Proposición de Ley para la garantía de los derechos de las personas trabajadoras en procesos de deslocalización y transmisión de unidades productivas.

Muchas gracias, presidenta. Señorías, me van a permitir que empiece mi intervención saludando a nuestros compañeros de los comités de empresa de Fiber de Galicia, de Arcelor y de Coca-Cola, que nos acompañan en la tribuna de invitados. (Aplausos). Hoy mi grupo parlamentario viene aquí a hablar de derechos laborales y de democracia, viene a hablar de empresa y de política industrial. Venimos a hablar de lo que le importa a la gente, del trabajo que sostiene la vida de las industrias que dan futuro a nuestros territorios y de las soluciones que este Parlamento debe tener el coraje de poner sobre la mesa. Venimos a hablar del presente y del futuro que queremos para España. Señorías, más allá de sus contenidos, esta iniciativa pretende también ser una llamada a cuidar este espacio. El Congreso ha de hablar de la España real, no de una que no existe y que se quiere construir a base de odio y de miedo. Señorías, permítanme recordar una realidad que a veces queda enterrada bajo el ruido: nuestro país sufrió un proceso de desindustrialización brutal, una auténtica hemorragia económica y social, durante la crisis financiera bajo el gobierno del Partido Popular. Entre 2008 y 2014, este país destruyó más de un millón de empleos industriales. En apenas seis años, uno de cada tres puestos de trabajo en la industria desapareció; uno de cada tres. Cada cifra es una familia, un barrio y una comarca que se quedan sin horizonte. Pero no estamos condenadas a este destino, porque desde 2018, y gracias a las políticas de Yolanda Díaz en el Ministerio de Trabajo, hemos logrado revertir una sangría que parecía inevitable. Hoy, el empleo industrial ha crecido en 325 000 personas, y nos situamos por encima de los 3 millones de ocupados, la cifra más alta desde 2008. (Aplausos). Es un avance indiscutible, fruto de la valentía y de medidas que han respondido a la precariedad, con protección de derechos y con creación de empleo digno. Pero no basta, señorías, no basta porque merecemos más. Hoy, la industria representa el 14 % del PIB, cuando el compromiso europeo es alcanzar el 20 %. Por eso necesitamos una política que combine empleo y sostenibilidad, y que dialogue con los territorios y entienda que el progreso no se impone sobre las espaldas de la gente. Permítanme declamar ―esperemos que por última vez desde esta tribuna― que…

... o noso modelo é «o de Altri non». Ese é o camiño: nuestro modelo es: «el de Altri, no». (Aplausos). Ese es el camino: … industria verde, moderna, ambiciosa y fuerte, con garantías sociales y ambientales, y siempre con la gente dentro. Señorías, esta proposición de ley llega para plantear la misma pregunta a todos los grupos parlamentarios: ¿qué modelo productivo queremos para nuestro país? Y no se esfuercen por responder a otras, porque esta es la única de la que mi grupo parlamentario quiere que hablemos hoy en este Pleno. Nosotras lo tenemos claro: no puede ser un modelo en el que haya empresas que reciban ayudas públicas, disfruten del esfuerzo colectivo de nuestros impuestos, los de las gentes trabajadoras, y después trasladen su producción fuera de la Unión Europea para abaratar costes y aumentar sus beneficios; o que lleven a cabo una venta malintencionada para vaciar la empresa y que sean otros los que, por un módico precio y dejando un reguero de deudas, despidan a una plantilla que no conocen sin miramientos. ¡Basta ya! Basta ya de trampas y de fraude con dinero público. ¡El dinero público, el dinero de todas y de todos, ha de estar para proteger el empleo y para sostener y crear industria, no para financiar cierres y deslocalizaciones! Señorías, aquí estamos hablando de algo muy concreto, muy real, que tiene nombres y apellidos: de familias que ven cómo las mismas empresas que recibieron ayudas públicas, que pidieron sacrificios a las plantillas, que aplicaron ERTE, descuelgues de convenio, congelación y bajada de salarios, todo para salir adelante, ahora cierran, se marchan o se venden a fondos que vienen a desguazar y a despedir. Estamos hablando de la vida de la gente. Estamos hablando de la planta de BSH en Esquiroz, Navarra; de SaintGobain, Sekurit o Arcelor en Asturies; de AGAMA en Illes Balears; de Marie Claire en el país valencià; de International Paper, de Iveco o de Coca-Cola en Madrid; de Fiber o Alcoa en Galicia; de Siemens Gamesa, de Bimbo y de Michelin en Castilla y León; hablamos de SABIC en Murcia; de Nissan, de Bosch, de Mahle o de TE Connectivity en Cataluña; de Abengoa en Andalucía, y de MANN+HUMMEL o del Grupo Trigo en Aragón; y estas son solo algunas, porque hay muchas más. Para todas ellas, para sus trabajadores y sus trabajadoras va hoy esta proposición de ley. (Aplausos). Para evitar que miles de trabajadores y de trabajadoras, esto es, que miles de familias se queden sin su fuente de ingresos y se vean abocadas a intentar sobrevivir a base de empleos mucho más precarios o de ir tirando con lo que salga ―en muchos casos empleos de horas al día o de algunos días― o, en demasiadas ocasiones, a estirar indemnizaciones y el paro, porque encontrar un nuevo empleo, como ellos mismos dicen, con mi edad y después de 30 años en la misma empresa, es ciencia ficción. También es para que algunos territorios no se conviertan en eriales industriales sin presente ni futuro, llenos de lunes al sol y de jóvenes que se marchan. Hoy traemos una proposición de ley con dos propuestas sencillas y efectivas. La primera es una propuesta de justicia y de sentido común: si una empresa quiere trasladar su actividad fuera de la Unión Europea, que se olvide de despidos con indemnizaciones de veinte días, de modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo o de no aplicar los convenios colectivos. Si alguna se atreve a hacerlo, será un fraude de ley y los despidos serán improcedentes y nulos. Además, si esta empresa se ha beneficiado de un ERTE o de cualquier tipo de ayuda pública, es decir, de una ayuda de la Administración, tendrá que devolver el dinero. ¡El dinero público está para generar y para mantener empleo aquí, no para financiar la mudanza de quienes solo buscan su propio beneficio! Y si esa primera propuesta está destinada a impedir que algunas empresas usen nuestro dinero para luego salir corriendo en busca de más dinero en otros países a costa, claro, de explotar a los trabajadores y las trabajadoras de esos mismos países, de pagar sueldos de miseria y de instalaciones insalubres, contaminantes y peligrosas, la segunda está vinculada a poner límites a otro fraude, uno que cada vez se produce más: el que se origina cuando una empresa vende a otro una factoría, una planta o una línea de producción específica con el objetivo oculto de cerrarla, de desmantelarla, de acabar con ella y de poner a la plantilla de patitas en la calle. Para que eso no sea posible, hay que fortalecer la democracia en la empresa, hay que reforzar la transparencia y la capacidad de negociación de las personas trabajadoras. Proponemos hacerlo a través de un plan de viabilidad que tenga como objetivo mantener la actividad y los puestos de trabajo, acompañado, por supuesto, de un periodo de negociación en el que tendrán que estar la empresa vendedora, la empresa compradora y los sindicatos o el comité de empresa. Y, por supuesto, para evitar que esto se quede en lo formal y que sea nuestro tejido industrial una vez más el que lo pague, los trabajadores y las trabajadoras tendrán derecho de tanteo y retracto para adquirir la empresa y así seguir con la producción, como hubieran querido mis compañeros de Fiber. Y ¿cómo vamos a hacer que esto se cumpla? Con consecuencias muy claras: si las empresas se lo saltan, los despidos de nuevo serán improcedentes y nulos, y la empresa vendedora tendrá que responder si se cumple el plan registrado. Nada de lavarse las manos.

Señorías, la libertad de empresa no puede significar fraude y abuso. La libertad empresarial no puede ir en contra de la democracia en la empresa. En esta Cámara hay quienes invocan la Constitución como unas Tablas de la Ley inamovibles, que usan incluso como un arma arrojadiza contra buena parte de quienes componemos este país, como un cepo para impedir avanzar en derechos. Nosotras proponemos mejorarla e introducir nuevos derechos, pero también, y sobre todo, aplicarla en todos aquellos aspectos sociales que una mayoría social consiguió que la integraran con lucha en las calles. Señorías, el artículo 129 de la Constitución proclama la democracia en la empresa y aquí se enmarca esta iniciativa legislativa. La Constitución del 78 no quiso un mercado laboral sin reglas, quiso un mercado laboral insertado en un Estado social. La democracia en la empresa significa que las decisiones que afectan de manera directa a la vida laboral ―bien sea la organización del trabajo, las condiciones, los despidos o los cierres― no pueden adoptarse como si el trabajo fuera una mercancía, ¡porque las vidas no son mercancía! Dicho de otra manera, si la democracia se queda en la puerta de la fábrica, si se queda en la puerta de la oficina o al otro lado de la contraseña del acceso a intranet, entonces es una democracia incompleta. El artículo 129 nos recuerda que el poder económico también debe dialogar con el principio democrático. Y esto, señorías, no es una extravagancia ideológica, esto es un mandato constitucional.

