Proposición de Reforma del artículo 49 de la Constitución Española.

Señora presidenta, señoras y señores diputados, señoras y señores ministros y asociaciones, a las que agradezco su presencia y su papel en este debate. Es un inmenso honor tomar la palabra en este debate para, en primer lugar, cumplir con un compromiso de mi formación política y con un compromiso personal con los más de 4 millones de personas con discapacidad en España, y también para cumplir nuestra obligación de acercar nuestras instituciones a sus ciudadanos y adaptarlas a los nuevos tiempos.

Hoy es un gran día. Es un gran día para nuestra política, para nuestra sociedad y para nuestro país. Por ello, me gustaría destacar los tres aspectos claves sobre los que, a mi modo de ver, se asienta esta reforma constitucional. El primero, la oportunidad social para acometerla; el segundo, el momento político en el que la abordamos, y, el tercero, la vigencia de nuestra Carta Magna.

Ya hace tiempo que las personas con discapacidad gozan de la consideración de sus compatriotas, del respaldo de la ley y de la atención de los poderes públicos. Todos estos logros son fruto de un esfuerzo colectivo que hace que se incremente el orgullo de pertenencia a la nación común. Somos y queremos seguir siendo una nación de ciudadanos libres e iguales donde no tenga cabida el privilegio, la discriminación arbitraria ni tampoco el olvido de los más necesitados de atención. Los españoles construimos cada día, a cada paso, un proyecto de vida personal, familiar y social. Conformamos un país del que vale la pena sentirse orgullosos, pues nos integra más allá de nuestras diferencias, más allá de nuestras discrepancias y más allá de nuestras capacidades. Ese avance colosal que permite a las personas con discapacidad tener una presencia social activa tiene una asignatura pendiente, un reconocimiento que trasciende mucho más de su indudable carga simbólica.

Señorías, nuestra Constitución tiene letra y tiene espíritu. El espíritu es inalterable porque refleja el anhelo de libertad y de igualdad de todas las generaciones. Y es el espíritu que ha fundado con sus imperfecciones la mayor época de estabilidad política, de progreso económico y de progreso social en nuestra centenaria historia como país. La letra, en cambio, requiere en este caso ser adaptada a las nuevas realidades. Es evidente que el legislador no quiso ofender a nadie durante la redacción del texto fundamental, pero el lenguaje y también las instituciones son organismos vivos que se han de adecuar al contexto y a las nuevas necesidades. Es lo que hemos hecho con la modificación del artículo 49. De esta forma, se han sustituido expresiones anacrónicas por otras que representan mucho mejor a las personas con discapacidad, a las problemáticas a las que se enfrentan y a sus necesidades. Tanto el principio de igualdad como el de no discriminación entre españoles quedan afianzados en la nueva redacción, una redacción que es consecuencia de un consenso político que, a su vez, se hace eco de la voluntad mayoritaria de la sociedad española. Son los españoles los verdaderos artífices de los cambios que han hecho posible que la discapacidad no se asocie a inferioridad o a pérdida de derechos. La Constitución, garante de nuestra democracia, reivindica así plenamente a estos compatriotas que comparten con los demás españoles el deseo de una España de todos, para todos y con todos.

El segundo aspecto por considerar es el momento en el que se produce esta modificación. Ante nuestra Carta Magna se diferencian hoy tres posiciones: las que la atacan, las que la burlan y las que quieren defenderla. Nosotros no la atacamos ni la burlamos, sino que la defendemos utilizando la principal herramienta política, que es el consenso. (Aplausos). Con la misma intensidad que denunciamos y denunciaremos a los que pretenden destruirla, violentarla u olvidarla, estamos y estaremos dispuestos a recurrir al acuerdo cuando, como en este caso, es necesario y responde a una demanda real y justa.

La modificación que hoy traemos a las Cortes es modélica porque parte de una reivindicación social y de la cooperación con las asociaciones y porque adquiere forma de un acuerdo entre los dos grandes partidos al que todos los grupos están invitados. Ha habido una negociación honesta, un texto compartido y los informes preceptivos que avalan la modificación y, además, porque contrasta con comportamientos que, por desgracia, son frecuentes en la política nacional de hoy. Esta reforma no pretende consagrar ningún privilegio, sino tratar con justicia a un colectivo tan importante de nuestra sociedad. No viene impuesta por una minoría que quiere suplantar a las mayorías, sino que es fruto de un consenso mayoritario. No se elabora con opacidad, sino con transparencia. No nace del deseo de erosionar la ley de leyes, sino con la vocación de fortalecerla. Y no produce desconcierto o indignación en gran parte de la sociedad española, sino aplauso. En lugar de debilitar la democracia española, la estamos afianzando. Este es el cambio y el camino que debemos emprender para conseguir grandes reformas y para forjar consensos. Estoy convencido de que, si mantuviésemos esta voluntad durante más tiempo, esta reforma no sería un oasis en el desierto de la crispación que algunos han elegido.

Sobre la tercera y última de las reflexiones, cabe preguntarse por qué este colectivo de españoles ha mostrado tanto empeño durante tanto tiempo en que la Constitución reflejase nuestra realidad. Y la respuesta es tan sencilla como aplastante: porque le dan un gran valor a la Carta Magna como origen de toda legitimidad democrática, porque entienden que un derecho enmarcado en la Constitución obliga a los poderes públicos y es una defensa contra la arbitrariedad y porque se sienten así protegidos por la Constitución, la misma que les ha permitido innumerables avances en las últimas décadas y que les seguirá acompañando en los que aún tienen pendientes. Y hacen bien en sentirse así. Es así como deben sentirse todos los demás españoles y españolas, que ven en la Constitución un puente entre todos ellos y no un muro que nos separa. La Constitución se hizo para derribar muros y tender puentes. Gracias a esta modificación, este puente es más amplio y podemos estar más orgullosos de nuestra obra colectiva.

Nos han pedido que reformemos la Constitución porque la sienten vigente y, hoy, gracias a la reforma, estará todavía más vigente. (Aplausos). Hoy, la Constitución es, más que nunca, la garantía de la igualdad y la libertad de todos los españoles, la prueba de que la reforma es infinitamente mejor opción que la ruptura, el mejor límite a la arbitrariedad y al abuso de poder, el punto de referencia al que los españoles debemos seguir mirando para desarrollar un país en el que sentirse orgullosos, de manera individual y también de manera colectiva; y el marco de un modelo de convivencia en el que todos cabemos y todos nos podemos sentir orgullosos, incluso los que no creen en él.

Ayer tuve la inmensa suerte de conocer a María Becerra y a Pablo Navarro, en la Fundación Prodis. Me dijeron algunas frases que durante un tiempo resonarán en mi memoria y quería compartirla con ustedes. María Becerra dijo, en público: Me han dicho que no valía para nada, que era una retrasada y que no podía relacionarme con los demás. Y, también, añadió: Nuestras capacidades no nos definen. Ante todo, somos personas.

Señorías, las palabras importan y, hoy, esta Cámara está llamada a dar un ejemplo de política que vale la pena, de política de verdad y de política que alza el vuelo sobre la refriega cotidiana y los intereses personales. (Aplausos). Esta reforma, en nuestra opinión, es pertinente, necesaria, adecuada y prometida. Se ha dilatado única y exclusivamente por la tentación de algunos de usarla como excusa para abrir debates que nada tienen que ver con las demandas de las personas con discapacidad, para sacar ventaja de la debilidad del Gobierno actual y para aprovechar, una vez más, la amplitud de miras de nuestra Carta Magna para intentar debilitarla.

Hoy, no solo tengo el honor de tomar la palabra, sino también de ser el primero en hacerlo en representación de mi grupo, y me permito pedirles que, en las intervenciones de todos, no caigamos en la tentación de persistir en este error. Se equivocará quien vuelva a usar este debate como pretexto para sus agendas partidistas. Se equivocará quien use este gran consenso para volver a citar su voluntad de confrontación. Se equivocará quien vuelva a usar la posición que le otorga la grandeza de nuestra Constitución para intentar poner en cuestión la propia Constitución.

Hace muchos años que me dedico a los intereses generales, con especial atención a los ámbitos social y sanitario. Y ello me ha dado la gran oportunidad de tener contacto con infinidad de asociaciones, de participar en muchas convocatorias públicas de empleo, de poner en marcha iniciativas para la atención a quien más lo necesita y de nombrar a personas con discapacidad en altos cargos de mi Gobierno. También me ha dado la oportunidad de contar en mi partido con personas como Mar Galcerán, que creo que hoy nos acompaña, la primera y única diputada española, hasta donde yo sé, con síndrome de Down. (Aplausos).

Por tanto, tengo la suerte de haber podido ser testigo y partícipe de cada avance, de cada mejora y de cada paso en favor de la autonomía, la dignidad y la igualdad de las personas con discapacidad. Estoy tremendamente orgulloso de haber podido hacerlo también en este caso porque, cuando finalice esta tramitación parlamentaria, nuestra Constitución será un poco mejor, nuestra sociedad será un poco mejor y nuestra política también puede ser mejor. En nuestra mano está que así lo sea. Por mi parte, el conjunto de los españoles cuenta con el compromiso firme de que no voy a renunciar nunca a la política que surge del consenso y de la honestidad. No voy a renunciar nunca a la política que tiene como única razón el ser servicio a los ciudadanos. No voy a renunciar nunca a servir a la mayoría y no voy a renunciar nunca a defender la igualdad, la dignidad y la libertad de todos los españoles, de todos. Y yo sí voy a cumplir.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos de los señores y de las señoras diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie).

Gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, señorías, señoras y señores ministros. Hoy, es un día histórico, no solo porque vamos a modificar nuestra Carta Magna, sino porque hoy se hace justicia con las personas que tienen algún tipo de discapacidad en nuestro país. En la actualidad, en España más de 4 300 000 personas conviven con algún tipo de discapacidad y la Organización Mundial de la Salud reconoce que un 15 % de la población mundial la tiene, es decir, 1200 millones de personas en el mundo. Este número triplica a la población de la Unión Europea y casi equivale a la población de China. Por tanto, pongamos en su justa medida la importancia de lo que hoy presentamos a esta Cámara. La discapacidad nos afecta a todas y a todos porque, a lo largo de nuestra vida, no estamos exentos de adquirirla o de conocer su realidad a través de nuestros familiares o de nuestros seres queridos. El artículo 49 de nuestra Constitución dice que los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos (hace el signo de comillas con los dedos). Disminuidos es un adjetivo muy importante, señorías, nos identifica ante los demás, tiene un peso legal y también posee un importante valor simbólico. Aunque no lo elijamos, un adjetivo nos define, ya que nos representa ante los demás. De ahí la importancia de que sea digno y justo porque, de lo contrario, contribuiremos a perpetuar estereotipos y clichés que, en la mayoría de los casos, son peyorativos.

Una palabra es poderosa —sí, señor Feijoo, es poderosa—, lo comparto, para bien o para mal. Y me explico. Permítame que les hable de manera sucinta de mí. Yo nací, como ustedes, sin ningún tipo de discapacidad y anduve un tiempo, como cada una de ustedes, hasta que la poliomielitis me vino a visitar para quedarse en mí para siempre, cuando apenas tenía tres años de vida. Siempre he sido de espíritu activo y eso me llevó a practicar, desde muy joven, deportes vinculados al mundo de la discapacidad, llegando a competir a nivel nacional e internacional en baloncesto en silla de ruedas y en atletismo en silla de ruedas. A lo largo de mi vida, he utilizado documentos oficiales en los que, como persona con discapacidad que soy, se me ha denominado de diferente manera. Les hago un resumen cronológico de dichas denominaciones. En los años setenta por escrito, por escrito, el Estado me denominó como subnormal —d‌enominación dura, ¿verdad?—; en los años ochenta, inválido; en los años noventa, minusválido. Allá por los años noventa me llamaban minusválido, la importancia de un adjetivo. Paradojas de la vida, se me llamó minusválido el mismo año que logré ser subcampeón del mundo de atletismo en silla de ruedas en Inglaterra en 1990. (Aplausos). Se me llamó minusválido en la misma época en la que bajé de las dos horas en la maratón de Nueva York. Y también se me llamaba minusválido en la época en la que tuve el honor de representar a mi país como deportista paralímpico en Barcelona 92. Inválido, minusválido, menos válido. Probablemente, muchos de los presentes salgan a correr de manera habitual, pero ¿cuántos de ustedes son capaces de bajar de las dos horas tras recorrer los 42 kilómetros que tiene una maratón? (Risas y aplausos).

