Real Decreto-ley 3/2026, de 3 de febrero, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia de Seguridad Social.

Muchas gracias, presidente.

Buenos días, señorías. Comparezco ante este Pleno para solicitar el apoyo para la convalidación del Real Decreto 3/2026, publicado el pasado 4 de febrero en el Boletín Oficial del Estado, relativo a la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia de Seguridad Social; una medida trascendental, que afecta directamente al bienestar, a la seguridad económica de millones de personas y que por segunda vez el Gobierno somete a su convalidación en esta Cámara. Este real decreto ley tiene un objetivo claro: asegurar que las pensiones mantengan su valor real y que quienes han contribuido durante toda su vida dispongan de estabilidad y certidumbre. Es justo destacar que el gran logro y determinación del Gobierno de España en estos últimos años ha tenido como fin proteger el poder adquisitivo de todos los pensionistas, incluso en un porcentaje aún mayor cuando hablamos de prestaciones de menor cuantía. Nuestra Constitución impone a los poderes públicos proteger los estados de necesidad de la ciudadanía a través de prestaciones suficientes, y esa suficiencia actúa como garantía de la dignidad de la persona para que aseguremos su nivel de vida adecuado a las necesidades que la sociedad promueve, establecido también en la Carta Social Europea. La actualización de las pensiones conforme al IPC es un derecho —‌y digo bien, es un derecho— que garantiza la dignidad y el poder adquisitivo de los mayores. Y es también un compromiso inquebrantable del Gobierno con quienes contribuyeron al sistema de Seguridad Social para que no pierdan capacidad ni de compra ni de ahorro. Y me dirijo especialmente a los jóvenes. Esto de las pensiones no va solo de personas mayores que cobran una pensión gracias a su esfuerzo. Esto también va de fortalecer el sistema público de Seguridad Social para que las siguientes generaciones encuentren al menos la misma protección que hoy en día existe. En estos años hemos vivido crisis financieras, pandemias, desastres climáticos como en la dana, y en todas esas situaciones el Gobierno y el sistema público de Seguridad Social han estado ahí, ofreciendo protección y dando certidumbre a pensionistas, a trabajadores, a autónomos y también a quienes perciben el ingreso mínimo vital, con pensiones y con prestaciones por ERTE o por cese de actividad. Y por eso estamos hoy aquí, señorías: para aprobar la revalorización de las pensiones y la cobertura de todo el sistema de protección público, para mostrar un compromiso colectivo con quienes han dedicado toda una vida al trabajo y, de manera muy particular, estamos aquí para decirles a las personas que están en situación de mayor vulnerabilidad económica, beneficiarias de pensiones mínimas y no contributivas, decirles claramente que pueden contar con este Gobierno de progreso que cumple con las recomendaciones del Pacto de Toledo y con toda la legislación que lo desarrolla.

La fórmula de revalorización que se fija en la ley es más justa como mecanismo corrector ante la desviación de los precios, ya que no se trata de una previsión del incremento de precios como ocurría hace años, sino de un IPC real; es decir, con base en una evolución de los precios que ya se ha producido, que se ha constatado y que se ha medido. Ya no se toma en consideración la evolución de los precios que se espera, sino que se toma en consideración la evolución de los precios ya sucedida, con lo que el IPC de referencia para revalorizar pensiones no es el dato de un mes concreto ―como anteriormente lo era el IPC interanual de noviembre―, sino la media de los últimos doce meses, noviembre del año corriente sobre diciembre del año anterior.

De acuerdo con lo señalado, resulta para este año una revalorización del 2,7 % para cerca de 13 millones de pensiones y prestaciones. Entre ellos se encuentran los perceptores de pensiones contributivas y no contributivas, las clases pasivas y los hogares a los que alcanza el ingreso mínimo vital. Por cierto, no puedo evitar referirme a que el Partido Popular, allí donde gobierna, ha dejado de destinar 600 millones de euros a las rentas mínimas. Por eso, el ingreso mínimo vital está evitando que haya mucha población que caiga en la pobreza, así como beneficiando también a quienes tengan reconocida la asignación por hijo a cargo con discapacidad igual o superior al 65 %.

La revalorización supone aproximadamente 570 euros adicionales al año para las personas que tengan una pensión media de jubilación, mientras que el resto de las pensiones medias aumentan en torno a 500 euros al año. Este incremento beneficiará a los 9,4 millones de personas que reciben más de 10,4 millones de pensiones contributivas, además de a las 734 900 pensiones del régimen de clases pasivas del Estado. También el complemento para reducir la brecha de género se revaloriza un 2,7 % sobre la cuantía reconocida en 2025.

Y, en cuanto a los colectivos más vulnerables, los perceptores de pensiones mínimas no contributivas —‌entre los que está el colectivo que percibe el ingreso mínimo vital—, el Gobierno también ha acordado mantener su incremento de acuerdo con la importante reforma del Real Decreto Ley 2/2023, y con base también en la recomendación 15 del Pacto de Toledo y que se está aplicando desde el 1 de enero pasado. Concretamente, las mínimas suben más del 7 % en 2026, y este porcentaje es mayor para pensiones con cónyuge a cargo o de viudedad y cargas familiares, que aumentarán un 11,4 %. Las no contributivas y el ingreso mínimo vital también se revalorizan un 11,4 %.

Para quienes se estén preguntando qué ocurre con las cotizaciones, permítanme recordarles que la recomendación 5 del Pacto de Toledo nos insta a una adecuación de las bases de cotización, que es lo que hace el Gobierno en las últimas reformas. Las bases mínimas de cotización alcanzaron el mismo porcentaje que el salario mínimo interprofesional, incrementado en un sexto. En este punto quiero destacar también el acuerdo alcanzado la semana pasada con los sindicatos para la subida del salario mínimo interprofesional en nada menos que un 3,1 % respecto al 2025. Es un éxito de país mirar a junio del 2018, fecha en la que se inició la primera legislatura del presidente Pedro Sánchez, para darnos cuenta de que el SMI ha subido un 66 % hasta el día de hoy. Un dato que ha hecho ganar más a quienes tienen salarios más bajos y que no ha impedido que hoy estemos liderando el crecimiento de la Unión Europea y, por segundo año consecutivo, liderando el crecimiento de las economías avanzadas, con un récord de 22 millones de personas trabajando en España. Con respecto a las bases máximas de cada categoría profesional, incluido el tope máximo, les informo que se fija en 5101,20 euros mensuales.

Este real decreto ley también contiene otras medidas que tienen un fuerte impacto en el sistema, y les indico brevemente cuáles son. Tras la oleada de incendios que consumió el noroeste de España en el mes de agosto del año pasado, y precisamente para permitir que agentes forestales y medioambientales al servicio de las Administraciones públicas tengan una retirada anticipada de la vida activa debido a la especial peligrosidad de su trabajo, aprobamos el pasado mes de octubre la posibilidad de aplicar coeficientes reductores a su edad de jubilación. En estos supuestos, lógicamente, para mantener el equilibrio financiero del sistema de Seguridad Social, se exige la necesidad de que tanto empresas como trabajadores realicen una cotización adicional.

Por otra parte, y tras la aprobación de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas en 2025, se actualiza la tarifa de primas para la cotización de contingencias profesionales a la Seguridad Social por accidente de trabajo y enfermedades profesionales. Y, por último, para hacer frente a la necesidad que reclama la sociedad española en la atención primaria, se prorroga la posibilidad de jubilación activa, compatibilizando la pensión y el trabajo de facultativos de atención primaria, médicos de familia y pediatras adscritos al Sistema Nacional de Salud. Esta posibilidad se estableció en 2022 y, de no mediar la prórroga que ahora incluimos, hubiera finalizado el pasado 31 de diciembre de 2025, con el consiguiente impacto en los centros públicos de salud, con especial repercusión en municipios que están más alejados de los centros sanitarios de referencia y en la España que tiene una menor densidad demográfica.

Termino. Este real decreto ley asegura la revalorización de las pensiones conforme al marco legal vigente y evita una pérdida de poder adquisitivo para millones de personas. Es una medida justa, urgente y necesaria para la estabilidad del sistema. Hablamos de millones de hogares que dependen de que las instituciones estemos a la altura. Es un derecho que encuentra su raíz en las recomendaciones del Pacto de Toledo. Gracias a este marco de consenso, se blinda una protección digna frente a las fluctuaciones económicas. Nuestra responsabilidad es proteger a quienes sostuvieron este país durante décadas y también tenemos la responsabilidad de generar confianza en las generaciones más jóvenes. Un firme compromiso con los que están en el sistema público y con los que estarán en los próximos años.

Les invito a dar su apoyo a este acuerdo del Gobierno en beneficio de todos y de todas. Muchas gracias. (Aplausos).

Gràcies, president. Mireu les mans de la vostra iaia. No són només mans. Són arrels que han sostingut generacions, artrosi per cada jornada interminable, per cada casa netejada en negre, per cada sacrifici que ningú reconeix. Ara cobra una pensió que no arriba ni a la meitat del que ha aportat. Mireu els ulls del vostre veí. Després d’anys treballant baix d’uralita d’una fàbrica, ara fa malabars amb la pensió que té per a poder ajudar els seus nets a que puguin acabar els seus estudis. I malgrat tot, no deixa de somniar en un futur digne per a totes les generacions. I mentrestant, els grans bancs sumen rècords: 34 000 milions en un any. I els mil milionaris veuen créixer les seues fortunes cada dia i paguen els impostos mínims i ens volen fer creure que el problema és la pensió del nostre veí, que cobra 800 euros al mes. I el problema no és les persones que han treballat tota la seua vida. El problema és qui acumula milions sense contribuir el que han de contribuir. I l’extrema dreta el que vol és convertir la societat en un joc de solitaris. I volen que mirem el futur amb por. I eixa por que es transformi en odi i és una batalla per a ells… Volen que siga una batalla entre generacions i volen que tinguem una desconfiança cap a l’estat de benestar. Volen que deixem de creure en el sistema públic i que acabem posant els pocs estalvis que tenim en mans de fons privats de pensions. Però la força no està ahí. Entrar en eixe joc és només condemnar-se a la precarietat, a la soledat. És entrar en la lluita de l’últim contra el penúltim. I governar ha d’anar molt més enllà.

