Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.

Eskerrik asko, presidenta. Arratsalde on guztioi. Señorías, con la proposición de ley que presentamos proponemos reconsiderar las dos leyes orgánicas, la 12/2015 y la 15/2015, que modificaron la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de 1979. Como sus señorías conocen, por un lado, con la Ley Orgánica 12/2015 se reintrodujo el recurso previo de inconstitucionalidad en la elaboración de los estatutos de autonomía, que estuvo vigente para todas las leyes orgánicas desde su aprobación en 1979 hasta 1985; y, por otro lado, con la Ley Orgánica 15/2015 se estableció un nuevo régimen jurídico para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional para, según se dice en su exposición de motivos, garantizar la ejecutividad de sus decisiones ante eventuales incumplimientos. Señorías, la recuperación del recurso previo de inconstitucionalidad en el proceso de elaboración de las leyes orgánicas de aprobación de los estatutos de autonomía, es decir, el recurso contra lo aprobado por las Cortes Generales y antes de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, supone, cuando menos, un acto de desconfianza preventiva de las Cortes Generales hacia sí mismas en cuanto a su voluntad y capacidad de defensa de la misma Constitución. Algo, señorías, que a nuestro juicio consideramos políticamente inaudito además de arbitrario. Decimos arbitrario porque parece que las Cortes Generales desconfían de sí mismas para defender la Constitución cuando aprueban estatutos de autonomía, pero no cuando aprueban otras leyes orgánicas, y sin darnos razón alguna lo cual nos parece inaceptable. Pero, señorías, como les decía, el recurso previo no es solo un acto de desconfianza preventiva hacia sí mismas de las Cortes Generales ―además de arbitrario―, sino que es también un instrumento de obstrucción previo con efectos perturbadores en manos de los grupos parlamentarios que se opusieran a lo aprobado por las Cortes Generales y antes de su publicación. Se pone así, de hecho, en manos de la minoría parlamentaria un instrumento de bloqueo de lo aprobado por la mayoría. Se posibilita así un auténtico veto político en manos de la oposición con efectos perturbadores en el sistema de relaciones entre las mayorías y las minorías parlamentarias. Además, señorías, no es que solo se distorsione el sistema de relaciones entre las mayorías y las minorías parlamentarias, como les decía, sino que supone, de hecho, delegar en el Alto Tribunal la obligación de resolver los problemas políticos de fondo entre los grupos parlamentarios, facilitando con esta dejación la obstrucción parlamentaria ya que lo ha aprobado por las Cortes queda en suspenso hasta la resolución del Tribunal Constitucional. Esta situación, señorías, convierte, de hecho, al Alto Tribunal en una tercera Cámara legislativa cuando, lanzado a intervenir en el procedimiento legislativo, corre el riesgo de caer en la tentación de invadir la competencia del legislador y condicionarlo, ya que en la sentencia de declaración de inconstitucionalidad o interpretativa de algún precepto de la ley orgánica aprobado por las Cortes pueden introducirse por el Alto Tribunal indicaciones al legislador de lo que tiene que hacer, imponiéndole o sugiriéndole, mediante su interpretación o motivación, la proyección normativa concreta de los valores constitucionales reconocidos. En tal caso podría caer en el arbitrismo o decisionismo judicial, como en su día fue denunciado en no infrecuentes votos particulares a alguna de las sentencias constitucionales dictadas con ocasión de recursos previos de inconstitucionalidad hasta el año 1985, mientras estuvo vigente este recurso previo.

Señorías, por esta experiencia política del recurso previo repleta de incongruencias, su supresión en 1985 fue calificada, generalmente por la doctrina, como el restablecimiento de la normalidad en las relaciones entre los poderes del Estado, en el funcionamiento del sistema parlamentario español y en el diseño constitucional del Alto Tribunal. Sin embargo, con la ley orgánica de 2015 nuevamente se vuelve a incorporar un auténtico veto político en los procedimientos de reforma de los estatutos de autonomía; un procedimiento no previsto constitucionalmente que se pone en manos de la minoría parlamentaria ―como les decía―, disconforme con lo aprobado por la mayoría, lo que conlleva que se desnaturalice el procedimiento legislativo y el modelo que la Constitución establece. Esto afecta necesariamente a la esencia de la función del Tribunal Constitucional ―que es siempre reparadora y a posteriori como legislador negativo, y no a priori y preventiva―, con el riesgo de actuar como legislador positivo invadiendo las competencias del legislador y, finalmente, politizando la función jurisdiccional del Constitucional, además de considerar, como ya he señalado, a los estatutos de autonomía con un rango político menor al de otras leyes orgánicas.

Señorías, como les decía al principio de esta intervención, la segunda reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que se produjo en 2015, y cuya reversión también proponemos, fue la que estableció un nuevo régimen jurídico para garantizar la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional ante eventuales incumplimientos. Esta reforma consistió en dos potestades coactivas a su disposición: la suspensión de autoridades de todos los poderes públicos y la ejecución sustitutoria, bien por el propio Tribunal o, incluso, requiriendo al Gobierno del Estado central para que adopte las medidas necesarias para asegurar su cumplimiento. Tenemos que señalar, en primer lugar y como cuestión previa, que esta reforma, como conocen sus señorías, tuvo en 2016 sentencia favorable del mismo Tribunal Constitucional, lo cual no lo consideramos óbice para que propongamos su derogación por, como pusieron de manifiesto los votos particulares a esa sentencia, las graves consecuencias que su aplicación tendría en el entramado de normas que contienen los principios y valores de la organización jurídico-política del Estado ―como son las garantías constitucionales de las medidas punitivas―, además de una grave alteración del sistema de equilibrios de poderes y afectación del modelo de Estado de las autonomías; cuestiones aplicativas sobre las que el Tribunal eludió pronunciarse diciendo algo así como que, en su caso, ya se vería cuando llegue el momento de su aplicación; es decir, se refugió así tras un juicio abstracto de la ley.

Señorías, ¿se imaginan las implicaciones constitucionales que tendría la suspensión, sin mediar un proceso penal con todas las garantías, de miembros de esta Cámara o de miembros de parlamentos autonómicos o de los mismos miembros del Gobierno central o autonómicos? Porque, señorías, la Ley Orgánica 15/2015 convierte, de hecho, al Tribunal Constitucional en un tribunal penal, pero sin un proceso penal regulado, es decir, sin respetar la legalidad penal como establecen el artículo 25 de la Constitución, el 6 de la Carta Europea de Derechos Humanos y el mismo Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No cabe autoengaño alguno, la suspensión de autoridades del Poder Legislativo o Ejecutivo es una medida sancionadora disciplinaria o penal, pero sancionadora. No es una medida cautelar ni tampoco una medida de ejecución conocida en nuestro ordenamiento sancionador, sustantivo o procesal. Además, la suspensión efectiva por parte del Tribunal Constitucional de autoridades y funcionarios de cualquiera de los poderes públicos, incluidos ―repito― los de esta Cámara, altera el equilibrio y el juego constitucional de contrapesos con el resto de los poderes del Estado.

Señorías, el constituyente no quiso entregar al Tribunal Constitucional ―si no, lo hubiera hecho― competencias para enjuiciar y suspender a titulares de otros poderes por infracción legal o constitucional. Esta es una facultad que constitucionalmente solo corresponde a la justicia ordinaria a través de un proceso penal con todas las garantías; y, además, como ya conocen, en el caso de las Cámaras del Poder Legislativo, con previa autorización de estas para el enjuiciamiento de sus miembros.

Como les decía, la segunda potestad coactiva atribuida al Tribunal Constitucional en la Ley Orgánica 15/2015 es la ejecución sustitutoria de sus resoluciones, bien por sí mismo o a través del Gobierno central. Como también han señalado algunos magistrados del Tribunal Constitucional, es una facultad del Tribunal que se solapa con el diseño del artículo 155 de la Constitución, al tener el mismo supuesto de hecho, las mismas consecuencias y el mismo procedimiento, pero cambiando el actor principal: para el artículo 155 de la Constitución, son instancias políticas del Gobierno central; para la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, es el propio Tribunal Constitucional. Y cambiando el diseño de la lógica constitucional: para la Constitución, el artículo 155 toma como base, en el fondo, que los conflictos políticos han de ser resueltos en atención a su propia naturaleza, esencialmente política, en instancias políticas y no jurídicas, entre el Gobierno central y los correspondientes Gobiernos autonómicos. En la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, esos conflictos se resuelven mediante la judicialización.

Presidenta, voy finalizando. Señorías, como dijimos en esta Cámara hace ya casi diez años, hay ciertos problemas con ropaje jurídico y cuerpo político que, si se quieren abordar por su raíz y naturaleza, han de ser tratados esencialmente a nivel político y no a través de su apariencia, lo jurídico. Lo jurídico, es la forma; lo político, es el fondo.

