Proposición de Ley Orgánica en materia de multirreincidencia, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882.

Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenos días. ¡Cuántos hurtos y agresiones, cuántos malos ratos, disgustos y lloros y cuánta violencia se hubiese evitado si esta proposición de ley se hubiese tramitado en tiempo y en forma! ¡Cuánto sufrimiento se hubiese evitado en muchas entidades locales, de todo tamaño, pero de manera especial en aquellas más pequeñas! Señorías, desde el punto de vista democrático y parlamentario la pregunta es la siguiente: ¿por qué el Partido Socialista y SUMAR secuestraron esta iniciativa en la Mesa de la Cámara? Esa es la cuestión. (Aplausos). ¿Qué ejemplo de democracia y de parlamentarismo se da impidiendo la tramitación de una iniciativa que, previsiblemente ―y puede ser así―, tenía votos suficientes para salir adelante? Esto es caciquismo, señorías. En pleno siglo XXI, el caciquismo puro y duro de algunos no tiene límites. Ahora se cambia de opinión, y se hace única y exclusivamente por intentar satisfacer a uno de los socios, que se ha plantado. La iniciativa llega tarde y los únicos responsables son el Partido Socialista y SUMAR. Ellos son también los responsables de las consecuencias de su no aplicación. La inacción del Gobierno en el tema de multirreincidencia ha sido vergonzosa. El comportamiento de los ministros de los Ministerios de Justicia e Interior ha sido impresentable e injustificado, señorías. Las medidas que se han venido aplicando hasta ahora a la multirreincidencia no han dado los resultados esperados. Esta iniciativa va en esa línea, pero, si tampoco los diese, tendría que ser modificada nuevamente. Señorías, cuando nosotros advertimos de que la delincuencia en nuestro país se ha incrementado, el Gobierno nos suele decir que generamos alarma. No es así en ningún caso. Nos dicen, además, que España es un país seguro; pues ahí están los datos: Navarra y España son menos seguras que antes. Se ha incrementado la delincuencia en España, en nuestro país, un 17 % en la última década y un 33 % en Navarra. Esa es la triste y cruda realidad, y la clase política lo que tiene que hacer es aportar soluciones a los problemas que tienen los ciudadanos, y hoy es un ejemplo evidente de ello. Muchas gracias. (Aplausos.―Una señora diputada: ¡Muy bien!).

Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Les pido dos minutos de atención, solo dos minutos ―no es mucho, ¿eh?―, porque quiero solicitarles su apoyo para nuestra enmienda. Es una enmienda que busca hacer una mejora real del modelo de seguridad; es una enmienda que busca reforzar la lucha contra la delincuencia y que, además, es coherente institucionalmente. El Estatuto de Autonomía de Canarias dice claramente que la Policía autonómica debe tener la integridad de sus funciones. País Vasco, Cataluña o Navarra ya la tienen. Pero es que, además, bajando al terreno y al día a día, nuestra Policía autonómica ya está respondiendo a las demandas de los juzgados, que no tienen cuerpos y fuerzas de seguridad suficientes. Nuestra Policía autonómica está teniendo que responder a protección de menores y a vigilancia de centros sociosanitarios porque no hay cuerpos suficientes. Ya lo hace a petición de los juzgados. Lo que pedimos hoy es que den coherencia, que armen legalmente aquello a lo que tenemos derecho. Además, negar ahora esa plena operatividad es desaprovechar recursos, evitar la eficacia y la eficiencia de la gran inversión de dinero público que el Gobierno canario está haciendo para incrementar la seguridad. No pueden hoy ignorar el estatuto canario; lo que pedimos es de justicia, y si ya ocurre donde hay policías autonómicas, ¿por qué en Canarias no? Y no me vale que me digan, como me han dicho algunos grupos, que esta es una enmienda intrusa, que debería ir en otra ley. Me faltaría tiempo para hablarles de enmiendas intrusas en leyes que apoya el Gobierno, que apoya la oposición cuando les conviene; me faltaría tiempo. No me vuelvan a hablar de enmiendas intrusas, por favor; tengan un poco de vergüenza. ¿Saben cuál es la diferencia entre tratar una enmienda de intrusa y otra no? El número de escaños. Y sí, Coalición Canaria tiene uno, pero si ustedes votan hoy en contra, los canarios van a tener más claro que tendremos que llegar como mínimo a los siete.

Gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, presidenta. No hemos participado en esta ley, no hemos apoyado el trámite y tampoco hemos votado a favor de ninguna de las enmiendas durante el proceso en comisión ni en el dictamen, y cada vez que tengamos oportunidad nos vamos a oponer a esta ley. El hecho de que Junts haya insistido tantísimo en esta ley es porque considera, en su disputa con Aliança Catalana, que esto es muy muy importante, y eso, directamente, ya nos da una idea de lo que hay detrás de esta ley. Es una propuesta para alimentar relatos racistas, relatos xenófobos de la extrema derecha y también para tener mucha mano dura con los robagallinas, mientras que a los verdaderos delincuentes, a los verdaderos criminales y a los verdaderos ladrones multirreincidentes no se les toca. ¿Se trata de una ley para agravar las penas de los multirreincidentes? Sí. ¿Pero a todos los multirreincidentes? No, para nada. Solo la traen para los delitos leves. A sus multirreincidentes, a los que están en sus filas, a esos no se les toca, esos están muy muy bien protegidos. Para multirreincidentes, por ejemplo, el señor Pablo Crespo por fraude y malversación; el señor Bárcenas por blanqueo y delitos contra la Hacienda pública; Francisco Correa por fraude, malversación y falsedad documental (aplausos); los exalcaldes de Parla, Móstoles, Sevilla la Nueva o Torrejón de Velasco; Félix Millet; los del caso Pretoria o los del caso Pujol, y alguno que se ha ido a vivir a Abu Dabi por si la inviolabilidad no le salvaba. (Aplausos). O como el clan Ayuso o el CEO de Ribera Salud, que esos sí que tienen impunidad. Para todos estos delitos ―qué casualidad― a ustedes no se les ocurre, por supuesto, agravar las penas. ¿Es así o no es así, señorías? A todos los que nos han perjudicado robándonos muchísimos millones de euros, a esos no se les toca, porque, oye, es que esos son de los nuestros; por favor, ¡cómo vamos a hacer eso! Siempre lo mismo en este hemiciclo: duros y fuertes con los débiles y, por supuesto, serviles con los fuertes, eso es lo que hacemos aquí. (Aplausos). Justo lo contrario de lo que tendríamos que hacer, por supuesto. Nos tendrán que explicar en qué beneficia esto a la ciudadanía. Es que yo me lo pregunto: ¿en qué nos beneficia? Tendrían que explicar a quienes nos están viendo hoy en qué beneficia esta ley a la ciudadanía. Y lo digo porque ustedes, para traerlo aquí, lo considerarán un tema fundamental o de urgencia social cuando realmente la urgencia social es aprobar medidas para evitar la especulación en la vivienda, para acabar con la degradación de nuestros servicios públicos o para que las personas puedan ir a hacer la compra sin dejarse todo el salario del mes. Desde luego, para nosotros existen cuestiones muchísimo más importantes y urgentes en relación con la sociedad española, tal y como puso de manifiesto el informe FOESSA y como se puede comprobar por parte de cualquiera de nosotros y de nosotras en la calle, saliendo a la calle y hablando con los trabajadores y las trabajadoras de a pie. Por eso, sinceramente, ya no engañan a nadie: el objetivo de esta ley es criminalizar la pobreza y estigmatizar a las personas con pocos recursos. Esto es clasismo, racismo y populismo punitivo, todo junto y mezcladito bien. Este es el resultado cuando las señorías del Partido Socialista y el Gobierno se apoyan en Junts: el populismo punitivo. Hay una diferencia muy grande, y lo hemos comprobado, cuando el Gobierno y el Partido Socialista pactan con Podemos. ¿Qué pasa cuando pactan con Podemos? Que hay regularización. (Aplausos). Cuando pactan con Junts lo que hacen es criminalizar al débil gritando que tenemos un problema de seguridad. Y termino. Ustedes van a votar hoy una ley propuesta por la ultraderecha. Así, señorías ―lo hemos dicho muchísimas veces, pero lo digo hoy por decimonovena vez―, así no se gana ni a la derecha ni a la ultraderecha. Gracias. (Aplausos).

