Cristina Valido García
Coalición CanariaDiputada.Página 55Vídeo
Buenas tardes, de nuevo, presidenta. Señorías, hoy defiendo esta moción que es consecuencia de la interpelación que hice la pasada semana al ministro de Economía, don Carlos Cuerpo, para hablar de la aplicación del régimen económico y fiscal y de la aplicación del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Estamos hablando de dos normas de rango legal ―nuestro régimen económico y fiscal incluido en la Constitución― que fueron concebidas para proporcionar la cohesión social y para garantizar la igualdad de oportunidades con los territorios del continente. Desde hace siglos entendió la Corona de España ―en aquel momento, Corona de Castilla― que era absolutamente necesario un tratamiento diferenciado para que las islas se pudieran desarrollar, para que se pudiera fijar población. Repito, un tratamiento diferenciado. Después de aquello, en 1852, llegó la Ley de Puertos Francos, con Bravo Murillo. Después, el Régimen Económico y Fiscal. Y, por último, la Unión Europea. Pero todas estas medidas ―insisto, de rango legal, de obligado cumplimiento―, pensadas para superar los problemas estructurales de un archipiélago que está muy lejos y que además tiene problemas de doble insularidad, no se cumplen exactamente. Tanto es así que esta reclamación que yo hacía es una reclamación histórica que pueden ver en muchas actas del Parlamento canario con Gobiernos de todos los signos: con Gobiernos de Coalición Canaria con el Partido Popular, con Gobiernos de Coalición Canaria con el Partido Socialista y con Gobiernos del Partido Socialista sin Coalición Canaria. Ha sido una reclamación permanente porque el incumplimiento supone que vivir en Canarias sea mucho más caro, que desarrollar negocios en Canarias sea mucho más caro y que las oportunidades para la generación de empleo y para la calidad de vida sean mucho más difíciles. Lo que pedimos hoy aquí ―tal como expliqué al ministro la pasada semana― son dos asuntos muy importantes, pero muy sencillos. Hoy no planteamos en los puntos de acuerdo ninguna solicitud que sea complicada de entender ni de cumplir; pedimos una mesa de trabajo entre el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Economía para hacer una revisión, porque a veces ya no hablamos de incumplimiento, sino de cumplimiento deficitario o de trasposición de normas mal aplicadas a un territorio que es diferente. Esto también perjudica a la economía de las islas porque perjudica a los bolsillos de los canarios y las canarias que tienen que pagar todo mucho más caro. Por otro lado, el otro punto que planteamos es la petición de buscar una forma legal de compartir datos tributarios y fiscales, datos que nos permitan evaluar si las medidas que existen hoy son las adecuadas, si están surtiendo su efecto o si no lo están haciendo. Hacer una evaluación rigurosa requiere de datos, datos que solo tiene el Estado español y que el Gobierno canario no puede compartir. Esto no pasa en el caso del País Vasco, donde sí pueden compartir los datos, a diferencia de otros territorios. Esa soberanía del dato, señorías, es muy importante porque es la única manera en la que un territorio puede evaluar el efecto de sus medidas, conocer si están siendo realmente beneficiosas o si están causando perjuicio. Esto que podría parecer poco relevante ―algo de lo que solemos hablar poco― es fundamental, se trata de compartir la información, de tener derecho a conocer los datos que tienen que ver con nuestros territorios, con nuestra fiscalidad, con nuestra tributación. Como ven, son dos puntos de acuerdo que no deben generar mayor conflicto ni mayor discrepancia y que nos parece que no son solo justos, sino que además sirven para que podamos hacer las cosas mejor. Lo que estamos pidiendo es evaluar rigurosamente, con los datos necesarios, si las medidas de las que nos hemos dotado en los últimos años realmente están teniendo el efecto en la población que perseguían. Eso es lo que les pido hoy, que apoyen esta moción y que consigamos hacer ese trabajo riguroso para la mejora de un territorio y de la gente que lo habita, un territorio ultraperiférico con unas circunstancias muy diferentes a las de cualquier otro territorio de la Península y de todo el continente. De hecho, no somos la única región ultraperiférica europea que tiene tratados diferentes y consideración singular.
Se han presentado dos enmiendas: una por parte del Grupo Socialista, otra por parte del Grupo Popular. En cuanto a la del Grupo Socialista, imagino que ahora quien la va a defender ―la compañera diputada Alicia Álvarez― lo hará diciendo que esto ya se hace y que no hace falta. Nosotros no lo compartimos, esa fórmula de enmiendas a las propuestas ―a las nuestras y a otras― haciendo alusión a las fórmulas continuar haciendo…, impulsar las medidas…, avanzar… no nos sirve. Queremos una mesa de trabajo rigurosa con datos e información. Por otro lado, quiero recordar que, aunque parezca que se está haciendo ―en otros momentos, siendo el Partido Socialista miembro del Gobierno en solitario y también gobernando con Coalición Canaria―, hemos reclamado siempre una mejora, una evaluación y un seguimiento del Régimen Económico y Fiscal y de nuestra consideración de región ultraperiférica.
En la segunda enmienda, el Grupo Popular ha aportado alguna expresión, algunas palabras a nuestro texto original, que es básicamente el texto que continúa. Las hemos aceptado porque el texto es el mismo, el objetivo es el mismo, solo se han añadido una expresión y dos palabras y creemos que podemos aceptar esas palabras que refuerzan. Por lo tanto, hablamos ahora de un texto transaccional que, insisto, es fundamentalmente nuestro texto con algún término de refuerzo.
Espero contar con el apoyo de ustedes. Como ven, no pedimos dinero, no pedimos competencias, no pedimos amnistía, no pedimos financiación singular; pedimos una mesa de trabajo y compartir los datos que nos afectan. Yo creo que es justo y espero contar con su apoyo.