Señorías, las palabras equivocadas a veces nos llevan a pensamientos erróneos y a soluciones inverosímiles que no hacen más que agravar los asuntos que se pretenden acometer. A nuestro juicio y al de buena parte de la doctrina y de los miembros del Alto Tribunal, ambas reformas de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional realizadas en 2015 suponen una desnaturalización del modelo de justicia constitucional, con negativas consecuencias, al atribuir al Tribunal Constitucional unas responsabilidades que no le son propias, y con una distorsión en el sistema de equilibrios y contrapesos de los distintos poderes del Estado, y da un paso más en el camino de judicializar procesos y situaciones que son eminentemente políticas. Por eso, señorías, consideramos que debe retrotraerse la ley orgánica del Alto Tribunal a la situación anterior a la aprobación de las leyes orgánicas 12/2015 y 15/2015.

Nada más y muchas gracias.

Muchas gracias, presidenta. Señorías, hoy el Grupo Vasco nos trae una proposición de ley para modificar la ley del Tribunal Constitucional, con el objetivo de eliminar tanto el recurso previo de inconstitucionalidad frente a reformas estatutarias como el régimen sancionador que el Partido Popular incorporó en el año 2015 para los cargos públicos. Esta ley no se ha traído al Congreso solamente esta vez, sino que también se trajo en los años 2016 y 2021, pero no se llegó a tramitar. Y no se trata de una reforma meramente técnica ni menor, sino que tiene que ver con algo que es muy serio: cuál es el papel del Tribunal Constitucional en una democracia y hasta dónde debe llegar su intervención en los conflictos políticos. Recordemos que, en el año 2015, en pleno conflicto territorial, el Partido Popular decidió convertir el Tribunal Constitucional en algo más que un órgano jurisdiccional y le otorgó facultades de ejecución directa, con la posibilidad también de imponer sanciones e incluso la suspensión de autoridades públicas elegidas democráticamente. La verdad es que esto supuso un salto cualitativo que tensionó la separación de poderes y, además, desdibujó la naturaleza del propio Tribunal Constitucional. Un tribunal constitucional está para interpretar la Constitución y declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas; no está para convertirse en un órgano disciplinario del Poder Legislativo ni tampoco en una herramienta de confrontación política. La reforma que propone hoy el Grupo Vasco pretende eliminar este modelo punitivo y devuelve el Tribunal a su configuración anterior. Sinceramente, desde nuestro punto de vista, esto sí que corrige un exceso. Además, como he dicho antes, elimina el recurso previo de inconstitucionalidad para los estatutos de autonomía, un mecanismo que introduce un control preventivo que no estaba previsto originariamente en la arquitectura constitucional y que, en la práctica, podía operar como un veto político, antes incluso de que la ciudadanía pudiera pronunciarse en un referéndum. Señorías, los conflictos políticos se resuelven con política, con debate, con diálogo y con negociación, pero no trasladando permanentemente las decisiones al ámbito judicial. Ahora bien, dicho esto, también queremos decir que la reforma que se propone corrige una deriva concreta, pero no resuelve el problema estructural de fondo. El Tribunal Constitucional sigue siendo un órgano cuya composición depende de mayorías parlamentarias, bloqueadas además durante años. Sigue existiendo esa percepción por parte de la ciudadanía y de todo el mundo del reparto por cuotas entre los grandes partidos del bipartidismo. Además, seguimos sin abordar una reforma profunda que refuerce su independencia real y su legitimidad social. Y si hablamos de democratización, no podemos olvidar que el acceso al recurso de amparo sigue siendo extraordinariamente restrictivo para la ciudadanía común, especialmente cuando hablamos de derechos sociales.

Por tanto, nuestra posición es coherente con lo que hemos venido diciendo siempre: no queremos un Tribunal Constitucional convertido en una tercera Cámara legislativa y no queremos un Tribunal Constitucional con funciones cuasi ejecutivas que alteren el equilibrio entre poderes, pero tampoco nos conformamos con una reforma limitada que no toque el corazón ni el fondo del problema.

Como digo, esta proposición corrige los excesos de 2015, y eso en parte es positivo, pero la democratización del Poder Judicial en nuestro país es urgente y sigue pendiente. Aun así, votaremos a favor, señor Legarda.

Muchas gracias. (Aplausos).

Eskerrik asko, mahiburu andrea. Arratsalde on, jaun-andreok. Señorías, hoy llega de nuevo una iniciativa para desmontar toda la artillería legal que aprobó el Partido Popular de manera unilateral hace ya una década contra Cataluña. (Rumores). Sí, contra Cataluña. En esta proposición de ley que trae de nuevo el Grupo Vasco ―ya la vimos en la legislatura anterior― se trata de derogar dos medidas que, por un lado, llevaban a aprobar los recursos previos de constitucionalidad ante los estatutos de autonomía y, por otro, dotaban al Tribunal Constitucional de unas capacidades que cambiaban la naturaleza misma de ese tribunal. De hecho, no son pocos los juristas que decían que en el primer caso, el de los recursos previos ―y ya lo señalaba la portavoz que me precedió en el uso de la palabra―, convertía, de hecho, al Tribunal Constitucional en una tercera cámara parlamentaria ante esos estatutos de autonomía. Y en relación con los cambios para dotar de capacidades ejecutivas para sancionar al Constitucional, veíamos que varios y varias juristas señalaban que, de hecho, era una reforma constitucional por la puerta atrás, de tapadillo, teniendo en cuenta que cambiaba la naturaleza de ese órgano. Podríamos preguntarnos, ¿cuál era la intención del Partido Popular en aquella época? Obvio: coartar la decisión política de los representantes elegidos en los diferentes territorios o en los parlamentos de las diferentes comunidades en un momento y en un contexto en el que estaba en auge el procés en Cataluña. A nosotros, a Euskal Herria Bildu, no nos preocupa únicamente el recurso previo en el momento que ese tribunal pueda realizar una injerencia sobre una decisión de ese hipotético parlamento, nos preocupa que lo pueda hacer también después. Nos da igual el momento y, de hecho, creemos que nunca ese tribunal debería poder revertir, impedir o revocar consensos amplios aprobados por los parlamentos. Eso va en contra de la soberanía parlamentaria, que exige un respeto, y más teniendo en cuenta que, en el caso de la sociedad vasca, hablamos de un tribunal que no cuenta con ningún tipo de legitimidad otorgada por su ciudadanía. En relación con la reforma de dotar de capacidades ejecutivas y de resoluciones, como suspensiones o ejecución de decisiones, del tribunal, como decía antes, esta va en contra de la separación de poderes. Además, distorsiona ese equilibrio que debe haber entre lo territorial y lo competencial, más cuando hablamos de un Estado plural, de un Estado compuesto en el cual esos equilibrios son aún más importantes. Pero el PP creyó en ese momento, porque tenía mayoría absoluta en esta Cámara, que podía hacerlo y que un giro de tuerca hacia la recentralización y hacia la represión le iba bien. No hay más que recordar ―hoy lo he revisado― el discurso del señor Hernando, que no se encuentra en la Cámara en este momento, del 16 de septiembre del 2015 en el que mencionó en más de veinte ocasiones a Cataluña y al president Más. Una norma aprobada ad hoc, de manera urgente y en lectura única ―recordemos― dos semanas antes de las elecciones autonómicas de Cataluña. Esto era un acto electoral más que la aprobación de una norma, un mes antes de que se disolvieran estas Cortes en la X Legislatura. O sea, no ya el constituyente, que decía el señor Legarda, sino que, a pesar de que en treinta y cinco años no se había visto la necesidad de dotar de esas capacidades al Tribunal Constitucional ―nadie las había pedido―, el PP decidió que era algo importantísimo para amenazar y para coartar a los representantes políticos de Cataluña. Estas dos reformas que llevó a cabo el Partido Popular, en el fondo anunciaban lo que iba a hacer respecto a la tensión que se estaba dando por el conflicto político existente entre Cataluña y el Estado español. ¿Cuáles fueron las técnicas que utilizó? Las conocemos todos y todas: la negación, la imposición, la amenaza, la criminalización y la violencia contra los votantes el 1 de octubre. Y con esa represión, ¿qué consiguieron? Consiguieron que España se convirtiera en la Turquía Occidental. Hubo numerosos llamamientos, tanto de órganos de Naciones Unidas como del Consejo de Europa y de diferentes países, afeando la posición de España y solicitándole diálogo y negociación para acabar con lo que es un conflicto político, porque, no nos engañemos, es cierto que la tensión se ha reducido, pero el conflicto político existente, tanto entre Cataluña y el Estado español, como entre Euskal Herria y el Estado español, siguen irresueltos. Hay que buscar, mediante el debate, la negociación, el diálogo y el acuerdo, el encaje o el desencaje de esos territorios, que tienen mayorías que exigen ser dueñas de su futuro institucional.