Señorías, esta ley no va contra las empresas, va contra las malas prácticas; no penaliza la actividad económica, penaliza el fraude, y no limita la inversión, garantiza que la inversión sea responsable. Queremos empresas competitivas, sí, competitivas pero comprometidas con el territorio, con el planeta, con el empleo y con el país que les ha dado estabilidad jurídica, infraestructuras y ayudas públicas. (Aplausos). No podemos aceptar un modelo en el que las ganancias se privatizan y las pérdidas se socializan. Esta proposición de ley envía un mensaje claro: quien quiera operar en España encontrará seguridad jurídica, trabajadores cualificados y apoyo público, pero también encontrará reglas que protegen el empleo, la dignidad laboral, la democracia y el interés general. Por eso, dará igual lo bien que lo vistan, quien vote hoy en contra de esta ley votará en contra de nuestra industria y de nuestras empresas responsables. Votará en contra de nuestra clase ―de la trabajadora―, de las familias que sufrieron injustamente y de aquellas a las que debemos evitarles el sufrimiento.

Con esto termino, presidenta. Señorías, la realidad no está hecha ni de palabras ni de relatos, está hecha de vidas, y esta iniciativa quiere reconocerlas en todo su valor. Porque detrás de cada artículo hay una nómina que no llega o que ya no da, una familia que espera y que desespera y una comarca a punto de morir de inanición. No hablamos de abstracciones, hablamos de personas concretas, que sostienen este país mientras nosotras aquí dentro debatimos. En SUMAR hoy no les pedimos un gesto retórico, les pedimos que estén a la altura, que cuando salgan de este hemiciclo puedan decir, sin titubeos, que estuvieron del lado de la gente.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).

Obrigado, señora presidenta. Moi boa tarde.

Son representante por un país moi pouco industrializado como Galiza, non por decisión propia, senón como consecuencia das políticas que levamos padecendo por parte do Estado desde hai moito tempo e un país que ademais está a sufrir un proceso de desindustrialización acelerado, un proceso de crise industrial que xa está cronificado. Iso implica o fechamento de empresas, a perda de postos de traballo e, en moitos casos, precisamente como consecuencia da deslocalización.

En todo caso, eu quero aclarar que o BNG é unha forza política que aposta decididamente pola industrialización do noso país, por unha industrialización racional que desenvolva as inmensas potencialidades que temos e por iso, coa mesma determinación coa que defendemos a industrialización de Galiza, rexeitamos proxectos que non son de industrialización, senón de espolio colonial do noso país, como o proxecto de Altri na Ulloa. Por iso celebramos con millares de galegos e galegas que definitivamente este proxecto non vai saír adiante, que é un proxecto tombado e que é unha vitoria do pobo galego que saíu masivamente á rúa, máis de 100 000 persoas en mobilizacións nos últimos dous anos para rexeitar ese modelo depredador do Partido Popular fronte, como digo, a unha industrialización racional e positiva.

Dicía que nos preocupa a deslocalización. De feito reparen, onte mesmo na Comisión de Industria era aprobada unha iniciativa do Bloque Nacionalista Galego a propósito da crise dunha empresa que no seu día foi punteira no sector da madeira como o Grupo Losán e que o último punto recollía literalmente avaliar o resultado dos investimentos públicos no sector industrial e impulsar as reformas precisas que garantan que as empresas que reciban fondos públicos manteñan unha actividade estábel e duradeira, así como os postos de traballo sen que poidan acudir a eles fechamentos ou deslocalizacións e é coincidente en boa medida co que hoxe se está propondo aquí.

Por tanto, é un adianto que nós imos apoiar esta iniciativa, aínda que en algúns aspectos nos pareza que queda un bocadiño curta. Explicarei por que. En todo caso, xa digo, na Galiza sufrimos deslocalizacións, algunhas delas en empresas que recibiron cuantiosos fondos públicos, como é o caso de Poligal en Narón. E aquí o que se propón é que non poidan realizar EREs ou que sexan penalizados considerados como despidos improcedentes. Pero é verdade que ten unha limitación, vostedes falan de que a Unión Europea xa ten un mecanismo para castigar —‌podemos dicir— as empresas que reciben fondos estruturais e que deslocalizan fóra da Unión Europea. Mais o sorprendente que vostedes non propoñen nada similar para o Estado español, eu proporía tamén para Galiza cando os fondos son da Administración galega. Eu puxen o exemplo de Poligal adrede porque Poligal fechou en Narón para abrir unha planta en Polonia e para digamos incentivar o investimento da planta que ten en Portugal.

Polo tanto, cremos que esta iniciativa debe ser completada tamén desde esa perspectiva, de que no caso de axudas públicas estas deban ser devoltas con xuros á administración pública porque, caso contrario, pois o que estamos facendo é incentivando a industrialización de terceiros países.

E acabo, simplemente mencionando unha cuestión, cando se debateu aquí a lei de clientela e fixemos fincapé tanto na atención presencial das empresas de servizos como no uso do galego, por que? Porque ambos son mecanismos contra a deslocalización destas empresas que cada vez máis teñen os seus Call Center non só fóra da Galiza, fóra do Estado español e mesmo fóra de Europa. Polo tanto, a lingua factor de creación de emprego, evidentemente que si, e por esa liña hai que continuar.

Moito obrigado.

Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes. Soy el representante de un país muy poco industrializado como es Galicia, no por decisión propia, sino como consecuencia de unas políticas del Estado que hemos venido padeciendo desde hace mucho tiempo. Un país que, además, está sufriendo un proceso de desindustrialización acelerado. Un proceso de crisis industrial que ya está cronificado y que implica el cierre de empresas y la pérdida de puestos de trabajo, en muchos casos, precisamente como consecuencia de la deslocalización. En todo caso, quiero aclarar que el BNG es una fuerza política que apuesta decididamente por la industrialización de nuestro país, una industrialización racional que desarrolle las inmensas potencialidades que tenemos. Y por eso, con la misma determinación con la que defendemos la industrialización de Galicia, rechazamos proyectos que no son industrialización, sino expolio colonial de nuestro país, como el proyecto de Altri en la Ulloa. Por eso, celebramos con miles de gallegos y gallegas que definitivamente ese proyecto no vaya a salir adelante, que se ha caído ese proyecto y que es una victoria del pueblo gallego, que salió a las calles masivamente ―más de 100 000 personas en movilizaciones en los dos últimos años― para rechazar ese modelo depredador del Partido Popular frente a una industrialización racional, como digo, y positiva.

Decía que nos preocupa la deslocalización. De hecho, ayer mismo, en la Comisión de Industria, se aprobaba una iniciativa del Bloque Nacionalista Galego a propósito de la crisis de una empresa que en su día fue puntera en el sector maderero, como el grupo Losán, y en su último punto se recogía literalmente evaluar el resultado de las inversiones públicas en el sector industrial e impulsar las reformas necesarias que garanticen que las empresas que reciban fondos públicos mantengan una actividad estable y duradera, así como los puestos de trabajo, sin que puedan acudir a ellos cierres o deslocalizaciones; y coincide en buena medida con lo que hoy se está proponiendo aquí. Por tanto, ya adelanto que vamos a apoyar esta iniciativa, aun cuando en algunos aspectos nos parezca que se queda un poco escasa, un poco corta, y explicaré por qué.

En todo caso, ya digo, en Galicia sufrimos deslocalizaciones, algunas de ellas en empresas que recibieron cuantiosos fondos públicos, como es el caso de Poligal en Narón. Y aquí lo que se propone es que no puedan realizar ERE o que sean penalizados o considerados como despidos improcedentes. Pero es cierto que hay una limitación. Usted dice que la Unión Europea tiene ya un mecanismo para castigar, podemos decir, a las empresas que reciben fondos estructurales y que deslocalizan fuera de la Unión Europea. Pero es sorprendente que usted no propone nada similar para el Estado español; yo también lo propondría para Galicia cuando los fondos sean de la Administración gallega. Yo puse el ejemplo de Poligal a propósito, porque Poligal cerró en Narón para abrir una planta en Polonia y para, digamos, incentivar la inversión de la planta que tiene en Portugal. Por lo tanto, creemos que esta iniciativa debe ser completada también desde esa perspectiva de que, en el caso de ayudas públicas, estas tengan que ser devueltas con impuestos a la Administración pública, porque, en caso contrario, lo que estamos haciendo es incentivar la industrialización de terceros países.

Y acabo simplemente mencionando una cuestión. Cuando se debatió aquí la… últimas líneas, hicimos hincapié en la atención presencial de las empresas de servicios como en el uso del gallego. ¿Por qué? Porque ambos son mecanismos contra la deslocalización de estas empresas, ya que estamos cada vez más concentrados, no solo fuera de Galicia, del Estado español e incluso fuera de Europa. Por lo tanto, la lengua es un factor de creación de empleo, evidentemente que sí, y por esa línea hay que continuar.

Muchas gracias.