Gracias, presidente. Mírense las manos de sus abuelas. No son manos; son raíces que han sostenido a generaciones. Artrosis por cada jornada interminable, por cada casa limpiada en negro, por cada sacrificio que nadie reconoce. Y ahora cobra una pensión que no llega ni a la mitad de lo que aportó. Mírense los ojos de su abuelo después de estar trabajando en una fábrica. Ahora hace malabares con la pensión que tiene para ayudar a sus nietos a acabar sus estudios y, a pesar de todo, no ha dejado de soñar con un futuro digno para todas las generaciones. Mientras tanto, los grandes bancos tienen cifras récord, 34 000 millones en un año, y los multimillonarios ven cómo crecen sus fortunas cada día y pagan los impuestos mínimos. Nos quieren hacer creer que el problema es la pensión de nuestro vecino, que cobra 800 euros al mes. El problema no son las personas que han trabajado toda la vida, sino quien acumula millones sin contribuir lo que tiene que contribuir. La extrema derecha quiere convertir a la sociedad en un juego de solitario y que miremos al futuro con miedo y que ese miedo se transforme en odio. Es una batalla que quieren que sea entre generaciones. Esperan que tengamos una desconfianza hacia el estado del bienestar, que dejemos de creer en el sistema público y que pongamos nuestros pocos ahorros en manos de fondos privados de pensiones. Pero entrar en ese juego es solo condenarse a la precariedad, a la soledad; es entrar en la lucha del último contra el penúltimo. Gobernar tiene que ir mucho más allá.

Acabe de seguida, president. Ha de ser un compromís entre generacions, perquè les pensions no són un privilegi. Són un contracte entre generacions i els contractes, senyories, s’han de complir. Votarem a favor d’este reial decret.

Acabo enseguida, presidente. Tiene que ser un compromiso entre generaciones, porque las pensiones no son un privilegio, son un contrato entre generaciones, y los contratos, señorías, se tienen que cumplir. Votaremos a favor de este real decreto. Muchas gracias.

Muchas gracias, señor presidente. Señorías, muy buenos días de nuevo. En Unión del Pueblo Navarro lo tenemos claro y lo hemos defendido por activa y por pasiva: respaldamos la revalorización de las pensiones. Pero lo que tenemos también muy claro es que basta ya de utilizar partidista y sectariamente a los pensionistas. ¡Basta ya de chantajes y manipulaciones! Sabemos que este Gobierno es capaz de cualquier cosa, pero también los españoles, en este caso, se han dado cuenta de este engaño, de esta falsedad, de esta mentira y de la estrategia del presidente del Gobierno y sus socios de intentar señalar, insultar y dañar al adversario político por defender una postura determinada, manipulando a la opinión pública. Esto es lo que ocurrió hace dos semanas con el real decreto que regulaba la revalorización de las pensiones. Esta es la triste realidad a la que tenemos que hacer frente. Por eso, señorías, ya me explicarán ustedes cómo es posible que una persona de extrema izquierda insulte desde la tribuna de invitados a los diputados por mantener una postura y los haya que aplaudan e incluso algunos se pongan de pie. (Aplausos). ¿Dónde queda el respeto a la Cámara? ¿Dónde queda el respeto a los representantes del pueblo en la misma Cámara donde la palabra es el único medio para defender una idea? Esta es la triste realidad. Además, señorías, este Gobierno ha venido legislando con mucha facilidad y luego le ha pasado la factura a otros. (Señala hacia los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso). Ha ocurrido con el tema de la okupación, que nosotros no podemos apoyar. Señorías, también en esa línea ―y esto va dirigido fundamentalmente a los miembros de SUMAR y del Grupo Socialista―, ¿por qué aprueban en esta Cámara una tramitación urgente de estos reales decretos y luego no se hace? ¿Por qué?

¿Qué democracia es esa de amparar, sobre todo con prepotencia y soberbia, esa imposición? Así tampoco se gobierna este país.

Señorías, la subida de las pensiones que apoyaremos hoy responde al mandato del Pacto de Toledo, no es un acto de generosidad del Gobierno de España. A pesar de ello, sigue siendo una subida que está muy alejada del coste real de la vida. Pero todavía lo es más en el caso de las pensiones no contributivas, esos cientos y cientos de miles de personas que viven con una media de 600 euros al año. Permítanme que les recuerde que esta Cámara aprobó por amplísima mayoría ―únicamente votó en contra VOX― la modificación de la normativa para que las comunidades autónomas pudieran completar esas pensiones tan bajas. A fecha de hoy, dos años después, no se ha hecho nada. Además, cuando el Gobierno canario ha propuesto un complemento de 400 euros al año ―¡fíjense qué barbaridad!― amparándose en la Ley de la Renta Canaria de Ciudadanía aprobada por el Parlamento canario, el Gobierno de España nos ha amenazado con llevarnos a los tribunales. ¿Para cuándo un decreto para dar dignidad a las pensiones no contributivas? Hace pocos días escuché algo que comparto: Las subidas no deben limitarse a seguir la inflación, deben ser superiores; hay que traducir los beneficios en mejores sueldos. Si la economía de este país va tan bien, ¿por qué no se hacen eco de las palabras de Pedro Sánchez y reparten con los que tienen los bolsillos más vacíos del Estado?

Grazas, señor presidente. O PP votou en xaneiro en contra da suba das pensións e non sorprende, acostumado á suba de 0,25 % nos gobernos de Rajoy 2,7 debe parecerlles un exceso. Total, os seus que poden, non me refiro aos seus votantes, senón a aqueles a quen realmente representan, os ricos, insisto, os seus, que poden se resolven con plans privados de pensións. É verdade que hai un mes o goberno lles facilitou a escusa perfecta, metendo as pensións dun Real Decreto lei máis amplo. Hoxe, como non teñen esa escusa terán que votar a favor para non ficar moito en evidencia como os representantes parlamentarios de ricachos e empresarios. O BNG votará a favor, como fixemos en xaneiro, a pesar de considerar insuficiente a súa proposta. Nós entendemos que é preciso revalorizar as pensións en base ao IPC real interanual para evitar que perdan poder adquisitivo, sobre todo hai que subir máis as pensións mínimas e non contributivas. O BNG incorporou esta medida ao acordo de investidura. Veuse facendo nos últimos anos, mais continúa sendo insuficiente. Hai que situar as mínimas en 60 % do salario medio co ISM, única maneira de ir reducindo as fendas de xénero e territorial de xénero, porque as mulleres continúan cobrando pensións medias máis baixas e tamén a territorial o nacional, porque eu quero lembrar que Galicia ten as segundas pensións máis baixas do Estado español. Ourense, a provincia coa pensión media máis baixa, reparen só este dato, Ourense de media 1019 e media do Estado 1366, Madrid 1566, Araba 1702. Temos, por tanto, razóns para seguir reclamando a suba das pensións mínimas e non contributivas. Hoxe votaremos a favor desta proposta.

Gracias, señor presidente. El Grupo Popular votó en enero en contra de la subida de las pensiones. No sorprende; acostumbrados a la subida del 0,25 % del Gobierno de Rajoy, el 2,7 % les debe parecer un exceso. No me refiero a sus votantes, sino a aquellos a quienes realmente representan: a los ricos, a los suyos, que lo resuelven con planes privados de pensiones. Es cierto que hace un mes el Gobierno les facilitó la excusa perfecta metiendo las pensiones en el real decreto ley más amplio. Hoy, como no tienen esa excusa, tendrán que votar a favor para no quedar muy en evidencia como los representantes parlamentarios de ricos empresarios. El BNG votará a favor, como ya hicimos en enero, a pesar de considerar insuficiente su propuesta. Entendemos que es necesario revalorizar las pensiones basándose en el IPC real interanual para evitar que pierdan poder adquisitivo. Sobre todo, hay que subir más las pensiones mínimas y no contributivas. El BNG incorporó esta medida en el acuerdo de investidura. Se lleva haciendo en los últimos años, pero sigue siendo insuficiente. Hay que situar las mínimas en el 60 % del SMI para reducir las brechas de género y territorial. De género, porque las mujeres siguen cobrando pensiones medias más bajas y, territorial o nacional, porque quiero recordar que en Galicia se tiene la segunda pensión más baja de España; Orense tiene la pensión media más baja. Voy a compartir un dato: de media, Ourense, 1019; en el Estado, 1366; Madrid, 1576; Álava,1702. Por lo tanto, hay razones para seguir reclamando la subida de las pensiones mínimas y no contributivas. Hoy votaremos a favor de esta propuesta.