Voy acabando, porque se me agota el tiempo. Señores del Grupo Vasco, tanto ustedes como nosotros, como la mayoría de la sociedad vasca, exigimos ser dueños de nuestro futuro institucional y que, además, esas decisiones se palpen en acuerdos que tengan reflejo y también en acuerdos transversales para dotarnos de mayores capacidades, de mayor soberanía o de nuevos estatus. De hecho, hay un mandato claro en la comunidad autónoma vasca para llegar a un acuerdo. Consideramos que nunca un tribunal ajeno, como es el Tribunal Constitucional, puede estar por encima de la decisión de nuestros Parlamentos.

Por ello, hoy, por responsabilidad y por coherencia, ya que votamos en contra de las medidas que aprobó el Partido Popular, apoyaremos esta medida.

Eskerrik asco. (Aplausos).

Presidenta, senyories, bona tarda. Amb gran desplegament de mitjans i molt d’interès personal, d’alguns, s’anuncia l’arribada de l’extrema dreta com si fos una cosa nova. La realitat és que les amenaces de l’extrema dreta, sembla que alguns ja ho han oblidat, son una realitat consolidada a l’Estat espanyol des de fa anys. Una realitat que va néixer contra el procés català, com ha explicat perfectament el diputat que ha precedit, Jon Iñarritu, i que es va concretar fent de l’excepció la normalitat, com la llei de 2015 que avui la proposta del Partit Nacionalista Basc proposa revertir. I qui ho va fer, això? Qui va fer aquesta conversió de l’excepció en normalitat? No l’extrema dreta, que no existia com a tal l’any 2015, ho va fer el Partit Popular, la suposada dreta democràtica. I saben qui ho ha mantingut i portat a l’extrem? El PSOE, l’esquerra espanyola. Un estat d’excepció que va tenir un moment clau, com dèiem el 2015, amb la reforma de diverses lleis que tenien l’únic objectiu de fer front a la fermesa de Catalunya per exercir el seu dret a l’autodeterminació. Davant d’això, no es van estar de res. Reforma del Codi Penal i de la Llei Mordassa, i aprovació de la Llei Mordassa, per perseguir i fer callar els que no pensen com ells. Per cert, fa cinc anys que Pablo Hasél està empresonat, injustament, empresonat, empresonat en condició de pres polític. I des d’aquí ho tornem a dir llibertat. Pablo Hasél continua. Reforma de la Llei d’Enjudiciament Criminal i de la LOREG per privar de drets els representants electes i per laminar la sobirania dels parlaments davant l’activisme judicial. Més reforma del Tribunal de Comptes i del Tribunal Constitucional, que és la que ens ocupa. Totes aquestes lleis i moltes altres van ser aprovades el 2015 i sense l’ajuda de VOX. I insisteixo, que no existia. I fa 8 anys que governa l’esquerra espanyola des d’aquell fatídic 2015. I quantes d’aquelles lleis del PP s’han repartit? Cap, absolutament cap. Ni mordassa, ni llibertat d’expressió, ni Tribunal Constitucional, ni Tribunal de Comptes, ni 384 bis LECrim, com tampoc han volgut canviar les lleis de secrets oficials franquista o la del CNI, tenint les majories, aquests governs d’esquerres no han volgut canviar cap d’aquestes lleis estructurals. Al contrari, els governs progressistes han decidit anar més enllà que ningú en fer de l’excepció la norma. Alguns exemples: l’existència d’un govern sense majoria parlamentària en un sistema parlamentari. Inaudit. L’ús indiscriminat dels reials decrets llei òmnibus, el cas omís del deure constitucional de presentar anualment pressupostos. Tot això, totes aquestes decisions en detriment de la deliberació parlamentària. Continuo: la instrumentalització de la fiscalia per a fins polítics, la reforma constitucional per a fins electoralistes o l’intent que, aviso que no arribarà, enlloc d’espatllar la llei d’amnistia. Una llei que reconeix l’existència d’un conflicte polític, que l’esquerra espanyola ha intentat buidar de contingut amb el fals argument de la reconciliació. El resultat és un estat dual, un edifici amb façana de cartró pedra, d’estat de dret i una cuina que és on es prenen les decisions. On regna l’excepció, l’oportunitat, l’opacitat. Exemple d’això i de la hipocresia i de la gestualitat per interessos partidistes és la desclassificació a la carta de documents —v‌eurem quins— del 23-F. Com que ahir era 23-F i com que hi ha un senyor expert en blanquejar el falangisme que va fer un llibre sobre el 23-F i ara es veu que se n’ha fet una sèrie d’aquest llibre, algú va pensar: «Eh! Desclassifiquem alguna cosa del 23-F. Diguem que som molt transparents i sobretot fem un titular amb una frase amb ganxo del tipus «la memòria no puede seguir bajo llave»». Per favor, per favor.

Mirin a hipòcrites, senyors socialistes, no els guanya ningú. Si algú s’ha esforçat per mantenir la memòria bajo llave, són vostès, el partit Socialista. Són vostès els que durant anys han bloquejat la derogació de la Llei de Secrets Franquista de 1968. Són vostès els que han presentat una proposta indigna que reprodueix la llei franquista de 1968, a la que, per cert, Junts per Catalunya ha presentat una esmena a la totalitat. Són vostès els que han impedit desclassificar la informació dels San Fermins del 1978. Els que tenen bajo llave la informació del GAL i la desaparició de Mikel Zabalza. Són vostès els que no desclassifiquen la informació del 17-A, de l’Operació Catalunya del PP, però tampoc l’operació Catalunya del PSOE, la de Pegasus i la del Ministeri de l’Interior de Marlaska.

I ara ens venen amb que la memòria no puede seguir vajo llave. Au, va! Au, va. Fins aquí. No ens fotin més el pèl i activin ja la proposició de llei del Partit Nacionalista Basc, que sí que respon als estàndards de transparència i que, per cert, ha estat presa en consideració no sé quantes vegades. L’última el febrer de 2024. Precisament la proposició de llei del PNV que ens ocupa ara també va ser presa en consideració la legislatura passada per, amb total menyspreu del parlamentarisme, acabar en un calaix fins que va decaure al final de la legislatura. I tot per la falta de voluntat política del PSOE, perquè les majories per tirar-la endavant i eren les majories per revertir la reforma de la llei orgànica del Tribunal Constitucional del PP de l’any 2015 hi eren.

Per aprofitar el temps que em queda, deixin-me dir quatre coses molt bàsiques. La primera, la proposició de llei del diputat Mikel Legarda, és una lliçó de parlamentarisme i de dret constitucional necessària per entendre què és l’estat de dret i la separació de poders. Si us plau, els hi demano que la llegeixin. Dos: com que el text presentat és el mateix, em remeto al diari de sessions del 23 de març de 2021. Allà hi trobaran el que aquest humil diputat va expressar en nom de Junts al respecte i, per tant, que és exactament el mateix que diem al respecte de la proposta que es presenta avui, perquè és la mateixa proposta. Per tant, aquell debat ens remetem. Tres: per afegir alguna cosa per afegir alguna cosa, nosaltres pensem que la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional també hauria d’incloure la previsió d’un conflicte de competències entre poder judicial i els altres òrgans constitucionals, molt especialment els parlaments, tal i com defensa un altre gran jurista basc, Iñaki Lasagabaster.

És imprescindible per garantir la divisió de poders i, sobretot, la sobirania dels parlaments davant l’activisme polític de la judicaturaue es prevegi aquest mecanisme de conflicte de competències davant del Tribunal Constitucional i, a més a més, sobretot...

Presidenta. Señorías, buenas tardes. Con un gran despliegue de medios y mucho interés personal de algunos, se anuncia la llegada de la extrema derecha como si fuera algo nuevo. La realidad es que las amenazas de la extrema derecha ―parece que algunos ya lo han olvidado― son una realidad consolidada en el Estado español desde hace años. Una realidad que nació contra el procés catalán, como ha explicado perfectamente el diputado que me ha precedido, el señor Jon Iñarritu, y que se concretó haciendo de la excepción la normalidad, como la ley de 2015 que hoy el PNV propone repartir. ¿Y quién hizo eso? ¿Quién hizo esa conversión de la excepción en normalidad? No la extrema derecha, que no existía como tal en el año 2015, lo hizo el Partido Popular, la supuesta derecha democrática. ¿Y saben quién lo ha mantenido y lo ha llevado al extremo? El PSOE, la izquierda española. Un estado de excepción que tuvo un momento clave, como dijimos, en 2015, con la reforma de distintas leyes que tenía como objetivo hacer frente a la firmeza de Cataluña para ejercer su derecho a la autodeterminación. Ante esto, no se ahorraron nada: aprobación de la ley mordaza para perseguir y hacer callar a los que no piensan como ellos. Por cierto, hace cinco años que Pablo Hasél está injustamente encarcelado como preso político, por lo que desde aquí lo volvemos a decir: «Libertad Pablo Hasél». Y sigo: reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de la LOREG para privar de derechos a representantes electos y para laminar la soberanía de los parlamentos ante el activismo judicial. Más: reforma del Tribunal de Cuentas y del Tribunal Constitucional que nos ocupa. Todas estas leyes y muchas otras fueron aprobadas en 2015 y sin la ayuda de VOX, insisto, que no existía. Y hace ocho años ―¡hace ocho años!― que gobierna la izquierda española. Desde ese fatídico 2015. ¿Y cuántas de esas leyes del PP se han revertido? Ninguna, absolutamente ninguna.

