¿Prevé el Gobierno algún mecanismo para garantizar que el impacto de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en las empresas que prestan servicios en el sector público no comprometa ni los derechos de las personas trabajadoras ni la calidad en la prestación de dichos servicios?

Gracias, presidenta. La subida del salario mínimo interprofesional es una buena noticia, mejora los salarios más bajos y combate la precariedad. Pero hay un efecto del que casi nada se habla. Muchos servicios públicos del día a día ―la limpieza de los colegios, los hospitales, las ayudas a domicilio, la atención social o la jardinería― no los presta directamente la Administración; los prestan empresas privadas, empresas de inserción y entidades sociales a través de contratos públicos. En estos contratos la mayor parte de los costes son los salarios, y cuando sube el salario mínimo, estas empresas tienen que pagar más a los trabajadores, como no puede ser de otra manera. El problema es que la ley no permite actualizar el precio del contrato para cubrir esa subida salarial, aunque los sueldos representen más de la mitad del presupuesto. ¿Y qué ocurre entonces? Que se reduce el margen para mejorar el servicio, se dificulta avanzar en mejores condiciones laborales, y hay licitaciones que quedan desiertas y empresas que renuncian porque el contrato deja de ser viable. Esto afecta a sectores donde trabajan mayoritariamente mujeres y a empresas que trabajan con personas en exclusión social. Una empresa en el mercado privado puede renegociar precios para absorber un incremento salarial obligatorio. Una empresa que presta un servicio público no puede hacerlo. Cuando se presenta una licitación, no sabe si el salario mínimo va a subir ni cuánto. Y si sube, no puede actualizar el precio del contrato, aunque la subida sea posterior a la adjudicación. Por eso, presentamos una enmienda para contratos intensivos en mano de obra con límites cuantitativos, que el Gobierno vetó bloqueando la única vía legal o real para adaptar estos contratos ante subidas salariales obligatorias. Pero, mientras esto ocurría, ustedes plantearon una deducción fiscal a las empresas vía sociedades, para convencer a la CEOE de aceptar la subida del salario mínimo, reconociendo, por tanto, que existe un impacto económico; una deducción que no resuelve el problema estructural de estos contratos y que no permite ajustar precios ante nuevas subidas del salario mínimo. Vicepresidenta, esto no va de proteger márgenes empresariales, va de proteger servicios públicos esenciales y empleos, porque cuando una obligación legal sobrevenida incrementa los costes y no se permite adaptar el contrato, quienes acaban pagando las consecuencias son las personas trabajadoras, las entidades sociales y la ciudadanía que recibe esos servicios. Por eso, le preguntamos: ¿prevé el Gobierno algún mecanismo para garantizar que el impacto de la subida del salario mínimo en estas empresas que prestan servicios en el sector público no comprometa ni los derechos de las personas trabajadoras ni la calidad de la prestación de estos servicios? Muchas gracias.

Gracias, vicepresidenta, pero se sigue sin revisar esos contratos, y nosotros lo que hemos pedido es una versión muy tasada, muy limitada y muy restrictiva, como dice la Ley de Contratos del Sector Público. Lo que no creemos que se pueda hacer es defender una subida del salario mínimo interprofesional y al mismo tiempo mantener unas reglas diseñadas entonces por el PP para congelar precios en plena etapa de recortes, en plena austeridad, en un contexto...