Disminuido. ¿El término disminuido creen que es el más apropiado para definir a Van Gogh, aunque tuviese epilepsia y trastorno bipolar? ¿Lo emplearían para aludir a Frida Kahlo, que también tenía polio como yo? ¿Para referirse a Beethoven, que tuvo sordera? ¿Para mencionar a científicos de la talla de Nash, que tenía esquizofrenia y también un Premio Nobel de Economía? ¿O para Hawking? ¿Hace justicia a la nadadora Teresa Perales, a sus veintisiete medallas olímpicas? Señorías, ¿saben quién es Erik Weihenmayer? Es un alpinista estadounidense que nació con un problema degenerativo en la retina, quedando ciego a los trece años, pero la ceguera no le impidió culminar con éxito las siete cumbres más altas del mundo. ¿O los tres chavales de la asociación nacional AMIAB que, teniendo una discapacidad intelectual, han llegado hasta el Everest, junto a sus monitores y acompañados del alpinista vasco Alex Txikon? ¿De verdad, señorías, debemos ser tratados como disminuidos?

Siguiendo la cronología, fue con la llegada de los años 2000 cuando se nos empezó a denominar como discapacitados, y tuvimos que esperar hasta el año 2008, año en el que España aceptó la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, para que se adoptara este término, que finalmente quedará reflejado en el artículo 49 de nuestra Constitución si así —‌como deseamos— sale adelante esta proposición de reforma constitucional que hoy presentamos los grupos parlamentarios del PSOE y del Partido Popular para su toma en consideración.

Hasta hoy identificamos a este colectivo con la expresión disminuidos (hace el gesto de comillas con los dedos), terminología muy retrógrada en nuestra realidad social y jurídica actual. La expresión correcta que utiliza nuestro ordenamiento actual y aceptada como válida por el propio sector y por la Convención de las Naciones Unidas, es la de personas con discapacidad. Esta reforma da respuesta a una demanda de la sociedad civil y es fruto del empeño y la exigencia del movimiento social de la discapacidad, liderado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, el CERMI, a los cuales saludo hoy en esta Cámara y les doy las gracias por la encomiable labor que hacen. (Aplausos).

Señorías, asisto a este debate ilusionado, muy ilusionado, porque esta modificación concierne al lenguaje. Importa que en nuestra Carta Magna se designe a las personas con discapacidad, como digo, de manera digna y justa; pero también es esencial por lo que supondrá, pues se recogerá explícitamente que las personas con discapacidad tendrán el derecho constitucional de exigir a los poderes públicos políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social, expresamente en entornos universalmente accesibles, atendiendo particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad. De ahí la importancia que tiene esta proposición de reforma constitucional. Hoy echaremos abajo una barrera más para alcanzar la tan ansiada igualdad y también nos dignificará como sociedad, porque las palabras que empleamos importan. La manera en la que identificamos a un colectivo afecta a su identidad y a su autoestima, pero también nos define a quienes la empleamos.

Señorías, en España tenemos más de 150 disposiciones legales y reglamentarias de competencia estatal en favor de las personas con discapacidad, siendo la norma de referencia aprobada, a la luz de los nuevos principios de la Convención de Naciones Unidas, el Real decreto que aprueba el texto refundido de la ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Nuestro ordenamiento jurídico es muy prolijo en la regulación de la protección de las personas con discapacidad, pero hay que avanzar desde los derechos a los hechos para asegurar su exigibilidad y que cumpla su fin social perseguido. Su contenido debe evolucionar del modelo prestacional al modelo de los derechos humanos y recoger principios como el de la igualdad, la capacidad, la autonomía personal y la vida independiente, la asistencia personal, ajustes razonables, accesibilidad universal, lengua de signos o el diálogo civil, entre otros.

Señorías, permítanme que les exprese mi agradecimiento y el de mi grupo parlamentario por el apoyo que seguro darán a esta proposición de reforma constitucional del artículo 49. Comprometámonos, comprométanse, señoras y señores ministros, aseguremos el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones y de manera transversal: acceso a la formación, al empleo, a la cultura, a una vivienda digna yque no se convierta en una cárcel particular si les llega una discapacidad sobrevenida al no tener dicha vivienda adaptada a sus necesidades. Hagamos de nuestro entorno un entorno accesible para todos y para todas, un transporte accesible, acceso igualitario a la tecnología y a la información. Hagamos que la inteligencia artificial, además de inteligente sea inclusiva, y lo mismo con otros servicios e instalaciones abiertas al público o que sean de uso público, tanto en las zonas urbanas como, especialmente, en las zonas rurales. Todo ello, con la finalidad de que las personas con discapacidad puedan vivir de forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida.

Sus señorías quizás no noten nada extraño cuando llevan a sus hijos o a sus nietas a montar en los columpios del parque infantil de su barrio. Pero yo nunca olvidaré los nombres de Lucía, Alfonso y Natalia. Siempre recordaré sus caras de felicidad cuando hace tan solo un año, por primera vez, subieron a un columpio. Una experiencia que no habían podido disfrutar hasta que instalamos el primer columpio de carácter inclusivo en mi ciudad, Albacete, de la que he sido orgulloso alcalde. Un gesto tan normal como es subir a un niño o a una niña a un columpio, para muchas personas, lamentablemente aún hoy, es algo extraordinario. Sirva esto como ejemplo para contextualizar a qué nos referimos cuando afirmamos que los poderes públicos deben comprometerse para garantizar la accesibilidad universal.

Señoras y señores representantes de las diferentes entidades del sector de la discapacidad, muchas gracias por acompañarnos hoy en esta Cámara en este día histórico, pero, especialmente, muchas gracias por esa magnífica labor que ustedes hacen cada día en favor de las personas con discapacidad. Creo que la mención que la nueva redacción de este artículo de la Constitución hace al fomento de la participación en el movimiento asociativo de personas con discapacidad habla por sí sola.

Señorías, celebremos que nuestra Carta Magna recoge las demandas de las personas con discapacidad y sus familias. Sintámonos orgullosos, señorías, como parlamentarios porque, desde hoy, las personas con discapacidad dan un paso más para lograr la tan ansiada igualdad real, plena y efectiva.

Muchas gracias por su atención. (Aplausos de los grupos parlamentarios Socialista, Plurinacional SUMAR y miembros del Gobierno, algunos de ellos puestos en pie).

Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenas tardes. Saludo, cómo no, a los representantes de las asociaciones de personas con discapacidad y también a CERMI. Evidentemente, señorías, la Constitución española garantiza la libertad, la democracia y el

Estado de derecho, también recoge los derechos y obligaciones de los españoles y dio un paso muy importante a la hora de hacer una mención especial, en su artículo 49, a las personas con discapacidad, porque no todas las Constituciones de países democráticos lo hacen. Tampoco tenemos ninguna duda de que el legislador, en su momento, lo hizo teniendo en cuenta las dos consideraciones que había en ese momento y, sobre todo, tenemos muy claro que lo hizo con total y absoluta buena voluntad.

Hoy, después de los avances conseguidos y después de tener como referente la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas, se actualizan los términos recogidos en nuestra carta magna y se hace desde el punto de vista de Unión del Pueblo Navarro a la hora de manifestar nuestro respeto, la justicia, el compromiso y la solidaridad con todas las personas con discapacidad de nuestro país, más de 4 300 000 españoles.

Esta es una reivindicación de colectivos, de asociaciones, de familiares y de personas que viven directamente la discapacidad. Hoy se quieren actualizar unos términos obsoletos e inadecuados y buscar otros más adecuados y, sobre todo, más justos. Se quiere, además, aprovechar la oportunidad para eliminar cuestiones y especificaciones ya anacrónicas superadas. Desde Unión del Pueblo Navarro lo hacemos por el compromiso a la hora de dignificar a las personas con discapacidad. Esperemos que sean unos términos que perduren en el tiempo y que no haya que actualizarlos dentro de unos años. Esperemos también que no haya ninguna discriminación en el propio colectivo en razón de sexo o de edad.

Hablando también de la Constitución española, señorías, Unión del Pueblo Navarro, evidentemente, discrepa en algunas cuestiones como, por ejemplo, que venga recogido en la disposición transitoria cuarta esa posibilidad de que Navarra se incorpore a Euskadi, algo que nosotros rechazamos. Evidentemente, hoy no es de lo que tenemos que estar hablando, ya que hoy hablamos única y exclusivamente, y de manera concreta, de la dignificación de las personas con discapacidad. Por lo tanto, nuestro voto será afirmativo.

Muchas gracias. (Aplausos).

Grazas, señora presidenta. Celebramos que esta semana se vaia por fin mudar o artigo 49 da Constitución española, eliminando un termo absolutamente discriminatorio como «diminuído», xa desbotado no uso social, igual que aconteceu con «minusválido», para substituílo por «persoas con discapacidade». Ninguén vale menos. Ninguén ten por que diminuír nin o seu valor como ser humano nin a súa achega á sociedade en función de circunstancias físicas, psíquicas ou sensoriais, como se dicía no texto constitucional. Mais claro, se ficarmos aquí nesta mudanza terminolóxica, pouco facemos e pouco faremos. O que é necesario son políticas públicas que garantan dereitos e igualdade real. Certo que iso tamén está recollido na proposta, mais permítame lembrar que, cando falamos da Constitución española, sabemos que sempre é utilizada como arma política ao servizo dos que reteñen o poder, e isto é así. Os artigos que recoñecen dereitos son, na maior parte dos casos, papel mollado. Non hai políticas públicas capaces de garantilos. En cambio, os que encerran políticas regresivas son esgrimidos habitualmente como ameaza e utilizados cando for preciso. Todos coñecemos o 155, e moi poucos o 128, por poñer un exemplo. Aliás, o feito de que sexa precisa esta modificación para evitar un termo discriminatorio é unha mostra de que a Constitución española, que xa tiña serias limitacións democráticas no seu día, está absolutamente desfasada e non responde ás necesidades democráticas e sociais do momento. Por se tratar dunha mudanza moi puntual, o BNG non presentará emendas e votará a favor, tal e como reclamaron as asociacións que agrupan as persoas con discapacidade que impulsaron esta reforma que temos que agradecer. Mais quero salientar que a Constitución non só atentaba contra a dignidade das persoas ás que chama diminuídos. Tamén se diminúe a democracia cando establece unha xefatura do Estado que non é elixida pola cidadanía. Tamén se diminúe a democracia e igualdade cando non se recoñece a existencia de nacións como Galiza e os seus dereitos colectivos. Diminúese tamén cando se establece unha desigualdade xurídica de base entre a miña lingua, a nosa lingua, o galego e o español, por exemplo. Por tanto, como mínimo sería preciso un proceso global de modificación da Constitución para avanzar en democracia. Claro que, como forza soberanista, o BNG defende que a solución verdadeiramente democrática sería un proceso constituínte que garantise á Galiza a capacidade de decidir de maneira soberana e o exercicio pleno de todos os dereitos tamén para as persoas con discapacidade.

Entre tanto, como avanzaba, votaremos a favor da proposta por xustiza e por responsabilidade coas persoas discapacitadas. Moito obrigado.

