Proposición no de Ley sobre una nueva regulación para los créditos rápidos en defensa del consumidor.

Gracias, presidente. Hoy volvemos a hablar de multirreincidencia, pero no de la misma que debatimos la semana pasada. Si entonces la mayoría de esta Cámara aprobó la conocida como ley robamóviles, una ley con sesgo clasista que endurece el Código Penal, hoy les presento una proposición no de ley que aborda a otros multirreincidentes. Hablo de los chiringuitos financieros alegales y de las entidades bancarias con sus tarjetas revolving. Basta de que sean siempre los ciudadanos quienes sufran, personas que pueden perder su casa o pagar de más, obligadas a un interminable vía crucis de reclamaciones y juicios. Todo ese sufrimiento es innecesario. Las correcciones podrían ser automáticas, solo falta la voluntad de ponernos de acuerdo. Simplemente queremos poner coto a la desregulación, tal y como nos pide Europa, y acelerar un anteproyecto de ley que regule los créditos al consumo. Los multirreincidentes de nuestra PNL son los que se llevan el botín con un clic en el móvil o detrás de una ventanilla. Las víctimas son las familias trabajadoras, a las que el mes se les hace largo, eterno, incluso en febrero, que tiene veintiocho días. En España, vivimos dos realidades paralelas. En la cara A, los datos macroeconómicos nos certifican que estamos en uno de los mejores momentos de la historia, con una deuda privada de las familias de 700 000 millones de euros, un 43 % del PIB, la más baja de los últimos veinticinco años. Pero en la cara B la música no suena tan melódica, hace daño a los oídos y al bolsillo. Hablo de los créditos al consumo, que se han disparado en los últimos meses, alcanzando los 4000 millones mensuales de un total de 116 000 millones. Es la deuda de supervivencia. Por eso permítanme que les hable con claridad. No hay nada que esconder, porque el problema no es la persona; el problema es un sistema que se aprovecha de ese momento de necesidad. Y eso es importante que lo entendamos hoy. Esto no va de responsabilidad individual, esto va de vulnerabilidad aprovechada como modelo de negocio. Pero por eso estamos aquí, porque, mientras los beneficios empresariales se disparan al 13 %, los salarios de los trabajadores de la empresa privada retroceden. Allí donde la fuerza sindical es menor, la pérdida es de 4 puntos respecto a los salarios de 2020. Salarios con subidas por debajo del IPC, estímulos constantes al consumo y un precio de la vivienda desorbitado. Esa es la combinación que daña principalmente a los trabajadores con salarios medios, unos once millones de españoles. Las familias que pagan un alquiler o una hipoteca tienen enormes dificultades para afrontar otros gastos y, cuando lo intentan, muchas entran en una espiral perversa que las lleva a la ruina económica y emocional. La ruleta empieza a girar con el origen de nuestro principal problema como país, la vivienda, al convertir un derecho consagrado en el artículo 47 de la Constitución en un bien especulativo. Las familias hacen un esfuerzo titánico destinando el 40 % o más de su economía solo para tener un techo. De ahí se pasa al coche, para moverse donde el transporte público no llega, y se tira de un crédito al consumo con un interés medio del 6,63 %. Después, llegan las vacaciones, la vuelta al cole, la matrícula del máster, los regalos de Navidad o el móvil. Y aquí es cuando entran las revolving, las del súper, las de la gasolinera, las de los grandes almacenes o las que te envía el banco sin que las pidas. Estas tarjetas se han aprovechado de una sentencia del Tribunal Supremo ―¡qué raro!― de 2023, que fijó hasta en 6 puntos porcentuales el diferencial para calificar de usurario un crédito revolving, lo que ha permitido elevar los tipos. Según su fin, el tipo de interés medio de estas tarjetas es del 23,34 %, muy por encima del 8,68 % de las tarjetas de la zona euro. Favorecidas por el Supremo, las entidades pueden eludir la ley de represión de la usura, la ley Azcárate de 1908, que, por cierto, podríamos modificar en este Congreso.

Sigamos con la espiral. El final del endeudamiento llega con un imprevisto: el cierre de la empresa, el divorcio o algo tan corriente como la factura del dentista o la reparación del coche. Ahí aparecen los chiringuitos financieros, que se anuncian hasta en el metro, con una publicidad directa que atrapa a las personas en apuros. La trampa está servida: un préstamo de 300 euros a treinta días puede tener una TAE del 3400 %. De ahí al impago o a una escalada de créditos para tapar agujeros solo hay un paso, que lleva a las familias a la desesperación y a la pérdida de todo. Y ¿qué hay detrás de esos chiringuitos? Nada, la alegalidad. En Consumo Baleares hicimos una campaña de inspección; resultado: cero. Cero. No había por dónde cogerlos: no estaban registrados; no tenían local físico, estaban en otro país o cambiaban constantemente de ubicación digital; no hay relación de consumo. Es pura estafa. Pero ante nosotros tenemos otro elefante en la habitación al que no queremos ver: la mala praxis de la banca y la escasa regulación por parte del regulador, el Banco de España.