(El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia). Ni mordaza, ni libertad de expresión, ni Tribunal Constitucional, ni Tribunal de Cuentas, ni 384, ni tampoco han querido cambiar las leyes de secretos oficiales franquistas o la del CNI. Teniendo las mayorías, estos Gobiernos de izquierdas no han querido cambiar ninguna de estas leyes estructurales. Al contrario, los Gobiernos progresistas han decidido ir más allá que nadie y hacer de la excepción la norma. Algunos ejemplos: la existencia de un Gobierno sin mayoría parlamentaria en un sistema parlamentario ―inaudito―, el uso indiscriminado de los reales decretos ley ómnibus, el caso omiso del deber constitucional de presentar anualmente presupuestos. Todo esto, todas estas decisiones en detrimento de la deliberación parlamentaria. Y sigo: la instrumentalización de la Fiscalía para fines políticos, la reforma constitucional para fines electoralistas o el intento ―que aviso de que no va a ir a parar a ningún lado― de romper la ley de amnistía que reconoce un conflicto político que la izquierda española ha intentado vaciar de contenido con el falso argumento de la reconciliación.

El resultado es un estado dual, un edificio con fachada de cartón-piedra que se queda de pie y la cocina, donde se toman las decisiones, donde reina la excepción, la oportunidad, la opacidad. Ejemplo de ello y de la hipocresía y de la gestualidad para intereses partidistas es la desclasificación a la carta de documentos ―veremos cuáles― del 23-F. Como ayer fue el 23-F y como hay un señor experto en blanquear el falangismo que hizo un libro sobre el 23-F y que ahora se ve que este libro se ha convertido en una serie, alguien pensó: Venga, vamos a desclasificar algo del 23-F; vamos a decir que somos muy transparentes y, sobre todo, hagamos un titular con una frase con gancho del tipo «la memoria no puede seguir bajo llave». ¡Por favor! ¡Por favor! A hipócritas, señores socialistas, no les gana nadie.

Si alguien se ha esforzado para mantener la historia bajo llave son ustedes, el Partido Socialista. Son ustedes los que durante años han bloqueado la revocación de la ley de derechos franquista de 1968; son ustedes los que han presentado una propuesta indigna que reproduce la ley franquista de 1968, a la que, por cierto, Junts per Catalunya ha presentado una enmienda a la totalidad; son ustedes los que han impedido desclasificar la información de los Sanfermines del 78, los que tienen bajo llave la información del GAL y la desaparición de Mikel Zabalza; son ustedes los que no desclasifican la información del 17-A de la operación Cataluña del PP, pero tampoco la operación Cataluña del PSOE, la de Pegasus y del Ministerio de Interior de Marlaska.

Y ahora nos vienen con que la memoria no puede seguir bajo llave. ¡Venga ya! ¡Hasta aquí! No nos tomen más el pelo y activen ya la proposición de ley del Partido Nacionalista Vasco, que sí responde a los estándares de transparencia y que, por cierto, se ha tomado en consideración no sé cuántas veces ―la última en febrero de 2024―. Precisamente, la proposición de ley del PNV que nos ocupa ahora también se tomó en consideración en la legislatura pasada para, con total menosprecio del parlamentarismo, acabar en un cajón hasta que decayó al final de la legislatura. Y todo por la falta de voluntad política del PSOE, porque las mayorías para tirarla hacia adelante estaban; pero, para revertir la reforma orgánica del Tribunal Constitucional del PP del 2015 también estaban.

Para aprovechar el tiempo que me queda, permítanme decir cuatro cosas muy básicas. Una, la primera, la proposición de ley del diputado Mikel Legarda es una lección de parlamentarismo y de derecho constitucional necesaria para entender qué es el Estado de derecho y la separación de poderes. Por favor, les pido que la lean. Dos, puesto que el texto presentado es el mismo, me remito al Diario de Sesiones del 23 de marzo de 2021, ahí encontrarán lo que este humilde diputado expresó en nombre de Junts al respecto y que, por lo tanto, es exactamente lo mismo que decimos al respecto de la proposición que se propone hoy, porque es la misma proposición, a ese debate nos remitimos. Tres, para añadir algo, nosotros creemos que la ley orgánica del Tribunal Constitucional también tendría que incluir la previsión de un conflicto de competencias entre poderes judiciales y los demás órganos constitucionales, especialmente los parlamentos, tal como lo defiende otro gran jurista vasco, Iñaki Lasagabaster.

Es imprescindible para garantizar la división de poderes y, sobre todo, la soberanía de los parlamentos ante el activismo político de la Judicatura, que se prevea este mecanismo de conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional…

... és necessari que s›aprovi i sobretot, és necessari per no fer-nos passar la vergonya que ens va fer passar l›anterior presidenta d›aquesta cambra.

I acabo. El 2015, el Partit Popular, després de l’èxit de la consulta del 2014, servint-se de la seva majoria absoluta en lectura única, excepcionalitat i a quatre dies, dues setmanes de fet de les eleccions catalanes, va aprovar aquesta llei infame que es proposa revertir. Com diu l’exposició de motius del senyor Legarda, la llei de 2015 partia de l’infantilisme de creure que amb l’ordeno y mando, en lloc del diàleg i la negociació, es poden resoldre conflictes. Per combatre el moviment democràtic d’autodeterminació, es va fins i tot desnaturalitzar el Tribunal Constitucional, donant-li una aura de defensor de la Constitució amb un recurs previ...

… y, sobre todo, es necesario para no hacernos pasar la vergüenza que nos hizo pasar la anterior presidenta de esta Cámara.

Acabo. En 2015, el Partido Popular, después del éxito de la consulta de 2014, y utilizando su mayoría absoluta en lectura única, excepcionalidad, y a cuatro días ―dos semanas, de hecho― de las elecciones catalanas, aprobó esta ley infame que quiere revertir. Y, como dice la exposición de motivos del señor Legarda, la ley de 2015 partía del infantilismo de creer que con el ordeno y mando, en lugar del diálogo y la negociación, se pueden resolver conflictos. Para combatir el movimiento democrático de autodeterminación, incluso se desnaturalizó el Tribunal Constitucional dándole un aura de defensor de la Constitución con un recurso previo…

I acabo. Si us plau. I l’atorgament al Tribunal Constitucional de capacitat coercitiva per executar les seves pròpies resolucions.

Ara mateix acabo. Només dir que per mi, per aquest humil diputat ha estat un orgull i ha estat un honor haver estat una de les poques persones al món multades per un Tribunal Constitucional. És una vergonya per l’Estat espanyol...

Acabo. Y con la autorización al Tribunal Constitucional de poderes para ejecutar sus propias resoluciones. Ahora mismo termino. Solo quiero decir que, para mí, para mí, para este humilde diputado, ha sido un orgullo, ha sido un honor haber sido una de las pocas personas en el mundo multadas por un Tribunal Constitucional. Es una vergüenza para el Estado español…

Bona tarda, president, senyories. Permetin-me una reflexió prèvia, ja que aquest punt, aquesta proposta, em toca el cor de la democràcia i toca la qualitat del sistema.

Buenas tardes, presidente, señorías. Permítanme una reflexión previa, ya que este punto, esta proposición, toca el corazón de la democracia y toca la calidad del sistema.

Es una reflexión dirigida de manera especial a las señorías del Grupo Socialista a raíz de la desclasificación de los papeles del 23 de febrero. Mi primera posición es felicitarles y rápidamente añadir: Llegan tarde; llegan tarde. Alguien ha dicho que esto no va a añadir nada a los supuestos bulos y bolas del 23-F. Comprenderán que, habida cuenta de que el Estado español no es exactamente Suecia, tengamos interés en saber qué hay en los papeles del 23-F. Repito, habida cuenta de que España no es Suecia, vamos a ver qué hay.

Por ejemplo, el Estado español ordenó el espionaje de dirigentes políticos y líderes sociales recientemente mediante el dispositivo Pegasus. Esto tampoco es Suecia. El Estado español ha infiltrado, sin mandato judicial, policías en movimientos sociales en Cataluña, Valencia, Mallorca y Euskadi. Esto tampoco es Suecia. El Estado español ha convertido a una parte de la cúpula judicial en el brazo armado de la reacción; reacción que, por cierto, ahora va contra las señorías del Grupo Socialista. Esto tampoco es Suecia. Por cierto, también el Estado español mantiene una ley de secretos oficiales de la dictadura franquista que tiene un año menos que esta señoría que les habla. Esto tampoco es Suecia. Y el Estado español, lo han dicho ustedes, señorías del Grupo Socialista, practica lawfare. Esto tampoco es Suecia. Por tanto, señorías del Grupo Socialista, no se hagan los suecos con los papeles del 23-F, porque, exactamente, esto no es Suecia.

