Interpelación urgente a la Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre la política en materia de migración del Gobierno.

Gracias, señora presidenta. Señora ministra, hoy no estamos debatiendo una medida administrativa más; estamos debatiendo una de las decisiones más irresponsables, improvisadas y lesivas para el interés general que ha adoptado su Gobierno en materia migratoria. Y se lo digo con claridad, señora ministra: la regularización masiva que ustedes han impulsado es una operación política, una operación política que responde al interés del Gobierno de mantener los sillones, y a ningún interés más, y mucho menos al interés general; una regularización masiva sin datos fiables, sin planificación y sin recursos, y, por supuesto, sin respeto a las comunidades y ciudades autónomas, sin respeto a los ayuntamientos y sin respeto a nuestros compromisos europeos. (Aplausos). Permítame, señora ministra, ir por partes, porque así resultará más sencillo que los españoles nos entiendan. Pero, por respeto a esta Cámara, le ruego que evite el chascarrillo y las afirmaciones tan ridículas como las que hizo ayer como portavoz del Gobierno en la sala de prensa acusando a los jóvenes españoles de ir por la calle cantando el Cara al sol. Ya le digo yo, señora ministra, que eso no sucede en este país. Respete a los ciudadanos desde la mesa de la sala de prensa, al Consejo de Ministros y a sí misma.

Su regularización es masiva, señora Saiz. Es sin control y ni siquiera ustedes controlan las cifras reales. El Gobierno habla de 500 000 personas, los estudios independientes elevan esa cifra a 840 000 y los propios informes técnicos de la Administración General del Estado advierten de que el impacto real podría llegar hasta 1 200 000 personas, teniendo en cuenta reagrupaciones familiares, solicitudes derivadas y efectos indirectos. ¿Sabe lo que implica eso, señora ministra? Que ustedes están planteando la mayor regularización de la historia de nuestro país sin saber a cuántas personas afecta realmente. Y, aún peor, los propios responsables de extranjería han alertado de la dificultad para gestionar, verificar identidades y controlar antecedentes penales ―a los policiales ni siquiera me refiero, porque ustedes ni los controlan― ante un volumen de expedientes de esa magnitud, y, aunque ustedes lo oculten, esos informes de extranjería se van a conocer y van a salir a la luz, señora ministra. (Aplausos).

Estamos hablando de un sistema ya saturado, al que ahora pretenden someter a una carga imposible de absorber. Le pregunto, señora ministra, y quiero una respuesta concreta, puesto que para eso está usted hoy aquí: ¿Puede confirmarnos hoy en tribuna a cuántas personas va a afectar esta regularización masiva? El número exacto, señora ministra; queremos conocerlo. Es una medida tramitada mediante real decreto reglamentario y vía de urgencia para vetar el control parlamentario. Sin embargo, no existe ninguna urgencia real, y usted lo sabe. Esta iniciativa se conoce desde hace años y lleva paralizada en esta Cámara por la ministra veintitrés del Gobierno de España, la señora Armengol, desde hace casi dos años; ninguna urgencia, y usted lo sabe. (Aplausos). Y, sin embargo, deciden tramitarla ahora, reduciendo garantías, participación institucional y capacidad de planificación ―como le digo, por la vía urgente―, porque así se lo ha impuesto la izquierda radical de este país, las señorías de Podemos.