Las familias afectadas piden algo tan sencillo como que se tomen en consideración los abusos que durante años han padecido: las hipotecas IRPH, las crecientes, las REDAL y, ahora, las cláusulas de anticipación. ¿Qué es la anticipación? En 1993, el Banco de España ya advirtió de que algunas fórmulas de crédito cobraban intereses de más. En 2024 volvió a señalarlo, al menos cinco veces; sin embargo ―¡qué cosa más extraña!―, a finales de 2025 el regulador cambió de criterio. ¿Tanto cambio de opinión en un tema financiero? ¿Por qué entidades como el BBVA y Santander aplican condiciones más justas en el extranjero que en España, señores patriotas? Allí, se corrige la anticipación; aquí, parece que la banca tiene licencia para abusar. De nuevo, el Banco de España se coloca del lado contrario al de las familias hipotecadas. Tenemos una oportunidad de corregir entre todos estas injusticias que afectan a los españoles y a las españolas, sean de donde sean y voten a quien voten. Hoy sus señorías votarán de un lado o de otro. Simplemente, confío, espero y deseo que voten del lado de sus votantes.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, señor presidente. Señorías, debatimos una proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario SUMAR, sobre los créditos rápidos, y debemos comenzar diciendo algo con claridad: esta iniciativa no es un compromiso político, es un titular de prensa. Porque, señorías de SUMAR, ustedes no están en la oposición, ustedes están en el Gobierno y, cuando se gobierna, no se presentan proposiciones no de ley para instarse a uno mismo; cuando se gobierna, se traen proyectos de ley, se asumen responsabilidades. Y, señorías, aquí está el primer problema de esta PNL, una PNL que llega cuando ya existe un anteproyecto de ley, presentado el pasado 7 de enero. Es decir, el instrumento legislativo adecuado ya existe y está en manos del Gobierno. Sin embargo, SUMAR decide traer a esta Cámara una iniciativa sin efectos jurídicos, sin fuerza normativa y sin consecuencias reales. Si les preocupa el tema de verdad, ¿por qué no traen el texto legal? ¿Por qué no aceleran su tramitación? ¿Por qué no permiten a esta Cámara legislar de verdad? Se menciona la Directiva 2023/2225, aprobada en octubre de 2023 por la Unión Europea. Les recuerdo que el plazo para adaptarla a la normativa nacional venció el pasado 20 de noviembre. Y les recuerdo que este Gobierno, su Gobierno, es el que acumula un mayor retraso en la trasposición de normativas europeas, con 101 directivas pendientes de incorporación, de las cuales cincuenta han superado ya su fecha límite. Es una realidad que demuestra que tenemos un Gobierno paralizado en su actividad legislativa. (Aplausos). El segundo problema es la falta absoluta de rigor. Esta PNL habla de abusos, habla de usura, habla de prácticas inaceptables, pero no aporta ni un solo dato económico relevante. No se cuantifica el tamaño del mercado de los créditos rápidos en España; no se valora cuántos ciudadanos recurren a estos productos y por qué; no hay memoria económica; no hay análisis de impacto; no hay un estudio serio. Señorías, cuando se legisla sin datos se legisla mal, pero, cuando se propone sin datos, se hace populismo. En tercer lugar, hablamos de una falta de alternativas. Plantean prohibir, limitar, supervisar, pero ¿qué alternativa plantean para quienes hoy recurren a estos créditos por necesidad? ¿Qué les proponen a los trabajadores con ingresos irregulares, a los jóvenes sin historial crediticio, a las familias con dificultades de liquidez? La respuesta es clara: nada. (Aplausos). No se plantea ninguna medida para que las entidades concedan créditos a perfiles de mayor riesgo sin cobrar costes abusivos.

En cuarto lugar, resulta especialmente llamativo que, hablando de vulnerabilidad, no hayan mencionado la relación entre estos créditos y la pobreza. Los créditos rápidos no surgen por casualidad, surgen donde hay precariedad, bajos ingresos y ausencia de ahorro. Les recuerdo que en España 12,6 millones de personas se encuentran en riesgo de pobreza y/o exclusión social ―un 25,7 % de la población―; que el 63,9 % de las personas que viven en alquiler tienen dificultades para llegar a fin de mes; y que cuatro de cada diez personas en nuestro país que viven de alquiler a precios de mercado se encuentran en riesgo de pobreza y/o exclusión social. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).

Señorías, esta iniciativa tiene un diagnóstico parcial, una forma inadecuada y un contenido incompleto. Por ello, el Grupo Parlamentario VOX ha planteado una enmienda con cinco puntos. Primero, analizar con rigor las causas económicas y sociales que llevan a acudir a este tipo de financiación. Segundo, proteger de manera efectiva a las familias españolas que han sufrido y están sufriendo las consecuencias de las malas prácticas de estos créditos. Tercero, realizar un informe detallado sobre el número de afectados, sanciones, reclamaciones y medidas adoptadas. Cuarto, impulsar mecanismos eficaces de detección, inspección y sanción de préstamos usurarios. Quinto, llevar a cabo una rebaja y simplificación drástica del IRPF para que todos los españoles dispongan de una mayor liquidez y puedan reducir su endeudamiento.

Señorías, legislar bien exige diligencia, rigor, competencia, coherencia y responsabilidad. Si ustedes no son capaces de hacerlo, la única solución es que ustedes se vayan.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. La PNL presentada por SUMAR pretende el impulso de una nueva regulación para los créditos rápidos en defensa del consumidor. En esta línea, es preciso destacar que recientemente ha sido publicado, como se ha dicho aquí en audiencia pública, el borrador del Anteproyecto de Ley de Contratos de Crédito al Consumo y su real decreto de desarrollo, que traspone la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de octubre de 2023, relativa a los contratos de crédito al consumo, derogando la vieja directiva de 2008. Esto quiere decir, señorías, que en breve plazo de tiempo esta Cámara ―más allá de la PNL, señorías de VOX― se habrá de pronunciar al respecto. Van a tener que pronunciarse de nuevo, sus señorías de VOX y del Grupo Popular, sobre de qué lado quieren estar, es decir, si quieren estar del lado del más fuerte, del usurero, del dinero, o, por el contrario, quieren estar del lado de las personas, de los vulnerables, de los que madrugan por las mañanas. (Aplausos). Van a tener que ponerse en evidencia y demostrar a quiénes representan: si a los trabajadores y trabajadoras y a los pequeños autónomos de este país o a los rentistas y a los que no tienen más oficio que especular con el dinero para hacer más dinero. En definitiva, señorías de VOX y del Grupo Popular, si se van a poner del lado del sheriff de Nottingham o de Robin Hood. Esto se lo digo porque cada vez que han tenido que posicionarse lo han hecho siempre del lado del más fuerte. Lo hacen cada vez que subimos el salario mínimo, en contra de dos millones y medio de trabajadores y trabajadoras de este país y del efecto positivo que tiene la negociación colectiva en la subida del salario mínimo. El 66 % de subida desde 2018 ―¡casi nada!―, y siempre con su voto y sin su apoyo. (Aplausos). Lo hacen ―esto de ponerse siempre del lado del más fuerte― cada vez que queremos revalorizar las pensiones en este país. Y lo hacen, señorías de VOX y del Grupo Popular, en contra de más de diez millones de españoles y españolas que quieren una pensión digna. Lo hacen también en contra de 1,7 millones de hogares beneficiarios del bono social eléctrico, y lo hacen siempre a favor de los poderosos y, en este caso, de las grandes operadoras. Recientemente, señorías, lo han vuelto a hacer en esta Cámara en contra de los bomberos forestales y de los agentes medioambientales, en contra de quienes lucharon contra los incendios este verano. Incluso lo han hecho en contra de los municipios, en contra de los 8312 municipios de este país. Y hasta lo han hecho en contra de los afectados por los desastres climáticos. Cuando voten esta PNL, acuérdense de mí. Acuérdense de si quieren ser una vez más los siervos del poder o quieren estar con la inmensa mayoría, como hacemos nosotros. (Aplausos). En la intervención del rey esta mañana, a los que hemos estado nos pedía que hiciéramos el ejercicio de situarnos ahora en una España sin Constitución, y yo les voy a proponer ―me refería al señor Abascal, que no ha estado― otro ejercicio: imagínense una España gobernada por ustedes desde 2018. Mi hijo y muchos como el mío cobrarían el salario mínimo por importe de 735 euros al mes en lugar de cobrar, como lo está haciendo ahora, 1221 euros al mes; mi madre y muchas madres como la mía cobrarían una pensión media que escasamente sobrepasaría los 1000 euros en lugar de cobrar 1563 euros de pensión media de jubilación al mes, como se está cobrando gracias a este Gobierno desde el año 2018. Y ustedes, como siempre, en el lado contrario y votando en contra. Algunas familias en mi tierra, en Soria, hasta casi 3500 personas, no serían beneficiarias del bono social eléctrico si dependiera de los votos de la derecha de este hemiciclo y habrían pasado ―créanme― un triste y duro invierno este año, como el que hemos tenido en Soria.

