Bella Verano Domínguez
Señora presidenta, señorías, quiero comenzar esta intervención desde el respeto, la cercanía y la memoria hacia las víctimas de los accidentes ferroviarios y hacia sus familias, que han sufrido una pérdida irreparable. Tragedias como estas, tan dolorosas, exigen respeto al dolor de las víctimas y de sus familias, y también a lo que esta Cámara representa. (Aplausos). Pero el respeto no puede quedarse solo en palabras: debe traducirse en responsabilidad pública, en revisar con rigor qué ha fallado, corregirlo con urgencia y mejorar aquello que no funciona para no volver a lamentar situaciones como las vividas.
Cuando se producen accidentes de esta gravedad, las instituciones no pueden limitarse a gestionar la urgencia del momento. Tienen que mirar de frente a lo ocurrido, esclarecer la verdad y ofrecer a las víctimas respuestas claras y completas. Solo con la verdad se puede aprender, asumir responsabilidades y actuar para que algo así no vuelva a repetirse. Ese debe ser el espíritu de este debate. Desde ese deber, el Grupo Parlamentario Popular trae hoy esta proposición no de ley para hacer política con responsabilidad, porque traer esta proposición no de ley es un ejercicio de respeto a las víctimas, a la verdad y también de responsabilidad con el conjunto de los españoles. (Aplausos). Porque lo que estamos viviendo en el sistema ferroviario español no es una sucesión de casualidades; no lo es, señorías. Durante los últimos años hemos asistido a un deterioro progresivo del servicio ferroviario en la alta velocidad, en la media distancia, en cercanías y también en rodalies: retrasos constantes, cancelaciones, limitaciones temporales de velocidad prolongadas, incidencias técnicas recurrentes y una información insuficiente a los pasajeros. Y todo ello mientras el Gobierno presume de datos macroeconómicos y récord de recaudación y, en cambio, reduce la inversión efectiva en mantenimiento y prevención, que es donde realmente se garantiza la seguridad.
Lo más preocupante es que este deterioro no era desconocido. Durante años se han acumulado advertencias técnicas, avisos de profesionales del sector y señales claras de que el sistema necesitaba actuaciones urgentes. A ello se suma la voz de los propios maquinistas, que llevan mucho tiempo alertando del estado de la red. Ignorar estas advertencias no fue una fatalidad, no fue mala suerte; fue una decisión política. (Aplausos.—La señora Montesinos de Miguel: ¡Muy bien!).
Señorías, hay un dato especialmente revelador que conviene explicar con claridad y con serenidad. En los últimos años, España ha registrado un incremento muy significativo de los descarrilamientos. Ha liderado y está liderando estas incidencias en Europa en el periodo más reciente, que aumentan de forma continuada desde el año 2018. (Muestra un gráfico). Estos son los datos oficiales y pueden encontrarlos en la página del Ministerio de Transportes. (La señora Montesinos de Miguel: ¡Qué horror!—Un señor diputado: ¡Qué barbaridad!). Esto es una auténtica barbaridad. (Aplausos). No es una evolución casual ni puntual; es una señal clara de deterioro del sistema ferroviario y de insuficiencia de mantenimiento de la red. Esto también es una decisión política.
Desde la liberalización de la alta velocidad en el año 2022, el aumento de trenes y de operadores en las mismas infraestructuras, sin una mejora equivalente del mantenimiento y la prevención, ha incrementado los riesgos y evidencia una creciente presión del sistema, y por ello también ―y lo saben ustedes― han aumentado otros indicadores de riesgo. Ante una evolución como esta, señorías, la respuesta tenía que haber sido inmediata. Se debía haber actuado con urgencia mediante un plan de choque ferroviario que corrigiera el deterioro antes de que las consecuencias fueran irreversibles, y no se hizo. Por esa razón, a iniciativa del Grupo Parlamentario Popular y con el respaldo mayoritario de esta Cámara, se incorporaron enmiendas a la Ley de Movilidad Sostenible con obligaciones claras y con plazos concretos. Hoy el Gobierno incumple esa ley. No ha aprobado la primera fase del plan de choque extraordinario, tampoco ha aprobado el plan de atención urgente a los pasajeros ni tampoco la recuperación de los criterios de devoluciones por puntualidad, que cambiaron en julio del año 2024. El problema estaba identificado, las señales eran claras, la ley ordenaba intervenir y, sin embargo, no se actuó a tiempo.
Los accidentes de Adamuz y de Gelida no pueden despacharse como hechos inevitables con presunción de rareza. Aquí no ha fallado la suerte; ha fallado la gestión, señorías. (Aplausos). Lo digo con especial responsabilidad como diputada y vecina por la provincia de Huelva, una tierra que ha sufrido de manera muy directa y también cercana ―demasiado cercana para algunos de nosotros― las consecuencias de esta dejación. Por respeto a las víctimas y a sus familias no es admisible seguir mirando hacia otro lado. Ante la gravedad de los accidentes, el Grupo Popular solicitó una comparecencia monográfica del presidente del Gobierno. Sin embargo, Sánchez ha optado por diluir esta cuestión en una comparecencia más amplia, mezclándola con otros asuntos ajenos a los accidentes. En los últimos días se han ofrecido explicaciones que apuntan al pasado, a factores externos o incluso a circunstancias climáticas, pero, cuando se gobierna, explicar no puede convertirse en desviar responsabilidades. No estamos ante un problema de falta de información; estamos ante un problema de falta de decisiones, también de prioridades políticas y de ejemplaridad. Y lo digo porque a todos nos han llegado informaciones sobre el mal uso de los recursos en este ministerio, recursos que nunca debieron salir de donde más se necesitaba, que es de la seguridad y del mantenimiento de nuestras infraestructuras. (Aplausos).
Señorías, respetar a las víctimas también significa no eludir responsabilidades ni diluir explicaciones. Por eso, hemos pedido también actualizar los protocolos de inspección y mantenimiento, y realizar de manera inmediata una auditoría externa independiente. En el Partido Popular exigimos la verdad. Los españoles exigen la verdad. Porque la transparencia y la verdad no reabren heridas: las dignifican. Por todo ello, ante la gravedad de los hechos, los reiterados incumplimientos legales y la falta de respuesta del ministerio, el Grupo Popular considera que la gestión del Ministerio de Transportes no ha estado a la altura.
Me gustaría terminar con una sola palabra, señorías: la palabra decoro. Decoro es el honor y el respeto que se debe a una persona y a uno mismo por su propia dignidad. Por decoro, por responsabilidad y por respeto a esta Cámara y a las víctimas, el señor Puente debería haber asumido ya responsabilidades políticas. No lo ha hecho y no lo va a hacer. Por eso, este grupo solicita la reprobación del ministro de Transportes como consecuencia política de una gestión que ha fallado en lo más importante: en la seguridad y en la prevención.
Señorías, por responsabilidad, por honestidad y por decoro a esta Cámara, pido a todos los grupos políticos el apoyo a esta proposición no de ley.
Nada más y muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie).