal poder sense que s’estableixi cap mecanisme de control ni límit temporal sobre el mateix. Li correspon a aquest Congrés desenvolupar i aprovar un sistema per intervenir el mercat en situacions excepcionals. No li correspon al Govern. I li correspon a aquest Congrés, perquè un sistema amb aquest impacte directe en els drets elementals dels ciutadans requereix del corresponent projecte de llei, amb la corresponent audiència pública, amb tots els actors implicats, el corresponent debat parlamentari i, evidentment, la corresponent participació de tots els grups parlamentaris. Pretendre obtenir la capacitat d’intervenir al mercat sense cap més límit que el que vostès es fixin, comprendrà que és agosarat. Fer-ho a través d’un reial decret llei i, per tant, amb una votació del tipus «o tot o res» és temerari, i més quan vostès saben que pels seus incompliments tenen la legislatura bloquejada, que no compten amb els nostres vots i que, per tant, estan abocats a perdre les votacions dels temes que porten aquí.

Perquè ja no és que vostès no tinguin una majoria absoluta, que no la tenen; ja no és que vostès pretenguin fer les seves polítiques cada dia més desesperades i més populistes, tirant pel dret sense més; ja no és que vostès puguin menystenir la resta de formacions polítiques com si estiguessin en possessió d’una superioritat moral o d’una veritat absoluta, com és típic de l’extrema dreta, i per tant, la nostra opinió no compta. És que aquest real decret llei està mancat dels elements més bàsics.

Vostès pretenen atribuir-se un poder il·limitat sense definir, per exemple, quins seran els factors objectius que permetran intervenir un mercat. Quin serà el control parlamentari sobre la decisió del Govern de fer aquesta intervenció? Com s’establirà la limitació en el temps de la intervenció? Com es donarà veu als sectors implicats de cada intervenció del mercat que vostès facin? Quina defensa tindran dret els ciutadans en cas d’abús del mecanisme d’intervenció del mercat? Res de tot això queda recollit en el reial decret llei i, per tant, si no hi és recollit, queda a la discrecionalitat del Govern.

I podríem seguir amb casos més concrets. Com queden resolts casos on la venda d’un bé o servei es fa per la via de la intermediació? Per exemple, com es gestionaria el cas de les agències de viatges, el preu del producte del qual venen, no les fixen elles, però sí que figuren com a venedores del mateix? Com podem estar segurs que vostès no intervindran al mercat en casos com el de la pujada del preu de l’oli d’oliva en el darrer episodi de sequera, perjudicant així els pagesos? Però encara n’hi ha més. En un moment en què vostès han intervingut el mercat de l’habitatge, aconseguint l’efecte contrari al que volien, en un moment en què vostès volen intervenir el mercat audiovisual per evitar que el ciutadà lliurement pugui consultar els mitjans que vulgui, en un moment en què vostès volen intervenir l’accés a les xarxes socials dels joves sense ni tan sols saber com tècnicament es pot fer això, en un moment en què vostès volen intervenir fins i tot allò que poden veure els joves, en un moment d’intervencionisme creixent de la vida dels ciutadans —m‌ és propi de Veneçuela que no pas d’un país europeu— com volen, i pretenen obtenir el suport per deixar-los la mà lliure i sense control per poder intervenir qualsevol bé o servei al seu lliure criteri?

Però vaig més enllà. Vostès s’embolcallen de l’excusa, per exemple, que la mobilitat dels ciutadans és un dret. Molt bé, hi estem absolutament d’acord. Però on és aquest mateix dret a la mobilitat dels ciutadans catalans, quan els socialistes i els seus socis provoquen el col·lapse de rodalies i interrompen el servei durant dies i dies? On és el dret a la mobilitat dels ciutadans quan les carreteres de l’Estat a Catalunya, com ara l’A-2, són més una pista de muntanya amb clots que no pas una via d’alta capacitat? On és el dret a la mobilitat digna quan, per culpa de la seva manca d’inversions en infraestructures a Catalunya, any rere any els catalans ens movem com si visquéssim en un país tercermundista? I la darrera de les reflexions: Per què la necessitat d’establir un mecanisme que doni poders il·limitats al Govern i de manera permanent, quan ja hi ha la possibilitat de fer-ho en situacions excepcionals? No ha resolt fins ara cadascuna de les situacions d’emergència que s’han produït? Vostè mateix, en la seva intervenció, ha explicat l’últim cas on van intervenir els preus dels hotels a la zona de l’accident ferroviari. Per tant, és evident que si els convé ja es pot fer, evidentment, limitat en el temps i sota el control d’aquesta cambra com avui, que vostè ha de portar aquest reial decret a convalidació.