Senyories, vaig a la qüestió que, el Partit Nacionalista Basc, una vegada més i de manera pertinent, porten a aquesta cambra. Nosaltres votarem a favor perquè és una qüestió de qualitat democràtica revertir el que es va fer en contra del sistema, però sobretot es va fer en contra de Catalunya. El que es va fer va ser un vestit a mida en contra de la voluntat dels catalans i les catalanes. La pel·lícula es podria dir «el Estado contra Catalunya, pasando por el Tribunal Constitucional, y me fumo dos puros en el Tendido Cero de los toros». Això es podria dir així, senyories, perquè va ser una vergonya. Va ser un escàndol. I el senyor Legarda, que és un jurista molt fi i un home elegant, no ha entrat en la misèria, però un servidor, que no és jurista ni tan elegant com el senyor Legarda, ho farà. Va ser una vergonya i ara es tracta de revertir aquesta vergonya. Per cert, això es va fer després de la retallada de l’Estatut que, per cert, va tenir lloc després que les senyories del PP —‌pensaven senyories del PP, que no tindria paraules boniques per a vostès? Sí, també—. Les senyories del PP, tinguem memòria, van organitzar unes taules —‌mesas petitorias, en deien— demanant firmes contra l’Estatut de Catalunya, una cosa inenarrable. Abans les persones del PP demanaven firmes per la Creu Roja. Aquell dia van demanar firmes contra l’Estatut de Catalunya. Per cert, un periodista molt acreditat d’aquesta bonica capital va escriure: «Pasaba por delante de la mesa y pregunté: «¿Qué hacen ustedes aquí?» Y una señora me dijo: «Contra Cataluña»». Estava claríssim, estava claríssim. Va ser una vergonya. I com vostès diuen sempre, de aquellos polvos estos lodos. És així. Es va trencar l’equilibri institucional. L’àrbitre, que és el Tribunal Constitucional va esdevenir un jugador de part, però un jugador absolutament brut. Un jugador que feia trampes, un jugador descarat. I el que ens va vendre com un control previ era només un veto polític, un control de part i una censura preventiva contra el pluralisme i el diàleg propi d’una societat lliure.

Senyories del PP, en col·laboració amb les senyories del PSOE, vostès, que són tan liberals, es van carregar en una tarda aquell concepte que els hi agradarà de Karl Popper, «la societat oberta». Més aviat van caure en Mary Poppins perquè van caure del cavall amb un paraigua a la mà. Es va convertir el Tribunal Constitucional en una tercera cambra i, a més a més, com s’ha dit aquí, una cosa inenarrable que no han vist els segles, es va convertir al Tribunal Constitucional en una cambra punitiva que tenia mandat coercitiu sobre electes. És una cosa inenarrable. És una cosa que en política comparada no s’ha vist. Una cosa digna de república bananera. No ho ha dit el senyor Legarda, però ho he pensat.

En fi, el que proposa el Partit Nacionalista Basc posa les coses al seu lloc. Intenta revertir el que va ser, no només un error, sinó si em permeten citar un francès, va ser un crim encara pitjor. Reforçarem l’estat de dret, se suposa. I aleshores, senyories del PP, que els hi agrada tant parlar d’Espanya «és una democràcia plena». Doncs potser sí que ho serà una democràcia plena, perquè si em permeten el joc de paraules que dona aquesta hora de la tarda, que és una hora una mica estranya, fins ara, la democràcia espanyola ha estat sovint una democràcia plena d’oprobi, de vergonya, de misèria, de repressió. Perquè, com s’ha dit aquí també, això respon a un conflicte realment existent, que és el conflicte polític que s’estableix entre la nació catalana o la nació d’Euskal Herria vers un Estat que no ha entès que la llibertat és una cosa que no es pot tallar, ni amb cops de porra ni amb utilitzacions maldestres de tribunals constitucionals, que, en tot cas, el que correspon al segle XXI és arribar a solucions entre les parts. Ara vostès, senyories del PP, que veig que s’han posat a roda de VOX, saben que els hi ve una cosa molt greu. Els hi ve una cosa molt greu que els acabarà devorant. Però recordin que algun dia vostès van col·laborar amb tot això. I senyories del PSOE, pensin que posar-se de perfil no serveix de res.

Bona tarda. Moltes gràcies.

Señorías, voy a la cuestión que el Partido Nacionalista Vasco, una vez más y de forma pertinente, trae a esta Cámara. Nosotros vamos a votar a favor porque es una cuestión de calidad democrática revertir lo que se hizo contra el sistema y, sobre todo, contra Cataluña. Lo que se hizo fue un vestido a medida en contra de la voluntad de los catalanes y las catalanas. La película podría titularse El Estado contra Cataluña pasando por el Tribunal Constitucional y me fumo dos puros en el tendido cero de los toros. Se podría decir así, señorías, porque fue una vergüenza, fue un escándalo. El señor Legarda, que es un jurista muy fino y elegante, no ha entrado en la miseria, pero un servidor, que no es jurista ni es tan elegante como el señor Legarda, lo va a hacer: fue una vergüenza. Y ahora se trata de revertir esa vergüenza. Esto se hizo después del recorte del estatut, que, por cierto, tuvo lugar después de que las señorías del PP ―¿creían que no tendría palabras bonitas para ustedes hoy? Pues las tengo― organizaran unas mesas ―tengamos memoria―, mesas petitorias las llamaban, pidiendo firmas contra el estatut de Catalunya. Una cosa inenarrable. Antes la gente del PP pedía firmas para la Cruz Roja; aquel día pidieron firmas contra el estatut de Catalunya. Por cierto, un periodista muy acreditado de esta bonita capital escribió: Pasaba por delante de la mesa y pregunté: ¿Qué hacen ustedes aquí? Y una señora me dijo: Contra Cataluña. Estaba clarísimo; estaba clarísimo. Fue una vergüenza. Y, como ustedes dicen siempre, de aquellos polvos, estos lodos. Es así. Se rompió el equilibrio institucional. El árbitro, que es el Tribunal Constitucional, se convirtió en un jugador de parte, pero un jugador absolutamente sucio, que hacía trampas, un jugador descarado. Lo que se vendió como un control previo era solo un veto político, un control de parte y una censura preventiva contra el pluralismo y el diálogo propios de una sociedad libre.

Señorías del PP, en colaboración con sus señorías del PSOE, ustedes que son tan liberales, se cargaron en una tarde aquel concepto que les gustará de Karl Popper: la sociedad abierta. Más bien cayeron en Mary Poppins, porque se cayeron del caballo con un paraguas en la mano. Se convirtió el Tribunal Constitucional en una tercera cámara. Además, como se ha dicho aquí ―una cosa inenarrable que no se ha visto en siglos―, se convirtió al Tribunal Constitucional en una cámara punitiva que tenía mandato coercitivo sobre electos. Es una cosa inenarrable, es una cosa que en política comparada no se ha visto, una cosa digna de república bananera. No lo ha dicho el señor Legarda, pero lo ha pensado.

En fin, lo que propone el Partido Nacionalista Vasco pone las cosas en su sitio. Intenta revertir lo que fue un error. Si me permiten citar a un francés, fue aún peor que un crimen. Vamos a reforzar el Estado de derecho, se supone. Entonces, señorías del PP, que les gusta tanto hablar de que España es una democracia plena, quizá sí sea una democracia plena porque ―si me permiten el juego de palabras a estas horas de la tarde, que es una hora así, un poco rara― hasta ahora la democracia española, a menudo, ha sido una democracia plena: plena de oprobio, de vergüenza, de miseria, de represión. Como se ha dicho aquí también, esto responde a un conflicto realmente existente, que es el conflicto político que se establece entre la nación catalana o la nación de Euskal Herria frente a un Estado que no ha entendido que la libertad es una cosa que no se puede cortar ni a golpes de porra, ni con usos maldiestros de tribunales constitucionales. En todo caso, lo que corresponde al siglo XXI es llegar a soluciones entre las partes. Ahora ustedes, señorías del PP, que veo que ya se han puesto en contra, saben que viene algo muy grave, viene algo muy grave que les acabará devorando, pero recuerden que algún día que ustedes colaboraron con todo esto. Y, señorías del PSOE, piensen que ponerse de perfil no sirve de nada.

Gracias. (Aplausos).