¿Por qué tanta prisa, señora ministra? No hay memoria económica real, no hay una evaluación de impacto en los servicios públicos. Pero a ustedes eso les da igual; total, creen que lo van a pagar otros, las comunidades, las ciudades autónomas, los ayuntamientos. Lo vamos a pagar todos los españoles; económicamente, lo vamos a pagar todos los españoles, y las consecuencias de su responsabilidad también. Su Gobierno, con todo el desahogo posible, dice que no hay impacto presupuestario, pero la realidad es que habrá más presión en la sanidad, más presión en el acceso a la vivienda, más presión en la educación y en los servicios sociales. Pero ¡qué le importarán a usted las cosas del comer!, ¿verdad, señora Saiz? Sin financiación, sin coordinación y sin lealtad institucional, le pregunto ―quisiera la respuesta concreta―: ¿Cuántos millones de euros va a destinar su Gobierno a financiar esta irresponsabilidad en las comunidades, ciudades autónomas y ayuntamientos? ¿Cuántos presupuestos van a destinar ustedes? Su regularización premia la irregularidad y castiga la legalidad. Genera un agravio comparativo intolerable, señora Saiz. Premia a quienes han entrado y permanecen ilegalmente en España incumpliendo la ley. Mientras miles de personas esperan durante años, cumpliendo todos los requisitos para regularizar su situación por vía legal, y ustedes han sido incapaces de cumplir el mandato de esta Cámara ―lo he reiterado en muchas ocasiones― para que refuercen las oficinas de extranjería. Tienen colapsadas y bloqueadas las oficinas de extranjería, las vías legales de entrada, y ahora van a regularizar a todo el que lo quiera habiendo incumplido la ley, entrando ilegalmente en España y permaneciendo de manera ilegal sin requisitos.

El mensaje que usted envía es devastador; insisto, es devastador. Usted no se ha leído el real decreto. Nos ha quedado claro: no se lo ha leído ningún ministro. ¡No sabe ni lo que escriben! (Aplausos.—La señora ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Saiz Delgado: ¡Por favor! ¡Lo he escrito yo!―). El mensaje que ustedes envían es devastador. En España la irregularidad acaba teniendo recompensa, acaba siendo premiada, y ese mensaje claro que tiene consecuencias, señora Saiz: un efecto llamada, y también un riesgo para la seguridad, porque esta regularización masiva sí provoca un efecto llamada sin precedentes. Desde países de origen, desde países de tránsito y desde todos los países miembros de la propia Unión Europea van a llegar aquí a regularizar su situación. España pasa a ser percibida como el país donde la irregularidad termina en regularización. Y eso alimenta a las mafias. Eso pone vidas en riesgo, señora Saiz. Y eso tensiona nuestras fronteras en territorios, por ejemplo, como el mío, en Melilla, pero también en Ceuta, en Canarias, en Baleares, en Andalucía y en toda España. Y usted lo sabe. (Aplausos).

Dice que lo ha escrito usted. Me acaba de decir: «Eso lo he escrito yo». Entonces, debe ser que la capacidad de comprensión es limitada. O aquí no se lo ha leído nadie o mienten. (La señora ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Saiz Delgado: Relaja un poco.―Rumores). Entonces, mienten. Entonces, usted miente. Acredita que usted miente. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia). Además, en un contexto en el que los propios profesionales de extranjería alertan de la imposibilidad material de verificar adecuadamente millones de solicitudes, sin garantías para verificar o certificar antecedentes penales y policiales, con la gravedad que eso entraña, señora Saiz. Y, lo que es peor, con la posibilidad de sustituir certificados de ausencia de antecedentes penales por declaraciones responsables. Es una absoluta barbaridad. Y esto viene taxativamente escrito en el real decreto. (Aplausos). Y, si no, suba usted aquí y desmiéntalo. Porque eso viene taxativamente recogido en ese real decreto que dice haber escrito usted. Esto no es solo irresponsable, señora Saiz; no, es un riesgo. Ustedes son un riesgo para este país.

Además, ese real decreto rompe la coherencia europea, porque España forma parte del espacio Schengen. Y el Pacto Europeo de Migración y Asilo se basa en tres pilares: control de fronteras exteriores, responsabilidad compartida y un sistema de retornos creíbles y efectivos. La regularización masiva que ustedes plantean va en dirección contraria de ese pacto, que además ustedes rubricaron, cuando ahora hacen y dicen lo contrario. Ustedes son incapaces de mantener la coherencia durante más de veinticuatro horas; son incapaces.

Señora ministra, ustedes van a regularizar a personas con órdenes de retorno no ejecutadas. Van a suspender este y cualquier procedimiento de expulsión. Eso va a hacer su regularización, es decir, de inmigrantes que ya no tendrían que estar en nuestro país, que ya tendrían que haber sido expulsados de España, ustedes van a suspender la expulsión para legalizarlos. Y también cuando tengan antecedentes penales y policiales, porque, sí, eso lo recoge su real decreto. (Aplausos). Y esto, simple y llanamente, es inasumible e injustificable. Es una auténtica irresponsabilidad ―y no me voy a cansar de decirlo―, que además debilita la credibilidad del sistema. La propia Comisión Europea se lo ha dicho y les ha avisado de que las decisiones nacionales no pueden afectar negativamente al espacio Schengen. Y ustedes, con su política, han colocado a España en el eslabón más débil de la política migratoria europea: el paraíso para las mafias de tráfico y trata de personas, que se van a forrar; ya se están forrando, señora ministra.

Pero, frente a este caos y a tanta irresponsabilidad, sí hay una alternativa. Y esa es la alternativa del Partido Popular: legalidad, control y responsabilidad. Primero, inmigración legal y ordenada, vinculada a las necesidades reales del mercado laboral. Segundo, retornos eficaces y acuerdos con países de origen y tránsito condicionados a su colaboración. Tercero, expulsión de quienes cometan delitos graves o hagan del delito su forma de vida; sí, señora ministra, sí. Cuarto, fin del efecto llamada: revisión de políticas que generan expectativas falsas, lucha reforzada contra las mafias y reforma del arraigo, para que no se convierta en una vía automática de regularización, como está sucediendo ahora mismo. Quinto, blindaje frente al fraude: ningún procedimiento de extranjería o asilo puede convertirse en una vía para eludir la ley. Sexto, las ayudas económicas deben vincularse a la residencia legal, a la búsqueda activa de empleo y a la contribución al sistema, porque, señora ministra, el sistema debe premiar la legalidad, no la trampa administrativa, no el fraude administrativo.

Así que, no, señora Saiz, no nos hablen de humanidad, cuando quieren decir interés político para mantener su sillón; el suyo también. Su irresponsabilidad pone en riesgo los servicios públicos, nuestra seguridad jurídica y la credibilidad de España en toda Europa. España es un país abierto, sí, pero no puede ser un país sin reglas, no puede ser un país sin ley porque a un Gobierno irresponsable como el suyo le convenga para tapar sus miserias. No puede ser, señora Saiz. Así que retiren ese decreto, desistan de este disparate o sean valientes y sométanlo a la voluntad de estas Cortes Generales, donde reside la soberanía nacional. (Aplausos). Escuchen a las comunidades autónomas, escuchen a los ayuntamientos, escuchen a las oficinas de extranjería, escuchen a la Policía Nacional. Y, sobre todo, señora Saiz, ya que no saben gobernar con responsabilidad, al menos dejen de hipotecar la vida de los españoles.

Estaré encantada de escuchar desde el escaño las respuestas de su ministerio a cada una de las preguntas concretas que les he formulado.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, presidente.

Buenos días.

Está quedando claro esta mañana que ustedes, señores del PP, hacen la campaña a VOX y, a cambio, VOX les escribe las interpelaciones.

Como saben, el pasado miércoles, a petición de VOX, comparecí en esta misma Cámara para hablar de inmigración. Una semana más lo hago, a petición del PP, para hablar de lo mismo. Y lo primero que quiero decirles es que están ustedes tan pendientes de ser la sombra de VOX que han perdido ―además de los argumentos― la iniciativa, que entiendo que es lo peor que se puede perder en política. Lo dije entonces y lo vuelvo a decir ahora: Si estamos en este punto de polarización sobre la gestión migratoria es porque hay dos partidos, PP y VOX, que están luchando a brazo partido por el voto del odio. Han convertido la inmigración en arma arrojadiza del uno contra el otro. Pero en esta pelea solo pierde la sociedad española. Y eso es lo más grave, que su creciente radicalidad en contra de las personas que vienen a nuestro país les tiene absolutamente cegados respecto de lo verdaderamente importante, que es el día a día de la ciudadanía española: la salud y sus empleos, el acceso a la vivienda, sus colegios, sus cuidados.

Deberían reflexionar un mínimo sobre esta estrategia en la que están y escuchar ―después de lo que ha dicho la señora Acedo, igual les parece un chascarrillo, aunque a mí no― lo que dijo el Papa a la Conferencia Episcopal Española advirtiendo sobre el auge de la extrema derecha, que busca instrumentalizar a la Iglesia y ganar el voto católico. Le faltó tiempo ayer al señor Abascal para responder al papa afirmando que se trata de una invención de «un obispo de esos que colaboran con la inmigración». Señorías del Partido Popular, atrévanse a descalificar las palabras del señor Abascal. Tengan el coraje de decirle, al menos, que respete la jerarquía de la Iglesia católica, otra institución a la que VOX falta el respeto. Imagino que se sentirán aludidos por las palabras del papa.

Día sí y día también blanquean y colaboran en el crecimiento de VOX en España. Lo vimos en Jumilla, en Torre Pacheco, donde el PP chapoteaba entre el ataque a la libertad religiosa y su tibieza contra la xenofobia. Lo vemos cuando la portavoz de su grupo, la señora Muñoz, dice que solo apoyan la regularización caso por caso y, unas semanas después, votan con VOX a favor de eliminar la figura del arraigo del ordenamiento legal, cuando esa figura precisamente lo que hace es regularizar caso por caso conforme a los requisitos. Desde luego, señorías del Partido Popular, que la inmigración es una buena métrica para darse cuenta de sus constantes contradicciones. A la menor ocasión asocian inmigración con delincuencia, con el uso fraudulento de las ayudas sociales y el supuesto colapso de los servicios sanitarios. Pero esto también lo dice VOX. Ya lo hacen ellos, teatralizando. Es inútil que sigan ustedes por ese camino; empeñarse en ser la caricatura de la ultraderecha es convertirse en la copia falsa a la que solamente le falta cambiar el fondo azul por el fondo verde. (Aplausos).

Pero lo que realmente falta es que el señor Feijóo o cualquiera de sus portavoces hable con un mínimo de conocimiento sobre la regularización extraordinaria que hemos impulsado. Habla de regularización masiva y automática, y no es cierto. Hablamos de extraordinaria y no masiva. La regularización se va a hacer caso a caso y siempre cuando se cumplan los requisitos que se van a establecer en el real decreto que va a regular este procedimiento y que se ha sometido con total transparencia, como siempre, a información pública. Afirma que somos el país con mayor incremento de inmigración irregular; otra falsedad. Miren la Italia de Meloni, a la que el señor Feijóo pone como ejemplo, y a otros países del Mediterráneo para saber que tienen mayor presión migratoria. Los datos de Frontex no dejan lugar a duda: la entrada de migrantes irregulares en la Unión Europea cayó un 26 % en 2025; en España fue un 42,6 % menos. El señor Feijóo habla de efecto llamada, demostrando que no se ha leído ni una sola línea de cualquier publicación científica que se ha hecho sobre esta cuestión. La evidencia empírica… (El señor De Olano Vela pronuncia palabras que no se perciben). Sí, científica; qué poco respeto tienen también a la ciencia ¿eh?, señor Olano. La evidencia empírica muestra que las regularizaciones que se han hecho en España han generado efectos positivos; por ejemplo, en 2005 mejoró la integración laboral, y la movilidad de las personas regularizadas incrementó la recaudación fiscal y redujo la informalidad. Pero ¿de verdad se le ha olvidado al señor Feijóo lo que hizo Aznar cuando gobernó? En sus ocho años facilitó la regularización de más de 524 000 personas inmigrantes no comunitarias, ¡524 000! ¿Eso no era premiar al que incumplía la ley, como dicen ahora? (Varias señoras y señores diputados: No.―Rumores.―La señora Rodríguez Calleja pronuncia palabras que no se perciben). Pero, claro, entonces la economía necesitaba mano de obra debido a esa burburja inmobiliaria que ustedes, gracias a sus no políticas públicas de vivienda, inflaron, inflaron y en la que hacía falta trabajadores. Entonces, no hubo problema, ¿verdad, señorías del Grupo Popular? (Rumores). Sin embargo, ahora, cuando la economía española vuelve a necesitar migrantes, trabajadores, no solo en la construcción, sino en diferentes sectores económicos, el Partido Popular: volantazo, cambio de discurso, y ahora resulta que la inmigración es un problema, ¿no? ¡Qué casualidad!