Gracias, presidenta. Hoy debatimos una de esas proposiciones de ley que son importantes y que tocan un problema estructural del sistema económico, como son las deslocalizaciones de empresas, que fueron, como todo el mundo sabe, una de las señas de identidad del neoliberalismo. Durante décadas se nos dijo que las empresas, para ser competitivas, debían deshacerse de actividades engorrosas y poco rentables, trasladar industrias a los países de la periferia para pagar menos a los trabajadores, disfrutar de regulaciones ambientales menos restrictivas y fomentar las exportaciones. Estas políticas neoliberales fueron implementadas durante décadas tanto por el Partido Popular como por el Partido Socialista y han reforzado al final el poder del capital, debilitando a los sindicatos y llevando a las clases trabajadoras a unas condiciones laborales bastante peores. Sin embargo, señorías, está claro que esto ya no da más de sí. La crisis financiera de 2008, la ruptura de las cadenas de valor a raíz de la pandemia o la cada vez más intensa competencia geopolítica hacen que hayamos entrado en una fase de desglobalización —y‌ esto hay que decirlo claramente—, donde son los países centrales del sistema-mundo, con Estados Unidos a la cabeza, los que están haciendo lo contrario: los que se están trayendo de nuevo las industrias a sus países y están blindando las estrategias industriales. En esta coyuntura, desde luego, el Gobierno progresista debería replantearse su política industrial, pero desgraciadamente tenemos que decir que no está siendo así. Cuando hablamos de deslocalizaciones no hablamos solo de cifras ―se ha dicho ya―, hablamos de muchas familias trabajadoras. El último ejemplo lo tenemos en mi tierra, en Cartagena, donde SABIC quiere dejar en la calle a 500 trabajadores. Estamos hablando de que en el año 2020 esta empresa abrió una fábrica en China y cerraron su planta en Cartagena; y, a pesar de que lo reclamamos entonces, no se tomó ninguna medida y ahora venden el resto del negocio al fondo de liquidación Mutares. Y mientras tanto, ¿qué han hecho el Gobierno central, el Gobierno autonómico o el Ayuntamiento de Cartagena? Nada. Convocar una mesa de seguimiento. Señorías, en esta Cámara muchas veces se nos llena la boca hablando de la importancia estratégica de la industria para el mundo que viene, pero a la hora de la verdad, ¿en qué queda todo esto? ¿En qué quedan estos discursos? ¿Por qué se permite que cierre una empresa que se instaló en suelo público en Cartagena? ¿Por qué se permite que deje en la calle a 500 familias trabajadoras cuando SABIC ganó en Cartagena 27 millones de euros en el año 2024, un 120 % más que en 2023? Es una empresa con ganancias. Es una vergüenza que este Gobierno no actúe a través de la SEPI para garantizar el futuro de esas familias y de la industria en Cartagena.

No sé si le han echado un vistazo últimamente a las noticias del mundo que viene, a la competición feroz que hay entre Estados Unidos y Rusia, Europa y China. Quizá, si leyeran más atentamente las noticias, verían que la apuesta por nuestra industria, por el empleo y no solo por las migajas que nos dejan los Estados Unidos es algo estratégico. Combatir las deslocalizaciones ya es eso. El patriotismo es justamente eso. Damos todo nuestro apoyo, por tanto, a los trabajadores de SABIC y a sus familias.

En este sentido, en Podemos creemos que esta proposición de ley es un buen primer paso, vamos a apoyarla para restringir esos despidos colectivos, pero creemos que se podría ir mucho más allá, y para eso plantearé tres ideas muy brevemente. Primero, creemos que se debería prohibir el cierre de centros productivos rentables, como es el caso de SABIC. No basta con sanciones para obligar a las empresas o que devuelvan las ayudas. En segundo lugar, hay que dar poder real a los trabajadores. En este sentido, plantearíamos que el comité de empresa tenga capacidad de veto ante decisiones que destruyen empleo o que trasladan la producción fuera de nuestro país. Y, en tercer lugar, todas las empresas tienen que pagar muy caro las deslocalizaciones. Para ello, se podrían gravar con tasas progresivas los beneficios que no vayan acompañados de la creación de empleo local o imponer aranceles sociales y ambientales a productos de esas empresas deslocalizadas de España que luego vienen a nuestro país. Se trata, por tanto, de restablecer la soberanía sobre nuestra industria. Durante muchas décadas, las clases trabajadoras han estado bajo chantaje permanente del capital y eso ha traído un descrédito enorme a la política; ahora hay que darle la vuelta a esta situación. Como decía un viejo dirigente chino: que la política vuelva a estar a los mandos.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, presidenta. Arratsalde on. Hoy debatimos una iniciativa que aborda principalmente cómo garantizar que la modernización e incluso la internacionalización empresarial no se traduzca en desprotección laboral, desarraigo industrial o utilización indebida de recursos públicos. Y lo hacemos ante una realidad que conocemos bien: procesos de deslocalización hacia países terceros que han dejado comarcas sin empleo y operaciones de venta que en ocasiones han servido para eludir responsabilidades laborales, sí, pero también pueden responder a factores regulatorios que impactan directamente en la estructura de costes que, si no vienen acompañados de instrumentos de adaptación suficiente, el riesgo de desplazamiento productivo existe, y esto también debería formar parte de este debate. En este debate tampoco hay un vacío. Hay que decir que Francia y Alemania, las dos mayores economías industriales de Europa, llevan años actuando en esta misma dirección. Francia lo hace mediante mecanismos como la ley Florange, que obliga a buscar compradores antes de cerrar plantas rentables y condiciona fuertemente las ayudas públicas al mantenimiento del empleo. Alemania, por su parte, combina incentivos industriales, compromisos de permanencia asociados a subvenciones y una fuerte participación de los trabajadores y las trabajadoras en la gobernanza empresarial. Ambos países comparten la idea de que, cuando hay empleo, tejido productivo y recursos públicos en juego, el Estado no puede ser un espectador pasivo. Creo que esta proposición de ley se sitúa en esta misma lógica. Además, el propio proyecto de ley de industria aprobado por el Gobierno también incorpora medidas para evitar que ayudas públicas terminen financiando deslocalizaciones fuera de la zona euro. Esto es simplemente para reforzar la autonomía estratégica y proteger la base productiva. Valoramos especialmente tres elementos del texto. Coherencia entre ayudas públicas y mantenimiento del empleo, porque si una empresa ha recibido apoyo mediante ERTE o mecanismos similares y posteriormente traslada su actividad a países terceros se exigen responsabilidades. No se limita la libertad de establecimiento dentro de la Unión Europea, se actúa donde aquí sí hay margen regulatorio. Transparencia en la venta de unidades productivas: la obligación de abrir un periodo de consultas, compartir información relevante y presentar un plan de viabilidad introduce una lógica preventiva que puede evitar operaciones opacas e incluso cierres encubiertos. Y participación de la representación de las personas trabajadoras en procesos que afectan directamente a su futuro, porque creemos que es una garantía democrática y un instrumento para anticipar riesgos.

Ahora bien, votar a favor no significa ignorar los riesgos, y es importante expresarlos con honestidad. En este debate se ha presentado la deslocalización como si estuviéramos ante un vacío legal absoluto, pero no es así. La Unión Europea ya condiciona determinadas ayudas al mantenimiento de la actividad y existen experiencias previas en nuestro propio país. Territorios como Vizcaya cuentan desde hace años con mecanismos de reintegro de ayudas en caso de deslocalizaciones, y mencionarlo es útil para entender que esta iniciativa se limita a actuar, además, en el ámbito de los traslados fuera de la Unión Europea. Precisamente por eso también hay que legislar con precisión. Aquí aparecen los riesgos que debemos tener en cuenta. Uno de ellos es la inseguridad jurídica, porque conceptos quizá como la vinculación directa o indirecta entre decisiones laborales y una deslocalización pueden generar interpretaciones dispares y quizá aumentar la litigiosidad si no se define con claridad. Proporcionalidad, porque hay que limitar determinadas medidas laborales cuando se produce un traslado fuera de la Unión Europea, pero exige también un equilibrio riguroso entre la protección de empleo y la libertad de empresa. Impacto en operaciones empresariales legítimas, porque el régimen de responsabilidad subsidiaria solidaria del vendedor puede tener efectos disuasorios: si quien vende sigue respondiendo por decisiones futuras que ya no controla, puede optar por no vender y cerrar, lo que iría en contra del objetivo de mantener la actividad. Coordinación normativa para evitar duplicidades y garantizar una correcta articulación con las competencias ejecutivas de las comunidades autónomas y efectos no deseados. Una regulación excesivamente rígida puede incentivar estrategias de elusión o fragmentaciones empresariales previas a la aplicación de la norma. Proteger el empleo y garantizar la responsabilidad cuando hay recursos públicos en juego es un objetivo legítimo y compartido, pero también la legislación exige equilibrio, seguridad jurídica y coherencia institucional.

Nuestro voto favorable es un voto responsable. Apoyamos el objetivo de la norma, pero exigimos una mejora técnica que permita que esas medidas sean eficaces, proporcionadas y sostenibles en el tiempo.

Gure taldeak lege proposamen honen alde bozkatuko du. Bat gatoz bere funtsezko helburuarekin: enpleguaren babesa indartzea Europar Batasunetik eta Europako Esparru Ekonomikotik kanpo justifikatu gabeko deslokalizazioaren aurrean, eta gardentasuna eta erantzukizuna bermatzea produkzio-unitateen transmisioan. Funts publikoak tartean daudenean eta komunitate osoak produkzio zentro baten mende daudenean, interes orokorrak arau argiak eskatzen baititu.

Eskerrik asko.

