Cristina Valido García
Coalición CanariaDiputada.Página 100Vídeo
Buenas tardes, señorías. Señor ministro, créame que el nacionalismo canario no es un nacionalismo que levante muros, que pida fronteras o que prohíba la entrada y la salida a nadie. El nacionalismo canario tiende puentes, busca soluciones y trata de encontrar cómplices para resolver sus problemas. Por eso, esta interpelación de hoy busca también su complicidad para resolver esos problemas que afectan a nuestra economía y a nuestro bienestar, pero sobre todo que amenazan nuestro futuro. No pretendo hoy ―y voy a hacer un chiste malo― un ‘cuerpo a cuerpo’, pero sí quiero fotografiar de una manera sencilla lo importante que es para Canarias su régimen económico y fiscal y su consideración de región ultraperiférica; lo importante que ha sido, qué es y qué será. Y cómo, a pesar de décadas de funcionamiento de estas normas, seguimos viendo que no se aplican en muchas leyes o que no se tienen en cuenta, impactando directamente en la cohesión social de mi territorio. Hoy mismo se lo decía al presidente del Gobierno en mi intervención, cuando hablábamos de acuerdos internacionales y de las reuniones que el presidente tiene en tantos países y en la Unión Europea, y le pedía que liderara la defensa de las regiones ultraperiféricas que están reclamando en Europa mantener su estatus diferenciado. Usted sabe bien que vienen tiempos en los que todo lo conseguido va a cuestionarse, empezando por la política agraria común, en la que un territorio como Canarias se juega muchísimo porque podemos perder líneas tan importantes como el POSEI, gracias a las cuales nuestra agricultura y nuestra ganadería han sobrevivido y han podido crecer y desarrollarse. Estamos en un mundo diferente y ahora hay que invertir más en defensa. Hay otras amenazas y estamos viendo que todo se está recolocando. Y si las regiones ultraperiféricas no se unen, si no hay líderes de Estados miembros que las defiendan y que peleen para que se las siga protegiendo y se siga permitiendo que crezca su nivel de vida y su bienestar social, corremos un serio peligro. Se lo decía al presidente y hoy, en esta interpelación, se lo pido a usted, porque, no en vano, la Unión Europea reconoció hace mucho tiempo ya, en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea ―no voy a leer todo el artículo 349, pero sí algún párrafo que me parece muy relevante―, la singularidad de los distintos archipiélagos caracterizados por su gran lejanía, insularidad, reducida superficie, relieve y clima adverso, y por su dependencia económica de un reducido número de productos, factores cuya persistencia y combinación perjudican gravemente su desarrollo. La Unión Europea entendió que la lejanía, la fragmentación y nuestra vulnerabilidad debían ser protegidas. Y así ese artículo recoge también medidas que se referirán, en particular, a las políticas aduanera y comercial, a la política fiscal, a las zonas francas, a las políticas agrícolas y pesqueras, a las condiciones de abastecimiento de materias primas y de bienes de consumo esenciales, así como a las ayudas públicas y a las condiciones de acceso a fondos estructurales.
Pero este tratado no es la única norma de rango legal que nos protege y que nos define a su vez, que explica nuestras dificultades, que justifica nuestras demandas. Y es que tenemos un régimen económico y fiscal desde el año 1972, convertido en ley; un régimen económico y fiscal que también plantea con una claridad infinita que hay que diferenciar las circunstancias económicas del archipiélago canario respecto del resto del territorio. Es algo que se produce desde los Reyes Católicos. No me voy a extender haciendo historia, pero a veces me resulta bonito e interesante, porque probablemente algunos miembros de la Cámara no sepan que fueron los Reyes Católicos los primeros en decidir que Canarias debía tener otro tratamiento porque, si no, nadie se iba a quedar a vivir allí, y si no se poblaban las islas, las potencias del momento tratarían de conquistarlas. Y así, los barcos que pasaban por Canarias eran los únicos exceptuados de pasar por la Casa de Contratación de Sevilla.
Pero eso se mantiene y no solo crecen esas medidas especiales, sino que en 1852 los canarios conocieron los puertos francos, donde tampoco había aduanas ni aranceles, de manera que pudiéramos comerciar y negociar con el mundo y con todas las potencias mercantiles de la época, porque Canarias no tenía otra forma de sostener población. Y esa era la circunstancia que más adelante, y hasta que llegó el turismo, llevó a miles y miles de canarios a la emigración ―otra parte de nuestra historia muy importante―, convirtiendo en una parte ingente de sus ingresos y de su economía las remesas que venían de los emigrantes.