Gracias, señor presidente. Señora ministra, hoy vamos a debatir este Real Decreto Ley 3/2026 para la revalorización de las pensiones. Cuando hablamos de pensiones estamos hablando de personas, de esa vecina que cuida a sus nietos por la tarde, de ese padre que ayuda a su hijo a llegar a fin de mes porque no ha encontrado un trabajo estable, o de esa abuela que durante la pandemia fue el único ingreso en su núcleo familiar. Pero, cuando hablamos de revalorizar las pensiones conforme al IPC, no estamos planteando dar ningún regalo a nuestros pensionistas, sino garantizar que mantengan el mismo poder adquisitivo, es decir, de proteger su dignidad y que puedan hacer frente al día a día en las mismas condiciones que lo están haciendo hoy en día. Ayer en la Comisión de Derechos Sociales pudimos escuchar al portavoz de EAPN. Nos dijo algo que todas nos deberíamos grabar a fuego, y es cuál fue el papel de los pensionistas durante las distintas crisis que hemos tenido que abordar, cómo han servido de amortiguación para el golpe de esas duras crisis, tanto en la crisis financiera de 2008 como en la pandemia, como ahora con la crisis inflacionista que estamos atravesando. Las pensionistas han sido sostén, sin lugar a duda, para las familias. A las pensionistas no les estamos regalando nada, es el resultado de su trabajo, de tantos años de esfuerzo que han estado cotizando a la Seguridad Social. Realmente las pensiones son un salario en diferido. Las pensiones no son ningún regalito del Estado. Esto me parece importante decirlo, porque hay quien ha intentado jugar a una confrontación entre generaciones. No hay guerra entre jóvenes y mayores, lo que hay es precariedad juvenil, lo que hay son salarios demasiado bajos y un modelo que concentra la riqueza. Ya contó nuestra portavoz Ione Belarra ayer cómo la propietaria de un banco cobraba 260 veces más que una empleada que tiene un salario medio. Esto nos debería resultar completamente inmoral.

Nosotras vamos a apoyar el real decreto, pero hay tareas aún pendientes. No se olvide usted, por favor, de Asjubi, personas que han trabajado durante más de cuarenta años y, sin embargo, se ven penalizadas por lo mismo y se las somete a factores reductores…

También, señora ministra, ya es hora de equiparar las pensiones mínimas al salario mínimo interprofesional. Son tareas que tenemos por delante y que estaría bien que usted las estudiara.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, presidente. Hoy debatimos la convalidación del real decreto ley de revalorización de las pensiones para 2026, una norma necesaria y socialmente imprescindible. Esta medida garantiza que las pensiones suban conforme al IPC, de modo que millones de personas mayores no pierdan poder adquisitivo en un contexto todavía de incertidumbre. Revalorizar las pensiones no es solo una decisión presupuestaria, es un compromiso con quienes han trabajado durante décadas y han sostenido nuestro sistema productivo; es proteger especialmente a quienes cobran pensiones mínimas, muchas de ellas mujeres, y asegurar que las personas mayores puedan mantener unas condiciones de vida dignas. El decreto también incorpora medidas que refuerzan la sostenibilidad del sistema, aumento de bases de cotización, mecanismo de equilibrio intergeneracional. Son decisiones que permiten que la Seguridad Social siga siendo viable hoy y también en el futuro. Además, se adoptan medidas coherentes también con la justicia contributiva que compartimos, como la cotización adicional para bomberos forestales y agentes medioambientales, para financiar de manera responsable los coeficientes reductores de la jubilación anticipada asociados a profesiones especialmente duras y de riesgo. Ahora bien, conviene recordar también cómo hemos llegado hasta aquí. El Gobierno decidió incluir estas medidas en un decreto ómnibus con disposiciones heterogéneas y controvertidas, aun sabiendo que no tenía la mayoría necesaria para convalidarlo. Esa decisión puso en riesgo la actualización de las pensiones y generó una incertidumbre que podría haberse evitado. Lo hizo pese a saber que en este Parlamento no había una mayoría y que para aprobar cualquier medida importante es imprescindible el acuerdo entre quienes apoyamos la investidura. Eso exige diálogo, cesiones y voluntad de entendimiento, no posiciones maximalistas. Sin embargo, el decreto que hoy debatimos demuestra que sí era posible traer desde el principio una norma clara, específica y consensuable. Por tanto, permítanme decirles, señorías del Gobierno, que su estrategia inicial respondió quizá más a una lógica de trinchera permanente que a una voluntad real de acuerdo. En aquel momento yo creo que no buscaban el consenso, sino el pulso, una dinámica que no construye mayorías, sino que las tensiona; que no protege aquello que dice querer proteger, sino que además se utilizaron o trataron de utilizar derechos tan sensibles como las pensiones como herramienta de presión política. Esta forma de actuar no aporta estabilidad ni fortalece la confianza entre los grupos, al contrario, la erosiona. Gaur, dekretu garbi eta espezifiko honekin are argiago geratzen da arau adostu bat aurkeztu ahal izan zela, Ganbera hau dena edo ezer ez aukeratzea behartu barik. Pentsioak babestu zitezkeela, presiotresna bihurtu barik. Eta pentsio honen eguneratzearen inguruan sortutako ziurgabetasun bera saihesgarria zala. Gaur, arduraz jokatuko dugu eta aurreko dekretuaren ezetza zuzenduko dugu, milioika pentsiodunen erosteko ahalmena babesten duen arau bat babestuz. Baina garrantzitsua da gertatutakotik ikastea. Izan ere, funtsezko neurriak hasieratik tramitatu behar dira, akordioak bilatuz eta dena edo ezer estrategiak saihestuz, horiek adostasuna oztopatzen baitute.

Hoy, con este decreto limpio y específico, queda aún más claro que sí se podía haber evitado esa trinchera y se podía haber presentado una norma consensuada sin forzar a esta Cámara a elegir entre todo o nada, que sí podían haber protegido las pensiones sin convertirlas en un instrumento de presión y que, por lo tanto, esta incertidumbre era evitable. Hoy actuaremos con responsabilidad y corregiremos la no convalidación del decreto anterior apoyando una norma que protege el poder adquisitivo de millones de pensionistas. Es necesario buscar acuerdos, evitando estrategias de todo o nada que solo dificultan el consenso parlamentario.

También conviene recordar algunas cosas. Escuchamos al Partido Popular exigir decretos exclusivos sobre pensiones y presentarse también como grandes defensores de la subida conforme al IPC. Cuesta creer también esa convicción cuando fue precisamente del Partido Popular el artífice del índice de revalorización de 2013, un mecanismo que limitaba todas las subidas y que provocó pérdidas acumuladas de poder adquisitivo para millones de pensionistas. No olvidemos un hecho clave, solo cuando necesitaron los votos del Partido Nacionalista Vasco para sacar adelante los presupuestos generales del 2018, aceptaron la condición de volver a la revalorización conforme al IPC y de retrasar aquella entrada en vigor de aquel factor de sostenibilidad. Reconocemos que vincular las pensiones al IPC supone un esfuerzo para el sistema y para las cuentas públicas, ignorarlo sería irresponsable. También lo sería olvidar que no actualizar las pensiones conforme al coste de la vida equivale a aplicar recortes silenciosos año tras año, como ya ocurrió con el índice de 2013.

Pentsioen eguneratzeari kontsumoko prezioen indizearen arabera eusteak gizarte egonkortasuna ematen du, adinekoen pobrezia-arriskua murrizten du eta, gaur egun, lan egiten eta kotizatzen dutenen konfiantza indartzen du. Gainera, barne eskariari eta jarduera ekonomikoari eusten laguntzen du. Gakoa ez da nahikotasunaren edo jasangarritasunaren artean aukeratzea, biak bermatzea baizik pentsioen erosteko ahalmena babestea eta, aldi berean, sistemaren diru-sarrerak indartzea, epe ertain eta luzera oreka ziurtatzeko. Erantzukizunagatik, justizia sozialagatik eta milaka pertsonaren segurtasun ekonomikoagatik, gure taldeak aurkeztutako lege-dekretuaren alde bozkatuko du.

Eskerrik asko.

Mantener la actualización conforme al IPC aporta estabilidad social, reduce el riesgo de pobreza entre las personas mayores y refuerza la confianza de quienes hoy trabajan y cotizan; además, contribuye a sostener la demanda interna y la actividad económica. La clave no es elegir suficiencia o sostenibilidad, sino garantizar ambas, proteger el poder adquisitivo de las pensiones y, al mismo tiempo, reforzar los ingresos del sistema para asegurar su equilibrio a medio y largo plazo. Por responsabilidad, justicia social y por la seguridad económica de millones de personas, nuestro grupo votará a favor del decreto ley presentado.

Muchas gracias.

Señorías, comienzo anunciando el sentido de nuestro voto. Nosotros vamos a votar a favor de esta revalorización de las pensiones, como la hemos votado en ocasiones anteriores cuando iba con otras medidas igualmente necesarias, o ahora, que va en solitario. Estamos convencidos de que va a salir adelante esta iniciativa, pero creo que conviene señalar al menos que la coincidencia en el voto probablemente no obedece a lecturas compartidas. Hay quien puede llegar al voto afirmativo con una convicción en que lo que proponen los y las pensionistas es justo y de recibo, ese es nuestro caso, pero también nos consta que hay quien llega a esta posición por la presión de los y las pensionistas en las calles de manera sostenida o por el propio peso demográfico que tiene un colectivo con millones de personas incursas en una misma realidad, que es la de ser pensionista. Pero no puedo dejar de señalar la paradoja de este debate con respecto al debate anterior, porque parece que alguien olvida, y seguramente lo hace de manera voluntaria y premeditada ―otra vez aquello de la ignorancia o la mala fe―, que muchas de las medidas que se votaban en el anterior real decreto que se ha debatido, el que tenía que ver con el corte de los suministros básicos, el que tenía que ver con la imposibilidad de desahuciar a familias vulnerables, el que tenía que ver con las medidas de protección para el bono social térmico o eléctrico, son medidas que, en buena parte, en una parte muy significativa, vienen siendo receptadas o recibidas precisamente por pensionistas. Es decir, hoy aquí alguno subirá a la tribuna a decir que defiende a los pensionistas, que no teman porque con ellos están seguros porque les revalorizan la pensión, pero hace nada han votado para que les corten el agua o la electricidad a quien no pueda pagarla, han votado para que desahucien a quien no puede pagar el alquiler porque sus pensiones son exiguas o son directamente ridículas. Esa es la oda a la incoherencia que hoy hemos vivido y probablemente no sea la única que vamos a ver.