Bon dia. Gràcies, presidenta. Diputats, diputades, comencem la sessió d’avui amb un tema realment complicat. En primer lloc defensaré tècnicament les esmenes que nosaltres hem mantingut vives. Son dues esmenes que tenen un sentit claríssim. El primer d’ells és una reivindicació que fa molt de temps que el meu partit està fent. I és que les taxes judicials es dediquin a l’Administració de Justícia a Catalunya i, particularment, les volíem dedicar a la retribució dels advocats d’ofici, que tots estem d’acord que no tenen una retribució correcta i, per tant, no tinc cap dubte que gran part dels partits que volen dignificar aquesta professió i que ho diuen per activa i per passiva, ens donaran suport. I en segon lloc, també la següent esmena que mantenim té a veure amb la justícia de proximitat de la ciutat de Barcelona, prevista en la seva carta municipal, que entra en el model de justícia i de seguretat, que alguns de nosaltres se suposa que compartim per fer de la nostra ciutat una ciutat més justa i que, per tant, tampoc dubto que vostès d’alguna manera li donaran suport. Aprofito per dir a Cristina Valido que en aquests dos minuts, us hem escoltat i us votarem a favor de l’esmena. I aquí tanco amb el capítol de temes més tècnics. Mirin, com a legisladors hem de saber que no només modifiquem la legislació, sinó que també som aquells i aquelles que comprem relats i els imposem i els expliquem a la gent. El que les xifres diuen, — això no són opinions, són xifres— és que les dades de victimització ens mostren un descens en la delinqüència, almenys a Catalunya, si més no a Catalunya. És cert també, però, que com a membre del partit amb més presència municipalista al meu país, perquè tenim 333 alcaldes i de l’ordre de 2868 regidors i regidores, estem al servei de la nostra gent i volem transformar la seva vida sempre amb qualitat, amb seguretat, amb confort, amb serveis, amb prestacions públiques. És cert que el relat que s’ha imposat en gran part per les dretes, però tampoc no ho oblidem, per la gent que cada dia trepitja els carrers i que ens ve a explicar quines són les seves necessitats, és que es detecta una necessitat de modificació del Codi Penal i de la Llei d’Enjudiciament Civil. Ens abstindrem. No hi posarem traves. Ens abstindrem com a mostra que hem escoltat regidors que no els volem fer sentir, i regidores i alcaldes i alcaldesses, no els volem fer sentir incòmodes. Però els direm una cosa també: la realitat no es canvia a cop de codi penal i de llei d’enjudiciament civil. I no som bonistes, el que són més realistes. Quin és el nostre desastre? Una administració de justícia incapaç de donar resposta en temps i forma a les necessitats dels ciutadans. De què serveix la multireincidència quan es pot aplicar quan hi ha tres sentències executòries? Si és que el problema és que no arriba ni la primera sentència. Què ens diu la gent? Entren per una porta i surten per l’altra. Això no ho evitarà, però ens quedarem a veure com es fan realitat els nostres pronòstics. I d’aquí a un any i d’aquí a dos estem igual i no ens podran dir que no hem col·laborat o que hi hem votat en contra. Permetin-me dir també que des de la perspectiva de política criminal o de dogmàtica jurídica, això no encaixa en cap dels pressupòsits progressistes de rehabilitació, de reparació —p‌ erquè aquí tampoc està inclosa— i de cap dels àmbits que permeten en la política criminal fer un avanç i un servei a la seva gent. Això no obstant, farem tot el possible perquè efectivament es resolguin els problemes que la justícia té al nostre país i, per aquest motiu, el pacte pel qual arribem a aquesta abstenció és una dotació de jutges addicional a la que ja s’ha previst en el nombre del doble del que s’havia previst. Saben vostès que el Govern de la Generalitat va fer l’anunci de 91 jutges nous. El nostre pacte és que, per d’aquí a dos anys, n’hi hagi 91 més, malgrat que avui repetim aquesta cambra que allò previst per l’Estatut de Catalunya que va caure, que era que la justícia fos competència de la Generalitat, no deixem de sostenir-ho. Mentre la justícia depengui en exclusiva de l’Estat espanyol no anem bé. I deixin-me fer un últim apunt. La situació de la justícia a Catalunya no és només d’un dèficit de jutges i jutgesses, que ho és. No és només un dèficit de recursos humans i materials, que ho és. És un dèficit de bon tracte al seu personal. Milers d’interins de justícia que són capaços de donar servei en la nostra pròpia llengua estan a punt de ser cessats perquè aquest Govern no té la capacitat d’enfrontar el tema de la temporalitat dels interins amb una mica de decència i amb una mica de justícia. Tenim tots els jutges i fiscals substituts pendents de si podran o no podran quedar-se als seus llocs. Gent que fa anys que treballa de jutges, però el corporativisme no permet que hi accedeixin a través d’un concurs de mèrits. I això, senyors, també és vergonyós. Per tant, vostès creuen que hi ha aquesta idea de que si modifiquem i endurim el Codi Penal amb aquest populisme punitiu, tot s’arreglarà. Saben què passa? Que en blanc i negre no s’arreglen les coses. S’arregla amb gent que treballi, que resolgui i que emeti les sentències. S’arregla amb un sistema de justícia penitenciària que permeti la rehabilitació. Així s’arregla. I això vol dir recursos. Això vol dir diners. Això vol dir inversió. Això vol dir entendre que l’única justícia que és justícia és la que s’aplica ràpidament en forma, en temps i lloc.

Deixi’m acabar. Sé que avui hi ha alcaldes i alcaldesses i ho he parlat també amb els meus. Tots vostès, perquè estan arrelats al territori, saben que moltes vegades la gent que delinqueix o que repeteix delinquint, o que et trenca els vidres del forn, o que t’ataca a la farmàcia, no són ni del teu poble. De què faran ordres d’allunyament? Quin jutge farà una ordre d’allunyament de tota una comunitat autònoma? Qui ho farà? Per tant, no ens venguin fum. Això d’avui és fum. No ho aturarem. No ho aturarem perquè som molt més responsables que molts altres grups d’aquesta cambra i tot el que puguin dir que és bo per a la nostra gent ho aprofitarem. Però no s’equivoquin. Passaran tres anys i si no fem les dotacions necessàries en l’administració de justícia, això seguirà igual, perquè la realitat és complexa, sí. La realitat és difícil, sí. Cada dia hi ha més pobresa, sí. I aquestes són les bases subjacents dels problemes que tenim. I si no les arreglem, ja podem anar endurint el Codi Penal. Ja poden posar la pena de mort per robar un mòbil que seguirà passant.

Moltes gràcies.

Gracias, presidenta. Buenos días. Diputados, diputadas, empezamos la sesión de hoy con un tema realmente complicado. En primer lugar, defenderé técnicamente las enmiendas que hemos mantenido vivas. Son dos enmiendas que tienen un sentido clarísimo. La primera es una reivindicación que hace mucho tiempo que mi partido defiende: que las tasas judiciales se dediquen a la Administración de Justicia en Cataluña y, particularmente, las queríamos dedicar a la retribución de los abogados de oficio. Todos estamos de acuerdo en que no reciben una retribución correcta y, por lo tanto, no tengo ninguna duda de que parte de los partidos que quieren dignificar esta profesión ―lo dicen por activa y por pasiva― nos darán apoyo. La siguiente enmienda que mantenemos tiene que ver con la justicia de proximidad de la ciudad de Barcelona, prevista en su carta municipal, que entra en el modelo de justicia y de seguridad que algunos de nosotros se supone que compartimos para hacer de nuestra ciudad una ciudad más justa; por lo tanto, tampoco dudo de que ustedes, de algún modo, la apoyarán. Aprovecho también para decir a Cristina Valido que en estos dos minutos la he escuchado ―os hemos escuchado― y votaremos a favor de esa enmienda. Y aquí cierro lo que se refiere a los temas más técnicos. Como legisladores, tenemos que saber que no solo modificamos la legislación, sino que también somos aquellos y aquellas que compramos relatos, los imponemos y se los explicamos a la gente. Los datos de victimización nos muestran un descenso en la delincuencia, por lo menos en Cataluña ―y eso no es una opinión, son cifras―. Cierto es también, sin embargo, que, como miembro del partido con más presencia municipalista en mi país ―tenemos 333 alcaldes y 2868 regidores y regidoras―, estamos al servicio de nuestra gente y queremos transformar su vida siempre con calidad, con seguridad, con comodidad, con servicios, con prestaciones públicas. Es cierto que el relato que se ha impuesto, en gran parte por las derechas, pero, no lo olvidemos tampoco, también por parte de esa gente que cada día está en las calles y nos explica cuáles son sus necesidades, es que se detecta una necesidad de modificación del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Nosotros nos vamos a abstener. No pondremos trabas, como muestra del hecho de que hemos escuchado a regidores y regidoras, a alcaldes y alcaldesas, no queremos hacerles sentir incómodos, les hemos escuchado, pero queremos decir que la realidad no se cambia a golpe de Código Penal y Ley de Enjuiciamiento Civil. Y no estamos siendo buenistas, estamos siendo realistas. ¿Cuál es nuestro desastre? Una Administración de Justicia incapaz de dar respuesta en tiempo y forma a las necesidades de los ciudadanos. ¿De qué sirve la multirreincidencia? ¿Cuándo se puede aplicar cuando hay tres sentencias ejecutorias? Si es que el problema es que nunca llega ni la primera sentencia. ¿Qué nos dice la gente? Entran por una puerta y salen por la otra. Eso no lo va a evitar, pero nos quedaremos a ver cómo se hacen realidad nuestros pronósticos y dentro de un año o dos seguimos igual y no nos podrán decir que no colaboramos o que votamos en contra. Permítanme decir también que desde la perspectiva de política criminal o dogmática jurídica esto no encaja con ninguno de los presupuestos progresistas de rehabilitación, de reparación ―porque aquí tampoco está incluida― ni de ninguno de los ámbitos que permiten en la política criminal avanzar y servir a la gente. No obstante, haremos todo lo posible para que, efectivamente, se resuelvan los problemas que la justicia tiene en nuestro país. Por ese motivo, el pacto por el cual llegamos a esta abstención es una dotación de jueces adicionales del doble de lo que se había previsto. Saben ustedes que el Gobierno de la Generalitat anunció noventa y nueve jueces nuevos. Nuestro pacto es que para dentro de dos años haya noventa y uno más. Y quiero repetir aquí, en esta Cámara, que, a pesar de lo que prevé el Estatut de Catalunya que cayó en ese momento, que era que la justicia fuera competencia de la Generalitat, no dejamos de apoyarlo. Mientras la justicia dependa en exclusiva del Estado español no vamos bien.