Puestos a imaginar, vamos a hacer un ejercicio de imaginación inverso: ¿se imaginan que en Castilla y León hubiese gobernado el PSOE desde el año 1987? ¿Se imaginan que Castilla y León hubiera incrementado su población en 464 941 habitantes, como ha pasado, curiosamente, en Castilla-La Mancha, en lugar de perder, como ha perdido mi tierra, 186 672 habitantes? Pues se lo digo yo: un Gobierno que no hubiera sido del PP durante treinta y nueve años podría haber dado lugar a tener una población de casi tres millones de habitantes en Castilla y León en lugar de los 2 400 000 que tenemos. Pero esta es la realidad triste de sus Gobiernos, de su gestión y de sus votos en este Parlamento.

Entrando en la literalidad de la PNL, nosotros votaremos a favor, y vamos a enmendar el texto para mejorarlo. Enmendaremos, con el permiso de SUMAR, las medidas primera, que espero que transaccionemos, quinta y octava, y lo haremos para reforzar el control de las cláusulas abusivas aplicadas en los contratos a través de la futura Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, para reforzar la información precontractual sobre las condiciones del producto, incluido su coste total y sus riesgos principales, para reforzar los controles sobre los prestamistas de crédito al consumo y para reforzar los procedimientos de evaluación de solvencia del consumidor con el objetivo de evitar el sobreendeudamiento. Espero que esta PNL, con sus enmiendas, cuente con el apoyo de todos ustedes.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos).

Buenas tardes de nuevo, presidenta y señorías. Este no es un problema menor del mercado financiero y me parece que el debate más absurdo es el que gira sobre si esto sirve o no sirve porque ya hay una ley que se está tramitando ―que, dicho sea de paso, ya conocemos los ritmos y las velocidades para la tramitación de leyes―. Me parece que lo verdaderamente relevante es la denuncia que hoy, una vez más, tenemos la oportunidad de hacer públicamente del abuso y de la usura que están destrozando la vida de millones de personas en este país. Esto, que es tan grave, debe contar con todos los minutos necesarios. Y si además la ley sale pronto, bienvenida sea. Creo que hay pocas maneras más útiles de aprovechar el tiempo en esta tribuna que dando a conocer una vez más la trampa en la que tantísimas familias vulnerables caen cada día y cada minuto que pasa. Familias que en el peor momento se encuentran un mensaje en el teléfono en el que se les ofrece dinero en minutos, sin papeles y a cambio de nada. Familias llevadas por la desesperación que cuando se dan cuenta, veinticuatro horas después, ya deben muchísimo más dinero del que pidieron. Familias que están perdiendo sus viviendas y sus negocios. Estoy segura de que muchos de ustedes conocen casos, incluso, de personas que han llegado a quitarse la vida porque de pronto una deuda de mil euros se convirtió en diez, doce o quince mil, y porque de repente llegaron los embargos y no había dónde reclamar o cómo localizar a esa empresa que le había ofrecido el dinero de manera automática. Son empresas sin registrar, empresas fantasmas que se mueven en las redes con facilidad. ¿Cuánta gente joven con problemas de adicciones conocen ustedes que hayan pedido este tipo de créditos? ¿En qué situación están hoy ellos y sus familias? Esto pasa delante de nuestros ojos. El debate no es si esto sirve o no sirve, porque ya estamos trabajando en una ley. ¡Que se apure esa ley! Tenemos que hablar de algo que es muy grave. ¿Por qué van a pedir solvencia a quien pide el dinero? Esto lo digo pensando en que alguien que pueda ver mi intervención no pida nunca un crédito de este tipo y que lo que me oyó decir le sirvió para algo: ¿por qué no te piden tus nóminas?, ¿por qué no te piden avales?, ¿por qué te dan el dinero sin más? Porque el negocio está en que tú no puedas pagar, ese es el negocio, que no puedas pagar y que esos 100 o 200 euros se conviertan en miles y, si es posible, en quedarse con tu casa, con tu negocio o con tu coche. O que termines pidiéndole a un familiar miles de euros para liquidar una deuda con la que no podrás vivir cuando empiece el acoso de la llamada, del mensaje sistemático y de las amenazas. Eso le pasa hoy no a cientos de miles de personas, sino a muchas más en este país. Es tremendamente grave y denunciarlo una vez más, aunque solo sirva para que quien tenga la tentación de hacerlo piense en que de la deuda y del problema que tiene ahora va directo a la ruina, tanto él como todo su entorno familiar, habrá merecido la pena.

Solo quiero pedir al Grupo SUMAR que haga todo lo que esté en su mano, como miembro del Gobierno que es, para que tengamos esa ley pronto aquí. Por supuesto, apoyamos esta iniciativa.

Gracias. (Aplausos).