Gracias, señora presidenta. Celebramos que en esta semana se vaya a cambiar por fin el artículo 49 de la Constitución española, eliminando un término absolutamente discriminatorio como disminuido, eliminado del uso social, igual que sucedió con minusválido, para sustituirlo por personas con discapacidad. Nadie vale menos. Nadie tiene por qué disminuir ni su valor como ser humano ni su aportación a la sociedad en función de circunstancias físicas, sensoriales o psíquicas, como se decía en el texto constitucional. Pero si nos quedamos aquí, en este cambio terminológico, poco hacemos y poco haremos. Lo que es necesario son políticas públicas que garanticen derechos e igualdad real. Es cierto que eso está recogido en la propuesta, pero permítanme que recuerde que, cuando hablamos de la Constitución española, sabemos que siempre se utiliza como arma política al servicio de los que retienen el poder, y esto es así. Los artículos que reconocen derechos son, en la mayoría de los casos, papel mojado, no hay políticas públicas capaces de garantizarlos, y, en cambio, los que encierran políticas regresivas son esgrimidos habitualmente como amenaza y utilizados cuando se necesita. Todos conocemos el 155 y muy pocos el 128, por poner un ejemplo. Es más, el hecho de que sea necesaria esta modificación por ser discriminatorio es una muestra de que la Constitución española, que ya tenía serias limitaciones democráticas en su día, está absolutamente desfasada y no responde a las necesidades sociales y del momento. Al tratarse de un cambio muy puntual, el BNG no presentará enmiendas y votará a favor, tal y como reclamaron las asociaciones que agrupan a las personas con discapacidad que impulsaron esta reforma, que tenemos que agradecer. Quiero destacar que la Constitución no solo atenta contra la dignidad de las personas a las que ya llama disminuidos, también se disminuye la democracia cuando se establece una jefatura del Estado que no es elegida por la ciudadanía y también se hace cuando no se reconoce la existencia de naciones como Galicia y sus derechos colectivos. Se disminuye también cuando se establece una desigualdad jurídica de base entre mi lengua, nuestra lengua, el gallego y el español, por ejemplo. Por tanto, como mínimo, sería necesario un proceso global de modificación de la Constitución para avanzar en democracia, pero, claro, como fuerza soberanista, el BNG defiende que la solución democrática sería un proceso constituyente que garantizase a Galicia la capacidad de decidir de manera soberana en el ejercicio pleno de todos los derechos para las personas también con discapacidad. Mientras tanto, como avanzaba, votaremos a favor de la propuesta por justicia y por responsabilidad con las personas discapacitadas. Muchas gracias.

Buenas tardes. Hoy nos reúne un acto de justicia porque suprimir la palabra disminuido no solo es un acto de justicia, sino también de responsabilidad y una obligación que teníamos como representantes públicos. No hasta hace mucho tiempo se podían leer en prensa titulares vergonzosos tales como: una joven subnormal de quince años vive atada a un limonero o uno de cada seiscientos nacidos es mongólico. Es realmente terrible la discriminación que han tenido que sufrir y que aún sufren las personas con discapacidad en nuestro país. Hasta el término discapacidad corta alas y corta alas a personas que son diversas, diversas como lo somos todos, con sus potenciales y también con sus dificultades. Votaremos que sí a esta reforma y lo haremos porque queremos ampliar derechos, pero también porque es importante el lenguaje y porque son importantes las palabras. Las palabras son arietes del cambio y cambiar el término disminuido y utilizar lenguaje más inclusivo nos ayuda a superar cárceles mentales. Nosotras entendemos que esta reforma no es suficiente y que hay que poner especial foco en la atención a la discapacidad por parte de las Administraciones públicas. Obras son amores y no buenas razones. Debemos implementar medidas y políticas públicas tal cual nos están pidiendo los distintos colectivos relacionados con el ámbito de la discapacidad y de la dependencia, porque aún resuenan en mi cabeza las palabras del señor Mariano Rajoy en su época más austericida cuando decía que la dependencia es inviable. ¿Recuerdan? (Rumores). Es muy bonito, señor Feijóo, ponerse de acuerdo con el Partido

Socialista para traer esta reforma de la Constitución —‌probablemente en el IBEX estarán celebrando con champán la vuelta de los pactos del bipartidismo—, pero fueron las ministras de Podemos las que revirtieron los recortes que el señor Rajoy hizo de más de 8000 millones de euros en el ámbito de la dependencia.

Está bien quitar la palabra disminuido, pero queda mucho por hacer. Hay que hablar de los trámites que hay que facilitar para obtener la discapacidad y de la plena integración de las personas con discapacidad, especialmente de los niños, de las niñas, de las mujeres y de las personas LGTBI, que son doblemente discriminadas; regular la figura del asistente personal y garantizar la financiación para poder hacer bien nuestro trabajo.

Por último, quiero hablar de algo tan importante como es la necesidad de perder el miedo en este país a la reforma de nuestra carta magna. Esta es la tercera reforma que se hace: la primera se hizo con motivo del Tratado de Maastricht en 1992, la segunda fue la reforma tan conocida del 135, de la mano del Partido Socialista y el Partido Popular en el año 2011, y ahora se hace esta. En Alemania se ha reformado sesenta veces la Constitución y la cúpula del Reichstag ―que yo sepa― no ha explotado.

Señores, tenemos que ponernos manos a la obra y adaptar nuestra carta magna a los nuevos tiempos y, además, eso lo debe refrendar y lo debe votar nuestra ciudadanía.

Muchas gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, presidenta. Arratsalde on, jaunandreok. Señorías, toda norma de naturaleza constitucional aspira a conjugar estabilidad y capacidad de adaptación a los cambios y exigencias sociales. Ahora debatimos una iniciativa de reforma constitucional de los principios rectores de las políticas públicas para con las personas discapacitadas, cuya protección se considera manifestación concreta de la prohibición de discriminación que reconoce el artículo 14 de la Constitución y de la promoción de la igualdad a la que insta su artículo 9.2. Es una iniciativa que propugna un cambio en el lenguaje en la estructura y en el contenido, dando así un paso en clave exclusiva de ejercicio de derechos de las personas con discapacidad en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas, así como en clave de políticas públicas garantistas en relación con la plena autonomía personal, su inclusión social y entornos universalmente accesibles en idénticas condiciones al resto de la ciudadanía. Sin embargo, también tenemos que señalar que este desajuste del texto constitucional con la que se llama concepción social y de derechos de las personas con discapacidad, impulsada por la Convención de 2006, como se ha dicho, no ha impedido su recepción en el ordenamiento jurídico español, merced al juego de los artículos 10.2 y 96.1 de la Constitución, tras la ratificación en 2007 por España de la Convención de Naciones Unidas de 2006, permitiendo de este modo la evolución de todo el ordenamiento jurídico en esa nueva intelección de las personas con discapacidad y que también ha supuesto la transformación y adecuación a la nueva realidad social y jurídica del mismo significado del artículo 49 de la Constitución, pues, aun sin cambiar su redactado, se le atribuye un significado distinto. Por ello, señorías, ahora solo quedaría por hacer ―y lo apoyaremos― la consagración formal de la mutación de significado material ya operada en el artículo 49 de la Constitución y más si consideramos, por una cuestión de urbanidad, de buen modo constitucional y, por supuesto, de atención a las demandas de la sociedad civil en torno a las personas con discapacidad y sus familias, que, como se dice en la memoria, para permitir que la Constitución sirva de punto de apoyo de elaboración de estos derechos en el futuro aspecto ya realizado materialmente en nuestro ordenamiento jurídico, como les decía, la mutación de significado del artículo 49 de la Constitución ya está producida. Ahora bien, señorías ―no obstante, daremos nuestro apoyo a la iniciativa―, sí quisiéramos realizar alguna consideración respecto a los cambios terminológicos de la reforma, trayendo aquí la reflexión del periodista Álex Grijelmo sobre el efecto dominó de lo políticamente correcto, consistente en que toda palabra delicada que sustituye a otra que se desprecia como ofensiva acaba volviéndose ofensiva transcurridos unos años. En definitiva, si bien el lenguaje políticamente correcto en el tema que nos ocupa supone ciertamente la búsqueda de la empatía con lo que se nombra, corre también ciertamente el riesgo de convertirse en una paradoja como la de Aquiles y la tortuga. Señorías, nunca alcanzaremos la palabra inmutable, ni siquiera a medio plazo, lo que nos lleva a considerar, al menos a efectos teóricos, con carácter general, si resulta oportuno someter a la Constitución a este tipo de estrés lingüístico para adecuarla a los cambios terminológicos constantes que se producen para nombrar a las personas, las cosas y las situaciones. Quizá, como también se ha reflexionado estos días, ciertas palabras en sí mismas no afectan a la dignidad de las personas, salvo que en la intención de quien las pronuncia sí esté esta voluntad degradante.

Señorías, como se dice, cambiando de tercio, quiero señalar que la valoración positiva de nuestro grupo sobre el fondo del asunto se torna crítica en cuanto a la forma con la que se ha llevado y se lleva a cabo. Consideramos que la reforma de la Constitución no se debe llevar a cabo solo cuando el Partido Popular y el Partido Socialista lo deciden y solo sobre los aspectos que consideren, proponiendo al resto de grupos parlamentarios una suerte de contrato de adhesión, lo mismo que pasó ―ya se ha citado― en 2011 con la reforma, en pleno agosto, del artículo 135 sobre los niveles de déficit y deuda pública en las administraciones. Y la crítica, como les decía, no lo es tanto en relación con lo que se propone, sino con lo que se omite, como no haber establecido un diálogo con el resto de fuerzas políticas, al menos, para considerar otras cuestiones susceptibles o convenientes de reforma constitucional, tales como las que en nuestro partido político y grupo parlamentario consideramos necesarias, como el caso del pueblo vasco, cuyo encaje constitucional sigue siendo una cuestión pendiente. Señorías, les recuerdo que el referéndum constitucional de 1978 tuvo una participación en el País Vasco de menos de la mitad del censo y fue ratificado por menos del 35 % de ese censo, resultado al que no es ajeno, entre otras razones, el hecho de que la propuesta originaria de articulación de una relación basada plenamente en los derechos históricos fuera cercenada en su contenido inicial durante la tramitación parlamentaria y que la aceptación del régimen de autonomía, tal y como señala expresamente la disposición adicional del Estatuto de Guernica, no ha implicado renuncia del pueblo vasco a los derechos que como tal le hubiera correspondido en virtud de su historia. A nuestro partido político y grupo parlamentario les gustaría tratar de manera amplia y sosegada, como les decía, esta cuestión central, pero en esta ocasión ciertamente no será posible por lo angosto de la reforma que se ha decidido abordar.

Señorías, también les anuncio que, más allá de esta reforma constitucional del artículo 49, nosotros formularemos nuestra propia propuesta vía enmiendas en el estrecho margen temporal que nos concede la Cámara, respetando, como es de rigor, las opiniones que otros grupos parlamentarios puedan tener sobre nuestras iniciativas.

Voy finalizando, presidenta, con una breve reflexión sobre, a nuestro juicio, el poco correcto modo de tramitar la iniciativa de reforma del artículo 49 por el procedimiento de urgencia y lectura única, que nos parece poco apropiado para una reforma constitucional, por sencilla que parezca, y más si parece deberse, a nuestro juicio, al propósito de no dejar tiempo suficiente para considerar la conveniencia de otras reformas constitucionales, aunque finalmente no conciten las mayorías necesarias.

Eskerrik asko. Nada más y muchas gracias.

Eskerrik asko, presidenta. Arratsalde on. Buenas tardes, señorías. Las palabras importan, importan siempre y en todo momento. Con las palabras y con el lenguaje se puede insultar o congeniar, se puede tender puentes o abrir abismos y se puede construir barreras o eliminarlas; con las palabras se puede integrar o marginar y con las palabras se puede evolucionar y dar enfoques transformadores a situaciones de injusticia. Si importan siempre y en todo momento, importan más en un texto legal, y es claro que algunos términos, habituales en un pasado lejano o no tan lejano, resultan inaceptables hoy. Hablamos de palabras como disminuido, palabras anticuadas e inexactas, tan inexactas como dolorosas y totalmente inapropiadas, que sirven para perpetuar imágenes sociales negativas y estigmatizar a personas o grupos. Este término, disminuido, que hoy nos trae aquí, está incluido en el texto legal de la Constitución y, sí, puede ser reflejo del tiempo en el que se redactó, pero, como todo término que incluye un texto legal, tiene el poder de generar, restaurar o limitar derechos. Porque el verdadero poder de las palabras en una normativa reside en esa capacidad de generar una idea colectiva que se introduce de forma natural en el imaginario social y que se convierte así en la forma para nombrar y considerar a personas, grupos o situaciones. Formas de nombrar que humillan, insultan y desprecian a la persona y que influyen en entender de una determinada manera, manera equivocada, a un grupo social. Son términos que se mantienen en la cotidianeidad y que duelen a las personas con discapacidades y a sus familias, porque no se reconocen en ellas. Y hoy es, además de sorprendente que este término siga vigente, lamentable y vergonzoso no para quienes así los denomina, sino, sobre todo, para la sociedad que lo permite. Que hoy, en 2024, en el siglo XXI, esta definición se mantenga en el artículo 49 de la Constitución es vergonzoso. La referencia a disminuidos físicos, sensoriales o psíquicos es un agravio a las personas concernidas y es un elemento discriminatorio en sí mismo.