Un último apunte. La situación de la justicia en Cataluña no es solo de un déficit de jueces y juezas, que sí; no es solo un déficit de recursos humanos y materiales, que también, es un déficit de buen trato a su personal. Miles de interinos en Justicia que son capaces de dar servicio en nuestra lengua están a punto de ser cesados, porque este Gobierno no tiene la capacidad de enfrentarse al tema de la temporalidad de los interinos con un poco de decencia y con un poco de justicia. Tenemos todos los jueces y todos los fiscales sustitutos pendientes de si podrán o no quedarse en sus puestos de trabajo, gente que hace años que trabaja de juez, pero el corporativismo no permite que accedan a través de un concurso de méritos. Eso, señores, también es vergonzoso. Por lo tanto, ustedes creen ―esta es la idea― que si modificamos y endurecemos el Código Penal con este populismo punitivo todo se va a arreglar, pero ¿saben qué? Que en blanco y negro no se arreglan las cosas, se arreglan con gente que trabaje, que resuelva, que emita la sentencia; se arreglan con un sistema de justicia penitenciaria que permita la rehabilitación. Así se arregla. Y eso quiere decir recursos; eso quiere decir dinero, inversión; eso quiere decir entender que la única justicia que es justicia es la que se aplica rápidamente en forma, en tiempo y en lugar.

Voy a terminar. Sé que hoy hay alcaldes y alcaldesas aquí, y también lo he hablado con los míos. Todos ustedes, porque están arraigados en el territorio, saben que, muchas veces, la gente que delinque o que repite delitos o que rompe los cristales de la farmacia o de la panadería no son ni del pueblo. ¿Qué juez emitirá una orden de alejamiento por una comunidad autónoma? No lo van a hacer los jueces. Lo de hoy es humo. Somos los responsables y muchos otros grupos aquí. Todo lo que sea bueno para nuestra gente lo vamos a aprovechar, pero, no se equivoquen, pasarán tres años y, si no contamos con las dotaciones necesarias para la Administración de Justicia, todo seguirá igual, porque la realidad es compleja, sí; la realidad es difícil, sí; cada día hay más pobreza, sí. Esas son las bases subyacentes de los problemas que tenemos y, si no lo arreglamos, ya podemos endurecer el Código Penal, ya podemos poner pena de muerte por robar un móvil, que seguirá sucediendo.

Muchas gracias. (Aplausos).

Eskerrik asko, presidenta. Egun on, señorías. El Partido Nacionalista Vasco, alineado con el sentir mayoritario de la sociedad, considera que la seguridad es un aspecto fundamental para preservar el bienestar, la estabilidad, la confianza en las instituciones y el progreso de cualquier sociedad. Por ello, cuando en esta Cámara hemos debatido cómo abordar penalmente la multirreincidencia en los delitos de hurto y estafa, hemos partido siempre de la consideración de que este comportamiento delictivo reiterado por algunas personas, cuando no tiene respuesta efectiva institucional, erosiona la percepción de la seguridad ciudadana, con el consiguiente desánimo de las fuerzas y cuerpos de seguridad, además de causar graves daños, principalmente en la actividad económica y comercial, y honda preocupación de los regidores municipales en aquellos municipios más afectados por esta tipología delictiva, que afecta y tensiona la convivencia y la seguridad vecinal. Señorías, recordarán que, a tenor de estas consideraciones y para afrontar esta situación, nuestro grupo parlamentario apoyó y colaboró en la reforma del Código Penal de 2022 respecto a los autores reiterados de hurtos leves, pues la pena de multa vigente hasta aquel momento resultaba ineficaz, generando esa percepción social de que por una puerta entran y por otra salen para volver a hurtar. Lo cierto es, señorías, que esa reforma del Código Penal de 2022 no ha dado los frutos esperados, tanto por problemas interpretativos como de aplicación práctica, y la multirreincidencia en los delitos de hurto y estafa parece no disminuir, sino que, por el contrario, sigue creciendo, situación que, si se producía, nos comprometimos a abordar en el programa electoral de nuestro partido político, para la mejora tanto de la prevención general como de la especial, a través de la revisión de los tipos y penas actualmente previstos, sin desconocer que esa problemática también reclama otras medidas sociales de acompañamiento que pudieran ser necesarias.

Ahora, señorías, propugnamos una reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que afecta a las disposiciones generales del Código Penal, contenidas en su libro primero, en lo relativo a la multirreincidencia en estos delitos que comentamos, para evitar las dudas interpretativas señaladas y que anteriormente hemos comentado. Se contempla también el fenómeno de la multirreincidencia en los delitos de estafa, pues, como es conocido, el medio comisivo de este delito, a través de las redes y sistemas de información ―el cibercrimen―, lo ha multiplicado y facilitado, singularmente en ámbitos merecedores de la máxima protección como son los referidos a las personas mayores y otras vulnerables.

Por otra parte, se sigue manteniendo el tipo atenuado de multa para los hurtos y estafas cuyo valor no supere los 400 euros, aunque el cuarto hurto por la misma persona autora ahora comportará, o bien la pena correspondiente al tipo básico de los hurtos de más de 400 euros, o bien la pena correspondiente al tipo agravado, en función del historial de condenas de la misma naturaleza por la misma persona, diseñando así un escalonamiento de condenas respetuoso con el principio de proporcionalidad y con la distinta gravedad de los delitos que pudieran concurrir en el historial, tal y como reclama el Tribunal Supremo.

También, señorías, se introducen dos nuevos tipos agravados de hurto: por la sustracción de teléfonos móviles y por la sustracción de productos, herramientas y materiales de explotaciones agrarias o ganaderas. En el caso de los teléfonos móviles, no solo porque su hurto es una auténtica plaga social, sino también por la intrusión que supone en la privacidad e intimidad de las víctimas, por la información que estos contienen, que en muchos casos alcanza también a la información económica y financiera. Y en el caso de las explotaciones agrarias, tal y como se señala en la exposición de motivos, por el elevado coste operativo que les supone, más allá del valor de reventa de lo sustraído.

Además, señorías, la reforma del Código Penal se acompaña con otras procesales para el mejor abordaje de estos delitos contra el patrimonio, superando dudas interpretativas sobre la aplicación de las medidas cautelares por los órganos judiciales, como la prohibición de residir o acudir a determinados lugares donde el acusado comete principalmente sus delitos, y habilitando a los entes locales para que puedan ejercer la acción penal por la afección a la convivencia y seguridad vecinal que estos delitos... (Rumores).

Gracias, presidenta. Y la reforma también se acompaña con el reforzamiento de la planta judicial de cada Tribunal Superior de Justicia, a través de una nueva dotación de jueces de adscripción territorial para cubrir vacantes, realizar sustituciones o reforzar los juzgados con mayor carga de trabajo, y que se cubrirá con las nuevas promociones. En definitiva, señorías ―y voy finalizando, presidenta―, con esta reforma pretendemos dar respuesta a las conductas delictivas reiteradas contra el patrimonio para las que las penas de multa resultan ineficaces, y no solo en la mayoría de los casos, por la falta de recursos de los condenados. En resumen, para evitar la impunidad efectiva que supone la pena de multa a las personas multirreincidentes contra el patrimonio, una situación que, como les señalaba, distorsiona la convivencia y afecta a la percepción objetiva y subjetiva de seguridad, cuyo abordaje creemos que es reclamado mayoritariamente por la sociedad y pedido por la Abogacía, por la Policía, por la judicatura, por la Fiscalía y por los responsables municipales. Entendemos que ahora con esta reforma se da respuesta efectiva y proporcional a la lacra de la multirreincidencia. Muchas gracias.

Mahiburu andreak, egun on. Señorías, buenos días. El aumento de penas es el recurso típico del populismo penal cuando el Estado fracasa en la prevención. Esta es una de las conclusiones del conocido penalista Luigi Ferrajoli. (El señor vicepresidenta ocupa la Presidencia). Hoy tenemos un ejemplo de ese fracaso. Pero es más, cuando estamos tratando de endurecer delitos leves, esto supone un doble fracaso, porque endurecer las penas de los delitos leves no sirve para nada.

Decía el portavoz de UPN: ¡¿Cuántos delitos se hubieran prevenido si esto hubiera sido aprobado?! Ninguno. Pero si esto está ya muy estudiado por la criminología, la estadística y la sociología. El endurecimiento de penas no sirve para prevenir los delitos. Por eso estamos hoy ante un doble fracaso.

Amics catalans, amics de Junts, aquesta llei no servirà, no funcionarà ni per aturar els furts, ni per aturar Aliança Catalana, i ho sabeu.

Amigos catalanes, amigos de Junts, esta ley no servirá y no funcionará ni para detener los hurtos ni para detener a Aliança Catalana, y lo sabéis.

Ahí está, es que es ineficiente y absurda, tenemos siglos de estudio de qué funciona y qué no funciona. Estamos ante una norma que viene de un efecto dominó: hay unos nuevos tipos de delitos, que algunos medios sensacionalistas engrandecen, creando alarma; que algunos partidos de carácter ultra lo aprovechan para, vía mensajes del miedo, intentar movilizar y sacar votos; que algunos partidos conservadores se ponen nerviosos también y creen que, vía punitivismo, van a conseguir parar a esa extrema derecha, y tenemos, curiosamente, a un partido como el Partido Socialista, que sabe que esto no funciona y que no comparte en el fondo estas medidas, pero que, para compensar de alguna manera a un partido que le hace falta para sacar adelante otras leyes, accede a aprobar estas medidas que van en contra de todo lo que ha aprobado en los últimos años en estas materias.

¿Cuál es la realidad? La realidad es que, en términos comparativos de la Unión Europea y en términos comparativos propios, podemos decir que el Estado español es un Estado seguro, donde los niveles de delincuencia son bajos. En contraposición, tenemos unos centros penitenciarios con una población carcelaria de las más altas de Europa. Es un contrasentido, pero es así. De igual forma, tenemos uno de los códigos penales más severos de la Unión Europea, y hoy se va a intentar endurecer un poco más. Esta es la realidad, pero al mismo tiempo ―vuelvo a insistir― sabemos que el endurecimiento de esas penas no va a servir para evitar que se cometan esos delitos.

¿Hay que luchar contra esos delitos? Obvio, como contra cualquier delito, pero está también estudiado qué medidas y qué penas sirven. Hay una que se propone que se ha demostrado que suele ser efectiva en este tipo de pequeños delitos que se cometen de manera continuada en zonas turísticas, en puertos, aeropuertos, estaciones y sistemas ferroviarios, pues hay ya magistrados y magistradas que han dictaminado órdenes de alejamiento y es cierto que estas han servido para reducir este tipo de delitos. Pero en el fondo, si vamos a ver qué perfiles de personas cometen estos delitos, ¿quiénes son? Como decía una portavoz anteriormente, son los llamados comúnmente robagallinas, que son personas que están prácticamente al margen de la sociedad, con perfiles de marginalidad; es decir, los excluidos de la sociedad. ¿Creen ustedes que, llevando a estas personas a los centros penitenciarios y colapsándolos más, van a ayudar a que se puedan reinsertar? La estadística también nos dice que no, que esto va en la línea contraria y que profundizarán más en esos perfiles. Es más, cuando les decía que Ferrajoli hablaba de la prevención, les quería comentar que las medidas más efectivas para prevenir este tipo de hechos van en el camino de aprobar medidas sociales, y son curiosamente los partidos que impulsan esta norma los que se oponen a votar a favor de leyes y políticas sociales en esta Cámara.

Por otra parte, ante una situación judicial de juzgados colapsados, otra medida sería tener un mayor número de magistrados y magistradas, y son curiosamente también algunos de esos partidos que impulsan esta norma los que se oponen a una nueva ley que dé acceso a un mayor número de magistrados y magistradas. Curioso, cuando sabemos… (Rumores).

Decía que, ante unos juzgados colapsados, lo sensato sería dotarse de un mayor número de magistrados y magistradas para hacer frente a todos los casos que hay en los juzgados. Pero de igual forma, curiosamente, ante esta nueva modificación con penas más severas, los juicios que se celebren serán más complejos, lo que va a conseguir que los juzgados estén más colapsados todavía. Y estas personas, presuntos perpetradores, van a estar en la calle tranquilamente y, quizás, algunos también cometiendo esa multirreincidencia que ustedes quieren evitar. De ninguna forma esta norma que traen hoy aquí va a evitar el fin que dicen. Ya sé por qué la traen, todos sabemos por qué la traen, pero seamos sinceros, la ciencia y la evidencia nos dicen que no va a funcionar, que no va a servir para lo que buscan. Decía la portavoz de Esquerra anteriormente que como legisladores debemos apuntar a medidas que funcionen de verdad. Desde la evidencia científica hay que buscar medidas eficaces, proporcionales y que sean socialmente responsables, porque esta desproporción en las penas de delitos leves ―sobre las que, por cierto, el Tribunal Constitucional en numerosas ocasiones ha llamado la atención diciendo que no se pueden llevar a cabo― no servirán para el efecto que buscan.

Acabo, señor presidente. (El señor Iñarritu García se gira hacia la Presidencia). Miraba a ver si era presidente o presidenta. Como les decía antes…

... això no funcionarà ni per aturar els furts ni per aturar Aliança Catalana.

… esto no funcionará ni para detener los hurtos ni para detener a Aliança Catalana.

Eskerrik asko, muchas gracias, moltes gràcies. (Aplausos).

Moltes gràcies. Molt bon dia a tothom. Aquesta llei neix del territori i no dels despatxos. Neix dels municipis que durant anys han hagut de suportar inseguretat als seus barris sense comptar amb cap eina eficaç per combatre-la. Per això vull saludar especialment als alcaldes i caps de llista de Junts per Catalunya, que avui són aquí. Han estat a primera línia lluitant contra un sistema que no els oferia eines i donant sempre la cara davant dels seus veïns. En bona part gràcies a la seva persistència que fem un pas que els seus veïns segur que agrairan. També vull saludar els alcaldes i alcaldesses de l’Arc Metropolità i d’altres entitats municipalistes que també sé que són presents avui. Avui presentem una llei impulsada per Junts, una llei molt esperada i que arriba molt tard, massa tard, després d’una tramitació marcada per bloquejos i dilacions. Però avui som aquí i això és una bona notícia per a la ciutadania, que reclama solucions concretes, útils i efectives. Aquesta és una llei necessària i equilibrada no és una llei ideològica, sinó una resposta a la realitat, perquè respon a una realitat incontestable. Els furts i les estafes, quan es repeteixen una vegada i una altra, generen una enorme inseguretat i un tremend impacte en la convivència. Fins ara, el sistema no disposava de les eines adequades per actuar i amb aquesta norma s’ataca la impunitat. Trenquem amb una dinàmica que cronifica el delicte i ho fem de manera ponderada. És una bona regulació eficaç, equilibrada i útil per a jutges, fiscals i policies, perquè els dotarà de les eines que necessiten per la seva feina. Els punts claus d’aquesta llei primer s’aborden els punts multireincidents, sigui quin sigui el seu import. Fins ara, els delinqüents que furtaven una vegada i una altra per sota dels 400 euros sabien perfectament que el sistema no reaccionava i que no patirien cap mena de conseqüència real, més enllà d’una multa de fet simbòlica, perquè mai l’havien de pagar per ser insolvents. Els enxampen i al cap de poques hores tornaven a fer el mateix. Un nou furt de telèfon, un patinet o una collita de pomes. Un dia i un altre. I això s’acaba. Qui converteix el delicte en un mode de vida tindrà una resposta com toca. En segon lloc, el context digital que ens envolta exigeix una actualització del marc jurídic. Per això incloem un tipus específic: els furts de mòbils. Tots sabem que els mòbils ja no són un objecte qualsevol. Contenen les nostres dades personals, l’accés bancari i informació mèdica. Avui són la nostra identitat, la nostra marca i la nostra comunicació. Portar un mòbil et desconnecta i et desprotegeix en allò més íntim i més sensible. Per això creem aquest tipus agreujat, específic, enfocant-nos en el problema real i pensant en la vida quotidiana de la gent. En tercer lloc, —‌que això no en parlen— protegir el món agrari i ramader. Al camp no hi ha portes, ni persianes ni alarmes. Els nostres pagesos i ramaders veuen com contínuament els roben les seves collites, productes, eines que, sense ser d’un gran cost econòmic, els suposa un perjudici molt alt, amb collites senceres perdudes, reposició d’eines o dels tubs de reg. Els pagesos ja pateixen massa burocràcia com perquè, a més se’ls robi amb total impunitat. Hem d’assegurar-nos que els pagesos puguin fer de pagesos i no de policies ni de gestors. Fins ara, per aplicar l’agreujant que ja existeix, s’exigia acreditar un perjudici greu per l’activitat, cosa que va convertir aquest tipus penal en absolutament inaplicable. A partir d’ara, quan el valor superi 400 euros, ja es podrà aplicar l’agreujant que ja existeix, evitant càrregues probatòries absolutament desorbitades que eren impossibles de superar. Perquè per Junts per Catalunya, la protecció del sector agrari i ramader no és un privilegi jurídic, sinó que és un deure col·lectiu i de país.