Señorías, hoy debatimos una iniciativa que no trata únicamente de regulación financiera, sino de protección efectiva de los ciudadanos y ciudadanas más vulnerables y también de justicia social. En los últimos años hemos asistido a la proliferación de empresas que ofrecen créditos rápidos de pequeño importe con condiciones que, en muchos casos, alcanzan niveles claramente abusivos y con tasas de interés que multiplican de forma desproporcionada el capital prestado. Detrás de estos créditos abusivos no hay simples operaciones financieras, sino familias en situación de desesperación económica que, buscando una solución urgente, acaban atrapadas en mecanismos que en demasiadas ocasiones se convierten en estafas financieras. Este fenómeno no es anecdótico, afecta a muchas personas que, como he dicho, ante situaciones de urgencia económica recurren a estos préstamos sin disponer de información suficiente, sin evaluación real de su solvencia y, en ocasiones, frente a entidades que ni siquiera están adecuadamente registradas ni supervisadas. El resultado es conocido: espirales de endeudamiento, prácticas de recobro agresivas y, en los casos más graves, situaciones de fraude masivo que dejan a cientos de ciudadanas y ciudadanos indefensos. Y no lo decimos solo aquí, Europa ya ha reconocido la magnitud de este problema. Así, la Unión Europea aprobó ya la Directiva 2023/2225, sobre crédito al consumo, para reforzar la protección de los consumidores, en la que exige comunicaciones claras, justas y no engañosas, refuerza la obligación de evaluar la solvencia antes de conceder crédito, impulsa medidas para evitar prácticas que empujen al sobreendeudamiento y promueve que existan servicios independientes de asesoramiento. Es decir, Europa marca el camino: crédito responsable, transparencia real y protección efectiva del consumidor.

Señorías de VOX, o no se enteran o no se quieren enterar, porque, tal y como ha dicho el portavoz socialista, el Gobierno ya ha iniciado recientemente la tramitación de un anteproyecto de ley de crédito al consumo destinado a reforzar la protección de los deudores y prevenir situaciones de sobreendeudamiento, cuyo encaje está bajo la Directiva 2023/2225, como ya he dicho. Este anteproyecto prevé medidas relevantes, como el establecimiento de límites a los intereses abusivos, la obligación de que todas las entidades prestamistas cuenten con autorización y supervisión del Banco de España, el refuerzo de la evaluación de solvencia previa a la concesión de crédito, mayores exigencias de transparencia en la información precontractual y contractual, así como restricciones a determinadas prácticas comerciales y publicitarias que pueden inducir a error al consumidor. Además, la futura norma ampliará el ámbito de regulación a productos como los microcréditos y otros instrumentos de financiación rápida, que hasta ahora han operado, en ocasiones, en zonas grises del sistema regulatorio. Precisamente por ello, esta iniciativa parlamentaria resulta plenamente coherente, necesaria y, diría yo, complementaria. Nos encontramos en un momento decisivo en el que el Parlamento debe acompañar, reforzar y completar ese proceso legislativo ―abierto ya, como hemos dicho, por el Gobierno― impulsando medidas adicionales que aseguren una aplicación efectiva, rápida y plenamente protectora para los consumidores y evitando que durante la tramitación normativa persistan situaciones de abuso que afecten especialmente a los ciudadanos más vulnerables.

La iniciativa que hoy se presenta propone medidas razonables y, desde luego, necesarias. Define criterios objetivos para identificar préstamos abusivos, establecer mecanismos de registro y supervisión de las entidades prestamistas, reforzar la información contractual, limitar prácticas publicitarias engañosas y dotar a las autoridades de instrumentos eficaces para evitar fraudes y abusos. Estas medidas no solo protegen a los ciudadanos, sino que también favorecen la competencia leal entre entidades financieras que sí cumplen las normas y operan con responsabilidad. Votar a favor de esta iniciativa es votar por la seguridad jurídica, por la protección de quienes más lo necesitan y por un mercado financiero más transparente y equilibrado. No se trata de impedir que exista crédito rápido, se trata de impedir que la urgencia económica de las personas se convierta en una oportunidad para la explotación financiera.

Ekimen honen alde bozkatzea segurtasun juridikoaren alde bozkatzea da, gehien behar dutenen babesaren alde eta merkatu finantzario gardenago eta orekatuago baten alde. Kontua ez da kreditu azkarra egotea eragoztea, kontua da pertsonen premia ekonomikoa finantza esplotaziorako aukera bihurtzea eragoztea. Esandakoagatik, aldeko botoa emango dugu.

Eskerrik asko.

Votar a favor de esta iniciativa es votar a favor de la seguridad jurídica, a favor de quienes más lo necesitan y a favor de un mercado financiero más transparente y equilibrado. No se trata de impedir la posibilidad de obtener un crédito rápido, se trata de evitar que la urgencia económica de las personas se convierta en una oportunidad de explotación financiera. Por todo lo dicho, votaremos a favor.

Muchas gracias.