Gràcies, president. Es un honor hablar hoy en esta tribuna de que se van a desclasificar los documentos del 23F. Y puestos que vamos de anuncios, que al día siguiente del 23F se desclasifican los documentos, yo le propongo al Partido Socialista que el 14 de abril, que está cerca, podemos desclasificar, por ejemplo, la encuesta de Suárez y sabríamos la opinión de los ciudadanos de España: si monarquía o república en ese momento. Sería interesante también esa desclasificación. Precisamos ser un poco más rigurosos y lo que nos hace falta ya en este Estado es una ley de secretos oficiales democrática, que lo venimos pidiendo ―y mucha gente diversa lo pide― desde hace muchísimo tiempo. Si me permiten, colaboremos entre todos a poner luz en la oscuridad. Vamos al tema. Som conscients que l’Estat espanyol no representa el que nosaltres voldríem. L’Estat no està sent ni complint el que nosaltres desitjàvem. Nosaltres volem una terra, un país amb plena sobirania, amb plena llibertat i amb plena poder de decisió. Però. evidentment. això no és així. I mentrestant estem aquí, en aquest Parlament, per canviar-ho perquè aquest Estat sigui més democràtic, més social, més plurinacional i que l’autogovern sigui més una realitat en les nostres institucions pròpies. Els instruments que tenim pel nostre autogovern són els estatuts d’autonomia, la clau de bòveda, la peça bàsica de tot plegat. L’Estatut d’Autonomia, per exemple, de les Illes Balears, com molts d’altres —‌el nostre aprovat el 2007—, a dia d’avui s’incompleix. I no passa res. Encara no s’han transferit totes les competències. No tenim competències en justícia o en transport aeroportuari. I no passa res. Però, evidentment, mentrestant PP i VOX clamant sempre al cel «Una, grande y libre». Preocupats perquè a Espanya es destrossa i Marga Prohens, en lloc de reclamar el compliment del nostre Estatut, norma bàsica del meu país, es dedica a seguir l’estratègia de Feijóo, si és que en té alguna per aquest país. I què ens ha portat avui aquesta proposició del Partit Nacionalista Basc? Revertir la situació que es va crear de forma injusta el 2015. Fer aquesta reforma en dos temes bàsics, com ja s’ha dit. El primer: suprimir el recurs previ de constitucionalitat, perquè és un instrument que s’ha empleat per atacar el més bàsic de la sobirania de les comunitats autònomes, l’Estatut d’Autonomia; perquè va en contra del model territorial que tenim ara mateix plasmat en la Constitució, però que s’ha ampliat com un instrument purament polític i no judicial. I el segon: limitar les facultats per a l’execució de les sentències. No pot ser el Tribunal Constitucional una tercera cambra, com ja s’ha dit, o tenir els instruments del 156 bis, perquè cap ciutadà els ha votat. Als parlamentaris de les Illes Balears, els han votat els ciutadans de les Illes Balears. Vostès qui els han votat o els ha votat la ciutadania. Però al Tribunal Constitucional no l’ha votat ningú. I això no és nou, com bé deien, ja s’ha tractat i debatut en moltíssimes ocasions. I això ja es va derogar. La llei del 1979 i el 1985 ja es va eliminar perquè generava problemes, xocs entre els diferents poders. I això no podia ser perquè no és lògic que, mentre hi ha un debat polític, mentre s’està negociant i dialogant, pugui penjar aquest botó i que intervingui el Tribunal Constitucional per marcar el joc, perquè coarta la feina del legislador, que és pensar quin model vol, arribar a acords amb els diferents i progressar. Però, això sí, s’ha substituït per un Tribunal Constitucional no elegit pel poble. Per tant, no és útil, no és el que volen.

El Tribunal Constitucional esdevé un element polític que debat lleis. A banda de que estiguin aprovades. A banda que siguin una realitat, això no és el que voldrien. Li posaré un exemple, per no parlar de Catalunya, que lo millor és que va motivar el canvi. Imaginin vostès, posarem un exemple clar: al parlament gallec no hi ha cap diputat de VOX. No n’hi ha cap, ni un. El parlament gallec discuteix l’Estatut de Galícia, arriben a un acord, el duen aquí i està a punt d’aprovar-se, i els diputats de VOX, que no tenen cap representació del territori, decideixen bloquejar la decisió de Galícia, bloquejar els acords que s’hagin pogut dur a terme per una qüestió purament política i utilitza aquest instrument. Quan pensin en Catalunya, senyors del Partit Popular, pensin que també es pot aplicar a altres territoris. Perquè m’entenguin, i aquí potser el més boomers de la sala m’entendran. Recorden la pel·lícula Minority Report? Aquella pel·lícula del 2002 on hi havia unes persones que estaven connectades a unes màquines i podien llegir el futur i que a través d’aquelles màquines, abans que es cometés un crim, ja la policia actuava i detenia aquella persona i el tancava sense que hagués comès el crim? Com que s’havia predit que es produiria un crim, aquella persona abans de que ho fes, ja era agafada i tancada. Doncs als parlamentaris, tant de parlaments autonòmics com aquesta cambra se’ns tracta en aquesta norma com a presumptes criminals que abans de que hagin fet i decidit i tancat la norma. I com de crims que no s’han produït. I això ho hem d’evitar.

Avui repetim un debat per enèsima vegada. Però lo important, com dèiem, no és la tècnica que s’ha explicat bé la tècnica. Però no ens quedem en la modificació normativa, en les paraules d’un text legal. Vegem la intencionalitat política que hi ha. Vostès legislant en contra del poble català. Però no, no s’equivoquin, no siguin tan curts de mires. Legislaren contra tots els pobles, contra totes les comunitats autònomes, contra tots els parlaments autonòmics i inclús contra la condició de vostès mateixos de diputats.

Moltes gràcies.

Somos conscientes de que el Estado español no representa lo que nosotros queríamos. El Estado no está siguiendo ni cumpliendo lo que deseábamos. Nosotros queremos una tierra, un país con plena soberanía, con plenas libertades y con pleno poder de decisión, pero, evidentemente, eso no es así. Mientras tanto, estamos aquí, en este Parlamento, para cambiar eso, para que este Estado sea más democrático, más social, más plurinacional y que el autogobierno sea más una realidad en nuestras instituciones propias. Los instrumentos que tenemos para nuestro autogobierno son los estatutos de autonomía, la clave de bóveda, la pieza básica de todo el conjunto. El estatuto de autonomía balear, como muchos otros, hoy se incumple y no pasa nada. Todavía no se han transferido todas las competencias, ya sea en justicia, en transporte, aeroportuarias, etcétera, y no pasa nada. Evidentemente, PP y VOX claman siempre al cielo: una grande y libre, y siempre preocupados porque España se rompe. En lugar de reclamar las transferencias de nuestro estatuto, se dedican a seguir la estrategia de Feijóo, si es que tiene alguna para este país.

¿Qué nos ha traído hoy esta proposición del PNV? Revertir la situación que se creó de forma injusta en 2015, con dos temas básicos. Ya se ha dicho. En primer lugar, suprimir el recurso previo de constitucionalidad, porque es un instrumento que se ha utilizado para atacar la soberanía más básica de las comunidades autónomas: el estatuto de autonomía. Se va en contra del modelo territorial actual que emana de la Constitución. Se ha empleado como un instrumento puramente político y no judicial. Y, en segundo lugar, limitar las facultades para la ejecución de sentencias. No puede ser el Tribunal Constitucional una tercera cámara, como ya se ha dicho, o tener los instrumentos del 155 bis, porque a cada parlamentario lo han votado los ciudadanos de las Islas Baleares, a ustedes les ha votado la ciudadanía, pero al Tribunal Constitucional no lo ha votado nadie. Y eso no es nuevo, ya se ha tratado y debatido en muchas ocasiones y ya se derogó porque generaba problemas en relación con diferentes poderes y eso no podía ser así. No es lógico que mientras hay un debate político, mientras se está negociando, dialogando, se pueda pulsar este botón y que intervenga el Tribunal Constitucional para marcar el juego. No es lógico porque coarta la labor del legislador, que es pensar en qué modelo se quiere, llegar a acuerdos entre diferentes y avanzar, pero, eso sí, se sustituye por un Tribunal Constitucional no electo por el pueblo; por tanto, no es útil y no es lo que queremos. El Tribunal Constitucional se convierte en un elemento político que debate leyes antes de que se aprueben, antes de que sean una realidad. Eso no es lo que querríamos. Les pondré un ejemplo. Por no hablar de Cataluña, que es lo que motivó el cambio, imaginen ustedes el Parlamento gallego, que no tiene ningún diputado de VOX. En el Parlamento gallego se debate el estatuto de Galicia, llegan a un acuerdo, lo traen aquí, está a punto de aprobarse y los diputados de VOX, que no tienen ninguna representación en el territorio, deciden bloquear la decisión de Galicia, bloquear los acuerdos a que se haya podido llegar por una cuestión política y utilizan este instrumento. Cuando piensen en Cataluña, señores del PP, piensen que esto también puede afectar a otros territorios, porque, para que me entiendan ―quizás los boomers me entenderán―, ¿recuerdan Minority Report, la película de 2002, donde había unas personas que estaban conectadas a unas máquinas y podían leer el futuro y que, a través de aquellas máquinas, antes de que se cometiera un crimen ya la policía actuaba y detenía a esa persona y la encerraba sin que se hubiera cometido el crimen? Como se había previsto que se iba a cometer, se detenía a esa persona y se la encerraba antes de que lo hiciera. Pues, con esta norma, a los parlamentarios de parlamentos autonómicos y de esta Cámara se nos trata como a presuntos criminales antes de que hayamos hecho nada, antes de que hayamos decidido o aprobado la norma. Son crímenes que no se han producido. Eso tenemos que evitarlo.