Señorías, es más que cambiar una palabra, es cambiar el enfoque con el que está redactado el texto en cuestión. Se trata de redactarlo, desde un punto de vista de los derechos humanos, al tomar a la persona como protagonista y no a su discapacidad, bajo el prisma de la convención de los derechos de las personas con discapacidad, tal y como se presenta en la nueva formulación que se propone.

Ahora bien, decía al principio que las palabras importan, pero importan también los hechos. Este cambio en el léxico es un primer paso importante y necesario, pero, como me dijeron los representantes de las personas concernidas hace tan solo unos días, es solo un primer paso. Y no nos quedemos solo con este cambio, porque el artículo 49 dice también que los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen plena autonomía personal y la inclusión social de estas personas. Este también es un camino que hay que transitar, en el que hay que avanzar y que está lejos de cumplirse. Las asociaciones que representan a las personas con discapacidad nos exigen palabras y hechos.

Votaremos que sí a la toma en consideración de la modificación del artículo 49 y anuncio también que Euskal Herria Bildu no va a presentar enmiendas. No lo hicimos en la anterior legislatura cuando hubo otro intento de modificar esta situación y, como entonces, tampoco lo haremos ahora. Y no lo haremos por respeto a las personas con discapacidad, por consideración a las peticiones realizadas y tan esperadas y porque, como me dijo hace pocos días un representante de la asociación vasca Edeka, ya está bien. Y tampoco lo haremos porque, aunque el debate y votación de esta semana demuestra que, cuando existe voluntad política, todo, hasta la Constitución, se puede y se debe cambiar para adaptarse al tiempo y voluntades de la sociedad, el debate sobre la plurinacionalidad de este Estado, sobre el reconocimiento de nuestras naciones y el derecho a decidir de nuestras ciudadanías, necesita de un debate amplio, sereno y profundo.

Es un debate tan serio e importante y tan definitorio para el presente y futuro de la sociedad vasca que no puede ni debe hacerse en dos días, aprovechando otro debate para conseguir un titular. Debemos ser serios y respetuosos con la ciudadanía vasca, con nuestro país y sus anhelos. Eta errespetua zor diegu «ya está bien», «nahikoa da» esan zidatenei. Denbora gehiegi itxaron behar izan dute aldaketa hau errealitate bihur dadin. Denbora gehiegi sentitu dira irainduta. Urteak eta urteak, izenetik hasita, izateraino. Gutxietsiak eta baztertuak izan dira hamarkada luzeetan zehar, guztiek arrazoia ematen zieten bitartean. Etsipenaren adibiderik gogorrena izan daiteke, agian, arrazoi osoa dutela esan, adierazi, aitortu, baina gauzak bere horretan jarraitzea, funtsean ezer ez aldatzea. Horregatik, uste dugu badela garaia anomalia onartezin honi amaiera emateko. Beharrezkoa da aldaketa honi baiezko borobila ematea, eta hala egingo dugu, duintasunagatik, eta ez soilik ezgaitasuna duten pertsonen duintasunagatik, gizarte osoaren duintasunagatik baizik.

Pertsona horiekiko errespetua onartzeko ezinbestekoa da haien presentzia publikoa ohi baino askoz positiboagoa izatea, eta bide horretan hizkuntzak garrantzia handia du, deiturak eta deitzeko erak errealitatean ondorio zuzenak dituelako. Izena eta izana lotuta doaz sarritan, eta deitura txar batek duintasuna kaltetu dezake, kasu honetan bezala are gehiago konnotazio negatibo bat ematen delako eta konnotazio horrek gizaki infrahumano gisa estigmatizatzen dituelako. Beraz, espero dugu osteguneko bozketan ezgaitasuna duten pertsonen izena erreparatu eta izanaren aldeko neurrien abiapuntua izatea.

Ongi etorria izan dadila Konstituzioaren erreforma hau urte gehiegi igaro behar izan direlako argia ikusteko. Ez zait iruditzen, hemen esan den bezala, abagune historiko baten aurrean egon gaitezkeenik. Diskriminazioak eta egin beharrekoak ez dira desagertuko ezgaitasuna duten pertsonen alde neurri sakonak hartzen ez diren bitartean, legeak dioena betetzen ez den bitartean. Erabaki hau, beraz, ez da ezeren amaiera, baina, gutxienez, gaurtik aurrera ezgaitasuna duten pertsonak pertsona bezala aitortuak izango dira. Ongi etorria izan bedi, beraz, eragozpenik gabe, eta gure aldetik behintzat zuzenketarik gabe, zor diegu-eta. Mila esker.

Y les debemos respeto a las personas que me dijeron que ya está bien. Han tenido que esperar demasiado tiempo hasta que este cambio se hiciera realidad. Se han sentido insultados e insultadas desde hace demasiado tiempo, años y años. La manera de nombrarlos ha afectado a su propio ser. Largas décadas de desprecio y marginación, mientras que todos les daban la razón. Puede que sea el ejemplo más crudo de la desesperanza saber que se les diga que tienen toda la razón y que se les reconozca la razón, pero que las cosas no cambien, que en el fondo todo siga igual. Por ello consideramos que ya es hora de acabar con esta anomalía inaceptable.

Es necesario apoyar sin reservas esta reforma y así lo haremos por dignidad y no solo por la dignidad de las personas con discapacidad, sino por la dignidad del conjunto de la sociedad. Para reconocer el respeto hacia esas personas es fundamental que su presencia pública sea mucho más positiva que la habitual. En ese sentido, el lenguaje adquiere una especial relevancia, porque la manera que tenemos de nombrar afecta directamente a la realidad, a aquello que nombramos. La manera de nombrar y la realidad nombrada están relacionadas en muchas ocasiones y una mala denominación puede afectar a la dignidad, como en este caso, y más aún porque puede implicar una connotación negativa y porque esa connotación estigmatiza a estas personas como seres infrahumanos. Por lo tanto, esperamos que la votación del jueves sea el punto de partida para reparar la denominación de las personas con discapacidad y para adoptar medidas a favor de dichas personas.

Bienvenida sea esta reforma de la Constitución, porque han pasado demasiados años para que vea la luz. No me parece, como dicen algunos y algunas, que estemos ante una oportunidad histórica, la discriminación y las obligaciones no van a desaparecer sin que se adopten medidas profundas a favor de las personas con discapacidad, mientras no se cumpla lo que establece la ley. Por lo tanto, si bien esta decisión no será el final de nada, es al menos un primer paso para que, a partir de ahora, las personas con discapacidad sean reconocidas como personas.

Bienvenida, pues, esta reforma sin obstáculos y, por nuestra parte, sin enmiendas, porque se la debemos.

Gracias. (Aplausos).

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyors ministres, senyories. Avui abordem una reforma de la Constitució espanyola, la tercera en 45 anys. Se’ns proposa una modificació que ja anuncio que tindrà el suport de Junts per Catalunya, però que tot l’hemicicle sabem que va molt tard. Tot just ara, el 2024, eliminarem un de tants aspectes rònecs que es preveuen en el text constitucional i que determinen que sigui una llei decrèpita que ja no copsa el pols de la societat actual, tal com acredita el fet que dos terços dels ciutadans espanyols creuen que la Constitució s’hauria de modificar en molts i diversos àmbits. Precisament perquè va tan tard, possiblement avui seria el moment adequat per parlar de l’encotillament del text del 78 a què ens van abandonar els legisladors d’ara fa 45 anys. Paradoxalment, ho van perpetrar amb un procediment substancialment menys exigent que el que es va decidir exigir per a les futures modificacions constitucionals. De fet, molts constitucionalistes consideren que es va disposar el seu blindatge de facto. Junts per Catalunya no tornarem a repetir en aquest faristol la denúncia que ja vam fer en forma d’esmenes de la proposta com la que avui ens ocupa, dirigides a la necessitat de modificar la Constitució en d’altres àmbits i que ja vam proposar ara fa justament un any. Principalment en aquell moment, Junts per Catalunya preteníem assegurar la separació de poders, per exemple, proposant la remoció dels poders dels vocals del Consell General del Poder Judicial quan caduqui el mandat; o que el Tribunal de Cuentas actuï únicament com a instructor i que quan detecti infraccions s’hagi d’apartar i remetre l’expedient als tribunals ordinaris; o que el Tribunal Constitucional no pugui conculcar la inviolabilitat parlamentària, com ja ha fet en diverses ocasions. La vocació de Junts per Catalunya és Catalunya, nosaltres no oblidem. A qui hem de retre comptes és als ciutadans de Catalunya, i tampoc oblidem. Esmenar la Constitució espanyola no és l’objecte de la nostra acció política, precisament perquè és la cotilla de la nostra voluntat política. Tota Constitució que erosioni, freni, limiti els drets del poble de Catalunya no tindrà la nostra complicitat. Avui, però, pertoca parlar de les persones amb discapacitat i de com s’ha d’abordar aquesta circumstància per tal que tots aquests ciutadans, totes les persones amb discapacitat, puguin viure en una societat inclusiva, sense barreres, on puguin desenvolupar els seus projectes vitals i professionals de forma independent i participar plenament en tots els aspectes de la vida i les seves comunitats, i que tinguin assegurada la igualtat de drets, d’oportunitats i la participació plena. I no podem abordar aquest assumpte sense referir-nos a un dels intel·lectuals i polítics catalans més rellevants del segle XX, el senyor Ramon Trias Fargas. La Generalitat de Catalunya va determinar que l’any 2022 seria l’Any Trias Fargas per commemorar el centenari del seu naixement i també el 40 aniversari de l’aprovació de la LISMI, de la qual ell, en tant que diputat d’aquesta cambra, del Congrés, en va ser el precursor.

Home sarcàstic, segons el seu fill Andy —q‌ ue avui ens havia d’acompanyar però li ha estat impossible—, rígid i de gran temperament, que defensava que s’havia de situar l’eficàcia econòmica al servei de la justícia social i la solidaritat. Va destinar part del seu compromís polític a la protecció de les persones més vulnerables. Amb el naixement de l’Andy, el seu fill petit, amb síndrome de Down, ell i la seva esposa Montserrat van decidir que com a família acceptaven el diagnòstic però no el pronòstic, i en aquells moments les persones amb discapacitat eren condemnades a viure una vida estigmatitzada dirigida pels altres, fosca i sense oportunitats, amb unes minses polítiques basades en un model caritatiu, assistencial i paternalista. No existia un marc jurídic que permetés el desplegament de l’acompanyament a les persones amb discapacitat. Trias Fargas va decidir, recollint totes les demandes de les persones i col·lectius afectats, impulsar la pionera en aquell moment llei LISMI i dos anys més tard la Fundació Catalana Síndrome de Down. Llei i fundació, dues iniciatives que van contribuir sobretot a crear consciència col·lectiva. Per primera vegada es defensà que les persones amb discapacitat poden i tenen el dret a viure una vida amb igualtat d’oportunitats.

La LISMI va suposar un punt d’inflexió per al canvi de mentalitat amb què s’abordava aquesta matèria. Trias Fargas va aconseguir que tot el discurs se centrés per primera vegada en la necessitat d’integració de les persones amb discapacitat, integració a través de la feina, l’educació, la salut, l’accessibilitat. Aquells primers instruments que al llarg d’aquestes quatre dècades han anat evolucionant ens han portat avui a les portes de la inclusió. I ara, com a prioritat, cal situar les persones amb discapacitat a l’esfera de la llibertat, de la capacitat d’escollir. Cap societat que es vulgui considerar a si mateixa com una societat digna es pot permetre que les persones amb discapacitat vegin passar la vida a través d’una finestra. No, el que hem de fer com a societat ha de ser assegurar que puguin viure la seva vida tal i com ells lliurement la vulguin viure. I en aquest sentit, i com a homenatge també a l’excepcional figura de Trias Fargas i a les seves aportacions per a un nou context, en aquest àmbit avui emetrem el nostre vot positiu.