A nosotros nos gustaría ir más allá de lo que este debate propone en sí, que es ―no solo, pero fundamentalmente― la revalorización de las pensiones. Nos gustaría ir en la senda que han marcado los y las pensionistas en la calle desde el 15 de enero de 2018, dándonos lecciones, al menos en Euskal Herria, semana a semana, pueblo a pueblo, en decenas de pueblos donde los pensionistas y las pensionistas salen a defender sus derechos; derechos que, incluso, vertebran y articulan en torno a una iniciativa legislativa popular, tristemente rechazada por la mayoría en el Parlamento de Gasteiz, pero que planteaba que el salario mínimo interprofesional fuera el equivalente a la pensión mínima o que la pensión mínima nunca fuera inferior al salario mínimo interprofesional; una demanda de absoluta justicia avalada por más de 100 000 firmas y que iba a dar respuesta a alrededor de 100 000 personas de la Comunidad Autónoma vasca y que, como digo, tendrá que seguir esperando. En cualquier caso y desde aquí, desde esta tribuna, volvemos a mostrar nuestro apoyo, el apoyo de Euskal Herria Bildu, a la justa reclamación del Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria, que se llama así, pese a que a alguno le parezca una entelequia aquello de Euskal Herria. Algo sabrán, porque veteranía les sobra y años de lucha, también.

Como digo, no hay que quedarse solo en esa reclamación. También tenemos que ser sensibles con una realidad sangrante que se lleva arrastrando durante décadas, la que tiene que ver con las exiguas pensiones de viudedad; la que tiene que ver con unas pensiones no contributivas que no alcanzan para desarrollar proyectos de vida dignos; la que tiene que ver también con la equiparación en derechos en aquellas relaciones de convivencia que no están establecidas legal o formalmente o con papeles. Es decir, todo el mundo es consciente de que, siendo pareja de hecho o matrimonio, sea civil o religioso, se puede optar a unos beneficios o derechos en lo que tiene que ver con prestación de pensión, pero hay gente que, no habiendo regularizado de esa forma su relación de convivencia, probada y probable, se ve privada de esa posibilidad. Creo que ahí hay una tarea pendiente, y algunos tribunales ya lo están señalando así en algunos ámbitos.

Tampoco queremos caer en ese debate, en esa estúpida y cruel dicotomía que pretende enfrentar a los mayores con los jóvenes, la que viene a señalar a los mayores como el responsable de la dificultad del despegue en los procesos vitales de los jóvenes. Es otra vez ―y lo he dicho antes― el mismo mecanismo de exclusión que plantea aquel que piensa que somos demasiados, que sobra gente y que, en cualquier caso, los recursos no llegan para todos. También habría que decirles, por pura constatación de hechos ―y esto ya no tiene que ver con la posición política de cada uno―, que ni siquiera eso es cierto, que, cuando gobernaban otros ―por ejemplo, el Partido Popular con el señor Rajoy al frente―, eran decenas de miles los jóvenes que se tenían que ir fuera para buscar una alternativa vital digna. Era el mismo tiempo en el que a los pensionistas se les subía ―magnánimos fueron― 0,25 céntimos de euro la pensión en un gesto de enorme generosidad. Ya ven, ahí no parece que las medidas que llevaba a cabo ese Gobierno beneficiaran a unos o a otros. Casi podríamos decir que les fastidiaba a ambos por igual.

Hablaba antes de una incoherencia y quiero señalar otra. Aquí hay miembros de formaciones políticas que se rompen las manos a aplaudir a un psicópata que sueña con motosierras y que quiere implantarlas por todo el mundo, y estoy hablando del señor Milei. Yo no sé si van a seguir manteniendo ese aplauso entusiasta al señor Milei cuando los datos nos dicen que, gracias a sus políticas, que han hecho que los pensionistas en Argentina no puedan pagar las medicinas que necesitan, la tasa de mortalidad entre la población mayor haya aumentado de manera muy significativa. ¿Es ese el modelo que quieren traer para el Estado español? Sean honestos y díganlo. Si quieren imitar a Milei en todo, probablemente en esto también, sería bueno que los pensionistas, por su propio cuidado y el de su salud, lo supieran para no dejarse engañar con tanta palabra hueca sobre las bondades y sobre la belleza del ser pensionista.

Finalizo. Nosotros vamos a seguir defendiendo siempre un sistema público de pensiones y estaremos siempre en contra de todas esas edulcoraciones que nos quieren meter vía mochilas austríacas y demás. Y voy más allá, porque no queremos engañar a nadie: nosotros queremos un sistema público de pensiones vasco y queremos gestionarlo nosotros y nosotras. Probablemente haya quien diga que cómo se puede decir esto si el sistema actual está pagando más a los pensionistas vascos de lo que aporta la sociedad vasca en su conjunto. Pues traeré las palabras de un representante del Partido Popular, ahora portavoz en la Cámara de Gasteiz, en esta misma tribuna, cuando dijo aquello de que durante décadas los vascos hemos sido aportadores netos al sistema de pensiones. Por tanto, dábamos más de lo que recibíamos. Parece que ahora no es así, ciertamente no es así. Pues, si ese es el problema y para no entrar en disquisiciones de cuántos años dimos y cuántos estamos recibiendo, déjennos gestionarlo a nosotros y a nosotras, quítense esa carga de déficit que parece que les suponen nuestras pensiones, que ya demostraremos que somos capaces de hacerlo de mejor manera y con mayor tino.

Besterik ez, mil esker. (Aplausos).

Gràcies, president. Bon dia, senyories. Tal com va passar el 2025, el govern Sánchez ha necessitat aprovar dos reials decrets lleis per revaloritzar les pensions, dos reials decrets llei per revaloritzar les del 2025 i dos reials decrets llei per revaloritzar les del 2026. I sabem per què dos reials decrets llei cada any? Doncs, primer, per incapacitat, per la incapacitat multireincident d’aquest govern per aprovar pressupostos i, segon, per ineptitud, per la ineptitud del mateix govern, una ineptitud atribuïble l’any passat a la incompetència i a la qual aquest any cal afegir-hi la torpesa, la torpesa de reiterar en l’error. I parlar d’incapacitat, d’ineptitud, d’incompetència i de torpesa és ser molt generós, perquè sabent el que passarà amb la convalidació de l’anterior reial decret llei, es fa evident, es fa evident que és que tot plegat només pot respondre a la irresponsabilitat. La irresponsabilitat del govern d’un supervivent, d’un supervivent certament, amb un manual de resistència, sí, però que aquest manual només funciona per ell. A la irresponsabilitat d’un supervivent amb un govern a la deriva que fa aigua i que no navega cap a terra ferma. Al contrari, porta al naufragi personal i col·lectiu del nostre país, Catalunya. I tot això amb la complicitat de la carta de navegació espanyolitzadora del govern Illa. Mirin, Catalunya no s’ho mereix. Avui torna a caure la mentida. Avui torna a quedar clar que Junts per Catalunya no estem ni hem estat mai en contra de revaloritzar les pensions. Senyora Vidal, senyora Mínguez, sense assenyalaments sobrers i sense vehemència gratuïta, si aquesta revalorització no s’ha fet en temps i forma, generant incertesa i fent patir a la gent i si avui no aproven el reial decret llei 2/2026, només és culpa del mal fer i de l’abús del seu govern, del Govern d’Espanya, no de Junts per Catalunya, que només farà un no. Per cert, en política tan legítim com un sí. Un no argumentat com el que vam fer fa un mes. Un no argumentat com el que ha fet la diputada Madrenas. Un no per poder fer un sí a una solució més justa. Un no per poder fer un sí a un futur millor. Deia el passat 27 de gener des d’aquí mateix, la nostra portaveu, Míriam Nogueras, que a Junts, amb el lideratge del president Puigdemont, treballem per remuntar Catalunya, defensant amb il·lusió un model de país, des del rigor, des de l’esperança, des de l’ambició, un model de país que vol anar més enllà dels subsidis, que vol deixar enrere la dependència d’un estat colonitzador, extractor i incomplidor. Defensar un model de país que valora l’esforç, el treball i la constància, el model d’una Catalunya amb serveis de primera, connectada, comunicada i innovadora, amb una fiscalitat justa i econòmicament competitiva, que fa viables els negocis, que crea llocs de treball, que genera riquesa per distribuir-la. Una Catalunya socialment avançada, de drets però també de deures. Un país segur i solidari, que ofereix oportunitats a tothom, que fa funcionar l’ascensor social i que garanteix l’estat del benestar. Un model de país que també protegeix i enforteix la seva llengua i la seva cultura. En definitiva, un país de llibertat i de llibertats. Aquesta és la Catalunya que Junts volem i per la qual treballem. I en el cas concret de les pensions, treballem per la seva veritable revalorització. Una revalorització avui només possible en unes pensions territorialitzades, o sigui, i en el nostre cas, ajustades al cost de la vida a Catalunya. Perquè ara el que passa és que el poder adquisitiu dels nostres pensionistes està per sota del de bona part dels pensionistes de la resta de l’Estat. I aquesta és una injustícia que cal revertir. Com cal revertir i compensar el deute històric que, en matèria de pensions, també pateix Catalunya. Un deute resultat del diferencial entre el que han aportat al llarg dels anys els treballadors catalans a la caixa de la Seguretat Social amb les seves cotitzacions i el que han rebut els catalans en pensions i prestacions durant el mateix període. Aquest decalatge entre el que s’ha aportat des de Catalunya a la Seguretat Social espanyola i el que aquesta ha tornat en prestacions i pensions durant les quatre darreres dècades, segons la Comissió d’Estudi del Deute Històric del Parlament de Catalunya, és de 30 000 milions d’euros. I això és el que avui també reclamem des de Junts per Catalunya. Hi seran vostès, senyora Mínguez i senyora Vidal? Hi seran, el Partit Socialista de Catalunya i els Comuns, en aquesta reclamació, si els preocupen tant els catalans?