En quart lloc, s’incorporen les petites estafes digitals. Cada 6 minuts hi ha una ciberestafa a Catalunya. Sovint són estafes que afecten, sobretot, a gent gran i persones amb menys competències digitals que autoritzen transferències. Faciliten dades bancàries pensant que estan parlant amb el seu banc o amb alguna empresa subministradora. Ara tindran una resposta penal clara.

Cinquè. S’introdueixen mesures útils per evitar la reiteració delictiva. Es podran acordar ordres d’allunyament a multireincidents en determinades zones per protegir les víctimes, que era una eina realment molt reclamada durant anys pels ajuntaments i que ha estat sistemàticament ignorada.

I parlant d’ajuntaments, es reforça el paper dels ajuntaments. Els municipis, que són els primers a patir els efectes de la multireincidència, acumulen el coneixement directe del carrer. Saben qui és qui. Aquesta llei els dona finalment legitimació per exercir l’acció penal en casos de multireincidència. Perquè si són a primera línia davant del problema, han de ser també la primera línia de la solució.

En setè lloc, s’incorporen més mitjans al sistema judicial, l’obligació de disposar d’un jutge o jutgessa d’adscripció territorial cada 100 000 habitants. Això ajudarà a reduir col·lapses, evitarà que jutjats quedin paralitzats quan falti el titular. Especialment en territoris com Catalunya, on el col·lapse judicial és estructural. Aquesta llei és una llei ponderada que aconsegueix equilibrar tres elements fonamentals: una millor regulació penal ajustada a la realitat social actual i a la dels nostres barris, més mitjans amb l›ampliació de jutges i noves eines cautelars i més capacitat d›actuació dels municipis, que són qui millor coneixen els que generen els problemes recurrents a la seva ciutat o al seu poble.

És una llei que diu prou a la impunitat repetida, però sense caure exclusivament en el càstig. És una llei que posa ordre i, sobretot, és una llei que millorarà la seguretat i el benestar de la gent, que al final és l’únic que ens importa realment a Junts.

Vull agrair especialment l’acompanyament de la Comissió contra la Multireincidència del Consell de l’Advocacia de Catalunya, liderada pel degà emèrit, el senyor Jesús Sánchez, que ha estat sempre a l’altra banda del telèfon i ha tingut una paciència infinita mentre els diferents redactats corrien amunt i avall, així com també els diputats dels grups parlamentaris que han participat més intensament en la negociació: la senyora Moro, el senyor Aranda, el senyor Legarda. Ha estat molt complex, però al final hem arribat al punt que almenys a Junts ens sembla essencial, que és el de donar resposta a una demanda ciutadana real.

Per tot això, demano avui el vot favorable a aquesta proposició de llei. És una llei que no improvisa, avalada pel Consell de l’Advocacia i pels operadors jurídics més rellevants. Una llei que ofereix eines efectives a jutges, ajuntaments i policies. Una llei que protegeix la seguretat als nostres barris, al món agrari, als comerços, a les persones vulnerables i, en definitiva, al conjunt de la ciutadania. Una llei amb la que la convivència hi guanya i la impunitat retrocedeix. Avui fem un pas endavant perquè la gent pugui viure més tranquil·la i més segura.

Moltes gràcies.

Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Esta ley nace del territorio, no de los despachos. Nace de los municipios que durante años han tenido que soportar inseguridad en sus barrios sin contar con ninguna herramienta eficaz para combatirla. Por eso, quiero saludar especialmente a los alcaldes y jefes de lista de Junts per Catalunya que hoy están aquí. Han estado en primera línea, luchando contra un sistema que no les ofrecía herramientas y dando siempre la cara ante sus vecinos. En buena parte, gracias a su persistencia, damos un paso que sus vecinos seguro que agradecerán. También quiero saludar a los alcaldes y a las alcaldesas del arco metropolitano y de otras entidades municipalistas que sé que están aquí. Hoy presentamos una ley impulsada por Junts, una ley muy esperada que llega muy tarde, demasiado tarde, después de una tramitación marcada por bloqueos y dilaciones. Pero hoy estamos aquí y esto es una buena noticia para la ciudadanía, que reclama soluciones concretas, útiles y efectivas. Esta es una ley necesaria y equilibrada. No es una ley ideológica, sino una respuesta a la realidad, porque responde a una realidad incontestable: los hurtos y las estafas, cuando se repiten una y otra vez, generan una gran inseguridad y un tremendo impacto en la convivencia. Hasta ahora el sistema no disponía de las herramientas adecuadas para actuar, pero con esta norma se ataca la impunidad, rompemos con una dinámica que cronificaba el delito y lo hacemos de manera ponderada. Es una buena regulación, eficaz, equilibrada y útil para jueces, fiscales y policías, porque los dotará de las herramientas que necesitan para hacer su trabajo.

Los puntos clave de esta ley son los siguientes. Primero, se abordan los hurtos multirreincidentes, sea cual sea el importe. Hasta ahora los delincuentes que hurtaban una y otra vez por debajo de los 400 euros sabían perfectamente que el sistema no reaccionaba y que no sufrirían ningún tipo de consecuencia real, más allá de una multa, de hecho, simbólica, porque nunca tenían que pagarla por ser insolventes. Los atrapaban y al cabo de pocas horas repetían lo mismo: un nuevo hurto de un teléfono, de un patinete o de una cosecha de manzanas. Un día y otro, pero esto se acaba. Quien convierte el delito en un modo de vida tendrá una respuesta como se merece.

En segundo lugar, el contexto digital que nos envuelve exige una actualización del marco jurídico. Por eso, incluimos un tipo específico a los hurtos de móviles. Todos sabemos que los móviles ya no son un objeto cualquiera, contienen nuestros datos personales, acceso bancario e información médica. Hoy son nuestra identidad, nuestra banca y nuestra comunicación. Hurtar un móvil te desconecta y te desprotege en lo más íntimo y sensible. Por eso creamos este tipo de agravante específico, enfocándonos en el problema real y pensando en la vida cotidiana de la gente.

En tercer lugar, protegemos el mundo agrícola y ganadero. En el campo no hay puertas ni persianas ni alarmas y nuestros campesinos y ganaderos ven cómo continuamente les roban sus cosechas, productos y herramientas que, sin ser de un gran coste económico, les supone un perjuicio muy alto: cosechas enteras perdidas, reposición de herramientas o sistemas de riego… Los campesinos ya sufren demasiada burocracia como para que, además, se les robe con total impunidad. Tenemos que asegurarnos de que los campesinos pueden hacer de campesinos y no de policías o de gestores. Hasta ahora, para aplicar el agravante que ya existía, se exigía acreditar un perjuicio grave para la actividad, lo que convirtió este tipo de pena en absolutamente inaplicable. A partir de ahora, cuando el valor supere los 400 euros se podrá aplicar el agravante que ya existe, evitando cargas probatorias absolutamente desorbitadas, que eran imposibles de superar. Para Junts per Catalunya la protección del sector agrícola y ganadero no es un privilegio jurídico, es un deber colectivo y de país.

En cuarto lugar, se incorporan las pequeñas estafas digitales. Cada seis minutos hay una ciberestafa en Cataluña. A menudo son estafas que afectan, sobre todo, a personas mayores y con pocas competencias digitales que autorizan transferencias y facilitan datos bancarios pensando que están hablando con su banco o con una empresa suministradora. Estas ahora tendrán una respuesta penal clara.

Cinco, se introducen medidas útiles para evitar la reiteración delictiva. Se podrán acordar órdenes de alejamiento a multirreincidentes en determinadas zonas para proteger a las víctimas. Esta ha sido una herramienta muy reclamada durante años por los ayuntamientos y que ha sido sistemáticamente ignorada.

Seis. Hablando de ayuntamientos, se refuerza su papel. Los municipios, que son los primeros en sufrir los efectos de la multirreincidencia, acumulan el conocimiento directo de la calle y saben quién es quién. Esta ley les da finalmente legitimación para ejercer la acción penal en casos de multirreincidencia, porque si están en la primera línea ante el problema, han de poder estar también en primera línea en la solución.

En séptimo lugar, se incorporan más medios al sistema judicial. La obligación de disponer de un juez o de una jueza de adscripción territorial por cada cien mil habitantes ayudará a reducir colapsos y a evitar que los juzgados queden paralizados cuando falte un titular, especialmente en territorios como Cataluña, donde el colapso judicial es estructural. Esta es una ley ponderada, que consigue equilibrar tres elementos fundamentales: una mejor regulación penal, ajustada a la realidad social actual y la de nuestros barrios; más medios, con la ampliación de jueces y de nuevas herramientas cautelares, y más capacidad de actuación de los municipios, que son los que mejor conocen a los que generan problemas recurrentes en su ciudad o en pueblo.

Es una ley que dice basta a la impunidad repetida, pero sin caer exclusivamente en el castigo. Es una ley que pone orden y, sobre todo, es una ley que mejorará la seguridad y el bienestar de la gente, que al final es lo único que nos importa realmente en Junts.

Quiero agradecer especialmente el acompañamiento de la comisión contra la multirreincidencia del Consejo de la Abogacía de Cataluña, liderada por el decano emérito, don Jesús Sánchez, que siempre ha estado al otro lado del teléfono y que ha tenido una paciencia infinita mientras las diferentes redacciones corrían arriba y abajo. También quiero agradecer a los diputados de los grupos parlamentarios que han participado más intensamente en la negociación, como la señora Moro, el señor Aranda y el señor Legarda. Ha sido muy complejo, pero al final hemos llegado al punto que, al menos en Junts, nos parece esencial, que es el de dar respuesta a una demanda ciudadana real.

Por todo ello, pido hoy el voto favorable a esta proposición de ley que no improvisa, avalada por el Consejo de la Abogacía y los operadores jurídicos más relevantes. Una ley que ofrece herramientas efectivas a jueces, ayuntamientos y policías. Una ley que protege la seguridad de nuestros barrios, en el mundo agrícola, los comercios, las personas vulnerables y, en definitiva, el conjunto de la ciudadanía. Una ley en la que la convivencia gana y la impunidad retrocede. Hoy damos un paso adelante para que la gente pueda vivir más tranquila y más segura.

Muchas gracias.

Muchas gracias, señor presidente. Si hoy se aprueba este dictamen, será porque existe una mayoría para modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal y para endurecer el Código Penal, incrementando las penas a los delitos de delincuentes de poca monta, de gente excluida, hurtos de descuideros. Será un reflejo de lo mal que está el mundo: mano dura con los débiles e impunidad con los fuertes. Los demócratas no deberían dejarse arrastrar por la ola reaccionaria y populista que exagera problemas que no son los grandes problemas del país. El acceso a una vivienda digna para todas las familias es un problema mucho más grave que los hurtos de descuideros. ¿Por qué entonces garantizar el derecho a la vivienda no concita una mayoría parlamentaria como la que existe para llenar las cárceles de robagallinas? (Aplausos). Pues porque la demagogia populista inunda la sociedad, impulsada por el ascenso de las ideas autoritarias que trae el fascismo. Lo preocupante es que fuerzas políticas democráticas se sumen a este discurso populista que acaba fortaleciendo electoralmente a la ultraderecha más reaccionaria. Esta ley no aborda las causas del problema. Al castigar duramente la reiteración de hurtos de poca monta genera nuevos problemas y se saturan las cárceles con desgraciados. En Cataluña y en toda España la congestión judicial es inferior en la jurisdicción penal que en las demás jurisdicciones. Pero, con esta reforma, el acusado de multirreincidencia, en lugar de ir a un juicio por delitos leves, irá un juicio más complejo, penado ahora con hasta tres años. La mayoría de los delitos de cuello blanco, los que cometen los ricos, tienen penas iguales o inferiores a tres años. Por ejemplo, delitos como la alteración de precios, la sobrefacturación en perjuicio de consumidores o los delitos societarios. Y ahora tendremos unos juicios que tardarán dos años en celebrarse. Una medida ineficaz que no arregla el problema, más atasco en la jurisdicción penal y más tiempo para que el acusado siga reincidiendo. Pero lo más grave es que se trata de un acuerdo entre el Grupo Popular, Junts y el Grupo Socialista. ¿Esto qué es?, ¿un experimento de gran coalición? Esto es un acuerdo para convertir en ley el discurso demagógico de VOX, de Se Acabó la Fiesta o de Alianza Catalana. Ya saben: No se puede salir a la calle por la delincuencia y los extranjeros vienen a delinquir. Menos el que cuida a mi madre enferma, claro, que a ese le conozco y es buena gente. (Aplausos). Un acuerdo con quienes abren las puertas al negacionismo de VOX, en este caso el Grupo Popular. Un acuerdo con quienes votan con el Grupo Popular y VOX para destrozar el escudo social, Junts. Un acuerdo con quienes deshumanizan al adversario: el galgo de Paiporta llamaban al presidente ayer aquí. La ultraderecha y los fascistas en esto ni se mojan, observan en sus escaños este delirio populista impulsado por el PP, por Junts y por el Grupo Socialista y recogen el rédito electoral, como hemos visto en Extremadura y en Aragón. La reforma no va a arreglar el problema, pero dará una inmensa proyección a ideas racistas y fascistas. No puede ser que fuerzas democráticas acaben impulsando a la ultraderecha para que ocupen instituciones y acaben con la democracia y con los derechos. Si no hay acuerdo para derogar la ley mordaza que aprobó el PP hace más de diez años, ni para derogar los delitos que impiden la libertad de expresión, no debería haber un acuerdo entre el PP, el PSOE y Junts para inundar el Código Penal con populismo punitivo. (Aplausos). ¿Va a servir este acuerdo para aprobar una ley que prohíba los desahucios de familias vulnerables? ¿Va a servir para aprobar una ley que garantice el derecho a la vivienda? ¿Para aprobar la prestación para crianza que acabe con la pobreza infantil? Solo sirve para fortalecer a la ultraderecha. Mire, mejor les iría a los campesinos si no se redujeran las subvenciones de la PAC por el rearme, si se bloquearan los aranceles o si se parara el Mercosur. Esos son los grandes problemas del campo español. España tiene una tasa de criminalidad de las más bajas: 48,8 por cada 1000 habitantes. Somos uno de los países más seguros de Europa. ¡Pero, hombre, si es que somos el segundo país del mundo con más turistas! Lo que somos es el sexto país de Europa con más presos. Con 40 millones de habitantes menos que Alemania y 11 millones menos que Italia tenemos el mismo número de presos porque nuestro Código Penal es muy punitivista. Cada preso nos cuesta 28 500 euros al año. La forma de combatir los hurtos no es saturar las cárceles una vez más, en especial con gente joven en situación de exclusión social, a los que van a enviar a una escuela de delincuencia en lugar de enviarlos a centros de formación profesional. Por cierto, para los que ya solo hay plazas en centros privados, que cada día son más caros e inaccesibles para las familias trabajadoras. (Aplausos). En vez de poner a los ayuntamientos a gastar dinero en repetir el trabajo que hacen los fiscales, sería mejor invertir en formación profesional pública, en combatir la exclusión social o en crear más plazas de jueces para que los delitos menores se juzguen más rápido. O también en pagar trienios a las juezas sustitutas, porque, por si no lo saben, ayer el Consejo General del Poder Judicial les negó este derecho que tiene reconocido cualquier trabajadora.

La reforma del Código Penal que hizo el Partido Popular en 2015, endureciendo las penas contra los hurtos, los incrementó un 51 %. Otras reformas, como la de 2022 del Gobierno de coalición de izquierdas, iba acompañada de medidas de empleo y atención social, y los delitos contra el patrimonio se redujeron un 2,3 % y los hurtos un 4 %. Conclusión: cuando las reformas penales van acompañadas de políticas de empleo y de atención social, se reduce la criminalidad y se garantiza seguridad humana. Pero, hombre, hasta tres años de prisión, tres años, por hurtar un teléfono móvil, es un desprecio a la obligada proporcionalidad de las penas.

Estamos de acuerdo en utilizar una orden de alejamiento respecto a un barrio o una ciudad para casos de multirreincidencia. Es una medida eficaz, no populista, pero es que ya existe en la legislación sin necesidad de esta reforma y ya la están aplicando los jueces.

En fin, desconfíen de quienes les hablan de años de cárcel con frivolidad. La cárcel es una cosa muy seria. No caigan en la trampa del punitivismo, del penalismo mágico. Y se lo decimos especialmente al Grupo Socialista.

Sí mostramos nuestro acuerdo con la modificación del artículo 568 del Código Penal sobre el denominado petaqueo, porque es una medida para combatir mafias criminales organizadas y armadas de narcotráfico. Las de verdad, no el cártel de los Soles. Pero, al incluirla en una ley populista y demagógica, nuestro voto al dictamen será absolutamente negativo.

Gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).

Pues bien, decía el poeta que la verdad es amarga, pero más amarga es la mentira cuando se vive dentro de ella. Bienvenidos a una reforma penal necesaria, pero no suficiente, cuya realidad se ha negado, ridiculizado o tachado de innecesaria solo porque VOX lo denunciaba.

Bienvenidos a una proposición que poco tiene que ver con la raquítica inicial, presentada irónicamente por quienes han sido causa del problema y temen quedar reducidos en nada, y que se aproxima tímidamente —‌aunque les incomode reconocerlo a todos— a lo que VOX viene reclamando desde hace años. (Aplausos). Y bienvenidos a un debate que se abre cuando la realidad ya no permite más equívocos, especialmente en Cataluña, donde la multirreincidencia y la inseguridad se viven con especial crudeza.

Durante excesivo tiempo se nos dijo que exagerábamos, que era alarmismo, incluso en la propia ponencia ―lo acabamos de oír―, que era ceder ante la llamada extrema derecha. Pero todas esas críticas tenían un denominador común: el reconocimiento implícito de que el problema existe y de que somos nosotros, VOX, quienes lo hemos señalado sin complejos. (Aplausos). No estamos ante una abstracción jurídica. Nos ocupa el delincuente habitual que entra y sale del juzgado ―como también se ha dicho― como quien pasa por una ventanilla administrativa, el que le delinque hoy, mañana y pasado sabiendo que la consecuencia será, como mucho, una multa irrelevante que no pagará.