Nos acusa el señor Feijóo de querer alterar el censo electoral, y también es otro bulo. Deberían conocer la ley electoral. La regularización concederá un permiso de residencia de trabajo por un año y en ese tiempo no cabe derecho alguno a voto en ningún proceso electoral. Y sobre esta cuestión del cálculo electoral que tanto les preocupa, ¿qué pasaba hace dos años cuando el Grupo Popular votó sí a la toma en consideración, sin dudar en aquel momento ―parecía, al menos―, votó sí a esa iniciativa legislativa popular para regularizar, según sus promotores, a medio millón de personas? ¿Qué ha pasado desde hace unos meses hasta ahora? El Partido Popular ya no quiere ni oír hablar de esta iniciativa de la ciudadanía española. ¿Qué ha cambiado? ¿Han cambiado las circunstancias? No. ¿Han cambiado los dirigentes del Partido Popular? No. ¿Ha cambiado el apoyo de todas las entidades sociales de este país a la iniciativa legislativa popular? No. Lo que sí ha cambiado son sus calculadoras electorales, las del señor Feijóo. (Aplausos). Han visto que VOX les come terreno por la derecha y han decidido copiarles, no solamente blanquearles, sino identificarse. Están viendo que sus Gobiernos autonómicos se debilitan y quien sale fortalecida es la ultraderecha, un partido que, si antes les pedía dos, ahora les está exigiendo lo impensable.

El señor Feijóo dice que no hay antecedentes de regularización en ningún país de la Unión Europea, y otra vez vuelve a mentir. Las regularizaciones extraordinarias son una práctica consolidada en gestión migratoria y cada país decide cuándo y cómo hacerla. En España se han hecho seis regularizaciones ―dos, gobernando el Partido Popular― y en la Unión Europea, cuarenta desde los años noventa―, las últimas en Italia y Portugal. La cuestión de fondo es qué va a hacer el Partido Popular con esas 500 000 personas que, según los promotores de la ILP, están ya aquí, y muchos de ellos trabajando. ¿Qué van a hacer? ¿Las deportan? ¿Las dejan en un limbo legal o las regularizan? (Aplausos.―La señora Rodríguez Calleja pronuncia palabras que no se perciben.―Rumores).

Dice el señor Feijóo que vamos a permitir la regularización de quienes tengan antecedentes…

Gracias, presidente.

Dice el señor Feijóo que vamos a permitir la regularización (rumores) ―esto es importante, por favor, escúchenme, señorías del Grupo Popular― de quienes tengan antecedentes penales. ¡Es mentira! (La señora Acedo Reyes: Falso). Uno de los requisitos que tendrán que cumplir todos los solicitantes de la regularización es no contar con antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público conforme al Estado de derecho. ¡Ya está bien!, no vale todo, señorías del Grupo Popular. (Aplausos).

No deja de ser sorprendente que el Partido Popular, para tener algo que decir, asocie inmigración con delincuencia o con abuso de ayudas sociales. Dice el Partido Popular ―y abro comillas―: «quien venga a España con ganas de trabajar y de integrarse, está en su casa; quien venga a no trabajar o a no cumplir la ley, saldrá por la misma puerta por la que entró». El problema es que es una falacia, porque la ley ya permite expulsar a los extranjeros que delinquen. El que delinque es el delincuente, no el inmigrante, y sobre el delincuente cae todo el peso de la ley. Señorías, eso no es mano dura, eso es cumplir lo que ya recoge nuestro ordenamiento jurídico. Es innecesario que creen ciudadanos de primera y de segunda; no se puede hacer. Y luego está el bulo de las ayudas. El Partido Popular repite una y otra vez que no puede haber medio millón de personas viviendo sin trabajar y sin cotizar. Les doy un dato… (Rumores.―Varias señoras y señores diputados: El tiempo, el tiempo). ¿Qué pasa? ¡Ah!, no abusaré del tiempo, lo reduciré, si ha estado parado. Gracias.

El año 2026 ha comenzado con más de 3 millones de extranjeros afiliados a la Seguridad Social; en el último año, 200 000 afiliaciones más. Fíjense en los datos. Son personas que trabajan, que emprenden, que cotizan. ¿Saben lo que es indigno? No que un inmigrante cumpla los requisitos para acceder a ayudas sociales mientras busca trabajo, lo indigno es que haya quien pretenda que trabajen doce horas por menos de cincuenta euros sin contrato y encima les llame ilegales; eso sí que es indigno. (Aplausos). Denuncien esas políticas que algunos quieren importar a nuestro país.