Amb tot, no puc deixar d’apuntar dues qüestions cabdals per a Junts per Catalunya. La primera, en termes de salut mental. La salut mental, que és la més estigmatitzada de les malalties, encara suporta un enfocament massa paternalista. Manquen disposicions basades en els drets humans i no existeixen estratègies específiques per garantir la protecció vers la seva discriminació i el maltractament. A les cambres els discursos són sempre impecables. Avui ho estan sent. Seria necessari que l’obra legislativa i de Govern també ho fos. A més, tal com critica el mateix Comitè sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides en el seu darrer informe periòdic sobre Espanya, encara hi ha polítiques que es basen en models biomèdics, quan la Convenció, de fet, fa referència a un model social, és a dir, que reconeix les discapacitats en relació amb els impediments i les barreres de l’entorn social, i especialment en relació amb la discapacitat derivada de la comunament coneguda com a malaltia mental. I això ha de canviar.

Però coincidirem que per estendre resultats exitosos com el model pioner que s’està desenvolupant a Girona i que no tinc temps d’explicar-los, calen recursos. Recursos que els catalans generem però que se’n van a Madrid i no tornen. I aquesta és la segona qüestió a la qual em volia referir. Els gobiernos espanyols no compleixen mai amb Catalunya, ni tan sols en allò que determinen les seves pròpies lleis. Avui m’estic referint a la Llei de dependència que, a banda de ser inconstitucional perquè envaeix competències de Catalunya, no determina el finançament adequat per poder aspirar a un sistema real d’inclusió i d’igualtat d’oportunitats per als catalans amb discapacitat. És imprescindible que el Gobierno compleixi, com a mínim, amb l’esperit de la Llei de dependència de sufragar per meitats a Espanya i Catalunya les necessitats integrals d’aquest col·lectiu. En canvi, l’Estat només finança el 18 % de les polítiques per a la dependència a Catalunya, davant del 82 que assumeix el Govern català. I això no és admissible perquè, òbviament, és un greuge per a les administracions catalanes, però sobretot és una vergonya i una injustícia cap a tots els catalans amb discapacitat. Moltes gràcies.

Muchas gracias, señora presidenta y señores ministros. Hoy abordamos una reforma de la Constitución española, la tercera en cuarenta y cinco años, que nos propone una modificación que, ya les anuncio, contará con el apoyo de Junts per Catalunya, pero que todo el hemiciclo sabe que llega muy tarde. Apenas ahora, en 2024, vamos a eliminar uno de tantos aspectos rancios contemplados en el texto constitucional que determina que sea una ley decrépita que ya no capta el pulso de la sociedad actual, como acredita el hecho de que dos tercios de los ciudadanos españoles crean que la Constitución debería modificarse en muchos y diversos ámbitos.

Precisamente, porque llega con tanto retraso, posiblemente hoy sería el momento adecuado para hablar del encorsetamiento del texto del 78, al que nos abandonaron los legisladores de hace ya cuarenta y cinco años. Paradójicamente, lo perpetraron con un procedimiento sustancialmente menos exigente que el que se decidió exigir para las futuras modificaciones constitucionales. De hecho, muchos constitucionalistas consideran que se dispuso su blindaje de facto.

Junts per Catalunya no volverá a repetir en este atril la denuncia que ya trasladamos en forma de enmiendas a la propuesta, como la que hoy nos ocupa, dirigida a la necesidad de modificar la Constitución en otros ámbitos y que ya propusimos hace justamente un año. Principalmente, en ese momento, en Junts per Catalunya pretendíamos asegurar la separación de poderes, proponiendo, por ejemplo, la remoción de los vocales del Consejo General del Poder Judicial cuando caduque su mandato; que el Tribunal de Cuentas actúe únicamente como instructor y que, cuando detecte infracciones, tenga que apartarse y remitir el expediente a los tribunales ordinarios o que el Tribunal Constitucional no pueda conculcar la inviolabilidad parlamentaria, como ya ha hecho en varias ocasiones.

La vocación de Junts per Catalunya es Cataluña y nosotros no lo olvidamos. A quienes debemos rendir cuentas es a los ciudadanos de Cataluña, y no lo olvidamos tampoco. Fortalecer la Constitución española no es el objeto de nuestra acción política, precisamente porque es el corsé de nuestra voluntad política. Cualquier constitución que erosione, frene y limite los derechos del pueblo de Cataluña no va a contar con nuestra complicidad.

Hoy, sin embargo, corresponde hablar de las personas con discapacidad y de cómo debe abordarse esta circunstancia para que todos estos ciudadanos, todas las personas con una discapacidad, puedan vivir en una sociedad inclusiva, sin barreras, donde puedan desarrollar sus proyectos vitales y profesionales de forma independiente, participar plenamente en todos los aspectos de la vida y en sus comunidades, y que tengan asegurada la igualdad de derechos, de oportunidades y de participación plena.

Y no podemos abordar este asunto sin referirnos a uno de los intelectuales y políticos catalanes más relevantes del siglo XX, el señor Ramón Trías Fargas. La Generalitat de Catalunya determinó que 2022 sería el año Trías Fargas, para conmemorar el centenario de su nacimiento y también el cuadragésimo aniversario de la aprobación de la LISMI, de la que él, en calidad de diputado de esta Cámara, el Congreso, fue el precursor. Hombre sarcástico, según su hijo Andy —‌que hoy debía acompañarnos pero no le ha sido posible—, rígido y de gran temperamento, que defendía que debía situarse la eficacia económica al servicio de la justicia social y la solidaridad. Destinó parte de su compromiso político a la protección de las personas más vulnerables. Con el nacimiento de Andy, su hijo pequeño con síndrome de Down, él y su esposa Montserrat decidieron que como familia aceptaban el diagnóstico, pero no el pronóstico. En aquellos momentos las personas con discapacidad estaban condenadas a vivir una vida estigmatizada, dirigida por los demás, oscura y falta de oportunidades, con unas exiguas políticas basadas en un modelo caritativo, asistencial y paternalista. No existía un marco jurídico que permitiera el despliegue del acompañamiento a las personas con discapacidad. Trías Fargas decidió, recogiendo todas las demandas de personas y colectivos afectados, impulsar la pionera en aquel entonces LISMI y, dos años más tarde, la Fundación Catalana Síndrome de Down; ley y fundación, dos iniciativas que contribuyeron ante todo a crear conciencia colectiva, a visibilizar que las personas con discapacidad pueden y además tienen el derecho de vivir una vida con igualdad de oportunidades. La LISMI supuso un punto de inflexión en cuanto al cambio de mentalidad con la que se abordaba esta materia. Trías Fargas consiguió que todo el discurso se centrara por primera vez en la necesidad de integración de las personas con discapacidad: integración a través del trabajo, la educación, la salud y la accesibilidad. Aquellos primeros instrumentos, que a lo largo de estas cuatro décadas han ido evolucionando, nos han llevado hoy a las puertas de la inclusión. Y hoy, con prioridad, hay que situar a las personas con discapacidad en la esfera de la libertad, de la capacidad de escoger. Ninguna sociedad que desee considerarse a sí misma como una sociedad digna puede permitir que las personas con discapacidad vean pasar la vida a través de una ventana. No, lo que debemos hacer como sociedad es asegurar que puedan vivir su vida tal y como ellas quieren libremente vivirla. Y en este sentido, y como homenaje también a la excepcional figura de Trías Fargas y a sus aportaciones para un nuevo contexto en este ámbito, hoy vamos a emitir nuestro voto positivo.

Aun así, no puedo dejar de apuntar dos cuestiones capitales para Junts per Catalunya. La primera, en términos de salud mental. La salud mental, que es la más estigmatizada de las enfermedades, sigue adoleciendo de un enfoque demasiado paternalista. Faltan disposiciones basadas en los derechos humanos y no existen estrategias específicas para garantizar la protección ante la discriminación y el maltrato. En las Cámaras, los discursos son siempre impecables. Hoy lo están siendo. Sería necesario que la obra legislativa y de Gobierno también lo fueran. Además, tal y como critica el mismo Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas en su último informe periódico sobre España, todavía existen políticas que se basan en modelos biomédicos cuando la convención, de hecho, refiere a un modelo social; es decir, que reconoce las discapacidades en relación con los impedimentos y las barreras del entorno social y, especialmente, en relación con la discapacidad derivada de la comúnmente conocida como enfermedad mental. Y esto debe cambiar.

Pero vamos a coincidir en que para extender resultados exitosos, como el modelo pionero que se está desarrollando en Gerona y que hoy no tengo tiempo de explicar, hacen falta recursos, recursos que los catalanes generamos pero que se van a Madrid y no vuelven. Esta es la segunda cuestión a la que quisiera referirme. Los gobiernos españoles no cumplen nunca con Cataluña, ni siquiera en lo que determinan sus propias leyes. Hoy me estoy refiriendo a la ley de dependencia, que además de ser inconstitucional, porque invade competencias de Cataluña, no determina la financiación adecuada para poder aspirar a un sistema real de inclusión e igualdad de oportunidades para los catalanes con discapacidad. Es imprescindible que el Gobierno cumpla, como mínimo, con el espíritu de la ley de dependencia de sufragar por mitades España-Cataluña las necesidades íntegras de este colectivo. En cambio, el Estado solo financia el 18 % de las políticas para la dependencia en Cataluña ante el 82 % que asume el Gobierno catalán. Esto no es admisible porque, obviamente, constituye un agravio para las administraciones catalanas pero, ante todo, es una vergüenza y una injusticia para con todos los catalanes con discapacidad.

Muchas gracias.

Presidenta, ministres, senyories, persones de les entitats i associacions vinculades al sector. Bona tarda.

Avui procedim a reformar en un aspecte la Constitució del 78, i ho fem amb una finalitat molt clara i concreta, i sentida especialment per la societat i per moltes entitats. Compartida, com veiem, per la majoria de grups d’aquesta cambra. Nosaltres, els avanço, el Grup Republicà, votarem a favor.

Estem parlant d’un tema que té a veure directament amb la dignitat de les persones. Estem parlant de dignitat, d’igualtat, d’equitat, però també estem parlant de llibertat. De llibertat en un sentit pràctic i concret, però profund alhora. De llibertat, efectivament, realitzada cada dia. Estem parlant —j‌a s’ha dit, però ho voldria remarcar— de justícia, com correspon a la societat del segle XXI, més enllà de les incerteses que vivim. No podem oblidar l’herència humanista ni l’herència il·lustrada, malgrat el llegat terrible del segle XX. Justament perquè tenim al retrovisor la història sabem que aquesta reforma, en el seu sentit profund, el que fa és reforçar els drets de les persones i el respecte que mereix qualsevol ésser humà. Parlem, per tant, de l’acompliment dels drets humans en la seva màxima potència i de com fem més robusta —m‌ és robusta— la vida col·lectiva basada en el civisme, en l’empatia, en les cures compartides i en la fraternitat. Sí, la fraternitat, una paraula que fonamenta el naixement de la vida moderna i que hem de posar avui en aquest debat damunt la taula. Fraternitat, amb tots els gestos i amb totes les dimensions de la nostra existència. Deixarem de parlar oficialment de disminuïts, afortunadament, i parlarem de persones amb discapacitat.

L’article 49, com tants articles de la Constitució espanyola, va ser redactat en un context social i cultural molt determinat que s’ha transformat, i això s’ha esdevingut de manera radical en molts temes. El que fem avui probablement pot passar en altres circumstàncies. El biaix paternalista i merament assistencial que desprèn aquell redactat és obvi que ha quedat obsolet. En aquest cas, com diem en català, el nom sí fa la cosa. Les paraules són importants i l’ús del llenguatge adequat afavoreix l’acceptació de la diferència i de la inclusió. Òbviament, senyories, vostès saben que canviar una paraula per si sol no canvia la realitat, però el que cal entendre és que les modificacions en el lèxic assenyalen canvis de mentalitat i també la voluntat col·lectiva de transformar costums, inèrcies i maneres que han quedat desfasades.