Sense cap mena de dubte, per tant, estem davant d’un nou cas de populisme d’esquerres. Vostès aprofiten de la gent i el seu patiment per intentar treure’n un bon titular —‌òbviament, això mai falla— i, a més a més, controlar de més a prop allò que els ciutadans poden o no poden fer segons el seu lliure criteri en el dia a dia. Ja diuen que no hi ha res que s’assembli més a l’extrema esquerra, ai, a l’extrema dreta, com deia abans, que l’extrema esquerra. I prova d’això és que Donald Trump va aprovar també la possibilitat d’intervenir preus per la mateixa via que vostès volen utilitzar ara. La resposta judicial va ser contundent i el Tribunal Suprem americà va resoldre que Trump no tenia autoritat per fer aquesta intervenció de preus, perquè aquesta només era del Congrés americà. Com deia, els extrems es toquen uns i altres.

I acabo. En definitiva, estem d’acord en que hi hagi mecanismes per actuar en cas d’emergència? Sí, hi estem d’acord, però aquests s’han d’aprovar per la via del Congrés, amb la consulta pública corresponent i establint els mecanismes de control, de seguiment i de protecció de drets dels ciutadans, drets que aquest reial decret d’avui no només no contempla sinó que hi va en contra en voler donar poder il·limitat i sense control al Govern de l’Estat. Senyors del Govern, menys titulars i més treball parlamentari. I vagin en compte que de tant escorar-se a l’extrema esquerra i limitant els drets dels ciutadans, aviat costarà distingir-los de l’extrema dreta.

Muchas gracias, presidenta. Señor ministro, es evidente que en determinadas situaciones excepcionales se pueden dar elementos suficientes para que alguno se aproveche del sufrimiento de las personas para obtener unos beneficios exagerados. Por lo tanto, es preciso disponer de los mecanismos necesarios para proteger z nuestra sociedad de esas situaciones extremas, sin ninguna duda. Ahora bien, ¿este real decreto es el camino para afrontar esta necesidad? Pues no, también sin ningún tipo de duda. Con todos los antecedentes que tenemos de la discrecionalidad con la que actúa este Gobierno, con todas las evidencias de su falta de ética a la hora de menospreciar a las otras fuerzas políticas y con los debates que hemos visto hoy, que fuera de este hemiciclo, si se emitieran, acabarían en los juzgados ―aunque necesitan nuestros votos para poder aprobar sus iniciativas, qué lástima―, con todos los incumplimientos sistemáticos de los acuerdos políticos que lleva el Gobierno, ustedes no pueden pretender venir hoy aquí y que les deleguemos sin más, sin límites, la capacidad de intervenir en el mercado. No pueden pretender que esta Cámara les dote de tal poder sin que se establezca ningún mecanismo de control ni límite temporal sobre este. Le corresponde a este Congreso desarrollar y aprobar un sistema para intervenir el mercado en situaciones excepcionales. No le corresponde al Gobierno, le corresponde a este Congreso, porque un sistema con ese impacto directo sobre los derechos de los ciudadanos requiere un proyecto de ley con la correspondiente audiencia pública con todos los actores implicados, el correspondiente debate parlamentario y, evidentemente, la correspondiente participación de todos los grupos parlamentarios. Pretender obtener la capacidad de intervenir en el mercado sin ningún límite más que el que ustedes se fijen es abusivo. Hacerlo a través de un real decreto ley y, por tanto, con una votación del tipo «o todo o nada» es temerario, y más aún cuando saben que por sus incumplimientos tienen ustedes la legislatura bloqueada, que no cuentan con nuestros votos y que están abocados a perder las votaciones de los temas que nos traen aquí. Ya no es que ustedes no tengan una mayoría absoluta, que no la tienen; ya no es que ustedes pretendan hacer sus políticas cada día más desesperadas y más populistas, tirando de frente sin más; ya no es que ustedes puedan menospreciar al resto de formaciones políticas como si estuvieran en posesión de una superioridad moral o de una verdad absoluta, como es típico de la extrema derecha y, por lo tanto, nuestra opinión no cuenta; es que este real decreto ley es un decreto al que le faltan los elementos más básicos. Ustedes pretenden atribuirse un poder ilimitado, sin definir, por ejemplo, cuáles van a ser los factores objetivos que van a permitir intervenir un mercado y cuál va a ser el control parlamentario sobre la decisión del Gobierno a la hora de hacer esa intervención. ¿Cómo se va a establecer la limitación en el tiempo de dicha intervención? ¿Cómo se dará voz a los sectores implicados de cada intervención del mercado que ustedes vayan a hacer? ¿A qué tendrán derecho los ciudadanos en caso de abuso del mecanismo de intervención del mercado? Nada de todo eso se recoge en el real decreto ley. Por lo tanto, si no se recoge, queda a la discrecionalidad del Gobierno. Y podríamos seguir con casos más concretos: ¿cómo quedan resueltos casos donde la venta de un bien o servicio se hace por la vía de la intermediación, por ejemplo? ¿Cómo se gestionaría, en el caso de las agencias de viajes, el precio del producto que venden, que no lo pueden fijar, pero del que ellos se van a beneficiar? ¿Cómo podemos estar seguros de que no van a intervenir ustedes en el caso de la subida del precio del aceite de oliva, como cuando hubo la sequía, perjudicando a los agricultores? Y aún hay más, ya que eso es en un momento en el que ustedes han intervenido en el mercado de la vivienda, consiguiendo el efecto contrario al que querían; en un momento en el que quieren intervenir el mercado audiovisual para evitar que el ciudadano libremente pueda consultar los medios que quiera; en un momento en el que ustedes quieren intervenir en acceso a las redes sociales de los jóvenes sin ni tan siquiera saber cómo se puede hacer eso a nivel técnico; en un momento en el que ustedes quieren intervenir, incluso, lo que pueden ver los jóvenes. Es decir, en un momento de intervencionismo creciente de la vida de los ciudadanos, que es más propio de Venezuela que de un país europeo. ¿Cómo quieren y pretenden ustedes obtener nuestro apoyo para dejarles manga ancha para poder intervenir cualquier bien o servicio a su libre criterio? Voy a ir más allá. Ustedes se dotan de la excusa de que la movilidad de los ciudadanos es un derecho. Muy bien, estamos totalmente de acuerdo ahí. Pero ¿dónde está ese mismo derecho a la movilidad de los ciudadanos catalanes cuando los socialistas y sus socios provocan el colapso de rodalies, interviniendo el servicio durante días y días? ¿Dónde está el derecho a la movilidad de los ciudadanos cuando las carreteras del Estado en Cataluña, como la A-2, son más una pista de montaña llena de baches que una vía digna? ¿Dónde está el derecho a la vida digna cuando, por la falta de inversión en infraestructuras en Cataluña año tras año, los ciudadanos nos movemos como si viviéramos en un país tercermundista? Y la última de las reflexiones, ¿por qué esa necesidad de establecer un mecanismo que dé poderes ilimitados al Gobierno y de forma permanente, cuando ya existe la posibilidad de hacerlo en situaciones excepcionales? ¿No se han resuelto hasta ahora cada una de las situaciones de emergencia que se han producido? Usted mismo en su intervención ha hablado del último caso donde intervinieron los precios de los hoteles en el caso del accidente ferroviario. Por lo tanto, es evidente que si les conviene se puede hacer; claro, limitado en el tiempo y bajo el control de esta Cámara, como ha traído usted aquí este real decreto a convalidación.