En su afán segregador de las personas migrantes, distinguen por su lugar de nacimiento. La presidenta de la Comunidad de Madrid llegó a decir aquello de que la inmigración hispana no es inmigración. ¿Y qué significa esta afirmación? Significa que el Partido Popular establece una jerarquía entre migrantes: los buenos son los que vienen de Latinoamérica y los malos los que vienen de otras latitudes, a quienes estigmatizan. Señorías del Grupo Popular, lo que realmente hacen ustedes es utilizar esta preferencia para construir un relato de amigos y enemigos, de integrables y expulsables, y eso, señorías, no es política migratoria, eso no es política migratoria; eso es ir en contra de los derechos universales de cualquier ser humano.

Frente a su discurso, copiado de la ultraderecha, basado en la estigmatización y la hipocresía, presento la alternativa real que practica este Gobierno y da resultados positivos: una política migratoria sensata, humana y eficaz. El mejor modo de combatir a las mafias es abriendo vías legales y seguras, colaborando con los países de origen y tránsito. La mejor forma de acabar con las pateras es que no sea necesario subirse a ellas. Contratación en origen, visados de búsqueda de empleo, programas de movilidad laboral, eso es política migratoria, eso es lo que está haciendo este Gobierno. Cuando una persona puede trabajar legalmente, al menos puede tener el salario mínimo interprofesional, puede tener un contrato de alquiler y también puede cotizar a la Seguridad Social para tener protección social.

Señorías, les he dado razones y datos para que entiendan por qué hemos impulsado la regularización extraordinaria de las personas migrantes que están en nuestro país. No podemos tener a miles de personas trabajando en la economía sumergida, sin derechos, sin cotizar y sin protección. Eso no es orden, eso es marginación. Eso es competencia desleal, también hacia las empresas que cumplen las obligaciones legales y exigen, con toda razón, igualdad en las condiciones laborales. Finalizo con un mensaje cierto: el miedo no es un programa de gobierno. El miedo solo alimenta el odio, daña la convivencia y debilita la democracia, y además es inútil, porque por mucho que las endurezcan y endurezcan ustedes el discurso, siempre va a haber alguien a su derecha que les gane. Les pasó en Extremadura y en Aragón y les va a pasar en cualquier región donde jueguen a ese juego peligroso que están haciendo. (Aplausos). Si tanto les importa la grandeza de la patria, piensen más en cómo les gustaría que les trataran a ustedes si fueran los que llaman a la puerta en vez de dar un portazo. Como dijo Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, «los derechos humanos no son un eslogan para los buenos tiempos, los derechos humanos son un deber para siempre».

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, señor vicepresidente. Señora ministra, usted habrá escrito el real decreto, pero no ha contestado a ninguna pregunta, porque sabe que todo lo que he afirmado hoy en tribuna es cierto y usted no ha podido rebatir ninguna de las afirmaciones que he hecho. Si usted ha escrito ese real decreto, usted ha mentido hoy en tribuna. Hablan de delitos y de explotación laboral en España. Y ustedes, como Gobierno ¿qué están haciendo con la Inspección de Trabajo? ¿Están haciendo algo? (Aplausos). Porque nos acusan a la oposición, pero ¿y ustedes? ¿Hay explotación laboral en España? ¿Qué están haciendo ustedes? (Aplausos). Le voy a recordar unas declaraciones que usted hizo en una televisión cuando estaba en Navarra: El círculo vicioso de la inmigración y la seguridad hay que combatirlo con fuerza. Eso lo decía usted. (La señora Montesinos de Miguel: ¡Qué cosas!). Entonces, debería mirarse al espejo, porque, seguramente, el racismo venga desde el propio Consejo de Ministros. Con respecto a Aragón y a Extremadura, el problema no lo tiene el Partido Popular. El Partido Popular ha arrasado al Partido Socialista; sus votantes se están yendo a VOX. Hágaselo mirar. (Aplausos). Pero me voy a dedicar a desmentir cada bulo que ha dicho: Esta regularización no tiene coste. Ya se lo he acreditado, tiene coste. Lo pagarán los servicios públicos. Lo pagará la sanidad, lo pagará la educación, lo pagaremos todos los españoles, los servicios sociales, las comunidades y los ayuntamientos. No me ha dicho cuánto van a destinar a esta irresponsabilidad que están poniendo en marcha. Otro bulo. Esta regularización no genera efecto llamada. Eso lo dice la ciencia, según la señora ministra. Bien, pues basta con llegar y permanecer ilegalmente en España y se accede a la regularidad sin requisitos de integración y sin empleo. El mensaje es claro: la ilegalidad es la vía y, cuanto más laxo es el sistema, más atractivo resulta y, cuanto más atractivo resulta, más presión migratoria. Y este es el caldo de cultivo perfecto para que las redes de trata y de tráfico de personas se forren y hagan negocio. Y eso es a costa de sus decisiones irresponsables y de sus intereses particulares.