Gracias, presidenta. Señorías, nosotros vamos a votar a favor de esta proposición no de ley porque se suele decir que lo que abunda no daña, y si hay un anteproyecto será bueno que antes de que ese anteproyecto llegue a esta Cámara todos los ciudadanos y ciudadanas tengan conocimiento de cuál es la posición de cada cual y, a poder ser, sin escudarla en la falta de informes, en la falta de resoluciones preceptivas, etcétera, sino que vayamos al contenido, si nos parece bien o mal lo que está pasando con esta realidad. En su momento, desde Euskal Herria Bildu ya dijimos que lo que hacen los bancos, la práctica sistemática de los bancos, roza la usura y el expolio. Como decía David Harvey, el expolio por desposesión, la acumulación por desposesión se puede producir fuera de las fronteras o dentro de las fronteras con las poblaciones más vulnerables. Eso es lo que hacen los bancos de manera sistemática. Empiezo señalando a los bancos, aunque sé que vamos a hablar de entidades de crédito no adscritas al sistema bancario, porque no quiero dejar pasar la oportunidad de señalar una cuestión. ¿Cómo se explican las preferentes sino como usura? ¿Cómo se explican las comisiones desmesuradas, cuando a los bancos no les iba tan mal tras el rescate, sino como usura? ¿Cómo se explica, en definitiva, que la remuneración a las cuentas de depósitos de los ciudadanos y ciudadanas estuvieran siempre por debajo del valor que ellos tenían para el dinero? Pues como usura. La misma usura que hace que en 2011 ―por poner un año, podría haber escogido cualquier otro― el número de desahucios que se llevaron a efecto por acción directa de los bancos fuera de 58 241 en el Estado español. En ese mismo periodo de tiempo, en 2011, se produjeron 3000 denuncias por okupaciones. De esas 3000 denuncias por okupaciones, el 93 % correspondían a lo que es el delito de usurpación ―es decir, viviendas vacías que eran propiedad de los bancos y que lo eran porque habían desahuciado a personas― y solo el 7 % ―es decir, 210 denuncias― tenían que ver con el allanamiento de morada de la primera vivienda o de una vivienda residencial. Es decir, 58 241 ejecuciones o levantamientos de acta de desahucio, 210 allanamientos de morada u okupaciones. Esa es la realidad y no la que nos intentan vender. Por ceñirme ya al tema, si digo que lo que han hecho los bancos es usura, no puedo decir por menos que lo que hacen estas entidades de crédito o estos créditos rápidos es un atraco a mano armada, porque lo hacen incluso contraviniendo sentencias del Tribunal Supremo del Estado español, que allá por 2015 decía que para considerar un crédito y un crédito rápido en profundidad como algo referente al crédito usurario ―es decir, a la usura― se tenían que dar dos condiciones: una, que se estipularan intereses notablemente superiores al interés nominal del dinero, y esto siempre se produce, y la otra, que hubiera sido aceptada por el prestatario ―es decir, por la persona que solicita ese préstamo rápido o cuasi instantáneo― a causa de su situación angustiosa ―que casi siempre se produce―, por su inexperiencia ―que no suele ser poca en un mercado tan cambiante―, o por lo limitado de sus facultades mentales. Hay distintos estudios de diferentes asociaciones de consumidores y bufetes de abogados ―que no tienen precisamente los mismos intereses que las asociaciones de consumidores, pero que ven de parecida manera cuál es el problema― que dicen que la información que ofrecen es confusa cuando no nula, que las comisiones que practican por morosidad o por la cláusula de cancelación son salvajes, porque rondan porcentajes que se disparan incluso por ciento o en miles por ciento, y que los honorarios ―porque así los llaman y no intereses― son intereses que van desde el 400 % hasta el 5000 %. Acuérdense que una de las cláusulas del Tribunal Supremo para declarar algo como usura o crédito usurario era que se practicara un interés notablemente superior al del dinero. Pónganle que esté en el 3 %, en el 4 %, en el 5 % o en el 2 %, como ha estado en los últimos años, pues aquí estamos hablando del 400 al 5000 %. Todavía habrá alguien que diga que esto es razonable, que esto es normal.

Hay más. Hacen trampas con los días hábiles, hacen trampa con la inmediatez, porque con la inmediatez del ‘clic y dispón de tu dinero en quince minutos, en cinco minutos’ no hay manera física de comprobar que la información que requieren la puedan constatar, que la puedan pulsar, que puedan determinar que esa información es real o ficticia, porque seguramente ni siquiera en eso se molestan. ¿Pero por qué se da todo este despropósito? Porque no son entidades de crédito y, al no serlo, no están sujetas a la supervisión de los bancos estatales, en este caso del Banco de España en tanto que Estado español.

Por tanto, y para finalizar, nosotros siempre estaremos a favor de leyes contra la usura, porque, desgraciadamente, perdemos mucho tiempo legislando y apoyando medidas para favorecer a los sectores tractores de la economía ―y no sé por qué se piensa que la especulación y la reproducción del dinero es más importante que la industria y la reproducción del trabajo―, pero nunca o casi nunca tenemos espacio para denunciarles y para ponerles frente al espejo de la indignidad de los hechos que provocan. (Aplausos).

Moltes gràcies, presidenta. Massa sovint veiem com la condició humana acredita la seva capacitat pràcticament infinita de mostrar-nos la seva maldat. De mostrar-nos com determinats individus de la nostra societat no tenen cap mena d’escrúpol per aprofitar-se de les desgràcies, dels patiments, dels moments difícils dels altres. I el tema de debat d’avui n’és un clar exemple. Que una empresa de préstecs ràpids i d’interès abusiu s’aprofiti que una persona passa per un mal moment, és evident que és un fet ja totalment reprovable. Que ho faci, a més a més, amb una estratègia prèviament premeditada per generar-li un major endeutament i una major angoixa i així poder extreure-li més recursos i, fins i tot, portar-lo a la ruïna personal és totalment inadmissible. Per tant, és evident que cal posar-hi solució. Regularitzar aquests préstecs i introduir aquestes empreses dintre del sistema de supervisió de vigilància i de punició del sistema públic. Un registre clar, una norma clara i una fiscalització clara que garanteixi als ciutadans un marc normatiu que els hi permeti defensar-se com cal. Però la pregunta també és: si la situació és tan greu— que ho és—què hem fet fins ara, senyors del Govern? Per què no van impulsar una iniciativa just arrencar la legislatura? I, per tant, unes preguntes si no estarem de nou davant d’un acte de propaganda electoral per quedar bé i prou. I la resposta a aquesta pregunta és evident que sí, només cal veure que aquesta iniciativa és un text que no té cap capacitat normativa. Cap ni una. Però encara hi ha més preguntes a fer-nos. Amb el que proposen en aquesta iniciativa, arreglen l’arrel del problema? Amb la seva iniciativa s’acaben les causes del problema que patim? Doncs no. Fixin-se vostès afirmen en la proposta que les empreses que s’anuncien en el metro a la televisió o per internet, oferint crèdits de petits imports, han proliferat molt en els darrers anys. Però vostès, Govern i socis del Govern, no es pregunten precisament per què han proliferat tant en els últims anys? Per què n’hi ha més que mai i, a més a més, tenen capacitat econòmica per fer grans publicitats per captar els possibles clients necessitats? Doncs ja els hi dic jo: perquè cada vegada hi ha més gent econòmicament necessitada, perquè cada vegada hi ha més gent al límit de la seva capacitat que es veu abocada a aquest sistema d’usura com a últim i dramàtic recurs. Perquè cada vegada hi ha més víctimes de la pobresa que vostès, des del Govern i els seus socis van estenent per tot el seu país. Any 2025. Vostès constantment proclamen als quatre vents el gran moment econòmic que viu a Espanya. El Govern i els seus socis diuen: » España va com un cohete. España va viento en popa y a toda vela». Però la realitat és que hi ha 4 milions i 200 000 persones que declaren arribar a final de mes amb moltíssima dificultat. La realitat és que hi ha 18 milions d’espanyols que declaren no tenir cap mena de capacitat per encarar despeses imprevistes. 12 milions i 800 000 espanyols viuen en una situació de risc de pobresa o exclusió social. Milions de persones que, desesperades per culpa de les seves nefastes polítiques econòmiques, socials i d’habitatge i per no veure un futur esperançador en el seu país. Milions de persones abocades a intentar arribar com sigui a final de mes o a superar, com sigui, la pròxima despesa sobrevinguda i inesperada. Milions de persones que, pel seu patiment enorme, són víctimes fàcils d’aquesta xarxa d’empreses que busquen succionar-los cap a un préstec fàcil que els hi arregli un problema immediat, però que en realitat és un sistema absolutament usurer que fàcilment els portarà, com deia, a la misèria.