Sin ningún tipo de duda, por lo tanto, nos hallamos ante un nuevo caso de populismo de izquierdas. Ustedes se aprovechan de la gente y de su sufrimiento para intentar buscar un buen titular. Eso, obviamente, nunca falla. Y luego, además, quieren controlar más de cerca aquello que los ciudadanos pueden o no pueden hacer, según su libre albedrío, en el día a día. Ya dicen que no hay nada que se parezca más a la extrema derecha ―como decía antes― que la extrema izquierda. Y prueba de ello es que Donald Trump también aprobó la posibilidad de intervenir los precios por esa misma vía que ustedes quieren utilizar ahora. La respuesta judicial fue contundente y el Tribunal Supremo americano resolvió que Trump no tenía autoridad para hacer esa intervención de precios, porque eso era una competencia del Congreso. Como decía, los extremos se tocan unos y otros.

Acabo. En definitiva, estamos de acuerdo en que haya mecanismos para actuar en caso de emergencia. Sí, estamos de acuerdo ahí; pero estos tienen que aprobarse por la vía del Congreso, con la consulta pública correspondiente y estableciendo los mecanismos de control, de seguimiento y de protección de los derechos de los ciudadanos, derechos que este Real Decreto que nos traen hoy no solo no contempla, sino que además va en contra al querer otorgar un poder ilimitado y sin control al Gobierno del Estado.

Señores del Gobierno, menos titulares y más trabajo parlamentario. Y tengan cuidado porque, de tanto limitar los derechos de los ciudadanos y acercándose a la extrema derecha, va a ser muy difícil distinguirles de esa extrema derecha.