Cuarto bulo. Esta regularización exige carecer de antecedentes penales. Falso, falso de toda falsedad, y usted lo sabe, señora ministra; porque si dice que ha escrito el real decreto, entonces es que nos está engañando a todos los españoles. El real decreto dice concretamente que hay que aportar certificados de ausencia de antecedentes penales, pero si no los tiene, será España quien tendrá que recabar esa ausencia de antecedentes penales y, si no, bastará una declaración responsable. Suba a esta tribuna y niegue lo que le acabo de afirmar. (Aplausos). Dejen de mentir. No están exigiendo antecedentes penales, mucho menos policiales. Porque una declaración responsable no puede sustituir un certificado oficial de antecedentes penales. No verifica nada, señora ministra, lo digan como lo quieran decir; no verifica nada. Pero es que el problema no termina ahí. Mientras se tramita el procedimiento, según su real decreto, se suspenden todas las órdenes de expulsión, los procedimientos de retorno y las medidas de salida obligatoria. Lo paraliza automáticamente todo. Es un absoluto despropósito. Y yo sí me he leído ese real decreto.

Quinto bulo. El Partido Popular también regularizó con Aznar. Nunca se ha regularizado en este país de manera automática; nunca, salvo con ustedes ahora. Todas estaban vinculadas al mercado laboral, el principal factor de equilibrio, el mecanismo que garantiza la integración, la cotización, la sostenibilidad del sistema y la convivencia. No se regulariza por el mero hecho de estar en España, como ustedes pretenden. El contexto ya lo obvio, porque está claro que es luchar contra el muro de Sánchez. Estamos en máximos históricos de presión migratoria e irregularidad sobrevenida. Claro que sí, señora ministra. Pero, de verdad, ¿creen que engañan a alguien? Y, por supuesto, en este país, jamás, en ninguna regularización, en ninguna, se han obviado los antecedentes penales como ustedes están haciendo en esta. Por eso no es lo mismo, señora Saiz. ¡Claro que no es lo mismo!

Sexto bulo. Europa avala este modelo No. Europa avala el control de fronteras, la lucha contra las mafias, el retorno efectivo y la inmigración legal vinculada al empleo. Europa no avala convertir la irregularidad en un atajo administrativo. Porque, cuando la irregularidad se premia, como están haciendo ustedes, se rompe el principio básico de cualquier política migratoria: el cumplimiento de la ley. Y aquí, señora ministra, llegamos al problema de fondo. No estamos ante una medida humanitaria, ¡qué va! Estamos ante una operación política de subsistencia de su Gobierno. España no tiene que asumir una regularización a ciegas, por más que su Gobierno lo necesite para mantenerse y para tapar sus miserias. Porque cuando la irregularidad se convierte en el camino más rápido, cuando cumplir las normas ya no importa y la ilegalidad es la única alternativa, el problema es de corrupción, el problema es de corrupción; la corrupción en la que está pringado su Gobierno, y, esto, lamentablemente, lo arrasa todo.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie.―Varias señoras y señores diputados: ¡Muy bien!).

Gracias, presidente.