Senyories, es confirma cada dia que ser espanyols als catalans ens ha penalitzat i ens penalitza en tots els àmbits de la nostra vida. I quan, com ara, a Catalunya també hi ha un govern espanyolitzat com el del president Illa, el que tenim és la normalització de la penalització, o sigui, doble penalització. Una doble penalització que afecta independentistes i no independentistes, una doble penalització que afecta tothom, però especialment a la classe mitjana i treballadora. I saben què? Que d’aquesta recepta, de la recepta Sànchez, de la recepta Illa, de la recepta espanyola, cada dia som més els que n’estem ben tips i diem alt i clar que ja n’hi ha prou.

Visca Catalunya lliure! Gràcies.

Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Tal y como pasó en 2025, el Gobierno de Sánchez ha tenido que aprobar dos reales decretos leyes para revalorizar las pensiones; dos para revalorizar las de 2025 y dos reales decretos leyes para revalorizar las de 2026. ¿Y saben por qué dos reales decretos leyes cada año? Pues, primero, por incapacidad, por la incapacidad multirreincidente de este Gobierno para aprobar presupuestos. Y, en segundo lugar, por ineptitud, por la ineptitud de ese mismo Gobierno; una ineptitud atribuible, el año pasado, a la incompetencia y a la que, este año, hay que añadir la torpeza, la torpeza de reiterar el error. Hablar de incapacidad, de ineptitud, de incompetencia y de torpeza es ser muy generoso, porque sabemos lo que pasó con la convalidación del anterior real decreto ley. Y con eso se hace evidente que todo ello solo puede responder a la irresponsabilidad, a la irresponsabilidad del Gobierno de un superviviente, de un superviviente ciertamente con un manual de resistencia, sí, pero este manual solo funciona para él. La irresponsabilidad de un superviviente con un Gobierno a la deriva que hace aguas y que no navega hacia tierra firme, al contrario, lleva al naufragio personal y colectivo de nuestro país, Cataluña. Todo eso con la complicidad de la carta de navegación españolizadora del Gobierno de Illa. Cataluña no se lo merece. Hoy vuelve a caer en la mentira. Vuelve a quedar claro que en Junts per Catalunya no estamos nunca en contra de revalorizar las pensiones. Señora Vidal, señora Mínguez, sin señalamientos y sin intervenciones gratuitas: si esto no se ha hecho en tiempo y forma, generando incertidumbre y haciendo sufrir a la gente, y si hoy no aprueban el Real Decreto Ley 2/2026, solo es culpa del mal hacer y del abuso de su Gobierno, del Gobierno de España, no de Junts per Catalunya, que solo hará un no, en política tan legítimo como un sí; un no argumentado, como hicimos ya hace un mes; un no argumentado como el que ha hecho la diputada Madrenas; un no para poder hacer un sí a una solución más justa; un no para poder dar un sí a un futuro mejor. Decía el último 27 de enero desde esta misma tribuna nuestra portavoz, Míriam Nogueras, que Junts, con el liderazgo del presidente Puigdemont, es un partido en el que trabajamos para mejorar el mundo con ilusión, defendiendo un modelo de país desde el rigor, desde la esperanza, desde la humildad; un país que quiere ir más allá de los subsidios, lejos de un Estado colonizador, extractor e incumplidor; un país que valora el esfuerzo, el trabajo y la constancia; un modelo de Cataluña con servicios de primera, conectada, innovadora, con una fiscalidad justa y económicamente competitiva, que hace viables los negocios, que crea puestos de trabajo, que genera riqueza para distribuirla; una Cataluña socialmente avanzada en derechos y también en deberes; un país seguro y solidario, que ofrece oportunidades a todo el mundo, que hace funcionar el ascensor social y que garantiza el estado del bienestar; un modelo de país que también protege y fortalece su lengua y su cultura. En definitiva, un país de libertad y de libertades. Esta es la Cataluña que en Junts queremos y por la que trabajamos. Y, en el caso concreto de las pensiones, trabajamos por su auténtica revalorización; una revalorización que hoy solo es posible con unas pensiones territorializadas; es decir, en nuestro caso, ajustadas al coste de la vida en Cataluña. Porque lo que pasa ahora es que el poder adquisitivo de nuestros pensionistas está por debajo del de buena parte de los pensionistas del resto del Estado, y esta es una injusticia que hay que revertir. Igual que hay que revertir y compensar la deuda histórica que, en materia de pensiones, también sufre Cataluña, una deuda resultado del diferencial entre lo que han aportado a lo largo de los años los trabajadores catalanes a la caja de la Seguridad Social con sus cotizaciones y lo que han recibido los catalanes en pensiones y prestaciones durante ese mismo periodo. Este decalaje o desfase entre lo que se ha aportado en Cataluña a la Seguridad Social española y lo que esta ha devuelto en prestaciones y pensiones en las últimas cuatro décadas, según la comisión de estudio del departamento de Cataluña, es de 30 000 millones de euros, y eso es lo que hoy también reclamamos desde Junts per Catalunya para

Cataluña. ¿Serán ustedes, señora Mínguez y señora Vidal ―el Partido Socialista de Cataluña y los Comuns―, quienes atiendan esa reclamación, si tanto les preocupan los catalanes?

Señorías, se confirma cada día que ser españoles a los catalanes nos ha penalizado y nos penaliza en todos los ámbitos de nuestra vida. Y cuando en Cataluña, como ahora, también hay un Gobierno españolizado como el del president Illa, lo que tenemos es la normalización de la penalización, es decir, penalización doble; una doble penalización que afecta a independentistas y a no independentistas; una doble penalización que afecta a todo el mundo, pero especialmente a la clase media y trabajadora. ¿Saben qué? Que de esta receta ―de la receta Sánchez, de la receta Illa, de la receta española― cada día somos más los que estamos bien hartos y decimos alto y claro que ya basta.

¡Viva Cataluña libre!

Gràcies, president. Bona tarda, ja. Diputats i diputades, avui tenim l’obligació de defensar la pujada del sistema públic de pensions, la quantia de les pensions i aquest reial decret garanteix perfectament que valoritzin un 2,7 %, a totes les pensions. Després d’un acord que va costar, no va ser fàcil, indexar de nou les pensions a l’IPC. De fet, sempre havien estat indexades menys quan governava el Partit Popular, que les va desindexar. Vam passar anys que havíem d’anar patint amb el 0,25 %. Doncs bé, això ha tornat a la normalitat. No ha estat fàcil. Gràcies als moviments de pensionistes i gràcies als sindicats i gràcies a les forces progressistes, va poder recuperar-se i en aquests moments les pensions pujaran el 2,7 %, la qual cosa significa 570 euros més a l’any la pensió mitjana de jubilació. Imagini’s la diferència: passar del 0,25, calculin en aquests moments al 2,7. Més important encara, el 2026 augmentaran de manera massiva les pensions mínimes. I això també és important. I això és difícil que passi en un govern que no sigui progressista. Les pensions més baixes pugen un 7 %, fins a un 11,4 %, si el pensionista té cònjuge a càrrec. Les pensions no contributives i l’ingrés mínim vital també s’incrementen un 11,4 % col·locant la renda mínima de jubilació interessant. Amb aquest esforç atenem els més vulnerables. Sí que és veritat. Sí que és veritat que potser complement a mínims s’hauria de, com ha dit el meu company, i com diuen moltes associacions de pensionistes, que la pensió mínima hauria d’estar lligada al salari mínim interprofessional i potser s’hauria de complementar a través de fiscalitat si volem una societat en la qual els nostres grans volen, poden viure amb el salari mínim interprofessional després de treballar tota la vida. Punts claus que defensarem i penso que és difícil anar en contra ara, ahir i abans d’ahir, l’any passat i l’altre i l’altre, no? S’ha aconseguit el tema dels coeficients reductors pels Agents Rurals i els Bombers. Això és molt important. Això és molt important. I alguns juguen a la ruleta russa, de vegades, amb mesures com aquestes. Garantia, com deia, del poder adquisitiu revaloritzant les pensions en funció de l’IPC, així com un pensionista 1500 euros al mes passarà a percebre el 1552. Bé, podríem parlar de si és poc o és molt, però evidentment pugen, cosa que abans no era així. Suport als més dèbils, la major pujada va destinada als qui més ho necessiten. Les pensions mínimes i no contributives creixen més que l’IPC. Ho valorem. Per exemple, una persona gran passa de 65/mes passa de 12 441 euros a 13 106 anuals. I en cònjuge passa a 17 592. Això és potenciar, és potenciar la redistribució social i hi estem d’acord. Progrés i equitat, aquestes mesures s’acompanyen de complements que milloren la igualtat, el complement a la bretxa de gènere puja també un 2,7 %, valorant l’any extra de feina de les dones i reforçant ajuts familiars per discapacitats, 1000 euros de natalitat i 5962 euros a l’any per fill amb discapacitat. Bé, tornem a estar al mateix. Potser poc o molt, però aquí es puja. D’aquesta manera, la política de pensions avança una mica més en la justícia social. Sostenibilitat garantida, s’incrementa cotitzacions extraordinàries del MEI. I això és interessant, perquè en certa manera és una manera, ja que no es pugen els salaris com s’haurien d’apujar, hi ha una manera d’apujar els salaris, que és el salari diferit de les pensions. Aquesta aportació empresarial més fa que el teu salari pugi. Evidentment que no el cobraràs fins la pensió o no cobraràs fins que no tinguis una incapacitat permanent, per exemple. Però és una pujada, encara que podria ser més alta, del teu propi salari. Nosaltres pensem que són coherents les mesures socials conjuntes i que si s’aprovés l’escut social, farien encara una miqueta millor la vida de moltíssima, moltíssima gent. Però bé, em sembla que no serà així. En resum, senyors i senyories diputats, és un deute moral i legal convalidar aquesta norma. Ni ens plantegem votar-la en contra. Ni el PP ni cap altra força han d’impugnar el dret de la gent gran a no perdre poder adquisitiu després de tota una vida de cotització. Votar a favor d’aquest decret és votar a favor d’unes societats que respecten els seus avis i compleixen el compromís signat d’estar d’acord amb l’IPC, que és un contracte social, que les regles del joc són aquestes i que mai s’hauria d’haver trencat. I espero que no es tornin a trencar mai més. Sí a la regularització. Sí, a la dignitat, als pensionistes. I tenim una llarga lluita per seguir defensant, davant dels atacs constants al sistema de pensions públic, el defensarem a capa i espasa, si més no com qui més.