Per tant, és evident que cal regular aquest sector i fer-ho en forma de llei, no pas en forma de declaració com avui. Però també és evident, com deia, que això no ho arregla una proposició no de llei sense capacitat legislativa. Com també és evident que de ben poca cosa servirà tot el que es pugui fer si cada vegada són més les persones que segueixen patint risc de pobresa i dificultats a Espanya per culpa de les polítiques del Govern i dels seus socis.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, presidenta. Demasiado a menudo vemos cómo la condición humana acredita su capacidad prácticamente infinita de mostrarnos su maldad, de mostrarnos cómo determinados individuos de nuestra sociedad no tienen ningún tipo de escrúpulo para aprovecharse de las desgracias y sufrimientos, de los momentos difíciles de los demás. Y el tema del debate de hoy es un claro ejemplo. Que una empresa de préstamos rápidos a interés abusivo se aproveche de que una persona está pasando por un mal momento es evidente que es un hecho ya totalmente reprobable, pero que además lo haga con una estrategia previamente premeditada para generarle un mayor endeudamiento y una mayor angustia y con eso poder extraerle más recursos o incluso llevarlo a la ruina personal es totalmente inadmisible. Por lo tanto, es evidente que hay que ponerle solución, regularizar esos préstamos e introducir a estas empresas dentro del sistema de supervisión, vigilancia y punición del sistema público, de un registro claro, una norma clara y una fiscalización clara que garantice a los ciudadanos un marco normativo que les permita defenderse como es debido. Sin embargo, la pregunta también es: si tan grave es la situación, que lo es, ¿qué han hecho hasta ahora, señores del Gobierno? ¿Por qué no impulsaron una iniciativa cuando arrancó la legislatura? Y uno se pregunta si no estaremos una vez más ante un acto de propaganda electoral para quedar bien y nada más. La respuesta a esa pregunta es evidentemente que sí. Basta con ver que esta iniciativa es un texto que no tiene ninguna capacidad normativa. Ninguna. Pero aún hay más preguntas que hacernos. ¿Con lo que proponen en esta iniciativa solventan la raíz del problema, con su iniciativa se acaba con las causas del problema que sufrimos? Pues no. Fíjense: ustedes afirman en la propuesta que las empresas que se anuncian en el metro, en la televisión o por Internet ofreciendo créditos de pequeños importes han proliferado mucho estos últimos años. Pero ustedes, Gobierno y socios del Gobierno, ¿no se preguntan precisamente por qué han proliferado tanto estos últimos años? ¿Por qué hay más ahora que nunca y, además, tienen la capacidad económica para costearse grandes publicidades para captar a esos posibles clientes necesitados? Se lo digo yo: porque cada vez hay más gente económicamente necesitada, porque cada vez hay más gente que está al límite de su capacidad, que se ve abocada a este sistema de usura como último y dramático recurso. Porque cada vez hay más víctimas de la pobreza que ustedes desde el Gobierno y sus socios van extendiendo por todo su país. Año 2025. Ustedes constantemente proclaman a los cuatro vientos el gran momento económico que vive España. El Gobierno y sus socios dicen: España va como un cohete, España va viento en popa y a toda vela. Pero la realidad es que hay 4 200 000 personas que declaran llegar a fin de mes con muchísima dificultad. La realidad es que hay 18 millones de españoles que declaran no tener ningún tipo de capacidad para afrontar gastos imprevistos y 12 800 000 españoles viven en situación de riesgo de pobreza o exclusión social. Millones de personas que, desesperadas por culpa de sus nefastas políticas económicas, sociales y de vivienda y por no ver un futuro con esperanza en su país, están abocadas a intentar llegar como sea a fin de mes o a superar como sea el próximo gasto sobrevenido e inesperado. Son millones de personas que, por su enorme sufrimiento, son víctimas fáciles de esta red de empresas que buscan succionarlas hasta un préstamo fácil que les arregle un problema inmediato, pero que, en realidad, es un sistema absolutamente usurero que fácilmente les llevará ―como decía― a la miseria. Así pues, es evidente que debe regularse este sector y hay que hacerlo con una ley, no en forma de declaración, como hoy. Pero también es evidente ―como decía― que esto no lo va a solventar una proposición no de ley sin capacidad legislativa. Como también es evidente que de bien poco servirá todo lo que se puede hacer si cada vez son más las personas que siguen sufriendo riesgo de pobreza y dificultades en España por culpa de las políticas del Gobierno y de sus socios. Muchas gracias.