Gràcies, presidenta. Bona tarda. Ja abans de començar, faré una prèvia. Senyora Crespín, abans els he dit al Partit Popular: Són quaranta-vuit les víctimes dels accidents ferroviaris, quaranta-vuit, quaranta-set Ademuz, un a Gelida. Facin el favor, si us plau, de no deixar-se les víctimes, perquè trobo que, com a partits grans que són de govern, és una falta de respecte total. Ahir ho va fer el senyor Feijóo, avui a la seva declaració, a la seva intervenció ho ha fet la senyora Crespín. Crec que no es mereix. El reial decret llei 4/2026 és una de les poques normes d’aquesta legislatura —p‌ arlaré totalment en sentit contrari del que he sentit ara en aquesta última intervenció— que defensa els usuaris del ferrocarril i, a més, ho fa intervenint el mercat i modificant la Llei general per a la defensa dels consumidors. L’Estat no pot ser un simple espectador quan el mercat, lluny de regular-se, aprofita les tragèdies per lucrar-se de manera abusiva. Però, senyories del PSOE, això no hauria de ser una mesura excepcional. Davant abusos recurrents del mercat, no només en el transport, cal actuar amb més valentia i de manera sistemàtica. L’accident ferroviari d’Ademuz ha estat el mirall d’una realitat insuportable. Mentre la ciutadania patia una infraestructura deficient i col·lapsada, alguns operadors apugen preus de forma desproporcionada, restringint de facto el dret a la lliure circulació, però —‌ojo— no restringixen el dret de la lliure circulació. Només el restringixen a aquella gent que no es pot permetre pagar els bitllets abusius. Per això, avui, qui es pot pagar aquests bitllets abusius, troben que vostès fan una cosa descomunal, una cosa súper mal feta, perquè com que ells ho poden pagar i els seus votants, molts d’ells, són els socis que apujaran els preus, doncs, ho troben bé, que puguin apujar el preu. Però el que sí que està clar és que la classe treballadora necessita que, si un tren avui no pot sortir, l’avió no pot valdre deu vegades més que el que valia la setmana passada. Els drets fonamentals no poden dependre de la llei de l’oferta i la demanda en moments de crisi. I no és la primera vegada que ho veiem, com alguns aprofiten les dificultats per fer negoci. Per exemple…

Gracias, presidenta. Buenas tardes ya. Antes de empezar, voy a hacer una previa, señora Crespín. Antes ha dicho el Grupo Popular: Son 48 las víctimas de los accidentes ferroviarios; 48: o sea, 47 en Adamuz y 1 en Gelida. Por favor, hagan el favor de no fijarse en eso, porque entiendo que como partidos grandes de Gobierno es una falta de respeto total. Ayer lo hizo el señor Feijóo y hoy en su intervención lo ha hecho la señora Crespín. Yo creo que no se lo merecen. El real decreto 4/2026 es una de las pocas normas de esta legislatura ―hablaré en el sentido contrario de lo que he escuchado en esta última intervención― que defiende a los usuarios del ferrocarril, y además lo hace interviniendo el mercado y modificando la Ley General de Defensa de los Consumidores. El Estado no puede ser un simple espectador cuando el este, fuera de autorregularse, aprovecha las tragedias para lucrarse de forma abusiva. Pero, señorías del PSOE, esto no tendría que ser una medida excepcional. Ante abusos recurrentes del mercado ―no solo en el transporte― es preciso actuar con más valentía y de forma sistemática. (Rumores). El accidente ferroviario de Adamuz ha sido el espejo de una realidad insoportable. Mientras la ciudadanía sufría una infraestructura deficiente y colapsada, algunos operadores suben precios de forma desproporcionada, restringiendo de hecho el derecho a la libre circulación. Pero, ojo, no restringen el derecho a la libre circulación, solo lo limitan a aquellas personas que no se pueden permitir pagar los billetes abusivos. Por eso hoy, quien se puede pagar esos billetes abusivos, encuentra que ustedes lo que están haciendo es algo descomunal, algo muy mal hecho. Porque como se lo pueden pagar ―y sus votantes, muchos de ellos, son los socios que van a subir los precios―, pues les parece bien que se pueda subir el precio. Pero lo que sí que está claro es algo que hace falta: que si un tren hoy no puede salir, el avión no puede valer mucho más de lo que valía la semana anterior. Y los derechos fundamentales no pueden depender de la ley de la oferta y la demanda en momentos de crisis. No es la primera vez que nos encontramos que unos aprovechan esas dificultades para hacer negocio. (Rumores).