Moltes gràcies.

Gracias, presidente. Buenas tardes ya. Diputados y diputadas, hoy tenemos la obligación de defender la subida del sistema público de pensiones, de la cuantía de las pensiones. Este real decreto la garantiza perfectamente con un aumento del 2,7 % de todas las pensiones tras un acuerdo que costó y que no fue fácil: indexar de nuevo las pensiones al IPC. De hecho, siempre se habían indexado, menos cuando gobernaba el Partido Popular, que pasamos años en los que tuvimos que sufrir un 0,25 %. Pues bien, eso ha vuelto a la normalidad. No ha sido fácil. Gracias a los movimientos de pensionistas, de sindicatos y de las fuerzas progresistas, se ha podido mejorar. Ahora subirán un 2,7 %, es decir, 560 euros más al año para la pensión media de jubilación; eso es lo que significa. Imagínense la diferencia, pasar del 0,25 % ―calcúlenlo― a ese 2,7 % de ahora. Y lo que es más importante aún, en 2026 se van a aumentar de forma masiva las pensiones mínimas. Eso también es importante y es difícil que pase con un Gobierno que no sea progresista. Las pensiones más bajas suben un 7 %, hasta un 11,4 %, si el pensionista tiene juventud a cargo. Y el ingreso mínimo vital se aumenta también un 4 %, con lo cual, la pensión mínima se coloca en un nivel interesante. Con eso atendemos a los más vulnerables. Sí que es cierto que quizás, para cumplir los mínimos ―como dicen mi compañera y muchas asociaciones de pensionistas― se tendría que conseguir que la pensión mínima estuviera vinculada al salario mínimo interprofesional, y eso se tendría que mejorar a través de la fiscalidad si queremos una sociedad en la que nuestros ciudadanos puedan vivir con el equivalente al salario mínimo interprofesional después de trabajar toda su vida. Puntos clave que vamos a defender, y es difícil ir en contra ahora, ayer, antes de ayer, el año pasado, el otro y el otro. Se ha conseguido el tema de los coeficientes reductores para agentes rurales y bomberos; eso es muy importante. Algunos juegan con la ruleta rusa muchas veces con cosas como esta. También garantizar el poder adquisitivo revalorizando las pensiones al IPC, así que un pensionista que cobra 1500 euros pasará a cobrar 1652. Bueno, podríamos debatir si es mucho o poco, en cualquier caso, sube, y eso antes no era así. Apoyo a los más débiles, la mayor subida va destinada a quienes más lo necesitan, a las pensiones mínimas no contributivas, más que el IPC, y lo valoramos. Por ejemplo, una persona mayor que pasa de… 11491 a 13 306 o de 17 000 a un poco más, eso supone que se redistribuye todo. Pero estas medidas se acompañan de complementos que mejoran la igualdad. La brecha de género también sube un 2,2 %. Se valora el trabajo extra de las mujeres con cargas familiares por discapacidades, y 100 962 euros al año para personas con discapacidad. Eso no es mucho, pero al menos aquí se sube. De esta manera, la política de pensiones avanza un poco más en la injusticia social. Sostenibilidad garantizada con cotizaciones extraordinarias. Y esto es muy interesante, porque, de alguna manera, ya que no siempre suben los salarios como se debería, hay una forma de subirlos, que es con el salario diferido de las pensiones. Esta aportación empresarial más hace que tu salario suba. Evidentemente, no lo vas a cobrar hasta tu jubilación o hasta que tengas una incapacidad permanente, por ejemplo, pero, en cualquier caso, es una subida que podría ser más alta de tu propio salario. Nosotros creemos que son coherentes las medidas sociales conjuntas y que, si se aprobara el escudo social, eso haría que todavía fuera un poco mejor la vida de muchísimas muchísimas personas. Pero bueno, parece ser que no va a ser así. En resumen, señorías, diputadas y diputados, es un deber legal y moral aprobar esta propuesta. No se puede obligar a la gente a perder poder adquisitivo después de trabajar toda la vida. Votar a favor de este decreto es votar a favor de una sociedad que respeta a sus abuelos y cumplir el compromiso firmado de estar de acuerdo con el IPC, que es un contrato social. Las reglas del juego son estas. Es algo que nunca se tendría que haber roto y espero que no se vuelva a romper nunca más. Sí a la revalorización, sí a la dignidad de los pensionistas. Tenemos una larga lucha para seguir defendiendo de ataques constantes al sistema público de pensiones, y lo vamos a defender a capa y espada. Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, presidente. Señorías, hoy volvemos a traer a votación a esta Cámara la revalorización de las pensiones por un motivo muy sencillo: el Grupo Popular, VOX y Junts votaron en contra de esta mejora para diez millones de pensionistas hace un mes. Y lo hicieron con excusas peregrinas o, lo que es peor, buscando enfrentar a quienes después de años de trabajo y esfuerzo merecen que se garantice este derecho, esto es, las personas jubiladas, con quienes a día de hoy, pese a su trabajo y esfuerzo, no pueden hacer frente a alquileres cada vez más abusivos, que son las personas jóvenes. Este conflicto que algunos pretenden crear es falso, tan falso como el nuevo argumento que usan la derecha y la extrema derecha para instalar la idea de que existe una confrontación generacional entre jóvenes y mayores; de que los pensionistas les están robando a los jóvenes el presente y, sobre todo, el futuro, o de que ahí fuera hay unos jóvenes empobrecidos porque tienen que pagar las pensiones de unos mayores que nadan en la abundancia. Esto no es más que una mentira de quienes llevan años atacando nuestro sistema público de pensiones, queriendo cargárselo (aplausos), que es de hecho lo que ustedes hacen cuando gobiernan. Es exactamente lo que hicieron ustedes cuando, en 2012, el Gobierno del Partido Popular impuso un brutal recorte a las pensiones, eliminando la actualización automática conforme al IPC y sometiéndolas a un aumento de tan solo el 0,25 % anual. ¿Y qué hicimos nosotras? ¿Qué hizo el Gobierno de coalición progresista? Suprimir esta fórmula, que, repito, limitaba las subidas a tan solo el 0,25 %, y volver a tomar el IPC como referencia para que las pensiones se adapten a la inflación, al coste de la vida. La derecha y la ultraderecha quieren acabar con el sistema de pensiones por una razón muy sencilla y, por supuesto, por una razón ideológica: porque están en contra del estado del bienestar, porque están en contra de la igualdad y porque están en contra de la idea misma de sociedad. Están en contra de la idea misma de sociedad desde el mismo momento en el que se oponen a la justicia social, a la solidaridad y al bien común. Están en contra de la idea de sociedad desde el mismo momento en el que conciben el Estado solo como un medio para su enriquecimiento personal y desde el mismo momento en el que defienden el individualismo y que los ricos sean cada vez más ricos a costa de quien sea y, por supuesto, a costa de los pensionistas y de las personas jóvenes. De ahí que ustedes siempre propongan como solución el apoyo a los planes privados de pensiones. Es decir, el apoyo a fondos privados, a fondos multinacionales, que tan solo buscan hacerse con el dinero de las clases trabajadoras para convertirlo en activos financieros con los que especular y jugar en bolsa para hacerse aún más ricos. A eso es a lo que ustedes quieren que se dedique el dinero público, a fomentar este tipo de fondos mediante, por ejemplo, exenciones fiscales. Descapitalizar lo público para enriquecer a los de siempre. Exactamente iguales son sus propuestas sobre vivienda: especulación, regalar el suelo público a los constructores y más beneficios para los fondos buitre. Por no hablar del modelo alicantino, que es el de la vivienda pública para cargos y para amiguetes. (Aplausos). En definitiva, extraer riqueza de las mayorías trabajadoras para entregársela a las élites. Una nueva vuelta de tuerca de la plusvalía, enriquecerse a costa de sacrificar derechos y necesidades, e incluso deseos: el derecho a una vivienda o a una pensión digna, la necesidad de un techo y el deseo a poder tener un hogar y un futuro. Y es esto y no las pensiones lo que está dejando sin presente ni futuro a los jóvenes. No hay un conflicto intergeneracional, hay un conflicto de clases. Hay un intento de usar a jóvenes precarios contra sus abuelos y abuelas, jóvenes que, igual que ellos, ahora se están dejando el lomo trabajando. Hay un intento de usar a estos jóvenes como ariete contra el sistema de pensiones para que estos mismos jóvenes no puedan disfrutar mañana de una pensión pública. Mientras, el verdadero enemigo, los rentistas, los inversores y los accionistas de fondos buitre, mantienen su alianza intergeneracional. Ahí no importa tener 20 o 65 años, ahí lo que importa es el apellido, el colegio privado o la herencia. Así que, déjenme que se lo diga, a nosotros no nos van a engañar. Mayores y jóvenes necesitan lo mismo: pensiones públicas e intervención en el mercado de la vivienda. Muchas gracias. (Aplausos).