Recordo, i és una anècdota personal, una paradoxa que tinc generacional i que comparteixo, suposo, amb moltes diputades i diputats d’aquesta cambra. Quan jo era jove, quan jo era petit, per televisió apareixien humoristes que feien broma, que feien burla de persones amb discapacitat. I això ho tenim tots a la memòria. Per sort, això ja no passa. I recordo que en aquells temps vaig tenir l’enorme sort que a l’escola on vaig ser alumne, l’escola d’EGB, l’escola Llebetx de Vilanova i la Geltrú, es va incorporar per primera vegada un noi amb síndrome de Down. Per mi aquella va ser una gran lliçó. L’arribada d’en Gabriel, aquell noi amb síndrome de Down, ens va demostrar a tots de manera pràctica que la inclusió es fa dia a dia i es treballa. Per tant, avui, fixin-se si fa d’anys d’això, fem el que és oficial una cosa que ja era real en mans de molts mestres i molts educadors avançats. La filòloga Lola Pons ho ha resumit molt bé en un article recent a El País: «Lo que ha ocurrido en el siglo XXI con el tratamiento lingüístico de la discapacidad es un cambio de paradigma radical, aunque desarrollado paulatinamente. La discapacidad ha dejado de ser un tabú lingüístico. Que la Constitución lo recoja en un apreciable logro simbólico y social: no se trata solo de un cambio lingüístico».

Amb aquesta reforma donem resposta a una demanda, però no puc negar que s’hauria d’haver fet, senyors del PSOE i del PP, d’una altra manera, ja ho han dit altres companys que han parlat. S’hauria d’haver fet millor. I, sobretot, perquè algunes malfiances partidistes van ajornar, van congelar això, i és una pena que dinàmiques internes de partit hagin aturat això. Avui ens podem felicitar però això ha estat escandalós. També hem de lamentar que quan arriba el bipartidisme i es posen d’acord vostès, senyors del PSOE i del PP, sembla que ens deixen de banda a la resta de grups, i en aquest cas es podria dir amb una dita ben castellana: ha estat un bipartidisme de las lentejas, o las tomas o les dejas. Aquesta és la tercera reforma de la Constitució, i totes les reformes de la Constitució semblen, com es diu en castellà, el parto de los montes, és un gran drama. Recordar una dada: entre els estats que van aprovar constitucions durant els anys 70, Espanya és la que ha fet menys reformes. Portugal, per exemple, n’ha fet 7, i Suècia n’ha fet 34. Realment no som suecs, no som portuguesos, curiosament.

Jo, de debò, ja sé que el tema és el que és i no voldria desenfocar la qüestió, però amb permís de les entitats recordar, senyors del PSOE i del PP, que convé parlar d’això, convé parlar d’aquest tabú que no toquem la Constitució d’una manera reposada i tranquil·la perquè el pas del temps, senyors populars i socialistes, impacta sobre les lleis, és una gran descoberta, impacta sobre les lleis i la seva vigència. Per bé que avui parlem d’un aspecte molt determinat, la reforma de la Constitució del 78 s’ha convertit, com saben vostès, en una mena de tabú, en un debat impossible que alguns volen que no puguem fer mai, i jo crec que l’hem de poder fer tranquil·lament, raonablement, l’hem de poder fer. Perquè si no desvirtuen el sentit de la política, la política és la gestió del temps i vostès voldrien una Constitució congelada, absolutament tancada.

Acabo, senyora presidenta. Reformar la Constitució només és un perill a ulls d’aquells que s’han proclamat, autoproclamat, vigilants de les essències, però va contra el sentit de la vida més concreta de tothom. Felicitem-nos avui perquè fem un acte de justícia i de dignitat, com he dit abans. Felicitem-nos perquè fem una societat més empàtica, més inclusiva i, en definitiva, més civilitzada. O ens ho proposem, si més no. És un intent. Moltes gràcies.

Presidenta, ministros, señorías, personas de las entidades y asociaciones vinculadas al sector, buenas tardes.

Hoy procedemos a reformar en un aspecto la Constitución de 1978, y lo hacemos con una finalidad muy clara y concreta y sentida especialmente por la sociedad y por muchas entidades; compartida, como vemos, por la mayoría de grupos de esta Cámara. Nosotros —s‌ e lo adelanto—, el Grupo Republicano, vamos a votar a favor. Estamos hablando de un asunto que tiene que ver directamente con la dignidad de las personas. Estamos hablando de dignidad, igualdad, equidad, pero también estamos hablando de libertad; libertad en un sentido práctico y concreto pero a la vez profundo, de libertad realizada todos los días. Estamos hablando —s‌ e ha dicho, pero quisiera insistir en ello— de justicia, como corresponde a la sociedad del siglo XXI. Más allá de las incertidumbres que vivimos, no podemos olvidar la herencia humanista, ni la herencia ilustrada, a pesar del terrible legado del siglo XX. Justamente, porque tenemos en el retrovisor la historia sabemos que esta reforma, en su sentido más profundo, lo que hace es reforzar los derechos de las personas y el respeto que merece cualquier ser humano. Hablamos, por lo tanto, de cumplir los derechos humanos en su máxima potencia y de cómo hacer más robusta la vida colectiva basada en el civismo, en la empatía, en los cuidados compartidos y en la fraternidad. Sí, la fraternidad, una palabra que fundamenta el nacimiento de la vida moderna y que hoy debemos también incluir en este debate y ponerla sobre el tapete. Fraternidad con todos los gestos y todas las dimensiones de nuestra existencia. Dejaremos de hablar oficialmente de disminuidos, afortunadamente, y hablaremos de personas con discapacidad.

El artículo 49, como tantos artículos de la Constitución española, fue redactado en un contexto social y cultural muy determinado que se ha transformado, y esto se ha producido de forma radical en muchos temas. Lo que hacemos hoy probablemente puede ocurrir también en otras circunstancias. El sesgo paternalista y meramente asistencial que desprende este redactado es obvio que ha quedado obsoleto. En este caso, como decimos en catalán, el nombre sí hace la cosa, las palabras son importantes y el uso del lenguaje adecuado favorece la aceptación de la diferencia y de la inclusión. Evidentemente, señorías, ustedes saben que cambiar una palabra por sí solo no cambia la realidad. Sin embargo, lo que debemos entender es que las modificaciones en el léxico señalan cambios de mentalidad y también la voluntad, la voluntad colectiva, de transformar costumbres, inercias y modos que han quedado desfasados.

Recuerdo, y esto es una anécdota personal, una paradoja generacional que tengo y que compartiré seguramente con muchas diputadas y diputados de esta Cámara. Cuando yo era joven, cuando era pequeño, por televisión aparecían humoristas que hacían broma y burla de personas con discapacidad, y esto lo tenemos todos en nuestra memoria. Por suerte, esto ya no sucede. Y me acuerdo de que en aquellos tiempos tuve la gran suerte de que a la escuela de EGB en la que yo fui alumno, en Vilanova i la Geltrú, se incorporó por primera vez un niño con síndrome de Down. Para mí aquello fue una gran lección. La llegada de Gabriel, este niño con síndrome de Down, nos demostró de forma práctica que la inclusión se practica día a día y se trabaja. Por lo tanto, fíjense los años que han pasado, hoy estamos haciendo oficial algo que ya era real en las manos de muchos maestros y educadores avanzados. La filóloga Lola Pons lo ha resumido muy bien en un artículo reciente en El País: «Lo que ha ocurrido en el siglo XXI con el tratamiento lingüístico de la discapacidad es un cambio de paradigma radical, aunque desarrollado paulatinamente. La discapacidad ha dejado de ser un tabú lingüístico. Que la Constitución lo recoja en un apreciable logro simbólico y social: no se trata solo de un cambio lingüístico».

Con esta reforma damos respuesta a una demanda. Sin embargo, no puedo negar que debería haberse hecho, señores del PP y del PSOE, de otra forma; lo han dicho otros compañeros que han hablado. Debería haberse hecho mejor, sobre todo, porque ciertas desconfianzas partidistas aplazaron, congelaron ese cambio; y esto es una lástima, que dinámicas internas de partido hayan detenido este proceso. Hoy, nos podemos felicitar, pero ha sido escandaloso. También debemos lamentar que cuando llega el bipartidismo y se ponen de acuerdo ustedes, señores del PSOE y del PP, parece que nos dejan a un lado a los demás grupos; y, en este caso, se podría decir con un refrán castellano, ha sido un bipartidismo de las lentejas, o las tomas o las dejas.

Esta es la tercera reforma de la Constitución, y todas las reformas de la Constitución parecen el parto de los montes, es decir, un gran drama. Doy un dato, entre los Estados que aprobaron la Constitución durante los años setenta, España es la que ha practicado menos reformas; Portugal, por ejemplo, siete; Suecia, treinta y cuatro, pero realmente no somos suecos y no somos portugueses, curiosamente. De verdad, sé que el tema es el que es y no quisiera desenfocar la cuestión, pero, con permiso de las entidades, me gustaría recordar, señores del PSOE y del PP, que conviene hablar de esto, de este tabú de que no toquemos la Constitución de forma reposada, tranquila, porque el paso del tiempo, señores populares y socialistas, impacta sobre las leyes —‌es un gran descubrimiento— y su vigencia. Si bien, hoy, estamos hablando de un aspecto muy determinado, la reforma de la Constitución de 1978 se ha convertido —‌como saben ustedes— en una especie de tabú, en un debate imposible que algunos quieren que no se pueda hacer nunca. Yo creo que debemos llevar a cabo este debate razonablemente. Tiene que ser así, porque, de lo contrario, desvirtuamos el sentido de la política. La política es la gestión del tiempo, y ustedes quisieran una Constitución congelada, absolutamente cerrada.

Termino, señora presidenta. Reformar la Constitución tan solo es un peligro a ojos de aquellos que se han proclamado, autoproclamado, custodios de las esencias, pero va en contra del sentido de la vida más concreta, la de todos. Felicitémonos hoy porque estamos haciendo un acto de justicia y dignidad. Como ya he dicho antes, felicitémonos porque seremos una sociedad más empática, más inclusiva y, en definitiva, más civilizada, o nos lo proponemos, al menos; es un intento.

Muchas gracias. (Aplausos).