Gràcies, presidenta. Sembla que no els interessa gaire que la classe treballadora pugui accedir a transports o a vivendes. Després de la dana de València del 2024, els preus de l’habitatge als municipis afectats es van disparar fins a un 18,8 per cent la compra i fins a un 14,7 per cent del lloguer. No es pot ser més miserable. Moltes famílies van haver de recórrer a lloguers temporals o turístics per continuar vivint als seus pobles, assumint quotes de més de 1200 euros mensuals. I aquests preus, ministre, no sorgeixen de manera innocent ni màgica. Darrere hi ha especuladors, amb noms i cognoms que aprofiten la vulnerabilitat de les persones. Hauria calgut la intervenció valenta i tenir desplegada la llei per acabar amb els abusos dels lloguers de temporada també. És urgent oferir a la ciutadania, especialment a la classe treballadora, en matèria de regulació de preus. Un govern que no protegeix els seus consumidors quan el sector privat infla marges i encareix béns essencials, com també ho són l’energia, l’alimentació o les matèries primes, no és un govern útil. Cal intervenir més en aquesta direcció i no els compraré que el pobre pagès perdrà diners si s’apuja el preu de l’oli, perquè el pagès ja no pot sobreviure. El pagès és el més vulnerable, és el que necessita també l’ajuda. És el que necessita moltes de les coses. Sí, senyor Cruset, no cal que faci gestos, que després farà un tuit i ho arreglarà tot, que és la seva mesura. Cal intervenir més sovint en aquesta direcció, ministre. I permeteu-me, permeti’m lligar-ho amb els debats fiscals. Sovint es rebutja una fiscalitat més justa per a grans empreses o activitats contaminants amb l’argument que això encarirà els preus. Aquest mantra s’ha de desmuntar. Moltes vegades, no és cert i en tot cas depèn de com dissenyem les polítiques. Regular els mercats, delimitar marges en temps de crisi és fer política útil per a la classe treballadora, especialment a Catalunya, on el cost de la vida és més alt i calen eines que ho reconeguin, com per exemple un sou mínim interprofessional propi. I acabo. Donem suport a aquest reial decret per tres motius. Un, per protegir la ciutadania davant dels abusos de les grans empreses i dels especuladors. Dos, per garantir la justícia social i l’equitat. Ningú no pot lucrar-se amb la vulnerabilitat. No hi ha res que sigui més repugnant que lucrar-se quan una altra persona pateix. I tres, exigir la responsabilitat dels operadors en situacions de risc. És el moment de demostrar que l’estat del benestar és una eina real per protegir la gent i garantir l’accés als serveis essencials. I ho fem per dignitat, per justícia i per defensar el dret també a la mobilitat de totes aquelles persones que, per causa d’un accident, avui han de pagar unes tarifes altíssimes si volen desplaçar-se. I esperem que aquest no sigui un pedaç puntual, sinó el primer pas d’un camí sostingut que posi definitivament els drets de les persones al centre de la política, no els drets de qui més té per damunt del més vulnerable.

Moltes gràcies.