Muchísimas gracias. No sé si alguien que esté en su casa escuchará el discurso que acaba de hacer el portavoz de SUMAR, pero realmente es un discurso que define cómo la izquierda lleva aproximándose a la cuestión de las pensiones durante décadas como una aproximación simplista. Ha repetido: lucha de clases; ha dicho: intervención en el mercado de la vivienda, intervención del sistema de pensiones… pero de fondo, de realidad, de números, de cifras, de sostenibilidad y de las cosas del comer, de lo que importa no ha dicho absolutamente nada. (Aplausos). Voy a intentar hacer un análisis estructurado de cómo está la situación. La ministra —‌que ha expuesto el real decreto ley— ha empezado hablando del crecimiento económico de España. Que todos los españoles nos escuchen: es mentira, España no está creciendo económicamente. Han metido en los últimos cinco años a 3 millones de personas. España roza los 50 millones de habitantes. Nunca habíamos tenido tanta población. Y tanta población consume, tanta población contrata cuestiones de menor valor añadido, cuestiones sencillas: desde contratos de teléfono y contratos de electricidad hasta la compra en el supermercado. Eso incrementa el volumen de consumo en España y hace que las cifras macro queden maquilladas. Da la sensación de que España crece, pero la realidad es que España lleva treinta años empobreciéndose. Los salarios netos reales de España llevan estancados desde el año 1995. (Aplausos). Si a esto le añadimos la extensión temporal, básicamente esto significa que los españoles cada día son un poco más pobres. Esta situación de pobreza se ve complementada con una inflación galopante. En los últimos años, desde que gobiernan el PSOE y SUMAR ―porque ellos hablan como si estuviesen en la oposición, pero llevan metidos en el Gobierno desde el año 2018―, ese empobrecimiento se complementa con una inflación galopante. Los españoles ya no pueden acceder a una vivienda, los españoles cada día consumen menos pescado y menos verduras frescas; consumen, sin embargo, más pasta y más aceite de girasol, porque cada día los españoles son más pobres. Y avala esta evidencia el hecho de que todos ustedes han repetido: esos pensionistas que ayudan a sus hijos y a sus nietos… Ustedes han convertido en constante, en normal, en frecuente y en popular la necesidad. ¡Ustedes ya dan por hecho que las generaciones jóvenes tengan que depender de la ayuda de sus mayores! (Aplausos). ¡Lo dan por hecho!, y lo han interiorizado en todos sus discursos. Esa es la realidad de una España totalmente empobrecida. (Rumores). Frente a esto que ustedes ocultan, repiten que las pensiones están garantizadas. Bueno, están garantizadas políticamente, porque la situación económica y financiera de las pensiones en España es nefasta. Las pensiones cada día tienen un boquete mayor. (El señor Figaredo Álvarez-Sala muestra un gráfico). Esta es la evolución del saldo neto de la caja de las pensiones en España. (Varias señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista: Dale la vuelta. Está al revés). Esta es la realidad, esta es la situación a la que España se enfrenta, y ustedes se la ocultan a los españoles. Ustedes vienen aquí a anunciar subida tras subida sin adoptar absolutamente ninguna medida e ignorando, además, la realidad. La realidad es que en los próximos diez años se van a jubilar en España 6,5 millones de personas. (El señor Figaredo Álvarez-Sala muestra otro gráfico). Esto lo dice el INE, no me lo invento yo. Lo dice el INE: 6,5 millones de personas se jubilarán en los próximos diez años, y hoy hay 5 millones de pensionistas. Es decir, no es descabellado pensar que en los próximos diez años la cantidad de pensionistas en España se haya prácticamente duplicado. Con la cantidad de perceptores de una pensión prácticamente duplicada y los salarios netos reales de España en caída libre, la situación del futuro de las pensiones es terrorífica. Y ustedes esto no se lo dicen a los españoles. Hay un informe de noviembre de 2025 de Fedea que dice abiertamente que en los próximos veinticinco años la situación de las pensiones será manifiestamente insostenible y que para sostener las pensiones de aquí a veinticinco años ―si seguimos por esta senda― tendremos casi que duplicar impuestos y cotizaciones sociales para redirigir esta financiación al sostenimiento de las pensiones. Y ustedes de esto no dicen nada. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). Esto quiere decir que las generaciones que se vayan incorporando al mercado laboral en los próximos veinticinco años tendrán que soportar sobre sus espaldas un peso de más del doble del que ya soportan hoy para mantener el actual sistema de pensiones. ¡De esto ustedes no dicen nada!, y no dicen nada porque les da igual. (Aplausos). Estos señores del Grupo Socialista, tan dicharacheros, y de SUMAR saben que en veinticinco años ni estarán ni se les esperará, y cuando hayan pasado veinticinco años, el que venga detrás que se apañe. Esa es la política que estos señores enfrentan, porque no piensan en España como nación. No piensan en el bienestar de los españoles y no piensan en el futuro de España. (Aplausos).

Las pensiones ya suponen hoy un 30 % del gasto total de los presupuestos generales del Estado, y estos datos son con los últimos presupuestos generales del Estado aprobados. Probablemente, si a día de hoy analizásemos la cifra con unos presupuestos generales del Estado ―que no han conseguido aprobar―, veríamos que el gasto ya no es el 30 %, sino que es muchísimo mayor. Y esta situación solo va a incrementarse, salvo que ustedes y quienes gobiernen adopten las medidas de modificación necesarias para hacerla sostenible.

Este diagnóstico que estoy haciendo hoy, en el año 2026, ya lo hicieron quienes estaban aquí ―del Partido Socialista azul y del Partido Socialista rojo― sentados en el año 1995, cuando firmaron la constitución del Pacto de Toledo. ¡Analizaron los mismos problemas que hoy vemos y, en estos treinta años de empobrecimiento sistemático de España, ustedes decidieron no hacer nada! (Aplausos). El sistema de las pensiones está al borde del colapso ¡y lo está por su culpa! Y cuando vienen ustedes aquí y anuncian unas subidas que no pueden garantizar financieramente, lo que están haciendo es estafar a los españoles. Lo importante es que los españoles sepan cuál es la realidad y cuál es el precipicio al que ustedes les están arrojando.

Muchísimas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Muy buenos días. Gracias, presidenta. Ministra, señorías, hoy hablamos de la justicia intergeneracional y del respeto a la palabra dada a más de 13 millones de pensionistas; 13 millones de españoles a los que el Partido Popular y VOX quieren meter la mano en el bolsillo. Miren, nuestro sistema de pensiones es fruto de una promesa: trabajar toda una vida para disfrutar de una vejez digna con pensión. Una promesa que rompió el Partido Popular cuando gobernó, y hoy ―tras la recuperación de derechos y revalorizaciones bajo el liderazgo de Pedro Sánchez―, es de justicia contraponer los dos modelos que existen: el modelo que cuida el presente y el futuro de nuestros mayores y el que congela vidas y ve en las pensiones públicas una oportunidad de negocio para los de siempre. (Aplausos). El mejor antídoto contra la manipulación es la memoria, y conviene no perderla. En 2013, el Gobierno del Partido Popular impulsó el índice de revalorización, el mayor ataque al sistema público de pensiones. Aquello significó dos cosas: condenar a millones de pensionistas al miserable 0,25, independientemente del coste de la vida, y provocar una pérdida continuada de poder adquisitivo. Además, el Partido Popular dilapidó la hucha de las pensiones que le dejó José Luis Rodríguez Zapatero con más de 66 000 millones de euros. Así pues, mientras subía el pan, mientras subía la luz, mientras subía la cesta de la compra o el alquiler, el Partido Popular estancaba las pensiones. Esto no fue un error, esto es una clara hoja de ruta. Y es que la derecha y la ultraderecha ―lo hemos visto aquí― no creen en lo público: ni en las pensiones, ni en la sanidad, ni en la educación. Para ellos los derechos son negocios. Además, si lo analizamos tras la intervención del portavoz de VOX, la cosa es muy sencilla. Lo que quiere el Partido Socialista es fortalecer el sistema público de pensiones haciéndolo más robusto, más sostenible y de todos, mientras que el Partido Popular y VOX quieren que las jubilaciones de los españoles dependan del mercado financiero y de la rentabilidad de fondos privados. Así de sencillo y así de terrible también. Hoy, es el señor Feijóo el heredero de esa hoja de ruta, al cuestionar permanentemente la viabilidad del sistema y la capacidad del Estado para revalorizar conforme al IPC y de esa manera generar miedo, cuando el que sí da miedo ―el verdadero ogro para los pensionistas españoles― es el matrimonio Feijóo-Abascal. (Aplausos). El señor Feijóo, ese mismo que —‌lo recordarán— afirmó en televisión que el Partido Popular siempre revalorizaba las pensiones conforme al IPC, era falso y tuvo que rectificar. Y es que toda España ya sabe que Feijóo miente siempre; en esto, también. Le viene al pelo lo de mentiroso sin memoria pierde el hilo de la historia, porque siempre que puede, el Grupo Popular vota en contra de la revalorización conforme al IPC. Siempre. ¡Siempre! Da igual que el decreto de pensiones vaya solo o acompañado, soltero o casado, ¡el Grupo Popular vota fervientemente que no a las subidas de las pensiones siempre! (Aplausos). En 2021 ―hagamos memoria― no solo votaron que no, sino que pusieron un veto. En 2022 votaron en contra, en 2023 votaron en contra, en 2024 votaron en contra y en 2025 el señor Feijóo votó en contra. La última vez hace poquito, el pasado 27 de enero, y por eso estamos hoy aquí. Dicen defender a los mayores en los mítines, pero les dan la espalda aquí, donde la cosa se retuerce de verdad, en las votaciones.