Hablamos de barrios degradados, de comercios que cierran, de transporte público convertido demasiadas veces en territorio sin ley, como ocurre en Barcelona. Esto no es una percepción, es la realidad, y especialmente, insisto, en Cataluña. El consenso progre del bipartidismo, liderado por las consignas de la izquierda, ha gobernado durante décadas y es responsable de haber llenado nuestras calles de delincuentes habituales. El núcleo de la reforma pretende tímidamente actuar ahí. El sistema permite encadenar hurtos leves sin consecuencias reales mientras no se alcance un determinado umbral económico. Este diseño incentiva el delito repetido de pequeña cuantía. La modificación corrige parcialmente ese error. Cuando existen tres condenas previas por hurto, aunque alguna sea leve, el cuarto hurto permite ya una respuesta penal, mínima, sí, pero algo es algo. Se rompe en parte, así, la lógica que convertía la reiteración en estrategia rentable.

Lo mismo sucede con la estafa leve. La acumulación de condenas deja de ser irrelevante y empieza a tener consecuencias para evitar, de forma tímida, que el sistema premie a quien ha hecho de la fechoría su forma de vida.

Se introducen ajustes de proporcionalidad conforme a la doctrina del Tribunal Supremo y se incorporan referencias específicas al hurto de productos agrarios o ganaderos, y al llamado petaqueo, el suministro ilegal de combustible a narcolanchas.

También se establece un tratamiento específico para el hurto de dispositivos electrónicos, porque robar un móvil no es sustraer simplemente un objeto, sino vulnerar la intimidad y la seguridad de una persona.

Desde el punto de vista procesal, se refuerzan parcialmente las herramientas reclamadas desde hace años por operadores jurídicos y se reconoce un papel más activo a las entidades locales, que sufren en primera línea la degradación del espacio público y el deterioro de la convivencia.

Pero no es la reforma que haría VOX, no. No se aborda la raíz del problema en la actualidad. Los ciudadanos ven cómo se protege al delincuente en nombre de una supuesta sensibilidad social, mientras se abandona al comerciante, al agricultor, al trabajador y al vecino que cumple la ley. (Aplausos). Se ha invertido la jerarquía moral: primero se justifica al que delinque; después, si acaso, se atiende a la víctima.

Es evidente que gran parte de esta multirreincidencia tiene causas conocidas, la inmigración descontrolada y el caos en las políticas inmigratorias han contribuido a agravar este fenómeno. Las fronteras abiertas, la ausencia de control efectivo y la falta de expulsiones, cuando existen incluso condenas reiteradas, generan una sensación de impunidad que termina pagando el ciudadano honrado. En Cataluña, además, esa dejación tuvo incluso un lema político repetido durante años: Volem acollir, queremos acoger. Y, ahora, cuando el problema resulta inocultable, pretenden enmendar parcialmente el error. Pero mientras no se apliquen sin complejos las expulsiones de inmigrantes que delinquen de forma reiterada, mientras no se recupere la autoridad del Estado y el control efectivo de las fronteras, la multirreincidencia seguirá existiendo. (Aplausos). España no puede ser el paraíso del delincuente habitual. Es cierto que las ideas no pertenecen a ningún partido, pero las responsabilidades políticas sí. Que hoy se legisle en esa dirección demuestra que la realidad termina imponiéndose, incluso cuando durante años se ha intentado negar el problema en nombre de una falsa compasión.

Da la sensación de que muchos de ustedes y de los opinantes políticos que sermonean en algunos medios viven todavía en 1999, congelados en el cambio de siglo, como si la política española siguiera atrapada en la vieja alternancia cómoda entre bloques. Pero España ha cambiado y las angustias de los españoles también. Han cambiado los barrios. Ha cambiado la paciencia de quienes cumplen la ley, que son la mayoría de los ciudadanos, que se ven reemplazados y hostigados por una verdadera invasión que los desprotege y agrede en todos los ámbitos. (Aplausos).

Lo que no puede seguir congelada es la respuesta contundente del Estado. Lo decía el poeta: La verdad es amarga, pero más amarga es la mentira cuando se vive dentro de ella. Y durante demasiado tiempo, demasiado tiempo, las mayorías políticas del bipartidismo han preferido instalarse ahí.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Gracias, presidente. Senyories, en primer lloc, voldria agrair la presencia avui d’alcaldes i alcaldesses del PSC: Sabadell, Hospitalet, Granollers, Rubí, Mollet, Esplugues, Mataró. Gràcies per la vostra presencia i per la vostra ajuda, també per la vostra implicació constant en les reformes per fer front a la multirreincidència.

Señorías, en primer lugar, quiero agradecer la presencia de los alcaldes y alcaldesas del PSC de Granollers, Rubí, Mollet, Esplugues y Mataró. Gracias por vuestra presencia, por vuestra ayuda, y también por vuestra implicación constante en las reformas para hacer frente a la multirreincidencia. (Aplausos).

Si hay un lugar donde el fenómeno ha sido percibido como un problema de seguridad ciudadana con especial incidencia, ese es Cataluña. Les daré un dato de 2023: en Madrid se señalaron un total de 2700 juicios rápidos; en Barcelona, 5900, más del doble. Por ello, muchos han alertado sobre la importancia de regular este problema. Entidades jurídicas, expertos y también ayuntamientos socialistas han sido voz y guía en este problema. En esta sede se dice que no hemos hecho cosas, es falso. Ha habido dos reformas donde nuestro grupo ha sido protagonista: en el año 2022, con una reforma pactada con el PDeCAT, y, este año, con una proposición de Junts, en la que el Grupo Socialista ha trabajado y negociado en todo momento.

También nos felicitamos de que haya partidos, como el PP, que dejen por un día sus zancadillas y obstáculos para sumarse a este pacto. Así pues, señorías, ya saben cuál es la línea; es muy clara: menos insultos y más trabajo; menos odio y más diálogo; menos mentiras y más compromiso. (Aplausos). Si su jefe les deja, todos saldremos ganando; ustedes, la ciudadanía y la democracia.

Miren, es momento para hablar sobre la ley. Ya se ha dicho, pero hay que recalcarlo, ¿en qué avanzamos? Primero, se modifica el Código Penal para hacer más claro y eficiente el tipo punitivo. Segundo, se introduce la sustracción de teléfonos móviles por la especial protección de los datos personales que contienen. Tercero, se modifica el tipo agravado de hurto en el ámbito de las explotaciones agrícolas y ganaderas. Cuarto, se actualiza, sí, la regulación del delito leve de estafa, de especial importancia para personas mayores y otros colectivos vulnerables. También se habilitan medidas cautelares contra los delincuentes, como la prohibición de acudir a los lugares donde ejercen esta multirreincidencia. También algo importante, alcaldes y alcaldesas: se permite a los entes locales la legitimación para ejercer la acción penal en estos casos. Finalmente, se prevé un aumento estructural de los llamados jueces de adscripción territorial. Por eso, también hago un llamamiento a la Cámara, especialmente a Junts, para el desbloqueo y aprobación de la ley de ampliación y fortalecimiento de la carrera judicial, que prevé 2500 nuevos jueces en toda España. (Aplausos).

Además, el ministerio ha liderado más avances, les diré tres: primero, la aplicación del sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia, que permite la gestión unificada de la información judicial. Segundo, la aprobación —‌aquí— de la ley de eficiencia, que modifica y optimiza la planta judicial. Y tercero, el plan de choque para la ciudad de Barcelona, aprobado por el ministro Bolaños y el alcalde Collboni.

Como ven, señorías, el compromiso del Gobierno, del ministerio y de este grupo es firme para seguir avanzando en las medidas que logren atajar el fenómeno de la multirreincidencia. Se hacen —‌sí— desde la óptica de un Gobierno de izquierdas, sin fiarlo todo al punitivismo ni entrar, señorías, en los discursos racistas y xenófobos de la ultraderecha. Por eso, nosotros también trabajamos en medidas adicionales al Código Penal para reducir y atajar que haya quien haga de la multirreincidencia su modus vivendi. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). Es nuestra obligación trabajar en este asunto sin caer en la alarma social o en el peligroso discurso —‌como se ha visto hace unos minutos— de la ultraderecha de equiparar inmigración con delincuencia, un discurso muy muy peligroso.

Señorías, sobre palabras y discursos déjenme que haga una reflexión en este momento del discurso. Vivimos un momento histórico, único, nacional e internacional, donde ustedes, la derecha, tienen cada vez más un pasillo más estrecho por el que circular, porque han decidido darle todo el espacio a la ultraderecha. Uno no elige cuándo llegan las crisis que toca gestionar, pero sí el modo en que las gestiona. Lo hemos visto con el ministro Puente. En política sí que cuenta el qué, el cómo y el cuándo: qué se prioriza, en qué se trabaja, en qué se avanza, a quién se protege, cómo lo hacemos y con qué palabras, con qué modos y qué momentos elegimos. Nosotros, los legisladores, tenemos una tarea muy muy importante: transformar en leyes las necesidades de la ciudadanía y los avances que requiere nuestra sociedad. Ese trabajo se va a hacer con responsabilidad, esa es nuestra obligación. Señorías, lo que hacemos y decimos aquí tiene su eco ahí fuera. (Aplausos). Las acciones importan y las palabras también. Si somos representantes es porque queremos representar, y cada uno es responsable, individual y colectivamente, de a quién quiere representar y cómo quiere que sea la sociedad a la que representa.