Señora Acedo, si usted se ha leído el texto y lo conoce tan bien, habrá hecho aportaciones en la fase de audiencia pública, ¿sí? (La señora Acedo Reyes: Sí. En todas las comunidades autónomas, en todas). ¡Ah, señora Acedo! Sí, señora Acedo. ¡Menuda vocación humanitaria la suya, para unos sí y para otros no! ¿Qué contrato de trabajo se le puede exigir a un menor de edad o a una persona que acaba de llegar huyendo de una guerra? Le recuerdo las 338 000 personas procedentes de Ucrania, mujeres y niños, que tienen una autorización de residencia en España. Son personas que contaron con toda la solidaridad de la sociedad española y que nadie cuestionó.

Pero, bueno, vamos a profundizar. Ahora, el Partido Popular, quiere cerrar el CREADE, el centro de atención de referencia internacional que hay en Madrid y que, en su mayoría, acoge a mujeres y niños procedentes de Ucrania. ¿Le ha reportado la señora Ayuso este pequeño dato tan interesante al señor Feijóo, o sigue esa no comunicación entre la señora Ayuso y el señor Feijóo? Por cierto, en esa charla fructífera y esclarecedora que tuvieron hace poco, una horita, el señor Feijóo y el señor Abascal, ¿qué salió de esa reunión, de esa horita de conversación? ¿Salió acusar a los que no piensan como ustedes de que se comen las mascotas? ¿Salió un mapa de España señalando dónde se tiran los trastos a la cabeza? ¿Un manual sobre cómo anunciar un acuerdo que parezca una victoria para ambos, pero que deje la puerta abierta para culparse mutuamente si algo sale mal al día siguiente? ¿O una lista de agenda oculta de recortes? Señorías, a lo que realmente tiene miedo el señor Feijóo y todo el Partido Popular es al sorpasso de VOX. (El señor Pérez López: Y el PSOE también.―Rumores). Eso es lo que les tiene arrastrados. Han pasado de blanquear a la ultraderecha a ser la ultraderecha. Se han convertido en el pasado de su electorado.

Los españoles, señorías del Grupo Popular, también emigraron, y lo hicieron durante el franquismo, cuando no había libertades. Lo hicieron durante la crisis financiera, con ustedes gobernando, con un 26 % de paro y sin oportunidades para los jóvenes. ¿Me pueden decir, señorías del Grupo Popular, en qué nos beneficia como país que las personas en situación irregular que están aquí sigan trabajando en la economía sumergida? ¿En qué nos beneficia que no paguen cotizaciones, que no puedan crear una empresa, aparte de vulnerar sus derechos humanos? Se lo digo porque, de los más de 3,1 millones de trabajadores de otros países, hay casi medio millón de autónomos con especial presencia en sectores como las telecomunicaciones, la programación informática, donde representan el 31 % del total. Es absurdo dar la espalda a esta realidad. La regularización hay que hacerla porque es política decente. Es lo que ayuda al presente y al futuro de nuestro país, a nuestras calles, a nuestros pueblos y, por supuesto, a las personas, poniendo en el centro su dignidad. Nuestra política migratoria es proactiva y no reactiva. Hemos reformado tres veces el reglamento de extranjería, escuchando a las comunidades autónomas y a las entidades que todos los días atienden a personas migrantes. Por cierto, la modificación normativa sobre menores extranjeros no acompañados y jóvenes extutelados ha propiciado ―y escuchen bien― que, hoy, el 72 % de los jóvenes extutelados trabajen. Imagino que a estos jóvenes extranjeros sin familia ustedes les deportarían también ¿verdad? Pues ya ven, con educación, formación y acompañamiento acaban trabajando y aportando a nuestra sociedad. Y estos jóvenes cotizan y pagan impuestos. Pero, hablando de impuestos, si le parece, señoría ―que, además, he dicho que me iba a ajustar al tiempo por el tiempo extra que he tenido por estar parado el reloj―, de impuestos vamos a hablar otro día. Le propongo, el día que hablemos usted y yo de impuestos, empezar por quién fue ministro de Hacienda con Aznar y con Rajoy y que acabó siendo asesor del señor Feijóo. Sabe de quién les hablo ¿verdad? Del señor Montoro y de sus amigos españoles.

Muchas gracias. (Rumores.―Aplausos).