Y frente a ese modelo, los Gobiernos de Pedro Sánchez han supuesto un cambio histórico. No han hecho ajustes; lo que han hecho es justicia. Desde su llegada, las pensiones han aumentado más de un 28 %. Hemos blindado las pensiones por ley, vinculándolas al IPC y devolviendo la dignidad al sistema, protegiendo a nuestros mayores y evitando su empobrecimiento. La pensión media de jubilación ha aumentado más de 6000 euros al año con Pedro Sánchez y el compromiso para 2026 que traemos hoy aquí, señora ministra, es claro: una subida del 2,7, unos 50 euros más al mes de media. Lo hemos hecho recuperando la hucha, eliminando el copago farmacéutico y pensando en ellas, con el complemento por brecha de género y elevando rentas a quienes más lo necesitan en la jubilación: las mujeres. Así pues, señorías, esto no son solo datos; son neveras que se llenan, calefacciones que se encienden y la tranquilidad de saber que el Estado no te abandona, como sí harían el Partido Popular y VOX si pudieran. (Aplausos).Yo vengo de Castilla y León, donde el 25 % de la población es pensionista y los datos son incontestables. La pensión media ha subido un 33 %, un crecimiento histórico. Con el modelo del Partido Popular, un pensionista burgalés no llegaría a los 1000 euros y hoy cobra más de 1400. Gracias a las subidas de los últimos años ―del 8,5, del 3,8―, un pensionista segoviano o salmantino cobra 500 euros más que con el modelo de desprotección del Partido Popular. Por cierto ―hablando de protección―, todavía estamos esperando que la Junta de Castilla y León sea capaz de ponerse mano a mano con los 169 trabajadores de Majorel en Salamanca, que pueden irse a la calle si Mañueco sigue parado entre cervezas, certezas, cortezas o peinetas, que eso es lo que le va. (Aplausos).

Aun así, con todas estas evidencias ―aun con todas estas evidencias―, el Partido Popular sigue diciendo que no se pueden pagar. Pero este Gobierno ha demostrado que la sostenibilidad de las pensiones no se logra recortándolas, no se logra azuzando el miedo, sino reforzando ingresos, creando empleo como nunca y aumentando las cotizaciones. España tiene hoy el Gobierno que más ha subido las pensiones en los últimos quince años; un Gobierno que no miente sobre lo que vota; que entiende que una sociedad que no cuida a sus mayores es una sociedad sin alma y un Gobierno, en definitiva, que vela por toda la ciudadanía. Así que, señorías del Grupo Popular, frente a sus recortes, derechos. Frente a su 0,25, dignidad y revalorización conforme al IPC. Y frente a quienes mienten sobre su pasado y votan contra el futuro, este Gobierno seguirá defendiendo que quien trabajó toda su vida reciba lo que le corresponde.

Así que haremos nuestro ―termino― el refranero castellano: a canas honradas no hay puertas cerradas. Mientras el Partido Socialista gobierne ―queda para rato―, no se van a cerrar las puertas a una vida digna ni a los pensionistas de hoy ni tampoco a los de mañana. Seguiremos trabajando para que en 2027, y más allá, nuestros pensionistas sigan siendo el pilar de orgullo de nuestra democracia.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Señora ministra, lo primero que quería preguntarle es cómo ha podido tener el descaro de decir que el Partido Popular no quería que se revalorizaran las pensiones según el IPC. En noviembre presentamos esta proposición de ley (muestra un documento) para la revalorización de las pensiones. ¡En noviembre! (Aplausos). Cuéntenos por qué es capaz de mentir a los españoles instrumentalizando a los pensionistas en contra del principal partido de España, el mayoritario de esta Cámara y el que lidera la oposición al Gobierno. ¿Considera que esto es un acto democrático? ¿O podríamos considerarlo un bulo más de los que salen de la fábrica de bulos de la Moncloa? Aún es peor, señora ministra: ha ocasionado zozobra, preocupación e inseguridad en nuestros pensionistas, algo que no se merecen. Es más, creo que se ha reído de ellos o les ha tomado como rehenes de la okupación. No sé qué versión le gusta más; quizás las dos. No se merecían este circo y tampoco se merecen que usted sea su ministra, la ministra de sus pensiones. (Aplausos). Usted, señora ministra, no solo miente, crea y difunde bulos e instrumentaliza a los pensionistas y les genera preocupación, sino que usted y su partido, señora ministra, están poniendo en riesgo el único pacto de Estado que queda tras la llegada de Pedro Sánchez, el Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo es importante, porque genera tranquilidad para el futuro y estabilidad no solo a nuestros mayores, personas que han dedicado toda su vida a España, a nuestra sociedad y a sus familias, sino también a todos los españoles que están en su etapa laboral y de cotización. Asimismo, no debemos olvidarnos de que, además, es la principal partida de gasto de los Presupuestos Generales, y con muchísima diferencia.

Destrozar el Pacto de Toledo tendrá consecuencias muy negativas para el país. Espero que se arrepientan en un futuro de lo que están haciendo, por su propio bien.

Hoy hemos oído a la señora Peña verter mentiras e insidias y hacer un análisis absolutamente partidista de lo que es la acción del Partido Popular ante el sistema de pensiones. Pero también debemos alegrarnos porque, al final, nos han hecho caso y han desgajado la revalorización de las pensiones del decreto ómnibus. Nos alegramos por ello. No nos hacen caso en otras propuestas, y los pensionistas están perdiendo poder adquisitivo por las subidas de impuestos, por la no deflactación del IRPF y por la subida tan fuerte de la cesta de la compra, uno de los principales gastos de nuestros pensionistas. No, ministra, el Gobierno no está asegurando que los pensionistas mantengan su poder adquisitivo. (Aplausos). Usted dice que piensan en los pensionistas, pero no es cierto: no mantienen su poder adquisitivo y, por su gestión, la Administración de la Seguridad Social es un auténtico caos. El colapso de la Seguridad Social deja sin tramitar 230 000 prestaciones de incapacidad por la falta de personal, dato del año 2025. Este mismo año, por primera vez en la historia el personal directivo de la Seguridad Social ha hecho una huelga por el colapso de esta Administración, entre otras cuestiones. La falta de plantilla y una planificación deficiente han convertido en una misión casi imposible una cita presencial para gestionar la pensión. No paran de subir impuestos y de batir récords de recaudación, mientras los servicios se empeoran. No es un fallo puntual: falla todo y todo el rato. Los españoles, también los pensionistas, se preguntan dónde está su dinero. (Aplausos).

Dice el real decreto ley que la extraordinaria y urgente necesidad queda más que justificada por el retraso en la tramitación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2026. ¿Pero qué broma es esta, señora ministra? ¿Retraso en la tramitación de los presupuestos generales del Estado? El Gobierno solo ha conseguido tres presupuestos en ocho años; no ha aprobado ningún presupuesto desde hace más de tres años, desde diciembre del año 2022, y lo hizo con un Parlamento que era diferente del actual. En esta legislatura, aún ninguno, y nos queda un poco más de un año para acabar. Este no es un retraso en la tramitación, es un absoluto fracaso del Gobierno y un incumplimiento reiterado de la Constitución, de su artículo 134. (Aplausos).

Señora ministra, si no saben, no quieren o sus socios no les dejan, váyanse. Me parece lo más democrático que pueden hacer, aunque no sé si les importa mucho la democracia a estas alturas. Además, usted, señora ministra, será siempre la ministra que tragó con que en España haya pensionistas de primera y pensionistas de segunda. Fue su padrino político, Santos Cerdán, quien negoció la cesión de la Seguridad Social y usted quien la ejecutó. Fue Santos Cerdán quien gestionó los pactos para la investidura de Sánchez. El pacto con el PNV incluía la transferencia de la Seguridad Social al País Vasco y, para más inri, el acuerdo con el PNV se anunció por Cerdán en Bruselas, después de reunirse con Puigdemont. ¿Se acuerdan de esta terrible foto de la reunión? (Muestra una fotografía de esa reunión). ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Aquí es donde se observa hasta qué punto ustedes son capaces de renunciar a todos sus principios por mantenerse en el poder. (Aplausos).

Esta transferencia, señora ministra y señora Peña Camarero, ¿creen que ayuda a los pensionistas de Castilla y León o agrandará las desigualdades entre pensionistas según su código postal? ¿Va usted a explicarle a los pensionistas de Castilla y León por qué sus pensiones pueden ser peores que las de otros territorios porque su padrino así lo decidió para mantener a Sánchez en la Moncloa? (Aplausos.―Una señora diputada: ¡Eso es!). Porque las críticas, señora ministra, vienen de todas partes: Comisiones y UGT alertaron el pasado mes de enero de que las transferencias de la Seguridad Social al País Vasco pueden tensionar la caja única y la igualdad en el acceso a las prestaciones y altos funcionarios de la Administración de la Seguridad Social advierten de que el traspaso tendrá graves consecuencias, supondrá un peor control, mayor gasto y que haya desigualdad entre españoles. ¿Este es su modelo?

Por último, quiero desmontar otro bulo, el de que la subida del salario mínimo reduce la brecha de género. Falso. La subida del salario mínimo ―la coletilla del Gobierno, según Jordi Sevilla― no reduce la brecha de género, no tiene incidencia, como así nos lo trasladó una investigadora del CSIC este pasado lunes en la Comisión del Pacto de Toledo, comparecencia solicitada por el Grupo Socialista y, por tanto, no crea que es alguien de la fachosfera. Ya sabíamos que la subida del salario mínimo no reducía la pobreza y ahora también sabemos que no reduce la brecha de género.

Señorías, señora ministra, los datos poco a poco irán desmontando sus bulos, igual que la justicia poco a poco irá aclarando quiénes y hasta dónde están manchados el Gobierno y el Partido Socialista. Solo queda esperar.

Muchas gracias. (Aplausos).