Nuestro grupo votará a favor de esta proposición de ley. Lo hacemos porque compartimos su objetivo esencial: reforzar la protección del empleo frente a deslocalizaciones injustificadas fuera de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo, y garantizar también la transparencia y la responsabilidad en la transmisión de unidades productivas. Cuando hay fondos públicos implicados y comunidades enteras que dependen de un centro productivo, el interés general exige reglas claras.

Muchas gracias.

Presidenta andrea, diputatuok, arratsalde on. Afrontamos este debate con una certeza, por desgracia sufrida en carnes propias en nuestro país, en Euskal Herria: no hay proceso de deslocalización que no acarree o lleve a la par dos grandes perdedores, los trabajadores y las trabajadoras de la factoría que se deslocaliza y la sociedad o el lugar donde esta se radica. Realmente creemos que esa es la verdadera inseguridad, ahora que tan de moda está hablar de inseguridad. La verdadera inseguridad para toda sociedad es perder riqueza, perder puestos de trabajo, perder futuro, porque sin industria no hay futuro. Ya sabemos que a nadie le gusta señalar a los responsables en ese debate, como tampoco se hace fácil en otros debates de inseguridad. Quizá sea porque los delincuentes de cuello blanco, tengan la nacionalidad que tengan, se sienten intocables. Nosotros vamos a apoyar esta iniciativa porque creemos que continúa con un debate que ya se tuvo en esta Cámara, el que tiene que ver con los derechos de los trabajadores y las trabajadoras cuando se produce un fenómeno de deslocalización, ya sea parcial o total. Pero conviene recordar que esta necesidad, la de proteger a los trabajadores y las trabajadoras, tiene un carácter casi paliativo, es decir, hay que protegerles ante una realidad que no han deseado y que seguramente nadie desea que se produzca en su realidad vital. Tan importante como esto sería que aquello que aprobamos en esta Cámara en torno a la ley de industria del 2023, que no pudo ser desarrollado por la convocatoria de elecciones, se pueda desarrollar por acción de Gobierno. Nadie le impide al Gobierno desarrollar todo aquello que tiene que ver con la reversión de las ayudas públicas con el dinero de todos y todas que se da a algunas empresas para que se instalen. Probablemente viene muy bien al político de turno decir que es capaz de traer empleo, lo que no dice ―es la letra pequeña, como en los contratos difíciles― es que muchas veces esa empresa viene porque está regada de dinero público, que luego jamás devuelve. Por tanto, junto con la defensa de los trabajadores y las trabajadoras, sería bueno que aquello que se puede llevar a efecto, porque había mayorías y porque hay acuerdos aprobados, como del que estoy hablando, el de la reversión de ayudas, que fue fruto de un acuerdo del Gobierno con Euskal Herria Bildu, se lleve a efecto.

En cualquier caso, con respecto a esta medida quisiera señalar al menos dos elementos que al leer la iniciativa nos parecen interesantes y que he visto que son positivos. No digo que el resto no lo sean, sino que me han llamado más la atención estos. Uno tiene que ver con la capacidad de los trabajadores y las trabajadoras para hacerse cargo del control de la empresa. Sé que a alguna gente le sonará muy bolchevique, le sonará casi al siglo XIX, y a alguno, si ha leído algo más ―esto ya es un poco más difícil―, a la Comuna de París. En realidad, lo que se está planteando es que aquellos que levantan el país, aquellos que levantan la empresa, aquellos que generan riqueza con su trabajo, puedan tener algo que decir de esa empresa de cara al futuro. Eso habría estado muy bien que se hubiera tenido ya instalado para casos como el de Mecaner ―antes Mecánica de la Peña― o casos como el de La Naval, donde había voluntad real de los trabajadores y las trabajadoras para hacerse con el control de la empresa y hubo demasiados cargos públicos que les dijeron lo que no era posible hacer o lo que no era, atendiendo a las sacrosantas leyes del mercado, digno de hacerse.

También hay otro punto que nos ha llamado la atención, el que tiene que ver con la vigilancia que se exige al poder público para que sea más riguroso con aquel dinero que ha dado. Nos parece bien, porque también la historia nos recuerda que hay demasiados casos en los que la Administración se ha dedicado a ser un regante de dinero público y luego ha mirado hacia otro lado: eso no tiene otro nombre que negligencia e irresponsabilidad. Hay miles de ejemplos y, ya que todo el mundo habla de ejemplos, yo citaré también aquí otros dos. Uno es el de la empresa de muebles Xey, en Guipúzcoa, y otro es el de la empresa de papel CEL en Enkarterri ―Las Encartaciones―. En ambos casos, las Administraciones públicas eran accionistas y en ambos casos ―lo señalan juzgados de lo mercantil, tanto de Donostia como de Vizcaya― la Administración pública no hizo sus deberes, porque ni estuvo atenta a la auditoría, ni estuvo atenta a la hora de presentar alegaciones, y, por tanto, pudieron llevarse a efecto esos cierres. Habría que revertir estas malas praxis.

Como decía, creemos que lo que se plantea está bien porque intenta paliar lo que seguramente todo el mundo quiere evitar, pero creemos que es también importante que prestemos más celo a las ayudas públicas. Nosotros planteábamos que aquellos que perciban ayudas públicas para instalarse no puedan trasladar su producción en al menos cinco años desde que lo hacen y que aquellos que abandonen un territorio devuelvan lo cobrado en los diez años anteriores. Nada de eso es imposible y seguramente sería mucho más persuasivo que las grandes palabras que unos y otros podamos verter desde aquí, desde esta tribuna, en defensa de la clase trabajadora o en defensa de la dignidad de nuestros territorios.

Es verdad que la deslocalización es un fenómeno que nace con la globalización económica, pero, sobre todo, se fortalece con la liberalización propiciada por el movimiento libre de capitales ―nunca de personas, sí de capitales, sí del dinero―. Estamos de acuerdo en que hace falta y es necesario que la iniciativa pública se implique, pero probablemente desde una óptica antagónica a la de aquellos que hablan mucho de la colaboración público-privada para no decir que a las empresas privadas, a los amigos, hay que regarles con dinero público cuando les vienen mal dadas. Nosotros creemos que quien da terrenos ―se dan para que se instalen empresas― tiene que velar por que esos terrenos no sean la moneda de cambio para pagar las indemnizaciones a los trabajadores y las trabajadoras, haciendo algo tan sencillo como la conversión de un suelo industrial a un suelo urbano. Y de esto también tenemos ejemplos, por desgracia, en nuestro país, en Euskal Herria.

Creemos que lo más importante es lo que se puede hacer y no se hace, dotarse de un verdadero plan industrial, atendiendo cada realidad para que no haya zonas que se desangran. Yo ahora no puedo no acordarme de una zona en concreto de Euskal Herria que se está desangrando, de la que ha sufrido el cierre de Glavista, de Guardian y de Maderas de Llodio y ahora la amenaza de cierre de Tubos Reunidos.

Hablo de Aiaraldea, de Amurrio y de Laudio. Para que eso no pase hace falta un plan industrial y que esas grandes palabras que oímos cuando se habla de la revolución tecnológica, de la industria 4.0 o de la descarbonización de la industria se conviertan en una inversión proactiva y real para hacer que nuestras industrias sean competitivas.

Señorías, probablemente alguien piense que digo todo esto desde la tranquilidad de vivir en la zona más industrializada del Estado español, y es cierto. Todavía hoy seguimos siendo la zona más industrializada. Tenemos en torno al 23 % del peso en el PIB o en el valor bruto del peso industrial, pero probablemente estamos más arriba que el Estado español porque hemos caído desde mucho más arriba. Nosotros teníamos más del 42 % de tejido industrial y ahora nos tenemos que conformar con intentar salvar el 23 %, tanto en la comunidad autónoma vasca como en la Comunidad Foral de Navarra. Esa es una realidad que se torna amenazante para todos y todas porque probablemente, como decían las paredes hace décadas, cuando los hijos de la reconversión industrial empezábamos a salir a defender los puestos de trabajo de nuestros padres, sin industria no hay futuro, y nosotros y nosotras, las gentes de Euskal Herria Bildu, queremos que Euskal Herria siga siendo un referente en política industrial, siga siendo un referente de la industrialización, no solo un decorado para quienes vienen a visitarnos muy de vez en cuando.

Besterik ez. Mil esker. (Aplausos).