Gracias, señora presidenta. Parece que no les interesa que la clase trabajadora pueda acceder a transportes o viviendas. Después de la dana de Valencia de 2024, los precios de la vivienda en los municipios afectados se dispararon: hasta un 18,8 % la cesta de la compra, un 14,7 % la compra y un 14 % los alquileres. Tuvieron que recurrir a alquileres turísticos o temporales para poder vivir en sus pueblos, asumiendo cuotas de más de 1200 euros mensuales. Esos precios, ministro, no salen de forma mágica o inocente. Detrás de ellos hay especuladores con nombres y apellidos que aprovechan la vulnerabilidad de las personas y habría hecho falta la intervención valiente y tener desplegada esa ley para poder acabar con los abusos de los alquileres de temporada. También es urgente ofrecer ayuda a la ciudadanía ―sobre todo a la clase trabajadora― en materia de regulación de precios. Un Gobierno que no protege a los consumidores cuando el sector privado infla los precios y encarece bienes esenciales ―como son la alimentación, la energía y los productos básicos― no es útil. Hay que intervenir todavía más en esta dirección. Y no les voy a comprar que el pobre agricultor va a perder dinero si se sube el precio del aceite, porque el pobre agricultor ya no puede sobrevivir. Es el más vulnerable, el que más necesita la ayuda, es el que necesita muchas de esas cosas. Sí, señor Cruset, no hace falta que gesticule, porque luego hará un tuit y lo va a arreglar todo. Hace falta intervenir más a menudo en esta dirección, ministro, y permítanme vincularlo a los debates fiscales. Muchas veces hemos visto una fiscalidad más justa para grandes empresas y se ha dicho que no se podía hacer porque eso encarecería los precios. Este argumento hay que desmontarlo, porque muchas veces no es cierto y en muchas ocasiones depende de cómo se diseñen las políticas. Regular los mercados en tiempos de crisis es hacer política útil para la clase trabajadora, especialmente en Cataluña, donde el coste de la vida es más alto, y hacen falta herramientas que lo reconozcan, como por ejemplo un sueldo mínimo interprofesional propio. Acabo. Damos apoyo a este real decreto por tres razones. Una, para proteger a la ciudadanía ante abusos de las grandes empresas y de los especuladores. Dos, para garantizar la justicia social y la equidad. Nadie puede lucrarse con la vulnerabilidad; no hay nada que sea más repugnante que lucrarse cuando otra persona sufre. Y tres, exigir la responsabilidad de los operadores en situaciones de riesgo. Es el momento de demostrar que el estado del bienestar es una herramienta auténtica para proteger a las personas y para garantizar el acceso a los servicios esenciales. Lo hacemos por dignidad, por justicia y para defender también el derecho a la movilidad de todas las personas que por causa de un accidente hoy en día tienen que pagar unas tarifas altísimas si quieren desplazarse. Esperamos que esto no sea una situación puntual, sino un paso en la vía de un camino sostenido que ponga en el centro los derechos de las personas ―en el centro de la política― y no los derechos de los que creen que están por encima del más vulnerable. Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, presidenta. Señor ministro, señorías, el pasado 18 de enero España se detuvo. El accidente de Adamuz fue un golpe directo al corazón de nuestro país, y ante una tragedia así lo primero es lo primero: memoria, respeto y justicia para todas las víctimas. Desde esta tribuna quiero que se oiga alto y claro también todo nuestro reconocimiento a esos hombres y mujeres que trabajaron sin descanso, sin horas, en las labores de auxilio. Pero el respeto no se demuestra solo con palabras o con minutos de silencio. El respeto se demuestra también protegiendo a la gente. Este Gobierno, con este real decreto, está comprometido con evitar que tras el dolor del accidente los ciudadanos sufran un segundo golpe: el zarpazo de un mercado sin alma y sin control. (Aplausos).

Es profundamente doloroso constatar que, mientras el país contenía el aliento, los sistemas automatizados de precios detectaban la interrupción de las conexiones ferroviarias y aumentaban exponencialmente el precio de los billetes en rutas alternativas. Vimos con indignación cómo en apenas unas horas billetes de avión que rondaban los 50 euros pasaron, en algunos casos, a más de 300. Es ahí donde el Estado debe de intervenir, no por afán regulatorio, sino por una cuestión de decencia democrática. Este real decreto ley nace para que la vulnerabilidad de un ciudadano no sea nunca el nicho de mercado de nadie; porque el derecho a la movilidad en momentos de crisis, el acceder a los servicios y a los bienes no puede depender del tamaño de una cartera, de cómo de grande es una cuenta bancaria, ni de la capacidad de pago de un ciudadano frente a un algoritmo diseñado, en muchos casos, para la especulación.

Señorías, no estamos ante una norma improvisada, como alguna gente ha querido señalar hoy aquí. Lo que hoy introducimos cuenta con rigor técnico; con un rigor, además, impecable, para evitar prácticas que, en muchos casos, rozan la usura en momentos de necesidad extrema.

Señorías, esta modificación no es una declaración de intenciones; es un blindaje en tres ejes: en primer lugar, fijar un límite real frente al abuso fijando un precio máximo, el establecido en los treinta días anteriores a la catástrofe, para que así acabemos con el intento de inventar tarifas y exprimir el miedo de la gente. En segundo lugar, cerramos la puerta a las excusas. Para aquellos servicios estacionales, la referencia será la del mismo periodo del año anterior teniendo en cuenta la actualización del IPC. Y, por último, dotamos a esta norma de eficacia inmediata, para que la garantía sea tangible, para que cuando se detecte algún tipo de incumplimiento la ciudadanía pueda recibir el reembolso de todo lo que se ha cobrado de más de una manera rápida e inmediata. Porque una protección que tarda años en llegar no es justicia y con este real decreto la garantía es inmediata.

También quiero ser muy claro: esta norma es justa y equilibrada. Si un operador determinado, por prestar servicios, acredita que sus costes operativos han aumentado, podrá repercutirlos en el precio siempre y cuando no aumente sus márgenes de beneficio. Lo que prohibimos es que ese aumento sirva para engrosar los balances. Evidentemente, no cuestionamos la actividad económica; solo ponemos freno a la ventaja injusta y a la falta de ética en situaciones de fuerza mayor.

Señorías del Grupo Popular, hoy, de nuevo, tienen la oportunidad con este real decreto y con los anteriores de definir cuál es su modelo de país con su decisión sobre lo que van a votar. ¿Van a votar a favor o van a votar en contra, como hicieron con el impuesto a la banca o, evidentemente, cuando se impusieron los gravámenes a los grandes beneficios de las eléctricas que tanta pupa hacían en las facturas de muchos ciudadanos de nuestro país que no las podían pagar? (Aplausos).