Hoy repetimos un debate por enésima vez, pero lo importante no es la técnica ―que se ha explicado bien―, no nos quedemos en la modificación normativa, en las palabras de un texto legal, leamos la intencionalidad política que hay. Ustedes legislaron en contra del pueblo catalán, pero, no se equivoquen, no sean tan miopes, legislaron contra todos los pueblos, contra todas las comunidades autónomas, contra todos los parlamentos autonómicos, incluida la propia condición de ustedes como diputados.

Muchas gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, señor presidente. Señorías, esta iniciativa es pura dinamita contra España. (Aplausos). Y lo digo metafóricamente, porque los que sí que saben la literalidad de la palabra dinamita son sus socios de Bildu. (Aplausos). Esta iniciativa busca proteger a los delincuentes y a los que desafían la unidad de España. Para que todas aquellas personas que nos puedan estar viendo lo sepan, el partido separatista vasco propone hoy eliminar la posibilidad de interponer recurso previo de inconstitucionalidad a los estatutos de autonomía o sus reformas y, también, reducir drásticamente la posibilidad de ejecutar las resoluciones del mismo tribunal. Quieren un Tribunal Constitucional sin capacidad de bloquear sus embestidas separatistas. En consecuencia, esta iniciativa es un ataque a la unidad de España, quiere vaciar de contenido una de las instituciones del Estado cuando precisamente lo que España necesita son iniciativas diametralmente opuestas a la que ustedes hoy plantean en esta Cámara. Esta iniciativa atenta contra la unidad de España porque prepara el terreno para que los Gobiernos o Parlamentos autonómicos que son desleales con el resto de España puedan iniciar un proceso separatista; es decir, ustedes dejan el balón botando a aquellos que dijeron que lo volverían a hacer. Ustedes, cuando redactaban esta iniciativa estaban pensando en el plan Ibarretxe y en el proceso separatista catalán. Pues no. España y su unidad no se negocian. España y su unidad es anterior y superior a cualquier ley, incluso a la que permite que ustedes se sienten aquí. (Aplausos). España y su unidad es anterior a cualquier texto constitucional, por eso cualquier Constitución que valga se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española. Señorías del Partido Nacionalista Vasco, ustedes lo que buscan es saltarse la ley y que no pase absolutamente nada; que un Parlamento autonómico inicie un proceso de separación del resto de España y nadie pueda suspenderlo. Ustedes quieren que se pueda convocar un referéndum para separarse de España y que aquí no pase absolutamente nada. Incluso que aprueben un estatuto de autonomía contrario a la Constitución y se aplique durante años. Pues no. Si un político se salta la ley, cárcel. (Aplausos). Y si el político se salta la ley contra la unidad de España, más cárcel y ni indultos ni amnistías.

Señorías del partido separatista vasco, esta iniciativa va en plena consonancia con la tradición y con la traición de su partido; esa tradición y traición inauguradas por el lunático de Sabino Arana, así calificado por sus contemporáneos vascos; ese que dijo: si algún español se ahoga y pide socorro, contéstale: no sé castellano.

Señorías del partido separatista vasco, ustedes están destruyendo las tradiciones vascas. Su nacionalismo, como dijo José Calvo Sotelo en 1935, en San Sebastián, es profundamente antivasco. Ustedes han ensalzado a figuras como el racista Sabino Arana y han arrinconado a héroes nacionales como Legazpi, como Oquendo, como Churruca o como Maeztu. Y también están destruyendo las tradiciones vascas impulsando ese proceso de islamización de las tres provincias vascas. Y aquí sí le voy a dar la razón al presidente de su partido, que dijo que no sabía si el próximo presidente del Partido Nacionalista Vasco se llamaría Aitor o Hassan. Pues se llamará Hassan como sigan ustedes impulsando esa política de fronteras abiertas. (Aplausos). El partido separatista vasco siempre ha encontrado a un traidor de izquierdas o a un traidor de derechas dispuesto a desguazar un poco más la nación. Y por eso les preguntamos, señorías del Partido Popular, cuál va a ser su relación en el futuro con los separatismos. Sabemos que el señor Núñez Feijóo considera que Galicia y Cataluña son naciones sin Estado. Los españoles queremos saber si van a seguir coqueteando con el separatismo o si se van a unir a VOX para asfixiar al separatismo. (Aplausos).

Como decía al principio, esta iniciativa vacía de contenido una institución del Estado, el Tribunal Constitucional. Y es verdad que hoy tenemos un Tribunal Constitucional adulterado y degradado, porque tenemos un Tribunal Constitucional que está más pendiente de garantizar los deseos de Pedro Sánchez que los derechos y libertades de todos los españoles, pero si hemos llegado a estas cotas de degradación es porque el bipartidismo ha tratado las instituciones del Estado como un botín partidista. (Aplausos).

Señorías, necesitamos medidas diametralmente opuestas a estas que plantea el partido separatista vasco; para empezar, necesitamos modificar las leyes para que partidos políticos que apenas cuentan con un 1 % del sufragio no puedan condicionar la política nacional. Tenemos que recuperar el delito de sedición y el delito de referéndum ilegal, aumentar las penas por la conspiración contra la unidad de España y por el ultraje a los símbolos nacionales, y también necesitamos traer un tipo agravado de malversación para que cuando la malversación de dinero público vaya contra la unidad nacional la pena sea muy muy superior. (Aplausos).

Señorías del Partido Nacionalista Vasco, de Junts y de Esquerra, dicen ustedes que van a celebrar más referéndums para separarse de España. Les aseguramos que la respuesta no va a ser tan timorata y débil como la del Partido Popular en el año 2017. Les aseguramos que el único referéndum que ustedes van a querer votar va a ser el referéndum que nosotros vamos a convocar para que todos los españoles decidan si quieren ilegalizar a los partidos separatistas que quieren acabar con la soberanía y con la integridad territorial de España.

Muchísimas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Gracias, señor presidente. Debatimos hoy la derogación de las leyes orgánicas 12/2015 y 15/2015, leyes que reformaron el Tribunal Constitucional para recuperar el control previo de inconstitucionalidad sobre las reformas estatutarias y que le atribuyeron exorbitantes facultades para la ejecución de sus resoluciones, facultades ―diré― solo defendidas hoy, como acabamos de oír, en boca del portavoz de VOX y en fecha tan referencial como la de ayer por la Brunete constitucionalista. Diré, en primer lugar, que no nos merece reproche alguno la oportunidad en el tiempo de esta iniciativa. Algunos la considerarán no prioritaria al no existir en el horizonte ningún conflicto que la justifique. Para nosotros es virtuoso debatir una propuesta de alto calado institucional alejados del fragor de batallas o de pleitos concretos, lejos de la furia que impide un debate sereno, riguroso, no contaminado de cortoplacismo y sectarismo. Precisamente lo que no ocurrió con la Ley 15/2015, a la que nosotros nos opusimos, que contó exclusivamente con los votos del Grupo Popular, aprobada en lectura única y por urgencia; una proposición de ley del Grupo Popular, señorías del PP, sin informes ni del Consejo de Estado ni del

Consejo General del Poder Judicial (aplausos); una ley, señorías, aprobada días antes del inicio de la campaña electoral de las elecciones catalanas de 2015, con la amenazante e indisimulada intención de instrumentalizar al Tribunal Constitucional para embridar y desactivar el procés, lo que obviamente no tuvo ningún éxito; una ley al servicio electoral del PP: el Tribunal Constitucional usado como instrumento electoral, como moneda de cambio, como ariete político. Multas coercitivas, señorías, a personas físicas de hasta 12 000 euros diarios; cargos públicos compelidos a la renuncia de sus puestos. Así lo atestiguan los Autos 126/2017 y 127/2017 del Tribunal Constitucional. Señorías, munición de grueso calibre en manos de un Tribunal Constitucional empujado a la arena política, nunca antes concebido para la confrontación, sino como jurisdicción independiente. Flaco favor prestado al orden constitucional. Nosotros nos opusimos en 2015 y nos opondremos hoy. Lejos quedan los convulsos tiempos del procés. Hoy, con una Cataluña normalizada social, política e institucionalmente, apoyaremos la supresión de estas innecesarias y exorbitantes facultades del Tribunal Constitucional, reproche compartido ampliamente por la doctrina iuspublicista e incluso por la Comisión de Venecia, a pesar de que las sentencias del Tribunal Constitucional 185/2016 y 215/2016 avalaran su constitucionalidad.