Gràcies, presidenta. Bona tarda, senyories. Avui el Grup Parlamentari SUMAR presenta per a la seva presa en consideració una nova proposició de llei. Ho fa en el context paral·lel de la tramitació d’un projecte de Llei d’Indústria que, com deia la diputada del grup basc, recull part d’aquesta proposició i que, en tot cas, podria ser, al nostre entendre, el marc idoni per tractar-ho. Així que no sabem si aquesta proposició és un pas més davant la incapacitat del Govern de fer avançar aquest projecte de Llei d’Indústria per ser un projecte pendent del debat de la nostra esmena a la totalitat, resultat dels incompliments del PSOE, o si només és un capítol més en la pugna entre els partits del Govern. Nosaltres no entrarem a fer una valoració exhaustiva de la seva proposta, però si els volia dir senyories de SUMAR, que continuen tenint la mirada curta i que la seva dinàmica és sempre la mateixa amb el comodí de la protecció del treballador, fan més rígid el marc normatiu sense pensar massa més enllà. Fraccionar les reformes per limitar la capacitat i l’autonomia empresarial, no pot ser sempre la seva resposta. Els hem dit en altres ocasions. Si s’ha d’abordar la l’acomiadament, abordem-lo. Abordem-lo en una reforma laboral integral que, a més de modernitzar el marc laboral, ens ajudi a treballar millor. A treballar millor, els hi sona? I si es volen restringir les eines bàsiques de reestructuració o modificar les condicions quan hi ha causes justificades, fem-ho, però fem-ho des de la proporció, sense generar inseguretat jurídica, sense espantar els possibles inversors i fem-ho, sobretot en el marc del diàleg social que, al nostre entendre, és la millor manera de no posar en risc els llocs de treball. Perquè apostar pel diàleg social i buscar l’acord entre tots els actors, sense deixar ningú al marge, és també la millor manera de garantir que quan bufi el vent contrari no hi hagi cap excusa perquè es prescindeixi d’una de les parts. Però deixi’m tornar a parlar del context. Ara del context general, aquest en què els presidents Sánchez i Illa s’omplen la boca parlant de normalitat. I la vicepresidenta segona ens diu que compleix els acords, quan sabem que això no passa. N o passa ni una cosa ni l’altra. No hi ha normalitat. El govern Sánchez, amb la complicitat del govern Illa, l’únic que han normalitzat a Catalunya és el caos, l’empobriment i el col·lapse. I tot en un marc de mentides i incompliments que alguns socis toleren només gesticulant, però on no ens hi trobaran a Junts per Catalunya. Els vots de Junts no són ni a canvi de res ni a canvi d’un titular. Senyora Martínez, com ja li he dit, sap perfectament que fa onze mesos que tenim signat un acord per reformar la Llei 14/1994 amb el Ministeri de Treball en mans del seu partit. Un acord que han estat incapaços de materialitzar, tot i que els donava la possibilitat de transposar d’una vegada per totes la directiva de condicions laborals transparents del Parlament i el Consell Europeus. Però vostès han triat continuar incomplint, continuar incomplint amb nosaltres i continuar incomplint amb Europa. Per això, si aquesta presa en consideració avui no prospera, no serà culpa de Junts per Catalunya. Serà culpa de que els grups parlamentaris que sustenten el Govern, els partits de Govern i el mateix Govern encara no han entès res. Serà culpa només dels seus incompliments amb Catalunya. Moltes gràcies.

Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Hoy el Grupo Parlamentario SUMAR presenta para su toma en consideración una nueva proposición de ley. Lo hace en el contexto paralelo de la tramitación de un proyecto de ley, el de industria, que, como decía la diputada del Grupo Vasco, recoge parte de esta proposición y que, en todo caso, podría ser, a nuestro juicio, el marco idóneo para tratarlo. Así que no sabemos si, ante la incapacidad del Gobierno, esta proposición es un paso más para que este proyecto de ley de industria avance ―por cierto, un proyecto que está pendiente del debate de nuestra enmienda a la totalidad, resultado de los incumplimientos del PSOE― o bien si es solo un capítulo más de la pugna entre los partidos del Gobierno. Nosotros no entraremos a hacer una valoración exhaustiva de su propuesta, pero sí quería decirles algo, señorías de SUMAR. Siguen teniendo la mirada miope. Su dinámica siempre es la misma: con el comodín de la protección del trabajador, hacen que el marco normativo sea más rígido, sin pensar mucho más allá. Fraccionar las reformas para limitar la capacidad y la autonomía empresarial no puede ser siempre su respuesta. Se lo hemos dicho en otras ocasiones: si se tiene que abordar el despido, abordémoslo con una reforma laboral integral que, además de modernizar el marco laboral y de trabajo, nos ayude a trabajar mejor; a trabajar mejor, ¿le suena? Si quieren restringir las herramientas básicas de reestructuración o modificar las condiciones cuando hay causas justificadas, hagámoslo, pero desde la proporción, sin generar inseguridad jurídica, sin ahuyentar a los posibles inversores; y hagámoslo, sobre todo, en el marco del diálogo social, que, a nuestro juicio, es la mejor manera de no poner en riesgo los puestos de trabajo. Apostar por el diálogo social y buscar el acuerdo entre todos los agentes, sin dejar a nadie al margen, también es la mejor manera de garantizar que cuando soplen vientos contrarios no haya ninguna excusa para que se prescinda de una de las partes. Pero permítanme volver a hablar del contexto, ahora del general, en el que los presidentes Sánchez e Illa se llenan la boca hablando de normalidad y en el que la vicepresidenta segunda nos dice que cumple los acuerdos, cuando sabemos que eso no ocurre. No pasa ni una cosa ni la otra. No hay normalidad. El Gobierno Sánchez, con la complicidad del Gobierno Illa, lo único que ha normalizado en Cataluña es el caos, el empobrecimiento y el colapso, y todo en un marco de mentiras e incumplimientos que algunos olerán solo gesticulando, pero ahí no nos van a encontrar a los de Junts per Catalunya; los votos de Junts no se dan a cambio de nada ni a cambio de un titular. Señora Martínez, como ya le he dicho, usted sabe perfectamente que hace once meses firmamos un acuerdo para reformar la Ley 14/1994 con el Ministerio de Trabajo, en manos de su partido, un acuerdo que han sido incapaces de materializar, a pesar de que les daba la posibilidad de transponer de una vez por todas la directiva de condiciones laborales transparentes del Consejo y del Parlamento Europeo, pero ustedes han elegido seguir incumpliendo con nosotros y con Europa. Por eso, si esta toma en consideración hoy no prospera, no será por culpa de Junts per Catalunya, será culpa de que los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno, los partidos de Gobierno y el propio Gobierno todavía no han entendido nada. Será culpa de sus incumplimientos con Cataluña. Muchas gracias.

Gràcies, presidenta. Molt bona tarda. Deslocalitzacions. Avui dimarts 24 de febrer, a Valls i a Montblanc hi ha treballadors que comencen una vaga indefinida per salvar la feina amb què es guanyen el pa. I ho fan per una raó perquè estan patint una deslocalització. Tot el nostre suport a ells i a les seves famílies. Deixeu-m’ho dir clar, una deslocalització no és una reestructuració. Una deslocalització és això, marxar amb els beneficis i deixar aquí el desastre. És convertir persones en números i pobles en danys col·laterals. I els responsables tenen nom: International Paper i DS Smith. Per això avui votarem que sí. I els demano que votin que sí a tota aquesta cambra perquè el que passa a Valls i Montblanc és la prova que aquest Congrés, si frena les deslocalitzacions no s’agenolla al poder. Vostès avui escolliran en quin costat estan. El debat avui no és tècnic. És, si em permeten, que la deslocalització sigui un dret del poder o si la prenem com una injustícia. Votarem que sí per tres raons. Primera, perquè és una deslocalització. No és una xifra, és la vida. No és un Excel, no és una reestructuració, és la hipoteca, és la criatura, és la salut mental, és el torn de nit, és el pa a la taula. És la gent que plorava l’altre dia, quan vaig anar a Montblanc i Valls, que plorava perquè, després de trenta anys de feina, se’ls tirava al carrer. Trenta anys de feina se’ls tirava al carrer i havien vist el seu pare, que treballava en aquesta empresa, i avui els seus fills són llençats al carrer en una empresa que, a més, té beneficis. Això és una deslocalització. Quan una planta tanca, no tanca, només una fàbrica, s’afebleix un poble sencer. Al bar, els transportistes, el taller, el comerç, el lloguer, l’escola, vida real.

Segona raó per la qual votarem que sí: perquè això és abús de poder, perversitat. I encara que hi hagi alternatives, té la prohibició, i aquí ve lo fort de la història, és demostrar que aquí mano jo. Aquí mano jo i els demés a callar. Jo us ho dic sense embuts. Això no és llibertat econòmica, com alguns diran. Això no és llibertat econòmica, és poder contra drets.

Tercera: perquè això està passant avui, aquí i ara. Avui dimarts 24 de febrer, els treballadors i treballadores de Valls i Montblanc comencen una vaga indefinida. No per fer-se els valents, sinó per salvar la feina amb la que es guanyen el pa. I avui hi ha un consens rigorós que ningú discuteix de bona fe. Tancar una indústria viable, perquè és viable, destrossa vides i destrossa territori.

El debat obert és com ho impedim. I la meva interpretació, que avui defenso aquí, és que el que tenim al davant és feudalisme modern. Una multinacional decidint qui viu i qui cau. Perquè mirem bé el cas. En aquesta empresa, i és un exemple que val per a totes les altres, hi ha inversors disposats a comprar les plantes i mantenir l’activitat i l’ocupació. Hi ha sortida, hi ha alternatives i l’empresa es nega a vendre-la. Ja no dic els seus treballadors, com deia el meu company, que seria normal, sinó vendre-la. Si la volen vendre i hi ha gent que la vol comprar és perquè és viable, és perquè té beneficis. I què fa International Paper DS-Smith? Bloquegen la venda. Per què? Amb una única raó: no volen competència. Si només fos inevitable, la vendrien. Hi ha beneficis, com deia, però volen més beneficis. Aquesta és la realitat, per molt que l’amaguin en la seva vergonyant propaganda.