Hemos escuchado a sus socios, a los ultras de VOX, al señor Flores, decir que esto le parecía un cuento; que proteger a la ciudadanía cuando más lo necesitaba era un cuento e iba contra el libre mercado. Me gustaría que se aclarara un poco y pensara si es un cuento que un trabajador que quiera volver a su casa después de un accidente no pueda hacerlo y que por un determinado algoritmo tenga que pagar 300 euros más y el Estado no haga nada. Evidentemente, igual para usted es un cuento y se lo puede permitir, pero para mucha gente es la diferencia entre poder hacerlo o no poder hacerlo. (Aplausos).

Su historial en esta Cámara es sencillamente desolador. Siempre que este Gobierno ha pedido un esfuerzo, ustedes se posicionan con los mismos, con los que más tienen, con los que más ganan y, evidentemente, nunca lo hacen con los que lo están pasando mal. Ustedes siempre defienden a los privilegiados. Tengan hoy la valentía de aclarar cuál es su prioridad, si es el bienestar de la ciudadanía que nos escucha o es el de aquellos que quieren hacer caja únicamente con la emergencia. Porque ser patriota no es gritar más fuerte, no es ponerse una pulsera con una bandera. Ser patriota es defender a la ciudadanía en los momentos más duros y cuando hay una vulnerabilidad.

Conocemos bien su enfoque porque lo demuestran allá donde gobiernan o cogobiernan con los ultras de VOX. Por ejemplo, como han hecho en mi tierra, en Castilla y León. Allí, su respuesta siempre ha sido la misma: favorecer la especulación, como ocurre en materia de vivienda. Ustedes se niegan a aplicar la ley de vivienda, permiten que fondos buitre se queden con numerosas viviendas y, evidentemente, que los precios desmedidos en muchas ciudades hagan que mucha gente no pueda acceder a una vivienda digna. Este es su modelo: un mercado sin reglas y sin humanidad. Por eso, ese modelo de especulación y desamparo va a tener un fin y un límite el próximo día 15 de marzo. Los ciudadanos vamos a decidir en Castilla y León qué queremos, si recortes en servicios públicos, en sanidad, en educación y en servicios sociales, o queremos avanzar con una financiación digna centrada en las personas, con un objetivo claro: que nadie se quede atrás, como ha demostrado siempre el Gobierno de España. (Aplausos).

Ustedes, señorías, ofrecen libertad únicamente para el que abusa. Nosotros ofrecemos seguridad para el que lo padece. Señorías, legislar es priorizar y este Gobierno prioriza la seguridad de las personas ante una vulnerabilidad. Hoy les pido altura de miras, que decidan si están con la gente o prefieren dar cobertura a quienes pretenden hacer negocio con la tragedia. Nosotros no hemos venido aquí para ser meros espectadores. Hemos venido aquí para cambiar las leyes y para garantizar que las mismas rompen con todas las injusticias.

