Idoia (GV (EAJ-PNV)) Sagastizabal Unzetabarrenetxea
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Gracias, presidenta. En los últimos meses, la factura de la luz ha subido al menos lo suficiente como para que muchos consumidores nos preguntemos por qué, ya que el consumo ha sido más o menos el mismo y la factura no lo especifica. La respuesta es la siguiente: por la operación reforzada, la que se puso en marcha para garantizar el suministro eléctrico tras el apagón. Red Eléctrica ha confirmado que, hasta noviembre, el coste de esta operación asciende a 486 millones de euros, un coste que pagamos los consumidores domésticos y los industriales y que no supone, como afirma Red Eléctrica, 3 o 4 céntimos al día para un cliente medio: estos céntimos son solo la parte que corresponde a la operadora, a Red Eléctrica. No están incluyendo que esta operación reforzada implica más servicios de ajuste, más restricciones técnicas y más costes operativos del sistema, y esta suma es lo que realmente encarece la factura. La factura de la luz es difícil de descifrar para gran parte de la ciudadanía porque es muy compleja y por los diversos apartados que contiene, pero seguro que hay algo que se entiende: antes del apagón, operar el sistema costaba unos 9 euros el megavatio hora; ahora, unos 14 euros el megavatio hora, con picos que han llegado hasta los 25 euros el megavatio hora. Esto es lo que, en la práctica, hace que los consumidores de alta tensión tengan un encarecimiento en su factura, lo que castiga especialmente a la industria electrointensiva, cuya competitividad depende del precio de la energía, y hace que una familia media pueda terminar pagando alrededor de 90 euros más al año, un importe que debería haberse reducido gracias a que la electricidad es hoy más barata por la entrada de renovables. Sin embargo, ese ahorro se diluye: en vez de bajar la factura, se mantiene o incluso sube, porque los costes del sistema han incrementado tras el apagón. Además, ese sobrecoste lo están asumiendo especialmente aquellos consumidores con tarifas indexadas, la PVPC, la tarifa regulada por el consumo doméstico, en la que, además, se encuentran muchos hogares vulnerables y la única que permite el acceso al bono social. Así que quienes más deberían beneficiarse de esos precios bajos del mercado son los más perjudicados. La subida puede parecer pequeña, pero no deja de ser una cifra significativa, vicepresidenta, porque se trata de un sobrecoste derivado de un suceso completamente ajeno al consumidor. Lo más preocupante, vicepresidenta, es que seguimos sin conocer los criterios técnicos que se aplican, la duración prevista y el calendario de retirada de este escudo de seguridad. La operación reforzada sigue activa nueve meses después del apagón y todo apunta a que continuará; el sobrecoste seguirá creciendo. Nadie discute la seguridad del suministro, que es esencial, lo que sí debemos discutir es cómo se financia esta seguridad, la transparencia y la supervisión de esta operación reforzada. Por eso le preguntamos qué medidas va a adoptar el Gobierno para evitar que los consumidores sigan asumiendo en su factura eléctrica el sobrecoste derivado de estas medidas excepcionales aplicadas tras el apagón.
Presidencia. Muchas gracias, señora Sagastizabal. Señora vicepresidenta tercera.
Presidencia. Muchas gracias, presidenta, y muchas gracias, señora Sagastizabal, por su pregunta. Como sabe, desde el primer momento, este Gobierno ha impulsado una transición energética para reducir costes, para hacer que lleguen esos costes más competitivos a los consumidores y para ser responsables en un contexto donde la energía, si vamos atrás en el año 2018, era mucho más cara respecto a la media europea. ¿Qué es importante? Hemos habilitado flexibilidad y hemos habilitado mecanismos muy innovadores, pero me gustaría destacar que seguimos actuando. Ayer mismo, en el Consejo de Ministros aprobamos un real decreto que sigue defendiendo a los consumidores. Les damos mejor protección y entendemos mejor la relación entre las comercializadoras y los consumidores. Nos fijamos especialmente en esos consumidores más vulnerables, pero también en los industriales. También flexibilizamos los contratos y la potencia contratada y pueden tener más de un punto de suministro, algo que pedía esa industria electrointensiva o más consumidora de energía. Y, por ejemplo, también facilitamos los contratos directos de energías renovables. Con lo cual ―insisto―, seguimos trabajando para hacer de esa energía algo que sea más asequible y cercano a todos y cada uno de los consumidores. También le puedo dar datos que son fruto de este trabajo. Por ejemplo, hemos pasado de ser uno de los países más caros respecto a la media de la Unión Europea a ser un país que está por debajo de la media europea. Esto se puede ver en los últimos datos de Eurostat, donde también vemos que los precios finales que pagan los hogares españoles son un 10 % menores que la media europea y los de los consumidores industriales, un 23 % menos que la Unión Europea. Creo que son datos muy positivos, pero seguimos trabajando. Además, conoce la compensación, por ejemplo, de los costes indirectos del CO2 o medidas estructurales, como el 85 % de compensación de los cargos (rumores). Seguimos trabajando con las medidas que aprobó finalmente el Gobierno, a pesar de que esta Cámara ―como digo― no aprobase el real decreto ley con medidas para fomentar la resiliencia. Nosotros sí hemos seguido trabajando. Medidas como la de los compensadores síncronos, las reactancias o la habilitación por parte de la CNMC de las energías renovables para realizar ese control de tensión van a ayudar significativamente a la reducción de esa factura. Actualmente tenemos 4,6 gigas disponibles de renovables y esperamos que siga creciendo esta cifra. Pero insisto en que vamos a tener la mano tendida, como siempre, para medidas y propuestas. Gracias. (Aplausos).
Presidencia. Muchas gracias, señora vicepresidenta. — DE LA DIPUTADA DOÑA CAYETANA ÁLVAREZ DE TOLEDO PERALTA-RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN: ¿ES ESPAÑA UN SOCIO FIABLE? (Número de expediente 180/000912).
Presidencia. La siguiente pregunta va dirigida al señor ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y la formula la diputada doña Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, del Grupo Popular, que tiene la palabra. Cuando quiera.
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