Proposición no de Ley para la ejecución efectiva de las órdenes de expulsión de extranjeros nacionales de terceros países sin derecho a permanecer en la Unión Europea.

Gracias, presidenta. Señorías, hoy presentamos esta iniciativa con el objetivo de que España empiece de una vez a cumplir la ley y deje de ser el eslabón débil de Europa en materia de retornos e inmigración. Los datos son incontestables. Según Eurostat, entre enero y septiembre del 2025 España notificó más de 41 000 órdenes de expulsión; sin embargo, la propia Secretaría de Estado de Seguridad ha reconocido que apenas se ejecutaron algo más de 3000. Estamos hablando de que solo se ejecutan siete de cada cien órdenes de expulsión. Esto no es un fallo puntual, sino un fracaso estructural y un mensaje devastador. En España incumplir la ley sale gratis. Por si fuera poco, el Gobierno prepara la mayor regularización masiva de inmigrantes irregulares de nuestra historia, en un país donde, según las estimaciones, residen alrededor de 840 000 personas en situación irregular. Nunca ha habido en nuestro país tantas personas extranjeras, más del 14 % de la población total, y nunca se había planteado una regularización de semejante alcance. Señorías, ¿qué señal están enviando? Yo se lo diré. Por un lado, se dictan órdenes de expulsión que no se cumplen; por otro, anuncian que quien permanezca irregular un mínimo tiempo podrá obtener papeles; y, para colmo, como acreditación de no tener antecedentes penales bastará una simple declaración responsable. Señorías, les recuerdo que a un ciudadano español se le exige un certificado oficial negativo de antecedentes penales para acceder a un empleo público o a determinadas actividades; sin embargo, a quien ha entrado o permanecido ilegalmente en España se le va a permitir regularizar su situación con una manifestación unilateral. ¿De verdad creen que eso refuerza la seguridad jurídica? ¿De verdad creen que eso protege a los españoles y también a los inmigrantes que sí cumplen las normas? Esta regularización no solo es injusta para los ciudadanos españoles, lo es también para quienes han venido legalmente y han esperado años trámites burocráticos interminables. Es un premio colectivo por el mero paso del tiempo y, lo que es más grave, es un potente efecto llamada que están utilizando ya las mafias e introduce riesgos innecesarios para la seguridad ciudadana. Las cifras europeas muestran que las entradas irregulares han descendido en la Unión; sin embargo, en la ruta del Mediterráneo occidental, la que afecta directamente a España, han aumentado. Mientras nuestros socios endurecen sus políticas de retorno, España anuncia papeles para todos, así nos convertimos en el coladero del espacio Schengen. (Aplausos). La propia Fiscalía General del Estado ha advertido de los retrasos y dificultades para materializar expulsiones por colapso judicial y la imposibilidad de localización o falta de cooperación consular. Es decir, el sistema no funciona. En lugar de arreglarlo, el Gobierno ha optado por desactivarlo por la vía de la regularización masiva. Señorías, esto no va de humanidad frente a firmeza, va de Estado de derecho, va de que las resoluciones administrativas y judiciales se cumplan, va de que quien comete delitos graves o reincide dolosamente no puede seguir en nuestro país como si nada hubiera pasado. Las peticiones en nuestra proposición son claras. Primero, garantizar la ejecución efectiva de las órdenes de expulsión. Segundo, aprobar los cambios legislativos necesarios para expulsar a los extranjeros condenados por delitos graves o reincidentes, especialmente por delitos contra la libertad sexual, impidiendo su retorno. Tercero, reforzar la cooperación judicial y policial para acortar plazos y evitar dilaciones indebidas. Cuarto, revisar los acuerdos con países de origen y tránsito, introduciendo consecuencias diplomáticas o económicas cuando no colaboren en la readmisión. Y, quinto, reforzar los medios humanos y tecnológicos de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado e impulsar la colaboración con Frontex. Además, señorías, esta iniciativa es coherente con el nuevo reglamento de retorno presentado por la Comisión Europea en el marco del Pacto de Migración y Asilo. Este reglamento ―es muy importante subrayarlo― no es una directiva, es un reglamento directamente aplicable y vinculante para todos los Estados miembros. Establece normas comunes, refuerza la cooperación, introduce la orden de retorno europea integrada en el sistema de información de Schengen y endurece las medidas frente al riesgo de fuga y frente a quienes representan una amenaza para la seguridad. También amplía los motivos de detención, permite prohibiciones de entrada de hasta diez años, incluso veinte para casos de alto riesgo, y exige que, cuando alguien reciba una orden de salida de la Unión, efectivamente abandone la Unión. (Aplausos).

¿Qué credibilidad tendrá España cuando entre en vigor plenamente este reglamento si hoy ejecuta solo un 7 % de sus órdenes de expulsión? ¿Cómo vamos a participar en un sistema de reconocimiento mutuo de decisiones si estas no se cumplen? ¿Qué confianza van a depositar en nosotros los demás Estados miembros? El reglamento europeo habla de eficacia, de cooperación, de prevención de movimientos secundarios dentro de Schengen; justamente lo contrario de lo que hace el Gobierno con la regularización masiva, que rompe la coherencia del sistema europeo y nos enfrenta con nuestros socios; de hecho, hemos leído esta semana que trece primeros ministros reprocharán a Sánchez en Bruselas la regularización masiva por obviar el pacto migratorio: consideran que España ya no es un socio fiable por asumir una decisión unilateral que compromete la integridad del espacio Schengen.

Señores del Gobierno, gobernar no es improvisar, no es utilizar el BOE como herramienta electoral, no es hurtar el debate parlamentario cuando no se tienen los apoyos suficientes. Gobernar es asumir la realidad, decir la verdad, tomar decisiones responsables y cumplir la ley. (Aplausos.―Varios señores diputados: ¡Muy bien!). España necesita una política migratoria de Estado, con autoridad única, control efectivo de fronteras, criterios objetivos y verificables para cualquier regularización individualizada y retorno ordenado para quienes no cumplan los requisitos, y, por supuesto, necesita ejecutar las órdenes de expulsión.