Señorías, las huestes de la ultraderecha nos quieren imponer el miedo, miedo en la sociedad para ofrecerle soluciones falsas, y miedo a sus adversarios políticos y no políticos para que bajemos los brazos. Spoiler: no va a pasar. Y es que nada de lo que pasa hoy es gratuito. Hoy los tecnooligarcas y sus satélites patrios (señala hacia los escaños de la parte central del hemiciclo) construyen una sociedad sin paciencia y cuelan los bulos en nuestros móviles. La mano alargada de sus mentiras está en nuestros bolsillos. Hoy la verdad no es suficiente, por desgracia, para parar la mentira, para ganarla, y eso es una derrota de la democracia. Por eso, señorías, detrás de su sonrisa suficiente, de su confianza, detrás de toda la pasta que hay para imponer su relato, hay una cosa que no pueden ni podrán comprar. Pueden imponer un tiempo sin paciencia, sin espera, pero una gran mayoría de la sociedad tiene esperanza, vive con esperanza. Y es en esa esperanza, en ese creer que aún vale la pena por luchar democráticamente por un mundo mejor, donde ustedes caerán derrotados.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, presidenta. Señorías, hoy estamos debatiendo sobre una realidad muy concreta. Seamos claros, durante mucho tiempo, señores del Grupo Socialista, se ha secuestrado esta ley. Se ha secuestrado esta ley porque la única multirreincidencia que ocupaba las filas del Partido Socialista era la multirreincidencia de sus números dos (aplausos), que han pasado de Ferraz a Soto del Real y que hoy se sientan ya en el banquillo por una colección de delitos de corrupción. La única multirreincidencia que hoy preocupa en las filas del Partido Socialista es la de los fajos de billetes de 50 euros que señalan ya al Partido Socialista por financiación irregular. Y la única multirreincidencia que les ha ocupado era la de los condenados por terrorismo, porque Bildu les exigía libertad a cambio de sus votos. (Aplausos). ¡Esto es lo que ha estado ocurriendo durante toda esta legislatura! Durante demasiado tiempo se ha reaccionado como si cada hurto leve fuera un hecho aislado, como si cada estafa pequeña fuera un incidente puntual, pero en demasiados casos estamos ante auténticas trayectorias delictivas profesionalizadas. Hay quienes han hecho del hurto su oficio; de la estafa digital, su modelo de negocio; y del apoyo logístico al narcotráfico, su actividad. Esto es lo que esta ley contra la reincidencia va a frenar. Señorías, en barrios, por ejemplo, de Barcelona o en el entorno metropolitano, demasiados delincuentes son detenidos una vez y otra vez por sustracciones de móviles en transporte público o en zonas comerciales, entran por una puerta de la comisaría y salen por la otra, y vuelven al día siguiente y al siguiente. Ahí están los datos objetivos: solo los 12 criminales más detenidos por los Mossos d’Esquadra han tenido 307 arrestos. Ahí están los datos. Este es un problema absolutamente real. Lo más grave es que no se reacciona con la misma firmeza. El pequeño delito repetido ya no es pequeño cuando se reincide. La reiteración convierte la falta en sistema, es decir, convierte el hecho aislado en un oficio. Llevamos años en el Partido Popular impulsando esta reforma. En este caso hemos colaborado, transformándola técnicamente para hacerla más eficaz. En este sentido quiero dejar constancia del agradecimiento del Partido Popular al trabajo que se ha realizado por parte de los ponentes y de todos los miembros de la Comisión de Justicia, concretamente de María Jesús Moro, de Santiago Rodríguez y de Ana Vázquez; de la asesoría del grupo parlamentario; de las asociaciones de vecinos, empresarios y comerciantes desde Barcelona hasta Barbate; de los ayuntamientos, desde los alcaldes hasta los concejales, que no se han dado por vencidos durante todo este tiempo de bloqueo. (Aplausos). Y sí, también a los cuerpos y fuerzas de seguridad, que son quienes nos piden esta reforma para tener instrumentos y poder luchar contra los delincuentes. Hemos identificado el núcleo del problema, la parte general del Código Penal y también la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y hemos concluido entre todos, con los votos del Partido Popular, que si los delitos leves no computan adecuadamente como antecedentes, si la suspensión automática vacía de contenido la condena, el mensaje era devastador porque se puede delinquir muchas veces con absoluta impunidad. Esto es lo que pasa en nuestro país y esto es a lo que le ponemos fin. ¡Se acabó! Los españoles sabrán que a partir de ahora reincidir en España ¡ya no sale gratis! Con esta reforma, la de los artículos 22.8, 66.2 y 80.2 del Código Penal y la de los artículos 13 y 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los delitos leves computarán cuando integren multirreincidencia, y tendrán efectos reales en la determinación de la pena y en su ejecución. Hablemos de los hurtos. Cuando existan al menos tres condenas, aunque sean leves, habrá pena de prisión de seis a dieciocho meses. Se acabó lo de la multa simbólica, que ya se asumía por muchos profesionales del delito como un coste operativo. El delito no puede ser rentable. Y hablemos de las estafas. El Grupo Popular ha llevado la multirreincidencia a las estafas y, sí, especialmente a las del ámbito digital. Quien engaña sistemáticamente, quien clona tarjetas, quien suplanta identidades, quien explota datos personales de forma reiterada ya no podrá refugiarse en la fragmentación de pequeñas cantidades. En definitiva, los profesionales itinerantes del hurto en los comercios, que provocan pérdidas multimillonarias y que alejan además de muchas zonas de las ciudades a los vecinos, también tendrán que responder con penas de prisión efectivas.

Hablamos también en esta ley del narcotráfico. Tipificamos el petaqueo, porque quien suministra combustible a las narcolanchas no es un actor secundario inocente, es una parte fundamental de la estructura criminal. Y un día como hoy, en esta semana, no podemos olvidar lo que ocurrió hace dos años en Barbate. No podemos olvidar el asesinato de David y Miguel Ángel, dos guardias civiles arrollados por una narcolancha. Y no fue un hecho aislado. ¡No fue un hecho aislado! (Aplausos). Fue la consecuencia de años de impunidad con el Gobierno de Pedro Sánchez y de consolidación de estructuras criminales en el Campo de Gibraltar, en la provincia de Cádiz y en la desembocadura del Guadalquivir. Así que, quien alimenta las narcolanchas, alimenta la violencia; quien facilita el combustible, facilita el narcotráfico. (Aplausos). También ahí decimos: ¡se acabó!

Pero, señorías, hay una diferencia clara de enfoque político entre el Grupo Popular, que ha abordado la multirreincidencia como un problema estructural del sistema penal, que ha presentado quince enmiendas y aprobado distintas proposiciones de ley, y el Grupo Socialista, que apoya esta reforma a rastras porque sabe que hay una mayoría alternativa que la va a aprobar. Pero ustedes llevan años bloqueando y votando en contra de todo ello. (Aplausos). Nosotros somos claros: mientras ustedes hacen del sanchismo un paraíso para delincuentes y para okupas, en el Partido Popular defendemos que aquí se cumpla la ley.

No obstante, señores del Grupo Socialista, lo que no se puede hacer es, por un lado, estar apoyando esta ley para que reincidir tenga consecuencias y, al mismo tiempo, estar impulsando una regularización masiva basada en declaraciones irresponsables. No pueden estar diciendo hoy aquí: tolerancia cero en el Código Penal, de boquilla, porque salen los votos, y: papeles para todos los delincuentes que están en situación ilegal en España. ¡Eso es lo que está haciendo el Grupo Socialista! (Rumores.―Un señor diputado: ¡Venga!―Aplausos). ¡Sí, señores del Grupo Socialista! ¿A cuántos multirreincidentes se les va a dar papeles con su regularización masiva? Si no han sido juzgados y solo tienen antecedentes penales, con ustedes, de premio, la residencia. Si tienen antecedentes penales, pero todavía no son firmes, de premio, la residencia. Fíjense, están convirtiendo esa regularización en un coladero para delincuentes. (Rumores). Y no, señores del Grupo Socialista: a España se viene a trabajar y el que venga a delinquir, a su país. (Protestas.―Aplausos). La residencia en España se gana. La residencia no se regala, que es lo que ustedes quieren hacer. Que nadie manipule, que nadie manipule. (Rumores). Esto no va de origen, va de conducta, va de respeto a la ley y va de luchar contra la delincuencia. El Partido Popular lo tiene muy muy claro: quien cumple la ley tiene derechos, pero quien la vulnera tiene consecuencias.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie.—Varios señores diputados: ¡Muy bien! ¡Bravo!).