Benvinguts al gran espectacle de DS-Smith i de moltes empreses que deslocalitzen. El que anomenen el rentat verd i el rentat social. He entrat a la seua web i he vist els seus tríptics. Son preciosos. Estan plens de paraules com sostenibilitat, cultura comuna, persones, valors. Però senyories, no hi ha sostenibilitat, han desertitzat un territori. No hi ha compromís social amb tirar els treballadors al carrer com si fos un kleenex. No hi ha respecte quan els condemnes i, a sobre, els negues la sortida d’una compra. Això no és responsabilitat social, és blanqueig corporatiu per amagar l’esclavatge dels beneficis a costa de les persones. Però també hi ha responsabilitats polítiques. Hi ha responsabilitats polítiques perquè aquí també s’ha dit alguna cosa que incomoda.

I vull fer una mica de memòria. Esquerra Republicana, i jo mateix, vam portar aquí a aquesta cambra el 26 d’abril del 2016, una proposta exactament igual en forma de proposició no de llei. Va ser aprovada per tota aquesta cambra. Va ser aprovada sense els vots de la dreta catalana i de la dreta espanyola o viceversa. Aquests van votar com sempre en contra. Aquests sí que formen un glop quan han de defensar els interessos del poder, quan són els dels treballadors, això. Vaig portar aquí una proposició no de llei al 2016. Va ser aprovada deu anys després. Deu anys després seguim exactament igual i durant deu anys molta gent ha patit com estem patint avui. Aquesta és una altra realitat que avui diu. I va passar amb el govern del Partit Popular, que va perdre aquí aquesta proposició no de llei i no la va implementar. De fet, a la seva reforma laboral va treure l’autorització administrativa per poder fer-ho. La van treure, els altres no la van recuperar, tot s’ha de dir. I aquí hi ha una petita crítica: haguessin pogut recuperar-la. És impressionant, és molt important recuperar aquesta autoritat administrativa. No és l’únic mecanisme per intentar evitar deslocalitzacions. La llei d’avui és molt millor, però tot dificulta, tot ajuda. I aquí també estava Esquerra Republicana. Deu anys perduts. I quan la política perd deu anys, qui paga no és el BOE. Qui paga són els treballadors. I també ho hem de dir. Quan s’ha de triar entre els drets i la gent, el poder massa sovint, la dreta massa sovint tria el poder i no la gent. Veurem avui què passa. Em sembla que tornarà a passar el mateix.

I demanem als treballadors d’aquestes empreses que tinguin memòria perquè no tothom és igual. I al govern li dic el mateix: no han recuperat la direcció administrativa. Per això avui els hi demano, i acabo, una cosa molt concreta: votin sí, votin sí per la vaga indefinida; votin sí, perquè hi ha alternatives a l’empresa bloquejada; votin sí, perquè no poden normalitzar que una multinacional mani més que la democràcia d’un Congrés; votin sí per empatia, però també per una cosa molt simple: per dignitat institucional d’aquesta cambra.

I acabo, senyories, avui aquest Congrés tria o està al costat d’empreses com International Paper DS-Smith, amb el seu cinisme i perversitat, o està al costat de la gent que treballa i que avui s’ha posat dempeus per guanyar-se el pa. Nosaltres votem sí. I que quedi gravat aquí no hi ha reestructuracions, aquí hi ha un abús de poder. I avui el Congreso pot limitar aquest abús de poder.

Moltes gràcies.

Gracias, presidenta. Muy buenas tardes. La deslocalización. Hoy, 24 de febrero, en Montblanc hay una huelga indefinida para salvar los puestos de trabajo de los que se ganan el pan, y lo hacen por una razón: están sufriendo una deslocalización. Todo nuestro apoyo para ellos y sus familias. (Aplausos). Permítanme que lo diga claro: una deslocalización no es una reestructuración, es irse con los beneficios y dejar aquí el desastre; es convertir a personas en números y a pueblos en daños colaterales. Y los responsables tienen nombre: DS Smith e International Paper. Por eso hoy votaremos que sí, y pido que vote que sí a toda esta Cámara, porque lo que pasa en Valls y Montblanc es la prueba de que en este Congreso se frenan las deslocalizaciones. No sé si van a estar con el poder. ¿De qué lado van a estar? El debate hoy no es técnico, es sobre si se permite que la deslocalización sea un derecho del poder o si la frenamos como una injusticia. Votaremos que sí por tres razones. Primero, porque es una deslocalización, no una cifra; es la vida, no es un éxcel; no es una reestructuración, es la hipoteca, la criatura, la salud mental, el poder dormir por la noche, el pan en la mesa, como conversaba hace unos días en Montblanc, donde conocí a gente que lloraba porque los despedían, los echaban a la calle después de treinta años de trabajo, después de haber empezado con sus padres en una empresa, que tiene beneficios. (Aplausos). Eso es la deslocalización. Cuando una planta cierra, no solo cierra una fábrica, se empobrece todo un pueblo: al bar, los transportistas, el comercio, los alquileres, la escuela. Votaremos que sí porque esto es abuso de poder, perversidad. Hay alternativas, pero lo que hacen es demostrar que aquí mandan y los demás se tienen que callar. Se lo digo sin ambages: eso no es libertad tecnológica, como dirán algunos, no es libertad económica, es poder contra derechos. Tercera razón. Porque está pasando hoy, 24 de febrero, aquí y ahora: los trabajadores de estas zonas, como he dicho, empiezan una huelga indefinida para salvar el puesto de trabajo que les permite ganarse el pan. Se cierra una industria viable y se destrozan vidas y territorios. El debate abierto es cómo se puede impedir esto. La interpretación que yo hago y que defiendo aquí es que lo que tenemos aquí es feudalismo moderno, una multinacional que decide quién vive y quién cae. Miremos bien el caso: en esta empresa ―es un ejemplo que vale para todas las demás― hay inversores dispuestos a comprar las plantas y a mantener la actividad y el empleo. Hay salida, hay alternativas, y la empresa se niega a venderla. Y a esos trabajadores, ¿qué se les puede decir? Si la quieren comprar algunos es porque es viable, porque tiene beneficios. ¿Y qué hacen International Paper y Smith? Bloquean la venta por una sola razón: no quieren competencia. Si fuera inevitable, la venderían. Hay beneficios, pero quieren todavía más, por mucho que lo oculten con su propaganda vergonzosa. Bienvenidos al gran espectáculo de estas empresas y de otras tantas que deslocalizan. Está en la vertiente social ―he entrado en su web―, con palabras preciosas: sostenibilidad, cultura común, personas, valores… Eso dicen, pero, señorías, no hay sostenibilidad si se desertiza un territorio; no hay compromiso social echando a la calle a los trabajadores como si fueran clínex; no hay respeto cuando se condena a la gente a salir de una compra. Eso es blanqueo corporativo para obtener más beneficios a costa de las personas, pero también hay responsabilidades políticas, porque aquí también se ha dicho algo que incomoda. Quiero hacer un poco de memoria. Esquerra Republicana y yo mismo trajimos aquí, a esta misma Cámara, el 26 de abril de 2016, una propuesta exactamente igual, en forma de proposición no de ley. Se aprobó toda esta Cámara; bueno, no sé si lo hicieron la derecha catalana y la española, pues estas votan siempre en contra y siempre se unen cuando van a defender los intereses del poder, pero cuando se trata de los trabajadores… Decía que hicimos una proposición no de ley en aquella fecha, y diez años después seguimos exactamente igual. Durante diez años mucha gente ha sufrido, como están sufriendo ahora ―esta es otra realidad―. Ocurrió con el Gobierno del Partido Popular, que perdió aquí esta proposición no de ley, no la aplicó; de hecho, con su reforma laboral quitaron la autorización administrativa para poder hacerlo. Los otros no la recuperaron, todo sea dicho ―aquí hay un poco de crítica―, y hay que recuperarla. Es muy importante recuperar esa autorización administrativa, aunque no es el único mecanismo para evitar la deslocalización. La ley hoy es mucho mejor, pero todo eso dificulta. Y aquí también estaba Esquerra Republicana. Diez años perdidos y, cuando la política pierde diez años, quien paga no es el BOE, quienes pagan son los trabajadores, también lo tenemos que decir. Cuando hay que elegir entre los derechos de la gente y el poder, demasiado a menudo la derecha en concreto escoge al poder y no a la gente. Veremos qué pasa hoy, aunque me parece que volverá a pasar lo mismo.

Pedimos a los trabajadores de estas empresas que tengan memoria, porque no todo el mundo es igual. Al Gobierno le digo lo mismo: hay que recuperar la autorización administrativa. Por eso hoy les pido algo muy concreto: que voten que sí, a favor de la huelga indefinida, porque hay alternativas a la empresa bloqueada, porque no se puede normalizar que una empresa multinacional mande más que el Congreso y la democracia. Voten que sí por empatía, pero también por algo muy simple, por la dignidad institucional de esta Cámara. Hoy el Congreso elige si está al lado de estas empresas, con su cinismo, o si está al lado de las personas que trabajan para ganarse el pan. Nosotros votaremos que sí. Aquí no hay reestructuraciones, aquí hay un abuso de poder, y el Gobierno puede limitarlo.