Humanidad sí, pero también justicia. Integración sí, pero también cumplimiento de la ley. Solidaridad sí, pero también responsabilidad. No pueden seguir trasladando a comunidades autónomas y ayuntamientos los costes de la improvisación. No pueden tensionar más los servicios públicos legislando sin planificación ni memoria económica. No pueden pedir confianza a los ciudadanos mientras envían el mensaje de que el cumplimiento de la ley es opcional. Por eso pedimos el apoyo a esta proposición no de ley, porque va a favor del Estado de derecho, a favor de la convivencia, a favor de una inmigración legal, ordenada y vinculada al trabajo, a favor de lo que esperan nuestros socios europeos de un país fiable. España no puede ser el país que dicta órdenes que no ejecuta y que convierte la irregularidad en antesala de la regularización automática. España debe cumplir la ley, debe controlar sus fronteras, cumplir sus expulsiones y estar a la altura de lo que esperan los socios europeos.

Muchas gracias. (Aplausos.―Varios señores diputados: ¡Muy bien!).

Gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenas tardes. Este Gobierno no tiene una política migratoria real y efectiva, como hemos venido denunciando en otras ocasiones. Actúa en función de las circunstancias de cada momento y lo hace a la luz de los intereses partidistas y sectarios que tiene, sin ningún tipo de criterio y, en ocasiones, en contra de los mandatos de la Unión Europea, que ya ha advertido a España sus reparos respecto a la regularización masiva del Gobierno. La Unión Europea marca unas directrices y que el propio Gobierno incumple. Hemos podido comprobarlo en todo el tema de los menores no acompañados hacinados en Canarias. También lo hemos comprobado con la regularización masiva sin ningún tipo de rigor jurídico que el Gobierno metió en el cajón y luego lo sacó de ese cajón del olvido para mercadear con los cuatro votos de Podemos y sumarlos a otras iniciativas. Y lo estamos viendo con las órdenes de expulsión, cuyo nivel de cumplimiento en nuestro país es ridículo, vergonzoso, por dejadez, por incapacidad, por incompetencia o por puro interés. No alcanzamos el 8 %, cuando en el resto de los países de la Unión Europea hay un cumplimiento del 25 y el 30 %. Asimismo, si valoramos la evolución de los últimos años, podemos comprobar que también ha ido disminuyendo: poco más de 5000 expulsiones se llevaron a cabo en el año 2016; en el año 2019, un poco más de 4500; en el año 2025, 3398, cuando las órdenes de expulsión emitidas habían sido más de 41 000. Por lo tanto, señorías, el Gobierno tiene que tomar decisiones en esa línea, tiene que actuar con eficacia, con eficiencia. Una de las cuestiones que se está planteando ―viene recogida en esta propuesta, que nosotros apoyaremos― es la firma de convenios, no solo ya de España como país, sino, algo fundamental, de la Unión Europea, porque la política migratoria de España tiene que ser la que marque la Unión Europea. No podemos ir por libre.

Finalizo. Señorías, es indignante comprobar que, cuando al Gobierno se le pregunta por la nacionalidad de las personas que tienen una orden de expulsión o por aquellas que se han ejecutado, el Gobierno calla, siguiendo otra vez en la opacidad, y lo justifica diciendo que es que, de facilitar esa información, se podrían generar problemas en la política exterior de nuestro país. Prepotencia y soberbia, una vez más, de este Gobierno.

Muchas gracias.

Gracias, señora presidenta. El Partido Popular parece que se ha marcado el objetivo de competir con VOX. Pues permítanme darles un consejo: cuando se compite en el terreno del odio, nadie gana, pero mucho menos se combate aquello que ustedes decían que venían a combatir. Lo que nos traen hoy aquí, a través de esta proposición no de ley, es una carrera por ver quién propone más expulsiones, más titulares incendiarios y más mano dura contra las personas migrantes. Sin embargo, esta competición, señores y señoras del Partido Popular, no les está sentando a ustedes nada bien porque, a pesar de intentar endurecer su discurso migratorio, lo único que hacen es comprarles el discurso a sus compañeros de ultraderecha. Hablan de ejecución efectiva, como si el problema de este país fueran las personas que no tienen papeles, pero no dicen nada de esos empresarios que se aprovechan de estas personas, a las que pagan una miseria y tienen explotadas. No dicen nada tampoco de la economía sumergida, que se supone que ustedes han querido combatir, aunque nunca han hecho nada serio para revertir la situación. Tampoco dicen nada de las familias que llevan años y años trabajando y contribuyendo a nuestra economía, eso sí, sin ningún tipo de derechos. Cuando se debatió la iniciativa legislativa popular, al final ustedes cedieron a la presión, cedieron a la presión de 700 000 firmas, cedieron a la presión de la Iglesia, pero no fue para buscar una posición valiente en política migratoria, fue ―ahora lo estamos comprobando― por puro oportunismo político. Ahora, cuando creen que pueden rascar votos hacia su derecha, cambian el tono e intentan mimetizarse con el partido VOX. Desde Podemos les vamos a decir sin complejos que nosotras estamos completamente orgullosas de haber sido impulsoras de la regularización de las personas que estaban en nuestro país en una situación irregular, porque regularizar significa fortalecer nuestra Seguridad Social, significa garantizar derechos laborales, significa proteger a todas esas mujeres migrantes que cuidan a quienes más queremos y, también, regularizar significa combatir la explotación. Eso sí, señores del Partido Popular, eso sí que es eficacia. (Aplausos).

Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, España sufre una invasión migratoria producto de la política de puertas abiertas fomentada por el bipartidismo desde hace décadas. Ahora Sánchez se propone llevar adelante una regularización inmediata de medio millón de inmigrantes ilegales, que van a ser muchos más, entre dos y tres millones, una vez que los regularizados ahora completen sus procesos de reagrupación familiar, todo ello sobre la base del nuevo reglamento de extranjería, que es un auténtico coladero al minimizar al máximo los requisitos del arraigo. Por cierto, estos conceptos, arraigo y reagrupación familiar, fueron introducidos en nuestro ordenamiento jurídico en el año 2000 por el Gobierno de Aznar. Así que, señorías, esta nueva regularización masiva lo único que va a hacer es alentar aún más el efecto llamada y, por tanto, aumentar esa invasión migratoria, con las consecuencias nefastas que tiene en el ámbito social, es decir, más problema de vivienda, más colapso de la sanidad y de los servicios sociales, más precariedad del mercado de trabajo y más delincuencia. Sí, señorías, más delincuencia (aplausos), porque ahora se van a poder regularizar todos aquellos que en este momento andan delinquiendo en nuestras calles, con tal de que no tengan antecedentes penales o ellos mismos digan que no los tienen, que son cosas distintas, suscribiendo una mera declaración, aunque tengan un largo historial de antecedentes policiales. Por eso, previniendo esta situación, el Grupo Parlamentario VOX fue el único grupo en esta Cámara que hace meses se opuso a la toma en consideración de una iniciativa legislativa popular que tenía el mismo fin de esta regularización masiva que ahora se va a llevar adelante.

Hemos denunciado la falta de voluntad política del Gobierno de Sánchez para garantizar la seguridad de nuestras fronteras, para combatir a las mafias y a las ONG que colaboran con ellas, para mantener una política de firmeza frente a Marruecos y ejecutar las órdenes de expulsión que se dictan, porque se ejecuta un porcentaje ridículo, en torno al 7 % anual; por cierto, en términos muy similares al que se ejecutaba en la época del Gobierno de Rajoy. Así que, en contexto general, señorías, conviene recordar algunas cosas. Primero, que en el año 2015 el Gobierno de Rajoy llevó adelante una reforma del artículo 89 del Código Penal, que sigue vigente y que dificulta la expulsión de delincuentes extranjeros una vez estos salen de prisión. Segundo, que, con los mismos argumentos que hoy el Grupo Parlamentario Popular ha mantenido en esta tribuna, ha venido sistemáticamente durante años votando en contra de todas las iniciativas presentadas por el Grupo Parlamentario VOX en orden a frenar esta invasión ilegal. Y, tercero, que tuvimos que abandonar los Gobiernos autonómicos porque el Partido Popular llegó a un acuerdo con Sánchez para el reparto de menores extranjeros no acompañados entre las diversas comunidades autónomas; problema este de los menores especialmente singular por su efecto también sobre el incremento de la delincuencia.

En los dos últimos años, la llegada de estos menores se ha incrementado en un 41 %, la mayoría de ellos procedentes de Marruecos, país que se está pasando por el forro, desde el momento mismo de firmarlo, el acuerdo entre ambos reinos el 6 de abril de 2007 en Rabat para la prevención de la inmigración ilegal de menores extranjeros y la devolución de estos a sus familias o a instituciones de tutela en sus países de origen. El Gobierno acaba de reconocer que, durante todo este tiempo, no se ha ejecutado una sola orden de devolución de estos menores a Marruecos.

En consecuencia y en atención a todo ello, presentamos enmienda de adición a esta proposición no de ley para darle mayor firmeza, contundencia y claridad. Exigimos la derogación del Real Decreto 1155/2024, que aprueba el nuevo reglamento de extranjería. Exigimos la ampliación del número de años necesario para adquirir la residencia de larga duración. Exigimos que se implementen los procesos de reemigración a sus países de origen de aquellos inmigrantes que de manera permanente viven de la ayuda y de los servicios sociales que prestan las diversas Administraciones públicas. Exigimos que se deporte a todos aquellos extranjeros que delincan o que pretendan imponer el islamismo y, de igual forma, que se les prive, se les revoque la nacionalidad española, si la tienen, y se expulse a aquellos que estén en situación de perpetrar cualquiera de las dos conductas que acabo de señalar. Por último, exigimos que se ponga fin a cualquier política inmigratoria que tenga por objeto traer más inmigración, ante la situación de saturación inmigratoria que en este momento tiene España, y, por supuesto, a cualquier proceso de regularización afecto a tal fin, por las situaciones nefastas que esta saturación inmigratoria está produciendo en el ámbito de la vivienda, en el ámbito de la sanidad, en el ámbito de los servicios sociales, en el ámbito de la precariedad del mercado de trabajo y, también, en el ámbito de la delincuencia.

Termino, señora presidenta, diciendo que todas estas exigencias son exigencias acordes con el interés nacional, acordes con el sentido común y acordes con lo que opinan…

… millones y millones de españoles hartos ya de aguantar tanta patraña. Nada más y muchas gracias. (Aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Muchas gracias, presidenta. Señorías, uno de los éxitos de la extrema derecha, tanto política como mediática, ha sido situar en el CIS y en otras encuestas las migraciones como un problema para la sociedad española. Es cierto que luego, cuando se pregunta a la ciudadanía en qué afecta ese fenómeno en su día a día, esto baja drásticamente. En definitiva, las migraciones no son un problema, pero sí hay esa percepción, y eso es debido a los bulos y a los estigmas que se vierten día a día por parte de la derecha más extrema y de sus sucursales mediáticas.

La realidad es que la población migrante que hay en el Estado español aporta un 70 % más de lo que recibe, es decir, es beneficiosa incluso en esos términos economicistas. De igual forma, es mentira, es falso que haya una vinculación entre delincuencia y nacionalidad; lo que sí hay es un fenómeno que une delincuencia con situación socioeconómica. Si uno escucha el discurso de hoy del Grupo Popular, que en poco ha diferido del que ha hecho el portavoz de VOX, de su antiguo compañero, Gil Lázaro ―que es cierto que es gracioso oírle criticar al Gobierno de Rajoy cuando yo le recuerdo perfectamente sentado aquí como miembro de la Mesa, pero bueno, eso es para otro día―, hablando del efecto llamada, de migración ilegal ―sí, migración ilegal―, de coladero, uniéndolo con la regularización y dando datos y diciendo que delinquir sale gratis… Ese es el discurso de VOX. ¿Qué ocurre? ¿Es un acto de campaña para las elecciones de Castilla y León? ¿O es que no les ha ido muy bien en Extremadura y en Aragón, que aun ganando han perdido? ¿Está ahí la cuestión del debate? ¿Es una proposición electoral? Si se trata de confrontar con la extrema derecha, con su escisión de VOX, ustedes tienen pedigrí, tienen un currículum en esto de las migraciones y la mano dura. Pueden recordarles el hecho del Tarajal. Fíjense, se cumplen este mes de febrero doce años de la masacre del Tarajal, en Ceuta. De igual forma, tienen un currículum abultado de expulsiones sumarias, incluyendo a personas heridas, mujeres embarazadas y menores durante los Gobiernos de Rajoy y Aznar. También las muertes en los CIE, más de media docena durante el último Gobierno de Rajoy. ¿O qué decir de los falsos puestos en frontera, tanto en Ceuta como en Melilla, en 2014 que impedían que cualquier persona de origen subsahariano pudiera solicitar asilo en frontera? ¿O la congelación de las solicitudes de asilo cuando ustedes gobernaron? Sí, creo que tienen capacidad de demostrar que ustedes son igual de duros que ellos, pero no solamente con palabras, sino con hechos; esto lo pueden demostrar.

Pero una de las verdades que curiosamente les ha dicho el señor de VOX ha sido que, cuando ustedes gobernaban, las expulsiones se efectuaban en el mismo nivel que las que puede hacer el Gobierno del Partido Socialista. ¿Saben por qué? Porque, más allá de las ejecuciones, estas se tienen que llevar a cabo con el principio de proporcionalidad, de legalidad, en cumplimiento de garantías y de tratados, y en muchas ocasiones eso no se puede hacer. Y qué decir cuando hay dificultades por parte de otros Estados, que es cierto que las hubo en el pasado y las hay ahora, pero en los mismos niveles. Si esto es una competición, ¿por qué no lo hicieron ustedes? ¿Por qué no hicieron todo esto que ahora proponen al Partido Socialista? Porque en el día a día hay dificultades.

Es normal que todo Gobierno, todo Estado, luche contra la delincuencia. Es normal que toda persona que cometa un delito tenga un reproche penal. Es normal que se cumpla la ley incluso cuando no gusta. Está regulado ya esto de las expulsiones en el Código Penal incluso en la ley de extranjería; pero, ya les digo, esto se hace con garantías y con unos procesos arreglados. Utilizar esto para intentar unir el mensaje de migraciones con delincuencia tiene un tufo a xenofobia. Y, además, en este contexto, se ve que es con un cariz electoral. Yo creo que, si hay que luchar contra la delincuencia ―que es importante―, hay que luchar también contra la xenofobia y contra todos aquellos y todas aquellas que intentan vincular migraciones con delincuencia.

Muchas gracias. (Aplausos).

Moltes gràcies, senyora presidenta. Molt bona tarda a tothom. Avui aquí no parlem de depèn de què. Avui aquí parlem de persones que han comès un delicte, no d’altres persones. Persones que han comès un delicte i que un jutge estima que ha de ser expulsada i que el Govern no executa l’ordre del jutge. Si això és xenofòbia, doncs no ho sé, tenim un problema. Ordres judicials inexecutades. Estem parlant d’això. Diu la proponent que hi ha moltes ordres judicials d’expulsió a persones estrangeres que han delinquit, que no s’executen, i això és radicalment cert. És cert i preocupa la gent i preocupa Junts i hauria de preocupar a tothom que defensa un estat de dret sòlid. Perquè no fer-ho genera enormes desconfiances amb el sistema, frustració amb la justícia i una sensació d’impunitat que cap societat madura pot assumir. Fins i tot les institucions europees han expressat en diverses ocasions la necessitat de millorar l’efectivitat d’aquest sistema.

Ara bé, també és cert que aquesta PNL parteix d’una base molt fràgil. Ho he de dir, utilitza dades parcials fora de context, metodològicament feble. Amb dades febles no es pot construir política migratòria seriosa, òbviament. Tampoc compartim el model competencial centralitzador que el text dona per descomptat. El relat que ens presenten converteix estimacions en certeses i barreja períodes temporals diversos, genera una fotografia inconsistent. Ara aquest tema no és un tema menor, perquè quan es parla d’expulsions de seguretat, el rigor és absolutament imprescindible. Dades febles no fan polítiques fortes.

Però en tot cas els hi he de dir que segurament la culpa no és de vostès que no tinguin les dades correctes. Tenim molt clar que el culpable d’això és el Govern espanyol i Junts fa molt de temps, i ho sabem perquè ho he dit en multitud d’ocasions i des d’aquest faristol, en som molt crítics perquè el govern de PSOE de SUMAR amaga sistemàticament aquesta informació. No hi ha manera de trobar-la. Fa dos anys que estem reclamant dades completes i actualitzades sobre les ordres judicials d’expulsió. El nombre real d’execucions i la causa de les dilacions o de les no execucions. I la resposta ha estat sempre: el silenci. La manca persistent de transparència del Gobierno cap a tots nosaltres i, sobretot, cap a la ciutadania. És totalment incomprensible. Qualsevol de nosaltres podríem assenyalar causes de la manca d’execució, el col·lapse judicial, poca coordinació administrativa, dificultats consulars. Però és que aquesta cambra continuaria legislant a mitges o malament, si no disposem del quadre complet. És impossible prendre decisions estratègiques quan l’Estat reté les dades amb la mateixa força que reté les competències. Per això, aquesta PNL utilitza algunes formulacions pròpies d’un debat més emocional que no pas d’un debat rigorós. A Catalunya sabem de la necessitat de gestionar convivència i pressió demogràfica i precisament per això sabem que la seguretat es defensa amb proporcionalitat i cal informació i transparència, no amb generalitzacions que acaben alimentant algunes formulacions simplistes.