Arratsalde on. Gracias, presidenta. Ministros y ministras, diputados y diputadas, representantes de la sociedad civil, en un día importante, como hoy, les voy a pedir que me dejen hacer una previa, ya que hoy hemos sabido que el Tribunal Constitucional anula la condena de inhabilitación del que fuera diputado, Alberto Rodríguez. Se reconoce así una injusticia que nunca se debía haber cometido y que sentaba un precedente peligroso. Así que yo, desde aquí, quiero mandar, en nombre de SUMAR, un abrazo a Alberto Rodríguez y a todos los votantes a los que se dejó sin representación. (Aplausos). Y ahora sí, para mí es un honor y un privilegio subir por primera vez a esta tribuna en un día como hoy; una tribuna desde la que todas y todos deberíamos tener la obligación de defender ideas tan básicas, tan mínimas si se quiere, como la democracia, los derechos humanos, la igualdad o la justicia social. Por desgracia, no siempre es así. Demasiadas veces no es así. Hoy, precisamente, es un día para hablar de todos esos valores que deberían de ser compartidos, comunes. Hoy discutimos en esta Cámara la modificación de la Constitución para eliminar un término hiriente, «disminuidos», y sustituirlo por «personas con discapacidad». En una sociedad democrática inclusiva no cabe, no cabe, referirse a nuestros conciudadanos y conciudadanas como disminuidos. No cabe hacer de menos y no cabe prestar ni valor ni valía a los 4,3 millones de personas con discapacidad que viven en España, casi un 10 % de la población. Lo primero que hay que decir hoy es que ya era hora, que, por fin, estamos haciendo justicia al reconocer la dignidad y la lucha de las personas con discapacidad en nuestro país. Y lo segundo es pedir disculpas, es reconocer que, hasta ahora, los partidos políticos hemos fallado, porque esta es una reforma que las personas con discapacidad, sus familias y sus organizaciones llevan peleando muchos años. Y no es el momento hoy, por tanto, de que los partidos políticos nos pongamos ninguna medalla. Es una conquista de las personas con discapacidad, es una conquista de sus familias y es una conquista de sus organizaciones. (Aplausos). Como todos bien sabemos, la Constitución española solo se ha reformado dos veces. La de hoy, la tercera, es la primera reforma social de nuestra Constitución. La de hoy es una reforma que muestra que una amplia mayoría de nuestro país quiere que avancemos en igualdad y en justicia social. La de hoy es una reforma que inicia una senda, la de los avances sociales y la de la ampliación de derechos; un camino que SUMAR defenderemos firmemente y que seguiremos transitando. Hoy no solo eliminamos o cambiamos un término hiriente; con esta reforma pasamos de una concepción paternalista y médico rehabilitadora de la discapacidad a una en la que se reconoce a las personas con discapacidad como sujetos activos de derecho. El Estado reconoce su obligación de garantizar plena autonomía e inclusión de las personas con discapacidad. La Constitución recoge así los compromisos asumidos por la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y, además, como no podía ser de otra manera en 2024, la reforma incorpora una mirada feminista y una mirada desde y para la infancia; mujeres, niños y niñas, que han sido las grandes olvidadas en demasiadas leyes. Esta reforma implica también el imprescindible y merecidísimo reconocimiento del derecho a la participación de las organizaciones y asociaciones de las personas con discapacidad, porque, como decía, son ellas los artífices de esta reforma. Esta victoria les pertenece por su lucha incansable, por su lucha paciente frente al error y a la ceguera de quienes no hemos sido capaces de llegar mucho antes a un acuerdo. Y no solo les pertenece esta victoria. En los últimos años, gracias al intenso e incansable trabajo de sensibilización y de incidencia política de las personas con discapacidad y sus organizaciones, esta Cámara ha aprobado reformas legislativas para garantizar derechos y libertades tan básicas como el derecho al voto o la ilegalización de una práctica tan cruel e inhumana como era la esterilización forzada o no consentida de las personas con discapacidad, incapacitadas judicialmente, derecho a votar y derecho a decidir sobre sus cuerpos. Estos son derechos básicos en una democracia de los que las personas con discapacidad han estado excluidas hasta hace muy poco. Y hemos avanzado también en el ámbito laboral. Hoy son más de quinientas mil personas con discapacidad las que tienen un empleo, una cifra récord, a las que ha contribuido la reforma laboral. Pero aún queda trabajo. De los casi dos millones de personas con discapacidad en edad de trabajar que viven en España, tan solo el 27,8 % están empleadas. Esta reforma de la Constitución es, como decíamos, un primer paso para profundizar y extender derechos sociales, para iniciar un camino por el que seguir avanzando. Entre otras cuestiones, déjenme que destaque cuatro de estas cuestiones. Necesitamos avanzar en la regulación de un etiquetado accesible para que las personas ciegas puedan leer las etiquetas de los productos y de los alimentos que compran. Necesitamos que se desarrolle el reglamento de la ley de accesibilidad cognitiva, para hacer que el mundo sea más fácil de entender para las personas con discapacidad. Necesitamos estudios e investigaciones sobre las violencias contra las mujeres y las niñas con discapacidad. El 40 % de las mujeres con discapacidad sufren violencia de género. Y necesitamos seguir impulsando la economía social. Las empresas que trabajan en este ámbito son cruciales para el acceso al mercado laboral de las personas con discapacidad. Y, por último, este acuerdo debe tener un reflejo y un desarrollo presupuestario que garantice la aplicación de los derechos que obtienen las personas con discapacidad.

Esta reforma podría haber mandado también un mensaje muy positivo, más positivo aún, el de que se pueden escuchar las demandas de las mayorías para lograr mejoras sociales; el de que se pueden lograr consensos para expandir derechos sociales, pese al ruido y la crispación que intentan instalar algunos. Pero precisamente los especialistas en el ruido y la crispación, los especialistas en sembrar odio, los especialistas en negar la dignidad de los múltiples colectivos, no van a votar hoy a favor de esta reforma. No lo harán por incomprensibles razones de tiempo y formas, no lo harán con excusas peregrinas y, sobre todo, no lo harán porque anteponen siempre su ideología machista y reaccionaria al diálogo y al consenso. Ya lo sabemos, nos lo han demostrado en repetidas ocasiones al atacar la democracia, al esparcir el odio contra las mujeres, al colectivo LGTBI o los niños y niñas migrantes. La ultraderecha se desmarca hasta de los consensos más elementales, la ultraderecha se opone a los derechos humanos y a la igualdad y dignidad de todas las personas.

Ya termino, presidenta. Quiero felicitar de nuevo a todas las personas con discapacidad y a todas las organizaciones que llevan años trabajando para alcanzar este logro, este hito para toda la sociedad. Nos habéis demostrado que es posible modificar la Constitución para profundizar y para ampliar derechos sociales. Ese es el camino que debemos seguir recorriendo juntas, ese es el compromiso y en eso nos encontraréis siempre a mí y a mi Grupo Parlamentario SUMAR.

Eskerrik asko. (Aplausos).

Gracias, señora presidenta. Señorías, el día 22 de diciembre se produce un encuentro entre el señor Sánchez y el señor Feijóo y, sorprendentemente, acuerdan presentar esta proposición de ley de manera conjunta para modificar la Constitución en su artículo 49. Una proposición que se registra hace tan solo dos semanas con un texto que pensamos se debió de redactar en cinco o siete días, ya que el anterior fue criticado por un informe del Consejo de Estado. Y lo hacen ahora, después de veinte años de que se ha abierto y se ha iniciado este debate, lo traen sin previo diálogo, lo traen sin acuerdo de las demás fuerzas políticas y lo traen, además, en un clima de ataques a la Constitución constantes. Traerlo ahora y de esta forma es realmente indigno, irresponsable e hipócrita. Señorías del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario Socialista, ¿a ustedes les parece digno utilizar a las personas con discapacidad para sus fines partidistas? ¿Les parece digno utilizar como mercancía a las personas con discapacidad para sus fines, que no son otros que blanquear la existencia de un continuo golpe a nuestro Estado de derecho y teatralizar una supuesta normalidad? (Aplausos) ¿Les parece digno aparentar una supuesta normalidad con esta reforma? A nosotros, señorías, nos parece absolutamente vil y miserable que utilicen esta reforma constitucional para ocultar una realidad, que es la que es: que se está dando un golpe constante y continuo a nuestro Estado de derecho. Aquí, hoy y ahora, lo que quieren hacer es una foto de todo el arco parlamentario apoyando esa debilidad de un Gobierno. No entendemos cómo el señor Feijóo ha podido hacer este pacto con el señor Sánchez. No lo podemos entender. No lo podemos entender, señor Feijóo. (Aplausos). En primer lugar, quiero decir que nosotros no vamos a ser cómplices de que utilicen a las personas con discapacidad como una pantalla para ocultar esta grave realidad, por el profundo respeto que las personas con discapacidad nos merecen. Señor Feijóo, no lo entendemos porque, además, usted no lo ha explicado. ¿Cómo la semana pasada dijo que era humillante el acuerdo al que se había llegado, el golpe a la Constitución que se había producido hace tan solo una semana, que había sido humillante, y después de esa humillación, es capaz de pactar con el señor Sánchez esta reforma? Señor Feijóo, en su intervención usted no ha explicado en absoluto por qué ha modificado su postura en tan solo diez días, porque en la enmienda que ustedes presentaron al proyecto que se debatió en la legislatura pasada sobre este mismo tema dicen exactamente lo siguiente: Una reforma de la Constitución exige de manera inexorable la combinación del espíritu de pacto y el sosiego político que se vivió en las

Cortes Constituyentes, dos elementos de los que en este momento de gravísima crisis social y económica se carecen; y con estas premisas, una remodelación de la carta magna a día de hoy es imposible. Argumentaron amplia y contundentemente que no era necesario ni oportuno, y en tan solo diez días ha cambiado de opinión (aplausos), con un clima absolutamente muchísimo más grave que el que existía hace dos años, con un clima de una crisis constitucional e institucional como no ha habido parangón. Señor Feijóo, deberá explicarlo, porque en su intervención no lo ha hecho y los españoles deben saberlo.

Señorías, debemos considerar que el artículo 49 no establece un derecho subjetivo, sino que es un principio inspirador, por lo que a lo largo de cuarenta años se ha avanzado enormemente en la legislación a favor de las personas con discapacidad; también en la terminología, puesto que el término «disminuido» ya se ha superado ampliamente, como era y como es de justicia, por la legislación interna y, sobre todo, por la ratificación de la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Gracias, señorías, sin duda, al empeño de las propias personas con discapacidad, al esfuerzo de sus familias, las asociaciones que las integran y los organismos constituidos al efecto, cuyos representantes hoy nos acompañan y a los que reconocemos y felicitamos absolutamente por todo su esfuerzo. (Aplausos). Señorías que hoy nos acompañan, estamos convencidos de que entenderán nuestra postura. (Una señora diputada: No). Ustedes saben todo el tiempo que hemos estado haciendo políticas conjuntamente, lo saben y lo conocen; por lo tanto, deben entender, y yo estoy convencida de que lo harán, la profunda tristeza que nos produce que esto se haya llevado en estas condiciones hoy y ahora, y que no podamos, de ninguna de las maneras, nada más que abstenernos. Lo saben y sabemos nosotros que nos entienden.

Señorías, una reforma constitucional requeriría de un diálogo previo y de un acuerdo, y que se realice con sosiego, como se hizo en su redacción primera, y así podría votarse por unanimidad. Serán ustedes, señorías, solamente ustedes, los culpables de que nosotros solamente podamos abstenernos. Querrán acusarnos de falta de sensibilidad, querrán acusarnos, señorías, ustedes que discriminan a los discapacitados incluso antes de nacer, porque ustedes aprobaron la ley de plazos en el año 2010, que supone un tratamiento absolutamente inaceptable de la consideración del menor valor y derecho a la existencia de las personas con discapacidad. (Aplausos). Una discriminación también denunciada por el CERMI, porque contraría la convención internacional ratificada por España en el año 2008, que obliga de manera expresa a los Estados parte, reafirmando «el derecho inherente a la vida de todos los seres humanos» —a‌ sí lo dice la convención— y a adoptar «todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de ese derecho por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás». Sorprendentemente, señorías, el texto que hoy se presenta, quizá por las prisas, no se atiene a la realidad, ya que dice que las personas con discapacidad ejercen los derechos del título I, y eso no es cierto porque se está vulnerando el artículo 14 de la Constitución, porque se puede abortar a una persona, a un ser humano con discapacidad, hasta el momento de su nacimiento. (Aplausos). Es una hipocresía, señorías, que traigan hoy aquí esta reforma y que hayan impedido que se aprobara una ley de ELA porque supone 36 millones de euros. Es una hipocresía, señorías, que ustedes defiendan en este texto la autonomía, en algunos casos utópica, y que traigan hoy aquí esta reforma y que hayan impedido que se aprobara una ley de ELA. Es realmente hipócrita, señorías, que se traiga hoy aquí esta modificación alegando razones de justicia, y este mismo partido en el Gobierno haya aprobado una ley de eutanasia que a quien más perjudica es a las personas con discapacidad. Es una hipocresía, señorías, traer hoy aquí esta modificación y haber votado en contra en todas y cada una de las iniciativas que ha presentado este grupo parlamentario, al que sí le importan las personas con discapacidad; este grupo parlamentario que sí reconoce la dignidad intrínseca e inviolable de todo ser humano, que defiende la igualdad en el ejercicio de los derechos fundamentales de todas las personas, desde la concepción hasta la muerte natural; este grupo parlamentario que defiende la importancia esencial que para la comunidad tienen las personas con discapacidad; este grupo parlamentario que cuando habla de derechos de las personas, luego no mercadea con esos mismos derechos; este grupo parlamentario que, en un momento como este, muy tristemente dice que basta ya de hipocresía y de irresponsabilidad. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Buenos días, señora presidenta.