Este régimen económico y fiscal se adaptó a la Unión Europea y ha sido modificado en distintas ocasiones. Pero, lamentablemente, nos encontramos hoy con que muchos de los preceptos de ese régimen económico y fiscal, así como muchos de los preceptos de ese Tratado de la Unión Europea no se cumplen o no se cumplen correctamente. Tenemos medidas que están en cumplimiento cuyos importes no se actualizan desde hace años. Y les voy a poner un ejemplo: el coste del transporte de mercancías. Y esto supone un encarecimiento de los productos, que hace que nuestra cesta de la compra sea más cara que la del resto del territorio. Pero no solo ocurre con la cesta de la compra, sino con otros bienes y servicios que, con el impacto que han supuesto las fluctuaciones del petróleo, la guerra arancelaria y las dificultades de las guerras comerciales, han encarecido enormemente la vida en Canarias.
Pero, además, nos encontramos ―por ponerle otro ejemplo― con que, de repente, se toma una decisión de carácter fiscal, como es el incremento de las tasas aeroportuarias, y AENA, cuyo capital es en un 51 % del Estado, decide que en todos los aeropuertos se aplique por igual, y no tiene en cuenta que los aeropuertos de Canarias son los aeropuertos de una región ultraperiférica. Nadie tiene en cuenta que, además de la insularidad y la lejanía, tenemos la doble insularidad, porque tenemos que empezar a sumar todavía más costes en los traslados desde Gran Canaria o Tenerife, o desde los puertos principales, hasta las islas que están situadas en ambos extremos, lo que hace difícil vivir en El Hierro, en Lanzarote, en Fuerteventura, en La Gomera o en La Palma.
El impacto de esa insuficiente aplicación tiene efecto, desde luego, en el crecimiento económico, pero también en nuestra competitividad empresarial. ¿A qué precio vamos a producir? ¿Cómo exportamos y cómo importamos? ¿Cómo vamos a desarrollar otra industria? ¿Cómo vamos a hablar de diversificación económica? ¿Dónde están los inversores en un sitio con tantas dificultades? Salvo que sean sectores como el de las nuevas tecnologías, que no requieren de una gran inversión material y que sí se están pudiendo desarrollar en las islas.
El estatus de región ultraperiférica y el régimen económico y fiscal no son ningún privilegio, y esto lo repetimos los canarios y las canarias como un mantra, porque solemos escuchar que poco menos que tenemos un trato privilegiado y que se nos están regalando cosas, pero no es así. Se trata de herramientas correctoras de un problema estructural ―no coyuntural, estructural― que viene dado por nuestra geografía, por nuestra historia, por nuestra orografía, por nuestra insularidad. Pero no lo decimos nosotros: lo dicen las leyes; está meridianamente claro. Si no se compensan los sobrecostes, si no se actualizan, tenemos un serio problema. Y no se cumple el principio que persigue el REF, o que persigue el tratado, de favorecer la convergencia económica y social con el resto del continente. En este caso, Canarias es la única región ultraperiférica del Estado. Hay otras regiones ultraperiféricas que están haciendo lo propio con los Estados a los que pertenecen y, probablemente, unidos nos vaya un poco mejor, pero es muy necesario que el Estado al que pertenecemos sea el primero en cumplir las leyes. Por supuesto que se reduce la inversión pública, se contrae el producto interior bruto y los agricultores o ganaderos, que tienen que trasladar los insumos desde el continente, ven que su supervivencia es francamente difícil. Si, encima, nos ponemos en el escenario de una reforma de la política agraria común o escuchamos las amenazas de Mercosur, imagínese usted en este momento cómo está el sector primario en Canarias.
Además, se produce algo que usted comprenderá muy bien, que seguramente los diputados y las diputadas entenderán muy bien y que, a veces, la ciudadanía no entiende, y es el enorme perjuicio económico que genera la inseguridad jurídica: creer que puedes invertir, confiar en que te van a aplicar una medida y que luego eso no se produzca o que haya otras interpretaciones o que no llegue o que incluso tengas que devolver el dinero que has recibido. Eso está ocurriendo. Y esto hace que haya poco interés en invertir, ante la inseguridad sobre qué va a pasar con esas bonificaciones, con ese tratamiento especial que las leyes otorgan. Además, es un daño reputacional para el entorno económico canario. Tanto el turismo, con el aumento de costes logísticos y de suministros; la industria local, con la pérdida de protección frente a las importaciones; y, por supuesto, el menor atractivo para la inversión, que hace mucho más difícil la diversificación, complican enormemente la economía canaria. Y esto significa desempleo y una balanza comercial regional deficitaria. Mire, el año pasado el déficit de la balanza comercial fue de 13 800 millones. Son 13 800 millones de déficit en nuestra balanza comercial. La dependencia de sectores de bajo valor añadido es enorme.
Como tengo una segunda intervención, lo voy a dejar aquí, porque creo que está dibujado lo más importante de lo que quería trasladarle hoy: la enorme preocupación que tenemos y lo importante que es que un ministerio como el suyo actúe, vigile, revise y colabore para que se apliquen el Tratado de la Unión Europea y el régimen económico y fiscal en toda su extensión y de forma intensiva.
Continuaré luego.