A banda d’això, per Junts és punt central del nostre posicionament l’aspecte competencial. És Catalunya qui assumeix en proporció clarament superior l’arribada migratòria. És Catalunya qui, malgrat un dèficit fiscal indecent, sosté els serveis públics quan es tensen. És Catalunya qui gestiona barris amb densitats de població estrangera molt per sobre de la mitjana estatal. I és Catalunya qui posa els Mossos d’Esquadra, els serveis socials, els ajuntaments, totes les polítiques necessàries d’integració i, malgrat tot això, les decisions sobre expulsions, fronteres, admissions, coordinació, Frontex, tot el que diuen, continua sent competències exclusives de Madrid. Aquest és el desequilibri real d’aquesta proposició del PP que ignora i que el PSOE perpetua quan es nega a compartir dades que són essencials. Quan l’Estat dicta ordres que després no executa i alhora reté la informació necessària per entendre què passa, és fa evident un model centralitzat que impedeix aprofitar les capacitats del territori que efectivament està gestionant la realitat quotidiana. Si Catalunya disposés de les dades i de les competències, la resposta seria eficient i efectiva. En aquesta proposició, Catalunya continua assumint les conseqüències sense poder de decidir res. Per això la nostra posició és clara. Sí, a fer efectives les ordres judicials d’expulsió d’aquelles persones que han delinquit, però no a avalar un model centralista incomplet i sustentat en dades que són discutibles per culpa del Govern. I la seguretat no és un eslògan, és una responsabilitat i no hi ha responsabilitat sense capacitat de decisió.

Catalunya vol executar una política migratòria rigorosa i efectiva, però això només serà possible quan es reconegui que nosaltres, que som qui gestionem el dia a dia, puguem decidir com fer-ho. Senyors del Govern, compleixin d’una vegada amb el traspàs de les competències d’immigració cap a Catalunya.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes a todos. Hoy aquí no hablamos de según qué, hoy hablamos de personas ―personas que han cometido un delito, no de otras personas―, personas que han cometido un delito y un juez estima que tienen que ser expulsadas y el Gobierno no ejecuta la orden judicial. Si eso es xenofobia, pues no sé, tenemos un problema. Órdenes judiciales que no se ejecutan; estamos hablando de eso. Dice la proponente que hay muchas órdenes judiciales de expulsión a personas extranjeras que han delinquido que no se ejecutan. Y eso es radicalmente cierto, es cierto, y preocupa a la gente, preocupa a Junts y debería preocupar a todo aquel que defienda un Estado de derecho sólido, porque no hacerlo genera enormes desconfianzas en el sistema, frustración con la justicia y una sensación de impunidad que ninguna sociedad madura puede asumir. Incluso las instituciones europeas han expresado en diversas ocasiones la necesidad de mejorar la eficacia de este sistema.

Ahora bien, también es cierto que esta PNL parte de una base muy frágil, lo tengo que decir. Utiliza datos parciales fuera de contexto, metodológicamente débiles. Con datos débiles no se puede construir política migratoria seria, obviamente. Tampoco compartimos el modelo competencial centralizador que el texto da por descontado. El relato que nos presentan convierte estimaciones en certezas y mezcla diversos periodos temporales; generan una fotografía inconsistente. Ahora bien, este tema no es menor, porque cuando se habla de expulsiones, de seguridad, el rigor es absolutamente imprescindible. Datos débiles no dan políticas fuertes.

En todo caso, tengo que decirles que probablemente la culpa de tener datos incorrectos no sea de ustedes; el culpable es el Gobierno español, lo tenemos muy claro. Y Junts hace mucho tiempo ―y lo saben, porque lo he dicho muchas veces desde este atril― somos muy críticos, porque el Gobierno del PSOE y SUMAR oculta sistemáticamente esta información, no hay manera de encontrarla. Hace dos años que estamos reclamando datos completos y actualizados sobre las órdenes judiciales de expulsión, el número real de ejecuciones y la causa de las dilaciones o de las no ejecuciones, y la respuesta siempre ha sido nada, el silencio. La falta persistente de transparencia por parte del Gobierno hacia todos nosotros y, sobre todo, hacia la ciudadanía, es totalmente incomprensible. Cualquiera de nosotros podríamos señalar causas de la falta de ejecución ―el colapso judicial, poca coordinación administrativa, dificultades consulares―, pero es que esta Cámara seguiría legislando a medias o mal si no tenemos el cuadro completo. Es imposible tomar decisiones estratégicas cuando el Estado retiene los datos con la misma fuerza que retiene las competencias. Por eso esta PNL utiliza algunas formulaciones propias de un debate más emocional que no uno riguroso. En Cataluña sabemos de la necesidad de gestionar convivencia y presión demográfica, y precisamente por eso sabemos que la seguridad se defiende con proporcionalidad. Y hace falta información y transparencia para eso, no generalizaciones que terminan alimentando algunas formulaciones simplistas.

Ante todo, Junts quiere posicionar el aspecto competencial. Es Cataluña la que asume en proporciones claramente superiores la llegada migratoria. Es Cataluña la que, a pesar de un déficit fiscal indecente, sostiene los servicios sociales tensados. Es Cataluña la que gestiona barrios con intensidad de población extranjera muy por encima de la población estatal. Y es Cataluña la que gestiona los Mossos d’Esquadra, los servicios sociales, los ayuntamientos, todas las políticas necesarias de integración. Y, a pesar de todo eso, las decisiones sobre expulsiones, fronteras, readmisiones, coordinación Frontex… todo lo que dicen, siguen siendo competencias exclusivas de Madrid. Este es el desequilibrio real de esta proposición del PP, que este ignora y que el PSOE perpetúa cuando se niega a compartir datos que son esenciales. Cuando el Estado dicta órdenes que después no ejecuta y a la vez retiene la información necesaria para entender qué pasa, pues se hace evidente un modelo centralizado que impide que aprovechemos las capacidades del territorio que efectivamente está gestionando la realidad cotidiana. Si Cataluña dispusiera de los datos y las competencias, la respuesta sería mucho más efectiva. En este contexto, Cataluña sigue asumiendo las consecuencias sin poder decidir nada. Por eso nuestra posición es clara: sí a hacer efectivas las órdenes judiciales de expulsión de aquellas personas que han delinquido, pero no avalar un modelo centralista incompleto que se apoya en datos que son discutibles por culpa del Gobierno. La seguridad no es un eslogan, es una responsabilidad, y no hay responsabilidad sin capacidad de decisión.

Cataluña quiere ejecutar una política migratoria rigurosa y efectiva, pero eso solo será posible cuando se reconozca que nosotros, que somos quienes gestionamos el día a día, podamos decidir cómo hacerlo. Señores del Gobierno, cumplan de una vez con el traspaso de las competencias de inmigración hacia Cataluña.

Muchas gracias.

Presidenta, bona tarda. Quiero empezar contándoles una fábula, señorías del PP que proponen esta iniciativa. Esta fábula les será familiar. Empieza al día siguiente del último congreso que celebraron ustedes, lo que ustedes llaman el Congreso Nacional. En el último Congreso Nacional del PP su líder, Núñez Feijóo, prometió endurecer las políticas migratorias. Están en su derecho, está en su programa. ¿Qué ocurrió al día siguiente? Al día siguiente el partido VOX, a través de una diputada y portavoz de temas sociales, dijo lo siguiente: Si VOX gobierna en España, expulsaremos a ocho millones de personas. A ocho millones de personas, repito. (El señor Robles López: ¡Bulo!). ¿No? La señora De Meer lo dijo. (Rumores). Está registrado. (El señor Robles

López: ¡Bulo!). ¿Cómo se llama esta fábula? Se llama la subasta insomne del perdedor Feijóo. (El señor Robles López hace signos negativos). Nunca llegarán ustedes a superar la subasta del señor Abascal. Esta es su condena y esta es nuestra ruina.

Per tant, senyories del PP, tot el que vostès proposen avui, obeeix a aquesta lògica perversa que és intentar encalçar la subhasta perpetua de la ultradreta. I això és el que explica, per exemple, el debat trampós sobre el burka, o això és el que explica, senyories, el debat trampós sobre la multireincidència, o això és el que explica tantes coses. La faula també es podria dir: com un partit que reclamava hereu dels democristians o dels liberals o dels millors conservadors, va acabar a les platges pútrides de la ultradreta? També és una altra faula. També l’hauran d’explicar.

Bé, vostès pensen, senyories del PP, que estan parlant de l’expulsió de persones d’Europa, però en realitat estan parlant de l’auto expulsió dels europeus. Perquè si vostès realment creuen, suposo que ho creuen des del seu cinisme, però que aquesta és la política millor per regular les migracions al Vell continent, en el fons haurem d’acabar expulsant nos a nosaltres mateixos. Perquè què és Europa si no? Com es preguntava el savi Edgar Morin, què és Europa si no? Una idea en construcció. I vostès estan destruint aquesta idea. Vostès estan cada dia des d’aquest hemicicle, des de les xarxes, des dels mitjans, rebentant aquesta idea. I ho estan fent seguint el dictat de Donald Trump. I això es diu profecia autocomplerta. Donald Trump, en el seu document sobre seguretat, va dir: «Europa viu en decadència». I vostès estan abonant aquest judici, aquesta idea tan falsa de que Europa està en decadència. Efectivament, l’Europa decadent és aquella en què els hereus d’Adenauer i Merkel estan comprant el que els hereus d’altres no tan bons estan proposant.

Senyories, jo ja no em poso nerviós. He vingut aquí a veure la caiguda de l’Imperi Romà. I vostès es pensen que són els lleons, però són els cristians perquè vostès seran devorats, seran devorats inevitablement. I és una cosa que m’agrada dir cada dia que pujo aquí. Seran devorats inevitablement, com s’ha vist a Extremadura, com s’ha vist a l’Aragó, com probablement es veurà Castella i Lleó, vostès seran devorats. Els salvarà el senyor Moreno Bonilla, que és l’excepció que confirma la regla.

Bé, i què hem de fer la resta? Doncs la resta hem de dir que vostès no només s’equivoquen, sinó que ens porten al desastre. I que vostès són sobretot en termes històrics, uns irresponsables, uns irresponsables d’una dimensió total. Perquè jo em pregunto, ja que vostès són la dreta política, per què no escolten el Papa? El Papa no és pas un bolxevic, diria. Per què no escolten Foment del Treball? Foment del Treball no és pas un casal okupa. Aleshores vostès que són la dreta per què s’entesten a imitar la ultradreta?

Bé, acabaré amb una cita de Hannah Arendt. Hannah Arendt, l’any 1943, exiliada a Nova York, va dir: «Hem de lluitar pel dret a tenir drets». El derecho a tener derechos. Això va dir que anaren l’any 1943 fugint d’una barbàrie que vostès avui abonen amb la seva irresponsable i trista mirada cínica sobre el món que tenim.

Bona tarda.

Por tanto, señorías del PP, todo lo que ustedes proponen hoy obedece a esta lógica perversa, a saber, intentar ganar a la subasta perpetua de la ultraderecha. Y eso es lo que explica, por ejemplo, el debate tramposo sobre el burka; o lo que explica, señorías, el debate tramposo sobre la multirreincidencia; o lo que explica tantas cosas. La fábula también podría decir, ¿cómo un partido que se reclamaba heredero de los democristianos o de los liberales o de los mejores conservadores acabó en las manos pútridas de la ultraderecha? También es una fábula. También lo tienen que explicar.

Pues bien, ustedes, señorías del PP, piensan que hablan de la expulsión de personas de Europa, pero en realidad están hablando de la autoexpulsión de los europeos. Porque, si ustedes realmente creen ―supongo que lo creen, desde su cinismo― que esta es la mejor política para regular las migraciones en el viejo continente, pues en el fondo acabaremos expulsándonos a nosotros mismos. Porque, ¿qué es Europa si no, como se preguntaba el sabio Edgar Morin? ¿Qué es Europa si no? Una idea en construcción. Y ustedes están destruyendo esa idea. Están cada día desde este hemiciclo, desde las redes, desde los medios, reventando esta idea. Lo están haciendo siguiendo el dictado de Donald Trump y eso se llama profecía autocumplida. Donald Trump en su documento sobre seguridad dijo lo siguiente: Europa vive una decadencia. Y ustedes están abonando este juicio, esta idea tan falsa de que Europa está en decadencia. Efectivamente, la Europa decadente es aquella en la que los herederos de Adenauer y de Merkel están comprando lo que los herederos de otros no tan buenos están proponiendo.

Señorías, yo ya no me pongo nervioso. He venido aquí a ver, digamos, la caída del Imperio romano. Ustedes se piensan que son los leones, pero son los cristianos, porque ustedes serán devorados inevitablemente. Y es algo que me gusta decir cada día que subo aquí: serán devorados inevitablemente, como se ha visto en Extremadura, en Aragón y como, probablemente, se verá en Castilla y León. Ustedes serán devorados. Los van a devorar. Los salvará el señor Moreno Bonilla, que es la excepción que confirma la regla.

Bien, ¿y qué tenemos que hacer el resto de nosotros? Pues tenemos que decir que ustedes no solo se equivocan, sino que nos llevan al desastre. Y que ustedes, sobre todo en términos históricos, son unos irresponsables, unos irresponsables de una dimensión total. Porque yo me pregunto lo siguiente: ya que ustedes son la derecha política, ¿por qué no escuchan al Papa? El Papa no es un bolchevique en absoluto, diría yo. ¿Por qué no escuchan a Foment del Treball? No es una casa de okupas. Entonces, ustedes, que son la derecha, ¿por qué se empecinan en imitar a la ultraderecha?

Pues bien, acabaré con una cita de Hannah Arendt. En 1943 Hannah, exiliada en Nueva York, dijo lo siguiente: Tenemos que luchar por el derecho a tener derechos. El derecho a tener derechos. Eso dijo en 1943 Hannah Arendt, huyendo de una barbarie que ustedes hoy abonan con su irresponsable y triste mirada cínica sobre el mundo que tenemos.

Buenas tardes. (Aplausos).

Presidenta, señorías, el Partido Popular y VOX insisten en utilizar la desconfianza hacia los extranjeros, trabajadores y pobres para azuzar problemas de convivencia, crispando un poco más cada día el ambiente social.

Resulta que las regularizaciones son necesarias cuando las hace el Partido Popular, pero son malísimas si las hace otro Gobierno. Aznar, en 1996, aprobó una regularización de más de 500 000 extranjeros y, por si fuera poco, en los años 2000 y 2001, una segunda que regularizó un total de un millón de extranjeros. Por cierto, el señor Gil Lázaro ya debía ser diputado del Partido Popular entonces. (Aplausos). Las expulsiones son exigibles cuando gobierna la izquierda, pero cuando gobierna la derecha lo que ocurre es que no son posibles. Y, frente a su alarmismo, en 2025 las entradas irregulares en la Unión Europea descendieron un 26 %, y en España descendieron más, un 42 %, por los convenios existentes. Y les digo: más se reducirían con políticas de desarrollo; o sea que ya saben cuál es la receta.

Proponer medidas que ya existen, como la expulsión de extranjeros con condena penal o la expulsión en vía administrativa, o es ignorancia o es demagogia. Proponen luego ocurrencias de imposible ejecución. Por ejemplo, cobrar sanciones económicas a los países de origen de los migrantes. ¡A los países más pobres del mundo le van ustedes a cobrar sanciones! Eso lo tengo yo que ver.

Esta propuesta realmente es un peaje que el Partido Popular paga a VOX para que le permita gobernar en Extremadura y en Aragón (rumores); para salir del atolladero en el que se han metido tras la decisión de Feijóo de adelantar cuantas elecciones autonómicas ha podido. Y es un anticipo de lo que nos espera si el Partido Popular gobierna junto a VOX o dependiendo de ese partido ultra y fascista que pretende expulsar a todo el mundo en todas partes, ya sean extranjeros o hasta al militante de VOX con el carné número uno. ¡Por expulsar que no quede! (Aplausos). Una purga peor que la de Stalin, decía Ortega Smith, que afirma que no hay nada peor que el terror impuesto por Abascal en su propio partido. Imagínense a Abascal de ministro de Interior de España.

Las propuestas del Grupo Popular y las enmiendas de VOX muestran la falta de respeto de ambos partidos al Estado de derecho: sustituyen el Estado de derecho por la arbitrariedad; desprecian el principio de proporcionalidad; desprecian la tutela judicial efectiva y llaman a incumplir las leyes de la Unión Europea, la nueva directiva europea de retorno en vigor en el año 2026 que prohíbe las expulsiones automáticas o la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea; desprecian el interés superior del menor; desprecian la unidad de las familias.