Muchas gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, hay iniciativas legislativas que se presentan envueltas de una retórica de protección y justicia social, incluso con bonhomía, como la de la portavoz del grupo proponente, pero son todo lo contrario a esto, como es habitual en la izquierda. Esta es una de ellas. Se nos dice que el objeto es defender a los trabajadores frente a la deslocalización y evitar prácticas empresariales abusivas en un contexto de globalización intensa. La intención declarada ―insisto― puede parecer loable, la cuestión es si los instrumentos elegidos conducen realmente a fortalecer el empleo o si, por el contrario, introducen rigideces que acaban debilitando el tejido productivo que se pretende proteger. La proposición parte de una idea que conviene examinar con serenidad, la de que el fenómeno de la deslocalización responde especialmente a un déficit normativo y que, por tanto, limitando determinadas decisiones empresariales, se preservará el empleo. Sobre esta base se pretende añadir al Estatuto de los Trabajadores una nueva disposición que impida acudir a despidos colectivos, a extinciones objetivas, a modificaciones sustanciales o a inaplicaciones del convenio cuando la empresa decida trasladar su actividad fuera de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, presumiendo el fraude si existe vinculación directa o indirecta con ese traslado. Se sustituye así el análisis caso por caso de causas económicas ―eso sería interesante en razón a lo que ha dicho el señor Jordi Salvador: caso por caso por causas técnicas y económicas u organizativas― por un veto preventivo asociado a la mera localización geográfica. Pero el propio ámbito territorial elegido evidencia una contradicción sustantiva: para un trabajador gallego cuya fábrica cierre el perjuicio será idéntico si la producción se traslada a China o si lo hace a Alemania, a Polonia o a cualquier otro Estado miembro del mercado interior. (Aplausos). Así pues, no sirve esta proposición, no sirve. En ambos casos deberá plantearse si abandona su tierra con su familia o pierde su empleo. Sin embargo, la propuesta acepta como asumible la deslocalización intraeuropea y solo sanciona la extracomunitaria. No se está ante una defensa estricta de la industria española, sino ante una delimitación que responde a un marco supranacional concreto, aunque las consecuencias para nuestras familias trabajadoras sean exactamente las mismas. A ello se añade la previsión de reintegro íntegro de prestaciones y exoneraciones vinculadas a ERTE o mecanismos RED cuando en los cuatro años anteriores la empresa se haya beneficiado de tales medidas. Conviene advertir que los expedientes temporales de regulación pueden obedecer a causas muy diversas y no necesariamente conectadas con una decisión futura de traslado. Establecer un automatismo tan amplio en el tiempo introduce un elemento de desproporción que puede generar ―y generaría― inseguridad y penalizar situaciones empresariales que en su origen fueron legítimas y ajenas a cualquier intención de vaciamiento. La segunda disposición propuesta incide en la transmisión de empresas o unidades productivas de cincuenta o más trabajadores, imponiendo la presentación obligatoria de un plan de viabilidad ante la autoridad laboral, un periodo de consulta reforzado y la revelación de toda información disponible sobre la operación, incluido el precio y las condiciones comerciales o financieras. Se configura así un modelo de intervención intensa en decisiones privadas que afecta a la propiedad y a la libre contratación entre particulares. No se trata de garantizar información laboral, sino de someter la operación mercantil a una exposición que puede frustrar acuerdos legítimos y disuadir a compradores solventes. La introducción de un derecho preferente de adquisición por parte de la plantilla y la previsión de responsabilidades subsidiarias o incluso solidarias tras la transmisión completan un esquema que, lejos de facilitar reestructuraciones ordenadas, puede dificultarlas. (Aplausos). Cuando se imponen cargas adicionales a quien valora invertir o adquirir una unidad productiva, el resultado no siempre es la continuidad del empleo; en ocasiones, es la retirada de la oferta y, con ello, la liquidación definitiva de la sociedad. Existe además un principio económico elemental que rara vez se menciona: a mayores barreras de salida, mayores barreras de entrada. Si el marco normativo convierte en extraordinariamente complejo reorganizar o transmitir una empresa, el inversor incorporará ese riesgo desde el inicio y ponderará con mayor cautela su decisión de implantarse o ampliar actividad en nuestro país. La protección del empleo existente no puede diseñarse al margen de la necesidad de generar empleo futuro.

Nada de lo anterior implica desconocer que el Estado debe actuar contundentemente —i‌nsisto, contundentemente— frente al fraude o frente al uso oportunista de ayudas públicas. (Aplausos). Cuando existan compromisos de permanencia claramente definidos, su incumplimiento debe tener consecuencias proporcionadas y eficaces, pero perseguir el abuso no equivale a convertir el derecho laboral en un sistema general de prohibiciones preventivas ni a difuminar los límites entre tutela laboral y control administrativo de la empresa. La verdadera fortaleza industrial no se construye exclusivamente a través de vetos y obligaciones adicionales, sino creando un entorno en el que producir en España resulte competitivo, estable y previsible, y esto en España ahora no sucede. Si no abordamos los factores estructurales que encarecen la actividad productiva y limitan su desarrollo, estaremos regulando las consecuencias sin afrontar las causas.

En ese equilibrio entre protección legítima y libertad económica responsable —‌sí, libertad de empresa— es donde debe situarse cualquier reforma seria. Fuera de ese equilibrio, el riesgo es que la norma, aun presentada como defensa del trabajador, termine erosionando las condiciones que hacen posible el empleo sostenible en el tiempo y, por ende, en perjuicio del propio trabajador.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Gracias, presidenta. Señorías, en el Grupo Socialista valoramos favorablemente esta propuesta del Grupo SUMAR por su clara alineación con el Proyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica presentado por el Gobierno y actualmente en fase de tramitación parlamentaria. Además, esta iniciativa abunda en lo ya recogido en la proposición no de ley presentada conjuntamente por el Grupo Socialista y el Grupo SUMAR, aprobada el pasado mes de mayo en la Comisión de Industria y Turismo de esta Cámara. Señorías, la reestructuración empresarial y la búsqueda de internacionalización y nuevos mercados son procesos deseables, pero sus efectos sobre el tejido productivo y el empleo no siempre lo son. Por eso se necesitan mecanismos que mitiguen los efectos adversos que perjudican gravemente a nuestros territorios. El Gobierno de España contempla entre sus objetivos de política económica el desarrollo de una estrategia industrial orientada al fortalecimiento del sector. Así lo acredita el despliegue de los PERTE como herramienta para canalizar recursos y promover inversiones con gran capacidad de arrastre sobre la economía y la competitividad. También lo demuestra el peso de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia destinados a la palanca de modernización del tejido industrial, que asciende al 22,8 % del total de las convocatorias resueltas. Todo ello cristaliza en la futura Ley de Industria y Autonomía Estratégica, una norma que va mucho más allá de la propuesta que hoy debatimos, ya que no solo pretende paliar los efectos de la deslocalización, sino que también busca mantener y proteger la actividad ya existente y atraer nuevos proyectos, favoreciendo así el empleo y la cohesión social y territorial. (Aplausos). El objetivo no debe limitarse a evitar que las empresas se marchen, sino a conseguir que se instalen más, que generen empleo y que contribuyan a fijar población. Y esto es especialmente importante y relevante en territorios como el que yo mejor conozco, Castilla y León, que lleva décadas perdiendo habitantes. En los treinta y nueve años de Gobiernos del Partido Popular en nuestra comunidad hemos visto cómo el desinterés y la falta de gestión han provocado la salida de empresas y el descenso continuado de la población. Señorías, permítanme recordar un ejemplo de deslocalización fuera de la Unión Europea que afectó gravemente a Castilla y León: el de la multinacional danesa de aerogeneradores Vestas, situada en Villadangos del Páramo, en León, que cerró su planta y trasladó su producción en 2018, lo que llevó a la pérdida de casi cuatrocientos empleos directos. Pero es que la huida de empresas de Castilla y León no se limita solo a la deslocalización hacia fuera de la Unión Europea. Son conocidos los casos de empresas emblemáticas, como Fontaneda, en Aguilar de Campoo, Palencia, o Lauki, Dulciora o Renault Comercial, en Valladolid, que se han trasladado incluso a otras comunidades autónomas por la falta de incentivos de nuestro indolente Gobierno regional. Y la deslocalización es solo una parte del problema. También hemos visto cómo grandes oportunidades industriales han quedado en el aire por falta de impulso político.

Pero los ciudadanos no debemos resignarnos ni sentirnos condenados a aceptar como inevitable la pérdida de oportunidades, porque cuando existe compromiso con el territorio, hay instrumentos para atraer actividad económica, para diversificar el tejido productivo y para generar empleo de calidad. Y existen claros ejemplos que lo atestiguan, como el de los ocho años de Gobierno municipal de Óscar Puente, que impulsó la llegada a Valladolid de compañías tecnológicas, logísticas e industriales y facilitó la implantación o ampliación de empresas consolidadas, como Amazon, que inauguró en noviembre de 2021 su estación logística, o Santander Consumer Finance, así como distintas promotoras vinculadas al desarrollo urbano. Pero es que además el ayuntamiento de Puente trabajó en grandes proyectos estratégicos vinculados a la nueva movilidad, como InoBat, empresa eslovaca que proyectó en Valladolid una gigafactoría de baterías que contó con ayudas estatales de más de 50 millones de euros para garantizar su viabilidad y para situar a Castilla y León en el mapa europeo de la industria del vehículo eléctrico. (Aplausos). Del mismo modo, Switch Mobility, fabricante indio de autobuses eléctricos, anunció en 2021 su intención de instalar una planta en Valladolid, vinculando a nuestra tierra con la transformación del transporte público hacia modelos sostenibles. Y todos estos proyectos no son menores, son enormes oportunidades de reindustrialización, de empleo cualificado y de fijación de población.