Señorías, es un honor, como han dicho muchas de las personas que me han precedido en el uso de la palabra, subir hoy a esta tribuna a iniciar el trámite para reformar nuestra Constitución en un aspecto tan importante como el que hoy nos trae aquí. Saldamos ni más ni menos que una deuda con más de cuatro millones de personas con discapacidad que hay en nuestro país y, además, comenzamos el trámite de la tercera reforma de nuestra Constitución, la primera con un contenido verdaderamente social.

Permítanme empezar estas palabras con una breve historia. Hace unos días, en un programa de televisión matinal, una presentadora preguntaba a un niño con autismo sobre su capacidad auditiva, cinco veces más fuerte que la de una persona normal, decía literalmente la presentadora. Y la respuesta del niño creo que refleja muy bien lo que hoy estamos debatiendo aquí, y es que el niño respondió que no le gustaba el término «normal» porque él era normal. Y, efectivamente, él era normal. (Aplausos). Porque normales, señorías, somos todos y hoy lo que hacemos es trasladar a nuestro texto constitucional esa concepción de la realidad de las personas con discapacidad. Por eso es un orgullo hoy tomar la palabra en esta tribuna, y es una de esas ocasiones en las que un servidor público se siente plenamente satisfecho del trabajo, del esfuerzo que ha realizado y del resultado que va a tener.

Permítanme también una consideración previa respecto al texto constitucional vigente en nuestro país. Querría poner en valor nuestra Constitución hoy, porque precisamente hoy, que la reformamos, la estamos mejorando y, por, tanto, la estamos haciendo mejor. Nuestro texto en el año 1978 ya supuso un avance, un impulso en las políticas para las personas con discapacidad: recordemos que hablaba de políticas de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de personas con discapacidad, aunque no utilizaba esta terminología —‌nuestra Constitución del 78 utilizaba los textos internacionales que en ese momento estaban vigentes—, pero reconozcamos que, en cuarenta y cinco años, evidentemente, la realidad es que se ha avanzado, se han adaptado los textos, y era necesario que nuestra Constitución reflejara hoy los nuevos textos, las nuevas garantías y las nuevas realidades de las personas con discapacidad.

Hoy llevamos a cabo la primera reforma social de nuestra Constitución. La acercamos a nuestra sociedad. Ampliamos y reconocemos derechos a las personas con discapacidad, especialmente a las mujeres y los menores. En definitiva, hoy hacemos mejor nuestra Constitución y, por tanto, hacemos mejor nuestro país. No son solo palabras, porque estas sirven para ofender o acariciar, para convencer o denigrar; son el vehículo por el que nos expresamos. La palabra es el vehículo para ver el mundo, para ver cómo queremos que sea el mundo y para acabar dando forma a la realidad. Por eso, esta reforma es tan relevante, porque significa dignidad, porque significa igualdad para las personas con discapacidad.

Señorías, hemos recorrido un camino muy largo. Por eso quiero expresar mi agradecimiento al CERMI, al que veo en la tribuna; veo a Luis, a Miguel, a Alberto, a Fernando, a Ana. A todos vosotros, gracias; gracias por acompañarnos desde el principio en esta reforma constitucional. (Aplausos). Gracias a todos vosotros y a todas vosotras por ese trabajo de años para impulsar esta reforma, que hoy inicia su camino y pronto verá la luz.

Quiero expresar mi agradecimiento también al presidente del Gobierno, cuyo empeño político y personal ha hecho que hoy sea posible que estemos reformando el artículo 49 de la Constitución. (Aplausos). Y quiero manifestar mi agradecimiento al Gobierno, en su conjunto, al Gobierno que nació en 2018, con un objetivo, reformar el artículo 49. Y cuando digo el Gobierno, en su conjunto, hablo del Ministerio de Derechos Sociales, de la Dirección general de discapacidad, de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, de todas esas personas, de todos esos funcionarios y esas funcionarias que tanto han trabajado para que hoy la reforma del artículo 49 sea una realidad y un éxito, porque es un texto que otorga más dignidad a nuestro país, que responde a una necesidad de la ciudadanía. Y por eso pido el apoyo unánime de esta Cámara para esta reforma del artículo 49.

También quiero expresar, de antemano, mi agradecimiento personal y el de todo el Gobierno, el del conjunto del Gobierno, a todos los grupos parlamentarios, a todos los diputados y todas las diputadas que van a apoyar esta reforma. Y, sin duda, al Grupo Parlamentario Socialista, que siempre, siempre ha deseado esta reforma. Y también mi agradecimiento al Grupo Parlamentario Popular. Este es el camino: dialogar y acordar para mejorar la vida de nuestros ciudadanos. (Aplausos).

Este es el camino: entendernos en lo que es indiscutible, cumplir la Constitución y también reformarla. Por eso hoy estamos tan satisfechos, porque vinimos a hacer política para eso, para trabajar a fin de que España sea un país mejor, más justo, más digno, más igualitario, con más oportunidades. Queremos que esta reforma tenga el mayor consenso posible. Y lo va a tener: las intervenciones que han realizado los distintos portavoces lo demuestran. Desde luego, nos gustaría que fuera el primero de los grandes acuerdos que esta Cámara tiene que alumbrar durante esta legislatura, porque hoy estamos en uno de esos momentos que justifican una legislatura: cuando la política es diálogo, cuando es acuerdo, cuando se convierte en un instrumento, de verdad, para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.

Por tanto, señorías, enhorabuena a todos, especialmente a los más de cuatro millones de personas con discapacidad, que hoy ven cómo se consigue, por fin, una reivindicación que desde hace años defendían, pero enhorabuena también a toda la sociedad, porque, cuando una sola persona en nuestro país gana un derecho, ganamos todos porque gana nuestro país.

Gracias a todos. (Aplausos).

Con la venia. Además de tramitación directa y en lectura única, con arreglo al artículo 150.1 del Reglamento, se ha solicitado por los dos grupos proponentes el trámite de urgencia en el procedimiento, es decir, se considera que esta proposición de ley tiene un contenido simple si se quiere dar cumplimiento a ese artículo del Reglamento, al tiempo que es muy importante y, en cualquier caso, muy urgente. Y también, en cualquier caso, una reforma constitucional hace desaconsejable para la Mesa y la Junta de Portavoces el trámite ordinario, que, por su extensión, es más detenido e idóneo para la reflexión del legislador. Nos encontramos ante una situación constitutiva en cierta medida de un disparate, como ya se ha dicho antes por algún orador. No es simple esta proposición de ley, porque la reforma propuesta no se limita al cambio del término «disminuido» por el de «persona con discapacidad», sino que introduce también un apartado segundo, que añade que los poderes públicos «fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca» y añaden en un inciso final que «se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad». En la XIV Legislatura, la portavoz del Partido Popular en el debate de 2021 consideró que en un texto semejante se elevaban a rango constitucional —e‌ stoy citando al pie de la letra— contenidos que no son propios de la Constitución, se incluían reiteraciones que podían ser perturbadoras y se generaban agravios comparativos entre organizaciones, y todo ello con una redacción —‌decía entonces— y una ubicación en el texto constitucional confusa, que podía dar lugar a equívocos. Sin embargo, lo que le parecía muy mal al PP en 2021, y ello dio lugar a una enmienda a la totalidad de devolución, ahora no solo le parece muy bien, sino además muy urgente. Señor Feijóo, presente en este debate, no le vamos a pedir el pathos con el que Hegel caracteriza a Alejandro Magno, César y Napoleón, porque sabemos que probablemente no sería usted capaz ni son los tiempos de la ética. Ahora bien, coherencia, sí creo que le podemos pedir todos los diputados de esta Cámara, y el PP no la tiene con este cambio inopinado. Tampoco hay urgencia, porque, tal y como defendió VOX en ese debate de totalidad de 2021, la reforma no atribuye más derechos a las personas con discapacidad y muchos de ellos se van a seguir encontrando en la misma situación de desamparo en que ahora se encuentran. A este efecto, baste recordar el rechazo por parte de esta Cámara de una reciente iniciativa de VOX sobre los enfermos de ELA. Díganme ustedes si esto es coherencia y atender debidamente a las personas que sufren algún tipo de discapacidad.

Entonces, ¿por qué este cambio del PP, después de que el señor Feijóo anunciase la semana pasada —‌y voy a citar también textualmente— una ofensiva política, social y judicial sin cuartel y sin descanso contra el Gobierno por su cesión a las extorsiones de Junts y el señor Puigdemont, calificadas por el señor Feijóo como xenófobas, racistas, constitutivas de desigualdades, privilegios, unas regiones frente a otras, etcétera; por cierto, todo ello constitutivo de una reiteración copiona de argumentos de VOX desde su fundación?

Señor Feijóo, de nuevo, coherencia. ¿Qué es esto?

¿Es aproximación estratégica y no sincera al PSOE y su Gobierno? ¿Es mantenimiento de un alejamiento interesado de VOX, en contra de los deseos, probablemente mayoritarios, de sus votantes? Espero que alguien nos lo explique.

Por último, han perdido ustedes la baza que les ofrecía el artículo 163 de la Constitución, de la que tenía conciencia el PP en la anterior legislatura, para que esta reforma se hubiera podido convertir en un plebiscito contra el Gobierno del señor Sánchez.

Nada más. (Aplausos de las señoras y de los señores diputados de VOX, puestos en pie).

Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, antes de empezar, quiero denunciar que hoy, en el día en que reformamos nuestra Constitución para cambiar el término «disminuido» para recuperar la dignidad de las personas con discapacidad también en el lenguaje, una diputada de SUMAR de esta Cámara ha retuiteado un tuit en el que se llama subnormal a un diputado de mi grupo parlamentario; hoy, cuando aprobamos esta reforma histórica. (Aplausos). Hoy pido a esa señora, doña Engracia Rivera que, por coherencia, dimita de su condición de diputada en esta Cámara. Nos encontramos ante un debate de gran trascendencia por tratarse de la reforma de un artículo de nuestra Constitución, una reforma que lleva ya varios años de trabajo. Podemos afirmar que existen suficientes motivos para la reforma y su tramitación de forma urgente. En primer lugar, para adaptar nuestra Constitución a los textos internacionales es necesario actualizar el lenguaje y la perspectiva adoptada en el actual artículo 49 de la Constitución, de acuerdo con los avances en materia de derechos de las personas con discapacidad en el ámbito del Derecho internacional. Se trata fundamentalmente de adaptarse a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, aprobada ya en 2006. En segundo lugar, por la demanda social y de las personas con discapacidad, y aprovecho aquí para saludar a todo el colectivo que hoy nos acompaña; gracias por vuestro trabajo. Asimismo, existe una demanda tanto de organismos internacionales, Naciones Unidas, como de la sociedad civil, a través de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad, para modificar la terminología del artículo 49 de la Constitución, actualizándola. Millones de personas con discapacidad y sus familiares entienden que esta terminología afecta a su propia dignidad, y, sobre todo, teniendo en cuenta los tratados y textos internacionales vigentes. La reforma viene a satisfacer esta demanda, prolongada desde hace muchos años. También hay que señalar que es una reforma basada en el consenso y conforme con el informe del Consejo de Estado y la jurisprudencia constitucional. Se actúa de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en el nuevo texto del artículo 49, y se enmarca en los principios rectores de la política social y económica. Desde los primeros textos propuestos, hace ya más de cuatro años, hasta el texto definitivo ha habido muchos cambios, fruto de las negociaciones, siempre pensando en el interés general, y se ha llegado a un acuerdo en lo sustancial, basado en el consenso, y, sobre, todo, con la sociedad civil, señores de VOX; elévense un poquito también, que hace falta en este debate. La propuesta condensa los elementos fundamentales, en los que la gran mayoría de los ciudadanos y sus representantes están de acuerdo. Señorías, es necesario aprobar esta reforma porque está trabajada, ha tenido en cuenta cualquier recomendación jurídica y ha sido consensuada, y, sobre todo, porque no podemos frustrar las expectativas de las personas con discapacidad, que han luchado durante muchos años para alcanzar este objetivo. Cualquier apertura de este debate en otros términos y por más tiempo puede poner en riesgo lo acordado hasta ahora. Por ello está justificado también que la tramitación de esta reforma se haga en lectura única y tramitación urgente.

Muchas gracias. (Aplausos).