Hoy tendrán que hacer una reflexión, al igual que les han pedido en los reales decretos anteriores. Hoy tienen que decidir si quieren perjudicar a la gente, porque quien pierde no es el Gobierno; quien pierde es la ciudadanía, especialmente la más vulnerable.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Estamos ante la convalidación de un real decreto que surge como consecuencia del accidente ferroviario hace más de un mes, lo que ha conllevado que, al estar cerradas las vías, se incrementara el precio de otros medios de transporte. En ese momento, nosotros ya propusimos alternativas para facilitar la movilidad sin aumentar los precios, señorías. El diputado de SUMAR ha subido a esta tribuna y ha presumido de que a este Gobierno no le compra nadie. ¿No le compra nadie? Aldama, la trama de hidrocarburos, Air Europa… ¿No le compra nadie? (Aplausos). Recuerde usted: limitación de precios de las mascarillas en pandemia. ¿Y quién se lo llevó? Ábalos, Cerdán, Koldo. ¿Quién se lo llevó? Las juergas en los paradores, mientras la gente moría. Recuerde, recuerde... (Aplausos). Pero, ministro, vamos a analizar este real decreto ley. Mire, en el artículo 20.1c) de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios ya se preveía la limitación de precios en contextos de urgencia, riesgo o necesidad, según el Sistema Nacional de Protección Civil. ¿Y qué hacen ustedes? Llegan, suprimen parte de un párrafo de ese artículo 20 e introducen el artículo 20 ter. ¿Y qué hacen con ese artículo 20 ter? Dicen que, ante situación de emergencia, fuerza mayor y ―abro comillas― «otras circunstancias sobrevenidas no imputables a las personas usuarias y que alteren la situación de oferta y demanda de forma excepcional, que se determinen en cada caso mediante Acuerdo del Consejo de Ministros» ―cierro comillas―. Inquietante, ministro, porque esto les da vía para fijar precios en cualquier momento. Ustedes decidirán el principio y el fin, los bienes y servicios afectados. Parece un despropósito, ministro. ¿No le parece muy amplio el campo de aplicación? ¿Qué son para ustedes las circunstancias sobrevenidas? ¿A quién se limitan? ¿A todos los sectores? ¿Por regiones? ¿Se limitan a una provincia? ¿Cómo fluctúa el mercado en la provincia limítrofe? ¿Cómo se comportan los mercados? ¿Lo ha previsto? Por su cara veo que no. (Aplausos). ¿Por qué no ha pensado usted, ante estas situaciones, limitar las subidas de cotizaciones, de costes salariales y de impuestos a las pymes y a los autónomos? Eso no; eso no les gusta a ustedes. Pueden regular mecanismos para fijación de precios, pero con más disimulo, ministro, rigurosamente acotados, motivados y limitados en el tiempo. En la exposición de motivos hablan de la utilización eficaz del real decreto. ¡Hay que tener valor, ministro, pero mucho! Lo saben ustedes y sus socios: abusan del real decreto, en este caso, del permitido en el artículo 86 de la Constitución española. No pueden tomar decisiones a capricho. La arbitrariedad no tiene cabida dentro de un ordenamiento jurídico democrático, sino que más bien se liga a regímenes no democráticos, que es adonde nos quieren llevar. Pero no les vamos a dejar. Entiendo, ministro, que tiene usted analizadas las consecuencias que en una economía pueden conllevar las limitaciones de precios, porque, en un primer momento, parecen un alivio inmediato para los consumidores, pero en un medio y largo plazo, ¿qué pasa? ¿Lo sabe, ministro? La oferta se contrae, escasean los productos, se desincentiva la inversión, se deteriora la calidad de los productos y, lo que es peor, aparecen los mercados negros y se incrementa considerablemente el precio de los productos. Consiguen ustedes justo lo contrario, ministro. Si pasamos al cálculo del precio de referencia, ¿cómo lo ha calculado? No nos ha traído usted ningún ejemplo didáctico ni lo ha presentado usted con tantos asesores. ¿No se lo han calculado? Si es que es imposible, ministro. Es que no hay quien entienda de dónde sacan ustedes el precio de referencia. ¿Han contado ustedes con algún organismo independiente? ¿Con la AIReF, la CNMC, la AICA, en el caso de alimentos? ¿Con quién han contado? Con nadie, puesto que carece de todo sentido. No lo tienen claro ni ustedes. ¿Sabe por qué? Porque no contemplan las circunstancias del operador, la situación geográfica, los canales de distribución, las campañas de descuento, las propias rebajas de verano y de invierno. ¿Cómo pretende usted calcular un precio medio sin tener en cuenta esas variables? Ministro, por favor... (Aplausos).

Es preocupante para la economía española estar bajo su Gobierno: todos los martes, veintidós ministros alrededor de una mesa experimentando con reales decretos y con los españoles y su economía. (Aplausos). Es preocupante, ministro. Dígale usted a un autónomo, a una pyme, a quienes tienen explotaciones en el medio rural que les limita usted el precio. Aún más, dígale que tiene que trabajar a pérdidas, a ver quién lo hace y por cuánto tiempo. ¿Lo ha pensado usted, ministro? No lo ha pensado. En lugar de practicar su intervencionismo, ministro, aconseje usted a sus socios de gobierno eliminar el gasto improductivo que resta recursos a familias y empresas. Usted es cómplice de todo ese despilfarro, ministro. ¿Y han consultado a Europa? No contestan. No han consultado, porque este real decreto vulnera el derecho europeo. La directiva de servicios es muy clara: exige que el Estado evalúe el impacto de la restricción, motive su necesidad, justifique la proporcionalidad, y no consta en este real decreto análisis económico detallado, lo que incide en su incumplimiento.

Ministro, en los últimos días he leído que presume usted de una frase: no se va a dejar solo a nadie. Han dejado usted y sus socios de gobierno solos a todos los españoles reiteradamente. Cuanto más tarde se corrija todo lo que están destruyendo, más costoso será recuperar el pulso económico de España, y usted, señor Bustinduy, será partícipe de la catástrofe económica de España.

Muchas gracias. (Varias señoras y señores diputados: ¡Muy bien!―Aplausos).