Bona tarda. Gràcies, presidenta. Bé, ens agradaria anar a les arrels del problema, que és la pobresa, la manca d’una banca pública. Però bé, benvingudes són les tesis pal·liatives de cara a que la gent que està necessitada pateixi el menys possible. Avui votarem que sí a aquesta PNL, perquè cal posar fi a la pirateria del crèdit. Però com deia abans, ho deixo clar des del primer moment, bones paraules, però volem fets perquè la butxaca de la gent no espera i votarem a favor per tres raons. Primer, perquè protegeix els crèdits dels petits, els de la gent dels qui no tenen marge, els de menys de 200 euros que no poden seguir en una zona sense llei. Segon, perquè posar ordre de veritat qui vulgui prestar diners ha d’estar registrat i identificat i sota supervisió del Banc d’Espanya. Prou xiringuitos digitals amagats darrere d’una web, com si la llei no anés amb ells. I tercer, perquè posa llum a la trampa. La publicitat no pot prometre diners fàcils i amagar la lletra petita com fan aquests moments. En crèdit, o es diu clar el cost real des del primer segon, o és engany i hi ha abús. Perquè ens entenguem on va aquesta proposta no de llei? Amb un exemple clar: imagini’s una veïna a qui se li espatlla la caldera en ple hivern. No té estalvis, entra a internet i veu un anunci 100 euros ara mateix sense papers. Sembla una solució per aquell que necessita, doncs, acaba clicant i llavors entra a l’engany. Aquí hi ha abús. Això no pot ser. I no parlem de coses petites. Parlem de casos d’en TAE de 59 000 %. Jo abans li he preguntat al proponent si aquesta xifra era real o no és real. I m’ha dit que sí, que és real. 59 000 % TAE. Això no és un préstec, això és un robatori a plena llum del dia a les persones més necessitades. Aquesta PNL, de manera didàctica, demana exactament això: control, registre, transparència i protecció per als microcrèdits, que són justament els que demanen les famílies amb menys recursos. Ara bé, diguem-ho clar, hi ha una part de crítica que s’ha de fer i recordo que està en el govern que està en el Consell de Ministres que tenen el ministre de Consum i penso que podríem anar una mica més enllà o si no, fer una mica més ràpid. Per això Esquerra Republicana dirà que si a aquesta PNL, però estem ja amb ganes de que arribi la llei per poder fer tres esmenes que crec que poden millorar la seva proposta. La primera és el dret de retracte. Crec que és important. Quan una família no pot pagar massa sovint el banc venen el seu deute a un fons voltor perquè el ven a quatre duros. Doncs bé, el fons el compra barat i nosaltres el que demanem és que la família, si pot recomprar, també ho faci al mateix preu. Nosaltres diem si el vostre deute s’ha venut barat, vosaltres heu de poder liquidar-lo també barat. Ni un euro més. Prou fer negoci, com deia abans, amb el patiment. Segona: mediació abans del judici. Abans de portar una família als tribunals i condemnar-lo a l’angoixa, ha de ser obligatori —‌ho repeteixo— ha de ser obligatori seure, parlar i pactar. Volem un mediador que ajudi a acordar un pla de pagament possible i digne i no fer que s’endeuti més encara aquella família que no pot pagar aquest deute. Menys violència burocràtica i més solucions humanes. I tercera: perquè això sigui coherent, topalls d’interessos molt més baixos. Precisament els microcrèdits creiem que en aquests casos els crèdits han de ser molt més baixos. Tant de bo hi hagi algun dia una banca pública que pugui realment tenir com a retorn un retorn social, i no només a base de beneficis pel que fa falta per moltes coses. I aquesta seria una. Per tant, com deia abans, votarem a favor perquè és un pas. Però avisem: ens agradaria que això ben aviat sigui ja una realitat, s’hagi esmenat, s’hagin transaccionat i hi hagi una protecció real i justícia per a totes aquestes persones. Moltes gràcies.

Buenas tardes. Gracias, presidenta. Yendo a las raíces del problema, que es la pobreza y la falta de una banca pública, bienvenidas sean las tesis paliativas para que la gente que está necesitada sufra lo menos posible. Hoy vamos a votar que sí a esta PNL, porque es importante poner fin a la piratería del crédito, pero, como decía, dejo claro desde el principio que son buenas palabras, pero que queremos hechos, porque el bolsillo de la gente no espera. Vamos a votar a favor por tres motivos. En primer lugar, porque protege los créditos de la gente, de aquellos que no tienen margen, de los de menos de 200 euros, que no pueden seguir en un espacio sin ley. En segundo lugar, porque hay que poner orden de verdad y aquellos que quieran prestar dinero tienen que estar registrados, identificados y bajo la supervisión del Banco de España. Basta ya de chiringuitos digitales escondidos tras una web como si la ley no fuera con ellos. Y, en tercer lugar, porque arroja luz a esta trampa. La publicidad no puede prometer dinero fácil y esconder la letra pequeña, como lo hace en estos momentos.

En un crédito, o se dice claramente el coste real desde el primer segundo, o es engaño. Y cuando hay engaño, hay abuso. Para que nos entendamos: ¿hacia dónde va esta propuesta no de ley? Pondré un ejemplo claro. Imagínense ustedes a una vecina que tiene un problema con la caldera en pleno invierno, no tiene ahorros, entra en Internet y ve un anuncio: 100 euros ahora mismo, sin papeles. Parece una solución. Y aquel que lo necesita acaba dándole a ese enlace y entra ya en ese engaño. Aquí hay abuso, esto no es permisible. Y no hablamos de cosas pequeñas, sino de casos de hasta, por ejemplo, 59 000 %. He preguntado al proponente si esta cifra es real y me ha dicho que sí, que es real, 59 000 % de TAE. Esto no es un préstamo; esto es un robo a plena luz del día a las personas más necesitadas.

De forma didáctica, esto es lo que pide esta PNL: control, registro, transparencia y protección para los microcréditos, que justamente son los que solicitan las familias con menos recursos. Ahora bien, seamos claros, tenemos que ser críticos también. Les recuerdo que están ustedes en el Gobierno, en el Consejo de Ministros, tienen ustedes al ministro de Consumo y me parece que podríamos ir un poco más allá también o, al menos, hacerlo de forma más rápida.

Por eso, Esquerra Republicana va a decir que sí a esta PNL, pero estamos con ganas de que llegue la ley para poder realizar tres enmiendas que creo que pueden mejorar su propuesta. En primer lugar, el derecho de retracto, que me parece que es importante cuando una familia no puede pagar. A menudo, el banco ve aquí un fondo buitre y lo puede vender por cuatro duros y el fondo lo compra barato. Lo que le pedimos nosotros es que si la familia puede recomprarlo lo haga al mismo precio. Nosotros decimos que ustedes tienen que poder liquidarlo barato también, ni un euro más. Basta ya de hacer negocio con el sufrimiento. En segundo lugar, que haya una mediación antes del juicio. Antes de llevar a una familia a los tribunales y condenarla a la angustia tiene que ser obligatorio ―insisto, obligatorio― sentarse para hablar y pactar. Queremos un mediador que ayude a acordar un plan de pago posible y digno y evitar que esa familia que no puede pagar la deuda se endeude aún más. Menos violencia burocrática y más soluciones humanas. Y también queremos topes de intereses mucho más bajos para esos microcréditos. Nos parece que en estos casos los créditos tienen que ser mucho más bajos. Ojalá exista una banca pública un día que sea capaz de tener como retorno un retorno social y no tan solo beneficios, porque es necesario para muchos menesteres y este sería uno.