Señorías del Grupo Vasco, señor Legarda, un juicio muy diferente nos merece su intención de suprimir el recurso previo de inconstitucionalidad sobre las reformas estatutarias, cuya reintroducción nosotros apoyamos en 2015. Es cierto que en la génesis de la Ley Orgánica 12/2015 está el debate sobre l’estatut de Catalunya, la antesala del procés, pero ustedes saben que el objetivo de esa ley era precisamente el contrario a cercenar las legítimas aspiraciones de las reformas estatutarias. Esta ley, más bien al contrario, como decía, pretendía atemperar y mitigar el potencial conflicto social e institucional derivado de la declaración de inconstitucionalidad total o parcial de una reforma estatutaria ya aprobada por un legislador autonómico cualificado e incluso ya refrendada por los ciudadanos de una comunidad autónoma. Una indeseable colisión de legitimidades. A nadie se le escapan los riesgos de esta situación. Todos conservamos en nuestra retina la multitudinaria manifestación con más de un millón de personas en las calles de Barcelona el 10 de diciembre de 2010 en respuesta a la sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010 sobre l’estatut. Esa y no otra era la intención de los socialistas al apoyar la reintroducción del recurso previo de inconstitucionalidad solo para estatutos de autonomía y con los límites para evitar el obstruccionismo parlamentario propio ya de otra lejana época. (Aplausos).

Señor Legarda y señores portavoces que han seguido esa misma línea argumental, con todo el respeto y consideración que ustedes me merecen, les diré que no compartimos que se trate de un control político ni de un veto político, ni que desnaturalice el modelo de jurisdicción constitucional, ni que el Tribunal Constitucional se convierta en una tercera Cámara, ni que sufra tacha alguna de inconstitucionalidad, y así lo confirmó la muy temprana Sentencia 66/1985 del tribunal. Nada más alejado de la realidad. Esa ley orgánica era políticamente bien intencionada y constitucionalmente escrupulosa con el mejor entendimiento de nuestra realidad territorial, sustentado en la vocación de integración, de lealtad y de respeto mutuo entre Estado y comunidades autónomas. Esa es nuestra opinión; también la del Consejo de Estado en 2006; también la de buena parte de la doctrina, con don Manuel García Pelayo, primer presidente del Tribunal Constitucional, a la cabeza, aunque no negamos la existencia de voces autorizadas contrarias, como la del maestro Pérez Royo. No, señorías, no nos negamos a ese debate y nunca renunciaremos al diálogo. Nos abrimos a que nos convenzan, pero también tenemos la aspiración de convencerlos. Por ello, hoy apoyaremos esta toma en consideración, pero en el aire queda un último interrogante, y con ello termino, señor presidente: ¿qué hará el PP? Porque para reformar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional basta la mayoría absoluta de esta Cámara. Así lo evidenció, tristemente, el Partido Popular en 2015, aunque estaremos de acuerdo en que una reforma de este alcance merece…

… un consenso más amplio ―termino, señor presidente―, al menos el de los dos partidos mayoritarios. La pregunta es: ¿será capaz el Grupo Popular de aparcar hoy su actual mochila ultra, su ya habitual discurso brutalista para volver al diálogo moderado con un mínimo sentido de Estado? Me temo que la respuesta la tendrán todos ustedes en pocos minutos.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

Señorías, ¿saben quién firma esta proposición de ley del Partido Nacionalista Vasco? Pues la firma Aitor Esteban, su anterior portavoz. ¿Y recuerdan ustedes cómo se despidió Aitor Esteban de esta Cámara hace un año? Se despidió con un gora Euskadi askatuta, que significa arriba Euskadi liberada. (Rumores). Y lo hizo con el aplauso de ustedes, señorías del Partido Socialista. Sí, sí, le aplaudieron aquello de arriba Euskadi liberada. ¿Liberada de qué? ¿Es que Euskadi está oprimida? (Aplausos). ¿Es que España no es una de las democracias más descentralizadas del mundo? Este es su problema, señorías del Grupo Vasco, y el de esta proposición de ley, que ustedes siguen proclamando que quieren liberar Euskadi de un supuesto yugo. ¿Qué yugo?, ¿el de la Constitución? ¿Y ustedes presentan una reforma de la Ley del Tribunal Constitucional cuando se oponen a la Constitución?

Usted, señor Legarda, es un jurista serio y riguroso e intenta hacer una defensa jurídica de esta cuestión, pero es que su defensa está desgajada de la realidad de su partido, del Partido Nacionalista Vasco. Usted ha dicho antes: Porque lo político es el fondo de la cuestión. Cierto, señor Legarda, lo político. Y el fondo de la cuestión aquí es que el partido que propone eliminar el recurso previo de inconstitucionalidad y además quitar al Tribunal Constitucional los instrumentos para hacer efectivas sus resoluciones es un partido que no respeta la Constitución (aplausos); un partido cuyo máximo líder, Aitor Esteban, defiende posiciones independentistas. Lo ha dicho varias veces, es partidario de la independencia; pero también el lehendakari Imanol Pradales, del PNV, que ha dicho que es proindependentista. Es decir, sus máximos dirigentes defienden posiciones inconstitucionales, señorías del Grupo Vasco, y de ahí la incongruencia de esta propuesta.

Ustedes dicen en su defensa que la ley actual produce efectos perturbadores del funcionamiento del sistema político; dicen que va contra el diálogo e incluso acusan a la ley actual de infantilismo político, pero, de otro lado, ustedes defienden lo que llaman el derecho a decidir. Y es que, señorías del Grupo Vasco ―y esto que voy a decir es esencial para este debate―, ustedes están negociando con Bildu lo que llaman un nuevo estatus político para actualizar el Estatuto de Gernika. Y ustedes tienen diferencias, pero están de acuerdo con Bildu en eso que llaman derecho a decidir. De hecho, ustedes ya han votado a favor del derecho a decidir en resoluciones de juntas generales y del Parlamento Vasco.

Esta es la realidad del PNV, señorías. Es una realidad de confrontación con la Constitución. Una realidad, por cierto, muy alejada de la realidad de los vascos, porque ahora que el PNV se ha hecho independentista hay menos independentistas que nunca entre los vascos. Según el último Deustobarómetro de invierno de 2025, ¿saben cuál es el porcentaje de vascos que quieren un Estado independiente? No llega al 17 %, exactamente el 16,9 %. Este es el problema de los partidos nacionalistas, desgraciadamente. Lo resumió muy bien el mayor experto en federalismos comparados que hay en España, el catedrático de Derecho Constitucional Roberto Blanco Valdés, que dijo en su libro Los rostros del federalismo lo siguiente: ¿Saben cuál es la diferencia principal entre nuestro sistema descentralizado y el resto de los sistemas federales del mundo? Hay una diferencia. ¿Saben cuál? La deslealtad de los partidos nacionalistas. (Aplausos). Y ustedes, señorías del Grupo Socialista, lo saben perfectamente. Por eso ustedes hace ya doce años, en 2014, presentaron junto con el Grupo Popular una proposición de ley para introducir el recurso previo de inconstitucionalidad, porque no querían que se repitiera en España lo que ocurrió con el estatuto catalán. Pero es que además ustedes sabían ―lo reconocían entonces― que tenemos un problema de deslealtad de los partidos nacionalistas. ¿Y qué ha pasado desde entonces? Porque ahora ustedes están en otra posición; ahora ustedes, señor Rallo, nos acaban de acusar de estar en posiciones ultras. ¿Cómo? ¡Si los que han cambiado son ustedes, señorías del Grupo Socialista! ¿Y por qué? ¿Qué ha cambiado? Que ustedes cambiaron a Alfredo Pérez Rubalcaba por Pedro Sánchez; eso es lo que ha cambiado. Y también ha cambiado que ahora ustedes y Pedro Sánchez están dispuestos a cualquier tipo de negociación con los partidos independentistas para mantener el poder. De ahí todo lo que han hecho en estos últimos años, desde aquella moción de censura contra la corrupción, liderada por Ábalos, hasta la ley de amnistía o los acuerdos para sacar a los asesinos más sanguinarios de ETA de la cárcel. (Aplausos). Señorías, el nacionalismo antes moderado se ha hecho independentista, lamentablemente. Y el socialismo, que antes era socialdemócrata, se ha hecho radical y se ha hecho sanchista. Y eso significa que está dispuesto a cualquier tipo de negociación con tal de mantenerse en el poder.

Señorías, hace unos días la portavoz de mi grupo, Ester Muñoz, dijo que, en caso de que Pedro Sánchez consiguiera perpetuarse en el poder tras unas próximas elecciones, pondría en peligro tanto nuestro modelo de monarquía parlamentaria como nuestro modelo territorial. ¿Por qué? Por una sencilla razón: porque ustedes no tienen nada más que entregar y que ceder a los independentistas. Ahora bien ―y quiero terminar con esto―, los españoles también deben saber que hay un partido, el Partido Popular, con su líder al frente, Alberto Núñez Feijóo, que es y será garantía de que esto no ocurrirá (rumores) y que liderará la defensa de una España democrática, unida y constitucional.

Gracias. (Aplausos.―Un señor diputado: ¡Bravo!).