Sin embargo, desde que el Partido Popular volvió a gobernar en el Ayuntamiento y con el señor Mañueco al frente de la Junta, estos proyectos estratégicos no han avanzado al ritmo que necesitaban. Esa es la diferencia entre impulsar y bloquear, entre gestionar y dejar pasar. (Aplausos). Señorías, debemos ser claros: las medidas paliativas no bastan si los Gobiernos autonómicos del Partido Popular no asumen su responsabilidad para retener y atraer inversiones, porque se compite con inversión, apoyando a nuestras empresas en su internacionalización, en la incorporación de nuevas tecnologías y en la formación. Y también con salarios dignos. De ahí la importancia del incremento del salario mínimo interprofesional, porque los salarios dignos atraen talento, mejoran la productividad y refuerzan el crecimiento económico. Pero cuando no existe compromiso político, las oportunidades se enfrían.

Voy terminando, presidenta, esta proposición de ley viene a paliar en el ámbito laboral los efectos devastadores de una deslocalización que afecta gravemente a las condiciones de vida de toda la población vinculada a esa actividad. Por eso el Grupo Socialista votará a favor de su toma en consideración, porque coincide con la dirección marcada por el Gobierno de España y porque es coherente con una estrategia industrial que ya está recogida en la futura Ley de Industria y Autonomía Estratégica.

Muchas gracias. (Aplausos).

Señorías de SUMAR, hoy nos traen esta proposición de ley con el pretexto de proteger los derechos de los trabajadores, cuando en realidad lo que buscan es seguir criminalizando y perjudicando a las empresas de nuestro país, que son el principal motor de desarrollo económico y generadoras de empleo y de riqueza. (Aplausos). No utilicen a los trabajadores como coartada. No lo hagan. (El señor Lago Peñas hace signos negativos). Tienen que estar muy desesperados para traer una iniciativa de estas características, desproporcionada, que implica injerencia en las potestades de autorganización de las empresas, control del ámbito de sus relaciones comerciales y mercantiles, penalizaciones injustificadas, presunciones generalizadas de fraude y más obligaciones y cargas burocráticas en su funcionamiento. En resumen: un intento burdo de someter y controlar la libertad de empresa (aplausos), libertad de empresa que está consagrada en el artículo 38 de la Constitución española.

Su grupo parlamentario va encajando una derrota política tras otra y su proyecto político se desintegra, ya ha perdido trece partidos por el camino. Y el liderazgo de la izquierda progresista, ¿dónde se ha quedado? (El señor Lago Peñas pronuncia palabras que no se perciben). Yolanda Díaz: un gran espejismo. Su ministra ha roto el consenso propio del diálogo social y lo ha convertido en un instrumento de comunicación política al servicio de sus titulares electoralistas (el señor Lago Peñas junta y separa repetidamente los dedos de la mano imitando el movimiento de una boca que se abre y se cierra sin parar); anuncios vacíos, porque el Gobierno está paralizado, sin presupuestos, sin mayoría parlamentaria que pueda legislar. Por eso se ven obligados a dictar reglamentos intervencionistas, al estilo de las viejas ordenanzas laborales franquistas. (Risas del señor Lago Peñas.―El señor De Olano Vela: ¡Muy bien!―Aplausos). ¡Vaya nivel de actividad legislativa! Esta reforma normativa requeriría de un acuerdo, dentro del diálogo social, entre los representantes de los trabajadores y de los empresarios, pero ―como ya nos tienen acostumbrados― su propuesta carece de él. Además, quieren crear un conflicto estéril donde no lo hay. Lo que tienen que hacer es dejar trabajar a las empresas y crear las condiciones para mejorar los derechos de los trabajadores.

Están muy preocupados con los fondos públicos —‌ya he oído a varios grupos—, pero cuando roban Koldo, Ábalos o Cerdán, no les preocupan. (La señora Martínez Barbero pronuncia palabras que no se perciben). No les preocupa nada. (Aplausos). Miren, su silencio ante la corrupción económica de este Gobierno y ante la degradación moral los hace cómplices. (El señor Lago Peñas: Yo me voy). Depredadores sexuales en sus filas, altos cargos nombrados por ministros, presuntos violadores… ¡Menuda defensa de los derechos de la mujer!, ¡menudo fraude de la izquierda progresista, que ya no engaña a nadie en este país! (La señora Martínez Barbero: ¡A mí me va a decir lo que es feminismo!).

Las políticas laborales rígidas impuestas por su Gobierno, con continuas subidas de cotizaciones e impuestos, costes laborales, medidas improvisadas y ocurrencias múltiples que aumentan las cargas burocráticas, están deteriorando gravemente el mercado laboral. Generan incertidumbre e inseguridad jurídica, ahuyentan inversiones, provocan huidas de empresas y destruyen puestos de trabajo. El Gobierno que presume de modernizar la economía española ha destruido tejido productivo. Más de 67 000 empresas desaparecidas desde el año 2018. Las empresas pierden productividad y competitividad. Ha descendido la productividad por empleado un 1,9 %, frente a la subida media del 1,2 % de la Unión Europea. Se han perdido miles de empleos en sectores como la agricultura, la industria o el comercio. Y vosotros miráis para otro lado. (La señora Martínez Barbero: ¿Nosotros?).

En la última adenda de ejecución de fondos europeos, de diciembre de 2025, el Gobierno ha renunciado a aprobar los principales hitos legislativos, entre ellos la ley de industria. Es un Gobierno incompetente, incapaz de gestionar los fondos europeos. Ha renunciado a 60 000 millones de euros para transformar y modernizar la economía española por su incapacidad para gestionarlo. (Un señor diputado: ¡Muy bien!). Como esta ley se ha esfumado y ya no tienen percha donde colgar esta reforma, ahora tienen que venir aquí al Congreso y traerla por separado, descontextualizada y sin rigor técnico.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó recientemente a las empresas de nuestro país como trituradoras de salarios y las responsabiliza de la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. ¡Pero qué desfachatez, qué colmo de cinismo! El Gobierno con mayor voracidad fiscal de la historia de la democracia, que tiene asfixiadas a las empresas, a las familias y a los trabajadores, que les quita la mayor parte de las subidas salariales a través de los impuestos ―subidos más de 97 veces― y obliga a tributar a las rentas más bajas. El Gobierno que ha batido récord histórico en recaudación y con el que peor funcionan los servicios públicos. ¿Dónde está el dinero de los ciudadanos? ¿Dónde están los fondos públicos? (Aplausos). España no funciona con este Gobierno.

La situación del mercado laboral no es más halagüeña: es muy preocupante, está muy alejada del triunfalismo oficial del que alardean. Líderes en desempleo en la Unión Europea en los últimos cuarenta meses, parcialidad no deseada, aumento del pluriempleo forzoso, la tasa de rotación laboral más alta de la Unión Europea y las cifras de absentismo laboral disparadas, más de un millón de trabajadores cada día no acude a su puesto de trabajo. Y ustedes miran para otro lado. La holgura laboral, enorme: 2,7 millones de trabajadores desanimados que abandonan las listas del paro y que están subempleados. La precariedad laboral, real, que no se puede tapar con maquillaje: solo dos de cada diez contratos son indefinidos o a jornada completa. Tenemos un empleo que ya no garantiza vivir de él. La pobreza laboral: dos millones y medio de personas tienen trabajo, pero están trabajando en un empleo precario, que no les garantiza un medio de vida. Tenemos la más alta volatilidad en el empleo de los últimos años: cada afiliado necesita una media de treinta contratos al año para generar una afiliación. Y los registros del paro ocultan a los fijos discontinuos inactivos: en el mes de enero, más de 900 000.

Con este panorama, el Ministerio de Trabajo debe abandonar su intervencionismo y sus medidas propagandísticas y centrarse en resolver los problemas que realmente afectan a la calidad de vida de los trabajadores. La regulación que plantean está alejada de la realidad y de la lógica del funcionamiento de las empresas. No se puede imponer por ley la perpetuación de las relaciones laborales sin posibilidad de modificación ni extinción ni para las empresas ni para los trabajadores. Las fugas de empresas derivan de las políticas erráticas de su Gobierno. No atacan el origen del problema, siguen regulando de forma rígida, con restricciones, ahuyentando potenciales inversiones y también potencial creación de puestos de trabajo. Intentan poner puertas y límites a una realidad económica globalizada, algo que solo denota un sesgo proteccionista trasnochado. Hay que adoptar medidas que permitan aumentar la productividad y competitividad de las empresas. Cuando un Estado pone trabas a la libertad de circulación y de establecimiento, el resultado final es contraproducente para el empleo.

Mire, su intento de estigmatizar a las empresas citadas en la exposición de motivos no va a eliminar los cientos de miles de puestos de trabajo que han creado en España ni las mejoras de las condiciones laborales de los trabajadores. En España, en nuestro país, se necesitan más Zara, más H&M, muchas más empresas con prestigio y más autónomos. Y, por supuesto, menos SUMAR. (El señor De Olano Vela: ¡Muy bien!―Aplausos.―Un señor diputado: ¡Bravo!).