Como decía, vamos a votar a favor porque es un paso. Sin embargo ―avisamos―, nos gustaría que dentro de poco esta sea ya una realidad, se haya enmendado, transaccionado y exista una protección real y justicia para todas estas personas.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, señora presidenta. Señorías, buenas tardes. Señorías de SUMAR, lo que hoy nos traen aquí no es una iniciativa para proteger a los ciudadanos, es una paradoja política. Hace poco más de un mes, el 7 de enero, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley que regula los créditos al consumo en términos similares a lo que ustedes plantean hoy en esta PNL para regular los créditos rápidos. Hablaba el portavoz de SUMAR de acelerar la tramitación parlamentaria. ¿Ustedes van a acelerar? Tienen más de 150 iniciativas legislativas en el cajón de la señora Armengol, cincuenta del Partido Popular. ¿Ustedes nos están diciendo que van a acelerar? Dejen de engañarnos, dejen de hacer el ridículo en esta Cámara. (Aplausos). El portavoz del Grupo Socialista nos amenazaba diciendo que veremos qué votamos con esta iniciativa y qué votamos con el anteproyecto de ley. Señores del Grupo Socialista, ¿van a cambiar el ritmo? ¿Van a sacar todas las iniciativas legislativas de los grupos para que se tramiten y que hablemos los representantes de los ciudadanos? ¿Lo van a hacer? Porque hay más de 150 iniciativas legislativas paralizadas en esta Cámara y cincuenta son del Grupo Popular. También decía: ¡Imagínense si España la gobernase la derecha! Oiga, lo que vivimos es lo que sufrimos con su Gobierno: más inflación, más impuestos y cada vez los ciudadanos tenemos menos dinero en nuestros bolsillos.

Ustedes, señorías de SUMAR, vienen hoy aquí a instarse a sí mismos a hacer lo que ya está en marcha. Oiga, esto no es iniciativa parlamentaria; esto es un teatro. Todos los intervinientes de los grupos hemos identificado como un problema los créditos rápidos. Legislen, legislen. Miren, el Partido Popular lo dijo en el año 2017 en esta Cámara, ¿y qué votaron ustedes?, ¿votaron a favor? No. ¿Qué hicieron desde el año 2018 para regular los créditos rápidos? Absolutamente nada. Dejen ustedes de hacer el ridículo. (Aplausos).

El proyecto de ley sobre creación de la autoridad financiera, presentado en marzo del año 2024, está paralizado, bloqueado en esta Cámara. ¿Han renunciado ustedes ya a crear la autoridad? Parece que no. El Grupo Socialista presenta una enmienda a esta PNL diciendo que proponen reforzar el control de las cláusulas abusivas a través de la futura autoridad de defensa del cliente financiero. ¡Oiga, dejen de reírse de los ciudadanos! Llevan desde marzo de 2024 con esa ley aquí y está paralizada, no sabemos nada de ella, no se ha convocado la ponencia. Ustedes están engañando a los ciudadanos, o quizá estén valorando usarlo, como hacen habitualmente, como moneda de cambio en cualquiera de sus pactos de la Moncloa.

En su PNL, señorías de SUMAR, ustedes piden definir qué es un préstamo abusivo, limitar la usura, eliminar el umbral de 200 euros y piden controlar la publicidad. ¡Oiga, que todo eso lo dice el anteproyecto de ley aprobado el 7 de enero! Piden registro y supervisión obligatoria. El anteproyecto de ley refuerza la supervisión y el control por parte del Banco de España. Piden ustedes evaluación de solvencia. El anteproyecto de ley lo establece como obligatorio. Oiga, ¿qué estamos debatiendo hoy aquí, una PNL o están haciendo teatro, o un video para TikTok?

Miren, gobernar no es presentar PNL para tapar sus diferencias. Gobernar es traer el anteproyecto de ley, tramitarlo y aprobarlo con las aportaciones de los grupos. Si creen en esta Cámara, desbloqueen las leyes que están pendientes en el cajón de la señora Armengol y permitan que el Parlamento legisle. Porque ustedes son unos cobardes; se esconden detrás de la Mesa con la mayoría que no representa a los ciudadanos. Utilizan los tiempos parlamentarios a su favor y no a favor de los españoles. Son una auténtica banda. Ustedes no están a la altura de la responsabilidad que ocupan. No nos hagan perder el tiempo, dimitan y dejen hablar a los ciudadanos.

Vayamos al fondo. El problema no es solo normativo, es económico. El volumen mensual de préstamos al consumo está en 4000 millones de euros. No veíamos esas cifras desde 2008. Ha aumentado un 20 % y está en máximos desde 2007. ¿Estamos ante una euforia consumista? No, estamos ante el poder adquisitivo de los españoles. Mientras que el crédito sube, el ahorro baja. La tasa de ahorro de las familias está en mínimos, en el 12 % de la renta disponible. Las familias ahorran menos y se endeudan más, y no para caprichos, sino para sostener el gasto ordinario. Son 4 millones de españoles los que no llegan a final de mes. Sus subidas de impuestos, la inflación acumulada y el encarecimiento del coste de la vida han erosionado la renta real de millones de hogares. Para muchas familias el crédito ha dejado de ser una herramienta puntual y se ha convertido en una necesidad urgente. Sus políticas han convertido el endeudamiento de los españoles en un mecanismo de supervivencia, y aquí está la contradicción del Gobierno. Ustedes presumen de que la economía va como un cohete, pero los españoles tienen que recurrir a préstamos rápidos para cubrir la brecha entre salarios y precios. Estamos claramente ante un síntoma de agotamiento económico. Lo dice hasta su CIS. Se ha multiplicado por seis el número de personas que se consideran de clase pobre o baja. Ha pasado del 3 % en 2019 a más del 18 % en enero de este año. (Muestra un gráfico evolutivo entre los años 2019 y 2026). El 60 % de la clase media española se siente pobre, y esos son los españoles que se levantan todos los días para cumplir con sus obligaciones. Esto no se resuelve con un titular.

El Partido Popular presentó en el año 2017 una PNL en estos términos. ¿Ustedes qué hicieron, señor Alonso Cantorné? Se abstuvieron, no la apoyaron. ¿Qué han hecho hasta hoy? Absolutamente nada. Bienvenidos, pero si de verdad creen que hay que actuar, tramiten en esta Cámara el anteproyecto que ya ha aprobado el Consejo de Ministros. Ustedes están continuamente atacando el sistema financiero, cuando nuestro sistema financiero es uno de los mejores, si no el mejor del mundo. El problema aquí es que no tenemos a nadie al volante, que no hay un Gobierno que se ocupe de los problemas de los españoles. Miren, han convertido la Moncloa y Ferraz en la cueva de Alí Babá y los cuarenta sanchistas, utilizan el Gobierno y el partido como tapadera para lucrarse. Están en una competición para ver quién roba más y más rápido.

Menos teatro y más responsabilidad. Devuelvan la voz a los españoles. (Aplausos).