El Grupo Popular y VOX un día nos presentan resoluciones condenando un supuesto genocidio que sufrirían los cristianos en África o en Oriente Medio para, a continuación, presentar una propuesta ignorando el mandato del derecho internacional de no devolución de extranjeros perseguidos en sus países de origen. Entérense de que los cristianos en África o en Oriente Medio no son blancos, son negros o son árabes y llegan aquí como migrantes. (Aplausos.―Rumores). Y si son tan cristianos, respeten los mandatos bíblicos: Dios ama al extranjero y le da pan y vestido. Paguitas lo llamarían ustedes. Y continúa: Por tanto, su pueblo debe hacer lo mismo. Ustedes acordarían el internamiento de familias enteras de extranjeros en centros de tortura como los del ICE. Recluirían a menores como Liam Conejo, el niño de cinco años, o como Amalia, la bebé de meses a la que casi mata Trump por negarle atención médica. Y cuando sueñan con expulsar a extranjeros lo hacen soñando en lugares como Guantánamo o en las cárceles negocio de Bukele. Tomen nota de cómo la justicia italiana ha ido corrigiendo las arbitrariedades de su admirada Meloni, obligando a pagar una indemnización al Open Arms u ordenando la devolución de extranjeros expulsados a Albania por obviar sus derechos. La ola de racismo que están poniendo en marcha llega a todas partes. ¡Qué vergüenza los seis antidisturbios que humillaron a un ciudadano de Melilla delante de su esposa y sus hijos menores! (La señora Acedo Reyes pronuncia palabras que no se perciben). Gracias a que la víctima era guardia civil toda España se ha enterado de las consecuencias del odio racista que están impulsando.

El gran problema que enfrenta nuestro país ante un posible Gobierno del Partido Popular y de VOX es que todo lo que dicen que van a hacer con los diferentes lo acabarán haciendo con quienes pensamos diferente a ustedes. El Partido Popular está dispuesto a acabar con el Estado de derecho y con las libertades con tal de que VOX les deje gobernar.

Votaremos que no. (Aplausos).

Gracias, presidenta. Hoy el Grupo Popular nos trae una iniciativa que no nace de la preocupación real por la política migratoria ni por la seguridad en nuestro país. Estamos ante una propuesta diseñada para alimentar el miedo y eso es muy grave porque cuando se juega con el miedo se rompe la convivencia. Cuando la derecha no tiene soluciones siempre busca un enemigo y casualmente siempre busca al enemigo más débil. Hoy ustedes han elegido a los inmigrantes. Esta proposición no de ley no sale de un análisis riguroso de los datos ni de una visión responsable del fenómeno migratorio, nace de otra cosa: nace de esa competición permanente que tienen el Partido Popular y VOX para ver quién tiene el discurso más racista (aplausos), para ver quién endurece más el discurso, para ver quién señala más fuerte al diferente. Señorías de la extrema derecha ―porque aquí ya no hay derecha, aquí ya sois todos extremos―, el odio nunca ha construido una sociedad mejor. Cuando se normaliza el discurso del miedo, del odio y del rechazo se debilita la democracia, pero la democracia, señorías, les queda demasiado grande. Patriotismo no es señalar al diferente. España no se defiende enfrentando a los ciudadanos. Ustedes hablan como si en España hubiese un problema de inmigración irregular y por inseguridad. Hablan como si en España no se pudiese salir a las calles, como si fuese un país inseguro. Señorías, España es uno de los países más seguros del mundo. Las entradas irregulares han descendido de manera notable no solo en España, sino en el conjunto de la Unión Europea. Esto no ha sido por casualidad, ha sido gracias a las políticas migratorias y al trabajo conjunto de los Estados miembros de la Unión Europea. Pero, además, hay algo que debemos decir con claridad: la inmigración no es sinónimo de delincuencia y, aunque a ustedes no les guste, España es un Estado de derecho. En España cuando una persona comete un delito, se aplica el Código Penal, con independencia de cuál sea su nacionalidad, y cuando la ley prevé expulsiones por razones penales o de orden público, esas expulsiones se ejecutan. Así que, señorías, dejen de alimentar bulos, dejen de insinuar que existe impunidad generalizada porque lo único que consiguen con este discurso es señalar injustamente a millones de personas honestas que trabajan, que cotizan y que contribuyen cada día a sostener nuestro país. (Aplausos). Miren, señorías de la derecha, se lo he dicho varias veces: yo soy alcalde, conozco bien el medio rural. Vengo de Castilla y León y allí el problema no es que sobre gente (rumores), allí el problema es que falta gente, señorías. Con ese discurso racista, ustedes alientan a aquellos que se ponen la pulsera, el chalequito de VOX y luego dicen que no encuentran trabajadores para el campo. No sé si ustedes han ido alguna vez a la campaña de la fresa, por ejemplo. La verdad es que no tienen ustedes mucha pinta. (Protestas.―Aplausos.―La señora Sánchez Torregrosa: ¿¡Qué sabrás tú!?―El señor Requena Ruiz: ¡Eres un clasista! Es impropio de un diputado en el hemiciclo).. Allí hay un montón de hombres y de mujeres, principalmente mujeres, que cobran un salario indigno y ustedes no quieren que se les regularice para que las puedan seguir explotando en esas... (Protestas.―La señora Sánchez Torregrosa pronuncia palabras que no se perciben).

Por eso ustedes no quieren que haya regularización. No sé si ustedes tienen padres o abuelos. No lo sé. Pero en la mayoría de nuestros pueblos quienes cuidan a nuestros padres, a nuestros abuelos son mujeres, principalmente latinoamericanas, que trabajan como internas, que cuidan y que sostienen los hogares y que dan cariño cuando muchas veces lo que falta es compañía.

Miren, señorías, se lo voy a decir muy claro: en muchos municipios cuando llega una familia, llega la esperanza, porque es la esperanza de que no se cierre el colegio, de que no se cierre el consultorio médico.

Yo quiero dirigirme al conjunto de los castellanos y de los leoneses y decirles que el racismo no se frena mirando hacia otro lado, que el racismo y el fascismo se combaten en las urnas (aplausos), y la derecha del Partido Popular y de VOX lo que quiere es eliminar al diferente. Miren, aquí hay dos opciones muy claras: la opción de la derecha del Partido Popular y de VOX, que quieren eliminar al diferente, y la opción del Partido Socialista, la que no va a permitir que ustedes elijan cuál es el rumbo de nuestro país, la que va a impedir que ustedes elijan cuál es el futuro que pueden elegir esos millones de personas que vienen a nuestro país a buscarse un futuro digno. Así que nos atreveremos al cambio y les sacaremos de la Junta de Castilla y León el 15 de marzo. (Aplausos).